(Por Bahiensas Feministas) El 20 de mayo Dayana Gorosito fue obligada a parir en un descampado, con frío y sin asistencia médica por su pareja Luis Oroná en Unquillo, Córdoba. Este arrancó a la beba de sus brazos y se la llevó, sosteniendo que no era de él. Seguidamente inició una movida mediática para generar una coartada, y con la amenaza que no volvería a ver a su hija.

En el transcurso, la joven de tan solo 20 años debió ser internada con una infección severa producto de las condiciones inhumanas en que fue obligada a parir. Tras haber sido incomunicada, intentó irse para ver a su hijo de 3 años y a la recién nacida y fue detenida nuevamente el 30 de mayo. La joven de tan solo 20 años no supo que su hija estaba muerta hasta que la policía, tras cuatro allanamientos, encontró el cuerpo en la casa de Oroná.

La violencia machista que comenzó mucho tiempo atrás contra Dayana por parte de Oroná hoy se continúa al seguir ella detenida por un delito que no cometió. La justicia (corregimos: el Poder Judicial)  dispuso que la joven sea alojada en la cárcel cordobesa de la comuna de Bouwer. Desde hace tiempo, diversas organizaciones feministas, sociales, de derechos humanos y políticas, junto con un gran número de personalidades, se vienen manifestando por su inmediata liberación.

Que Dayana esté presa es una aberración jurídica y una falta de completo sentido de la humanidad.  El estado cordobés ha optado ya no simplemente por creerle a Oroná: ha elegido ser cómplice y hacedor de misoginia, de violencia patriarcal, de criminalización de la pobreza y de pobreza de la justicia.

Hoy se hará un reclamo general para exigir la libertad de Dayana Gorosito. Desde Bahiensas Feministas sumamos nuestras energías en contra de la violencia de género e institucional representada en este caso que nos toca de cerca. Porque si algo hemos aprendido en estos años es que desafortunadamente ninguna de nosotras está exenta de la opresión machista. Pero también aprendimos que unidas le haremos frente.

¡Basta de violencia de género e institucional!

¡Basta de impunidad!

¡Liberación inmediata para Dayana Gorosito!

Foto: Anred.

Se reanudan este miércoles las audiencias testimoniales en el Juicio Ejército III que juzga a 34 represores imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca y la región. Será desde las 9:30 en Colón 80 y repetirá horario mañana jueves, a días de la feria judicial.

El debate oral comenzó el 11 de octubre e incluye los casos de más de un centenar de víctimas. Las sesiones son públicas, pueden ingresar mayores de 18 con sus DNI o jóvenes desde los 16 junto a sus docentes.

La última audiencia fue a fines de noviembre. Se escuchó al ex militante de la UES y sobreviviente de La Escuelita Manuel Ortega y a su madre Claudina Linares, ambos apuntaron al imputado Pedro Noel como uno de los secuestradores.

Además, declararon los ex colimbas del Batallón de Comunicaciones 181 Horacio Raúl Cianci, chofer y asistente del mayor Ibarra, jefe del “Equipo de Combate contra la Subversión” y Carlos Alberto Messina, conductor del micro de la banda musical de dicha unidad quien mencionó una compañía llamada “la voladora” por sus permanentes entradas y salidas.

Manuel Aníbal Ortega, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, fue secuestrado en Haití al 1900 a fines de 1976 o principios de año siguiente. “Llegué de trabajar y golpearon la puerta, abrí yo y había gente apostada del Ejército y una persona de traje que era Noel, después me he enterado que era él”.

Pedro Noel integró el grupo de tareas del Comando Radioeléctrico de la Policía Bonaerense y está imputado por los hechos padecidos por María Emilia Salto, Laura Manzo y Daniel Bombara. Por decisión del tribunal entra y sale de las audiencias libremente, entre sus víctimas, del brazo de su esposa.

noel fm de la calle

Ortega fue llevado junto a su amigo Daniel Sánchez -capturado momentos después- a la jefatura policial de avenida Alem. Los jóvenes ya habían sido detenidos en la calle y demorados en ese lugar. Aquella vez, “hablé con (el comisario) Trujillo y estuvimos de un día para el otro y nos largaron”.

Durante el segundo hecho “siempre los tratos fueron muy malos, golpes, con la misma ropa mía me vendaron, nos dijeron que habíamos mentido la primera oportunidad, ‘ahora van a ver lo que les va a pasar’. Nos tuvieron hasta que nos cargaron en un auto, nos pusieron en el piso en la parte de atrás, nos taparon con una frazada, el auto salió rápido, cuando dobla, por la inclinación me di cuenta que doblamos Alem para las afueras de la ciudad”, declaró.

Vendados y esposados los dejaron en el patio del centro clandestino La Escuelita. Fueron interrogados y tirados en el piso alrededor de tres días, tras los cuales “me llevaron a donde estaban los guardias”. “Había de un  lado hombres y del otro mujeres. Sánchez estaba con los hombres, el primer problema que tuvo es que era zurdo y le ataron la mano que necesitaba para comer”.

“Fuimos muy castigados”, recordó Ortega, “los guardias se divertían conmigo, estaban aburridos y me sacaban, me levantaban de la cama, se ponían en una rueda y organizaban una pelea. Peleaba uno de ellos conmigo, otro relataba la pelea, eso ocurrió en varias oportunidades. (…) Igual que cuando nos torturaban -siempre practiqué deportes y resistía un poco más que otras personas- a veces era un poco más duro el castigo porque me decían ‘vos te la aguantás’”.

El testigo recordó que “había chicas embrazadas” a las cuales “sacaban a caminar” y también mencionó a una joven de Punta Alta. “Cuando uno pedía para ir al baño te sacaban a una letrina. En una oportunidad me sacan y había una chica, pudimos conversar, los guardias que estaban ahí querían que mantuviera una relación sexual con la chica, me negué rotundamente, conversamos con la chica y me dijo que era de Punta Alta, me dijo ‘si llegás a salir avisále a mis padres que estoy acá’. No me acuerdo (el nombre) ni le avisé a los padres ni nada”. Agregó que a la mujer le decían “Laucha o Rata y su padre era militar”.

Respecto a las detenidas afirmó que “fueron agredidas, inclusive hasta abusaban de las chicas, todas estas cosas las escuché por el lugar donde me tocó estar, después que cometían se contaban entre ellos, para ellos era una diversión”.

Tras aproximadamente un mes de cautiverio los “castigos” terminaron. “Portáte bien”, le dijo un represor mientras la pedía disculpas por su secuestro. “Me quedó grabado porque qué mal me podría portar ¿no?”. Siempre junto a Sánchez los hicieron bañarse, les dieron comida y los liberaron en el Parque Independencia. “Estaba aterrado, no quería salir, la primera vez vi un patrullero y volví corriendo. Ni hablar de los sueños. Este muchacho Sánchez se fue de Bahía Blanca, yo lo fui dejando en el olvido”.

La madre de Ortega, Claudina Linares, afirmó que el inspector Noel en persona “agarró (a su hijo) y lo llevó” un mediodía. “No lo vi nunca más hasta que volvió”, dijo la mujer y recordó que tuvo que llevarlo al médico porque estaba “mal, bajó nueve kilos, estaba lastimado al lado de las orejas, todo lastimado”.

Durante el cautiverio de Ortega, Linares fue todos los días al Ejército: “Que después le decimos, que venga mañana a tal hora. Ahí me atendía el señor Delmé, cada vez que iba, el único. Me decía quédese tranquila que el chico está, si pasa algo le aviso”.

Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina, repudiamos enérgicamente la amenaza sufrida por FM Alas en el marco de un debate social entorno a la propiedad, el uso y la funcionalidad de la tierra, donde la radio cumple un rol fundamental en la información, la visibilidad y el análisis del conflicto.

El día 2 de diciembre la emisora del Bolsón, provincia de Río Negro, cubrió una extensa jornada de una Audiencia Pública que el municipio realizó para legitimar un megaproyecto inmobiliario impulsado por el magnate Joe Lewis y sus testaferros. Este proyecto prevee la construcción de un barrio turístico en la zona y el loteo de tierras en la Pampa de Ludden, un lugar de divisora de aguas en donde viven muchas familias productivas.

Durante la jornada, FM Alas hizo público un video en donde jóvenes declaran la promesa de recibir dinero a cambio de participar de una concentración en favor del intendente en la puerta de la Audiencia. Durante los últimos días, Alas desnudó una gran cantidad de irregularidades, ilegalidades y el negocio multimillonario que se pretende realizar con los bienes comunes.

Consideramos que esta amenaza no es un hecho aislado, y es parte de una cadena de intimidaciones que se vienen incrementando y agravando. Es momento que entre todas y todos pongamos freno a estas formas directas de amenaza.

Asimismo, solicitamos que el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, se rectifique en sus declaraciones, en las que calificó a la emisora de ilegal. Esto no sólo es falso, sino que es insólito que la máxima autoridad del pueblo desconozca la historia de una de las emisoras pioneras en la comunicación comunitaria latinoamericana que lleva más de 29 años emitiendo en la provincia.

Esperamos que se garantice el derecho libre a la comunicación, que este episodio en particular no pase a mayores y que ningún medio comunitario ni organización social vuelva a sea amenazada.

Sin medios comunitarios no hay democracia.

Ayer, en el Día de los Derechos Humanos, la Plaza de Mayo fue una vez más escenario de visibilización de vejámenes, reclamo por derechos humanos y trabajo de concientizción social.

Las organizaciones sociales, gremiales, políticas y culturales abajo expresadas  enumeradas compartieron un documento único y micrófono.

Reproducimos el texto completo:

En el Día Internacional de los Derechos Humanos y a un año del inicio del actual Gobierno, estamos en esta Plaza de Mayo en la Jornada Nacional de Lucha por los Derechos Humanos para gritar muy fuerte que ¡seguimos resistiendo!

Venimos a esta Plaza a reivindicar las luchas de los 30.000 detenidos-desaparecidos, a exigir el respeto de los derechos humanos, a reclamar la continuidad de los juicios por los crímenes del Terrorismo de Estado, a denunciar la banalización de la memoria: el negacionismo de quienes pretenden poner en duda el número de víctimas y sus identidades políticas. Venimos a defender lo que hemos logrado en políticas de Memoria, Verdad y Justicia con las que obtuvimos la condena a 700 genocidas. Políticas que los organismos habíamos reclamado durante décadas. y que fueron reconocidas desde el Estado por los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Hoy, a un año del Gobierno de Mauricio Macri, denunciamos el agravamiento de la situación de los derechos humanos en nuestro país, porque hay presos políticos, porque se ha profundizado la vulneración de los derechos sociales, económicos y culturales de nuestro pueblo.

