97 femicidios en cuatro meses

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El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación registró hasta ayer 97 casos de femicidio, de los cuales 10 corresponden a femicidios vinculados, 2 personas trans y 2 suicidios feminicidas.

De la investigación surge que las provincias que registraron mayor cantidad de casos son Buenos Aires con 35 (incluye 2 en CABA), en Santa Fé 12, Tucumán 7, Córdoba y Santa Cruz 6 casos respectivamente, Misiones 5 y Jujuy 4 casos.

También se puede asegurar que el 38,4% de los asesinatos fueron cometidos por parejas/esposos, el 25,3% por ex parejas, el 11,1% por desconocidos y el 31,3% incluye a padres, padrastros, tíos, hijos y nietos. En tanto que el lugar de mayor peligrosidad para la víctima es su domicilio o el domicilio compartido con el victimario.

El registro y sistematización de datos incorporado por este observatorio fue realizado a partir de un seguimiento exhaustivo de información periodística, tanto de medios nacionales como de medios locales y es por eso que se destaca la labor periodística, ya que ha hecho posible que, en este contexto de aislamiento preventivo y obligatorio, se hayan podido visibilizar estos hechos de violencia extrema hacia las mujeres.

En base a la medición elaborada por el observatorio, durante los últimos cuatro años se reflejó un número similar de casos entre los meses de enero a abril, con un resultado de 110 casos en el año 2017, 95 casos en 2018, 94 casos en 2019 y 97 en el 2020, teniendo en cuenta que aún hay casos del período actual que se encuentran en investigación.

Si bien la cantidad de femicidios se mantuvo a lo largo de estos años, se pudo observar un destacado incremento en la cantidad de denuncias efectuadas por mujeres en riesgo de violencia desde el período que comenzó el aislamiento preventivo, y también gran cantidad de denuncias de familiares y allegados de las víctimas que reclaman por falta de perspectiva de género en el tratamiento de los casos.

Respecto a lo anterior, resulta necesario que los responsables de intervenir ante estos hechos accedan a la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres, permitiendo un buen abordaje y mejor manejo de sus funciones, el cumplimiento de la Ley Micaela debe ser efectivo para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

Así también de necesaria y urgente debe ser la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral a nivel nacional. El cumplimiento de estas leyes permitirá encarar desde los distintos niveles etarios una problemática basada en una situación de desigualdad que históricamente ha priorizado al hombre en desmedro de la vida de la mujer.

A la luz de las denuncias efectuadas ante diferentes medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo de la Nación, rechaza las recientes medidas adoptadas por Jueces que ponen en riesgo a las mujeres que han sido víctimas de violencia y pide a los mismos a rever cualquier decisión que las afecte directamente y que se extremen las medidas de control frente a cualquier tipo de amenazas a las que pudieran estar expuestas.

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“No solo se encubre a quien mató a Kathy, sino todo el trasfondo de droga, narcotráfico y chicas explotadas”

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“Está claro y acreditado que hubo un apriete a personas para que no investiguen, para que se callen, hay 19 personas amenazadas. Hay un desvío para no llegar a las fiestas que hacían los personajes del poder, con patovicas de Arenas y otros boliches con chicas de extrema vulnerabilidad”, dijo a FM De la Calle el abogado de la familia de Katherine Moscoso, Leandro Aparicio.

Días atrás la familia de Kathy presentó un escrito de 325 páginas en el cual denunciaron a 21 personas por la “probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, sin perjuicio de formar parte todos ellos de una asociación ilícita, formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables, presionar y amenazar testigos y policías”.

La denuncia será tramitada por la Fiscalía de Delitos Complejos del Departamento Judicial de Azul. Asimismo, solicitaron la detención de tres personas, dos de ellas comisarios.

“Planteamos en la denuncia quiénes son los autores del encubrimiento porque una vez que aparece el cuerpo se organizó todo para matarlo a Canini, o dejarlo matar, y permitir el incendio de los edificios y de una casa particular donde estaban las filmaciones que comprometían a quienes podían a haber matado a Kathy”, mencionó Aparicio.

Agregó que “antes de que aparezca el cuerpo de Canini todos los inspectores del centro de monitoreo fueron amenazados. El fiscal Del Cero, mal y tarde y dándole ventajas a las personas, hace allanamientos a fines del 2017 y habla de asociación ilícta, habla de policías. Hace eso para cumplir y después se va. Viego aparece desde un plato volador y me dice que cuando yo hablo de asociación ilícita soy un irresponsable”.

La investigación señala que “Katherine Moscoso ingresó al boliche Arenas y conversó con Martín Fernández, dueño del boliche y hermano del intendente de Monte Hermoso y con los patovicas Martín Iribarra, Pedro Rupell, y David “Kun Kun” Tello. Y luego se dirigieron a la casa de Sergio “el Pelado” Sánchez en el barrio El Sauce”.

“Todos mienten, hay varias páginas donde se prueba que mienten. No es el único femicidio el de Katherine, no es la única chica violada en Monte, hay chicas desaparecidas que se quieren tapar. No solo se encubre a quien mató a Kathy, sino todo el trasfondo de droga, narcotráfico y chicas explotadas”, finalizó el abogado.

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“Vivo con miedo constante”, dijo la mujer que denunció al padre Mauro

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La mujer que denunció por abuso sexual al cura católico Mauro Enrique Cantanhede Ferreira contó a FM De la Calle que la causa judicial no registró avances y que continúa sufriendo presiones mediáticas y de integrantes de la comunidad de la Parroquia San Roque.

El 13 de noviembre se presentó en la Comisaría de la Mujer. Luego declaró en Fiscalía y, desde entonces, está a disposición de la justicia. Sin embargo, las pericias fueron programadas recién para este mes y finalmente suspendidas por la feria. Tampoco se peritaron pruebas materiales como celulares, mensajes, fotos, videos y correos electrónicos.

En una extensa entrevista, la cual puede escucharse en el audio que acompaña esta nota, la víctima señaló que hay otros dos casos de abusos de chicas que no se animaron a denunciar. “Cuando me enteré dije no soy solo yo, hay otras. Él sabía que no iba a poder hablar, no necesitaba ponerme un arma en la cabeza para que yo haga o diga una determinada cosa”.

La joven manifestó que en primera instancia no le quisieron tomar la denuncia en la comisaría: “Me decían que vaya a Fiscalía, que se movía mucho más rápido. Sin embargo, la hice. En Fiscalía me tocó hacer la ampliación y fue revictimizante por el tipo de preguntas que me hicieron. ¿Vos sabés si tiene una contextura diferente? ¿Si es más flaquito? ¿De qué manera te amenazó? Un abuso no se da si a vos te gusta o no o si la persona es más flaquita que vos, tiene que ver en el poder que ejerce sobre uno”.

A pesar de las recomendaciones en sentido contrario, la mujer decidió avanzar también en la búsqueda de justicia en el ámbito eclesial. Los juicios canónicos son procesos institucionales donde autoridades de la Iglesia Católica escuchan a la víctima y deciden -sin ninguna garantía ni devolución hacia ella- si corresponde sancionar o no al acusado. Las “condenas” van de “castigos espirituales” a la excomunión. Aunque la historia suele terminar en algún archivo secreto.

“El proceso eclesiástico quedó detenido. Me llamaron a declarar en una habitación chiquita, yo sola, con un cura de Italia especialista en derecho canónico y el padre hindú era el notario, es el que oficia misa en San Cayetano y San Roque. Me hicieron preguntas tremendas porque fue relatar todo nuevamente”.

“Hablo de vulneración de derechos porque no te permiten acompañamiento del abogado, en este caso sabían cómo estaba yo, no me dejaron entrar ni con psicóloga, ni psiquiatra, ni acompañante. Salí muy mal, temblando. Lo único que se me dijo es que se iba a analizar si dejan todo archivado o no”, relató sobre la audiencia realizada en la Curia bahiense.

Agregó que contó “todo delante del obispo, llegué a mostrarle las imágenes y conversaciones que me mandaba y él mismo obispo se tapaba la cara. No creo que la conducta se haya dado solo conmigo. Evidentemente si la iglesia lo respalda, está respaldando este tipo de conductas. Por eso digo que no quiero que le pase a más nadie, no quiero que nadie más salga dañado”.

Para la denunciante notas como la publicada semanas atrás por La Nueva en abierto apoyo al párroco cuando aún ni siquiera se realizaron las pericias a víctima y victimario, son un mensaje para acallar a otras personas abusadas.

“Las notas diciendo que él va a seguir siendo cura, que él sigue siendo normal, que ya va a poder hablar… para quienes fuimos víctimas es tremendo. Y para quienes no denunciaron les da más miedo, esa sensación de impunidad, de que si hablan no va a tener sentido. Sumado a que con esto del encierro yo tengo que estar 24 horas donde ocurrió el hecho”.

