Desde anoche se espera la llegada de expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense para peritar el lugar y el cuerpo que fue encontrado ayer por un pescador.

Policía Federal, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval trabajan en el sitio desde esta madrugada.

Hace instantes llegaron Cristina Castro, madre de Facundo, y su abogado Luciano Peretto.

El abogado Leandro Aparicio dijo esta mañana que “nadie puede estar voluntariamente ahí, ni morir ahí por accidente. Para nosotros el cuerpo está plantado”.

El letrado informó que ayer no pudieron llegar al lugar porque estaba vallado, solamente vieron una foto del cuerpo. “Es un lugar donde sube y baja la marea, es un salitral. La primera vez que rastrillaron no nos avisaron, estaba el fiscal dando vueltas en helicóptero”.

“La cuestión es cómo llega el cuerpo acá. No hay dudas de la responsabilidad de la Policía Bonaerense ni del ministro Berni”, destacó.

Agregó que están “analizando poner peritos de parte si es necesario. No tenemos contacto ni comunicación con el EAAF. Estamos esperando”.

11:50 La médica forense Virginia Creimer será perito de parte de la querella. Intervino, entre otros casos, en la desaparición de Luciano Arruga.

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Giuliana Crucianelli, Paula Ércoli y Emiliano Randazzo, integrantes del Colectivo de FM De la Calle, informan desde el lugar.

(23:30) Por la aparición de un cuerpo -denunciada por un pescador- se realiza un operativo en la zona de Villarino Viejo. Está la madre de Facundo Castro. La Fiscalía y la Policía Federal trabajan en el sitio, ubicado en el límite entre Bahía Blanca y Villarino.

Un equipo de FM De la Calle está en el lugar.

00:00 Leandro Aparicio confirmó a FM De la Calle que lo hallado es un esqueleto que será analizado por miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense que llegarán este domingo a Bahía Blanca.

Reporte de Giuliana Crucianelli: https://twitter.com/FMdelaCalle/status/1294847343699857411

1:15 Móviles y personal de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval llegan al lugar.

2:00 Llega móvil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La mamá de Facundo Castro compartió este mediodía una foto del DNI del joven desaparecido el 30 de abril. La misma fue encontrada entre los archivos del celular de una de las policías cuya detención fue rechazada por la jueza esta semana.

“Desde que hice la denuncia en Pedro Luro siempre dijeron lo mismo, que circulabas sin documento. Esta foto del teléfono de Curruhinca prueba lo contrario. Sobre el móvil, mientras Sosa le dice ‘tranqui Janita nadie va saber que fuimos nosotros’; y mientras Flores sigue diciendo que te dejó 13:30 en Origone y mi teléfono recibe tu llamado 13:33; mientras González sigue diciendo ‘no tenía DNI, solo carnet de conducir, y lo dejé seguir’. ¿Cuántas mentiras y contradicciones necesitan el fiscal Martínez y la jueza Marrón para actuar? Basta de encubrimiento”, dijo Cristina en su cuenta de Facebook.

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Por otra parte, el gabinete científico de la Policía Federal no pudo determinar el origen de los restos óseos de menor tamaño hallados en el rastrillaje realizado el 7 de agosto en cercanías de Mayor Buratovich.

“Por tal motivo serán remitidos al Departamento de Antropología Forense de la Morgue Judicial de la Nación a fin de que tengan a bien precisar si podrían pertenecer a un ser humano”, informó a la querella el secretario de la Fiscalía Federal Rodolfo Murillas.

Afirmó que “las fibras símil pelos” secuestradas en el Destacamento Policial de Origone serán enviadas del Laboratorio Químico de la Policía Federal al Servicio de Genética Forense dependiente de la Corte Suprema “para su cotejo con las muestras” de Cristina Castro.

Ayer la Fiscalía encabezó un nuevo rastrillaje sin resultados positivos en la zona de Cerri.

Daniel Argibay declaró ante el tribunal de Bahía Blanca sobre el accionar de su padre, Jorge Oscar, y su hermano, Pablo Francisco, como jefe operativo y miembro, respectivamente, de la banda local de la Alianza Anticomunista Argentina.

Detalló sus relaciones con Rodolfo ´Fito’ Ponce, la CGT, la Universidad del Sur, el Ejército, el Ministerio de Bienestar Social que conducía José López Rega, la UOM, la CNU de La Plata y los servicios de inteligencia.

“Se iban tarde y volvían a la madrugada, hablaban de lo que había pasado y quién había quedado ejecutado al costado de una banquina o en la misma casa”. Habló del horror que lo persiguió toda su vida: “Me llevó 18 años tramitar ser hijo o tener como progenitor -me cuesta decir padre- a Jorge Oscar Argibay”.

Jorge Argibay murió hace mucho tiempo. Pablo cuando la Fiscalía estaba por presentar su acusación, era director del Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental del Hospital Italiano de Buenos Aires e investigador del Conicet.

Con el acompañamiento de sus compañeres del colectivo Historias Desobedientes, hijas e hijos de genocidas por la Memoria la Verdad y la Justicia, quienes siguieron la transmisión online, reclamó que “otras personas tengan una ley que les permita dar cuenta de todo lo que vieron, vivieron y escucharon, aunque sus familiares estén vivos”.

“Antes de la CGT era un metalúrgico ‘normal’”

La familia Argibay llegó a Bahía Blanca en 1964 y se instaló en una casa lindante al V Cuerpo de Ejército. Jorge trabajaba en el sector metalúrgico y mantenía vínculos con la UOM.

“Después empezó a relacionarse con la CGT de Mitre y Rodríguez, a donde a veces también me llevaba siendo niño. Había una ostentación del manejo de armas”. Con el tiempo “el Moncho” se convirtió en uno de los choferes del secretario general y diputado nacional, Rodolfo “Fito” Ponce, y abandonó cualquier otra actividad.

“Hacía las veces de custodio y de una especie de asistente. Estaba relacionado con Chacho Álvarez”, dijo en referencia -probablemente- a Basilio “Chacho” Pérez quien conducía otro Torino negro en el cual se movía el secretario administrativo del gremio. En ese ámbito, Daniel reconoció al “Negro” Mansilla, a Sañudo y a Dodero.

“Los Chisu formaban parte al principio y después recibían indicaciones directas del Ejército”. A Aceituno lo vio en un asado de la Junta Nacional de Granos (JNG). “Mi padre nos llevaba a reuniones, no entiendo bien el contexto hoy desde mi mirada de adulto, pero nosotros escuchábamos y observábamos”.

“Respondían políticamente a lo que ellos autodenominaban Triple A y tenían algún nexo -me consta porque he acompañado a mi padre a Buenos Aires- con el Ministerio de Bienestar Social. En la planta baja, tenía una oficina un señor Gutiérrez con el que iba a reunirse mi papá”.

“Referían que representaban a la Juventud Sindical Peronista, que debía hacerse cargo de una universidad obrera que estaba siendo invadida por células terroristas. Salían a pintar con aerosoles las tres A y algunas otras inscripciones amedrentadoras en las paredes”. Se financiaban con los sueldos de la JNG y de la UNS.

Daniel mencionó que Argibay padre mantenía vínculos con integrantes de la Concentración Nacional Universitaria. Nombró al “Oso” Formigué, un tipo apodado “Cicuta”, “el cabezón Massota” y un joven rubio, de ojos claros al que decían “el alemán”. Se movían en un Falcon Sprint naranja con una franja negra.

De la UOM central mencionó como contacto  a Miguel Bernao. Entre los personajes de la seccional bahiense se detuvo en el secretario general Albertano Quiroga, quien se trasladaba en una estanciera amarilla, en Luis Arrechea, “una especie de administrativo con perfil bajo, vinculado a la inteligencia”.

Armas del Estado

Daniel recordó que en una ocasión, estaba llegando a su casa y le llamó la atención un Falcon amarillo con chofer estacionado en la esquina. “Entré y vi al mayor González, un señor de bigotes. A partir de ese día mi padre empezó a tener un arma que antes no tenía, una Ballester-Molina con sello del Ejército. Hacía años que los niños estábamos familiarizados con armas. Antes, él tenía una Colt del mismo calibre 11.25 y la diferencia es ostensible”.

En 1973, con sus compañeros ex alumnos de la primaria juntaban fondos para beneficiar al colegio. Una vez fueron a la UOCRA a pedir una colaboración y Daniel encontró allí a su padre. “Estaba sentado, graciosamente puso su pistola arriba del escritorio, después quiso guardarla en el cajón y se le cayó”.

“Uno de los estribillos de mi padre entre las personas que secuestraba era ‘Haga patria mate un zurdo’. No solo lo comentaba sino que en un par de oportunidades salía tarde a la noche y volvía a la madrugada con un montón de pertenencias, papelería y cosas de valor. Algunas se retiraban para llevarlas a otro lado y algunas se las quedaban como ‘botín de guerra'”, contó.

El testigo relató, a modo de ejemplo, que una mañana su padre lo despertó y le regaló un reloj omega speedmaster que apareció “de la noche a la madrugada”. “Era algo sobredimensionado para regalar a un niño de clase media baja de 12 años”.

Otro de los objetos que quedaron en la casa fue un grabador de cinta con el registro de “un sacerdote que versaba a propósito de derecho canónico”.

El crimen de Watu

“A principios del 75 mis hermanos menores, yo y mi madre nos fuimos a Necochea y mi padre iba y venía de Bahía Blanca en vehículos de la UNS”. Mencionó una F100 blanca, dos rastrojeras celestes y un Falcon verde con techo vinílico y patente de bronce.

Luego del homicidio de David “Watu” Cilleruelo, ocurrido el 3 abril de aquel año, “mi padre llegó a Necochea ya casi para quedarse, para volver muy poco a Bahía Blanca. Decía que a propósito de querer darle un cañazo en la cabeza se disparó su pistola y (el estudiante) falleció. Estaba acompañado por mi hermano”.

