(Agencia Andar) Ante las dilaciones en la investigación para conocer qué pasó con Facundo Astudillo Castro, la Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires, presentó un nuevo informe ante Comité contra la Desaparición Forzada de ONU y solicitó su intervención.

Para el organismo es urgente que el Estado cumpla y averigüe las circunstancias de la desaparición y muerte del joven y se garantice con mayor celeridad que los responsables sean condenados.

En julio, cuando se desconocía el paradero de Facundo Castro, desaparecido el 30 de abril en Mayor Buratovich, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ordenó al Estado Argentino una serie de medidas urgentes para encontrarlo, llevar adelante una investigación independiente y brindar protección a los testigos que declararon en la causa cuyos testimonios fortalecen la hipótesis de la responsabilidad policial.

Esta acción de la ONU fue en respuesta al pedido realizado por la CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y querellante en la causa conjuntamente con la familia.

Luego de enviar sus observaciones preliminares al Comité en septiembre, el organismo presentó un nuevo informe donde reitera medidas de protección para los testigos de la causa, el cese de la persecución de los defensores de los derechos humanos involucrados, la realización de las pericias requeridas y solicita se evalúe las actuaciones llevadas hasta el momento por la Justicia Federal.

El 1 de octubre el Equipo Argentino de Antropología Forense presentó las conclusiones de los estudios realizados sobre los restos humanos hallados de Facundo Astudillo Castro. Dichos peritos dictaminaron que la muerte de Facundo se produjo por “asfixia mecánica por sumersión (ahogamiento) tratándose de una muerte violenta, no pudiéndose determinar con rigor científico que se trate de uno u otro modo de muerte: suicida, homicida o accidental”.  Llamativamente, minutos después de la presentación de ese informe, la Jueza Federal 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, emitió un comunicado donde hacía referencia a que Facundo habría alcanzado la muerte “sin participación de terceros”.

Según el informe presentado por la CPM dicha aseveración es producto de una lectura sesgada del informe de la autopsia, donde se insinúa que la muerte no fue homicidio. Según lo declarado por la médica forense Virginia Créimer, perita de parte de la familia de Facundo Castro, en el caso se descarta “in limine” el suicidio y, sobre las hipótesis de accidente que se plantean, el informe explica que no hay lesiones vitales que, si se hubiera accidentado en el lugar, el cuerpo las tendría que tener.

Estos datos del informe final de la autopsia, sumados a las pruebas que se siguen volcando a la causa a nivel testimonial, pericial y documental, resultado del trabajo de los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín, quienes lograron avanzar y superar los obstáculos interpuestos por el fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez (fiscal inicial de la causa que fue recusado por ambas querellas sin éxito),  permiten sostener como hipótesis que Facundo fue víctima de una desaparición forzada seguida de muerte y profundizar la investigación al respecto.

Cabe recordar que en agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH  también se pronunció luego de reconocer el planteo realizado por la CPM, de tomar medidas cautelares donde se señaló la intervención de la policía bonaerense, la misma fuerza sospechada de la desaparición del joven, en la investigación. La resolución 43/2020 de la CIDH remarcó a necesidad de acciones urgentes, que ya habían sido solicitadas por el Comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas también a pedido de la CPM y, reclamó al Estado una investigación exhaustiva donde además se garantice la protección e integridad de los familiares y sus representantes. Lamentablemente, esas recomendaciones no han sido escuchadas.

Por otro lado, la intimidación a testigos por parte de las fuerzas de seguridad, a la familia de Facundo, a sus abogados, amigxs y compañerxs de trabajo no ha cesado, muy por el contrario, se han agravado con el paso del tiempo. Para resguardar la integridad de estas personas, la CPM  ha presentado hábeas corpus en el ámbito de la Justicia Federal pero, y como expresa en la denuncia, “las resistencias y la insuficiente gestión de la jueza Gabriela Marrón hace que continúe en trámite. Un caso que tiene estrecha vinculación con una grave violación de derechos humanos, que está en investigación, el estado de temor de los y las afectadas, ameritaban el dictado de la protección convencional requerida”. A quince días del planteo, no hay resolución firme.

Avances de la investigación

La CPM detalló pormenorizados detalles sobre los avances en la investigación que refuerzan la hipótesis de desaparición forzada.