La mujer recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico: “Duermo pocas horas y me despierto con pesadillas donde vuelvo a revivir esto. Vivo con miedo constante, cualquier estímulo que vea en una imagen, un sonido, una sensación táctil me da miedo, asco, me quiero bañar y sacarme la sensación de asco y suciedad. Quiero que esto se sepa para que se pueda actuar y que reciba la sanción necesaria, a nivel de la justicia y de la iglesia”.

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“En el Día de la Tierra pidamos disculpas por el daño que le hemos causado”

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Centenares de personas, organizaciones y asambleas de países de Latinoamérica, América del Norte, Europa, Asia, Africa y Oceanía, en tiempos de cuarentena se autoconvocaron para realizar un llamado a la Acción Global por una Democracia de la Tierra.

La pandemia nos recuerda que violamos los derechos de la Tierra y de todas sus especies por nuestra cuenta y riesgo, y que sería prudente que consideráramos los conocimientos y la sabiduría ancestrales de los pueblos originarios, guardianes de la Tierra a lo largo de los tiempos, cuyo profundo respeto por la Tierra se basa en la conciencia de la interconexión de toda la vida. Dañar una parte significa dañar el todo.

Esta pandemia no es un “desastre natural”, al igual que la crisis de la extinción de especies y los extremos climáticos no son “desastres naturales”. Las epidemias de enfermedades emergentes son antropogénicas – causadas por actividades humanas.

La emergencia sanitaria a la que nos enfrentamos como comunidad mundial está relacionada con la emergencia sanitaria a la que se enfrenta la Tierra: su constante degradación, la extinción y desaparición de especies y la emergencia climática.

Cuando utilizamos venenos y agrotóxicos, como insecticidas y herbicidas para matar insectos y plantas en el modelo industrial de agricultura, producimos desertificación, contaminamos el agua, el suelo, el aire y destruimos la biodiversidad.

Los agrotóxicos están llevando a la extinción a las especies, incluyendo a los agentes polinizadores, como hemos visto en la drástica disminución de las abejas.

Cuando hacemos minería metalífera a cielo abierto utilizamos millones de litros de agua que es esencial para la vida humana y la naturaleza.

Cuando practicamos la fractura hidráulica o “fracking”, alteramos la conformación geológica y aumentamos el riesgo sísmico.

Cuando quemamos el carbono fósil que la tierra ha fosilizado durante 600 millones de años, violamos las fronteras planetarias. Al industrializar y globalizar nuestros sistemas alimentarios contribuimos hasta un 50% de los gases de efecto invernadero y el cambio climático es la consecuencia.

En el Día de la Tierra, pidamos disculpas por el daño que le hemos causado con la ilusión de la separación, creando paradigmas y herramientas violentas que han hecho la guerra contra la Tierra. Apreciemos su magnificencia y su belleza que tanto eleva nuestros espíritus y comprometámonos a hacer la paz con la Tierra y todas sus especies co-creando con ella sobre la base de sus leyes de la vida.

La Tierra nos ha dado un claro mensaje a través de la pandemia del Coronavirus. Es nuestro imperativo moral, dedicar este momento en el tiempo para hacer una transición a una civilización ecológica para que sembremos las semillas de un futuro común para la humanidad y todos los seres.

Acceso al documento en español: www.naturalezadederechos.org/TIERRA.pdf

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Endeudamiento popular: el futuro es una quimera

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El endeudamiento de los sectores populares es una estrategia de supervivencia racional en un contexto de privaciones sistemáticas que busca la resolución del problema de subsistencia actual, independientemente de las dificultades futuras.

“En el transcurso del tiempo entre la toma de deuda y los pagos, no puede descartarse un cambio en el escenario laboral o de ingresos extraordinarios que facilite abonar el compromiso. Y en todo caso, ¿cuánto peor se puede estar?”.

Así lo plantea una investigación coordinada por el economista Francisco Cantamutto, de la cual participaron les estudiantes Aldana Benedetti, Julieta Giovannini y Nicolás Pérez.

El documento fue publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (Conicet-UNS) y es presentado públicamente mediante una cobertura colaborativa entre FM De la Calle y el Boletín Tramas.

El trabajo advierte que no debe considerarse que “las clases populares tomen deuda con la intención de no pagar. De hecho, más bien lo contrario, suele considerarse que entre la población con mayores carencias hay más probabilidades de cobro. Entre otros motivos, porque cuentan con su reputación y sus relaciones sociales como uno de los pocos activos que le permite tomar deuda”.

El informe refleja las opiniones de 17 personas que trabajan en 14 organizaciones con presencia en barrios de la periferia de Bahía Blanca. Algunas son vehículo de políticas públicas (programa Primera Infancia, Envión o el Fondo Solidario Rotativo de Materiales) o equipos oficiales encargados de su puesta en marcha, otras gestionan crédito solidario, tienen merenderos o comedores, emprendimientos productivos, se dedican a dar talleres, apoyo escolar u organizan espacios recreativos y artísticos. Los testimonios fueron recogidos entre el 10 y el 26 de marzo.

Los gastos de supervivencia y los ligados a mejoras marginales en las condiciones de vida fueron los más referidos, aunque también existió un grupo de motivos vinculado a la inversión en el funcionamiento de emprendimientos propios. Respecto de los acreedores, se identificaron 13 agentes, tanto privados como públicos, con diversos requisitos de acceso, montos prestables y tasas de interés.

Foto: Horacio Culaciatti (@horacioculaciatti) Otro parche! Y a por muchos rounds.

Les investigadores evidenciaron “el rol activo del Estado como promotor del endeudamiento popular por diversas vías, tanto directas como indirectas” y que “la responsabilidad en el deterioro de las condiciones sociales se conjugó con el impulso a la financierización de las necesidades”.

Resaltaron que las mujeres de las clases populares fueron “particularmente vulneradas por este proceso, debido a la carga de tareas vinculadas al ámbito de lo doméstico y los cuidados. Las mujeres han sido constituidas en las principales destinatarias del crédito, sin ningún tipo de vínculo con una idea de empoderamiento. Emergen así de la crisis sufriendo mayor precariedad”.

“La toma de deudas con diferentes actores es un recurso disponible, aprovechado de forma generalizada por las clases populares. Existe muy poca planificación del crédito en cuestión, siendo considerada una herramienta para resolver la necesidad actual. Los efectos posteriores del crédito (el pago, más concretamente) son problemas del futuro, que serán resueltos cuando se presenten. Ante la urgencia de la necesidad, que impide solventar el presente, el futuro es una quimera”.

¿Para qué se endeudaron?

La investigación detectó once motivos vinculados al financiamiento de gastos de supervivencia, mejoras en las condiciones de vida o para realizar inversiones vinculadas a negocios o emprendimientos propios.

Gastos de supervivencia

  • Gastos cotidianos, especialmente comida.
  • Pago de las facturas de servicios públicos.
  • Pago de alquiler.
  • Gasto extraordinario, mayor al cotidiano, que puede ser estacional -como el inicio de clases, la llegada del invierno y la necesidad de calefaccionarse, o las fiestas de fin de año o para afrontar una eventualidad.
  • Mantenimiento.
  • Pago de otros créditos previos.

Gastos para mejorar las condiciones de vida

  • Para la compra de electrodomésticos, ropa y otros.
  • Para realizar mejoras o reparaciones en la vivienda.
  • Pago de terrenos.

Inversiones vinculadas a negocios o emprendimientos propios

  • Compra de máquinas.
  • Compra de mercadería e insumos.

El informe sostiene que “la deuda en las clases populares se consolida como un mecanismo de empobrecimiento de segundo orden, que genera transferencias hacia los acreedores sobre un ingreso ya insuficiente”.

“Esto supone también un mecanismo de control social, que sirve para disciplinar a los sujetos endeudados: se toleran condiciones de vida y trabajo que de otro modo no serían aceptables, en aras de pagar sus deudas”.

¿Con quiénes se endeudaron?

Respecto a los acreedores, las personas entrevistadas coincidieron en que la ANSES es el organismo más reconocido. Un 80% de la población de los barrios populares tomó créditos para cubrir gastos de superviviencia o mejorar sus condiciones de vida. Casi la totalidad son mujeres beneficiarias de la AUH a quienes se les descuenta el pago mensualmente.

Foto: Horacio Culaciatti (@horacioculaciatti) os hilos de Cloto, Láquesis y Átropos.

Los bancos no tienen llegada, a diferencia de las casas de electrodomésticos que ofrecen compras en varias cuotas con pocos requisitos. Si bien estas son a largo plazo tienen un alto costo de financiamiento.

