La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo el miércoles pasado en Córdoba al ex oficial del Ejército José Antonio Maidana, quien fue jefe de una de las compañías del Batallón de Comunicaciones 181 y tuvo a su cargo el denominado grupo “antiguerrilla”, que intervino en crímenes del terrorismo de Estado en la región.

El ex juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez (foto), quien terminó apartado el año pasado por la parálisis de estos procesos, ignoró todos los pedidos de la Fiscalía, que había aportado en 2013 los datos que permitieron detenerlo ahora.

Maidana se encontraba prófugo desde noviembre 2013 y fue capturado en su domicilio de la la ciudad cordobesa de Viamonte, en la misma dirección que aportaron los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia cuando requirieron su detención hace tres años.

El ex militar llegó en septiembre de 1976 a Bahía Blanca procedente de Tucumán, donde había participado en el Operativo Independencia. En el nuevo destino estuvo a cargo de la compañía de Infantería “Combate Mayor Keller”, donde participó, en el marco de una asociación ilícita, en los secuestros y torturas sufridas por más de 60 víctimas del sur bonaerense.

El Batallón de Comunicaciones 181, indicó la Fiscalía, constituye la segunda unidad militar más grande la jurisdicción y, en el marco del esquema de zonificación empleada para el programa de terrorismo de Estado, fue el instrumento operacional a cargo del Area militar 511, que abarcaba la zona de Bahía Blanca y localidades del sur de la Provincia de Buenos Aires.

En sus dependencias, funcionaron distintos centros clandestinos por los que transitaron centenares de víctimas. Durante el período de actuación de Maidana como jefe de la sección de Infatería, permanecieron allí cautivas los más de veinte pobladores del partido de Villarino, secuestrados en el mes de septiembre de 1976 en operativos masivos realizados en aquella zona, en los que participó el denominado grupo “antiguerrilla”.

Para la época en que Maidana se desempeñó en esa unidad, el Batallón de Comunicaciones 181 también intervino en un amplio operativo ejecutado en la localidad de Tres Arroyos, en el que se detuvieron a más de setenta personas, parte de las cuales fueron mantenidas cautivas en sus instalaciones.

El que no busca, no encuentra

La detención de Maidana fue ordenada en noviembre de 2013, pero su búsqueda no fue profundizada pese a que la Fiscalía insistió con diferentes medidas de búsqueda y presentó varios pedidos de pronto despacho para que se llevaran a cabo.

En julio de 2014 los fiscales reclamaron que no hubiera más dilaciones en la constatación de la presencia de los prófugos en los domicilios que los mismos representantes del MPF habían aportado al momento de solicitar la detención.

Ese pedido no fue tratado por el entonces juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez y motivó la presentación de un pedido de pronto despacho en agosto de aquél año por parte de la Fiscalía.

Un mes después, los fiscales interpusieron un nuevo pedido de pronto despacho y exigieron a Martínez que reiterara “la orden emitida a las Fuerzas de Seguridad, a efectos de constatar -con carácter urgente- la presencia de los imputados en los domicilios indicados en la presentación” de la Fiscalía. En octubre volvieron a insistir con un escrito similar.

Y en febrero de 2015, una vez más, reclamaron que se certificara “con precisión” si Maidana residía en la casa en la que finalmente fue encontrado de la localidad de Viamonte, provincia de Córdoba. Dos meses después, los fiscales pidieron un informe sobre el estado de la búsqueda y constataron que Martínez no había provisto la solicitud de febrero. Así, interpusieron dos nuevos pedidos de pronto despacho.

Las omisiones y dilaciones de Martínez formaron parte de las circunstancias que los fiscales llevadaron a conocimiento del Consejo de la Magistratura, en torno al estado de parálisis que atravesaban las investigaciones judiciales de delitos de lesa humanidad en la jurisdicción de Bahía Blanca a mediados de 2015. Esa denuncia derivó en el apartamiento de Martínez de la subrogancia del Juzgado Federal Nº1 de esa ciudad.

La insistencia de los fiscales, mediante una nueva presentación realizada a principios de este año, determinó que el actual juez subrogante Héctor Pedro Plou reactivara las tareas de búsqueda que condujeron a la definitiva captura del imputado.

Fuente: fiscales.gob.ar

¿Quién dijo que el gobierno no se preocupa por las consecuencias de su modelo neoliberal? Al menos en el caso de la provincia de Buenos Aires las autoridades ya tomaron medidas para afrontar la conflictividad social que genere el rápido aumento del desempleo y la pobreza. Claro que las respuestas no vienen de las oficinas de políticas sociales sino del Ministerio de Seguridad.

La Dirección de Infantería fue autorizada a brindar una serie de cursos antidisturbios destinados al personal policial que se encuentre en condiciones operativas con la posibilidad de extender la invitación a “a personal de otras dependencias y/o especialidades policiales de este Ministerio; como así también, a personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad de otras provincias”.

Se pretende capacitar al personal en las siguientes disciplinas: “Operador de Armas Policiales Antidisturbios”, “Jefe de Grupos Antidisturbios de Infantería”, “Asistente Pre-Hospitalario en Situaciones Operativas Antidisturbios”, “Acompañante Motorista Antidisturbios de Infantería”, “Conductor Motorista Antidisturbios de Infantería” y “Operadores de Agentes Químicos Policiales”.

“Este Ministerio de Seguridad impulsa una política de capacitación profesional, mediante la instrumentación de programas y acciones de fortalecimiento destinada a mejorar la formación profesional de los cuadros policiales; esa iniciativa propone consolidar una igualdad de oportunidades de acceso a los circuitos formativos para todo el personal que integra las filas de las Policías de la Provincia de Buenos Aires”, argumentan las resoluciones.