Seguimos resistiendo contra la impunidad, por eso luchamos por más Memoria, Verdad y Justicia. En esta última década, nuestro país avanzó como nunca antes en el juzgamiento a los responsables de los delitos de lesa humanidad. Mientras este Gobierno declara a la prensa que los juicios a los genocidas continuarán, desarma las políticas de Estado que los garantizan, como las de acompañamiento a testigos y la investigación para las causas,  despide a trabajadores y trabajadoras de sus programas, retira querellas, se reúne con agrupaciones de familiares de los genocidas que piden amnistía, y no cesa en el intento de apartar a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien potenció la actuación del Ministerio Público en estas causas.

Seguimos reclamando la cárcel común, efectiva y sin privilegios para todos los genocidas y el Juicio y Castigo para todos los culpables.

Exigimos que se reactiven y profundicen las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia. Que se terminen los despidos en las áreas encargadas de su sostenimiento, y se garantice el presupuesto necesario para su desarrollo.

Porque todavía queda mucho por hacer; más de 300 jóvenes continúan apropiados, sin conocer su historia, sin poder abrazarse con las familias que los seguimos buscando. Porque es necesario seguir preservando, recuperando y resignificando los ex centros clandestinos. Porque deben abrirse los archivos de la dictadura que contienen la información sobre qué pasó con nuestros detenidos- desaparecidos. Porque es necesario continuar con los juicios a todos los genocidas civiles y militares.

Y porque todavía nos sigue faltando Jorge Julio López. Exigimos Aparición con vida!

Los obstáculos para avanzar con la investigación y el juzgamiento de delitos de lesa humanidad se agudizaron en este año, creando una situación preocupante de impunidad para los responsables civiles de esa dictadura genocida y para todos los culpables que siguen sin tener Juicio y Castigo.

La lentitud de los juicios y del desarrollo de los debates orales y públicos en curso, la falta de conformación de tribunales y de confirmación de condenas sigue generando impunidad: los genocidas se mueren sin haber sido juzgados o sin sentencia firme.

Los civiles que dieron el Golpe con Videla, Massera y Agosti, siguen impunes. Son los grupos económicos, los medios de comunicación concentrados, la cúpula de la Iglesia y la corporación judicial: la parte civil de la dictadura cívico-militar, que en sociedad con las Fuerzas Armadas y apoyados por el gobierno de Estados Unidos, desplegaron métodos de tortura macabros, pusieron en funcionamiento más de 600 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, desaparecieron a miles de personas y dejaron un país devastado, con hambre, pobreza, exclusión y miles de presos políticos. Hoy, en esta Plaza, nuevamente denunciamos que la corporación judicial sigue beneficiando a sus socios y protegiendo a los culpables. Con causas cajoneadas, los civiles como Blaquier, Massot, Bottinelli, Mitre, Magnetto, y los socios de Martínez de Hoz en Acíndar,  caminan libres por las calles.

El Poder Legislativo, por su parte, tiene pendiente la constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura cívico-militar, que debería haberse puesto en funcionamiento en marzo de este año. A pesar de los reclamos que los organismos hemos hecho a la Presidenta del Senado, Gabriela Michetti, y al Presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, todavía no se ha conformado. Exigimos, una vez más, que pongan en funcionamiento dicha Comisión.

Y ahora, además, pretenden convertir una fecha tan significativa para el pueblo como la del 24 de marzo, el “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, en un feriado móvil.

¡Basta de agraviar la memoria! ¡El próximo 24 de marzo vendremos a esta Plaza, como siempre, y volveremos a ser miles de personas defendiendo la Memoria, la Verdad y la Justicia!

Mientras demandamos que ningún genocida camine por las calles, vemos también cómo aumenta la violencia institucional: un excesivo e injustificado uso de armas de fuego; razzias; represión de protestas sociales y sindicales; ingresos brutales a barrios; controles injustificados de documentación; requisas personales sin causa en la vía pública; trato abusivo, hostil y amenazas;  persecución política a militantes por parte de las Fuerzas de Seguridad, son sólo algunos de los ejemplos. Terminar con las prácticas represivas y el funcionamiento de cárceles y comisarías como lugares de criminalización de la pobreza, de aplicación de tormentos y torturas, sigue siendo una de las mayores urgencias de la democracia.

Estas políticas represivas son validadas desde el poder y por los medios de comunicación  que ayer estigmatizaban a los 30.000 y sus compañeros, y que hoy justifican la violencia y la persecución a los sectores populares, principalmente a los jóvenes y a los migrantes.

¡Los organismos de derechos humanos seguimos y seguiremos resistiendo!

Esta Plaza ha sido siempre escenario privilegiado de las luchas del movimiento popular argentino, incluso en pleno terrorismo de Estado. Hoy, a un año del nuevo Gobierno, en muchas plazas del país hay movilizaciones, en el marco de esta Jornada Nacional de Lucha por los Derechos Humanos.

Hoy como ayer, venimos a denunciar la existencia de presos políticos. Pedimos que se haga efectiva la resolución de la ONU y los pedidos de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se libere de forma inmediata a Milagro Sala, presa política de Gerardo Morales y Mauricio Macri. También exigimos la libertad de sus compañeros: Gladys Díaz, Mirta Aizama, Alberto Cardozo, Mirta Rosa Guerrero, Graciela López y Javier Osvaldo Nieva, presos por el solo hecho de ser luchadores populares. No podemos permitir que continúe la violación del Estado de Derecho en Jujuy.

Exigimos al Gobierno: ¡una Navidad sin presos políticos!

Denunciamos que en un año de Gobierno de Macri, nuestro país ha retrocedido décadas, generando una Argentina con miles de personas despedidas, con un Estado que genera beneficios para pocos y deja de garantizar y proteger los derechos de todos y todas.

¡BASTA DE DESPIDOS!

Convocamos a esta jornada para denunciar la implementación de un modelo basado en la exclusión; la entrega de los recursos a las corporaciones; el endeudamiento externo; la pérdida del valor del salario; el vaciamiento de la educación, la cultura y la salud pública; la reducción del financiamiento a la ciencia y la tecnología; garantizado por un Estado de espaldas al pueblo y con lógicas empresariales.

Sin derechos no hay democracia, porque cuando todo se concentra arriba, abajo quedan la pobreza, el hambre, la desocupación, la represión. El macrismo es el gobierno de la exclusión planificada, de los derechos para pocos.

Nos quieren disciplinar. Pretenden deslegitimar nuestras voces. Pero el movimiento popular conoce de resistencias, como lo demostraron las cientos de miles de personas que se movilizaron el 24 de marzo pasado en esta Plaza, las movilizaciones contra los despidos y el ajuste que llevaron adelante las organizaciones sindicales, sociales y políticas; y el pueblo en su conjunto, las comités por la libertad de los presos que se multiplican en todo el territorio argentino y la imponente Marcha Federal de la que los organismos de derechos humanos fuimos parte.

Estamos en esta Plaza para denunciar los ataques a los gobiernos populares en nuestro continente. Las corporaciones transnacionales no están dispuestas a ceder a los intereses de nuestros pueblos y con el apoyo de las principales potencias imperialistas descargan hace años una ofensiva feroz que se expresa en cada uno de nuestros países. Los intentos de desestabilización contra los gobiernos progresistas y populares en Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela; y los golpes de Estado Institucionales en Honduras, Paraguay y Brasil.

Sostenemos con el pueblo colombiano su grito por la paz.

Acompañamos el reclamo de los organismos de DDHH, Familiares y de todo el pueblo mexicano que denuncian la responsabilidad del Estado por los miles de desaparecidos y asesinados.

Hace más de 50 años continua el bloqueo económico contra Cuba, la Cuba de la Revolución, la Cuba de Fidel, y acompañamos a su pueblo que sigue defendiendo las banderas de la revolución.

Y Decimos: Hasta la Victoria, Siempre, Querido Comandante

Desde la profundidad de la historia Bolivar  nos grita  con fuerza “La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Unámonos y seremos invencibles”. Y  aquí estamos, sin renunciar al sueño de la Patria Grande, enfrentando este duro presente  de cara al futuro,  con  la  unidad  como herramienta  insustituible, con 30000 faros  que  son soles, con la potencia de la convicción  que  seguirá siendo  motor  para  esta lucha.

Hoy, en el día internacional de los Derechos Humanos,  en esta  jornada de lucha, razones, convicción, la potencia de la unidad y la organización nos sostienen, y hoy como  ayer, la Memoria, La Verdad y la Justicia siguen guiando nuestros pasos.

  • Por la continuidad de los juicios a los genocidas y sus cómplices civiles. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los culpables. No al desmantelamiento de las políticas públicas de Memoria.
  • Por la libertad a Milagro Sala y a todos los presos políticos por luchar. No a la criminalización de la protesta social y a la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad.
  • Por un modelo económico inclusivo, sin desigualdades y que garantice los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro pueblo. No a los despidos y el ajuste.
  • Por la aparición con vida de Jorge Julio López.
  • Por la restitución de la identidad a los casi 300 nietos y nietas apropiados por el terrorismo de Estado.