La falta de alternativas lleva al endeudamiento en casas de crédito, las cuales ofrecen dinero a sola firma aunque con altas tasas de interés. “Mayormente las mujeres son titulares de estos créditos con acuerdo o presión de sus parejas ya que muchas se emplean formalmente como trabajadoras domésticas o manejan la economía del hogar.

Otras fuentes son las familiares: permiten préstamos ágiles, sin formalidades, y son generalmente de montos bajos destinados a las compras cotidianas o, excepcionalmente, por ventas intrafamiliares de terrenos. El mediador político también suele ser requerido para financiar la compra de terrenos o materiales para la construcción.

La presencia del Municipio es limitada y fue mencionada en casos de créditos para microemprendimientos o para mejoras habitacionales mediante fondos rotativos de materiales. Estos últimos son gestionados por organizaciones no gubernamentales y tienen un espíritu solidario que necesita de su pago para ser recibidos por otras familias. La presencia provincial también es muy escasa e involucra préstamos blandos pero de muy difícil acceso.

En el caso de los negocios barriales se registra el “fiado” para deudas a corto plazo que suelen cubrirse con el cobro de asignaciones o cuya falta de pago deteriora las relaciones vecinales.

Los jóvenes varones suelen requerir adelantos salariales de sus patrones y empleadores para afrontar gastos que serán cubiertos con trabajo futuro.

Los prestamistas informales, usureros o mesas de dinero, suelen ser accesibles y entregan diversos montos. En caso de incumplimiento los acreedores tienen capacidad de vulnerar la reputación del deudor por pertenecer a su misma red de relaciones sociales.

Finalmente, las ayudas económicas entre vecinos/as se da mediante contratos verbales y en caso de incumplimientos permiten la comprensión o pueden derivar en situaciones de violencia.

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Endeudamiento popular: “El Estado es un agente promotor de deuda”

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“Detectamos once motivos de endeudamiento, seis de los cuales tienen que ver con la supervivencia más básica, la mayor parte va a los gastos de subsistencia. Hay una discusión muy grande que tiene que ver con el Estado como un agente promotor de la financierización”, dijo a FM De la Calle Francisco Cantamutto.

El economista coordinó una investigación sobre endeudamiento de los sectores populares y destacó  que allí donde no llega el sistema financiero tradicional, “el Estado cumple un rol activo en hacer llegar las lógicas de las finanzas y hace que a las condiciones de vulnerabilidad que normalmente suceden se les redoble el problema del disciplinamiento por la deuda”.

El documento destaca cinco vías mediante las cuales el Estado promovió el endeudamiento familiar en los barrios de nuestra ciudad.

La primera comprende a la “política económica que generó un mecanismo de empobrecimiento, por la vía del tarifazo, de las subas de intereses, de la apertura de las condiciones de desregulaciones y la precarización del mercado de trabajo. Generó mayor pobreza y fomentó que hubiera que buscar alguna alternativa para salir y levantar cabeza”.

Por otro lado, mencionó la desprotección de derechos sociales provocada por el retraimiento presupuestario de las políticas públicas.

El Estado promovió el endeudamiento desde todos sus niveles: municipal, provincial y nacional. “La Municipalidad tiene dos vías de crédito, una con emprendimientos de pequeña escala y otra con refacciones de vivienda. La Municipalidad en lugar de ofrecer otras vías lo hace por vía de crédito. En provincia pasa algo similar, cuando se tomaba un crédito activamente aparecía la promoción de más vías de financiamiento, te ofrecían más deuda para patear para adelante. Desde el Municipio, para muchas políticas que tenían que ver con acceso a ferias te obligaban a tomar un crédito”.

Los créditos de más alcanceen los barrios populares fueron los entregados por la ANSES. “El trámite es muy accesible y esto ha hecho que las familais se endeuden por el triple de sus ingresos. Las tasas de interés que prestó ANSES superaban el 50%. Como se quitaba el pago de las cuotas directamente de los ingresos se generó que, lo que un primer momento fue un salvavidas se transforme en un yunque”, afirmó Cantamutto.

Los otros dos ejes son la desregulación del sistema financiero y el otorgamiento a través del amparo del accionar abusivo de prestamistas de las clases populares.

“Haber sostenido la regulación del sistema financiero, hizo que otras vías de crédito más cercanas a criterios solidarios hayan prácticamente desaparecido producto de una regulación que permitía a las grandes casas de bancos o negociados pasar por encima a créditos solidarios. El sistema financiero en Argentina no hace llegar el crédito a las pymes, menos a las cooperativas y ni hablar a la gente que no tiene recibo de sueldo. Es un sistema que no tiene alcance de ninguna vía de democratización del crédito”.

“El quinto mecanismo es convalidar acciones abusivas como las de las casas de préstamos y de venta de electrodomésticos. Son entidades financieras y no están alcanzadas por al regulación, entonces hay prácticas usureras y abusivas”.

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¿Por qué se endeudaron los sectores populares?

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El endeudamiento de los sectores populares estuvo directamente motivado por la degradación de la realidad social que se vive en los barrios bahienses y la ausencia de políticas sociales por parte del Estado.

Así lo demuestra la investigación realizada por el economista Francisco Cantamutto y les estudiantes Aldana Benedetti, Julieta Giovannini y Nicolás Pérez, quienes manifestaron que “si bien la situación social era mala, en 2018 se agudizó a partir de la salida de capitales y el acuerdo del gobierno de Cambiemos con el FMI”.

Las deficiencias en infraestructura tuvieron un gran impacto en las condiciones de vida y obligaron a multiplicar los gastos asociados a la precariedad a casi un tercio de la población de nuestra ciudad que vive bajo la línea de la pobreza.

El deterioro del mercado laboral fue “muy significativo, con carácter generalizado y profundo”. La desocupación creció y los salarios perdieron la carrera con la inflación. Los tarifazos significaron una carga incompatible con los ingresos de las clases populares. El corte de servicios aumentó los riesgos, por ejemplo por el reemplazo del gas por la leña, y el encarecimiento del boleto de transporte dificultó la llegada al centro para conseguir trabajo o acceder a políticas sociales.

La caída generalizada del consumo provocó el cierre de más de dos mil pymes y golpeó también a los comercios barriales. Se dificultaron los cobros y se rompió la cadena de pagos, lo cual generó que más personas salieran a buscar un empleo y usaran la deuda para suplir el ingreso faltante.

En el caso de las políticas sociales, muchos programas fueron dados de baja o sufrieron recortes presupuestarios. También se registraron diversos problemas que restringieron su acceso: las condiciones laborales variables generaron complicaciones administrativas, los trámites eran engorrosos, hubo falta de unidades de atención del Estado en los barrios y se sobrecargaron los servicios sociales. La mayor cantidad de necesidades y los escasos recursos para distribuir tensionaron la red de relaciones barriales.

“Esto no solo crea desconfianzas y rencores, no es un efecto colateral sino un objetivo de las políticas. Se trató de una búsqueda por evitar la organización colectiva en los barrios, algo que dificulta organizar las demandas populares”, sostiene el informe.

Por otra parte, les investigadores destacaron que quedó en evidencia la invisibilización de las tareas de cuidado, lo cual afecta mucho más a la población sin recursos para contratar a terceros que realicen esos trabajos.

“Al encarecimiento de los consumos básicos para la vida y la pérdida de fuentes de ingreso, se sumó la falta de respuesta del Estado. La deuda apareció como una vía para solventar parte de este abandono”, concluyeron.

Salidas colectivas

Los testimonios de integrantes de 14 organizaciones consultades para la investigación, relataron que ante este panorama surgieron propuestas solidarias con “un fuerte reconocimiento mutuo frente a la adversidad y la necesidad de consolidar redes de protección en el tiempo”.

“No se trata del favor persona a persona sino de entramados de relaciones que involucran a terceras personas en diversos formatos de organización colectiva”.

La cooperación se impuso sobre la caridad y permitió resolver urgencias alimentarias mediante ollas populares, el compartir mercadería o conformar efímeras “cooperativas” de compras o “vaquitas”. De la misma manera se atendieron necesidades habitacionales o se sostuvo el comercio barrial.

Todos los caminos conducen a la deuda

Entre los efectos que produjo esta realidad social, les investigadores mencionaron el incremento de los pedidos de comida, con comedores populares que pasaron de cocinar para niñas y niños a hacerlo para toda la familia. Esto no implicó “solo malestar económico o fisiológico sino un deterioro en la autoestima con efectos secundarios difíciles de determinar”.

Los problemas fueron y son mayores en la segunda quincena del mes cuando se agotan los recursos de la Asignación por Hijo y se debe recortar cualquier gasto no esencial dejando la sensación de que “tanto esfuerzo no sirvió para nada”.