Un niño en la toma de la UTN

“En una oportunidad me invitaron a la UTN mientras estaba tomada. Estuve una noche ahí con mi padre. Tenía 12 años. Estaban ‘el Negro’ Mansilla, mi padre, mi hermano, y alguien de sobrenombre ‘Pajarito'”. Este último tenía un ojo lastimado y “se decía que ponía los caños en las casas y salía corriendo o en bicicleta. Estaba armado con una gomera con proyectiles que hacía con caño de plomo. Otra de las armas que había era una carabina Winchester a palanca calibre 44”.

En el relato de otros testigos se identificó al ex camarista Néstor Luis Montezanti como el hombre de traje que acompañaba a la patota en la toma. Consultado respecto a su presencia allí, Daniel no lo recordó aunque sí conocía su nombre porque fue abogado de “su progenitor” en causas judiciales.

Una de ellas fue la que se abrió por su participación en un tiroteo ocurrido en Quequén. Daniel estaba de vacaciones tras terminar el secundario y “el Moncho” lo llevó a almorzar al comedor de la Junta Nacional de Granos.

“Algo surgió en relación a un señor Dufaur y lo fueron a amedrentar. Bajé con ellos y me quedé a un costado observando todo. Mi padre los sacó a un pasillo y lo amenazó. Este hombre se quiso resistir y mi padre lo redujo físicamente”. Cuando parecía que Dufaur se iba “se dio vuelta, sacó el revólver y disparó. Sañudo estaba con nosotros y con el arma de mi papá disparó a Dufaur. Mi padre recibió un tiro en el abdomen y mi hermano un tiro en el dedo anular izquierdo”.

Circulaban en un jeep verde de la JNG y un Peugeot 504 rojo. “Ese, como otros, se robaban y se les cambiaba la matrícula para usarlos operativos”. Hubo un Falcon celeste y tres Peugeot 504: amarillo, celeste y rojo. De otras ocasiones recordó al 125 azul –“no sé de quién era”- y al “Dodge Polara verde de la CGT”.

Respecto a los vínculos de Pablo detalló que era amigo del genocida Raúl Guglieminetti. “Lo conoció en Buenos Aires y cuando salió de la cárcel vivió un tiempo en su casa de Martínez. Él le consiguió un trabajo en la fábrica de Terrabusi y después se dedicó a estudiar medicina”.

Del miedo a la reparación

“A duras penas terminé mi secundario a los treinta años. A los 40 me recibí de psicólogo. Durante 18 años fui paciente de psicoterapia. Esto puede dar cuenta del impacto. Me llevó 18 años tramitar ser hijo o tener como progenitor, me cuesta decir padre, a Jorge Oscar Argibay”.

Daniel dijo que su declaración tiene un efecto “simplemente reparador”. No lo hizo antes porque pensó que la ley le prohibía declarar contra su padre. Es así, aunque no en este caso en el cual el represor falleció.

Tampoco lo había hecho por otros motivos: “Muchas veces tuve miedo, porque no estoy hablando de un padre que daba una cachetada, mi padre y mi hermano mataban gente”.

“Otro sentimiento era la culpa. En definitiva era mi hermano, tenía una carrera prominente, podía haberse arrepentido. Después pensé que nada de todo esto es algo de lo que alguien puede llegar a arrepentirse, teniendo en cuenta algunas actitudes en relación a su vida y conmigo”, afirmó.

Por último, se remitió al cierre de la declaración de Alberto Rodríguez, compañero de Watu Cilleruelo, quien parafraseo a Sarmiento respecto a que las ideas no se matan: “Era un cliché de mi papá. Pero le agregaba ‘sí a los que las tienen’. Las ideas no se matan, pero sí a los que las tienen”.

La Policía Federal Argentina remitió las actas labradas respecto de los rastrillajes que tuvieron lugar el viernes 7 de agosto en el marco de la investigación por la desaparición de Facundo Castro Astudillo.

La medida se inició sobre un arroyo que cruza la Ruta Nº 3, a la altura del kilómetro 775, y finalizó aproximadamente 605 metros hacia el sur. Prefectura Naval Argentina realizó la búsqueda en el canal cloacal, mientras que personal de Policía Federal y Canes efectuaron el rastrillaje por los sectores aledaños al mismo.

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Efectivos de Prefectura Naval hallaron junto al flujo de agua una campera de color azul, tipo inflable, con la inscripción “TMLL” con etiqueta indicativa del talle “M” que no fue reconocida por la Sra. Alaniz Castro -madre de Facundo-, aunque afirmó que sólo coincidía el talle y el color con el tipo de ropa que utilizaba su hijo. El can DUKE se posicionó sobre la banquina de la ruta en el kilómetro 776, donde realizó una marcación pasiva; seguidamente el mismo perro efectuó una nueva marcación en una pequeña vivienda, cuyos moradores permitieron el acceso a la misma. Allí no se secuestró ningún elemento de interés. En la parte trasera de la vivienda, el can “YATEL” marcó un posible rastro sobre un arbusto de cactus, donde se realizó una pequeña excavación y se encontró material óseo de distinto tamaño.

En relación a los elementos secuestrados, se ordenaron las correspondientes pericias. Hoy se informó que los restos óseos encontrados correspondían a animales.

Otras medidas

La División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la Policía Federal Argentina informó las cuentas de mail constatadas en algunos de los teléfonos secuestrados.

La División Tecnología Aplicada de la Policía Federal Argentina remitió un informe sobre el trabajo realizado por personal idóneo con el mapeo de los móviles policiales, oportunamente requerido.

La empresa de telefonía móvil Claro remitió un informe ampliatorio con datos solicitados.

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) comunicó que contaba con la tecnología necesaria para la extracción de datos, por lo cual se le encomendó dicha tarea en relación a uno de los teléfonos secuestrados.

Se recibieron actuaciones relacionadas con las tareas de campo realizadas en Puerto Madryn, que arrojaron resultado negativo.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) informó que Facundo Astudillo Castro no realizó viajes en Servicios de Transporte Automotor de Pasajeros Interurbano de Jurisdicción Nacional.

La Policía Federal Argentina remitió un informe respecto a las tareas realizadas utilizando la aplicación “Network Cell Info Lite”.

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut puso en conocimiento que el Decano del Cuerpo Médico Forense de esa Provincia informó que no se produjeron registros en las morgues de las distintas dependencias a su cargo bajo el nombre Facundo José Astudillo Castro o con sus características físicas.

En orden a lo manifestado por la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, se requirió a los especialistas sugeridos -comisario Mario Rolando Rosillo (médico veterinario de la Policía de la Provincia de Corrientes), comisario Víctor Marcelo Sialle (de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero) y José Mazzei -director de Defensa Civil de la Provincia de Chubut)-, que elaboren un informe explicando el método de búsqueda de rastro por olor de referencia que desarrollan los canes. Asimismo, se les requirió que acompañaran los protocolos que rigen dichos procedimientos -nacionales e internacionales-, como así también que evoquen cualquier otra conclusión al respecto con las observaciones y sugerencias que estimaren pertinentes para el avance de la pesquisa, y todo otro elemento que pudiere resultar de interés teórico/practico.

Fuente: fiscales.gob.ar

La Fiscalía Federal informó esta tarde que referentes del Equipo Argentino de Antropología Forense vendrán a Bahía Blanca para colaborar con la investigación de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro.

La participación se definió en reuniones virtuales entre el instructor Santiago Ulpiano Martínez, el fiscal general adjunto de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) Andrés Heim y los expertos del EAAF Luis Fondebrider -director ejecutivo y fundador- y Carlos Somigliana –investigador-.

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Se había solicitado su colaboración por intermedio del Sistema Federal de Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad de la Nación, y se los tuvo por designados para actuar en el marco de la investigación.

Fondebrider llegará a la ciudad en los próximos días con el objeto de imponerse de las actuaciones labradas y comenzar con las tareas de su especialidad. El organismo se encuentra capacitado, entre otras cosas, para dirigir la investigación.

La jueza federal María Gabriel Marrón desestimó el pedido de detención de cuatro efectivos de la Policía Bonaerense solicitados por la querella que impulsa la madre de Facundo Castro Astudillo.

“El fiscal, fundadamente, no acompañó a la querella, por lo tanto no hay requerimiento de instrucción que habilite la acción penal y por ende la producción del acto jurisdiccional (detenciones)”, resolvió.

Marrón compartió los argumentos del fiscal Ulpiano Martínez en relación a Alberto González y Siomara Flores, difundidos este fin de semana en un comunicado oficial.

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“La evidencia comprueba prima facie la geolocalización de los nombrados en ocasión de tomar contacto con la víctima Facundo José Astudillo Castro y lo ocurrido en dichas oportunidades, siendo sus narraciones coherentes y contestes entre sí. Al mismo tiempo que resultan compatibles con los informes y pericias de los teléfonos celulares de todos los sujetos involucrados, los informes y la pericia del móvil policial conducido por González, la documentación aportada, y los otros testimonios receptados, entre otros elementos de prueba”, escribió.

Para la jueza, “–al menos, de momento-, no hay fundamento suficiente para dudar de los testigos señalados, no obstante la facultad de los representantes de la víctima de recurrir la decisión ante el tribunal superior”.

En cuanto a Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhinca, se remitió al rechazo al pedido de detención realizado por el propio fiscal, “sin perjuicio de lo que resulte del avance de la pesquisa”.

Cabe destacar que, en una segunda recusación contra Martínez, tanto Cristina Castro como la Comisión Provincial por la Memoria el plenteó del fiscal estaba “condenado al fracaso de antemano”.