30000 compañeros detenidos desaparecidos ¡PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

Abuelas de Plaza de Mayo / Asamblea Permanente por los Derechos Humanos / Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza / Asociación Buena Memoria / Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte / Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas / Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz / Fundación Memoria Histórica y Social Argentina /
H.I.J.O.S. Capital / Liga Argentina por los Derechos del Hombre / Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora / Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos / Servicio de Paz y Justicia

Organizaciones gremiales y sindicales:

Asociación Taxistas de Capital (ATC) / Asociación de Trabajadores del Estado- ATE Capital / Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) / Asociación Judicial Bonaerense de San Isidro / Central de Trabajadores de la Argentina / Central de Trabajadores de la Argentina- Autónoma (CTA-A) / Central de Trabajadores de la Argentina- Ciudad de Buenos Aires / Central de Trabajadores de la Argentina- Provincia de Buenos Aires / Central de Trabajadores de la Argentina- Zona Norte / Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) / Corriente Federal de los Trabajadores- CGT / Federación Judicial Argentina- CTA A / Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) / Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA) / Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad- Asociación Bancaria / Sindicato de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (CEPETEL) / Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) /
Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) /

Organizaciones Sociales, estudiantiles y de derechos humanos:

Aguafuerte, Colectivo de Derechos Humanos -Movimiento Popular Patria Grande, La Plata- / Aluvión Ciudadano / Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- La Plata / Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos / Asociación Ambientalista Bonaerense / Asociación Civil de Ex Presos Políticos República Argentina / Asociación Civil Equipo de Trabajo e Investigación Social (ETIS) / Asociación Civil Memoria Palermo / Asociación Civil Moreno por la Memoria / Asociación de Familiares de Detenidos (ACIFAD) / Asociación de Psicólogos de Buenos Aires
Asociación ex-Presos Políticos por la Patria Grande (Córdoba) /
Asociación Memoria, Verdad y Justicia- Zárate / Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Familiares de Detenidos desaparecidos y ex presos políticos de Santiago del Estero / Asociación Psicoanalítica Argentina (APA)/ Asociación Seré por la Memoria y la Vida / Asociación Vorwärts / Associazione Latinoamérica di Cremona (Artistas argentinos residentes en Italia) / Atrapamuros- Colectivo de Educación Popular en Cárceles / Barrios por Memoria y Justicia Zona Norte / Cátedra Abierta de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Formosa / Cátedra de Salud y Derechos Humanos- Facultad de Medicina UBA / Cátedra Libre de Derechos Humanos FHCSyS UNSE /
Católicas por el Derecho a Decidir / Centro Cultural Jacinto Oviedo / Centro Cultural Teresa Israel / Centro de DDHH Emilio Mignone- UNQUI / Centro de Derechos Humanos ” Pedro Peczak” de la UNaM / Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales – UBA / Centro de Estudiantes de Psicología – UBA /
Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) / Centro de Estudios Jurídicos y Criminológicos Teresa Israel / Centro de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA) / Centro de Militantes para la Democracia Argentina (CEMIDA) / Científicos y Universitarios Autoconvocados Buenos Aires
Colectivo Mujeres de Negro / Colectivo Nacional Mario Bosch- abogadxs querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad
Colectivo Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia / Comisión Memoria de Barrio Manuelita San Miguel Pcia de Bs. As. / Comisión Memoria Verdad y Justicia de Pueblo Libre Moreno
/ Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de Gral. San Martín / Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo / Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen
Comisión Vesubio y Puente 12 / Comité por la Libertad de Milagro Sala / Consejo Nacional Armenio de Sudamérica-Oficina de Buenos Aires / Cooperativa de trabajo para la Comunicación Social de Castelar / Coro Quiero Retruco / Corriente Universitaria Julio Antonio Mella / Cultura en Movimiento Brown
Curas en Opción por los Pobres / Dirección de Derechos Humanos de Florencio Varela / Directorio de organismos de Derechos Humanos- Ente Público Espacio para la Memoria Ex ESMA / Red Colmena / El Centro de Educación Popular Felicitas Mastropaolo (RSCJ) / Encuentro de la Militancia Judicial de San Martín
Encuentro Militancia Judicial / Espacio COMUNARTE
Espacio Cultural Pachamama de Campana / Ex Detenidos- Desaparecidos de Ford / Ex Presos Políticos por la Patria Grande- Córdoba / Familiares de Desaparecidos de la Colectividad Japonesa / Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina (ICUF) / Federación Universitaria de La Plata (FULP) / Flores Solidario / Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe / Frente de Comunicación Negra del Sur / Frente de Mujeres K / H.I.J.O.S- Jujuy / Instituto del pensamiento Nacional “Manuel Dorrego” / Junta Promotora Malargüe- APDH / Juventud de la Unión Cultural Armenia (JUCA)
Llamamiento Argentino Judío / Madres en Lucha / Memoria Abierta
Memoria y Territorio- UNGS / Mesa de la Memoria de Avellaneda
Movimiento de Profesionales por los Pueblos (MPP) / Movimiento de Unidad Popular (MUP) / Movimiento en Defensa de la Tierra y la Vivienda (MDTV) Región Catamarca- Santiago del Estero /
Movimiento Nacional por los Derechos Humanos Integrales (MONADHI) / Movimiento Universitario de Izquierda (MUI)
Multisectorial de San Isidro / Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro / Programa radial “La Voz de los Colimbas” / Rancho Aparte Agrupación artística y social / Red de cooperativas de liberados y organizaciones sociales en contexto de encierro / Red de Derechos Humanos de Zona Norte /
Red de Educación Popular de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús / Red por los Derechos Humanos Provincia de Buenos Aires / Resistiendo con Aguante CABA / Resumen Latinoamericano / Secretaría de Derechos Humanos- Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) / Sembrando Memoria y Verdad- Mendoza /
Territorios Clínicos de la Memoria / Unión Cultural Armenia (UCA) / USINA /

Organizaciones políticas:

Corriente Nacional de la Militancia / Corriente Nacional Martín Fierro / Corriente Nacional y Popular 25 de Mayo / Eva Perón San Isidro / Federación Juvenil Comunista- Provincia de Buenos Aires / Frente Kirchnerista Exaltación / Frente Popular La Cañada Resiste (Quilmes)- Unidad y Resistencia para la Victoria
Kolina / La Cámpora / Movimiento Evita / Movimiento Político y Social Marcha Patriótica Capítulo Argentina / Movimiento Popular Seamos Libres / Nuevo Encuentro / Organización Barrial Tupac Amaru / Partido Comunista Congreso Extraordinario (PCCE) / Partido Comunista de la Argentina (PCA) / Partido Justicialista de Moreno / Partido Solidario (PSOL) / Patria Grande / Peronismo Militante / Unidos y Organizados (UyO)

Según el último informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional la gestión de la Alianza Cambiemos superó -antes de cumplir un año- las expectativas más negativas. Con 241 casos en 2016, más 18 entre el 11 y el 31 de diciembre, el gobierno de Mauricio Macri totaliza 259 casos, a los que habrá que sumar los que se produzcan en lo que queda del año y los que todavía no fueron registrados.

“Es impactante advertir que, en sólo 10 meses y medio de gobierno, la Alianza Cambiemos (PRO-UCR) alcanza una incidencia del 5% del total, frente a gestiones con 4, 6, 8 o 10 años de duración. Si calculamos el promedio diario de todas las gestiones, se confirma el liderazgo represivo de Mauricio Macri y sus aliados, que supera a todos sus predecesores y anuncia un duro 2017”.

Las dos modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social fueron los fusilamientos de gatillo fácil (46%) y las muertes de personas detenidas (39%). Las recurrentes y ampliadas campañas de “ley y orden”, al amparo del discurso oficial de la “inseguridad”, invisibilizan los homicidios de gatillo fácil contra jóvenes y pobres, que sólo trascienden en circunstancias muy particulares, o cuando son seguidos de una fuerte reacción popular que atraviesa el muro mediático.

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En la categoría de muerte de personas privadas de su libertad, que incluyen cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención (incluso patrulleros) confluyen principalmente inverosímiles suicidios por ahorcamiento que encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos, e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no reciben auxilio o lo reciben tardíamente. Las muertes violentas por heridas de arma blanca son, en buena parte de los casos, ejecuciones por encargo de los servicios penitenciarios, que usan para ello los llamados “coches-bomba” (sicarios). También aumentaron los fallecimientos por enfermedades que nunca causarían la muerte con una mínima atención médica (apendicitis, hepatitis, etc.).

La casi totalidad de las muertes en comisaría corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones. En esos casos resulta aún más incomprensible el argumento de la “crisis depresiva”, como dicen los partes policiales, pues son personas que en horas recuperarán la libertad. Rodolfo Walsh lo explicaba mejor: “Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella. Otro factor deprimente que acaso contribuya a la ola de suicidios en tales calabozos son las inscripciones que dejan los torturados”.

Las desapariciones, que superan las 200 desde 1983, no están desagregadas como modalidad aparte, pues pueden concurrir tanto con fusilamientos de gatillo fácil como muertes bajo custodia y hasta con asesinatos intrafamiliares u otras modalidades. Por ejemplo, los casos en los que la víctima fue vista en una comisaría, o cuando la detenían, están listados bajo la categoría muertes en lugares de detención; los femicidios en los que se desapareció el cuerpo están agrupados junto al resto de las muertes “intrafamiliares”, etc. En los casos que no se conoce lo sucedido, o no se trata de ninguna de las modalidades principales, se incluyen en la categoría “otras”.

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Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, reconfirman la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, trata de personas, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas.

Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, suman 70 desde 1995, 21 de ellos entre 2003 y 2015.

Edad de las víctimas

El 51% de los casos en los que se conoce la edad exacta o aproximada de la víctima, corresponde a personas de 25 años o menos.

Los rangos de edad que muestra el siguiente gráfico, con absoluta preeminencia de las víctimas jóvenes, son un claro indicador del contenido de control social de la represión: el 49% corresponde al segmento de 15 a 25 años. Si se suman los de menos de 35, se llega al 86% del total, aún cuando en un 10% de los casos se ignora la edad exacta.

Distribución por territorio

Si sólo se miran la cantidad de casos ocurridos en cada provincia, se evidencia la hegemonía absoluta de la provincia de Buenos Aires, con el 45% del total, seguida de lejos por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Pero, mientras la provincia de Buenos Aires tiene más de 15 millones y medio de habitantes, Mendoza apenas supera 1.700.000. Por lo tanto, no es posible sacar conclusiones comparando los 2.254 casos de una con los 271 de la otra, si no contemplamos, a la vez, esa enorme diferencia poblacional.

Para tener una imagen más clara, CORREPI calculó la incidencia de la represión estatal en relación a la cantidad de habitantes. Al obtener un índice por millón de habitantes conforme los datos del Censo 2010, la represión se descarga de manera casi uniforme en todo el territorio nacional, con mínimas diferencias entre los distritos, que responden en muchos casos a la falta de suficiente información confiable.

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La provincia de Buenos Aires pierde su posición destacada para quedar en quinto lugar, detrás de Santa Fe, Tierra del Fuego, Mendoza y Chubut, con La Pampa, CABA, Santiago del Estero y Río Negro a continuación. Además, los distritos que encabezan la lista son gobernados por representantes variados de todo el espectro político de la burguesía, lo que demuestra que, gobierne quien gobierne, mientras lo haga contra los intereses del pueblo trabajador, va a usar la represión.

La necesidad de control social es mayor en áreas de más acumulación de población. Así se advierte al comparar el número total del GBA con el interior de la provincia en casos absolutos, y se confirma al obtener el índice por millón de habitantes.

Casos por fuerza

Se advierte que la mayoría de las muertes (57,40%) corresponden al conjunto de las policías provinciales, excluida la metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, que lleva 19 fusilamientos de gatillo fácil. Aunque esa cifra no le otorga un porcentaje significativo, debe considerarse su reciente creación y que sus hombres no patrullan toda la ciudad.