Agregaron que “el presente ofrecimiento formativo les suministraría a sus cursantes herramientas indispensables para atender los marcos legales y procedimentales reglados y demandados para el desempeño de su labor”.

Contexto

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En un reciente análisis sobre el conflicto social, el titular de la Fisyp, Julio Gambina, advirtió que “el tema de las tarifas de servicios públicos es el conflicto más visible, con cacerolazos y protestas” y también “el impacto social del ajuste, la recesión y la inflación” en el aumento de la pobreza. La respuesta se vio semanas atrás en la marcha de San Cayetano a Plaza de Mayo por Paz, Pan, Trabajo, Techo y Tierra.

“La pobreza es un tema estructural en el país, que en cada ciclo de ajuste consolida nuevos pisos de extensión de la miseria. La pobreza incluye a la población empleada con bajos y precarios salarios, con mayorías de trabajadoras y trabajadores con ingresos por debajo de la canasta necesaria para satisfacer propias necesidades y de sus familias. Un dato elocuente es el 35% de trabajadores y trabajadoras en situación irregular, una tenencia universal que también se afirma en la Argentina”, dijo Gambina.

El economista destacó que la conflictividad labobral crece tanto en el sector estatal como en el privado, un reflejo será la Marcha Federal que protagonizarán esta semana la CTA Autónoma y la CTA de los Argentinos y el permanente amague de paro nacional de la CGT. Como antecedentes pueden mencionarse la movilización del paro del 29 de abril -“que puso en evidencia la potencialidad de la protesta sindical”- o el rechazo al veto presidencial motorizado por las CTA el 2 de junio.

Mañana la justicia federal de Esquel decidirá si extradita o no al lonko weichafe mapuche Facundo Jones Huala reclamado por Chile para ser juzgado por los delitos de incendio, tenencia ilegal de armas de fabricación artesanal, e ingreso clandestino al territorio chileno.

“Hay que profundizar el debate político y en la comprensión de ese debate o discusión política comprender que aquí se está juzgando un hecho político y que la extradición también es una decisión política. Hay que ver cuánto el Estado argentino y el Estado chileno quieren seguir reconociendo que tienen un conflicto político que no han sabido solucionar y que han sido los que lo han generado”, dijo Huala a FM De la Calle desde su celda patagónica.

Este martes se realiza un acampe en cercanías de la Unidad 14 del Servicio Penitenciario de Esquel para apoyar al líder indígena. Por estas horas, el gimnasio municipal desborda de efectivos de la agrupación XIV Chubut de Gendarmería Nacional con asiento en Rawson comandados por el ex jefe de Asuntos Internos de la Región V Bahía Blanca, Dardo Miguel Caballero.

En vísperas de la audiencia que comenzará el miércoles a las 10, el lonko aseguró que “la confrontación dialéctica de opresor y oprimido aquí toma las características de mapuche oprimido frente a un sistema opresor. Planteamos frente a esa contradicción un proceso de reconstrucción de nuestro mundo mediante la recuperación de tierras productivas y sagradas mediante la validación tanto de todas las formas de lucha como la revitalización de todas nuestras formas culturales y políticas como camino a un proceso de liberación nacional y eso tiene un marcado carácter -si bien es ancestral- anticapitalista, antiimperialista, antiligárquico”.

-¿Quién sos y por qué estás preso?

Yo soy un prisionero político perteneciente a la Nación Mapuche, me toca ser lonko de una serie de comunidades o de un grupo de peñi y lamgen de aquí de la zona de Cushamen. Se llama Cusha mapu el territorio donde le estamos disputando tierras a la multinacional Benetton y donde estamos haciendo ejercicio de nuestros derechos políticos y territoriales parte del movimiento mapuche de Puel Mapu. Y también me encuentro detenido en este momento por un pedido de extradición por el Estado chileno por haber sido partícipe de la defensa de un espacio sagrado que es Ngen Mapu Kintuante frente a la instalación de empresas hidroeléctricas que inundarían estos espacios sagrados. Yo estuve cerca de un año preso con la machi Millaray Huichulaf que es autoridad espiritual y vocera de esas comunidades en resistencia en la zona del Pilmaiquen, cerca de Osorno.

-¿Tu situación es la extradición y también la intención de la justicia de aplicarte la Ley Antiterrorista si bien hasta ahora no lo ha logrado?

Sí, en realidad la Ley Antiterrorista la quisieron aplicar en un principio hace más de un año aquí en el conflicto de tierras de Leleque y no se pudo aplicar porque la misma justicia federal dijo que acá nomás hay un conflicto social radicalizado. Entonces se tuvo que aplicar la legislación común. En el fondo se reconoce el conflicto político pero lo que sucede es que jurídicamente las herramientas técnicas no permiten reconocer ese conflicto político, que fue lo último que han manifestado las autoridades judiciales de la provincia.

Y en términos de la justicia federal en Chile si bien en un momento hace varios años se aplicó con bastante fuerza la Ley Antiterrorista contra las comunidades, contra los peñi presos y todo, en el último tiempo el Estado chileno no la aplicó porque eso tuvo mucha repercusión a nivel internacional y de alguna manera terminaba reconociendo el carácter político del conflicto mapuche. Entonces han aplicado parte de la legislación común en las sentencias, en toda la dinámica del juicio, pero con elementos que provienen de la Ley Antiterrorista, testigos protegidos, informes de inteligencia de lo que es en Chile la ANI la Agencia Nacional de Inteligencia como aquí es la AFI. Y en una parte el Estado argentino también ha copiado esa solución.