Al deterioro del mercado laboral se le suma el empobrecimiento de las clases populares mediante la falta de empleo y la caída de los ingresos. Se produce una mayor competencia por los mismos trabajos, “nuevos pobres” compiten con más recursos y más integrantes de las familias deben salir para elevar los recursos. Esto último en ocasiones involucra a menores o les expone a riesgos cuando deben quedarse en casa a su propio cuidado para que les adultes busquen trabajo.

Por último, se registran más afecciones psicológicas ligadas a la impotencia ante la situación y la falta de empleo. Los más afectados son los hombres que no pueden cumplir el rol de “proveedores” que les impone la lógica patriarcal. Aumentan el alcoholismo y la violencia machista, la cual muchas veces obliga a las madres a retirarse del hogar con sus hijes empeorando las condiciones de vivienda y de trabajo.

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Huelgas de hambre en las cárceles

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A última hora de ayer se lanzó una huelga de hambre generalizada en las cárceles en reclamo por la falta de asistencia ante la expansión del coronavirus entre la población penitenciaria.

Son aproximadamente 131 unidades con casi 100 mil detenidos.

“Hay una sobrepoblación del 113% y ya hubo coronavirus positivo en cárceles federales y provinciales, específicamente en Devoto y el complejo de Varela. Estamos asistiendo a las familias y al conjunto de detenidos, tenemos un relevamiento del 20%. Alvear, Sierra Chica, Olmos, Varela y en el sistema federal la encabeza Devoto. Mendoza, Santa Fé, Corrientes, Córdoba, Río Negro, Viedma y Entre Ríos, son las localidades que se sumaron”, comentó Estefanía, integrante del MTE.

“Hemos elevado a las defensorías los petitorios para que asistan a los detenidos. Como organismo venimos trabajando hace una semana en esto, ayer estuvimos hablando específicamente con los detenidos que viven con un interno que tiene coronavirus en Varela. Hay situaciones de salud extrema con juzgados que les han negado beneficios por pura arbitrariedad”.

A través de Juan Grabois,  representante de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, se presentó un petitorio al Poder Ejecutivo para que conmute las penas.

“Estamos convencidos que es el único organismo que puede contener a quienes salgan. Es necesario que salgan porque si no va a haber muertes masivas no solo de detenidos, del personal de penitenciaria. No se tomó ninguna medida después de conocerse esto en Varela, están viviendo 18 personas en celdas para seis. Esto es culpa del Poder Judicial que no toma medidas”.

Respecto de los juzgados señaló que “dicen no hay coronavirus en el penal, el preso está tranquilo, es más probable que se contagie afuera. Ahora ¿qué hacemos en el complejo de Varela donde hay madres con chicos?”.

Estefanía mencionó que desde la rama de liberados del MTE están realizando ollas populares en el barrio Nueva Quilmes, en Federico Baeza 1444. Por donaciones comunicarse al 2914161684.

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“No lo regalaron, no lo abandonaron, no se olvidaron”

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La madrugada del 17 de abril de 1977, Graciela Romero dio a luz en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita de Bahía Blanca. Hoy, ese hijo gestado junto a Raúl Eugenio Metz cumple 43 años y no conoce su identidad.

Su hermana Adriana tomó la posta de la búsqueda que iniciaron sus abuelas y abuelos para que él sepa “su verdad”.

“Los vínculos se crean y para eso hay tiempo pero para conocer la verdad no hay que demorar mucho. Pensando en las Abuelas que tienen más de 80 años, que no les queda mucho. No estamos exentos los de 40 que nos pase algo y no tener eso. No lo regalaron, no lo abandonaron, no se olvidaron y él no se perdió. Fue robado. Teniendo la posibilidad de saber la verdad, que se anime, es todo ganancia”, le dijo Adriana por FM De la Calle.

Graciela y Raúl fueron desaparecidos y, desde entonces, Adriana caminó junto a sus abuelas y abuelos. “Con el tiempo y con el hacerme cargo de mi historia y de que mi hermano haya nacido en un centro clandestino comencé esta búsqueda, me acerqué a Abuelas”.

“Cuando nació mi hermano yo tenía 2 años, mis abuelas creían que había nacido por abril, hasta que Alicia Partnoy dijo que fue testigo del nacimiento de mi hermano, no por haberlo presenciado sino por estar en el lugar. Ahí comenzó la búsqueda específica y poder decir: Graciela y Raúl tuvieron un varón que nació en el 77 en La Escuelita”.

“Cuando se dieron cuenta de que esto venía así, mi abuelo entendió que la búsqueda no iba a ser individual y se acercó a las Abuelas en Capital y arrancó la búsqueda colectiva”, contó Adriana.

Durante el aislamiento las Abuelas de Plaza de Mayo realizan la campaña “Mientras #NosQuedamosEnCasa ayudemos a que otros y otras #VuelvanACasa“. 

Si conocés a alguien que podría ser uno de los nietos o nietas que estamos buscando, escribí a [email protected] y si necesitás que te orienten en el proceso de búsqueda, para que estés listo/a cuando finalice la cuarentena, mandá un mail a [email protected]

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Represión policial: desafectan a cuatro oficiales por golpear a un joven

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Cuatro efectivos policiales fueron desafectados luego de golpear a un joven que paseaba al perro. Luciano intentó hablar con el oficial que lo detuvo en la esquina de la casa y explicarle que estaba sacando al animal debido a un problema de salud. Recibió una golpiza y fue detenido. Junto a él se encontraba su pareja, quien también denunció golpes por parte de la policía.

“Ni siquiera lo insulté, le dije que me acompañe a buscar los permisos a una cuadra, me agarró del cuello, me tiró al piso, me puso una pata en al cabeza. Esta la cámara del SIPREVI, el intendente que ponga cartas en el asunto. Soy un laburante podrido de todo esto. Me siento con bronca, no actué, nunca le levanté la mano. Nosotros no tenemos derechos. Me re cagó a palos, mañana tengo que trabajar ¿como voy a ir? Me dejaron en un patio perdiendo sangre”, mencionó.

Denunció que estuvo en la comisaría desde las dos de la madrugada hasta las siete de la mañana y que en todo ese tiempo no se pudo comunicar con nadie ni recibió atención médica.

“No tienen porqué golpearnos. Ni siquiera le hablé fuerte, que alguien ponga cartas en el asunto. Estoy lleno de permisos para andar en regla”, argumentó.

Su pareja comentó: “Quise defender a mi marido, me agarraron dos mujeres policías y me pegaron piñas. Me pusieron las esposas”.

Además de la intervención de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, se tramita una causa penal a partir de la denuncia realizada por la médica que atendió a la víctima luego de ser liberado.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA repudiaron el hecho, reclamaron sanciones para sus responsables y recordaron que quienes hayan sido víctimas o testigos de violencia policial pueden denunciarlo al 2914440881 o al 2915038363 o escribiendo a [email protected]

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Aislamiento: ¿cómo deben actuar las fuerzas de seguridad y dónde denunciar abusos?

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La Secretaría de Derechos Humanos de la CTA bahiense habilitó líneas telefónicas para denunciar si sufriste o fuiste testigo de abusos policiales cometidos en el marco del control del aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el gobierno nacional.

“Esta situación no puede justificar, bajo ningún atenuante, el hostigamiento y la violencia ejercidos por las fuerzas de seguridad. Se están multiplicando los casos de violencia policial en los sectores más vulnerados, que, no por casualidad, son los más afectados en esta situación al no poder contar con recursos para alimentar a sus familias”, afirmaron desde la central.

Ante las denuncias intervienen la Comisión Provincial por la Memoria y abogades de nuestra ciudad. Para que la violencia no sea pandemia llamá al 2914440881 o al 2915038363 o escribí a [email protected]

Los siguientes relatos corresponden a hechos ocurridos en barrios de Bahía Blanca:

“Una mujer y su esposo con discapacidad sales de su domicilio al almacén, distante a unos cien metros. La policía les recrimina que no puede salir más de uno a hacer las compras. La esposa explica la discapacidad del marido y ofrece ir a buscar el certificado. Los agentes se niegan y afirman que llevarán al marido al destacamento policial. Insistiendo en el problema de discapacidad, les pide que la lleven a ella. En el destacamento, después de una espera considerable, le hacen firmar un acta de acusación pero se niegan a darle copia, ignorando si se le abrió una causa o es solo un apercibimiento. Se niega a ser fotografiada y es amenazada que si no lo hace va a quedar detenida. La devuelven a su domicilio y exigen que alguien acredite que vive allí, negando que pueda ser el esposo quien lo haga. Recurre a su madre, que habita frente a su casa y recién ahí se retira la policía”.