La alta incidencia de los servicios penitenciarios de todo el país se vincula con la gran cantidad de muertes bajo custodia, la mayoría en cárceles. El personal de los “institutos de menores” se encuentra listados en “Otras fuerzas”, pues son carceleros que dependen de la SENAF u organismos semejantes, sin grado penitenciario ni policial.

Gendarmería y prefectura, que irrumpieron en el ámbito del gatillo fácil, la tortura y las muertes en movilizaciones y manifestaciones a mediados de los ’90, y hoy comparten el control territorial con las policías, ven incrementada, año tras año, su participación.

Las muertes causadas por miembros de empresas privadas de seguridad siguen en franco ascenso, así como la categoría “otras fuerzas”, donde además de personal de las fuerzas armadas, se clasifican, hasta ahora, las patotas y otros grupos de choque paraoficiales, en la modalidad que llamamos “tercerización de la represión”.

Gestiones de gobierno 1983/2016

Se advierte la sostenida tendencia creciente de la represión gobierno tras gobierno, con la única excepción del período diciembre 2001/mayo 2003, sin dudas atribuible al enorme nivel de la movilización popular en la época, que puso freno a la acción de las fuerzas de seguridad, confirmando la potencia del pueblo organizado.

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Es impactante advertir que, en sólo 10 meses y medio de gobierno, la Alianza Cambiemos (PRO-UCR) alcanza una incidencia del 5% del total, frente a gestiones con 4, 6, 8 o 10 años de duración.

Si calculamos el promedio diario de todas las gestiones, se confirma el liderazgo represivo de Mauricio Macri y sus aliados, que supera a todos sus predecesores y anuncia un duro 2017.

Femicidios de uniforme

Desde que empezamos a elaborar el Archivo, advertimos que la enorme mayoría de los asesinatos de gatillo fácil, con su fuerte componente de control social, correspondía a varones, especialmente adolescentes, y que el número de mujeres muertas en lugares de detención era más bajo que el de varones, lo que se explica por la diferencia cuantitativa de la población carcelaria y de comisarías en relación al género.

Sin embargo, también advertimos que, en un porcentaje importante, los casos registrados de víctimas mujeres se relacionaban con situaciones de violencia machista y patriarcal. La cantidad de mujeres asesinadas por integrantes del aparato represivo estatal por razones de género nos llevó a empezar a sistematizar esas situaciones, sin perjuicio de que, simultáneamente, encuadraran en otras modalidades según la forma de la muerte.

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Los dos primeros casos registrados como femicidios se remontan a 1992. Desde entonces el índice ha sido creciente, hasta llegar hoy a 291 casos sobre un total de 481 de víctimas mujeres, lo que convierte los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal, muy por encima del gatillo fácil, la tortura en cárceles y comisarías, las desapariciones, los asesinatos en represión a la protesta y otras modalidades.

A estos casos hay que sumar aquellos en que la violencia patriarcal de policías, gendarmes, prefectos y servicios penitenciarios se cobra víctimas no mujeres, como sucede con los hijos asesinados para agredir a la madre, muchas veces varones. No son pocos, tampoco, los casos de compañeros o familiares varones de la mujer que son asesinados por el macho de uniforme cuando intentan interceder o defenderla. Son 25 los femicidios “relacionados” registrados.

Muertos en la represión a la protesta

Desde 1995, se registran 70 muertes en la represión a manifestaciones, movilizaciones y reclamos por trabajo y vivienda. En este rubro, sigue llevando la delantera el gobierno de la Alianza radical-peronista, entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001, con un total de 45 asesinados, de los cuales 39 cayeron el 19 y el 20 de diciembre o murieron posteriormente por las heridas recibidas. Lo escolta el gobierno de Cristina Fernández, con 19, mientras que Menem, Duhalde y Néstor Kirchner “empatan” con dos casos cada uno.


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La Secretaría de Gestión Ambiental informó que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó a la empresa Central Piedra Buena S.A por emisión de ruido molesto. El hecho se registró anoche 22:30 y generó temor en los barrios cercanos por el “fuerte temblor” que acompañó al ruido. Hubo 94 denuncias.

“A las 22:32 hs del día 02/12/16 inspectores del CTE constataron la emisión de ruidos intensos provenientes de la Central Piedra Buena, los mismos superaron los límites legales para emisión sonora en horario nocturno, con una duración de 6 minutos. Se procedió al labrado del acta de infracción imputando falta al Art. 1 del Decreto 1741/96, Ley 11459, conforme Art. 1 de la Resolución 159/96 (ex SPA) (Norma IRAM 4062/84) modificado por la resolución 94/02 (ex SPA)”, dice la secretaría a cargo de Adriana Chanampa.

Agrega que la empresa afirmó que la parada de la Unidad 29 fue “por una falla en el sistema de control” y que “como consecuencia de dicho evento se produjo un venteo de vapor de agua a la atmosfera, a través de la apertura de una válvula de seguridad con emisión de ruido intenso”. “El hecho no significó un riesgo a la comunidad, si bien generó preocupación entre los vecinos, a través del teléfono de emergencia 911 se recibieron 94 denuncias de los vecinos”.

Por su parte, el acta de inspección Nº 5405 del CTE sostiene que “la causa de la parada imprevista fue el apagado de los quemadores por falta de combustible, sin actuar el corte automático de las bombas de alimentación de agua a la caldera, obligando al personal a actuar las mismas en forma manual, en campo. De acuerdo a lo observado en la evolución de las variables operativas, el evento duró 2 minutos 30 segundos en los que se venteó vapor de agua por las válvulas de seguridad actuantes”.

Las explosiones en la central y las infracciones por ruidos fueron reiteradas durante el año. Las actas fueron enviadas al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, ente duramente cuestionado meses atrás por el juez correccional José Luis Ares por el “sospechoso”, “sistemático” y “burdo accionar dilatorio” de sus funcionarios en causas de contaminación ambiental.

Más información:

Mucho ruido y pocas multas

Ruidos en la termoeléctrica

Un grupo de organizaciones repudiaron ayer la utilización de la versión original del himno de Bahía Blanca que fue modificada por una ordenanza en 1999 por el carácter racista y ofensivo de algunas de sus estrofas. “Avanzada de luz, blanca aurora, fue tu antiguo, tu heroico fortín; tú quebraste la flecha del indio, humillando su hirsuta cerviz”, cantaron días atrás quienes participaron de la inauguración del 33º Salón Anual de Arte de la Bolsa de Comercio.

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“Es de destacar que diversas autoridades municipales allí presentes no dijeron nada, ni siquiera el director del Instituto Cultural, Ricardo Margo, uno de los pretendidos impulsores de la eliminación de la estrofa”, afirmaron las agrupaciones mencionadas abajo.

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Agregaron que “no se trata de un descuido ni de una casualidad, sino que forma parte de un cuerpo de políticas públicas destinadas a seguir sosteniendo las ideas del colonizador, del conquistador, del genocida. Las mismas que observamos en toda una serie de discursos y reseñas históricas presentes en nuestro tránsito cotidiano por la ciudad y que inunda nuestros sentidos. Es por esto que hacemos un llamamiento a empezar a cuestionar quiénes somos como sociedad y a repudiar la historia que nos han inculcado”.

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“Y es que no hay ‘indios’ ni ‘descendientes’, lo que existen son Pueblos Originarios. Y no es únicamente de ellas y ellos la pelea. No se trata que el resto simplemente apoye. Al fin y al cabo, la sangre corre igual para todas y todos por las venas”.

La protesta incluyó una conferencia de prensa en el hall del palacio comunal y una manifestación frente a la sede de la Bolsa de Comercio en Colón y Chiclana. “Consideramos fundamental la participación de las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y a todas las individualidades que sientan que es importante adherir, comprometerse y participar. Lo visualizamos apenas como una acción tendiente a luchar sostenidamente por la descolonización y por nuestra verdadera historia”, sostuvieron.

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De la iniciativa participaron: Mujeres Originarias por el Buen Vivir / Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Artes Visuales / Centro de Estudiantes de la Escuela de Danza / CTA Bahía Blanca-Dorrego / SUTEBA / Asociación Argentina de Actores / Bahiensas Feministas/ Artistas por la No Violencia / FM De la Calle / Acciones Feministas / Centro Cultural La Panadería/ Socorro Rosa / Campaña por el Aborto Seguro Legal y Gratuito / Cardumen / Corriente Comunista Watu – Corriente Política de Izquierda / Colectivo Pueblo en Lucha / Comunismo Revolucionario – PMLM / Grupo 83 Solidaridad + Igualdad e individualmente María Mónica Vollpelier, Luis Pinilla, Juan Valenzuela, Ester Meier, Irene Abreu Barceló, Gabriel Rana, Miriam Pergher, Rosa B. Lopez, Aldana Tellechera, Martín Álvarez, Laura García Vázquez, Mariela Pérez Palma, Aluz de Luna, Beatriz Márquez, Nora Marfil, Pablo Justiniano.

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Ni el sufrimiento de los familiares de sus compañeras desaparecidas y de los bebés nacidos en cautiverio ni el dolor de haber estado tanto tiempo lejos de su patria. Gladis Sepúlveda, ex estudiante de la carrera de Servicio Social de la Universidad del Comahue y militante del PRT, declaró nuevamente en Bahía Blanca.

Brindó detalles sobre su secuestro en el Operativo Cutral Co y su cautiverio en el centro clandestino de detención y torturas La Escuelita y las cárceles de Neuquén, Villa Floresta y Devoto. Se exilió en Alemania y volvió con la democracia a empezar de cero en Tucumán.

“Yo no quería volver al Valle porque iba a ser muy triste recordar a las compañeras que están aún desaparecidas. Es como una tortura también para los familiares no saber dónde están, como así los niños que están desaparecidos. Reclamo que se pueda hacer algo, hagan lo que puedan, es un sufrimiento que no se puede poner en palabras”, dijo al tribunal.

Las audiencias se reanudarán el miércoles 14 de diciembre a las 9:30 y al día siguiente en el mismo horario. Por problemas técnicos con la videoconferencia esta mañana no se pudieron escuchar tres testimonios desde Neuquén, por la tarde hubo tres declaraciones. Además de Sepúlveda, ayer se presentaron cuatro ex colimbas de la Agrupación Tropas.

“Era necesario un cambio”

Como hija de trabajadores creció escuchando los reclamos de sus padres sobre las injusticias, los magros salarios, la falta de atención de salud o la imposibilidad de terminar la escuela. Se recibió de maestra, comenzó a trabajar y para “hacer mejor mi carrera pedagógica” se anotó en Servicio Social.