Recordemos que por este conflicto aquí saltó a la luz un escándalo con respecto al espionaje ilegal no solo de las comunidades mapuches sino también de vecinos y ambientalistas del No a la Mina, periodistas, maestros, ha habido mucho escándalo.

En Chile ese espionaje ilegal nunca ha sido investigado pero sí utilizado, incluso en el caso nuestro en lo que se denomina el Caso Pisu Pisué que fue el incendio de un fundo, de una estancia, a 50 kilómetros de donde estaba la machi. Pero en realidad fuimos detenidos, más que nada el objetivo político era la detención de la machi Millaray como vocera de esas comunidades y ahí en un momento se planteó la aplicación de la Ley Antiterrorista pero ya perdió fuerza. El tema es que el Estado quiere tratarlo como delitos comunes.

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-¿Políticamente han tenido en alguna instancia diálogo con los Estados argentino o chileno?

Hubo una situación interesante, un hecho político a destacar, el viernes. Se logró dialogar con representantes del Estado, con gente de La Trochita, por una causa que se desprende de la causa más grande que es la recuperación de tierras en la zona de Leleque, por una causa de obstrucción de las vías de La Trochita, recordemos que es monumento histórico nacional. El juzgado federal, el mismo que tiene que resolver mi extradición el 31, planteó una mesa de diálogo como forma de resolución alternativa de conflictos. Si bien es una cuestión menor es un hecho histórico que hayan entes jurídicos y políticos que se sienten a debatir en la cárcel con un prisionero y con gente de las comunidades que actúa dentro de la cárcel.

Me parece que lo último más parecido a eso fue un caso con militantes del ERP, específicamente con Santucho, pero el ERP tenía a un empresario secuestrado y gente del frigorífico creo que se acercó a conversar con Santucho en la cárcel y después fue trasladado. Aquí la situación se da en términos mucho más políticos porque nosotros no tenemos a nadie secuestrado y también es un conflicto mucho más profundo porque es político y cultural.

Aquí están conversando con lonko, con werken, con autoridades político filosóficas culturales del pueblo nación mapuche y entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. El hecho en sí, la causa en sí, el despliegue que se generó, el interés de tantos organismos de derechos humanos como del gobierno, organismos políticos, nos ha dado la razón en el sentido del reconocimiento político de este conflicto ancestral.

-Vos decís: pase lo que pase con la extradición seguiré siendo uno más en la confrontación dialéctica mapuche-capitalismo, ¿cómo es esa idea?

Porque nosotros aquí, el pueblo mapuche es víctima de un sistema global, que se instaura a través de los estados coloniales en la Conquista del Desierto y la Pacificación de la Araucanía a finales del Siglo XIX, se da una situación de ocupación militar y política y a partir de ahí somos producto de esa colonización brutal, salvaje, ese genocidio, esa persecución histórica.

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En un primer momento fuimos acampesinados, por decirlo de alguna manera, porque nuestra forma de vida no tiene esa concepción de campesino ni de obrero, de proletario. Y luego de eso fuimos proletarizados gran parte de nuestra población y obligados a vivir bajo los parámetros del mundo occidental que en este momento la máxima expresión del modelo capitalista es el modelo neoliberal.

En esa confrontación entendemos que el Estado no es más que un gerente más del capitalismo global, es una herramienta del sistema capitalista, no es el verdadero enemigo, más allá de que es el que administra las fuerzas policiales, el que genera institucionalidad, el verdadero enemigo es el sistema capitalista que es un sistema político y económico.

En esa confrontación del pueblo mapuche frente a empresas trasnacionales, frente a la oligarquía criolla, frente a todas estas distintas caras que tiene este sistema, nosotros somos en este sector los más pobres entre los pobres, somos el sector más oprimido de la sociedad en lo que hoy es Patagonia o el territorio ancestral mapuche y obviamente que somos la mano de obra de todas estas oligarquías y empresas trasnacionales que pretenden usurpar nuestro territorio.

Esa confrontación dialéctica de opresor y oprimido aquí toma las características de mapuche oprimido frente a un sistema opresor. Aquí planteamos frente a esa contradicción un proceso de reconstrucción de nuestro mundo mediante la recuperación de tierras productivas y sagradas mediante la validación tanto de todas las formas de lucha como la revitalización de todas nuestras formas culturales y políticas como camino a un proceso de liberación nacional y eso tiene un marcado carácter -si bien es ancestral- anticapitalista, antiimperialista, antioligárquico.

-¿Cómo han sido hasta aquí las condiciones de tu detención?

La verdad es que a pesar de todo, de que es muy duro estar encarcelado y que la represión del Estado argentino también ha sido brutal, las condiciones carcelarias argentinas son mucho menos indignas que las chilenas. A pesar de todo uno igual sigue manteniendo la moral alta porque el nivel de movilización de la gente no ha decaído, al contrario, se ha fortalecido.

No solamente el proceso de recuperación de tierras en la zona de Leleque, de Cushamen y de Vuelta del Río sino que también se ha fortalecido esa lucha en otros sectores del territorio mapuche donde los movimientos mapuches autónomos tienen presencia de diferentes maneras, tanto en el fortalecimiento de los procesos de recuperación que ya se mantenían sino también en acciones de sabotaje al sistema capitalista. Yo estaba aquí detenido y me enteré por las noticias pero un grupo de resistencia mapuche atacó maquinaria del magnate inglés Joe Lewis en la comarca andina y cabañas pertenecientes al sindicato petrolero donde incluso había una situación de trata de personas.

 _MG_5207-¿Qué sabes de tu comunidad después de tu detención, de la violencia que se ejerció sobre mujeres, niños y niñas?