“Se constatan pedidos de imputaciones y detenciones lo suficientemente endebles, como en el caso de los agentes policiales Curruhinca y Sosa, y que por tanto hallaron el rechazo como destino. Tal precedente negativo signó, ante pruebas sobrevinientes, su alejamiento de la posibilidad de imputar y detener personas sospechadas de participación, como en el caso de los cuatro agentes policiales con evidencias notorias”, afirmaron Adolfo Pérez Esquivel y el equipo jurídico del organismo.

Desde las 9 de la mañana continuará el debate oral y público del juicio a la Triple A de Bahía Blanca. También habrá audiencias miércoles y jueves. Transmite el canal de youtube Audiovisuales UNS.

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Fueron convocados trece testigos, entre los cuales figuran familiares y compañeros de las víctimas y empleados de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de la época en que los imputados actuaron en esa sede bajo las órdenes del rector interventor Remus Tetu. Cinco de las declaraciones se brindarán por videoconferencia.

Los imputados son Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno como integrantes de una asociación ilícita a la que se le atribuyen 24 homicidios agravados cometidos entre los años 1974 y 1975 en la zona de Bahía Blanca. Por su parte, Aceituno se encuentra sindicado como coautor del homicidio agravado del estudiante y militante estudiantil “Watu” Cilleruelo.

Esta semana comienza a desarrollarse la prueba de los casos de Salvador Julio Trujillo y José Manuel González. Trujillo, de 33 años, era obrero de la empresa textil “Lanera San Blas” de la ciudad y, como integrante de la Asociación Obrera Textil, había sido propuesto como delegado de los trabajadores de aquella empresa para las elecciones gremiales que se realizarían en los meses posteriores a su asesinato.

La noche del 20 de septiembre de 1975, la víctima fue secuestrada por un grupo de personas de civil que lo introdujo en un Fiat 125. Su cadáver fue abandonado junto a la ruta de acceso a Puerto Galván, con seis impactos de armas de fuego en la espalda.

José Manuel González integraba el grupo de Scout de la parroquia San Roque de Bahía Blanca, y trabajaba como ayudante de obra en la construcción del complejo petroquímico de la ciudad, para la empresa McKee Techint -la misma que había empleado a otra de las víctimas de la causa, Luis Jesús “Negrito” García-. Elegido delegado de obra e integrante de la comisión directiva de la UOCRA, renunció al cargo tras las reiteradas amenazas recibidas.

El secuestro de la víctima se produjo el 23 de abril de 1975, cuando se trasladaba desde la obra a la parroquia San Roque donde habitaba. El cuerpo de González fue hallado en el kilómetro 720 de la ruta 22, con doce impactos de bala en la cabeza y espalda.

También se escucharán nuevos testimonios sobre el caso de Alberto Mario Pojomovsky, militante del Partido Comunista atacado por un grupo armado el 29 de junio de 1975 mientras conducía su vehículo en compañía de su esposa. En ese contexto recibió varios impactos de armas de fuego calibre 22 y 45. Producto de aquellas heridas, la víctima falleció veinte días después del ataque, en un nosocomio local. De acuerdo a uno de los testimonios prestados en las jornadas anteriores, antes de morir Pojomovsky alcanzó a informar al padre de la testigo que el ataque había sido ejecutado por la gente de Rodolfo Ponce, por entonces diputado nacional y secretario de la CGT local, sindicado por la acusación como uno de los jefes de la organización criminal.

La Fiscalía General informó que la Justicia Federal remitió actuaciones a la justicia provincial a los fines de que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública respecto del accionar de policías de la Bonaerense, en el marco de la investigación por la desaparición de Facundo Castro.

En concreto, los hechos se circunscriben al trato dispensado a algunos integrantes de la familia de la ex novia del joven desaparecido en el marco de diligencias investigativas.

Ello dio origen a dos investigaciones que tramitarán por ante la UFIJ N° 8 a cargo del dr. Marcelo Romero Jardín y la UFIJ N° 12 de la dra. Leila Scavarda, de acuerdo al lugar donde se sucedieron los hechos que se denuncian.

Santiago Ulpiano Martínez había hecho referencia a los vejámenes este fin de semana al rechazar la detención de cuatro policías en relación al encubrimiento de la desaparición de Facundo denunciado por la querella

“El hostigamiento narrado” por la ex novia y su hermano, “claramente delictivo, que dio lugar al pertinente requerimiento de instrucción y por el cual -en su caso- habrán de responder penalmente los numerarios, pareció más bien un accionar tendiente a despejar el manto de sospecha con el que fueron cubiertos a raíz de la desaparición de Facundo”.

“Claramente expresó la ex novia que la pregunta insistente que le hacían era sobre el paradero de Astudillo; las presiones y vejámenes a las que fue sometida -junto con su hermano-, se orientaban más bien a encontrarlo. En todo caso coincidió en lo que expresó la querella respecto a que le exigían “que reconozcan la existencia de algún crimen para con Facundo”, pero en el sentido de si ellos -los testigos- le habían hecho algo, o si sabían qué le podría haber pasado”, agregó.

Finalmente, el comunicado de la Fiscalía Federal destacaba que “su hermano incluso ‘accedió’ –bajo una evidente coacción por parte de los agentes- a que ingresaran en su domicilio y registraran el inmueble en su búsqueda. Tal proceder se condijo más con la voluntad de hallarlo, antes que con la intención de ocultar su desaparición forzada. Al menos eso surgió a primera vista”.

La Fiscalía Federal a cargo de Santiago Ulpiano Martínez desarrolló las razones por las que, de momento, se pronunció en contra de los pedidos de detención de cuatro agentes policiales bonaerenses.

Se trata de Mario Gabriel Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González. La medida fue requerida la semana pasada por Cristina Castro, la madre del joven desaparecido el 30 de abril.

Se aguardan los resultados de nuevas medidas de prueba y se requirió colaboración al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Comunicado oficial

Sosa y Curuhinca

En relación a los pedidos de detención de los agentes de policía Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhinca, se sostuvo que debía estarse a lo resuelto por la jueza federal en su decisión del 4 de agosto, sin perjuicio de lo que resulte del avance de la investigación.

González

La fiscalía tampoco acompañó el pedido intentado por la querella particular, tendiente a procurar la detención de Sr. Alberto González, Oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por cuanto no se advirtieron -en este segmento inicial- elementos suficientes que hicieran suponer que formó parte de un accionar orientado a la desaparición de Facundo Astudillo Castro o, subsidiariamente, al encubrimiento de una conducta semejante.

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En ese sentido, se recordó que González fue citado a testimonial por primera vez respecto de los hechos que se intentaron dilucidar por la Ayudantía Fiscal de Villarino, que le recibió declaración el 15/06/2020, en el marco de la IPP nº PP02-00-009503-20/00. En esa causa, por entonces, se tendía a dar con el paradero de Facundo.

En aquella ocasión explicó que el día 30/04/2020 recibió un llamado telefónico del Sr. E.P., quien le informó que habría una persona desplazándose por la vera de la Ruta Nacional n° 3 y que, dadas las características físicas observadas, podría tratarse de un menor de edad.

Señaló que, a fin de verificar dicha circunstancia, se trasladó a bordo del móvil policial hasta la citada ruta donde, a cinco kilómetros del acceso a Teniente Origone, habría tomado contacto con Facundo Astudillo Castro. Luego de conversar con este último, pudo saber que se dirigía a Bahía Blanca. Más precisamente a la casa de su novia -de quien aportó su domicilio-.

Luego corroboró que, pese a las medidas de aislamiento dictadas por el PEN, no tenía el respectivo permiso para circular. Ante esta situación, consultó telefónicamente a la dependencia policial de Médanos sobre cómo debería proceder. Sostuvo que sus superiores le informaron que Astudillo ya había sido infraccionado ese día por infringir la cuarentena y le indicaron que lo dejara seguir su viaje. Cumplido ello, mientras se alejaba lo habría visto subir a un vehículo que identificó como un Renault Duster Oroch color gris oscuro.

Alberto González depuso nuevamente ante la aludida Ayudantía el día 02/07/2020 y, si bien brindó algunos nuevos detalles respecto a su encuentro con Astudillo, lo hizo en similares términos que en su anterior declaración.

Puntualmente, agregó el número del móvil en el que se trasladó durante el episodio reseñado (R.O. 22788), incorporó las fotos que tomó de la licencia de conducir de Facundo (datadas el día 30/04/2020 a las 15.43hs) y exhibió las anotaciones que al respecto realizó en su agenda personal, que son materia de investigación.

Se consideró que sus manifestaciones resultaban por el momento verosímiles, pues se veían corroboradas por los testimonios de M.M., M.B. y E.P. Los primeros dos son quienes originalmente habrían visto a Astudillo caminado por la ruta –mientras se trasladaban en su vehículo particular, aproximadamente a las 15.00 de la fecha señalada- y al creer que se trataba de un menor de edad, dieron aviso a P. para que este a su vez informara de la circunstancia a González.

Todas las declaraciones mencionadas fueron corroboradas por elementos técnicos, como son los informes de la empresa de telefonía móvil Movistar. De las planillas remitidas por la compañía surgen no sólo las llamadas realizadas por los testigos -entre sí-, sino que además, de los impactos de sus celulares en las antenas se puede verificar que se habrían encontrado en los lugares donde refirieron estar. Asimismo, el Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL) del móvil en el que González dice haberse trasladado arrojó geolocalizaciones y movimientos compatibles con sus declaraciones.