“Era necesario para mí un cambio y traté de hacerlo desde el cristianismo pero no alcanzó. Cuando llegué a la universidad se abrieron otras ventanas. Servicio social en los 70 empezó a tener un cimbronazo de cambio de los que se estaban dando a nivel del mundo, cambio de estructuras, mayor participación de la gente, lograr igualdad de derechos referidos al bienestar del pueblo”, comentó.

Sepúlveda y sus compañeras querían ser mejores profesionales y por eso cuestionaban el carácter asistencialista de su formación y planteaban un mayor compromiso político social. “La ideología que implicaba el cambio y el compromiso era el marxismo leninismo, conociendo la Revolución Cubana donde todos tenían acceso a la educación y a la salud y no eran un bien de mercado, era un camino a seguir”.

Se acercó al Partido Revolucionario de los Trabajadores y cambió el trabajo de maestra por un puesto administrativo en la Universidad del Comahue. “Cuando vino el avance del conservadorismo en el peronismo y estuvo Remus Tetu de rector interventor, hubo una persecución a docentes y no docentes y aparecieron listas negras, era un tiempo de mucha inseguridad respecto al trabajo. Volví a la docencia y pedí una licencia sin goce de haberes. Igual fui cesanteada junto a cien personas”.

A los pocos días las fuerzas de seguridad realizaron el Operativo Cutral Co. La Policía de Rio Negro la buscó en casa de sus padres y en la escuela. Como no la encontraron secuestraron a su familia. Se presentó el 14 de junio y quedó detenida por orden del V Cuerpo de Ejército.

La llevaron a la Unidad 9 donde le hicieron firmar la libertad aunque fue trasladada en avión a Bahía Blanca. “Nos amontonaron en un lugar, nos hicieron como una ronda, nos dieron un empujón y caímos unos arriba de otros. Nos sacaron de ese lugar y quedamos contra la pared, nos dijeron que nos iban a fusilar. Después nos fueron separando, vino un señor que decía ‘colaboren’, jugaba el rol de bueno. Luego me llevaron al quirófano que era el lugar de tortura. (…) Me preguntaban sobre mi participación en el gremio de la UNTER, me leyeron una lista de nombres que no conocía”.

La dejaron en un sitio “donde escucho voces que piden agua, reconozco la voz de Susana Mujica y muy débilmente de Cecilia Vecchi. Con el cambio de guardia escucho los nombres de Elida Sifuentes, de Alicia Pifarré y de Mirta Tronelli”.

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Mónica Morán.

El 16 o el 17 de junio se llevaron a Mujica y a Vecchi: “Escucho los insultos, los tironeos, a Mónica Morán que pedía sus lentes de contacto y la cajita. Cuando llego a Floresta en los diarios leo que ha sido muerta en enfrentamiento y ella estaba allí. Imposible”.

Escuchó también a un guardia cantando “La pájara pinta” de María Elena Walsh y a Alicia Pifarré entonando “El cautivo de Til Til” sobre “el guerrillero de la libertad”. “Había una chica Susana que lloraba mucho y le dijeron que se callara porque la iban a hacer jabón como los alemanes a los judíos. Aparentemente la habían detenido en una esquina, la confundieron con otra persona”.

Aproximadamente el 25 de junio fue “blanqueada” en la cárcel de Villa Floresta donde quiso denunciar las torturas pero “la celadora llamó al enfermero y me dijeron que si hacia la denuncia me llevaban de nuevo a ese lugar”. El 14 de diciembre la trasladaron en un violento vuelo a Devoto. “Había un régimen sumamente severo, el inspector dijo que de ahí íbamos a salir locas o muertas. No nos prohibían muchas cosas de la vida cotidiana como bordar, tejer, e hicimos todo un plan de resistencia y no salimos ni locas ni muertas”.

Casi tres años después recibió asilo político en Alemania: “Que me hayan dado la libertad en otro país fue muy fuerte y muy difícil, más con una lengua que uno no conoce y más allá de que yo haya tenido todas las necesidades económicas mínimamente resueltas estaba lejos de mi trabajo, no podía ejercer de maestra… No puedo poner en palabras el sufrimiento de haber estado lejos de mi patria”.

“No me pude casar en Argentina, mi compañero de vida en aquel entonces se fue a vivir a Alemania con trámites de Amnesty como integración de familia -recordó-. Volvimos un año después de asumida la democracia y volvimos a Tucumán porque allí él tenía trabajo y había que empezar de nuevo. Yo no quería volver al Valle porque iba a ser muy triste recordar a las compañeras que están aún desaparecidas. Es un sufrimiento. Es como una tortura también para los familiares no saber dónde están, como así los niños que están desaparecidos. Reclamo que se pueda hacer algo, hagan lo que puedan, es un sufrimiento que no se puede poner en palabras”.

La nota completa en www.juiciobahiablanca.wordpress.com 

La Escuela de Comunicación Popular de FM De la Calle realizó este sábado un encuentro sobre “Comunicación y perspectiva de género” coordinado por la educadora popular y activista feminista Claudia Korol.

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Para desarrollar una comunicación que abogue por la igualdad de géneros, Korol propuso conocer el feminismo como marco teórico-práctico desde el cual la categoría de género se desprende.

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La integrante del colectivo Pañuelos en Rebeldía explicó cómo se articulan el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Sin el análisis de las operaciones y estrategias de estos tres sistemas no podemos posicionarnos desde una perspectiva distinta a la hora de comunicar. “Son cinco siglos de historia cultural, política y social la que nos atraviesa, la que ha constituido las relaciones de poder”.

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“Para poder pensar medios feministas, debemos ser activistas” y no solo en la comunicación comunitaria y popular sino también en los grandes multimedios. “Hoy estamos en una situación donde el nunca más, el ni una menos, debe ser multiplicado; acá está nuestro rol como integrantes de una sociedad”, afirmó.

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La Escuela de Comunicación Popular de FM De la Calle agradece a quienes participaron de cada espacio de debate y formación para alcanzar mayor profesionalismo y eficacia en la comunicación comunitaria, alternativa y popular.

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Sonia Sánchez está nuevamente en Bahía Blanca para participar de las actividades del Encuentro de Artistas por la No Violencia hacia las mujeres, niñas y niños. A las 18, en Alem y San Juan, habrá una jornada de debate, cultura y música en la cual brindará una charla sobre “La deconstrucción política y social de la puta” y “la violencia y el lugar de las mujeres en las redes de trata y el sistema prostituyente”.

“Me hubiese gustado que mis maestras o profesoras me dijeran ‘Sonia existe la trata, existe la prostitución, existen los varones violentos y estas son las herramientas que vos tienes para protegerte, para decir basta’. Hoy no hay esas herramientas en las escuelas y tampoco en nuestras casas. Les invito desde mi militancia a que empecemos a hablar en nuestras casas, a que no miremos a Tinelli que es una gran fábrica de putas y de varones violentos, a que nos pongamos a pensar antes de votar qué estamos votando, a que sepamos qué es lo que nos están vendiendo nuestros gobernantes”, dijo en FM De la Calle.

La autora de “Ninguna mujer nace para puta” llegó para “incomodarnos” y preguntarnos qué estamos “haciendo para que otros varones no vayan más de putas, para que no usen a esas mujeres y no las conviertan en un objeto de uso y abuso y también preguntándole a las otras mujeres qué hacen ellas para desdibujar la frontera de la ‘buena’ y de la ‘mala’, porque también somos nosotras las mujeres las que sostenemos esta división que el patriarcado nos ha impuesto, las buenas en sus casas y las malas en los prostíbulos”.

“Seamos todas malas porque si somos todas malas podemos empezar a construir otra sociedad menos violenta para nosotras”, propuso.

Sonia pone en cuestión las políticas públicas nacionales y la restitución de los derechos de las mujeres “porque las que hoy caen en el tráfico de personas, en especial con fines de explotación sexual, son buscando trabajo”.

“A las mujeres en prostitución que están organizadas el gobierno les da desde el Ministerio de Trabajo un programa para que las mujeres que quieren dejar de ser putas, que no quieren que las prostituyan más, se conviertan en promotoras de derechos humanos. ¿Sabes cuánto les pagan? En la ciudad de Buenos Aires hace cuatro meses atrás 400 pesos, en La Pampa les pagan 1600. ¿Quién puede dejar de ser puta con 1600 pesos cuando Pinedo está diciendo que con 83 mil pesos a él no le alcanzan? Pongo en cuestión eso, es mucho más que solamente entrar en la discusión de reglamentar o abolir porque esa es la agenda neoliberalista”.

Afirmó que “el neoliberalismo ha bajado la necropolítica y en eso estamos, en especial las mujeres, nuestros cuerpos pueden ser alquilados, nuestros vientres son alquilados para seguir pariendo hijos para sostener este sistema. No son las mujeres ricas las que alquilan los vientres, son las empobrecidas. No son las mujeres ricas las que caen en el tráfico de personas, somos las empobrecidas”.

“A mí me hicieron puta en mi mejor edad, que fue mi adolescencia, yo fui el resultado de las políticas públicas argentinas (…) ¿Cómo deconstruí eso? Exigiendo los derechos porque nuestros derechos económicos, sociales, culturales y civiles no los debemos pedir, los debemos exigir. Yo pateo las puertas, no te pido por favor, y los denuncio con nombre y apellido”, concluyó Sonia.

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Los integrantes del tribunal que lleva adelante el juicio Ejército III reaccionaron fuertemente esta tarde cuando una testigo se refirió a la lentitud de las causas y la falta de controles sobre los imputados. Cristina Cévoli pidió celeridad incluso por el represor Osvaldo Floridia que lleva casi cinco años detenido sin condena y denunció que el imputado fue visto en una playa jugando al fútbol con sus nietos.

“Si los gobiernos democráticos nombraran más jueces los procesos no serían tan largos, nosotros somos extranjeros acá, ¿entiende? La justicia de Bahía Blanca naufragó en su momento hasta que vinimos nosotros”, dijo José Triputti. Jorge Ferro ignoró la labor del fallecido Hugo Omar Cañón y afirmó que el Ministerio Público “hasta el 2011 en esta jurisdicción no hizo absolutamente nada y tenemos que soportar que nos vengan a cuestionar”. El titular de la APDH local quiso manifestarse desde la platea de Colón 80 y fue retirado de la sala.