Ellos también se encuentran fortalecidos a pesar del maltrato del Estado opresor y de las empresas. Fortalecidos política, filosóficamente, eso es lo que a uno de la da la moral para seguir aquí firme, con las convicciones, digno.

Por eso le digo que todo depende mucho de esa movilización política y social, de la profundización y la conciencia política e histórica de nosotros como pertenecientes a la Nación Mapuche, de la identificación del enemigo real, del cese ya paulatino, cada vez más grande de la violencia interna que nos ha heredado este sistema perverso, del despojo de vicios, por lo menos en una parte del sector del movimiento mapuche más combativo, más consciente y organizado.

En ese sentido la resistencia de Vuelta del Río, de recuperación de tierras, se encuentra más fortalecido que nunca, totalmente convencido y va a seguir plantándose como se ha plantado hasta el momento. Las últimas represiones los weichafe resistieron nuevamente con piedras a la brutalidad policial con balas de plomo y de balas de goma, pero sobre todo destacar que se enfrentaron a balas de plomo. Y los weichafe y los kona que se encontraban allí presentes pudieron echar a la policía con hondas y gomeras y eso es algo de destacar, la diferencia del poder de fuego y la dignidad de nuestros peñi, se pudo resistir la brutalidad de la represión.

-¿Para la audiencia de extradición qué expectativas hay?

En realidad lo que dice la ley de extradición es que los delitos políticos no son extraditables. Solo los delitos políticos y lo que pueda generar una suerte de conflicto social, por llamarlo de alguna manera, no es extraditable.

El tema es que el Estado chileno no quiere reconocer el conflicto político, tiene más de 40 prisioneros políticos mapuches, gente mayor de edad encarcelados, autoridades tradicionales, que una viejita, una machi, encarcelada dos veces y juzgada por la misma causa, rompiendo todos los estándares de derechos humanos internacionales, la misma legislación chilena, los fiscales reconocieron que tienen presos políticos mapuches sin prueba, pero siguen tratando todo como delitos comunes.

Aquí todo depende del grado de movilización de la gente, de la connivencia o no de la fiscalía federal a nivel local y por lo mismo le decía de la organización y de la conciencia que pueda adquirir no solo el pueblo mapuche sino el resto de la sociedad, de comprender el conflicto político histórico que atraviesa dos Estados que son hijos de la corona española, tenemos que recordar que los Estados criollos nacen a partir de una pelea entre los mismos hijos o nietos de los españoles, que plantean ese proceso que fue la Revolución de Mayo, todas esas situaciones, pero que recién en territorio mapuche pueden ingresar en 1881 y 1879 que fue la Conquista del Desierto y la Pacificación de la Araucanía, los antecesores del Plan Cóndor en los 70.

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Tenemos que hacer mucho hincapié en eso, estamos atravesados por dos Estados coloniales hace 130 años, ni siquiera vivimos el bicentenario porque es muy nueva toda esta situación jurisdiccional, tanto jurídica e incluso colonial para nosotros. Si bien vivimos muchos años de agachar la cabeza creo que el grado de concientización y de politización propia mapuche ha alcanzado niveles que nadie se esperaba, venimos a interpelar a la sociedad en general en términos constructivos y a los Estados en términos de reparación y al sistema capitalista en términos -ojalá- de expulsión de sus intereses de nuestro territorio. Y me parece que eso es lo que hay que comprender.

Hay que profundizar el debate político y en esa comprensión de ese debate o discusión política comprender que aquí se está juzgando un hecho político y que la extradición también es una decisión política. Hay que ver cuánto el Estado argentino quiere seguir reconociendo, y el Estado chileno, que tienen un conflicto político que no han sabido solucionar y que han sido los que lo han generado.

Fotos: Radio La Negra, Diario La Jornada, Pablo Quintana.

Como lanzamiento de la Escuela de Comunicación Popular de FM De la Calle se llevó a cabo el sábado un taller intensivo sobre herramientas básicas para producir relatos audiovisuales. El encuentro fue coordinado por Federico Randazzo, director, productor y guionista.

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Estudiantes de periodismo, profesionales de los medios y ciudadanxs con ganas de producir escucharon a Federico proponer como idea central: construir la voz propia dentro del marco de hiperinformación en el cual vivimos, donde para hacerlo, es necesario contemplar una de las herramientas más cercanas que tenemos al alcance del bolsillo, nuestro teléfono celular. No es casualidad, ya que la Argentina figura en el puesto 20 en cantidad de equipos, con 50 millones de smartphones, más que la cantidad de habitantes.

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“La industria audiovisual explotó en los últimos tiempos, nadie tiene bien en claro qué va a suceder con todo esto, pero en el medio nos cruzamos con situaciones que no la podes creer: en la ultimas olimpiadas vi salir a un tipo en un móvil de un canal internacional con un teléfono celular, esto nos dice que parte de la misma tecnología que está usando hoy la CNN, Telesur o cualquier canal masivo, la tenemos nosotrxs también. Y eso es magnifico, pero significa que tenemos que salir a dar batalla”.

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Federico Randazzo además planteó como segunda idea que en esta etapa debemos transformarnos en “prosumidorxs”, es decir, ser propios productores/as de lo que consumimos en esta industria.

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A lo largo del taller se sintetizaron algunas recomendaciones a la hora de pensar una producción: tener ideas claras, saber a quién están dirigidas, encontrar una referencia dentro del propio campo que nos ayude a visualizar la forma y, por último, cómo organizar todo en cronogramas de trabajo, guiones y equipo de producción. “Hay que producir con la medida de nuestras posibilidades, para que esa voz propia irrumpa en escena (…) porque hacer algo televisivo, es hacer algo disruptivo que rompa con lo que estamos acostumbradxs”.

