Una mujer denunció penalmente la violación de derechos de sus seis hijos -de entre ocho y 17 años- por parte de las autoridades de la Secretaría de Políticas Sociales y de coordinadores e integrantes de un servicio local.

La demanda apunta a la “falta de asistencia apropiada para la integridad física, psíquica y moral” de los tres adolescentes, uno de los cuáles murió el 10 de septiembre “a causa de la falta de asistencia del Estado en el tratamiento de sus adicciones”.

La investigación de los delitos de abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público recayó en la UFI Nº2 a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín.

“Me acerqué a hacer una denuncia contra el Estado y contra quienes son responsables, más allá de que los padres somos responsables también. A veces hay cosas que se nos van de las manos y se supone que existe un sistema, el cual no está funcionando”, dijo Andrea en FM De la Calle.

La denunciante comentó que su familia ingresó al sistema social municipal hace catorce años a partir de una situación de violencia de género. Hace cuatro años la pareja se separó y los tres hijos mayores decidieron quedar a cargo del padre.

“Si hubiera habido un control o seguimiento esto no hubiera pasado”, afirmó sobre la muerte de su hijo Dilan. “Cuatro años de abandono tuvieron mis hijos, sin educación, sin documentación, sin control de salud, sin nada prácticamente, sobreviviendo con lo que podían y con lo que tienen a su alcance como las adicciones, la delincuencia. Los funcionarios públicos, el sistema sabe muy bien lo que está pasando pero hacen oídos sordos, no quieren ver”.

“El contacto con mis hijos siempre fue de mi parte, de la manera que pude. No tener un pasaje no me permitió acercarme hasta donde ellos viven. En otras situaciones ellos se iban, se escondían. Desde que se fueron con su papá la relación siempre estuvo rota, el vinculo se rompió y no me ayudaron tampoco a restaurarlo. Cuando decía que necesitaba ayuda, desde el servicio local me decían ‘y bueno, si ellos no se acercan no podemos hacer nada, si no les conocemos la cara’. Son niños en adicciones, no van a tener mucha voluntad de acercarse. Hay que buscar la manera”, contó.

El Consejo Local de Niñez y Adolescencia reclamó que se declare la emergencia

 

Andrea recurrió a todo tipo de instituciones: “Jardines, escuelas, guardería, servicio local, servicio zonal, municipio, cada oficina, políticas sociales, servicio social, acción comunitaria. Sí hay en algunos sectores gente que trabaja con vocación y humanamente. Yo denuncié particularmente a cada uno de los funcionarios que estaban dentro del sistema y que en alguna oportunidad me han atendido, incluso de muy mala manera”.

“Cuando fui a pedir a gritos ayuda en una oportunidad, uno de los funcionarios con una de las cabezas de Niñez me atendieron de muy mala manera, con apuro, parada en hall del municipio”.

“Por todos lados fui a buscar ayuda. Escapándome de barrio en barrio para que mis hijos dejen de correr riesgo, para que dejen de hacer lo que hacían y nadie me ayudó. Son catorce años dentro de este sistema y el equipo local, en especial Las Villas Oeste hacen muy mal su trabajo”, afirmó.

“Si vos a estos pibes les das herramientas y trabajo estos pibes salen, cambian”

“Dilan era un niño especial, iba a escuela especial, tenía 15 pero su cabecita era la de un niño más pequeño, hizo muchísimos talleres. Él quería hacer una panadería. Decía que su hermano mayor se iba a encargar de amasar y hacer la elaboración y que su otro hermano se iba a encargar de la caja porque es bueno para las matemáticas”.

Por último, Andrea comentó que hay varios adolescentes en El Saladero que padecen la misma situación que Dilan: “Son más de 20 que están en riesgo, sin ayuda, sin herramientas. Mamás que no tienen la facilidad de poder acercarse, de pedir auxilio. Cuando lo hacen, las tratan de ignorantes, no les dan las herramientas. Son pibes que necesitan muchísima ayuda, la están pidiendo a gritos y no se las dan”.

“El barrio El Saladero está olvidado, hay corazones inmensos, madres de fierro, que sin el municipio y sin el sistema te sacan un chico de la calle, lo levantan y con lo que tienen se lo llevan a la casa y le dan de comer. Dilan llegó a ganarse el corazón del barrio, incluso ellos le hicieron un mural para no olvidarse, para concientizar a otros de no hacer eso”, aseguró.

Argentina gasta más de 40 millones de dólares al año en la persecución de personas que usan drogas. El dato fue aportado por una investigación de RESET Política de Drogas y Derechos Humanos.

“El Estado gastó alrededor de 122 millones de dólares en tres años. Habría que sumarle el gasto de las fuerzas de seguridad en la vía pública, el gasto en comisarías y prisiones, los recursos que se implementan para enjuiciar y los que se erogan para establecer medidas educativas”, dijo Mariano Fusero.

Agregó que las autoridades “simulan estadísticas de persecución al narcotráfico básicamente enjuiciando a perejiles”. Este fin de semana, 28 organizaciones de cultivadores y usuarios de cannabis y distintas ONGs presentaron un “Acuerdo para la Regulación Legal del Cannabis”.

“Esto llevará un proceso legislativo, con la sociedad civil, para que surja un abordaje parlamentario para que lleguemos a una política respecto del mercado del cannabis”, explicó.

Fusero afirmó que “hoy está en manos de las redes ilegales, no repara a quién le vende, si le vende a un menor en la puerta del colegio, si hay efecto góndola que es cuando una persona quiere acceder al cannabis y el dealer le vende o le ofrece otras sustancias”.

“El cannabis es mucho menos dañino que otras sustancias, separarlo, regularlo, darle licencias, quién produce, en qué cantidad, la trazabilidad, hasta el último eslabón de la venta minorista. Todo lo que no estamos haciendo en las políticas anacrónicas, que es combatir a partir de la criminalización, un mundo sin drogas que queda viciado de una demagogia punitiva”.

Según el relevamiento de RESET, en relación a los delitos de tenencia simple y tenencia para consumo personal el Estado Nacional gastó entre 2016 y 2018 “alrededor de 1641 millones de pesos (USD 84 millones)”.

“En promedio, cada una de las 30185 causas por delitos de tenencia simple o para consumo tramitadas por el MPF durante 2016, 2017 y 2018, le ha significado una erogación aproximada de 55 mil pesos argentinos o 2 mil dólares estadounidenses -tomando como referencia el valor promedio de esta moneda en 2018-“.

Por otro lado, en relación al delito de cultivo, siembra o guarda de semillas o materias primas, el Estado gastó en estos tres períodos 39 millones de pesos (USD 2 millones)”.

“Finalmente, entre los años 2016 y 2018, podemos observar cómo el Estado Nacional gastó la suma total aproximada de 2.400 millones de pesos (USD 122 millones), en la persecución de las personas que consumen drogas”.

Fusero recordó que “estas causas en general terminan en la nada porque se aplica el antecedente de la Corte y, eventualmente, se les tendrá que pedir disculpas por haberlos hecho pasar por un proceso innecesario”.

Este año serán restituidos los restos de Juan Calfucurá, el líder indígena más importante del siglo XIX, quien dominó los territorios del sur argentino desde las Pampas hasta la Patagonia norte durante 40 años.

Ayer se realizó una jornada cultural de homenaje al toqui de la cual participó el vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén Jorge Nahuel.

“Es una de las personalidades más trascendentes en la historia reciente del pueblo mapuche porque logró mantener la frontera entre el pueblo nación mapuche y el Estado en construcción que era Argentina hace 130 años atrás. Defendió la soberanía y la vida libre y fue consciente de que si esa campaña atravesaba la frontera significaría la destrucción de la comunidad mapuche”, dijo a FM De la Calle.