• En relación al móvil policial que el 8 de mayo se habría detenido durante unos 35 minutos a unos 800 metros del lugar donde se hallaron los restos de Facundo y, que según el Ministerio de Seguridad tenía una anomalía en el funcionamiento del sistema de georreferenciación, se informó que la empresa Megatrans, prestadora y encargada de realizar el mantenimiento de los sistemas de A.V.L. afirmó que del estudio de las posiciones GPS tomadas en días previos y posteriores, no se hallaron ningún tipo de fallas en los equipos instalados en los móviles policiales. A su vez, se explicó que el “salto” producido entre la Localidad de Bahía Blanca y Villarino que se debió a la intermitencia de satélites en vista para geo posicionar correctamente al móvil, lo que para la CPM indica “que en la zona de Villarino existen suficientes reportes que permiten determinar con certeza que el equipo geo posicionó al móvil en esa zona, permaneciendo allí durante más de tres horas”, dicen en la denuncia.
• Los perros  del perito de parte Marcos Herrero dieron el alerta de la existencia de rastros sobre la posible permanencia de Facundo en el patrullero secuestrado. De la revisación completa surgieron varios elementos que se encuentran bajo análisis (manchas, filamentos pilosos, etc.) pero la prueba  más contundente, reconocida por Cristina Castro, mamá de Facundo, fue “un conjunto de fragmentos “vidriosos” que se corresponderían con un mineral conocido como turmalina”. Facundo, al momento de su desaparición, utilizaba un colgante en su cuello con una turmalina engarzada.
• Un testigo de identidad reservada (M. P.), quien declaró que la noche del 11 de mayo, mientras se encontraba a bordo de una embarcación cumpliendo tareas en el Puerto de Ingeniero White en la costa de Bahía Blanca, visualizó un conjunto de luces inusuales sobre la zona en la que meses después se encontraría el cuerpo de Facundo.
• En la causa se secuestraron ocho celulares pertenecientes a la policía bonaerense. Sólo 5 fueron periciados y están incorporados a las miles de fojas del expediente. De tres teléfonos celulares aún no hay información: uno pertenece un agente de la dependencia policial de Teniente Origone, otro al puesto policial de la misma localidad y por último, el de la policía Siomara Flores, quien dijo haber llevado a Facundo desde la Localidad de Mayor Buratovich a Teniente Origone el día 30 de abril de 2020.
•  El 13 de septiembre un pescador halla la mochila con  pertenencias de Facundo en la zona. Cristina da cuenta de que faltan cosas: documento de identidad, un tarjetero, una tarjeta bancaria, un cinto, entre otras pertenencias; verifica que parte de la ropa está con roturas no se corresponden con su estado preexistente.
• En el cangrejal en que se encontró el cuerpo de Facundo, también se halló una cantidad de huesos humanos que no pertenecían a  la víctima  y que han sido sometidos a peritajes aun en trámite. Estos hallazgos harían prever que podría tratarse de un lugar utilizado para descarte de cuerpos humanos.
• Aún se esperan los resultados de algunas de las pruebas de cotejo de A.D.N. a cargo del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre material hallado en los levantamientos de rastros realizados sobre los móviles policiales de Mayor Buratovich, Teniente Origone y la U.P.P.L. de Bahía Blanca. Con fecha 1 de octubre, la última prueba presentada por la unidad fiscal confirmó que las muestras halladas en el móvil que era utilizado por el agente Gómez, son compatibles genéticamente con Facundo.

Simultáneamente, la CPM presentará un informe de similar contenido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por otra parte, requerirá información a la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires respecto del estado de las actuaciones relativas al accionar de los policías involucrados en diversos tramos de los hechos que se investigan del Partido de Villarino, de la ciudad de Bahía Blanca y de la localidad de Gral. Daniel Cerri.

(Agencia Andar) El Juzgado Federal N 1 de Bahía Blanca desestimó un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por intimidación policial contra Cristina Castro, sus abogados y personas del círculo íntimo de Facundo Castro.

En un fallo contradictorio, el juez no desconoció las denuncias ni el testimonio de las víctimas, incluso remitió las copias del expediente para que se investigue si hubo delitos de acción pública pero concluyó que estos actos no representaban un riesgo inminente para la libertad e integridad.

La jueza Gabriela Marrón, quien debía atender esta presentación, se negó a hacerlo desobedeciendo el fallo de la Cámara. La CPM apeló en la instancia revisora la denegación del habeas.

Para la justicia, ni los patrulleros merodeando sus domicilios con luces apagadas ni los seguimientos en la vía pública sin orden judicial alguna representan un riesgo inminente a la libertad de las personas.

Esta decisión va a contramano de la actitud que se adoptó en otro momento; desde el comienzo de la causa que investiga la presunta desaparición forzada seguida de muerte, la justicia reconoció hechos de amedrentamiento. Hay dos antecedentes concretos: uno de ellos, el habeas corpus por el hostigamiento policial al ex cuñado de Facundo; el otro, la investigación judicial que se inició por las amenazas del subcomisario de Mayor Buratovich, Pablo Reguillón, al abogado Luciano Peretto.

El habeas corpus había sido presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interviene como querellante institucional en la causa central. La presentación del organismo denunciaba que “efectivos de la Policía Bonaerense continúan con sus apariciones repentinas y vigilan, sin causa legítima ni orden judicial, los domicilios y lugares de trabajo de los familiares de Facundo, así como de testigos importantes y abogados de la familia”.

Uno de esos episodios tomó notoriedad pública días atrás: un patrullero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires estacionado, sin razón aparente, frente a la casa de Luciano Peretto. Cuando el abogado llamó a funcionarios de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense le dijeron que había móviles haciendo controles en el acceso al pueblo. Peretto vive a unas 15 cuadras del ingreso de Pedro Luro.