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Ser un medio alternativo, comunitario y popular es también seguir generando instancias de formación y debate, es profesionalizar lo que hacemos. Por eso próximamente se realizarán más encuentros sobre comunicación y el campo digital con acceso real a la información, comunicación y educación con perspectiva de género y comunicación y práctica integral en radio.

La Comisión por la Memoria (CPM) celebra el histórico fallo del Tribunal Federal N 1 de Córdoba en la Megacausa La Perla y alerta sobre la necesidad imperiosa de avanzar en el proceso de justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Las más de 20 mil personas reunidas afuera de los tribunales muestran que la bandera de verdad, justicia y memoria representa a todo el pueblo argentino. Sin embargo, las denuncias por demoras en los juicios y desidia en el desempeño de los jueces crecen en diferentes puntos del país. Sumado a esto, el reciente otorgamiento de la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz en La Plata completa un cuadro de preocupación.

La lucha de los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas, los sobrevivientes ha sido larga, difícil y persistente. Pero finalmente tuvo sus frutos: la bandera de verdad, justicia y memoria representa para la mayoría de los argentinos un reaseguro de la democracia, un pilar fundamental, un emblema en la construcción de una sociedad más justa. El fallo reciente en la denominada Megacausa La Perla es histórico. Fueron 28 condenas a cadena perpetua que incluyen, entre otras, al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez (quien por primera vez fue condenado por robo de bebés) y a Ernesto Barreiro, que recibió su primera condena por crímenes de lesa humanidad.

Afuera de los tribunales hubo alrededor de 20 mil personas acompañando la lectura de la sentencia. Un escenario que prueba ese sentir mayoritario de rechazo a la última dictadura y los crímenes cometidos por el terrorismo de estado, y que constituye un piso incuestionable de nuestra democracia. Muestras de lo mismo han sido también los repudios generalizados a los múltiples intentos por cuestionar la emblemática cifra de 30 mil desaparecidos o las movilizaciones por el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Miguel Echecolatz en La Plata.

En este misma línea, la CPM celebra también el inicio del juicio conocido como Megacausa III en Santiago del Estero, que vuelve a poner en debate las responsabilidades en crímenes de lesa humanidad del ex jefe de la policía provincial, Antonio Musa Azar, entre otros, y que juzgará por primera vez el desempeño de dos magistrados durante la última dictadura militar. Desde la CPM, se han aportado a la causa documentos probatorios claves pertenecientes al archivo de la Dirección de Inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

Para no frenar este proceso no solamente es necesario que el Estado promueva políticas activas que permitan crear las condiciones para el avance de los juicios aún pendientes de ejecución, sino que la justicia también asuma este compromiso y vele por el efectivo cumplimiento de las condenas enviando a los responsables del genocidio a cumplir sus condenas en cárceles comunes.

Las decisiones conocidas en los últimos días que otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz constituyen una afrenta al reclamo de verdad, justicia y memoria, pero además hieren en un profundo sentido las expectativas del conjunto de la sociedad argentina por sacar definitivamente del plano de la impunidad a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
En este mismo sentido, resulta imperioso que el Estado Nacional y la justicia atiendan los reclamos que en todas partes del país denuncian demoras y complicaciones en múltiples juicios. En la provincia de Buenos Aires algunos casos puntuales dan cuenta de esta situación. En La Plata se aplazó ya dos veces el inicio del juicio por los crímenes cometidos por la Concertación Nacional Universitaria (CNU) y en San Nicolás el juicio por el asesinato del obispo Ponce de León, que iba a empezar en abril, se pospuso tres veces. En los tribunales de San Martín suman 16 los juicios orales en lista de espera y todavía no hay fecha para el inicio de las audiencias en La Plata por la causa Pozo de Quilmes, elevada a juicio en junio de 2015.

En este contexto, la sentencia de ayer por la Megacausa La Perla es un impulso, un hito que señala el camino que todos esperamos: verdad, justicia y memoria. El Estado y la justicia no pueden eludir la responsabilidad histórica que les toca en este sentido.

Desalentar, desde cualquier perspectiva, este proceso, sería desconocer las expectativas de la sociedad que comprendió que los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar fueron en contra de todo el pueblo argentino y que, por lo tanto, su reparación efectiva y absoluta mediante la administración de justicia es condición fundamental para la construcción de una patria realmente democrática e igualitaria.

Con 38 condenas, 28 de las cuales fueron a prisión perpetua, y cinco absoluciones concluyó hoy en Córdoba uno de los juicios más grandes de la historia judicial argentina, que abordó las responsabilidades en los crímenes perpetrados contra 711 víctimas por 43 -la cifra fue mayor, pero son los que llegaron al final del juicio- ex militares, policías y civiles de inteligencia en delitos del terrorismo de Estado antes y después del golpe del 24 de marzo de 1976, con epicentro en los centros clandestinos de detención “La Perla” y “Campo La Ribera”.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Córdoba, en la voz de su presidente, Jaime Díaz Gravier, dio a conocer cerca del mediodía el veredicto de un extenso debate que llevó tres años y nueve meses de trabajo y que culminó al cabo de 353 audiencias.

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Secundado por sus colegas  Julián Falcucci y José Quiroga Uriburu, Díaz Gravier leyó los 97 puntos del resolutorio, que, además de las condenas a perpetua y las absoluciones, incluyó penas de entre dos años y medio y 21 años de prisión para diez de los acusados.  La lectura fue seguida por atención tanto dentro como fuera de la sala de audiencias, en el marco de una expectativa nacional: una multitud se congregó en las puertas de los tribunales federales de Córdoba para escuchar los pormenores de la sentencia, que fue seguida a través de Internet -entre otros lugares- en el auditorio del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos de la Ex ESMA, en Buenos Aires.