Nahuel afirmó que “esta personalidad que logró la unidad mapuche era no solo un estratega, sino un político y representante de una cosmovisión que supo inculcar a la comunidad, por eso le rendimos homenaje y necesitamos que su figura que ha sido denigrada por la sociedad sea reivindicada. Se van a instalar 10 hitos, uno va a ser en Capital Federal, pretendemos sacudir la conciencia de la sociedad argentina para que entienda que no se puede seguir sosteniendo una cultura que reivindica a los genocidas que tanto perjuicio le han causado a la sociedad”.

La tumba de Calfucurá fue profanada y su cráneo expuesto en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. “Allí el perito Moreno generó una de las tantas aberraciones, que fue estudiar a los pueblos originarios y a aquellos que consideraba líderes para tratar de comprender sus conductas”.

“Este experimento que realizó dejo cientos de restos humanos que han sido prisioneros de la ciencia y que, producto de una ley, desde el 2000 el Estado tiene la obligación de restituiros. La restitución de Calfucurá generó una movilización muy grande en el pueblo mapuche porque todos quieren ser parte. Conformamos una Comisión que está gestionando de qué manera se van a restituir sus restos y dónde se van a construir los hitos”.

Nahuel comentó que “Calfucurá pertenece a una dinastía que era de los Curá. Él logró, a través de un toqui, símbolo de piedra, tener una facultad de clarividente, de poder comunicarse con la naturaleza. Lo desarrolló muy fuertemente y le permitió tener una fuerte autoridad sobre su pueblo y lograr la unidad militar ante un poder que buscaba quebrarla, sobornando y amenazando. Por eso ha quedado muy fuertemente su figura en la memoria del pueblo mapuche”.

El Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén dictó condenas de hasta 11 años en el sexto tramo en el juicio La Escuelita. Se juzgaba a ocho ex jefes militares y ex integrantes de Inteligencia señalados por graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en la región durante la última dictadura cívico militar.

“Desconocemos los fundamentos, entiendo que por un lado el Tribunal hace diferencia en el grado de participación, por otro la desaparición forzada no ha tenido el peso que debe tener. Se ha intentado cerrar el capítulo de los desaparecidos en esta región. Expresamos nuestro repudio a que se condene por secuestros y no por desapariciones”, comentó a FM De la Calle Natalia Hormazabal, abogada querellante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.

“Se investigaron las responsabilidades por los casos de 10 compañeros, uno de ellos permanece desaparecido hasta el día de hoy. Esto nos parece grave porque tiene que ver con un nuevo aire para estas causas y nos parece que la impunidad es el elemento determinado”.

Hormazabal destacó que “el andamiaje de estos procesos es siempre laberíntico, implica remover en elementos de hace 40 años atrás. Sin duda apelaremos cuando conozcamos los argumentos”.

“Quedan dos etapas, en una de ellas está culminada la instrucción y tiene que ver con un grupo de casos que hace rato estando dando vueltas en al justicia federal, son casos que ya hemos conocido, son casos de compañeros que pasaron por La Escuelita de Bahía Blanca. Se dudaba si instruirlos aquí o en aquella jurisdicción”.

“El argumento de algunos jueces es que allí, en aquel centro clandestino, habrían sufrido más. Esto lo que hace beneficiar a los genocidas con el tiempo y la biología. Se van muriendo y los compañeros siguen esperando.  No son los juicios de ayer, donde peleábamos por juicio y castigo y prisión efectiva, son debates actuales donde hay múltiples ataques al pueblo trabajador y quienes salimos a lucha”, finalizó la abogada.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia reabrió la investigación y habilitó avanzar sobre el posible delito de “abandono de persona” en la causa de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado.

Sebastián Premici, periodista de Cadena del Sur y autor del libro “Santiago Maldonado, un crimen de Estado” dijo a FM De la Calle que “el fallo habla de un nexo de causalidad entre la muerte de Maldonado y la pertenencia  de agentes del Estado, es decir, Gendarmería. Por ende, se abre la puerta para investigarla, lo que no se hizo en ningún momento durante la instrucción”.

“Con este fallo queda claro que Maldonado no estaba solo sino rodeado de gendarmes, había dos grupos de gendarmes que estaban con él”, afirmó.

Premici destacó´que “el texto de la Cámara reseña la presentación del CELS y cita un informe de la PROCUVIN, que elaboró un trabajo detallado sobre cómo fue la represión ese 1º de agosto que estuvieron en el río. Ese informe fue ocultado por el procurador interino Eduardo Casal, el juez Lleral y la fiscal Silvina Ávila. Esta resolución abre las puertas a investigar el rol represivo de la Gendarmería, que fue lo que determinó la desaparición por 78 días de Santiago y su muerte”.

“La Cámara no se juega del todo a decir que fue 100% causalidad de Gendarmería, deja de lado la figura de desaparición forzada y da por válida la autopsia que dice que se ahogó. Yo sostengo que se muere ahogado pero lo más relevante fue entender el rol represivo de la Gendarmería”.

Culpables y testigos

Premici señaló que “hubo una secuencia de cacería y la causa está ahí. Por eso dan marcha atrás con Emmanuel Echazú. No porque sea el único, en mi investigación doy cuenta que además de Echazú lo corren otros dos, Darío Zoilán y Orlando Yucra. Un testimonio que va a tener que realizarse es el de Lucas Pilquiman, dice que cuando cruzan el río lo ve a Santiago agazapado y ve a los gendarmes desde el barranco disparando 9 mm y escopetas”.

La declaración de Pilquiman deberá tomarse nuevamente porque “Lleral lo tomó sin la presencia de las querellas, de un día para el otro, por una cuestión de control de las partes y para que sea todo lo relevante que es, se pide de nuevo. Se abre la posibilidad de que otros testigos vuelvan a declarar o que declaren quienes no declararon aun”.

Reconstrucción de los hechos

Otra de los puntos relevantes de la resolución es que ordena una reconstrucción, algo que nunca se había hecho hasta el momento. “No se sabe cómo fueron los hechos cronológicamente. Hay fragmentos que uno puede reconstruir, lo que hay que hacer es la reconstrucción in situ. La Cámara dice que tiene que ser virtual, utilizando el material fílmico, visual, fotográfico, hacer una suerte de realidad virtual y colocar a todos los actores en el territorio. Yo creo que es clave hacerlo en el territorio”.

“Sería la primera vez que se esboza cómo fueron los hechos y ahí tenés la última foto de Santiago. Es de las 11:32 de la mañana, veinticinco segundos después se ve que estaciona un Eurocargo y hay gendarmes en el territorio. Hay muchos elementos que permiten elaborar esa reconstrucción. Ahí no van a quedar dudas del rol clave de la Gendarmería en lo que fue una cacería, quiénes fueron quienes lo persiguieron y qué se investiguen otras hipótesis delictivas”.

Por tercer año consecutivo, el colectivo Basta de Asesinatos Laborales realizó una multitudinaria movilización para pedir justicia por los crímenes de trabajadoras/es.

“Hay muchísimas más muertes por las enfermedades profesionales que se producen por las condiciones laborales, entendemos que sumado a quienes están en negro se puede triplicar las muertes llegando a 1200 trabajadores”, dijo a FM De la Calle Ariel Godoy.

El secretario de Seguridad e Higiene del gremio del Neumático comentó que “a raíz de estos crímenes se produjo un proceso de lucha en la línea 70 y los compañeros del INTA hicieron lo propio. Entendieron que esto no eran casos aislados sino que quedaban en el marco de más de 400 muertes en accidentes de trabajo, lo que llamamos asesinatos laborales”.