“Tengo mucho temor no sólo por mí sino, especialmente, por mi familia, porque tengo hijos pequeños”, declaró el abogado en la audiencia de habeas corpus citada por el titular del Juzgado Federal N 1 de Bahía Blanca, Walter Lopez Da Silva. En la misma audiencia, las siete personas amparadas por el habeas ratificaron los hechos denunciados.

El mismo juez valoró los testimonios eran “creíbles y verosímiles”, sin embargo rechazó el habeas corpus porque sostuvo que no existía una “amenaza actual, ilegítima e inminente a la libertad física”. Incluso, llegó a suponer en su resolución que la presencia y el merodeo de patrulleros de patrulleros podría sencillamente “tratarse de actividades congruentes con las propias funciones asignadas a las fuerzas de seguridad” en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

En los fundamentos, el juez Lopez Da Silva también justificó su decisión en la inexistencia de orden judicial de detención sobre las personas amparadas; una interpretación extraña puesto que el temor, que amerita el habeas, es por la consumación de acciones ilegales de la policía.

A pesar de intentar minimizar el riesgo que significan estos actos intimidatorios, ante la evidencia de los testimonios y la sistematicidad de estas prácticas, el juez abrió la posibilidad para que estos hechos sean investigados y remitió copia de la audiencia a la Fiscalía Federal N 1, a cargo de Santiago Ulpiano Martínez, en donde tramita la causa central, para que “de estimarlo conducente” investigue la posible comisión de delitos de acción pública.

Es decir, la decisión de desestima la pertinencia del habeas corpus para atender esta denuncia y delega la respuesta judicial en el mismo fiscal que ya fue recusado en más de una oportunidad por la querella; sobre su actuación, Cristina Castro ya dijo haber perdido toda confianza. Los cuestionamientos sobre su intervención llegaron a tal punto que el Procurador General de la Nación designó dos fiscales —Andrés Heim de la Procuvin y Horacio Azzolín de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia— para sumarse a las tareas investigativas.

Cabe destacar que el tratamiento del habeas corpus fue ordenado el viernes pasado por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca luego de haber sido desestimado en primera instancia por la titular del Juzgado Federal N 2 María Gabriela Marrón. Sin embargo, la jueza desoyó a la Cámara: ese mismo viernes decidió que no iba a tomar audiencia y en cambio iba a pedir informes a distintas fuerzas de seguridad; dos días después remitió el expediente al Juzgado Federal de turno.

Al momento de decidir por primera vez en el habeas, la jueza Marrón había declarado su incompetencia porque, contrariamente a lo señalado por la querella, entendía que no había relación con la causa por presunta desaparición forzada seguida de muerte que tramita en su juzgado. La Cámara antes y el Juzgado Federal N 1 ahora consideraron que estos hechos de intimidación policial debían tratarse en el juzgado y fiscalía donde tramita la causa central porque existe entre una pesquisa y otra una estrecha vinculación.

La suerte del habeas corpus vuelve, nuevamente a la Cámara; la CPM apeló la decisión del juez Walter Lopez Da Silva que rechazó el habeas corpus por no declararlo pertinente, pero reconoció al mismo tiempo que podrían existir delitos de acción pública.

En el escrito de apelación, la CPM sostuvo que la presencia policial en los hechos descriptos aparece como una amenaza velada y una vigilancia continua, e ilegítima por irrazonable, que no pueden considerarse como casualidades ni acciones desplegadas en el ejercicio del deber policial. Y agregó: “Los testimonios deben valorarse en el contexto de estar inscriptas en el curso de la investigación penal por la desaparición y muerte de Facundo”. Por ello el organismo ya había requerido “con carácter excepcional la radicación directa y asunción de competencia por el Juzgado Federal que se encuentra a cargo de la pesquisa principal”.

En cuanto a los argumentos técnicos utilizados por el juez federal López Da Silva para declinar la procedencia de la acción, la CPM resaltó que, de conformidad a la doctrina constitucional, indicios vehementes o incluso la duda bastan para otorgar la protección que brinda el habeas corpus. Y que el otorgamiento de esta acción no resulta incompatible con la posibilidad de denunciar la comisión de un delito de acción pública, tal como pudo prever el mismo juez.

El antecedente inmediato es promisorio: con el voto mayoritario de sus miembros, la misma Cámara Federal de Bahía Blanca entendió que, por la gravedad de la denuncia, era necesario dar trámite a la acción.

Mientras tanto, este jueves 1º de octubre, las partes recibirán en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense el informe de la autopsia al cuerpo de Facundo. Una medida de prueba que puede arrojar más luz sobre las causas de la muerte del joven que estuvo desaparecido desde el 30 de abril, luego de ser demorado por violar la cuarentena por agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

A cinco meses de la última vez que alguien vio con vida a Facundo, en la causa judicial la hipótesis más firme sigue siendo la desaparición forzada y una gran cantidad de indicios apuntan hacia la responsabilidad policial.

Foto: Facebook Cristina Castro.