“Una mujer espera el colectivo y, casi al mismo tiempo de su llegada, se detiene un móvil policial. Le preguntan dónde iba y les responde que debía ir al cajero y a hacer las compras. Le piden el ‘permiso para salir a hacer compras’ y al responder que no sabía que existiera le dicen que ‘rige a partir de hoy’. La invitan a subir al patrullero diciendo que en la comisaría le harían el permiso. En el vehículo llevaban a otra mujer. En la comisaría la tratan de muy mala manera, le abren una causa y la fotografía de frente y de atrás”.

¿Cómo deben actuar las fuerzas de seguridad?

El 25 de marzo la Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad comunicó a las jefaturas de Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria una serie de recomendaciones “en el marco del control del cumplimiento del Decreto 297/2020”.

“El objetivo del aislamiento preventivo obligatorio es la reducción de circulación de personas en la vía pública, evitando a su vez la concentración de personas en las comisarías y dependencias de las fuerzas policiales y de seguridad. En tal sentido, la principal tarea que tiene el personal policial es garantizar que las personas que se encuentran circulando sin estar debidamente autorizadas, retornen inmediatamente a sus hogares para cumplir con lo establecido en el decreto”, afirmó el subsecretario Esteban Alves.

Agregó que “en relación a la posible identificación de personas que se encuentren en infracción a la norma, deberá recordar a todo el personal que deberá primar el buen trato y respeto, propiciando el diálogo”.

En tal sentido, el personal policial y de las fuerzas de seguridad deberá:

• Contar con gafete de identificación personal.
• Identificarse y explicar el motivo de la presencia en el lugar.
• Consultar sobre los motivos por los que la persona está circulando. Debe tenerse presente que existen numerosas excepciones al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que permiten el tránsito de personas que cumplan trabajos y/o brinden servicios en determinados rubros.
• Si la persona que se encuentra en la vía pública dice estar alcanzada por algunas de las excepciones, se solicitará que acredite dicha circunstancia. Debe contemplarse que mucha de la gente que se encuentre dentro de los rubros que habilitan la circulación, realiza la tarea por su propia cuenta, por lo que la validez del certificado que presenten deberá ser interpretada de manera razonablemente amplia.
• Si la persona se encuentra transitando el espacio público y acredita vivir por la zona, el personal policial puede acompañarla hasta su domicilio y asegurarse que ingrese al mismo. • En caso de que se compruebe que la persona está violando la cuarentena, transitando una zona alejada de su domicilio y sin estar contemplado en las excepciones legalmente previstas, se comunicará a la justicia penal para que se evalúe la pertinencia o no de iniciar acciones en función del posible incumplimiento al art. 205 y 239 del Código Penal Argentino. Al mismo tiempo, deberá informarse a la persona acusada el juzgado, fiscalía y defensoría interviniente.
• Si la persona es trasladada a la comisaría, deben hacerle conocer sus derechos de forma que sea comprensible. El personal policial y de las fuerzas de seguridad deberá informar sobre:
– La razón concreta de la privación de libertad.
– El derecho a realizar una llamada telefónica a fin de informar del hecho de la detención y el lugar donde se encuentra detenido/a.
– El derecho a designar abogado o abogada de confianza o un representante de la defensa pública y a solicitar su presencia inmediata para asistencia en las diligencias policiales o judiciales que correspondieren.
– El derecho que le asiste a que se realice un reconocimiento médico que verifique el estado psicofísico y, en caso de ser necesario, a recibir en forma inmediata asistencia médica.

Por último, solicito tenga a bien indicar a todo el personal que, en el marco del cumplimiento de las tareas asignadas, no podrá:

• Alejarse de los principios fijados en los protocolos de actuación que regulan el uso racional de la fuerza, esto es: legalidad, necesidad, proporcionalidad y progresividad.
• Realizar tareas de dispersión masiva a bordo de motocicletas o vehículos, de grupos de personas que se encuentren en la vía pública, recordando que el abordaje debe ser personal (con excepción de indicarse medidas de contención de tumultos para las cuales se impartirán órdenes específicas de las jefaturas de cada Fuerza).
• Proceder a la detención de manera compulsiva sin antes recabar los motivos por los que la persona se encuentra fuera de su domicilio.
• Realizar detenciones sin informar inmediatamente a la autoridad judicial interviniente.• Realizar traslados a comisarías o dependencias de las fuerzas de seguridad sin la intervención del Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal
• En caso que otra persona se encuentre tomando registro fílmico de la intervención policial, no podrá impedirse dicha actividad.

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Por una salida popular a la pandemia del coronavirus

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(Por Autoconvocatoria x la suspensión del pago e investigación de la deuda) Nuestro pueblo se encuentra atravesando una situación dramática por la pandemia del coronavirus. Junto a los demás pueblos del mundo, está transitando un hecho sin antecedentes contemporáneos y de consecuencias impredecibles, que requiere la toma de medidas de fondo, basadas en esta situación excepcional. Ante esta realidad y a modo de fortalecer las respuestas populares para enfrentar la crisis sanitaria y socioeconómica, la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda quiere compartir las siguientes reflexiones y propuestas.

El gobierno declaró el aislamiento forzoso y lo prorrogó hasta el 12 de abril. Es una medida necesaria para frenar la expansión del virus y evitar el colapso del sistema de salud, aun sabiendo que no afecta a todes por igual. Millones de personas están imposibilitadas de hacer cuarentena, por ejemplo, porque hay hacinamiento y ausencia de ingresos. Deben salir diariamente a resolver la vida cotidiana, lo que incluye acciones colectivas de prevención, caso de los comedores o merenderos. Ante esta realidad, son muchas las denuncias de abusos y represión de parte de fuerzas policiales y gendarmería, camino que debe quedar descartado igual que cualquier participación de las fuerzas armadas en el control interno. El parate de importantes sectores de la economía repica contra los ingresos de tantes trabajadores precarizades y la capacidad de muchas cooperativas, empresas recuperadas, trabajos autogestionados y PYMES a sostenerse. Estas situaciones vulneran aún más a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y disidencias, y la violencia machista se sigue ejerciendo, con 12 femicidios en apenas 10 días de cuarentena.

Por otra parte, los formadores de precios aumentan día a día la canasta básica a pesar de la disposición gubernamental de retrotraer alimentos y medicamentos a los precios del 6 de marzo pasado. El poder económico presiona contra el empleo y los salarios, aunque en el fondo buscan el levantamiento de la cuarentena. Ponen la ganancia, sus ganancias, por delante de la vida. Un caso evidente es el del grupo Techint que pretende despedir a 1450 trabajadores. Desde varias provincias llegan denuncias de la continuidad de los desmontes, las fumigaciones y el avance de la megaminería, aumentando la vulnerabilidad de los pueblos y comunidades, pese a las restricciones establecidas.

En este contexto, y ante la perspectiva de un agravamiento de la situación social, destacamos la urgencia de priorizar la atención de las necesidades de los sectores populares más vulnerables. Hoy todos los recursos deben orientarse a satisfacer derechos, incluyendo en primer lugar la salud y la alimentación.

Por eso, ahora más que nunca reclamamos al gobierno nacional y los gobiernos provinciales que suspendan todo pago de deuda pública. Rechazamos que en medio de este brutal agravamiento de la situación de crisis que ya se venía sufriendo, continúen los pagos al FMI, fondos de inversión y otros especuladores, co-responsables de esa realidad.

Con los U$S 250 millones que el gobierno nacional pagó en intereses el 31 de marzo, por ejemplo, se podría haber multiplicado por 9 el fondo especial establecido para reforzar el sistema de salud, o aumentado en forma sustancial el Ingreso Familiar de Emergencia que prevé otorgar $10.000 a hogares sin otro sostén. O se pudo haber prescindido de la toma de nueva deuda, como el préstamo de U$S 300 millones recién acordado con el Banco Mundial, perpetuando el sistema de expoliación y dominio de la cual la deuda forma parte central.

No se debe destinar un solo peso o dólar más al pago de esta presunta deuda, sabiendo además que lo que nos exigen pagar, más que una “deuda”, es una verdadera estafa al pueblo y los intereses de la nación. Reclamamos que se dejen sin efecto la ley 27.544 y el decreto 250/2020, que habilitan las actuales negociaciones de pago, y que se realice una investigación independiente y participativa de los pagos pendientes para anular directamente los que son ilegítimos, ilegales y odiosos.

Estamos igualmente convencidos que, por más necesario que es en este momento, no alcanza con no pagar. Es el momento para que paguen los beneficiarios del saqueo provocado con la estafa de la deuda, como los bancos, entidades financieras, monopolios, el agro negocio y el conjunto del modelo mercantilista, extractivista, especulador y transnacionalizado.