A partir de los casos de David Ramallo, Diego Soraire y Richard Alcaraz buscan instalar el 9 de septiembre como fecha de lucha contra los asesinatos laborales.

“Se fue gestando esta fecha que queremos instalar para visibilizar la muerte de estos compañeros. Tiene como función organizarse en los lugares de trabajo, talleres donde puedan tener formación técnica. Entendemos que los únicos que pueden defender las condiciones de trabajo son los propios trabajadores. Al Estado y a los empresarios no les importa la salud de los trabajadores sino las ganancias”.

Godoy señaló que “a la par de que miles de trabajadores se han quedado sin trabajo, donde la crisis se empieza a profundizar y se denuncia el achatamiento salarial, se denuncian los despidos, el problema de que cuando tenés trabajo esas condiciones son ultra precarizadas, la precarización laboral es el principio fundamental, por lo que se producen estas muertes”.

“En este contexto de crisis esto se profundiza. El colectivo de trabajadores lo que tiene que poner en agenda son las condiciones de trabajo, eso se debe discutir en la paritaria. Las grandes centrales no están discutiendo las condiciones de trabajo.

“No se está contando, hay muchísimas más muertes por las enfermedades profesionales que se producen por las condiciones laborales, entendemos que sumado a quienes están en negro se puede triplicar las muertes llegando a 1200 trabajadores”, concluyó.

Un adolescente de 18 años venía viajando desde Choele Choel y necesita ropa, calzado y dinero para volver a Formosa. La Policía lo echó de la terminal cuando lo encontraron durmiendo. Su familia lo ubicó esta mañana luego de cuatro días sin conocer su paradero.

Su tío viajó a buscarlo a Bahía Blanca pero en la Comisaría Cuarta de Villa Mitre no le tomaron la denuncia y le dijeron que debía realizarla en Formosa.

Marcela Torres, integrante del colectivo Familiares y Amigos de Daniel Solano, colaboró con la búsqueda del chico y confirmó a FM De la Calle que “Nicolás está en el barrio Thompson, está muy bien, solamente necesita ropa y zapatillas”.

Para colaborar comunicáte con Marcela al +54 9 298 478-3740.

“Nicolás Camilo Rivarola salió para Formosa el lunes pasado. Tenía que hacer el trasbordo en Bahía, se quedó dormido y se equivocó de colectivo. Perdió el colectivo y lo llamó al papá que le dijo que espere dentro de la terminal que le iba a mandar el pasaje. La policía encuentra a Nico en la terminal, lo sacan a la calle, le averiguan los antecedentes pero no lo ayudan, queda varado en Bahía”.

“Luego va a la comisaría cercana para denunciar que no tiene el documento y le dicen que ahí no se hace el trámite. A Nico se le rompió el teléfono y no sabía los números, por eso no se pudo comunicar más. Está viajando para allá César, su tío”.

Torres comentó que “César fue hasta Bahía Blanca, para hacer la denuncia de que su sobrino no aparecía y le dicen en la Cuarta de Villa Mitre que no se puede hacer la denuncia sino que hay que hacerla en Formosa de donde es Nicolás. Al tío le dijeron eso ,y pobrecito, se volvió para Choele. Luego publicaron en las redes sociales y desde anoche que lo estamos buscando”.

“Nicolás está en el barrio Thompson, está muy bien, solamente necesita ropa y zapatillas. Ropa limpia en buen estado para que pueda manejarse, zapatillas número 43 para un adolescente, necesita plata también. A tío César le falta una mano, trabaja en su huerta en Choele, vende su verdura y frutas y con eso vive. Con eso ha tenido que movilizarse para buscar a su sobrino, necesitamos plata para que Nico pueda llegar hasta Formosa”.

Torres destacó el gesto solidario de Andrea Galietti y su hijo Javier, quienes brindaron a Nicolás ayuda y un lugar donde alojarse.

“Para nosotros, desde Familiares y Amigos de Daniel Solano, poder reencontrar a un chico con su familia nos llena el corazón. Gualberto Solano se murió esperando encontrar a su hijo”, concluyó.

(Comisión Provincial por la Memoria) Ayer se cumplió un nuevo aniversario del femicidio de María Soledad Morales. Tenía 17 años y estudiaba en un colegio religioso de Catamarca. El 8 de septiembre de 1990 desapareció y su cuerpo fue encontrado dos días después en un basural a 7 km de la ciudad.

Sus compañeras organizaron marchas del silencio para reclamar justicia, que pronto se replicaron de forma coordinada por todo el país. Gracias a ellas no fue el asesinato de una mujer más, a los que estaba acostumbrada la provincia.

La movilización social logró dar visibilidad al crimen y puso en cuestión a los poderosos y sus tramas de impunidad patriarcal. La justicia llegó parcialmente tras el juicio realizado en 1998, en el que se sancionó a los perpetradores pero no se llegó a los cómplices y encubridores.

Por entonces, los asesinatos de mujeres producto de la violencia machista no se reconocían como tales. Su femicidio fue nombrado simplemente como “el crimen de María Soledad Morales”. Los reclamos de justicia que recorrieron el país, fueron visibilizando y sumando a su paso los nombres de muchas otras mujeres asesinadas por la violencia machista. Aquellas primeros gritos de justicia también exigían #NiUnaMenos.

La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), cuyas funciones fueron el espionaje, seguimiento, registro y análisis de información con fines de persecución política e ideológica, también siguió de cerca las movilizaciones surgidas a partir del femicidio de María Soledad.

El informe de inteligencia que compartimos es del 13 de abril de 1990 y expone la vigilancia de la Dirección de Inteligencia sobre las manifestaciones públicas en repudio al femicidio de María Soledad Morales (Legajo 256, Mesa A -“Factor estudiantil – Entidades Estudiantiles”-).

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dejó sin efecto el sobreseimiento del gendarme Echazú y ordenó reabrir el expediente para cumplir las medidas de prueba que no se realizaron.

Lo resuelve la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, en un fallo que ordena también cumplir las medidas pendientes.

La abogada Verónica Heredia dijo que “es muy importante porque demuestra la arbitrariedad con que se cerró la causa”.

“Consideramos que se investigó una única hipótesis delictiva –aquí definitivamente descartada- sin que haya sido objeto de valoración y pronunciamiento algún posible nexo causal entre cualquier omisión de personal de Gendarmería o de quienes se introdujeron en el río con Maldonado”, dijo la Cámara.

Si bien descarta que haya existido el delito de desaparición forzada de persona, dejó abierta la posibilidad de que uno o más gendarmes hayan abandonado a Santiago en las aguas del río Chubut. Por eso, revocó el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú.

Comunicado de la familia 6.9.2019.

La Cámara de Apelación de Comodoro Rivadavia comunicó su decisión de reabrir la causa entendiendo que la investigación no está agotada y corresponde profundizar la misma a efectos de reconstruir con la mayor exactitud y prontitud las circunstancias que rodearon el suceso. La Cámara asimismo señaló que es contradictorio rechazar las medidas probatorias peticionadas por la querella en pos de “no demorar la respuesta judicial”, ya que lo que debe prevalecer es el “derecho a la verdad”.

La Cámara reconoce que no se hicieron pericias claves para determinar que sucedió, tal cómo la reconstrucción de los hechos, la ampliación de los puntos de pericia en la data de muerte, la presencia de polen en las prendas, el informe de diatomeas y la peritación del bastón y los billetes. Todos estos puntos fueron pedidos reiteradamente al Juez Lleral y en todos los casos fueron denegados.