El fiscal Miguel Palazzani dijo a la testigo que “tiene todo el derecho a reclamar y sígalo haciendo porque el mérito de que se hagan estos juicios es de los familiares y de las víctimas y no de los operadores de la justicia argentina”. “Son palabras muy ponderables pero sin tribunal no tiene juicio”, retrucó el vocal Martín Bava quien se quejó de las “consecuencias físicas” que le trae viajar a la ciudad y agregó que “cuando vinimos acá nadie quería venir”.

Las audiencias se reanudarán el martes 29 de noviembre a las 15.

Cristina Cévoli es la esposa del sobreviviente de La Escuelita Eduardo “Bachi” Chironi, quien se presentó en la Policía Federal de Viedma cuando supo que lo buscaban y fue trasladado ilegalmente a dependencias del V Cuerpo de Ejército. La testigo declaró en la causa “Bayón” y fue nuevamente convocada para referirse a la intervención del represor Osvaldo Vicente Floridia en un allanamiento en casa de sus padres en diciembre del 76.

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“Lo identifico porque dos o tres días después de ese allanamiento fue a la casa de mis padres, él y (Héctor) Abelleira, me preguntó por qué estaba ahí, dije que era la casa de mis padres, que ellos tenían que explicar qué hacían ahí y me dijo ‘hacéte la viva nomás que te voy a llevar a Bahía como llevé al otro’. El otro era mi compañero ‘Bachi’ Chironi que había sido detenido el 13 de diciembre del 76 en la Federal y el 15 había sido trasladado a Bahía Blanca. Yo casi me muero del susto”, dijo Cévoli.

La ex presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro dio detalles de un amplio operativo del Ejército y la Federal en torno a la casa de sus padres. “Mi mamá me dijo que a media mañana habían tocado timbre unos hombres de particular, alguno con uniforme policial, que traían un papel en la mano y le dijeron que tenían que revisar el patio de la casa para buscar unas cosas, le dijeron que buscaban armas”.

Ella se encontraba con sus hijos en el domicilio de su suegra. Por la tarde “tocan timbre, atiende mi suegra y eran mi mamá y (el comisario) Forchetti. Mamá los había acompañado en la camioneta a buscarme porque le comentaron que ‘Bachi’ había dicho que yo sabía dónde estaban enterradas las armas”.

Para que no sigan destrozando el lugar Cévoli les indicó dónde había guardado una colección de El Descamisado, unos libros de Evita Montonera y publicaciones sobre la muerte de Perón, que su esposo suponía quemadas tiempo atrás.

“Yo soy una defensora de la justicia y me parece que estos procesos largos no son muy justos que digamos. Cuando uno exige justicia para uno mismo también tiene que exigirla por los demás. Me alegra que lleguemos a esta instancia, me alegra por él porque determinarán si corresponde o no que esté detenido pero por lo menos no está en una nebulosa”, dijo Cévoli sobre el policía Floridia.

Mencionó que “hace un tiempo le hicieron una nota radial y dijo que llevaba gente a Bahía Blanca en calidad de detenidos pero no sabía detenidos por qué. Lo cierto es que no los llevaba sentados, tomando mate y fumando. Los llevaba encapuchados, aterrados, tirados en un auto, así que realmente creo que se debiera haber dado cuenta. Es medio difícil pero realmente a mí me parece que sería necesario hacer un control un poco más estricto”.

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El juez Bava no quiso más “recomendaciones al tribunal” y dio paso al fiscal. “Me parece apropiado que se siga explayando sobre el tema, me parece legítimo e importante”, dijo Palazzani. “Hace unas dos semanas una persona de Viedma me comentó que había visto al señor Floridia jugando al fútbol en la playa con sus dos nietos. Eso quería contar”, agregó la testigo.

El presidente del tribunal, José Triputti, afirmó que “si los gobiernos democráticos nombraran más jueces los procesos no serían tan largos, nosotros somos extranjeros acá, ¿entiende? La justicia de Bahía Blanca naufragó en su momento hasta que vinimos nosotros. Tenemos nuestros tribunales con trabajos en nuestras jurisdicciones, el problema que existió en esta ciudad es un problema que la gente de esta ciudad no resolvió y se recurrió a jueces subrogantes e independientes entre los que estamos nosotros”.

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Bava se quejó de que “es la segunda vez que escucho la misma argumentación, me increpa a mí como parte del tribunal que yo soy el retardo de la justicia en cuanto a sus causas que ya he fallado y en cuanto a su testimonio que ya he escuchado”.

“Señora, el Ministerio Público es parte del Estado argentino y usted tiene derecho a exigir celeridad en estos juicios y el Estado se la tiene que dar, usted tiene todo el derecho a reclamar y sígalo haciendo porque el mérito de que se hagan estos juicios es de los familiares y de las víctimas y no de los operadores de la justicia argentina”, dijo Palazzani.

Jorge Ferro apuntó que “el Ministerio Público hasta el año 2011 en esta jurisdicción no hizo absolutamente nada y tenemos que soportar que nos vengan a cuestionar la dilación de los juicios y no he escuchado hasta este momento ninguna queja relacionada con los fiscales federales porque hasta la época del dr. Córdoba acá no hubo absolutamente nada y por eso tenemos que ser tres foráneos los que vinimos a hacer justicia”.

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El secretario de la APDH Bahía Blanca, Eduardo Hidalgo, quiso intervenir desde el público y el marplatense le ordenó: “Cállese porque lo puedo retirar de acá”. “No me pueden detener porque soy una víctima, me voy a retirar, esa es la prioridad de ustedes”, gritó mientras salía del recinto.

Ferro propuso “serenarnos” y continuar con el testimonio de Cévoli quien respondió preguntas de jueces y defensores y aclaró que su manifestación fue sobre “todo un proceso que convengamos que fue largo” y que participa “en todos los juicios no con la sensación de revictimización sino con la convicción de que así podemos ayudar a la búsqueda de la verdad y lograr la justicia”.

“Hacer justicia es muy difícil porque estamos valorando testimonios de cuarenta años atrás y lamentablemente la ciudad querida de Bahía Blanca ha tenido serios problemas con la justicia. Espero, rezo, para que los resuelva en paz, en democracia, como debe ser. No escuché nunca al Colegio de Abogados de acá con respecto a las falencias”, dijo Triputti y agregó que “si ustedes no lo defienden es muy probable que vengan otros o no venga nadie, yo no tendría inconveniente en irme”.

El Concejo Deliberante alcanzaría esta semana el consenso necesario para transformar en ordenanza un proyecto que “regule” los concursos de belleza y las elecciones de reinas. De aprobarse, dichos eventos no podrán contar “con financiamiento, auspicio, apoyo ni promoción del Municipio” y solo podrán participar adolescentes desde los 16 años con consentimiento de “ambos padres” y mayores de 18 libremente.

La agrupación impulsora del debate, Acciones Feministas, e integrantes de otras organizaciones volverán al recinto de Estomba y Sarmiento el jueves a las 14 para presenciar la sesión.

En junio, Integración Ciudadana propuso “la no realización” de concursos “en espacios privados de acceso público” y el desaliento comunal de “toda iniciativa privada que promueva su realización”. La Sociedad de Fomento de Ing. White, que realiza la elección de la reina del Camarón y el Langostino, se manifestó en contra.

“Sin necesidad de llegar a un extremo de la prohibición de los concursos de belleza, en procura de no atentar contra derechos personales e individuales, se propone establecer una serie de condiciones que regulen a los mismos, garantizando que se realicen en el marco de la legislación vigente en materia de igualdad de género y dejando en claro que este tipo de iniciativas no se incluyen entre aquellas que deberían recibir forma alguna de aliento, colaboración o auspicio por parte del Estado”, dice el texto que se votará.

El despacho establece que los concursos de belleza que se realicen en el partido de Bahía Blanca no contarán “con financiamiento, auspicio, apoyo ni promoción del Municipio” y prohíbe la participación de menores de 18 años en certámenes en que “se evalúen atributos físicos” aunque permite una “autorización especial” para mayores de 16 con “consentimiento escrito” de “ambos padres”.

Dispone que los certámenes que se realicen con apoyo comunal no estén “ligados ni asociados a la evaluación del aspecto físico de mujeres y hombres y sean sustituidos por el reconocimiento a personas que en forma individual o colectiva se destaquen en el cultivo de valores ciudadanos, participativos y solidarios, fortalecimiento de la identidad y las tradiciones positivas, superación personal, conocimientos académicos o aptitudes artísticas o deportivas”.

Sus organizadores deberán “simultáneamente” y “por su cuenta” realizar “actividades de promoción de la equidad de género, prevención de la violencia contra las mujeres y la discriminación y concientización sobre los efectos negativos de todos los tipos de violencia”.

La iniciativa prohíbe la participación de “funcionarios municipales y concejales como jurados” o en la entrega de reconocimientos, sugiere la conformación de una comisión asesora dentro del Consejo Local de las Mujeres para monitorear el cumplimiento de la ordenanza y “proponer acciones que acompañen, difundan y promuevan su espíritu”. Asimismo, quienes participen y “verifiquen acciones u omisiones contrarias” a la norma podrán denunciarlas “ante la autoridad que corresponda”.

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Los fundamentos

Los bloques coincidieron en “la necesidad de trabajar en pos de la eliminación de determinados estereotipos de belleza que, sin duda, pueden menoscabar la dignidad de las mujeres, especialmente niñas y adolescentes a partir de su participación en concursos y/o elecciones de representantes”.

El proyecto se inscribe en el trabajo de “distintos sectores” que buscan prohibir dichos eventos para evitar la “cosificación de la mujer” y la “violencia simbólica” impulsadas por “organizaciones feministas e instituciones” y continuada, por ejemplo, por las que integran la Red Local de Violencia de Género.

Si bien considera “que los concursos de belleza son una tradición en fiestas populares” destaca que “se pueden seguir desarrollando certámenes, concursos, fiestas patronales, etcétera, que continúen alimentando la tradición y la construcción de la identidad de las comunidades sin que ello suponga la discriminación o estigmatización de las mujeres”.

Sobre su carácter discriminatorio suma argumentos de la Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belem do Pará, la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, del Comité de los Derecho del Niño y la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“La cancelación de estos concursos de belleza debería encontrarse incluida en una reflexión más amplia sobre la equidad de los géneros y el lugar que las prácticas sociales tienen en la búsqueda de ésta y nos plantea un desafío pendiente que deberíamos re-pensar a la luz de los instrumentos jurídicos analizados”, afirma el despacho y agrega que “como lineamiento de mínima, se impone con urgencia la eliminación de todo criterio discriminatorio y lesivo del principio de igualdad que, en los reglamentos de estos certámenes, se estipula en relación a las aspirantes, estableciendo distinciones arbitrarias de oportunidades y de trato que nuestro sistema vigente de protección de los derechos humanos claramente no admite”.