Es que, tal y como señala el informe incorporado por la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina “8) Aproximadamente a las 15:00 horas en el Km 755 Facundo es visto por los testigos M.M. y su esposa M.N.B., quienes divisan a Facundo sobre la ruta (los abonados de estos testigos son captados por la antena de Teniente ORIGONE entre las 14:00 y 15:30 horas. Entre las 15:14 y 15:22 hay registros de comunicaciones entre B. y el abonado registrado a nombre de E.P., captadas en la zona de Teniente Origone, las que tienen relación con el aviso de este matrimonio al nombrado P., y este a las 15:16 entabla comunicación con el Teniente Primero Alberto GONZALEZ”.

Más adelante refiere que “El AVL del móvil interno 22788 lo ubica en las coordenadas (…) entre las horas 15:27:27 a horas 15:41:57. Si calculamos la distancia desde la salida de Teniente Origone al punto de geolocalización del AVL del móvil de GONZALEZ la distancia es de 5,8 km desde la circunvalación hacia la posición en que el móvil estuvo detenido”. Luego “El AVL del móvil interno 22788 lo ubica entre las horas 15:51:18 hasta las horas 18:37:35 en las coordenadas (…), dentro de Teniente Origone”.

También se advirtió un impacto de la línea de Astudillo en una antena ubicada en Ingeniero White -denominada POLOPETROQUÍMICO UN- a las 16.06 del día 30/04/2020. De dicha circunstancia, informada por la empresa “Claro”, podría colegirse que el nombrado siguió su rumbo hacia Bahía Blanca, alejándose cada vez más de Origone.

Ello podría confirmar el testimonio de E.R., quien aseguró haber levantado a Facundo en una circunstancia que parecería ser la narrada por González. La testigo explicó que lo vio haciendo dedo cerca del camino de ingreso a Origone, próximo a un móvil policial.

Desde allí lo habría trasladado hasta las vías más cercanas a dicho pueblo, desde donde Facundo habría emprendido su camino hacia Bahía Blanca –lo que explicaría el impacto informado por la empresa “Claro”-.

La verosimilitud de la declaración de E.R. se ve fortalecida –al momento- con el informe aportado por el Municipio de Villarino, del que surge que su vehículo fue captado a las 16.03hs por la lectora de patentes emplazadas en el kilómetro 714 de la Ruta N° 3.

Se destacó que del análisis del teléfono celular de González no se desprenden elementos que permitan albergar sospechas respecto de su conducta. Las conversaciones extraídas, relativas al hecho de marras, parecieran –al menos hasta el momento- encontrarse en armonía con sus testimonios, pues vuelve a nombrar a P. como la persona que lo alertó sobre la presencia de un supuesto menor en la Ruta.

Finalmente, en el reciente informe pericial remitido por la División Laboratorio Químico de la PFA, donde se cotejaron algunos de los rastros obtenidos del móvil conducido por el oficial bonaerense, no surgieron elementos que generasen alguna sospecha para esta parte.

Si bien se trata de un informe parcial, pues aún resta examinar otros elementos levantados en la inspección del rodado, lo cierto es que de momento no arrojó resultados incriminantes en su contra.

La querella, por su parte, advirtió contradicciones en las que habría incurrido González quien, durante el rastrillaje practicado sobre la Ruta 3, refirió que vio a Astudillo irse caminando. En dicha ocasión no sostuvo haberlo visto subir a ningún vehículo.

Al respecto la fiscalía entendió que debía darse prevalencia a las declaraciones practicadas en sede judicial, en un contexto en el cual se encontraba brindando todos los detalles que recordaba del encuentro con Facundo. La aparente contradicción señalada podría tratarse más bien de una omisión y, si bien es tenida en cuenta y valorada por el Ministerio Público Fiscal, no revestía entidad suficiente -confrontada con las restantes pruebas- como para desvirtuar el resto de las constancias en las que se sostienen sus manifestaciones precedentemente reseñadas.

Asimismo, sostuvo el fiscal federal que no le escapaba el hallazgo de un elemento que habría pertenecido a Facundo Astudillo, en las inmediaciones del Destacamento Policial de Teniente Origone que, en los términos de su madre, “sería un amuleto de la suerte que su abuela le regalara (al mismo momento uno a cada nieto, estando en mi domicilio el de mi hijo Alejandro y Lautaro –el cual era una frutilla-) y que siempre llevaba con él en su mochila.”

Agregó que dicha circunstancia, de corroborarse, constituiría un dato indiciario atendible pues ubicaría a Facundo –o al menos a sus pertenencias- en Teniente Origone, pero restan medidas pendientes de producción -análisis de datos biométricos, ADN y testimoniales- que refuercen dicha tesis. Hasta entonces, a su entender, seguía prevaleciendo el cúmulo de elementos precedentemente señalados por sobre el hallazgo aludido.

Flores

En relación a Siomara Flores, también se solicitó su detención. Sin embargo, al igual que sucede con González, el titular de la acción pública entendió que, de momento, no se habían reunido elementos suficientes como para sostener que participó de la desaparición de Facundo o, al menos, en el encubrimiento de una conducta de esas características.

Recordó que fue involucrada en esta investigación por la Ayudantía Fiscal de Villarino -en el marco de la IPP nº PP-02-00-009503-20/00- donde presta declaración testimonial el día 10/06/2020, ocasión en la que relató que el día 30/04/2020 salió temprano desde Origone hacia Pradere, a realizar algunas tareas personales. De regreso pasó por Mayor Buratovich y, cerca del ingreso a dicha localidad, indicó haber visto a Facundo Astudillo Castro a la vera de la Ruta Nacional n° 3, en “horas del mediodía”. Agregó que el joven estaba haciendo dedo en dirección a Bahía Blanca y Flores lo habría levantado y trasladado hasta el ingreso a Origone.

Flores indicó que durante el trayecto habrían mantenido una conversación, de la cual recordaba algunos detalles como: que se dirigía a Bahía Blanca a buscar trabajo, toda vez que había perdido su empleo –en una cervecería de Pedro Luro- por la situación de pandemia; que su madre trabaja en la estación de servicio Shell y que se había peleado con ella, por lo que no podía vivir en la misma casa; y que lo habían infraccionado en Mayor Buratovich por violar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. La nombrada le manifestó conocer a su madre por lo que, al descender de su vehículo, Astudillo le habría solicitado que no le contara que lo vio.

El 30/06/2020 la numeraria volvió a prestar declaración en el marco de la IPP referida. En su nuevo testimonio, si bien brindó algunos detalles específicos respecto a su encuentro con Astudillo, se manifestó en similares términos a su anterior deposición. Indicó haber recibido un llamado telefónico de su padre en la fecha señalada –quien se encontraba en Origone -a las 12.34hs-; arrojó precisiones sobre el lugar donde habría levantado a Facundo (“pasando el parque eólico que está sobre la ruta, antes de curva y contracurva”); sostuvo que el nombrado le manifestó que “estaba haciendo dedo desde las 6 de la mañana”; y que cree que llegaron a Origone a eso de las 13.00hs.

El relato de Flores, hasta el momento, también resultó verosímil para la fiscalía. En principio, aparecía respaldado por los listados de comunicaciones entrantes y salientes de su línea, que remitió la empresa “Claro”.

En ese sentido, se observó una llamada y una conexión de datos móviles que, alrededor de las 11.30, impactaron en la antena de Pedro Luro. Esto la geolocalizaría próxima a la localidad de Pradere por la mañana. Asimismo, se encuentra constatada la comunicación que mantuvo con su padre a las 12.34hs y se ve reflejada una conexión de datos móviles a las 15.53hs. –ambos impactaron en la antena de Mayor Buratovich-. Como puede observarse, estos datos -técnicos y objetivos- resultan compatibles con las manifestaciones vertidas por Flores en sus dos declaraciones testimoniales.

El celular de la mujer fue peritado y, si bien no pudo extraerse toda la información pretendida, se observaron numerosas conversaciones relacionadas con el hecho. Además, de los teléfonos de Sosa y de Curuhinca pudieron obtenerse gran cantidad de diálogos en los que participó como interlocutora, todos orientados en un mismo sentido.

En general son apreciaciones respecto a la investigación sobre la desaparición de Facundo, trascendidos periodísticos y expresiones de sus emociones al respecto. A criterio de la fiscalía no resultaban incriminantes y reflejaban, más bien, la preocupación de Flores por que apareciera y su fastidio ante las sospechas que recaían sobre el accionar policial.

Algunas de sus manifestaciones fueron: “No sabes lo mal que la pasé ayer por este pibe que está desaparecido Porque fui la última que lo vi y los perros se quedaron en origone hoy arrancaban ahí más los vigis, quiero que aparezca para no sentirme culpable”; “Bueno yaaaaau quiero que aparezca el chicoooo”; “espero que aparezca por que la última en verlo fui yo, por quererle hacer una gauchada y acercarlo”.

Finalmente, en el reciente informe pericial remitido por la División Laboratorio Químico de la PFA, donde se cotejaron algunos de los rastros obtenidos del vehículo Chevrolet Corsa conducido por Flores, no surgieron elementos que generasen alguna sospecha. Si bien se trata de un informe parcial, pues aún resta examinar otros elementos levantados en la inspección del rodado, lo cierto es que de momento no arrojó resultados incriminantes en su contra.

Ahora bien, para la querella resultó motivo de sospecha que “la agente Flores manifiesta haberlo levantado en cercanías “a la curva peligrosa” (entre Buratovich y Origone) aproximadamente a las 12:30” circunstancia que no sería compatible con el llamado que Facundo mantuvo con su madre 13.33hs toda vez que “es por todos conocida la circunstancia de que en el mencionado punto y por varios kilómetros más (específicamente hasta el Fitosanitario) la empresa CLARO no posee cobertura de red, motivo por el cual, la llamada de Facundo debió haber partido indefectiblemente aún desde Mayor Buratovich”.