Expresa asimismo: “nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos. De allí que corresponda ampliarse la investigación a efectos de verificar o descartar la existencia de alguna hipótesis delictiva”.

Finalmente la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia reconoce que existe una contradicción en la autopsia, que NO DICE ni cómo ni cuándo ni dónde murió Santiago Maldonado.

Seguiremos luchando para que haya justicia y verdad por Santiago Maldonado.

Gracias a todas las personas que nos acompañan y luchan junto a nosotros.

Fuentes: Sudestada y Justicia por Santiago Maldonado.

La Cámara de Casación Penal ordenó dictar un nuevo fallo en el juicio por facilitación de la prostitución y trata de mujeres que se realizó contra el ex presidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, el prefecto Eduardo Horacio Gutt y el administrador del bar Broadway Alfredo García.

En octubre de 2018 el Tribunal Oral había absuelto a Iglesias y a Gutt y condenado a cuatro años y seis meses de prisión a García. También se revocó el rechazo al decomiso de los bares “Broadway” y  “Kaos” y su restitución a Iglesias.

Ayer, la Sala IV de Casación afirmó que la sentencia de los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu fue “arbitraria” por haber valorado la prueba de manera “fragmentada y aislada”.

El fiscal Santiago Roldán había apelado el fallo por no haberse incorporado por lectura las declaraciones de seis mujeres rescatadas en diversos operativos, quienes no pudieron ser ubicadas para presentarlas en el debate oral.

El juez Gustavo Hornos sostuvo que el tribunal “restringió arbitrariamente la producción de prueba” y que ante el compromiso del Estado de proteger a las víctimas bastaría con una sola declaración.

Además, cuestionó que no hayan sido tenidas en cuenta escuchas telefónicas que probaban los vínculos entre los imputados y la participación de Iglesias y Gutt en los delitos del condenado García. Las defensas plantearon que las grabaciones demostraban que eran “clientes” del proxeneta.

Hornos advirtió que el tribunal no explicó “por qué la omisión de Gutt de denunciar la actividad de facilitación de la prostitución de la cual asertivamente tuvo conocimiento o, incluso, la conducta de comunicarse con el autor del delito para brindarle información sobre procedimientos que lo involucraran, no son acciones que objetivamente aporten al delito de García”.

En cuanto a Iglesias, el juez de Casación mencionó que el tribunal probó que en el Bar Broadway no había “comercio sexual” aunque estaba ubicado en una zona donde sí lo había.

El fiscal aportó “copiosa prueba de cargo que no fue ponderada por el Tribunal” para demostrar que en el local “funcionaría como un espacio de encuentro entre las presuntas víctimas de la promoción de la prostitución que García coordinaba”, tal como confirmó la sentencia revisada.

De la prueba descartada por los jueces en Bahía Blanca, Hornos rescató: la que ubica a Iglesias como responsable del local alquilado a García y conversaciones entre los imputados en las cuales “surge sin duda que hablan de mujeres para hacer ‘shows’ aparentemente en el bar Broadway y del monto que requerían para tal actividad”; “refieren a clientes y a hacer ‘pases'”; “se refieren a presuntos clientes y que necesitan mujeres para ofrecerles”.

Para el magistrado, tampoco se tuvo en cuenta una escucha entre Iglesias y un tal Toto  en la cual le ofrecía el local “La playa” para poner un prostíbulo, el cual finalmente fue utilizado por García para montar el Broadway. “Yo ando con ganas de abrir algo acá porque tengo muchas mujeres desparramadas viste”, decía Toto.

A su vez, destaca Casación que el tribunal probó que Iglesias administraba sociedades de su familia y varios prostíbulos y tenía contactos policiales como el comisario Marcelo De la Rosa. Además, no valoró el testimonio de la asistente social de la Fiscalía que entrevistó a las víctimas y dio cuenta de su situación de vulnerabilidad.

Hornos concluyó que Salas, Aguerrido y Albrieu absolvieron “con una visión fragmentada del acervo probatorio y con argumentos que no se correspondían con las premisas acreditadas ni con las constancias recopiladas durante el debate oral”.

Por otra parte, respecto a la absolución de Iglesias por el delito de trata, la defensa sostuvo -y el tribunal aceptó- que el imputado no había sido indagado ni procesado por el caso de la víctima L.R.P..

Sin embargo, el juez de Casación demuestra que “este hecho le fue imputado a Iglesias en todas las ocasiones y que incluso esta cuestión fue motivo particular de tratamiento por la Cámara Federal”. Repite: “No hay una mirada global de toda la prueba sino una ponderación fragmentada y aislada”.

El voto de Hornos contó con la adhesión de los otros dos integrantes de la Sala IV, Mariano Borinsky y Javier Carbajo.

“Se tapaba la nariz del olor que teníamos”. Era 1976, Rubén Bustos estaba secuestrado junto a muchos de sus compañeros en un centro clandestino del Comando V Cuerpo de Ejército. Lo habían puesto frente al juez federal Guillermo Federico Madueño. La que no registraba en actas las torturas era la secretaria, Gloria Girotti.

El Colegio de Abogados de Bahía Blanca acaba de entregarle a la doctora un diploma de “Reconocimiento al Ejercicio Profesional”. En la foto, posan a su lado el vicepresidente 1º Gabriel Enrique Peri y la vicepresidenta 2º Nerina Santarelli.

Bustos fue uno de los testigos que mencionó a la abogada ante el tribunal oral que juzga crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca.

Los genocidas de uniforme también la recordaron. Leonardo “Mono” Núñez fue detenido el 23 de junio de 2008 y murió procesado como partícipe necesario de secuestros y torturas. Era el enlace entre los campos de exterminio y la Unidad Penal Nº 4.

Asumió haber trasladado personas detenidas ilegalmente por el Ejército desde La Escuelita o el Batallón de Comunicaciones hacia la cárcel. Le dijo al juez: “No era mi función presentarme en los estrados judiciales para denunciar estos hechos, pero tengo conocimiento que jueces federales tenían conocimiento pleno de lo que pasaba en la Unidad 4 de Bahía Blanca porque en oportunidad de tener detenidos art. 189 bis, la secretaria del Juzgado N° 1 del dr. Madueño, la dra. Gloria Girotti, visitaba el pabellón de mujeres de la Unidad, porque tenían presas del juzgado ahí y las iba a ver”.

La defensa del represor consideró que las inspecciones que realizaban autoridades judiciales “lejos de justificar” la conducta de Nuñez “implicarían la responsabilidad penal de los funcionarios que, teniendo la obligación de denunciar las irregularidades en que incurría el Servicio Penitenciario en esta ciudad, no lo hicieron”.

Los jueces que condenaron a los primeros 17 genocidas que actuaron en la región, ordenaron en su sentencia abrir la investigación sobre el accionar de los secretarios judiciales durante el terrorismo de Estado.

La Cámara Federal de Apelaciones revocó semanas atrás el sobreseimiento en primera instancia de Girotti y el de su colega Hugo Mario Sierra.

Girotti asistió al juez Guillermo Madueño entre junio de 1972 y septiembre de 1979 y tramitó con sistemáticas respuestas negativas numerosos habeas corpus presentados a favor de personas secuestradas. Los familiares que se acercaban en busca de justicia, no sólo arriesgaban sus vidas sino que eran perseguidos para que paguen las costas correspondientes.

Solo algunos ejemplos de dicha acusación se reconocen en los habeas corpus presentados a favor de Daniel Carrá, Cora Pioli y Darío Rossi, secuestrados a fines de 1976. Carrá y Pioli siguen desaparecidos y Rossi fue fusilado en 1977.

La firma de Girotti acompaña también a la de Madueño en el cierre y archivo de las actuaciones judiciales de la puesta en escena que hizo el Ejército en la Masacre de Calle Catriel.