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El Tribunal, que dará a conocer los fundamentos de la decisión el 25 de octubre próximo, dispuso penas de prisión perpetua para el ex comandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez -quien sumó hoy su decimocuarta condena por crímenes de lesa humanidad- y para los miembros del Estado Mayor de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, su jefe y segundo comandante -en distintos períodos-, Luis Santiago Martella; el jefe de Asuntos civiles (G-5), Jorge González Navarro; el jefe de Operaciones (G-3), Jorge Eduardo Gorleri; y el jefe de Inteligencia (G-2), Héctor Hugo Chilo.

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La misma pena fue aplicada a los ex jefes del Grupo de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 141, Luis Gustavo Diedrichs y Héctor Pedro Vergés; el ex jefe de la Primera Sección Ejecución y jefe de interrogadores del Grupo de Operaciones Especiales, Guillermo Enrique Barreiro; para los ex integrantes de la Sección Actividades Especiales de Inteligencia, Carlos Enrique Villanueva y José Hugo Herrera; el ex sargento Juan Eusebio Vega; el ex miembro de la Primera Sección Ejecución, Oreste Valentín Padován; el sindicado jefe de los operativos de secuestro, Jorge Exequiel Acosta; el integrante de uno de los grupos operativos, Carlos Alberto Díaz; y los civiles de Inteligencia Emilio Morard, Ricardo Alberto Ramón Lardone, Arnoldo José López y Héctor Raúl Romero.

Los jueces también coincidieron con la Fiscalía en la aplicación de la pena de prisión perpetua para el ex subcomisario del Departamento de Informaciones policiales (D2) Yamil Jabour; el jefe de la Brigada Antisubversiva N°2, Carlos Alfredo Yanicelli; los ex policías del D2 Juan Eduardo Ramón Molina, Marcelo Luna, Eduardo Grandi, Alberto Luis Lucero, Calixto Luis Flores, Miguel Ángel Gómez, Herminio Jesús Antón y Mirta Graciela Antón.

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Los civiles de inteligencia, José Luis Yañez y Enrique Alfredo Maffei recibieron 20 y 21 años de prisión, respectivamente; el policía del D2, Antonio Reginaldo Castro, 8 años de prisión, y el cabo 1ero del Liceo Militar General Paz, Miguel Ángel Lemoine, 5 años de prisión, al igual que el militar Wenceslao Claro. En tanto, el ex policía del D2 Raúl Alejandro Contrera fue condenado a 8 años de prisión, mientras que su colega Rubén Osvaldo Broco recibió tres años de prisión e inmediatamente obtuvo la libertad por haber cumplido la pena. El ex militar Carlos Edgardo Monti, en tanto, fue condenado a dos años y medio de prisión.

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El ex jefe de la Sección Comando y Servicio o Logística del Destacamento de Inteligencia 141, José Andrés Tófalo, fue condenado a 14 años de prisión, mientras que el ex subjefe y luego jefe de la Policía provincial, Alberto Luis Choux, recibió 11 años de prisión. Para ambos la Fiscalía había requerido la pena de prisión perpetua.

Fueron finalmente absueltos los ex policías del D2 Juan Carlos Cerutti, Francisco José Melfi y Antonio Filiz, sobre quienes pesaba una acusación fiscal para que se los condenara a prisión perpetua; José Idelfonso Vélez, para quien los fiscales habían pedido 17 años de prisión; y el ex militar Ángel Osvaldo Corvalán, para quien se había reclamado una pena de tres años de prisión.

Fuente: fiscales.gob.ar

Imágenes de los colectivos: Mucho Palo Noticias – ECOS Córdoba – Zumba La Turba – Fotografía de Prensa – en la transmisión inclusiva de la Red Nacional de Medios Alternativos 

Se constituyó la comisión de seguimiento y evaluación de la Ordenanza 18.164, que establece la caducidad para la explotación y toda otra actividad que promueva el proxenetismo y la trata y explotación de personas. Para la directora de Integración y Fortalecimiento de Derechos Humanos, Letizia Tamborindeguy, fue un encuentro “para seguir trabajando sobre esta problemática que es terrible y todos sabemos que existe”. En septiembre habrá actividades de concientización.

“La ordenanza propone dos tipos de comisiones. El primero es una comisión de autoridad de aplicación que nos juntamos hace quince días, está conformada por distintos representantes de secretarías del municipio que son los encargados de ver si están habilitados o no los cabarets. Desde esa reunión misma surgió la reunión de ayer que fue la primera de Comisión de Seguimiento y Evaluación de la ordenanza, de la cual no participaron solamente personas del municipio sino referentes y representantes de otras instituciones”, explicó la funcionaria a FM De la Calle.

Tamborindeguy recordó que “la ordenanza decía que cuando se cerraba un cabaret tenía un plazo determinado para presentar una propuesta alternativa. La realidad es que se pasó ese plazo, no han presentado ningún tipo de propuestas y hoy por hoy no hay ningún local habilitado”. “Formalmente está todo cerrado”, afirmó y destacó que “todos sabemos que ha crecido bastante lo que tiene que ver con los privados, pero eso ya atañe a otro campo”.

Ante los operativos judiciales en locales donde son explotadas mujeres víctimas de trata “el municipio no interviene directamente pero sí se trabaja con el equipo de rescate a partir del número 145, se los convoca -están en La Plata- e interviene. Sí hemos trabajado en la contención”.