Sin embargo, podría ocurrir que la agente haya errado en los horarios aproximados que indicó en sus declaraciones y en realidad trasladó luego de las 13.33hs a Facundo, lo que justificaría el pedido de este último de que no le contara a su madre que lo había trasladado. Dicha circunstancia será despejada a través la producción de elementos técnicos ordenados por la Fiscalía, cuya elaboración ya se encuentra en marcha.

También han advertido los querellantes cierta reticencia a aportar información por parte de Flores, toda vez que durante el rastrillaje habría eludido las preguntas que le efectuaran el Dr. Luciano Peretto y Cristina Castro.

Al respecto, de momento, el fiscal no observó una conducta elusiva por parte de la nombrada. Consideró que había brindado dos testimonios detallados bajo juramento respecto a su encuentro con Astudillo y había entregado voluntariamente su teléfono celular para que fuera pesquisado.

Sobre las consultas que se le hicieron durante el rastrillaje, advirtió que Flores interpretó la situación de manera diferente a como lo hacía la querella, toda vez que consideró haber contestado “normal” a los interrogantes que se le planteaban, explicando lo que sería su verdad sobre los sucesos investigados.

En sus propias palabras, tal como surge de los mensajes remitidos por ella al teléfono celular del oficial Sosa: “Me re hostigó el abogado y me creía hablar y hablar y yo conteste normal la verdad que solamente lo lleve hasta Origone, pero empezó a hacer más preguntas y me puso nerviosa y el jefe vino me agarró y me sacó de ahí, parecía un interrogatorio”.

Respecto de la agente Flores se señaló que restaba realizarse una nueva pericia sobre su teléfono celular, que podría arrojar elementos de cargo o bien corroborar este análisis preliminar.

El fiscal señaló que lo sostenido respecto de los oficiales, cuya detención a su criterio aún no encontraba suficiente sustento probatorio, se asentaba asimismo en la valoración disímil que efectuó de algunas de las constancias que obran en la investigación.

En ese sentido, advirtió que para la querella Facundo fue interceptado y desaparecido, conforme fuera sostenido por tres testigos de identidad reservada en forma “…certera, inequívoca y con sustento en pruebas objetivas…”, y luego se ejecutó un plan de encubrimiento que a los fines didácticos dividió en cinco etapas.

La lectura de las declaraciones de los aludidos testigos, como también la ratificación de sus dichos en las videoconferencias celebradas en la causa, no permiten aseverar en la forma que se ha efectuado, que Facundo fuera “ascendido”, “interceptado” y “desaparecido” (al menos por el momento).

Se destacó que las tres deposiciones fueron contestes en señalar que no habían visto subir a Astudillo a ningún patrullero, restando determinar si efectivamente se encontraba en el horario y lugar donde lo situaban. Ello por cuanto existen pruebas objetivas que, en principio, lo ubican en sector distinto al que refirieron.

Esta circunstancia es materia de una investigación profunda que se sigue realizando por estas horas y que procura arrojar luz sobre este aspecto.

En otro orden de ideas, advirtió el fiscal que la querella sustentaba una sospecha, en la manifestación de otro testigo de identidad reservada que indicó que Facundo no mandaba SMS.

Sin embargo, para la fiscalía dicha afirmación no encuentra correlato en las pruebas colectadas hasta el momento, por cuanto podía observarse en los registros remitidos por la empresa Claro que dicho medio de comunicación era habitualmente utilizado por el joven, circunstancia que, a su vez, fue confirmada en la declaración testimonial de quien fuera su ex pareja.

Asimismo, tampoco creyó que abonara la tesis sobre la desaparición forzada la conducta desplegada por los policías de la Provincia de Buenos Aires contra quien fuera la ex pareja de Astudillo y su hermano. El hostigamiento narrado por los testigos, claramente delictivo, que dio lugar al pertinente requerimiento de instrucción y por el cual -en su caso- habrán de responder penalmente los numerarios, pareció más bien un accionar tendiente a despejar el manto de sospecha con el que fueron cubiertos a raíz de la desaparición de Facundo.

Claramente expresó la ex novia que la pregunta insistente que le hacían era sobre el paradero de Astudillo; las presiones y vejámenes a las que fue sometida -junto con su hermano-, se orientaban más bien a encontrarlo. En todo caso coincidió en lo que expresó la querella respecto a que le exigían “que reconozcan la existencia de algún crimen para con Facundo”, pero en el sentido de si ellos -los testigos- le habían hecho algo, o si sabían qué le podría haber pasado. Su hermano incluso “accedió” –bajo una evidente coacción por parte de los agentes- a que ingresaran en su domicilio y registraran el inmueble en su búsqueda.

Tal proceder se condijo más con la voluntad de hallarlo, antes que con la intención de ocultar su desaparición forzada. Al menos eso surgió a primera vista.

A la luz de lo expuesto, considerando el informe técnico incorporado por la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina, que efectúa un desarrollo minucioso de muchos de los hechos vinculados al trayecto seguido por Facundo Astudillo el día 30/04/2020, constatados objetivamente con datos técnicos, no surgió para la fiscalía actuante –de momento- una sospecha suficiente respecto de Siomara Flores ni de Alberto González como para solicitar su detención –o cualquier otra de las medidas de coerción pedidas por la querella-.

Se consideró que los datos técnicos aportados y la valoración conjunta del plexo indiciario con el que contaba la fiscalía -más allá de los argumentos brindados por la Sra. Juez de Instrucción-, sin mayor esfuerzo importaban –además- una clara disminución de la sospecha que fundamentó su requisitoria del 30/07/2020.

Destacó asimismo que lo expuesto lógicamente no importaba un juicio definitivo, pues se advertía la existencia de un cúmulo de medidas de prueba pendientes de ejecución, y otras tantas que habrán de orientar la pesquisa, de las que podían derivar nuevos elementos para confrontar -o confirmar- lo que preliminarmente se sostenía.

Medidas probatorias

A raíz de los hallazgos del miércoles 5 de agosto y a solicitud de la querella particular, se ordenó un rastrillaje en la zona. Se llevó a cabo este viernes con participación de personal de Policía Federal Argentina, de Prefectura Naval Argentina, de los canes K9 de la Policía Federal Argentina y de los pertenecientes a la División de Cinotecnia del Ministerio de Seguridad de la Nación, como también del instructor Marcos Herrero y su ayudante Lucas Maciel.

La División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina remitió un informe preliminar sobre el estudio practicado sobre las muestras tomadas de los móviles policiales y vehículo secuestrados. De allí surge que no se comprobó la presencia de sangre en las muestras de tela sometidas a peritaje, mientras que en el resto del material no se efectuó ensayo orientativo debido a la escasa cantidad de muestra.

Se solicitó a la compañía Claro que designe un técnico idóneo para que se constituyera en la delegación de la Policía Federal Argentina, a fin de prestar colaboración al personal de la División Búsqueda de Personas de la PFA, a cargo de confeccionar el informe técnico integral ordenado en la causa.

Se efectuó un nuevo requerimiento de información a la Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE911), aportando mayores precisiones a tal fin.

En orden a lo informado por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de la Nación, si bien se requirió la medida a la Policía Federal Argentina, contando con recursos tecnológicos aptos al efecto, se encomendó a dicho organismo la confección de un mapeo con la geolocalización de todos los lugares en que se haya afirmado que se vio a Facundo Astudillo Castro, tendiente a sistematizar dicha información y, en su caso, remitirla a la fuerza de seguridad actuante para proseguir con las tareas investigativas dispuestas.

Igualmente, se solicitó a dicha repartición que por su intermedio se requiriera colaboración al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), especializado en casos de desapariciones complejas, para cooperar con los profesionales y recursos técnicos que pudieran ser de utilidad en la investigación.

Desde esta mañana se realizan rastrillajes en cercanías de Mayor Buratovich en búsqueda de rastros de Facundo Castro. Trabajan en el lugar los peritos de la querella Marcos Herrero y Lucas Maciel con los perros Yatel, Duke y Uma.

El abogado Luciano Peretto afirmó que se tratará de “agotar todo lo que Cristina indique que resultaría necesario”. El fiscal de la causa demoró la medida por un pedido de autorización a la jueza federal, quien le respondió que el propio Santiago Martínez tiene a su cargo la investigación por lo cual era innecesario el planteo.

“Estamos muy cerca del lugar donde Facundo fue ascendido”, dijo Peretto en relación a las declaraciones de los testigos que vieron al joven por última vez.

“Hubo una marcación de los tres perros” en un monte, “se encontraron algunos restos óseos, algunos grandes que no parecen ser de restos humanos, y un hueso quemado que se secuestró y se va a peritar”.

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Los canes se detuvieron ante un cactus. “Se presume que lo que puede haber creado alguna confusión es la sustancia putrefacta de la planta. Hay que ser prudentes y tomar la situación como lo que amerita, es un secuestro de restos óseos que no podemos identificar si corresponde o no a una persona”, insistió el letrado.

“Estamos en una geografía particular. La tierra es especialmente floja, no está asentado, (el hueso) estaba muy cerca de la superficie”.

Pasadas las 14:30, la delegación, compuesta además por efectivos de la Policía Federal, se dirigía hacia Mayor Buratovich. Rastrillarán un canal de drenaje cercano al acceso al pueblo. “La Fiscalía autorizó la diligencia hace minutos”. Martínez habilitó revisar “las zonas públicas de acceso irrestricto y lo que la dinámica de la diligencia vaya indicando. Si el perro marca algún rastro lo podemos continuar”.

Peretto agregó que “en diligencias anteriores se ha rastrillado zonas cercanas a Bahía Blanca y queremos agotar todas las instancias en la zona donde Facundo fue ascendido”.

Más temprano, “se secuestró una campera talle M, azul, que estaba en un desagüe, lo secuestró Prefectura, no ha sido reconocida a primera vista por Cristina. El talle correspondería a una persona de esas dimensiones pero va a ser peritada”.