El 4 de septiembre de 1976 el V Cuerpo informó que “por la población” había tomado conocimiento de una “reunión de delincuentes subversivos” y que cuando fueron a detenerlos “se generó un tiroteo durante el cual fueron abatidos”. La justicia probó que los cuerpos de los militantes peronistas Pablo Fornasari, Juan Carlos Castillo, Zulma Matzkin y Manuel Tarchitzky fueron plantados en el lugar. Habían sido fusilados luego de varias semanas de cautiverio en La Escuelita.

Girotti se jubiló como docente del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Durante años se impulsó un juicio académico que el tribunal terminó diluyendo, al igual que sucedió con los que se iniciaron contra Hugo Sierra y Néstor Luis Montezanti.

Durante la primera etapa de la investigación judicial sobre su participación en el terrorismo de Estado se mostró deprimida y con problemas de salud. Hoy, la cuenta del Facebook del Colegio de Abogados bahiense la muestra festejando su trayectoria junto a sus pares.

¿Será justicia? Ya van 40 años de impunidad.

El fiscal Pablo Fermento diálogo con FM De la Calle luego de que el tribunal oral de Bahía Blanca absolviera a seis represores y condenara a otros once en el Juicio Armada II.

En la entrevista destacó la regresividad del fallo en la jurisprudencia de las causas por crímenes de lesa humanidad y las desproporcionalidad entre los delitos por los cuales se condenó y las penas que se aplicó.

En algunos casos “fue menos que lo que le dan a un pibe que encuentran con marihuana o rompe un vidrio en la calle. Esa asimetría demuestra un desenfoque central”.

El segundo tramo de la causa que investiga los delitos ordenados desde la Base Naval Puerto Belgrano abordó 68 casos de víctimas, un tercio de las cuales continúan desaparecidas. En cuarenta días se conocerán los fundamentos.

-¿Qué destacan del fallo?

Lo primero es la cantidad de absoluciones, son 6 sobre 17 imputaciones. Es un dato enorme. Eso no se puede analizar sin ver los fundamentos, el tribunal habrá tenido dudas, habrá hecho alguna interpretación, pero el número es sorpresivo, más en contraste con lo que veníamos viendo en procesos anteriores. Tuvimos una sola absolución en cinco procesos.

Lo que se puede apreciar en el veredicto, es la cuantificación de la pena en función de los hechos reconocidos. El punto más grave -al ser personas que les imputaron numerosos secuestros- es que la relación entre la pena y los secuestros y torturas no guardan ninguna proporción.

La otra cuestión que nos parece muy grave es la fragmentación de la responsabilidad en torno a los homicidios. Hay personas cuya participación en hechos de víctimas desaparecidas reconoció el tribunal y no le atribuyeron el homicidio. Esto es novedoso, no lo habíamos visto en fallos anteriores. Implica que una pena perpetua se traduzca en una pena de 5 o 6 años. Consideramos que ahí se corre el eje y se desvirtúa el análisis efectuado.

-Más allá de los fallos locales, ¿esto se discutía en otros tribunales del país?

Hay que ver cada caso pero, por ejemplo, el caso del conscripto Aguilar que fue desaparecido, secuestrado, al momento de salir baja de una unidad de Puerto Belgrano. Es separado de los compañeros que lo ven irse detenido. La imagen que relatan ellos es como se lo llevaban a Maradona en el mundial ’94. Vieron a un conscripto sobre el cual los oficiales de la unidad estaban preguntando sobre su ideología, ya le habían allanado la casa en Córdoba. Y la situación del imputado en relación al caso y lo que reconoce el propio fallo al condenarlo por la privación ilegítima de la libertad, consideramos que cualquier otro tribunal lo hubiera condenado a perpetua. Son cosas que se discuten, hay planteos de la defensa, pero fue un fallo unánime, no hubo ninguna disidencia, eso nos llama la atención.

Da para una explicación más extensa, por ahí lo más significativo es que una persona que es condenada por un secuestro en las condiciones que sucedieron, desde el Estado, en total clandestinidad, con una  impunidad enorme, con la violencia y métodos de tortura, rebasa el molde de cualquier hecho que podemos considerar en el presente y, sin embargo, la pena fue menos que lo que le dan a un pibe que lo encuentran con marihuana o rompe un vidrio en la calle. Esa asimetría demuestra un desenfoque central.

Lo que sostuvimos es que la persona que interviene en alguna de las etapas del crimen, con conocimiento de toda la secuencia criminal, es responsable por el todo, la distribución de roles tenía por fin esto de decir nos animamos a hacerlo. Es un gesto de cobardía pero un oficial de personal de la unidad donde estaban investigando al conscripto que desapareció y que fue el que se lo llevó de la mano, claramente conoce cuál era uno de los destinos que le iba a tocar y claramente conoce que iba a ser torturado e interrogado, esto sucedía siempre y a esa altura del 76 lo sabía la ciudadanía.

-¿Es muy diferente el tratamiento de los casos entre el juicio Armada I y este de Armada II?

Es abismal y, de hecho, ha producido algunas disonancias entre lo que se falló respecto a los imputados que ya habían pasado por el anterior juicio. Hay dos imputados que vuelven a ser condenados, Martínez Loydi –que era un jefe de inteligencia de la Prefectura Naval- había sido condenado por los homicidios de Heinrich y Loyola, por ejemplo, y en esta oportunidad se lo absolvió por los homicidios y se lo condenó únicamente por privaciones de la libertad. Se lo absolvió por el caso de Zampini que fue secuestrado por Prefectura.

Hubo un fraccionamiento de los hechos y una mirada sesgada y fragmentada acerca de los aportes dentro del plan.

-¿Qué pasó con los delitos sexuales? ¿Qué plantearon ustedes y que resolvió el tribunal?

Al inicio del juicio solicitamos que se los incluyera en la acusación, en realidad, que era parte de la acusación. Nosotros en la requisitoria de elevación a juicio no lo habíamos incluido al momento de calificar. Una cosa es describir los hechos, el conjunto de circunstancias que se le atribuye a una persona y otra es decir que encuadre jurídico tiene ese cuadro fáctico. Ese encuadre fáctico no se puede tocar a lo largo del proceso pero el encuadre jurídico sí.  A veces por los mismos hechos imputás por un hecho y cuando elevas a juicio corregís esa calificación.

Habíamos pedido la elevación a juicio sin incluir delitos sexuales y lo que dijimos al momento de acusar fue que la Fiscalía iba a calificar los hechos descriptos como constitutivo de abuso sexual a los efectos de que la defensa pudiera ejercer mejor su derecho, que supieran que iba a ser así, eso nos pareció una cuestión más técnica, hay un límite a veces no muy claro entre variación del hecho y variación de la calificación. No me quedo con eso, lo más grave tiene que ver con el modo en que valoraron los hechos, las absoluciones lo vamos a ver cuando estén los fundamentos.

-Fueron varios los que recuperaron la libertad.

Los 6 absueltos salieron en libertad pero en general las penas bajas, los que condenaron a pena temporal, es decir todos menos uno, salvo dos de 18 años, algunos condenados del juicio anterior, el resto de los que tiene 5 o 6 años si no salen ahora salen en muy poco tiempo.

Todas las penas se colocaron por debajo de la mitad de lo que pedimos.

-¿Queda alguno en cárcel común?