Se publicó en el Boletín Oficial una modificación a la ley de drogas 23.737 que incluye a los precursores químicos dentro de la descripción de los tipos penales, faculta al Poder Ejecutivo para confeccionar y actualizar listas de los mismos, y establece la obligatoriedad de inscripción ante el Registro Nacional de Precursores Químicos de aquellas personas físicas y jurídicas que legítimamente utilicen esas sustancias. También se actualizaron las multas dinerarias de varios tipos penales.

La noticia generó dudas y confusión entre autocultivador@s y consumidor@s de marihuana que entendieron que se trata de “una nueva cruzada legislativa” en contra de sus derechos. Para Mariano Fusero, integrante de la Asociación de Pensamiento Penal, la penalización anticonstitucional del autocultivo está intacta y su criminalización sigue librada a la “ruleta judicial”.

“La inclusión de precursores químicos es hasta una deuda pendiente porque hubo mucha confusión también respecto a si estaban contemplados dentro de la ley de drogas”, dijo el especialista en diálogo con FM De la Calle. “Judicialmente se debatían si los precursores químicos -por ejemplo la efedrina o el tolueno que son utilizados para el desarrollo de determinadas drogas como las sintéticas (…)- se consideraban dentro de los términos de la ley como una materia prima o no, o si estábamos hablando, por ejemplo, de la hoja de coca”.

“Para terminar esa confusión es que se incluye claramente el tema de los precursores químicos dentro del texto de la ley, penalizándolos a igual grado que se realiza respecto a otras conductas como es la producción, el comercio, la tenencia para comercialización -no la tenencia para consumo-, etc. No hay ningún consumidor que en la práctica tenga precursores químicos en su poder ni en su casa como para desarrollar una droga de diseño. Se está criminalizando lo que sería la cadena de tráfico”, explicó.

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Fusero subrayó que “el autocultivo ya estaba criminalizado, o sea, con la misma pena que en la actualidad que es de un mes a dos años. La tenencia para consumo personal, que es donde versa el fallo Arriola de 2009, también se encontraba criminalizada y nunca varió la ley a pesar del fallo Arriola. Todo eso no cambia, con lo cual vale la pena aclararlo una y otra vez como para brindar cierta tranquilidad en ese punto, que vale aclarar también que estamos en la misma situación de inconstitucionalidad que antes, no es que estemos bien, ni mejor ni nada. Estamos igual”.

“No hay una cuestión numérica de decir ‘a partir de determinada cantidad de plantas uno puede estar exento de una pena o no’. Es una cuestión de discrecionalidad judicial que es muy peligrosa porque hay fallos que en la práctica dijeron que un número de 110 plantas eran para consumo personal o que no había muestras o indicios de comercialización. Le cabe la duda a favor de la persona, el Estado es el que debe demostrar que esa persona estaba cometiendo alguna conducta de comercio, de tráfico, no es la persona que tiene que demostrar su inocencia”.

“Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires principalmente, por cinco plantas bajaron una pena de prisión de alrededor de cuatro años de cumplimiento efectivo y esas sentencias están hoy por hoy apeladas y las personas pasaron largos meses en prisión preventiva. Es una ruleta judicial: dónde cae, en qué jurisdicción, bajo qué fiscal, bajo qué juez, va a tener un criterio un poco más abierto, más progresista, o un criterio mucho más punitivista de presumir que esa persona estaba cometiendo un acto de tráfico cuando no hay ningún indicio”, afirmó.

Allí continúa vigente la deuda del Congreso de adaptar la legislación al fallo Arriola de la Corte Suprema, situación que “afecta principalmente a las personas más vulneradas, que no tienen acceso a una defensa técnica relevante y se ven compelidos a una criminalización que la mayoría de los casos lleva a una aplicación a veces tardía del fallo Arriola, pero se ven vinculados a todo un proceso penal que ya significa prisión preventiva, estigmatización social, familiar, laboral, toda una serie de perjuicios respecto de los consumidores que afectan sus derechos y causan un daño más allá de que la causa quede en nada”.

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La Defensoría Oficial de Bahía Blanca presentó en septiembre un Hábeas Corpus correctivo ante la Jueza de Garantías N°1, Dra. Gilda Stemphelet por “las inhumanas condiciones de detención de quienes están privados de libertad en la Comisaría Primera de Bahía Blanca”.

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El Defensor Oficial, Dr. Carlos Carnevale, dijo a FM De la Calle que “se establecieron plazos” para normalizar la situación por lo que aún “sigue habiendo 21 personas” y ello “excede la actuación judicial”. El abogado explicó que decidieron darlo a conocer públicamente porque la situación se repite desde hace años. “Llegó a haber 32 detenidos”, informo´.

“La dependencia policial sólo está habilitada para tener a 8 personas detenidas”, sin embargo, “en promedio se encuentran alojadas 30 personas, contando con un solo baño para todas ellas, sin poder acceder al mismo en horas de la noche” (ver fotos).

A esta grave situación se suma al oscuro escenario carcelario que “no cuentan con elementos de seguridad. Algunos incluso deben dormir en el suelo. La comida no alcanza para el excesivo número de personas. Ninguna de las celdas posee luz natural”.

La Dra. Stemphelet comunicó esta grave situación a la Suprema Corte Bonaerense teniendo en cuenta la responsabilidad internacional que podría caberle a nuestro país por el incumplimiento de las reglas mínimas de detención. La Corte ordenó que en forma inmediata se informe a los titulares de los Ministerios de Justicia y de Seguridad de nuestra provincia para que tomen las medidas pertinentes a fin de revertir el estado pésimo en la que se encuentra la Comisaria 1° de nuestra ciudad.

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“Pese a todo lo actuado las condiciones inhumanas de detención no han cesado y por el contrario se ha agravado, por lo que en el día de martes se realizó una nueva presentación ante la Jueza de Garantías en turno, Dra. Susana Calcinelli, “quien ordenó, ese mismo día, el inmediato traslado de TODOS los detenidos fuera dicha dependencia policial”.

En consecuencia, por disposición de la Sra. Defensora General Dra. Graciela Cortazar, funcionarios de la Defensoría Departamental, constataron que pese a lo dispuesto por la magistrada de garantías, hay 21 detenidos, sin que hayan mejorado en forma alguna las inhumanas condiciones de detención en las que se encuentran.

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Algunos bloques del Concejo Deliberante discuten modificaciones o propuestas alternativas al proyecto de Integración Ciudadana para “dejar sin efecto todo procedimiento administrativo que permita o habilite por parte del Municipio concursos de belleza”. Según la edila Betiana Gerardi, desde el Frente para la Victoria apuntan “a algo mucho más serio y más amplio”.

La iniciativa de Miriam Iantosca (IC) cuestiona las elecciones de reinas por “discriminatorios, sexistas y propiciadores de violencia simbólica” y advierte que el Estado debe velar por “la protección de las mujeres y niñas, quebrando el paradigma de la cosificación de la mujer y promoviendo medidas que eviten la violencia simbólica, en el marco de la ley 26.485”.

El jueves, cuatro meses después de su presentación y luego de escuchar opiniones a favor y en contra desde la Banca 25, las firmas de Integración Ciudadana no alcanzaron para que el tema sea debatido en sesión. Un grupo de militantes feministas -que esperaron tres horas sin ningún tipo de explicación- mostraron su enojo y preocupación ante la falta de compromiso del cuerpo en la toma de medidas contra la violencia machista y para la adecuación de las normas municipales a la legislación nacional.

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Verónica Bajo de Acciones Feministas dijo apuntando su megáfono a las espaldas legislativas: “No queremos ver a ningún concejal o concejala en las marchas del #NiUnaMenos, no nos vamos a cansar de escracharles porque no pueden dar tantas vueltas para pensar que una piba desfilando en tanga es violencia simbólica o no. Están avalando que se midan mujeres en una fiesta, que les midan las tetas, la cintura y el culo, ¿no les da vergüenza? ¿Qué tienen que discutir?”.

“¿Cómo pueden tener esta cara, las mujeres, cuál es la sororidad, la solidaridad de género? Quiero saber, mujeres, ¿dónde estaban la noche de Micaela? ¿Estaban con las chicas? Tienen que votar esto porque es todo el mismo circuito de violencia patriarcal y machista, gente, se están equivocando muy mal, están equivocando el camino, nos da mucha pena tener que irnos de esta manera de este recinto”, afirmó Silvia Palumbo, integrante de DesBandadas.

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La secretaria de CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego, Ana Canullo, agregó que “no pueden no sensibilizarse con esto, espero que mañana esto salga en todos los medios, lo que los concejales y las concejalas se negaron a tratar hoy, no se los vamos a dejar pasar y las vamos y los vamos a seguir escrachando porque se trata de la salud, de la salud de niñas, de adolescentes, de mujeres, no es una pavada”.

El día después

Para la autora del proyecto “era innecesario lo que pasó el jueves porque venimos preguntando qué le falta, las organizaciones visitaron los bloques para ver si necesitaban alguna información porque sabemos que esto es un cambio cultural y que se necesita un tiempo”.

“Creo que fue un tiempo prudencial, semana a semana, trayendo diferentes propuestas, llevando herramientas y que el día anterior no dijeron que no lo iban a tratar como el jueves anterior que sí me pidieron que lo bajara. Tienen razón las organizaciones, nadie bajó a explicarles las otras agrupaciones políticas que estaban ahí que sabían cómo son los tiempos legislativos o qué es lo que podía llegar a pasar, eso motivó el enojo, el silencio, e inclusive cuando hablaban no las miraban”, dijo Iantosca.

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En diálogo con FM De la Calle, Bajo ratificó que “nadie nos dio ningún tipo de explicación” y calificó la negativa a debatir la ordenanza como “un boicot muy importante”. Destacó que “si hay un proyecto superador se podrá discutir más adelante pero por lo menos debemos desvincular a la Municipalidad de la elección de la reina o de los concursos de belleza”.

La intención de “profundizar un poco más el tema de la cosificación de la mujer, que no quede solo en una prohibición sino que vaya más allá, apuntando a un tema educativo, a una concientización” fue evidenciada por Betiana Gerardi, presidenta de la Comisión de Educación. La legisladora aseguró que el “gesto” de Educación fue despachar el proyecto a la comisión de Legales para mostrar que “seguimos discutiendo el tema”.