La situación de emergencia que se ha configurado exige un conjunto de políticas soberanas que defiendan la vida y el futuro del país. Algunas de ellas las veíamos como un escenario estratégico, pero la crisis y la pandemia las hicieron necesarias ahora. La prioridad debe ser sostener la economía popular, sostener e inyectar recursos al sistema público de salud, a los subsidios para quienes no pueden trabajar, y sostén a las empresas recuperadas, cooperativas y Pymes para producción de todo aquello que la sociedad requiera.

En ese espíritu ponemos a consideración de toda la sociedad, al igual que a los gobiernos, las siguientes propuestas:

1. Inmediata suspensión de todo pago de la deuda pública, incluyendo intereses, amortizaciones y comisiones. Investigación de su origen, usos y consecuencias para anular directamente. NO al inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento.

2. Repatriación de los casi 350.000 millones de dólares de activos de argentines en el exterior. Auditar los posibles fraudes y evasión fiscal en la fuga de divisas que les dieron origen. Aplicación de un fuerte impuesto de emergencia sobre las grandes fortunas.

3. Ningún despido, suspensión o rebaja salarial. Garantizar el cumplimiento del DNU N°329/2020. Que sean los grandes grupos económicos los que ganen menos para sostener a les trabajadores.

4. Multiplicar las partidas de alimentos, barbijos, alcohol en gel e insumos en las salas y centros de salud de los barrios populares y hospitales. Asegurar adecuada protección de todos los trabajadores de “sectores esenciales”.

5. Aumento del subsidio de emergencia para todos les trabajadores informales, monotributistas, cooperativistas. Asegurar el abastecimiento básico en los territorios más empobrecidos.

6. Asegurar la no suba de precios.

7. Supervisión del cumplimiento del aislamiento forzoso en manos de autoridades civiles y organizaciones populares, desmilitarizando los barrios, pueblos, ciudades y rutas del país. Facilitar las denuncias y asegurar la sanción de todo comportamiento abusivo por parte de las fuerzas policiales y de gendarmería.

8. Reforzamiento integral de las políticas públicas contra la violencia machista.

9. Declarar de interés público en manos del Estado el sistema de salud, incluyendo la medicina privada, prepagas, y monopolios farmacéuticos que controlan los medicamentos, camas e insumos hospitalarios, como acaba de hacerse en Irlanda.

10. Nacionalización de la banca y el comercio exterior, para tener pleno control de las divisas del comercio exterior y del crédito que es necesario para el desarrollo productivo del país.

11. Restablecimiento de una Junta Nacional de Granos y de Carnes para que el Estado, con control popular, maneje toda la cadena de alimentos. Asegurar que el monopolio agro exportador Vicentín pague sus deudas fraudulentas a la banca pública y que su capacidad de producir alimentos para millones de personas pase a control estatal.

12. Declarar como servicios públicos esenciales controlados por el Estado los recursos, transporte y comercialización de la energía.

13. Tierra para quien la trabaja, hacia una reforma agraria integral.

14. Rechazo a las medidas de bloqueo y hostigamiento sobre países que repercuten en la salud de la población -como en los casos de Cuba y Venezuela-. Por vinculaciones entre países solidarias y cooperativas, en favor de los pueblos.

La solidaridad del pueblo se viene manifestando de diferentes maneras ante esta emergencia, incluyendo a los sectores de la clase trabajadora que salen a cumplir y garantizar la salud y los recursos para el pueblo, aún desde sus realidades que muchas veces son de gran precariedad.

Estas propuestas buscan reforzar y complementar esa solidaridad desde abajo con acciones imprescindibles desde el Estado por lo que invitamos al pueblo trabajador a debatirlas y bregar por su implementación. Seguramente habrá otras que aporten a la orientación política y recursos necesarios para superar esta emergencia y avanzar con las transformaciones estructurales necesarias para lograr una economía, un país, al servicio de los pueblos y no de los intereses del capital. Juntes podemos asegurar una salida popular a esta pandemia.

-Argentina, 1 de abril de 2020

AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA

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38º aniversario: “Las Malvinas son argentinas, los torturadores también”

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Este 2 de abril se cumplen 38 años de la guerra de Malvinas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizará una mesa debate virtual “Las Malvinas son argentinas, los torturadores también”, que se transmitirá en vivo por la página del facebook oficial.

La causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en las islas tiene 13 años; en febrero cuatro militares fueron procesados por las torturas a soldados.

Otros 20 esperan el llamado a indagatoria. En el marco de la conmemoración por esta fecha, la CPM también lanza recursos virtuales para trabajar en el aula la causa Malvinas desde una perspectiva en derechos humanos y presenta un adelanto del documental sobre el histórico viaje a las islas.

De la mesa debate virtual -que será transmitida en vivo desde las 17 horas- participarán los ex combatientes Edgardo Esteban y Silvio Katz, Norma Gómez, hermana de Eduardo, uno de los 123 soldados que habían sido enterrados como NN en las islas, y el integrante de la CPM y ex combatiente de Malvinas Ernesto Alonso.

A 38 años de la guerra, la conversación propone un balance de la causa Malvinas que, desde una perspectiva en derechos humanos, retoma los reclamos históricos de los ex combatientes: memoria, verdad, justicia y soberanía. Y, en particular, el estado actual de la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en las islas.

En febrero pasado, el juzgado federal de Río Grande procesó a cuatro militares por torturar a los soldados bajo sus órdenes durante la guerra de Malvinas: Miguel Gardé, Belisario Affranchino, Eduardo Gassino y Gustavo Calderini. Otros 20 militares deben ser llamados a indagatoria.

La causa se inició en 2007, tiene más de 120 denuncias y 95 represores imputados. El Centro de ex Combatientes de las Islas Malvinas La Plata (CECIM) impulsó desde el primer momento este reclamo de justicia; hace varios años, con el objetivo de apoyar ese pedido, la CPM también se presentó como querellante.

Los ex combatientes que participan de la mesa tienen una larga trayectoria en la defensa de la causa Malvinas y se comprometieron, desde siempre, en la denuncia de estos crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas contra sus propios soldados. Silvio Katz es querellante en la causa y su testimonio forma parte del expediente judicial; Ernesto Alonso, integra desde 1986 el CECIM La Plata, del cual fue presidente y desde donde impulsaron la causa en la justicia federal; Edgardo Esteban tiene un destacado recorrido como periodista, fue guionista del film “Iluminados por el fuego” y en enero fue nombrado director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, convirtiéndose en el primer ex combatiente en ocupar ese cargo.

Los tres estarán acompañados en la mesa virtual por Norma Gómez, hermana de Eduardo, uno de los 649 soldados que murieron en la guerra y uno de los 123 que fueron enterrados como NN en el cementerio de Darwin. Norma fue una de las principales impulsoras de este reclamo y referente de las familias organizadas por la identidad de los 123; en diciembre de 2017, se identificaron los restos de Eduardo. Hoy ya son 112 los soldados enterrados como NN que lograron ser identificados.

Previo al inicio de la mesa debate, se proyectará un adelanto del documental sobre el viaje a las islas que realizó la CPM en 2017, un viaje histórico porque fue la primera vez que un organismo de derechos humanos pisó suelo malvinense.

Además, en el marco del 38° aniversario, la CPM también difunde una serie de recursos y materiales virtuales para visitar y utilizar de manera online. Se trata de una propuesta pedagógica para trabajar Malvinas desde una perspectiva en derechos humanos, que inscribe la guerra en el régimen militar que la produjo.

Estos recursos plantean un recorrido por diferentes dimensiones de la guerra de Malvinas acompañados de fotografías de los archivos de Télam, del Centro de ex combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y de documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) -gestionado por la CPM- y de las Fuerzas Armadas que dan cuenta del espionaje ejercido por el Estado sobre la organización y las demandas de los ex combatientes.

En estos archivos no sólo están las pruebas de la estrategia de la dictadura militar para encubrir lo ocurrido en las Islas sino también la resistencia de los que siguieron inscribiendo la cuestión Malvinas como parte de los reclamos por memoria, verdad y justicia.

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HLVS: murió Patricia Chabat

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La pedagoga, militante por los derechos humanos y sobreviviente del genocidio, Patricia Chabat, falleció el viernes pasado en La Plata, donde vivía desde su juventud. En la década del 70 fue secuestrada en una visita a Bahía Blanca y sufrió el cautiverio en el CCDTyE La Escuelita y la cárcel de Villa Floresta.

Plasmó su testimonio en diversas obras literarias como “Asuntos Pendientes”, “Cuatro Tiros y Té de Maracuyá”, “De Cuerpos Ausentes” y “No siempre se puede entrar y salir por la misma puerta”. Integró Justicia YA!, la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y la Unión Por Los Derechos Humanos.