En el marco de la búsqueda de Facundo, el abogado de Cristina Castro, Leandro Aparicio, señaló a FM De la Calle que “a prima facie” descartan que los restos óseos que se encontraron ayer sean humanos y que la mochila y las zapatillas pertenezcan al joven desaparecido. Sin embargo, les llama la atención un buzo y un vaso de Boca.

“Facundo era de Boca. No queremos decir nada más que eso. Por ahora, más allá de la expectativa, estamos enfocándonos en averiguar qué pasó y para eso necesitamos un poco más de fluidez y rapidez de la Fiscalía y eso no se da”, destacó esta mañana el letrado.

Aparicio señaló que “estuvo toda la noche un móvil de consigna custodiando eso, hasta que el fiscal convoque a las fuerzas, a Prefectura, y autorice el rastrillaje y eventualmente el allanamiento en una casa de Vialidad que está abandonada pero que es una dependencia estatal y puede haber un rastro ahí”.

Destacó, además, que “en ese lugar habría que hacer una pasada de nuevo. Estamos esperando resultados de pruebas que ha solicitado la PROCUVIN que no se han efectuado. Es un sector que se supone que ya fue rastrillado, no nos avisaban cuando salían ni qué hacían, nos enterábamos por los medios”.

Desde la querella solicitaron la presencia de Marcos Herrero, sus perros y un colaborador para corroborar la procedencia de los objetos encontrados. Pidieron la intervención de Prefectura porque “es zona de riego, está lleno de canales, en ese sentido Prefectura tiene equipamiento para hacer la tarea con mayor precisión y comodidad”.

Respecto del trabajo sobre el WhatsApp de Facundo, Aparicio mencionó que “estamos esperando informes complementarios de los teléfonos. Entiendo que tal vez no arroje resultados relevantes porque no creo que haya tenido la posibilidad de mandar mensajes Facundo desde que lo agarraron, aunque sí podría haber mandado mensajes desde que lo detuvieron”.

“Sí me gustaría que algún genio instale el WhatsApp de Xiomara Flores ya que se borró y que se recuperen los mensajes entre Flores y Curruhinca”, agregó.

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En relación al trabajo del fiscal Ulpiano Martínez mencionó que “seguimos con una situación dilatoria de la Fiscalía Federal que por ahora podemos dejar constancia todos los días de la demora, y eventualmente reclamar ante el fiscal general, la jueza y el procurador”.

Consultado sobre la continuidad de las declaraciones testimoniales, el abogado afirmó: “Que el señor fiscal se dedique a tomarlas, la PROCUVIN hizo un trabajo loable, compartimos el procedimiento. Ahí estuvo el dr. Murillas que es el secretario, salvo en la primera audiencia el fiscal no estuvo, la PROCUVIN hizo el trabajo del fiscal, la PROCUVIN dice estos testigos tenés que tomarlos vos, el fiscal no se qué está haciendo”.

Por último, respecto al llamado que realizó ayer el presidente Alberto Fernández a Cristina Castro, Aparicio mencionó que “si el viernes fue al rastrillaje un equipo del Ministerio de Justicia o Seguridad y se comprometió a acompañar una máquina, una sonda porque hay movimientos de suelo y todavía no llegó, en vez de preocuparse tanto el presidente correspondería que mande y que esté disponible esa máquina. El Ministerio formalmente es un brazo del Poder Ejecutivo y si estaban ahí y dieron un compromiso, son seis días, es importante que se agilice”.

La Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca ordenó el análisis de restos óseos y elementos secuestrados durante una inspección ocular solicitada por la querella en cercanías del kilómetro 780 de la Ruta Nacional N°3, según refiere en un nuevo comunicado que actualiza las tareas de investigación en torno a la búsqueda del paradero de Facundo Astudillo Castro, de 22 años, desaparecido desde el 30 de abril pasado .

Entre otras medidas adoptadas, el nuevo comunicado de la fiscalía refiere que, con un nuevo chip con el número de teléfono del desaparecido, se obtuvieron nuevos datos para la pesquisa. Además, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) presentó un informe sobre los resultados arrojados por el Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL) de los móviles policiales investigados, que serán analizados por la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la Policía Federal Argentina (PFA).

Peritajes

La División Tecnologías Aplicadas de la PFA elaboró un informe de las tareas realizadas y conclusiones arribadas a partir de la introducción de la tarjeta SIM de la línea de Facundo Astudillo Castro en un teléfono celular, recuperando algunos datos, los cuales se resguardaron en un CD.
Por otro lado, se recibió el dispositivo secuestrado a Jorge Agustín Galarza y se remitió el mismo a la División de Apoyo Tecnológico de la PFA a fin de que extrajera la información allí registrada mediante la tecnología UFED (dispositivo forense de extracción de datos). La fiscalía ordenó que se remitieran los resultados a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la PFA, para que verifique si existen elementos que puedan resultar de interés para el avance de la causa y confeccione un informe con el análisis del contenido extraído.
Se recibieron los libros secuestrados en el Destacamento de Hilario Ascasubi y se solicitó al Gabinete Científico de la PFA que practicara un peritaje caligráfico sobre el libro con la inscripción “actas” —utilizado como libro de guardias y novedades— a efectos de determinar si en las anotaciones correspondientes al 30 de abril pasado existen enmiendas, raspaduras, borrones o faltantes de hojas, que permitan suponer que existió una adulteración de su contenido o, en la medida de lo posible, informe si existieron agregados posteriores a la fecha mencionada.

Solicitud de informes

A fin de verificar si existe la posibilidad de arbitrar la tecnología necesaria para extraer la totalidad de la información de uno de los teléfonos secuestrados, se solicitó colaboración a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), aportando la información pertinente el fiscal a cargo de esa oficina, Horacio Juan Azzolin.

Se remitió vía correo electrónico a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la PFA el informe confeccionado a modo de colaboración por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), con un análisis integral de información probatoria producida en el marco de investigación con específica referencia al Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL) de los móviles policiales que habrían circulado por la traza de la Ruta Nacional 3, entre los kilómetros 725 y 809, entre las 0 y las 23.59 horas de la jornada del 30 de abril.

Se solicitó a ese mismo organismo que verificara si se ha efectuado al momento la determinación del kilometraje y ubicación de la localidad exacta en la que cada uno de los móviles allí consignados hubieran detenido su marcha en las franjas horarias de interés, a los fines de determinar, del cruce de la eventual información procesada, si hubo coincidencia con la detención prevencional del joven Facundo Astudillo Castro la jornada del 30 de abril pasado alguna otra circunstancia de relevancia. También se le requirió que informara cuáles eran las cuentas asociadas a algunos de los teléfonos peritados.

Sin perjuicio de haberse encomendado oportunamente a la División de Tecnologías Aplicadas de la PFA la confección de un análisis técnico integral de toda la información que obra en la causa y de la medida encomendada a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la PFA en la misma línea, de conformidad con lo sugerido por la PROCUVIN, se le dio intervención a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación y se le remitió de manera electrónica la totalidad de los informes obrantes en la causa con el objeto de que elaborare un análisis pormenorizado en los mismos términos que el anterior.

Se solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DaJuDeco) más información en relación a otra línea telefónica de interés para la investigación.
También se solicitó a todas las empresas prestadoras de servicio de telefonía móvil que verificaran si alguna de sus antenas captó una comunicación (sea llamado o mensaje de texto) en la se encontrara involucrada la línea telefónica de Facundo Astudillo Castro.

Se reiteraron pedidos de información oportunamente requeridos a la PFA, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y al Ministerio de Transporte de la Nación.

Se le requirió a la empresa Claro que ampliara la información respecto de los alcances de la antena ubicada en Ingeniero White, denominada POLOPETROQUÍMICO UN.

Otras medidas

Ante un nuevo requerimiento de la Dirección de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, se contestó lo solicitado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto, se aportó información sobre la investigación desarrollada por la fiscalía con la colaboración de los distintos organismos del Ministerio Público Fiscal y las distintas fuerzas federales.

El Programa Especial de Atención a víctimas de Violencia Policial de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) remitió un informe acerca del abordaje que viene realizando respecto a testigos de identidad reservada, en el cual refiere las entrevistas mantenidas y sus seguimientos, y formula consideraciones profesionales.

Se ordenó efectuar una compulsa en los registros de la fiscalía del total de las prevenciones efectuadas en los controles policiales de Mayor Buratovich con motivo de la presunta violación al artículo 205 del Código Penal -que prevé sanciones a quien violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia-, con indicación de número de sumario, fiscalía, juzgado interviniente y número de causa, a los fines de poder establecer una comparación entre aquellos y las modalidades de intervención policial respecto de Facundo José Astudillo Castro, en un rango de 15 días antes y después al 30 de abril de 2020.

Al efectuarse un análisis del informe UFED presentado en relación a uno de los teléfonos secuestrados, surgieron interrogantes que la fiscalía entendió suficientes para formalizar un requerimiento de instrucción, para así permitir la formulación del pertinente descargo. En ese sentido, se requirió que se citara a declarar en los términos el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación (declaración indagatoria) a distintas personas conjuntamente con otras medidas. No obstante ello, la jueza federal rechazó la solicitud por considerarla prematura, al entender que no existía mérito suficiente y sin perjuicio de lo que surja del desarrollo de la pesquisa. Delegó la instrucción de la fiscalía federal de la causa en los términos del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.