No, ninguno. Esa fue otra de las cuestiones. Aráoz de Lamadrid, la única perpetua, fue reincorporado al proceso porque estaba con el juicio suspendido por incapacidad sobreviniente, en una de las evaluaciones que se hacen se concluye que está en condiciones de presentarse al juicio pero sin reestablecerle la prisión preventiva. Lo condenaron a perpetua y no dijeron que se le fuera a reestablecer la preventiva, ordenaron un estudio de salud. Consideramos que lo mínimo era decretar la prisión preventiva y sujetar la modalidad a las condiciones de salud. Hay un cambio sustancial entre el estar en el juicio libre a que te condenen a prisión perpetua más allá de que no esté firme, hay un cambio en la valoración sobre los riesgos y demás.

La sorpresa fue compartida con emoción y alegría por buena parte de la sociedad bahiense el 12 de septiembre de 2012, cuando se conoció la primera sentencia contra crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestra ciudad y la región.

No solo por las contundentes penas para los represores, sino también porque se enmarcaron los delitos “en el genocidio sufrido en nuestro país” y se abrió el camino a la investigación de las participaciones civiles: La Nueva Provincia, el cura católico Aldo Vara e integrantes del Poder Judicial. Bahía fue ejemplo internacional.

Hoy se impuso nuevamente la sorpresa. Pero esta vez fue para cubrir de vergüenza el accionar del Poder Judicial que garantizó la impunidad de un puñado de terroristas de Estado.

“Estamos muy sorprendidos, shockeados. Es una decisión totalmente inesperada, que contrasta totalmente con el pedido de la Fiscalía”, dijo a FM De la Calle el fiscal Pablo Fermento.

Pidieron trece prisiones perpetuas y se aplicó una. Se absolvió a seis imputados para quienes se había demandado la pena máxima. Los condenados tuvieron castigos de muchos años menos que los exigidos.

“Por ejemplo a Lacoste, Schaller, Martínez Loydi. Les aplicaron penas de tres años o cinco, incluso tomando como argumento para eso una fragmentación de los homicidios. Se consideró que el hecho de participar en la privación ilegítima de libertad de una víctima desaparecida no implica responsabilidades en esa consecuencia”, explicó Fermento.

El fiscal afirmó que el fallo “es totalmente regresivo, no solo con los criterios que estuvieron contenidos en sentencias anteriores de esta jurisdicción sino en la jurisprudencia de lesa humanidad del país”.

“Nos preguntamos cuáles son los factores determinantes de esta decisión. No lo sabemos. Haremos un análisis más frío cuando tengamos los fundamentos, trabajaremos el recurso de Casación. Muy sorprendidos, esa es la palabra”.

Repudio en la calle

El tribunal oral de Bahía Blanca condenó este mediodía a once represores y absolvió a otros seis acusados. Los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu rechazaron los pedidos de la Fiscalía y la querella para que 13 marinos fueran condenados por delitos sexuales. Entre absueltos y penados, once genocidas fueron liberados.

“Es vergonzoso, es una porquería. Acá no llora nadie, no se rinde nadie”, afirmó Alejandra Santucho, integrante de H.I.J.O.S. Bahía Blanca desde las escalinatas de Colón 80. “Justicia cómplice, jueces cómplices”, gritó una mujer.

Marcela, la madre-compañera del “Negrito” Jesús García, sostuvo que “es vergonzoso lo que pasó, son jueces traidores, para lo único que sirven es para recibir el sobre abultado de plata que les pagan todos los meses”.

“Me voy con bronca y pena por los compañeros que han caído y no están. Mi hijo tenía 17 años, estos valientes lo secuestraron y lo mataron, lo torturaron hasta el cansancio, eso son la basura que tenemos ahí adentro. Son asesinos”.

“Quiero recordar a los mellizos Metz, a uno de ellos y a su esposa los secuestraron y los mataron. Están desaparecidos, están muertos. Ellos luchaban acá como nosotros. (Ndr: el hijo de Raúl Metz y Graciela Romero nació en el CCDTyE La Escuelita y aún no conoce su identidad). Nos tuvimos que ir porque día y noche nos perseguían después de que se llevaron y mataron a mi hijo. Nos fuimos con lo puesto, yo era una mujer sola con tres hijas mujeres, me fui con lo puesto porque me iban a matar a mí y a mis hijas. Esos son los valientes que defendieron los jueces hoy”, recordó Marcela.

El secretario de la APDH, Eduardo Hidalgo, manifestó que “hace siete años que venimos en esta picada, desde las primeras detenciones domiciliarias hasta llegar a esta desvergüenza que llaman fallo” y agregó que “la condena es secundaria, la cuestión central es el Poder Judicial”.

La legisladora porteña y nieta restituida, Victoria Montenegro, advirtió que “no vamos a llorar, vamos a convertir todo esto en lucha”.

“Da impotencia cuando vemos a este Partido Judicial cómplice de esos delitos tan tremendos, de lesa humanidad, que nos siguen doliendo a todos y a toda la sociedad argentina. Por supuesto que es injusto, por supuesto que vamos a pelear, pero acá veo muchos adolescentes que nos acompañaron, que abrazan esta causa y esa es nuestra principal victoria”, concluyó.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó el Informe anual 2019. El sistema de la crueldad XIII. Es el décimo tercer informe que año a año describe la crueldad que descarga el sistema penal sobre sus víctimas, los sectores más vulnerables de la sociedad, en su mayoría jóvenes y pobres acusados por delitos menores.

Durante estos 13 informes, pasaron gobiernos provinciales de distinto signo político: todos insistieron en el punitivismo como única política de seguridad. El resultado fue el agravamiento paulatino de las condiciones de detención y el incremento de la violencia policial en los territorios.

Como ocurre cada año, la publicación del trabajo de monitoreo y control de lugares de encierro y políticas de seguridad, salud mental y niñez es un acto político para llamar la atención de todos los poderes del Estado: el sistema penal está en crisis, las violaciones extremas a los derechos humanos se naturalizaron y las víctimas de este sistema no son escuchadas ni reparadas.

Las masacres de Pergamino, Esteban Echeverría y San Miguel de Monte son la muestra acabada de la peor cara del sistema penal.

“Ya presentamos 13 informes a funcionarios y jueces que no tomaron ninguna medida para revertir esta situación, las cárceles son depósitos humanos”, dijo Adolfo Pérez Esquivel.

El del año pasado fue el informe de los récords. Este año todos los índices empeoraron: cantidad de detenidos, tasa de prisionización, crecimiento interanual de personas detenidas, sobrepoblación.

Hay 50.500 personas detenidas, la sobrepoblación en cárceles es del 113%, en comisarías del 310%. “Este gobierno, que asumió reconociendo la crisis del sistema de encierro, fue la gestión que mayores violaciones a los derechos humanos provocó”, resumió el secretario de la CPM Roberto Cipriano García.

Durante 2018, se denunciaron más de 12 mil hechos de torturas; 339 personas murieron bajo custodia del Estado y otras 120 por uso letal de la fuerza.

“Los hechos que denunciamos son consecuencia de las políticas de mano dura. No son casualidades o hechos aislados. Las masacres de Pergamino, Echeverría y Monte son una prueba: todos sabían de la situación crítica y no hicieron nada. Peor aún: una vez que sucedieron, ni la gobernadora ni las autoridades judiciales se pronunciaron, fue como si no hubiese pasado. Un silencio que no respeta ni siquiera el dolor de las familias”, agregó Cipriano García.

Familiares de las víctimas de las tres masacres ocurridas durante la actual gestión de la Provincia formaron parte de la mesa de presentación. “El pasado 20 de mayo, a Cami, Gonzalo, Danilo y Aníbal los mató la policía mientras paseaban por la laguna de nuestro pueblo. A Rocío la hirieron gravemente. Pero no es un caso aislado, esto pasa a diario, es una política de Estado que los prepara, forma e instruye para actuar así. Una política de Estado, incluso, celebrada por las máximas autoridades”, señaló Yanina Zarzoso, mamá de Camila López.