Más de una década después de cruzarse con uno de sus torturadores, Julián “Laucha” Corres, en el marco de los Juicios por la Verdad, declaró ante el Tribunal Oral bahiense en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército.

En aquel entonces, recordó que fue secuestrada en diciembre de 1976 en casa la de sus padres de calle Enrique Julio. “Tengo la imagen de una persona que no pude ver. Un empujón, un golpe y lo demás es un recuerdo confuso”, comentó a los jueces.

En el asiento trasero de un coche con la cabeza entre las piernas fue trasladada a lo que luego supo era La Escuelita. “En ese lugar nos sacaban a torturar a un espacio que le decían el quirófano, ahí fui torturada, fue el 15 de diciembre, pasé a estar con otras personas, siempre vendada y las manos atadas, en un catre”.

Afirmó que en el centro de detención el suboficial Santiago “Tío” Cruciani cumplía el rol de “autoridad máxima, más allá de si lo era se comportaba de esa manera, te hacía saber que él iba a decidir sobre mi vida o muerte”.

Mencionó la visita que le realizó tiempo después en la cárcel el cura católico Aldo Vara a quien “había conocido cuando iba al secundario” y dijo que el religioso arremetió contra sus padres: “Me dice que me olvide de lo que pasó en La Escuelita y que todo lo que pasaba era responsabilidad de las personas que nos cuidaban, o sea nuestros padres”. Supuso que el sacerdote sabía de su paso por La Escuelita y confirmó que al menos estaba al tanto de su secuestro.

En la misma audiencia, su mamá Doris Lunsky de Chabat dijo respecto a la búsqueda de su hija: “Al día siguiente yo armé un bolsito, mi hija estaba haciendo un tratamiento, y me fui al Comando. No fui por la entrada principal sino por la lateral donde se hacía verificación de motores, ahí en la guardia le di el bolsito y le dije que le hiciera llegar a mi hija. Tomó el bolso, levantó un teléfono, después se puso muy mal y me dijo que no estaba en ese lugar”.

“Después me voy en el auto con un bolsito a la casa del padre Vara. Cuando llegué estaba su madre, le dije a la señora que le haga llegar el bolso. Al día siguiente se aparece el padre Vara en mi casa con el bolso para decirme que me quede tranquila que la chicas estaban bien cuidadas, yo le contesté con algo que no voy a repetir aquí”, agregó Doris.

Además dio detalles de su primer encuentro con el represor Delmé: “Había mucha gente conmigo en la cola, él me presenta una carpeta, empecé a leer y él me dice ‘Su hija estuvo en tal lugar en un atentado’. Le digo ‘No siga lo que tiene ahí, jamás se lo voy a creer. Todo eso que tiene ahí es mentira’. No me contestaba nada. Le digo ‘Mire señor, yo sé de dónde saca usted esa información que es de tercera personas’. Él me dice que sí. O sea las acusaciones eran cosas que querían hacerme creer a mí”.

Doris relató cómo se decidían las liberaciones de personas secuestradas a partir de la información que le acercó un amigo de la familia, Juan Amerio, que era retirado del Ejército. “El que tenía mayor poder de decisión era Tejada en las reuniones de ese cónclave, que integraban los oficiales y jefes de área. Se reunían una vez al mes y ahí se decidía a quiénes iban a liberar”.

Fuente: FM De la Calle – El Juicio desde la Calle.

Foto: Gabriela Hernández.

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La disputa por la Justicia y la Memoria

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Casi la totalidad de los genocidas condenados y en prisión por delitos de lesa humanidad configuran grupos de riesgo, ya sea por su edad o por alguna patología de salud.

En el marco del aislamiento por la pandemia del coronavirus muchos aprovechan para pedir la prisión domiciliaria. La abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Guadalupe Godoy, comentó en FM De la Calle cuál es la realidad de las cárceles y de los genocidas detenidos.

“Es una vieja discusión respecto si la condición etaria es motivo de otorgamiento de prisión domiciliaria. Muchos tribunales han dicho que no. Las condiciones sanitarias mínimas no son las condiciones de los pabellones de quienes están condenados por delitos de lesa humanidad, la mayoría de ellos fueron trasladados al complejo de Campo de Mayo, allí hay pabellones acondicionados y hay a seis minutos dentro del complejo el Hospital Militar, son condiciones que nada tiene que ver con las cárceles”.

Godoy agregó que “hay algunos jueces que están esperando algún tipo de decisión en materia de salud pública más genérica. En otros países se están tomando medidas que tienen que ver con el aislamiento a determinados grupos de riesgo y, por otro lado, según el tipo de delito, hay personas que están privadas de su libertad porque están por delitos con poca cantidad de pena, como por ejemplo por comercialización de estupefacientes. Hay jueces que dicen que hasta ahora no hay ninguna medida del Poder Judicial, en cambio otros jueces sin preguntar a la querella, sin pedir informes de condiciones otorgan las prisiones domiciliarias”.

A 44 años del comienzo de la dictadura cívico militar eclesiástica, Godoy destacó una anécdota: “Hace unos años un grupo de militantes habíamos ido a España, se habían hecho unos paneles sobre genocidio, en el momento en que se trataba de abrir las causas contra el franquismo. Los argentinos estábamos con que solo teníamos imputados a 200 genocidas, de que la mayoría estaban con domiciliaria y, en realidad, cuando se ven las posibilidades de justicia de los pueblos del mundo ante el genocidio nos damos cuenta de que como pueblo hacemos y hemos hecho cosas maravillosas”.

“Hemos podido construir esa memoria, ese valor. Lo tenemos que destacar siempre, más allá de todos los avatares, de lo que se sufre. Es algo que nos construye como pueblo. El valor es que el Movimiento de Derechos Humanos es mucho más que los organismos de derechos humanos sino todos los que disputan la memoria todos los días”, finalizó.

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“Queremos mantener viva la memoria y los juicios de lesa humanidad”

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Debido a la pandemia por coronavirus y el aislamiento social, este año no habrá acto ni movilización por el 44º aniversario del golpe cívico-militar. Los organismos de derechos humanos invitaron a colocar un pañuelo blanco en ventanas y balcones para reivindicar la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

“Este año no estamos en la calle, pero queremos mantener viva no solo la memoria de los 30 mil desaparecidos, el repudio al golpe y el reclamo justicia sino también la realidad sobre los juicio de lesa humanidad”, dijo a FM De la Calle Dante Patrignani, secretario de Derechos Humanos de la CTA.

Patrignani destacó que “lo que queda es juzgar a los responsables del genocidio y la desaparición de los 30 mil compañeros, no nos parece que ayude a la memoria y a la justicia decir que ya es hora de terminar con esto. Esperemos que se agilicen los juicios después de cuatro años de trabas que puso el macrismo. En Bahía comenzó el juicio a la Triple A, emblemático, con este tema de la pandemia se suspendió pero seguiremos peleando por Memoria, Verdad y Justicia”.

El documento de la Multisectorial por los Derechos Humanos destacó el impacto de la deuda externa en nuestro país. Patrignani afirmó que “es una cuestión central para la democracia, es una herencia que viene desde la época de la dictadura, que fue denunciado, que fue investigado por el juez Ballesteros y fue reconocida su ilegitimidad”.

“Es una continuidad de una política que nunca se animó a tratar el tema seriamente cuando hay elementos para declararla odiosa. En la actualidad existe la Campaña Nacional por la investigación de la deuda, que encabeza Norita”, concluyó.

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¿Qué pasa con los juicios de lesa humanidad?

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En el marco del 44º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad difundió el estado de situación de las causas que se tramitan en el país. Son más de 968 los genocidas condenados y 156 los absueltos entre los más de 3000 investigados. Se destaca la continuidad del incremento de las excarcelaciones y los arrestos domiciliarios desde 2015 hasta la actualidad.

En Bahía Blanca, días atrás comenzó el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad el cual involucra por primera vez a civiles que integraron la Triple A. Para esta semana se esperaba el inicio de las declaraciones testimoniales aunque las audiencias fueron suspendidas por la pandemia de coronavirus.

El organismo a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos informó que de un total de 592 causas en trámite, el 45% se encuentra en etapa de instrucción (266), el 41% obtuvo sentencia (241), el 11% está elevada a juicio (65) y sólo el 3% está actualmente en juicio oral (20).

Los datos muestran que la mayoría de las causas se encuentran en la etapa inicial o intermedia del proceso judicial y que hasta la fecha sólo 20 causas se encuentran en instancia de debate oral y público.

En este sentido, con respecto a la temporalidad del proceso de juzgamiento, el documento muestra que para que una sentencia quede firme se necesita un promedio de 5,3 años desde su radicación ante un tribunal oral, la realización del juicio y el veredicto definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Las cifras muestran que continúa reduciéndose el número de personas detenidas

En cuanto a la condición de libertad o arresto de las personas investigadas, las cifras muestran que continúa reduciéndose el número de personas detenidas, con el descenso a un total de 913 a marzo de este año.