Inspección ocular

La querella particular informó ayer que habrían tomado conocimiento que en cercanías a la ruta nacional nº 3, kilómetro aproximado 780, sobre un camino de tierra lindante, existirían restos óseos y algunos elementos, por lo que se comisionó a personal de la PFA para que se constituyera en el lugar. Una vez allí, la querella señaló un desagüe a escasos metros del camino de tierra y de la ruta nacional nº 3, donde se procedió a la remoción y secuestro de restos óseos. A unos cuatrocientos cincuenta (450) metros del inicio del perímetro constituido, se procedió al secuestro preventivo para un posible futuro análisis de distintas prendas de vestir, zapatillas, un recipiente de cerámica, los cuales, en principio no fueron reconocidos por Cristina Alaniz Castro, quien se encontraba en el lugar. Posteriormente, la nombrada, manifestó que el buzo hallado entre las prendas de vestir podría relacionarlo con aquel utilizado por Facundo al momento de su detención.

En relación a los objetos secuestrados, se ordenó la realización de los correspondientes peritajes.

Actualmente, la fiscalía se encuentra efectuando un análisis integral de los resultados de las medidas probatorias ordenadas y producidas hasta el momento, con el objeto de elaborar un informe sobre conclusiones preliminares en el marco de la investigación, sin perjuicio los resultados a los que se arriben con el devenir de la pesquisa en curso.

Fuente: fiscales.gob.ar

Cristina Castro solicitó a la jueza federal, Gabriela Marrón, un allanamiento y un rastrillaje con canes en cercanías de Mayor Buratovich, tras la aparición de “huesos, prendas de vestir y una mochila semienterrada”.

“Advirtiendo la irregularidad y la complejidad, solicitamos se convoque a todas las fuerzas disponibles, a fin de rastrillar lugares públicos y otros canales de drenaje, si la dinámica de la diligencia así lo amerita”, dice el escrito presentado por los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto.

La querella pretende que el rastrillaje se realice en la extensión de un camino hasta las vías con la participación del perito Marcos Herrero y su ayudante Lucas Maciel.

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Por otro lado, pidieron que se “convoque a Prefectura Argentina para rastrillar un canal de drenaje que bordea la calle, en las que se han identificado algunas prendas, lo que tornan urgente el carácter de la medida”.

Foto: Emmanuel Fernández.

Cristina Castro viajó a Bahía Blanca para presentar el pedido de detención de cuatro policías y denunciar a otros efectivos de la Bonaerense y civiles como integrantes de una asociación ilícita en el marco de la desaparición de su hijo Facundo.

“Me mintieron desde el primer día, encubrieron todo esto, sentí que a mi hijo le habían hecho algo malo y lo voy a seguir sosteniendo. A mí esta gente me va a tener que devolver a Facu”, dijo en Plaza Rivadavia.

El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, se apoyó en las filtraciones periodísticas para reclamar que se investigue una supuesta pista narco. “Ese señor no tiene vergüenza. Estuve buscando a mi hijo por redes, hice la denuncia por averiguación de paradero y en ningún momento se acercó a nosotros, ninguno de sus funcionarios se acercaron ni siquiera a ver cómo estábamos”.

“Yo le voy a iniciar una denuncia al señor Bevilacqua. (…) Hace más de tres meses mi hijo está desparecido, en su distrito, en su gobierno, desparecieron a un pibe y él se hace el reverendo pelotudo. Si tiene un problema con alguno de mis abogados que no los meta en la desaparición de mi hijo”, afirmó.

Castro aclaró que “a la cabeza de todo esto no está ni el señor Aparicio ni Peretto (abogados querellantes). A mí me llega cada cosa que mandan, leo todo y les voy indicando qué poner y qué no. Es Cristina Castro la que firma todos y cada uno de los pedidos que se hacen”.

Destacó que entre los involucrados está el secretario de Protección Ciudadana de Villarino, Martín Pacheco, porque “mandó informes truchos”.

Respecto a los resultados del allanamiento al destacamento policial de Origone en el cual se encontraron objetos de Facundo, Castro destacó que el perro “Yatel fue contundente”.

“No lo elegí a Herrero porque se me antojó, yo busqué a Marcos Herrero, porque me lo recomendaron, la mamá de Micaela, Mónica Cid, y otros papás de desaparecidos. Hice hasta lo imposible por traerlo, yo confío en sus perros, estoy segura de que me van a devolver a Facu”, dijo.

Consultada sobre quiénes deberían estar imputados, mencionó que “de Buratovich y Teniente Origone todos. Hay personas involucradas y hay quienes se callaron. Los que se callan son tan desaparecedores como los que se lo llevaron”.

“No me voy a cansar nunca de decirlo, cuando lo empecé a buscar era una averiguación de paradero, cuando quise ingresar a Mayor Buratovich en su momento tenía cinco patrulleros y no me dejaron. En Teniente Origone tenía el ingreso tapado con patrulleros, casi nos echa el señor Navarrete, el comisario general de Villarino: ‘usted no tiene nada que hacer acá tiene que seguir hasta la Ruta 3 y 22′”.

“Me acuerdo perfectamente la declaración de Flores y la de González que mirándome a la cara me dijo ‘yo vi cómo su hijo seguía viaje’. Y ese mismo día leo en la declaración que había dicho que mi hijo subió a una Duster Oroch color plata. Me mintieron desde el primer día, encubrieron todo esto, sentí que a mi hijo le habían hecho algo malo y lo voy a seguir sosteniendo. A mí esta gente me va a tener que devolver a Facu”.

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Castro destacó que a otras líneas investigativas que surgieron en la causa “ya las tiramos por la borda. Que Facundo llegó hasta Bahía, el testigo que está imputado, pertenece a la Policía Bonaerense, la señora que dice haber viajado a Bahía y haber levantado a alguien similar a Facundo que después cambiaron todo su testimonio, que no viajó el día 30 de abril”.

“No hay duda, se cayó todo. No hay duda, mi hijo nunca salió de Villarino, a mi hijo lo desparecieron entre Buratovich y Origone. Origone depende de Burato, los móviles utilizados son los mismos. El fiscal de la PROCUVIN, ha descartado e imputado a los testigos que dicen haber visto a Facundo en Bahía por falso testimonio”, agregó.

Respecto a la posibilidad de apelar el rechazo de la recusación del fiscal Ulpiano Martínez, Castro afirmó que “tenemos que seguir trabajando con él por orden de la jueza. Este señor lo único que ha hecho es tratar de desviar la investigación, aportar testigos de que Facundo había llegado a Bahía, y yo sé que Facundo nunca salió de Villarino”.

El dirigente de la Watu Corriente Comunista, José Lualdi, declaró días atrás en el juicio Triple A donde señaló las complicidades entre gremialistas, el diario La Nueva Provincia y un sector del peronismo en el accionar del grupo paraestatal.

“Ratificamos ante el tribunal lo que venimos diciendo en actos, escritos, en medios de comunicación, de lo que significaba aquella terrible odisea para el campo popular con la aparición de la Triple A, aquella organización paraestatal que intentó que los militantes no pudiéramos expresarnos y que luego llegó a niveles máximos de tortura de compañeros”, dijo a FM De la Calle.

Lualdi comentó que “intentamos refrescar de alguna manera lo que significó la época y hemos imputado a quienes pareciera que no vieron nada. Hemos dicho que no había ningún sector político, social y gremial que no supiera lo que pasaba, los dirigentes políticos todos sabían, nadie en el PJ y en el sindicalismo peronista dejaba de saber lo que ocurría”.

“Luego hemos ido más lejos en esta controversia, en esto de quién dio aquella orden de la creación de la Triple A para eliminar a los compañeros militantes de izquierda en 1973”, dijo en relación al ex presidente Juan Domingo Perón.

Catalogó de “lamentable” el hecho de que “un sector importante del movimiento obrero y dirigentes del PJ que pueden dar testimonio hayan decidido no hacerlo. Y aquellos que lo hicieron se dan el lujo de no decir exactamente lo que vieron, le manifestaron al tribunal que el movimiento obrero de aquella época, se dividía en tres fracciones”.

“Los que estuvieron de acuerdo y dieron logística y tropa a la Triple A. Nadie puede decir que en Urgara, por debajo de Ponce, tanto Reina como Palacio no sabían lo que ocurría. Nadie puede decir que en Aguas Gaseosas, nadie sabía en qué andaba en Chacho Pérez, o en la construcción qué hacía Coste, o en los trabajadores de la estiba qué hacía Osores”.

“Están los que sufrieron, como los gráficos -Heinrich y Loyola son el testimonios vivo- o los actores que tuvieron presos a sus dirigentes. Después están los otros que en los pasillos y reuniones decían no estar de acuerdo pero que en 37 años de democracia no se animaron a decir lo que ocurría, lo cual los convierte en cómplices”.

El rol de Crisol

Lualdi se detuvo en la actitud del “eterno secretario general” de la Asociación de Empleados de Comercio que tuvo hasta su detención al imputado Héctor Forcelli como parte de su comisión directiva.

“¿No sabía Crisol cuál era la actividad que Forcelli había realizado en todos estos años? Violento antes y después de la constitución de la Triple A. Crisol fue de los que en teoría decía que no estaba de acuerdo, fue el mismo que en una reunión de Empleados de Comercio le dijo a los secretarios generales: ‘Momento que el compañero quiere hablar con nosotros’. El compañero era el almirante Eduardo Emilio Massera. Quien se codea con Massera, uno de los chacales del golpe de Estado de 1976, puede proteger a los integrantes de la Triple A”.

El dirigente mencionó que “la mora por resolver la causa Triple A no hay que buscarla solo en los problemas de la justicia: No solo tuvimos la mala suerte de que cayera en Oyarbide, sino que para nosotros no existen dudas de que quien alienta y crea la Triple A es el entonces presidente de la Nación el teniente general Juan Perón. Ahí habría que buscar las causas de la mora de porqué ningún gobierno democrático en 37 años quiso profundizar la investigación sobre este tema”.