“Pasaron tres meses de la masacre y cada día es difícil. Con el alma hecha pedazos estamos en las marchas, somos cinco familias que la estamos peleando. Queremos justicia por nuestros hijos, y también para todas las madres que pasaron por lo mismo. Pero no es sólo un pedido de justicia: reclamamos un porvenir para nuestros niños, para que cada vez que salgan de sus casas puedan volver sanos y salvos”, remarcó Gladys Ruiz Díaz, mamá de Danilo Sansone.

La CPM también patrocina a cinco de las siete familias de la masacre de la comisaría 1ª de Pergamino. El próximo 2 de septiembre, al cumplirse dos años y medio del hecho, comienza el juicio oral y público contra seis policías: “Ellos estaban esa noche ahí y no hicieron nada para salvar a nuestros hijos, dificultaron las tareas de rescate de los bomberos, los dejaron morir”, dijo Cristina Gramajo, mamá de Sergio Filiberto.

“Ya había pasado en Pergamino y se dijo nunca más, y después nos volvió a pasar a nosotros”, declaró Matilde, mamá de Elías Soto, una de las diez víctimas fatales de la masacre de Esteban Echeverría.

La CPM también patrocina a familias en esta causa. “Llevamos 9 meses de lucha y seguimos en el camino de justicia, pero este tiempo también nos hemos sentido burlados; la Gobernadora sacó una nota diciendo que nos había recibido, nunca fue así”.

El debate oral del juicio Armada II cerró con las “palabras finales” de 14 de los 17 represores que esta semana escucharán la lectura del veredicto.

La mañana transcurrió entre excusas, declaraciones de inocencia, homenajes familiares, enumeración de enfermedades, agradecimientos por el buen trato de los jueces y hasta lamentos por “la grieta insoportable”.

El próximo miércoles a las 11 -en Colón 80- se conocerá el veredicto por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 68 víctimas del terrorismo de Estado en Bahía Blanca y la región.

La de hoy fue la primera vez que el tribunal y el público local tuvo cara a cara a la mayor parte de los genocidas que siguieron el juicio por videoconferencia.

Heberto José RUBATTINO: revistó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, 22 de marzo y el 14 de abril de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.

Ricardo César ARAUJO: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como Comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1 (BIC1), desde el 29 de diciembre de 1975 al 6 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Rómulo Augusto ILLA: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como comandante del BIC1, desde el 3 de enero de 1977 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

 Arturo María QUINTANA: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante del BIC1 desde el 2 de febrero de 1976 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Aristóbulo Nicanor MOREIRA: desde el 6 de diciembre de 1976 hasta el 5 de mayo de 1977, se desempeñó con el grado de Teniente de Navío como jefe de operaciones, personal y logística del Batallón de Comunicaciones N° 1. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Francisco Manuel MARTÍNEZ LOYDI: se desempeñó, con el grado de Subprefecto, como jefe de la Sección Informaciones de la PZAN desde el 15 de febrero de 1975 hasta el 2 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Alejandro Carlos LORENZINI: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como Ayudante Jefe Sección Operaciones (21 meses) y Ayudante Jefe de Sección Inteligencia (6 meses) de la Brigada de Infantería de Marina N°1 desde el 2 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Emilio José SCHALLER: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante desde el 6 de febrero de 1976 al 16 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Carlos Enrique LACOSTE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como Jefe de Personal, Ayudante del Cte, Jefe Detalle General, Jefe Cargo Publicaciones del EMGN, Ayudante Cargo Bienestar y R.R.P.P. del Batallón de Infantería de Marina N°1, desde el 22 de diciembre de 1975 hasta el 14 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

José Abdala FIGUEROA: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe de la División Cuartel Base, del Dpto. General de la Base Naval de Infantería de Marina Baterías (BNIM), desde el 28 de noviembre de 1975 al 28 de noviembre de 1978. Desde el 26 de noviembre de 1976 al 28 de noviembre de 1978, se desempeñó simultáneamente como Ayudante Secretario del Jefe de la BNIM.  La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Carlos Alberto LOUGE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Dpto. de Inteligencia del COAN desde el 23 de julio de 1976 al 2 de febrero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Miguel Ángel TORRÁ: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Subjefe de la Base Aeronaval Comandante Espora y Jefe Cargo Contrainteligencia, desde el primero de enero de 1976 al 26 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

 Mario José BILESIO:, revistó con el grado de Teniente de Fragata, como máxima autoridad de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, desde el 01 de enero al 26 de noviembre de 1976, con excepción del período comprendido entre el 22 de marzo y el 14 de abril, en que lo hizo como Segundo Jefe. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.

Sergio Leonardo ARÁOZ de LAMADRID: se desempeñó con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Centro de Instrucción y Adiestramiento contra la Subversión (C.I.A.C.S.) y Jefe de la División de Inteligencia Operativa del Comando de Operaciones Navales desde el 21 de enero de 1976 al 31 de enero de 1977. Desde el 1 de septiembre al 26 de noviembre de 1976, se desempeñó simultáneamente como Jefe de la División Contrainteligencia. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

No estuvieron por cuestiones de salud:

Luis Oscar CONTI, revistó con el grado de Suboficial Mayor, como Suboficial del Cargo Electricidad del Centro de Instrucción y Adiestramiento en Máquinas y Electricidad de la Base Naval Puerto Belgrano entre el 12 de febrero de 1975 y el 10 de octubre de 1984. La Fiscalía y la querella solicitaron 12 años de prisión.

Enrique DE LEÓN: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe del Departamento Operaciones de la BNIM, desde el 9 de febrero de 1976 al 18 de julio de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron 16 años de prisión.

Álvaro Hernán HERMELO: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como jefe de Inteligencia y Contrainteligencia en la Brigada de Infantería de Marina N1, desde el 21 de enero 1977 hasta el 21 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

El próximo miércoles 28 de agosto se conocerá el veredicto del Juicio Armada II, en el cual son juzgados 17 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca y la región bajo jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.

El Tribunal Oral Criminal Federal subrogante convocó a la audiencia para las 11 en la sede del rectorado de la Universidad Nacional del Sur de Colón 80.

El lunes desde las 9 será el momento de las últimas palabras de los acusados. Por primera vez deberán presentarse todos los genocidas en el aula magna bahiense.

Es el sexto juicio por los crímenes del terrorismo de Estado que se realiza en nuestra ciudad. Comenzó en octubre de 2018 y comprende 68 casos en los que se investigan los secuestros, torturas y, en algunos supuestos, el asesinato de las víctimas. 65 de ellos resultaron acreditados en el debate oral finalizado en 2015, tras el cual fueron condenados a prisión perpetua 18 militares y otros cuatro tuvieron penas de entre 8 y 18 años.

¿Quiénes son los imputados y qué penas pidieron la Fiscalía y la querella?

Sergio Leonardo ARÁOZ de LAMADRID: se desempeñó con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Centro de Instrucción y Adiestramiento contra la Subversión (C.I.A.C.S.) y Jefe de la División de Inteligencia Operativa del Comando de Operaciones Navales desde el 21 de enero de 1976 al 31 de enero de 1977. Desde el 1 de septiembre al 26 de noviembre de 1976, se desempeñó simultáneamente como Jefe de la División Contrainteligencia. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

 Mario José BILESIO:, revistó con el grado de Teniente de Fragata, como máxima autoridad de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, desde el 01 de enero al 26 de noviembre de 1976, con excepción del período comprendido entre el 22 de marzo y el 14 de abril, en que lo hizo como Segundo Jefe. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.