“Se le presentó de parte de Cambiemos un despacho alternativo a Miriam Iantosca del cual no aceptó los cambios que se estaban haciendo, pedimos que pase al Consejo Local de Mujeres y que sean las propias mujeres las que charlaran y conversaran tanto del proyecto de Iantosca como de este despacho que había hecho Cambiemos. En el Consejo Local de Mujeres -que fue el día miércoles- no se llegó a un acuerdo, no pusieron ninguna objeción, no hicieron cambios ni nada por el estilo entonces el jueves a la mañana estuvimos trabajando sobre el tema”.

“Como concejales nos enteramos que el tema se iba a tratar el jueves por las redes sociales y no por lo que nos corresponde que es el orden del día”, se quejó.

Para Gerardi “los concursos de belleza llevan a la cosificación de la mujer pero estamos diciendo que eso solo no resuelve el tema de la cosificación de la mujer, queremos ampliar un poquito más lo que tiene que ver con esta ordenanza o armar una distinta si no llegamos a un consenso de un despacho conjunto”.

Ante el pedido de detalles sobre el borrador, la concejala afirmó: “Si nos llamás la semana que viene te presentamos el proyecto conjunto para no poner a discusión algo que lo estamos charlando acá en el seno del Concejo Deliberante”.

(Por Giuliana Crucianelli) “Quiero contarles lo que me pasó. Los medios son un recurso importantísimo en la búsqueda de una nena”, dijo Mónica Cid, la mamá de Micaela Ortega en la charla sobre violencia simbólica y mediática organizada por ¿Quién Te Juna? y el Frente Julieta Lanteri. Además, disertaron Verónica Bajo de Acciones Feministas y la periodista Virginia Calzada Frache.

La violencia simbólica está tipificada en la ley 26.485, aprobada en 2009 y reglamentada en 2011, y es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca la desigualdad, discriminación y subordinación de la mujer en la sociedad.

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“Estamos cansadas del doble discurso de lxs concejalxs, se sacan fotos con el cartel del #NiUnaMenos para después aplaudir o avalar la violencia simbólica”, dijo Verónica Bajo, impulsora del proyecto para desalentar la participación del Estado en los concursos de belleza. “Después de más de  cuatro meses desde que la concejala presentó el proyecto no lo quieren tratar. Hay resistencia,  falta de interés y falta de compromiso”, agregó.

Virginia Calzada Frache se refirió al rol de los medios en casos de violencia de género y femicidio. “Como primer paso para que seamos visibles, tenemos que nombrarnos. El lenguaje no es algo menor, es fundamental. Hay que empezar a incluirnos”.

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Señaló que hay que empezar a hablar de todas las violencias además del femicidio, violencia sexual, económica, psicológica y en los diferentes ámbitos tales como el doméstico o institucional.

“¿Para que nos sirve a los medios publicar ciertas cosas? ¿Ayudan? Hay cosas que no, hay cosas que son puro morbo”, concluyó la periodista respecto a la necesidad de preserva r la intimidad de la víctima.

“Siempre tuve bien claro qué necesitaba de los medios, que mostraran su cara, el número de teléfono y que era de Bahía Blanca. Cuando llegaron los medios nacionales me pidieron cosas de Mica, yo las mostré. Y después me pidieron que les muestre el cuarto, yo tenía el pedido de la policía de no dejar entrar por resguardo del lugar. Y la noticia fue que la mama de Micaela ocultaba información. Innecesario”, señaló Mónica Cid.

La mamá de Mica afirmó que “tenía que decirle a mis amigos y familia que no lean los comentarios, que no contesten. Y en uno de los diarios decía ‘“La nena de Bahía Blanca tenía más de cinco perfiles de facebook’, era innecesario. ‘¿Dónde estaba la mamá de Mica cuando ella estaba en facebook’, eso duele”.

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“Cuando publicaron la carta no querían buscar una nena que estaba perdida, querían seguir matando a la familia de Mica y a la nena”.

Parafraseando a Rita Segato, la violencia simbólica es la madre de las violencias y cuanto más sutil es, más efectiva se vuelve.  Es como una gota que cae siempre en el mismo lugar, durante un tiempo no va a hacer nada, pero cuando esa misma gota cae por años en el mismo lugar hace desastres. Por eso es tan importante concluir con los concursos de belleza que ponen como objeto  a las mujeres cada día más, que se entrelazan con montones de actitudes violentas  y terminar de una vez con todas aquellas formas que toma el patriarcado para violentarnos. Porque no queremos otra Katherine, porque no queremos otra Micaela.

Este sábado se cumplen cinco años del asesinato y desaparición del cuerpo del trabajador golondrina Daniel Solano en Choele Choel. El grupo de Mujeres Originarias por el Buen Vivir lo recordará y reforzará el pedido de justicia con la proyección de la película “¿Dónde está Daniel Solano? Diario de una causa” con la participación del abogado de la familia y autor del documental, Leandro Aparicio. Será el domingo a las 18 en Sixto Laspiur 456.

Las organizadoras afirmaron que “el genocidio de los pueblos originarios no lo practicó solo el colonizador, sino que esto se viene practicando desde la emancipación, con múltiples tratados que se violaron avalados por el Estado. A fines del siglo XIX el Estado argentino también creó campos de concentración, desapareció personas, torturó, asesinó y robó niña/os, estas acciones sistemáticamente fueron ejercidas por el poder. En la actualidad los pueblos originarios vivimos un genocidio por omisión, ya que se intenta invisibilizar, la realidad en la que vivimos hoy en las ciudades o zonas rurales”.

Daniel era un joven guaraní de Misión Cherenta, Salta, que viajó a trabajar como miles de jóvenes a más de dos mil kilómetros para recolectar fruta en Río Negro. Percibió una estafa millonaria perpetrada entre la tercerizada Agro Cosecha S.A. y la multinacional Expofrut y lo compartió con sus compañeros.

En los estudios de FM De la Calle, Leandro Aparicio brindó detalles de la investigación realizada junto a su colega Sergio Heredia que da cuenta de un entramado mafioso que involucra a las empresas, la justicia, la policía y la política.

“Los testimonios dieron mucha información y siguen ratificando la presencia constante y nefasta de La Nueva Provincia actuando en conjunto con la justicia de entonces, con el juez Madueño y sus secretarios Sierra y Girotti y el aparato represivo, ese tridente en combinación y los efectos que produjeron acá en la zona”, dijo a FM De la Calle el fiscal José Nebbia tras las primeras declaraciones del juicio Ejército III.

Las audiencias se reanudarán el martes 15 a las 15 y el miércoles 16 desde las 9 en Colón 80 de Bahía Blanca.

El tribunal aseguró que se desobedeció la orden, motivada en una queja de la Fiscalía, para que las fuerzas de seguridad se encarguen del traslado de los represores Noel, Salinas y Laurella Crippa quienes hasta ahora concurren solo con sus cuidadoras. Nebbia comentó que el martes “a la salida se retiraron y pasaron por medio de los familiares, los sobrevivientes y las hijas, con sonrisas socarronas –provocando, básicamente- y eso es muy violento”.

El martes la audiencia comenzó casi una hora después de lo previsto por la demora en el traslado de los imputados alojados en la unidad de Villa Floresta. “Brujas de mierda”, dijo el condenado Walter Bartolomé Tejada al pasar cerca de la abogada querellante Mónica Fernández Avello y las dos hijas de desaparecidxs que la asisten. Frente al tribunal, el ex segundo jefe del Departamento II Inteligencia del V Cuerpo de Ejército prefirió callar y dar lástima con sus supuestas dolencias. Otros siete represores acompañaron su silencio por videoconferencia desde Capital.

La excepción fue Enrique José Del Pino, miembro del Batallón de Inteligencia 601, quien por su “destacada” participación en el Operativo Independencia al mando del general Adel Vilas fue requerido por éste como jefe de su custodia en comisión en el V Cuerpo de Ejército y participó en operativos de secuestro. “Colombres” dijo a los jueces que no tuvo relación con la represión en la ciudad sino que vino en varias ocasiones asignado a reforzar la seguridad de Vilas y su familia ante supuestas amenazas del PRT-ERP y ofreció “sus condolencias” a “todas las víctimas de ambos contendientes en este absurdo conflicto”.

El primero de los testimonios fue el de Ricardo Ángel Bustos, integrante de una familia de militantes peronistas particularmente perseguida durante la dictadura y sobreviviente de La Escuelita. Su vecino y amigo de la infancia, José Azpiroz, relató cómo fue secuestrado en el marco del operativo militar en torno a la casa de Bustos y mantenido varios días en cautiverio.

Josefina de las Nieves Álvarez fue secuestrada en dos ocasiones y recluida en La Escuelita en 1976 y en la cárcel de Villa Floresta en 1978. Sus torturadores le hicieron identificar a militantes barriales en una serie de fotos carnet.

Al día siguiente abrió la sesión Paula Lazer, hija de Laura Manzo, militante peronista secuestrada por efectivos de la policía bonaerense a fines de 1975 junto a María Emilia Salto y Daniel Bombara, primer desaparecido bahiense. Sobre el mismo caso fue convocada Gladys Inés Espíndola Vera, amiga de Manzo.

María Cristina Prado, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas, declaró sobre un operativo en el departamento que compartía con dos estudiantes de la UNS que fueron capturados ilegalmente en julio de 1976 y cómo un par de meses después ella misma fue secuestrada en Coronel Dorrego. Estuvo en La Escuelita y en las cárceles de Villa Floresta y Devoto donde compartió cautiverio con varias víctimas de la causa.

También hizo su aporte la titular de la APDH Neuquén, Noemí Labrune, quien llegó a entrevistarse durante los años de impunidad con algunos de los guardias del mayor campo de exterminio del V Cuerpo de Ejército para dar con el paradero de las personas desaparecidas y los bebés nacidos en cautiverio.

Liliana Beatriz Griskan describió cómo un choque de autos entre su hermano y el represor Alejandro Lawless derivó en una represalia y persecución contra su familia que incluyó un despliegue militar alrededor de su domicilio, el cautiverio en dependencias militares y la tortura contra su hermano mientras realizaba el servicio militar -del cual había sido exceptuado por problemas de salud- en Colonia Sarmiento.

Pedro Alberto Golub fue encerrado en el gimnasio del Batallón de Comunicaciones 181 por reclamar por el paradero de su hermano secuestrado en Mayor Buratovich y aseguró que allí se encontró con Jorge y Raúl Griskan.

Las reseñas de cada una de las declaraciones mencionadas serán ampliadas y publicadas en www.juiciobahiablanca.wordpress.com en los próximos días.