La impunidad de Massot

El viernes la Corte Suprema desestimó  una queja contra la falta de mérito de la cual goza Vicente Massot. El ex dueño de La Nueva Provincia está acusado de ser coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y por haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desplegadas por su multimedio.

Sobre este punto, Lualdi dijo que “no tenemos ninguna sorpresa de lo que la Suprema Corte puede hacer, no leyó ni siquiera cinco de los artículos de los editoriales de La Nueva Provincia donde avalan el golpe, la muerte y terrorismo de Estado”.

“No tenemos ninguna duda de la responsabilidad de la familia Massot en loa asesinatos de Heinrich y Loyola, tuvieron una participación activa y militante y de ahí al terrorismo de Estado. A los compañeros Heinrich y Loyola los mataron los fascistas de La Nueva Provincia”, sentenció.

“Las pruebas que tenemos nos habilitan a pedir las detenciones que estamos solicitando”, dijo Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia de Facundo Castro.

Explicó que en la denuncia presentada hoy a la jueza Gabriela Marrón describieron hechos que, por ahora, configurarían el delito de asociación ilícita. “No tenemos determinado quiénes fueron los que lo subieron (al patrullero). Después esa calificación puede cambiar por otro delito más suave o puede ser partícipe de una desaparición forzada”.

“Cristina es la más interesada en terminar esto lo antes posible. Advertimos que se están haciendo maniobras para que esto se dilate indefinidamente y las estamos denunciando”, sostuvo.

Respecto a los testigos señaló que hay que poner en valor los relatos: “No es lo mismo un testigo que dice ‘yo pasaba por las Cataratas del Iguazú y lo vi’, a un testigo que dice ‘yo pase tal día, a tal hora, puedo explicar cómo fui y vi que estaban subiendo a un patrullero un chico que parece Facundo por la mochila, por esto y por lo otro'”.

“Si hubieran puesto recompensa habría cinco mil personas que lo vieron a Facundo. Pero decir ‘yo vi que lo subieron’ con todo el riesgo, con La Nueva llamándolos, con La Brújula filtrando datos de ellos es complejo. No solamente las víctimas son Cristina y Facundo, también son víctimas las personas que declaran”, agregó.

Sobre los informes de las lectoras de patentes de los vehículos que circularon por la Ruta 3 el 30 de abril, Aparicio detalló: “Hay dos informes de la Municipalidad de Villarino. Uno del 13 y otro del 14. En el del 13 están todos los autos del día y figura el auto de los testigos. En el del día 14 no figura porque dice el intendente que es un rango de 15 a 18 y tampoco figura el auto que tendría que haber pasado. No le creo a Bevilacqua y menos a Martínez que dicen que (el sistema) es infalible”.

“Hay una persona que envió dos informes y alteró ese dato. Eso hace que La Brújula diga que se cae la hipótesis de la querella porque los testigos no pasaron. Sí pasaron, pasaron en el informe anterior. Quiero ver los oficios y quiero hablar con dos policías federales. Tengo más dudas que certezas de la actuación de la Policía Federal respecto a esto. No me quedan dudas de que quien mete a esta persona de la lectora de las velocidades y patentes es la Policía de la provincia de Buenos Aires a través de Sosa y de Flores”.

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Aparicio aclaró que el informe del 13 de julio está firmado por el dr. Franco Simonetti, apoderado del Municipio de Villarino, y “ahí está el listado completo”. El segundo lo firma el secretario Martín Pacheco: “está el listado de tres horas y, dentro de esas tres horas donde está el coche, no está el coche”.

En tanto el vehículo de la testigo que dijo haber acercado a Facundo hacía el control fitosanitario, el letrado destacó que “figura que pasó a las 16:05. Sin embargo, “la testigo le dice a un policía que fue el 27”.

“La persona dice que el día que levantó a una persona, había dos patrulleros en Burato que la pararon, y otro en Origone enfrente a la entrada del pueblo”.

“El 30 no había dos patrulleros en Burato a esa hora. Y el patrullero que dice González, el policía, estaba a 5 km de la entrada de Origone. Lo que infiero y se va a acreditar con prueba, es que a esa señora le pusieron una persona similar a Facundo. Ella dice ‘me pararon en Burato y fui despacito porque había un patrullero en sentido perpendicular a la entrada de Origone, aminoré la marcha por si me paraban y ahí veo al chico y ahí lo levanto, si no no lo hubiera levantado”, enfatizó.

La Fiscalía a cargo de Santiago Ulpiano Martínez emitió esta tarde un nuevo comunicado oficial acerca de la concreción de nuevas medidas probatorias, como el secuestro de libros y registros policiales del Destacamento de Hilario Ascasubi; el allanamiento y el secuestro de elementos en el puesto de Teniente Origone.

Hoy Marcos Herrero y Cristina Castro confirmaron que se trata de una pequeña sandía de madera que contenía en su interior una vaquita de San Antonio. Era un regalo de su abuela que Facundo llevaba siempre consigo.

Además, se hace referencia a la reconstrucción del recorrido de Facundo Astutillo Castro y el estudio de su cuenta de Whatsapp.

Allanamientos y secuestros

El 30 de julio, de conformidad con lo solicitado por el Ministerio Público, la jueza federal interviniente ordenó librar orden de presentación de los registros correspondientes a la totalidad de los móviles operativos y no operativos, identificables y no identificables, que se encontraran asignados al Destacamento de Hilario Ascasubi al 30 de abril pasado, y orden de secuestro de los libros de guardia y de los dispositivos móviles oficiales asignados a aquella dependencia policial, por encontrarse presuntamente relacionados con los hechos investigados y porque podrían servir como medio de prueba. La medida se llevó a cabo el 31 de julio por personal de la Policía Federal Argentina (PFA).

Asimismo, en virtud del requerimiento efectuado por la fiscalía acompañando el pedido de la querella, la jueza ordenó librar orden de secuestro del teléfono celular perteneciente a Jorge Agustín Galarza y el allanamiento y registro del Puesto de Teniente Origone, a fin de incautar los elementos que pudieran contener registros biométricos de la víctima. En este caso, de acuerdo a lo solicitado por la querella, se autorizó la participación en el procedimiento del perito de parte, Marcos Herrero, y de su colaborador, el suboficial segundo de la Armada Argentina Lucas Maciel, junto a sus canes.

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Este procedimiento también se efectuó el 31 de julio pasado. Según se desprende del acta labrada, participaron efectivos de la delegación Bahía Blanca de la Superintendencia de Agencias y Delegaciones Federales de la PFA; miembros del Gabinete Científico Bahía Blanca de la Superintendencia Federal de Policía Científica; los canes “Tom” y “Aramis”, de la especialidad de Búsqueda de Restos Humanos, ambos de la División Canes de la Superintendencia Federal de Bomberos, con sus respectivos guías; personal de Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) y de Cinotecnia, ambos dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación; y Marcos Herrero con su can “Yatel”.

Durante el desarrollo de la medida, el can “Yatel” detectó entre un montículo de residuos que se encontraba en el sector antiguo trasero del puesto de vigilancia una bolsa transparente que contenía un paquete de cigarrillos en estado de descomposición, con dos mitades que unidas componían un objeto con dibujo de sandía; una de las mitades contenía en su interior un dije de una vaca de San Antonio de color verde. Los elementos fueron resguardados. En esa oportunidad, a solicitud de la madre de Facundo, se autorizó la remoción de tierra del sector del fondo de la dependencia, pero la diligencia no arrojó resultados de interés para la investigación.

La fiscalía ordenó remitir los efectos secuestrados al Laboratorio Químico de la PFA, a fin de que practicare un peritaje tendiente a detectar rastros biométricos y para que se procediera -en su caso- al cotejo con las muestras de ADN extraídas a Cristina Castro Alaniz, con el objeto de verificar si se registran rastros de Facundo Astudillo Castro.

Otras medidas

Además, se autorizó la compra de un chip a la empresa Claro de la línea telefónica de Facundo Astudillo Castro y el ingreso a la aplicación WhatsApp por parte de los profesionales de la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la PFA, medida solicitada por la fiscalía de conformidad con lo sugerido por aquella repartición.
La empresa Claro remitió el chip y finalmente la División de Tecnologías Aplicadas de la PFA designó personal especializado para practicar el peritaje en la sede de la fiscalía federal, el cual arribó hoy a la ciudad de Bahía Blanca.

Por otro lado, se recibió el análisis de la información extraída de los teléfonos celulares peritados, efectuada por la División Búsqueda de Personas de la PFA.

Asimismo, se recibieron las respuestas de los oficios librados a la Dirección Provincial de la Central de Atención Telefónica de Emergencia (911) y a la delegación Rawson de la PFA.

Si bien se recibió el informe labrado por la División de Tecnología Aplicada de la Policía Federal Argentina, al no contemplar la totalidad de los puntos solicitados por el Ministerio Público y por el representante de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), se requirió a la División Búsqueda de Personas de esa fuerza su ampliación en orden a los puntos no abarcados.

En una nueva presentación, la PROCUVIN aportó un documento de trabajo preliminar mediante el cual, en la traza de la Ruta Nacional Nº 3 desde la localidad de Pedro Luro hasta la ciudad de Bahía Blanca, se esquematizó metodológicamente el posible recorrido que Facundo Astudillo Castro habría realizado desde las primeras horas del 30 de abril pasado hasta las primeras horas de la tarde de esa misma jornada en la que fuera visto, según diversas versiones, por última vez.

El trayecto trazado en el esquema de referencia fue diseñado en función de las pruebas físicas, documentales y testimoniales, y técnicas producidas hasta el momento en el marco de la investigación. Su análisis e integración debe ser efectuado con la concreción del estudio integral de orden técnico oportunamente requerido por esa Procuraduría.
Por otra parte, la PROCUVIN sugirió la citación de diferentes personas a prestar declaración testimonial.