La normativa establece que la comisión de seguimiento “estará integrada por un representante del ejecutivo municipal, uno del Concejo Deliberante, organizaciones de la sociedad civil vinculadas directamente a esta problemática, el Consejo del Menor y la Familia, el Poder Judicial Federal y un referente de la unidad fiscal de Delitos Sexuales del Departamento Judicial Bahía Blanca”.

Participaron del primer encuentro Franco Di Santi de Bahía Contra la Trata; el director de Fiscalización, José Luis Montanaro; el fiscal Mauricio del Cero; María Gracia Acevedo, de la Fiscalía General oficina Violencia de Género; Silvina Pascuaré en representación de Fiscalía Federal; Soledad Monárdez, subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos; Delia Martínez Urquiza de Pastoral Migratoria; Virginia Linares del Frente Julieta Lanteri; María Inés Re, en representación de la Secretaría de Salud y la concejala Miriam Lantosca y su par Matías Lera.

La megacausa “La Perla – Campo La Ribera” llegará a su fin este jueves cuando el tribunal oral lea la sentencia sobre la responsabilidad de 43 acusados por crímenes de lesa humanidad padecidos por 711 víctimas en la jurisdicción del III Cuerpo del Ejército.

“El impacto en esta provincia fue enorme porque hay una Córdoba antes y después de La Perla. Creo que en este juicio vamos a tratar de enterrar a esa Córdoba conservadora, reaccionaria, que siempre fue en la historia, y tratar de poner algo de aquella Córdoba rebelde, revolucionaria, de la Reforma, del Cordobazo y de la lucha de los pueblos por su emancipación”, dijo ayer a FM De la Calle Emiliano Salguero de la agrupación H.I.J.O.S.

El debate comenzó el 4 de diciembre de 2012 y ventiló crímenes ocurridos entre 1975 y 1978. Inicialmente eran 57 los imputados pero catorce se beneficiaron con la impunidad biológica. Para Salguero, más allá de las intenciones del gobierno de cerrar los juicios, existe “voluntad política del pueblo” para ir por más Memoria, Verdad y Justicia.

-¿Con qué expectativa esperan la sentencia?

Casi cuatro años de audiencia de juicio oral, casi un año entero de audiencias si se hubiesen realizado todos los días, 365 audiencias. Lo cual implica que este juicio se ha trasformado en el juicio más largo de la historia jurídica de nuestro país. Con mucha expectativa pero también sabiendo que más allá de la intencionalidad de algunos sectores que siguen reivindicando al terrorismo de Estado, la sociedad argentina se niega a convivir con impunidad.

La Perla es el centro clandestino más grande del interior del país por el cual, según investigaciones que hemos realizado, pasaron más de 2500 personas, muchas de ellas, la gran mayoría, fueron desaparecidas y los cuerpos todavía no están identificados, no hemos encontrado los restos de los compañeros. Un juicio que además habla de lo más oscuro del terrorismo de Estado porque, a diferencia de otros lugares, acá en Córdoba la centralidad que tuvo la represión, La Perla fue el último destino de los compañeros secuestrados y torturados que fueron paseados por distintos centros clandestinos, cárceles y comisarías, todo el circuito represivo de la región del NOA, todo lo que era el área del III Cuerpo de Ejército, que son más de diez provincias, culminaba en La Perla, de la cual se sabía muy poco.

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Este juicio ha permitido ventilar, poder dar cuenta de un montón de situaciones que los familiares de las víctimas no conocían. Estamos hablando de un juicio que tiene 715 víctimas de las cuales 261 están desaparecidas, 48 de ellas asesinadas, o sea que tenemos los cuerpos, 8 identificadas, había una situación muy oscura y muy poco conocimiento de qué pasó con nuestros compañeros y además muestra a las claras cómo la represión no discriminó por ideología ni por condición social ni por edades porque en La Perla se concentró a todos los grupos sociales y culturales, desde grupos de testigos de Jehová hasta militantes revolucionarios, sindicalistas, militantes peronistas y radicales y dan cuenta de que la represión, el genocidio, más allá de las diferencias que tuvieran esos sectores en ese momento, no hizo diferencias cuando entendió que había que destruir el proyecto de trasformación de esa generación.

En este juicio se dio cuenta de la historia de vida de cada uno de estos compañeros y creo que lo más importante fue la posibilidad de que muchos sobrevivientes, que fueron demonizados como traidores por haber vivido después de la dictadura, por haber sobrevivido, porque fueron los que se “salvaron” y porque cuentan cosas dolorosas o también porque cuentan la experiencia de militancia. Esta sociedad nos escucha a nosotros los Hijos, a las Madres, a las Abuelas, pero les cuesta escuchar a los sobrevivientes.

Telam Córdoba 12/04/2014 En la audiencia 125 del mega juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en La Perla y en el campo La Ribera, se incorporan 5 nuevas causas y 11 imputados nuevos 12/04/2014 foto Irma Montiel

En ese sentido este juicio no ha sido menor porque hoy la sociedad de Córdoba y creo de Argentina y el mundo van a estar presentes mirando y escuchando no solo la condena a los genocidas, que esperamos que sean a cadena perpetua común y efectiva, sino también el tema de la historia de los testimonios, de su importancia y de la historia de nuestro país, de las cosas que se quisieron ocultar. Porque este juicio también permitió ventilar la complicidad civil, por ejemplo de cómo Menéndez y sus secuaces se robaron la empresa Mackentor y secuestraron a sus empresarios. De la complicidad civil a través de los jueces que sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada. De la Iglesia, acá teníamos al jefe de la Iglesia argentina que era Primatesta y tenía muchísimo contacto con estos campos de concentración que no es solo La Perla sino que en este juicio también está La Ribera que pertenece a la policía, hay imputados de otros centros clandestinos también. Da cuenta de toda una serie de historias y situaciones de impunidad con la que aún convivimos, que la pudimos escuchar, la pudimos ver, pudimos acercarnos un poquito más de verdad.