Heberto José RUBATTINO: revistó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, 22 de marzo y el 14 de abril de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.

 Luis Oscar CONTI, revistó con el grado de Suboficial Mayor, como Suboficial del Cargo Electricidad del Centro de Instrucción y Adiestramiento en Máquinas y Electricidad de la Base Naval Puerto Belgrano entre el 12 de febrero de 1975 y el 10 de octubre de 1984. La Fiscalía y la querella solicitaron 12 años de prisión.

Ricardo César ARAUJO: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como Comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1 (BIC1), desde el 29 de diciembre de 1975 al 6 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Rómulo Augusto ILLA: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como comandante del BIC1, desde el 3 de enero de 1977 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

 Arturo María QUINTANA: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante del BIC1 desde el 2 de febrero de 1976 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Aristóbulo Nicanor MOREIRA: desde el 6 de diciembre de 1976 hasta el 5 de mayo de 1977, se desempeñó con el grado de Teniente de Navío como jefe de operaciones, personal y logística del Batallón de Comunicaciones N° 1. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Francisco Manuel MARTÍNEZ LOYDI: se desempeñó, con el grado de Subprefecto, como jefe de la Sección Informaciones de la PZAN desde el 15 de febrero de 1975 hasta el 2 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Alejandro Carlos LORENZINI: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como Ayudante Jefe Sección Operaciones (21 meses) y Ayudante Jefe de Sección Inteligencia (6 meses) de la Brigada de Infantería de Marina N°1 desde el 2 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

 Álvaro Hernán HERMELO: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como jefe de Inteligencia y Contrainteligencia en la Brigada de Infantería de Marina N1, desde el 21 de enero 1977 hasta el 21 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Emilio José SCHALLER: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante desde el 6 de febrero de 1976 al 16 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Carlos Enrique LACOSTE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como Jefe de Personal, Ayudante del Cte, Jefe Detalle General, Jefe Cargo Publicaciones del EMGN, Ayudante Cargo Bienestar y R.R.P.P. del Batallón de Infantería de Marina N°1, desde el 22 de diciembre de 1975 hasta el 14 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

José Abdala FIGUEROA: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe de la División Cuartel Base, del Dpto. General de la Base Naval de Infantería de Marina Baterías (BNIM), desde el 28 de noviembre de 1975 al 28 de noviembre de 1978. Desde el 26 de noviembre de 1976 al 28 de noviembre de 1978, se desempeñó simultáneamente como Ayudante Secretario del Jefe de la BNIM.  La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

 Enrique DE LEÓN: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe del Departamento Operaciones de la BNIM, desde el 9 de febrero de 1976 al 18 de julio de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron 16 años de prisión.

Carlos Alberto LOUGE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Dpto. de Inteligencia del COAN desde el 23 de julio de 1976 al 2 de febrero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Miguel Ángel TORRÁ: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Subjefe de la Base Aeronaval Comandante Espora y Jefe Cargo Contrainteligencia, desde el primero de enero de 1976 al 26 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

El secretario general de la CTA Regional Bahía Blanca sostuvo que la judicialización de la toma de viviendas en el barrio Spurr “marca una línea de intervención de parte del gobierno municipal y de la justicia”. Porque no hace “una lectura de la realidad que indique que los reclamos de vivienda y el déficit habitacional son evidentes y que esta toma de tierras está enmarcada dentro de ese reclamo que existe en otros sectores de la ciudad. A ese pedido ante las autoridades públicas se responde de esta manera”.

Respecto de la imputación del delito de usurpación, basados en la interpretación de que fue “violento”, el dirigente explicó a FM De la Calle que“retuerce lo que dice le código penal. Es público que el reclamo ha sido genuino, pacífico, ahora continuo y que tiene legitimidad”.

¿Qué motiva la toma? “Lo definía muy bien hace unos días un joven que frente a una pregunta de un periodista: ´cuando empezamos esto no lo conocíamos ni a Aparicio ni a nadie. ¿Sabe qué, don? Lo que nos empujó a esto es la necesidad´. Es una verdad innegable, cualquiera que se acerque al lugar verá que hay un reclamo genuino. Hay un estado de necesidad”.

Sobre las acusaciones que expresaron públicamente varios funcionarios de que la central obrera “instigó” al desarrollo de la toma, el dirigente sindical sostuvo que “hay un propósito avieso de quienes sobre estiman nuestra capacidad de organización. La CTA, lo decimos sencillamente, no tiene la capacidad de organizar a cuatrocientas familias en el barrio Spurr sencillamente porque no tenemos la inserción social en ese lugar como para producir ese grado de organización”.

Además, argumentó que “los funcionarios que hablan de esta manera desprecian la capacidad de organización de los y de las de abajo, como si no pudieran organizarse colectivamente por las suyas, tomar decisiones, reunirse en las asambleas, decidir qué van a hacer, por donde van a encaminar sus pasos”.

“Lo que nunca entenderán estos funcionarios y estos jueces es que sí hacemos un esfuerzo, pero de ahora, por ser coherentes entre lo que pensamos y lo que hacemos, y la CTA tiene escrito desde el primer programa una de nuestras acciones principales iba a ser la solidaridad con quienes reclaman por sus derechos. Eso fue lo que hemos hecho”.

Gandolfo repudió la decisión del gobierno de Héctor Gay de retirar asistencias sociales a quienes reclaman por vivienda. “Eso es tremendo. Se reconoce su estado de necesidad y por lo tanto se les da un plan y por otro lado cuando se disponen a reclamar por algunos de sus derechos se los quitamos si protestan”.

Por último, el titular de la central local exhortó a pronunciarse en torno a la situación de estas familias: “Frente a esta situación donde está puesta sobre el tapete la cuestión social es muy importante que todos y todas, organizaciones y personas, se hagan oír colectivamente y tomen posición con respecto a esto: que lo digan”.

Patricia Solorza tenía 40 años y hacia seis que estaba presa por homicidio agravado por el vínculo tras haber sufrido un aborto espontáneo. Falleció en terapia intensiva en el Hospital de José León Suárez. Durante dos meses le negaron la atención médica en la Unidad Penal 47 de San Martín.

“Toda la situación que pasó fue terrible, sabíamos de su situación de salud, la acompañamos. Es la desidia del Sistema Penitenciario y del Poder Judicial que, estando al tanto de su salud, no hicieron nada y dejaron que llegara al hospital con un litro de pus en el estómago y una situación irreversible”, comentó María Medrano, directora de la organización social Yo No Fui, la cual brinda el taller textil del que participaba Patricia.

“Entendemos todas que no tendría que haber estado ni un día presa si en este país se hubiera aprobado la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito”, destacó.

El caso de Patricia no es excepcional: “Son muchas las mujeres en esta situación y son invisibilizadas, es importante dar cuenta de eso. Es gravísimo. Por otro lado, el estado de salud en que se encuentran las mujeres privadas de libertad es terrible, falta de medicamentos, de atención médica, el estado de las cárceles es muy lamentable y la atención médica es brutal”.

Medrano comentó que “están en desventaja total, cumplen una doble condena, también la social, y realmente las mujeres padecen mucho la cárcel y eso se ve, las vemos con un deterioro físico muy importante y eso realmente preocupa porque no hay nada que contemple una atención particular”.

“Trabajamos tanto adentro como afuera de las cárceles. Cada vez más se escucha adentro el miedo de no salir, el deseo de salir vivas, de poder volver a sus casa. Las mujeres tienen miedo de morir dentro de una cárcel. No hay políticas post penitenciarias, si no tenés redes es muy difícil hacer una vida distinta a la que te llevo a la cárcel”.