Si bien se observa un leve descenso del arresto domiciliario como forma de detención, que desde 2015 venía en aumento año tras año, esto se debe a la baja general de las detenciones y no a un cambio en la modalidad.

Cabe destacar que éstos datos son anteriores a la entrada en vigencia del Decreto 260/20, a partir del cual muchos detenidos solicitaron en los últimos días la morigerarción de la modalidad de prisión con arresto domiciliario.

Por otra parte, el 47% del total de 3161 personas investigadas en causas penales por delitos de lesa humanidad se encuentran libres (1563), mientras que el 28% están detenidas (913) y el 24% fallecieron (811).

Sobre un total de 3315 personas investigadas por delitos de lesa humanidad -según la máxima situación procesal alcanzada- 968 están condenadas. Hubo 156 absoluciones.

Por último, el informe de la Procuraduría especializada indica una totalidad de 3315 personas investigadas por delitos de lesa humanidad según la máxima situación procesal alcanzada, de las cuales sólo 968 están condenadas. La cifra desagregada consta de 637 procesados, 544 imputados, 182 con falta de mérito, 156 absueltos, 91 sobreseídos, 70 indagados y 28 prófugos.

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La memoria en contexto de pandemia                    

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(Por Astor Vitali) Este 24 de marzo encontró a las organizaciones populares en una situación para la que nadie se preparó. Este 24 de marzo encontró además al conjunto de las instituciones de la sociedad civil argentina en una situación para la que no está preparada. Lo virtual y las herramientas de comunicación alternativa y comunitaria son los únicos ámbitos en los que se puede ejercer la memoria de manera militante. Sin contacto físico. Sin movilización. En democracia sí, pero con un estado que no garantiza la justicia social sino que –por períodos- apenas es capaz de asistir a los hambrientos y las famélicas, a los malnutridos y las analfabetas.

La paradoja de la jornada es que, en el contexto de marzo, del 24 de marzo, a 44 años del golpe de estado cívico militar del 24 de marzo de 1976, son las fuerzas armadas del estado argentino aquellas que custodian las medidas de aislación por las barriadas populares y son además, tal vez, junto al sistema de salud (fragmentado en lo público y parcialmente privatizado) las únicas instituciones preparadas en términos de disciplina y despliegue territorial a las que una autoridad democrática puede acudir en este contexto.

Si bien es cierto que hubo reformas durante la democracia, también es cierto que no ha sido la vocación de servicio hacia su pueblo aquello que caracteriza a las armas argentinas sino más bien su formación en doctrinas redactadas en Washington, su tendencia al direccionamiento clasista de la violencia y, en el último período, es decir, durante la etapa Bullrich, la lisa y llana parodia de lucha contra el narcotráfico haciendo videos ridículos en los que combaten contra plantas de marihuana y, por otro lado, disparando a personas indefensas por la espalda (Nahuel) o persiguiendo ciudadanos hasta la muerte (Maldonado).

Y en este punto no hay ninguna paradoja: la pandemia nos toma en las circunstancias concretas en las que encontramos, es un espejo perfecto y por tanto doloroso. Porque, a 44 años del comienzo del último golpe cívico militar, nos muestra cada aspecto de nuestra sociedad de manera clara y sin falsos reflejos.

Somos un país con democracia ininterrumpida en el que las intentonas golpistas fueron superadas. Sí, somos ese país. Nos vemos democráticos.

Somos un país que, en democracia, ha naturalizado que la mitad de su población trabaje en condiciones precarias (con víctimas fatales, personas que mueren por ir a buscar el mango). Sí, somos un país precarizado. Allí ganó Martínez de Hoz. ¿Estamos mejor que otros países, en términos de índices de participación gremial? Sí. Pero ¿deben ser parámetros de referencia unos países más corroídos por el miedo que el nuestro o debe ser parámetro nuestro propio país antes del golpe? Si fuera el nuestro, la comparación es un tanto menos favorable: del otro lado de la Historia, la imagen del espejo del tiempo nos muestra el Cordobazo como referencia de lo que fuimos. Una foto que muchos progresistas han sacado de sus mesas de luz para confinarla en los manuales de Historia.

Somos un país que, en democracia ininterrumpida y con un feriado por la memoria, ha aceptado como un hecho natural, casi maldito, que un tercio de su sociedad sea población de descarte, con derechos nominales pero imposibilidad concreta de ejercerlos, subalimentadas, desnutridos, analfabetos o analfabetas funcionales, marginales, sujetos a los que la política apela de una u otra forma –para votar o para movilizar- pero a quienes les está vedado superar su condición estructural y, cuando ocupan algún lugar público, es desde el sitio de la excepción y hasta de aval filosófico meritocrático.  El país de los y las 30.000 es también el país que no tolera el 2×1 para los genocidas pero  que –contra el mandato histórico de justicia social de los caídos y de las caídas- acepta sin mayor inmutación que vociferaciones formales en misceláneas (un “qué barbaridad, no se puede creer en el hambre en este país” alcanza para tirar unos días con la culpa de clase) la pobreza estructural como condición para garantizar la paz social. Porque si las víctimas económicas de este sistema -que es estructuralmente heredero de Martínez de Hoz, es decir, de la política económica que vino a imponer en Nuestra América el Plan Cóndor- se rebelaran, otro sería el cantar de la paz social de la que disfrutan los que acumulan a costa de la pobreza ajena.

Somos un país en el que las capas medias progresistas matan su culpa de clase con algún consumo cultural y la lectura del diario que fundó el actual vocero de Clarín, pero en el que los ricos gozan de total inmunidad e impunidad, caminando absolutamente libres de condena social concreta por sus delitos económicos y por sus actuales negocios que requieren de un tercio de la población “caída del mapa” para que las cosas sigan como están.

Somos el país que juzgó a la herramienta de aplicación del terrorismo de Estado. Da orgullo decirlo. Hicimos mucho más que otros países que declaman pero concilian con sus genocidas.

Somos el país que apenas se atreve a comenzar a juzgar a los miembros de la sociedad civil que cultivaron el escenario político, económico y cultural que devino terrorismo de Estado. Ojalá las instancias judiciales contra la triple A y los empresarios que llenaron sus arcas con dinero sangriento sean el comienzo de la construcción de un relato que aclare quién es quién en un país donde la culpa siempre es de “los que no quieren trabajar” y sin embargo se la llevan en pala los que nunca trabajan y viven del trabajo ajeno.

La situación de aislamiento obligatorio evidencia también qué grado de capacidad de acción tenemos las organizaciones populares, saliendo de las pompas virtuales del Facebook, el Twitter y el Instagram. Algunas ocupan su tiempo escribiendo comunicados despegados de una situación concreta de emergencia sanitaria y otras apenas pueden dedicarse a la ayuda en un pequeño comedor.

¿Qué rol político juegan las organizaciones populares en este contexto en el que el estado debe necesariamente centralizar las acciones en función de llevar adelante con el mayor éxito posible las estrategias de las oficinas de salud pública? Es público el trabajo que realizan las organizaciones populares en materia de organización barrial en circunstancias normales pero en cuarentena la capacidad de iniciativa política se ve moderada por la pista que otorgue cada gobierno municipal en cada lugar, cada gobierno provincial y el gobierno nacional, con la particular carga de mezquindades y rencillas locales que complica las cosas –no habiendo en los gobiernos locales cuadros de fuste que comprendan la necesidad de articular en pos de la emergencia con todos los sectores y no solamente con los amigos.

La memoria en contexto de aislamiento opera como una foto espejada: somos el país del Nunca Más, del Juicio y Castigo y de las Madres y Abuelas. Pero aún nos debemos la memoria del proyecto político de nuestros caídos y de nuestras caídas. Un proyecto que no acepta los términos de vida del capitalismo autóctono y mucho menos resiste la pobreza estructural naturalizada como sinónimo de democracia.

Si es cierto, como dice el presidente, que luego de esta pandemia “nada será lo mismo” y habrá que discutir las condiciones de desigualdad de nuestra sociedad, pues habrá que prepararse para interpelar cada conciencia por cualquier rincón de que así no va y de que así no vale: la estabilidad institucional a costa del hambre estructural no es digna de ninguna memoria histórica popular.

¿Puede darse esta discusión sin afectar intereses que nadie que hasta el momento haya gobernado estuvo o está dispuesto a afectar realmente? Si no se conmueve la conciencia social desde lo más profundo de las entrañas ideológicas, no hay manera de que nadie banque los cambios violentos que deben operar sobre los violentos que nos hambrean.

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