-Respecto de los compañeros y compañeras que continúan desaparecidos, en un momento el juicio también tuvo mucho impacto en la prensa a partir de la puesta en escena del Nabo Barreiro diciendo que aportaba datos sobre dónde habían sido escondidos, enterrados, pero a su vez el Equipo Argentino de Antropología Forense estaba trabajando allí. ¿Sirvió para algo lo que dijo Barreiro o fue una puesta en escena?

No, eso fue una opereta del Nabo Barreiro. Barreiro fue uno de los jefes de La Perla. Fue el jefe de torturadores, del grupo de tareas que estaba a cargo de la tortura. Además fue el responsable del levantamiento carapintada en el año 87, se lo cita a declarar, él se niega y promueven este levantamiento y termina siendo sacado del cuartel, cuando estaban acuartelados, en el baúl del auto de monseñor Primatesta.

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Y este mismo Nabo Barreiro es el que una vez que el EAAF había encontrado restos en hornos, porque entendemos que fueron depositados restos triturados de desaparecidos por segunda vez, o sea, habían sido depositados en un lugar y luego para hacer desparecer los rastros fueron depositados de nuevo en unos hornos viejos de cal, y el EAAF había encontrado el resto de cuatro compañeros que habían sido identificados y Barreiro dijo que iba a decir dónde había más hornos y fue toda una cuestión para estar en los medios. Lo que nos llamó mucho la atención fue cómo los medios masivos de comunicación se prendieron a esto pero no le dieron la misma importancia a los restos que habían sido encontrados en ese lugar antes. Él no aportó ningún tipo de datos de significación, no nos sirvió ni siquiera para la identificación de los restos de estos compañeros.

Atrás estaba la negociación de lo que se llama la reconciliación con el perdón, algo que entendemos que sectores que tienen que ver con el gobierno actual, el gobierno nacional, quieren promover. Esto de ley de reconciliación o un similar a la ley de amnistía como en Uruguay.

-Página/12 difundió una especie de medio de comunicación que se crearon los autodenominados presos políticos, los terroristas de Estado que están siendo investigados o enjuiciados, son tipos muy activos, ¿qué saben de ellos en la actualidad, en el contexto político que ha cambiado, con las domiciliarias y los riesgos que eso representa para la sociedad y para ustedes como familiares, como sobrevivientes?

Sabemos que estos grupos siempre se han movido. También en la época en que el gobierno nacional era comprometido con los juicios de lesa humanidad, con el gobierno de Cristina y de Néstor, ellos también han tenido este tipo de actuación. Igualmente el tema de las prisiones domiciliarias. Estamos hablando que una cosa es la voluntad del gobierno, que en este caso es un gobierno adverso a la posibilidad de profundizar la investigación sobre los delitos de lesa humanidad, sobre todo con el tema de los cómplices civiles. En Bahía Blanca tenemos a Massot, ustedes saben más que nosotros todo lo que ha pasado ahí. Pero también te puedo decir que hay un estado que es reticente o no, hablo del poder judicial, de las fuerzas armadas, de los distintos estamentos, que es reticente a las decisiones o políticas de un gobierno. En este caso creo que también hay una voluntad política del pueblo.

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Creo que más allá de quienes votaron a Macri o quienes no votaron a Macri, por lo menos en Córdoba que es la provincia que lamentablemente le dio el triunfo, una provincia que va a mostrar que tiene muy claro que quiere juicio y castigo a los genocidas y que no se prende a la discusión de la teoría de los dos demonios que quieren plantear estos grupos para facilitar la impunidad de los secuestradores, de los ladrones de niños, no se los juzga por sus ideas, se los juzga por sus acciones delictivas, porque utilizaron el Estado para realizarlas, por eso hablamos de terrorismo de Estado, y se los juzga con todas las condiciones que no se le dieron a ninguno de los desaparecidos.

Cuando hablamos de terrorismo de Estado creo que el pueblo de Córdoba va a mostrar que comparte esta idea que tenemos los organismos que tiene que ver con que nuevas generaciones se comprometen con la memoria, la verdad y la justicia y que tarde o temprano volveremos a la carga con el juicio y castigo en todo el país.

-¿Qué impacto tuvo en la provincia el desarrollo del juicio?

Yo te diría que el impacto en esta provincia fue enorme porque hay una Córdoba antes y después de La Perla. Creo que en este juicio vamos a tratar de enterrar a esa Córdoba conservadora, reaccionaria, que siempre fue en la historia, y tratar de poner algo de aquella Córdoba rebelde, revolucionaria, de la Reforma, del Cordobazo y de la lucha de los pueblos por su emancipación. Creo que Córdoba ha sido muy afectada por el terrorismo de Estado, fue una de las provincias junto a Tucumán más afectadas del interior, miles de obreros fueron llevados a las mazmorras de los campos de concentración, estudiantes. Córdoba era rebelde, era la Córdoba de Agustín Tosco, de Atilio López, la mayoría de los dirigentes revolucionarios se formaron acá y en ese sentido hay una Córdoba que va a sentir un cimbronazo con esta sentencia.

Mañana (por hoy) va a ser una contraCórdoba, va a estar todo el pueblo porque no sabés la cantidad de gente que a lo mejor no puede ir porque lamentablemente no conseguimos el asueto administrativo, o porque los chicos tienen que ir a clases, estamos hablando de un día laborable, pero han mostrado cartelitos diciendo “Yo quiero juicio y castigo”, “Yo voy a la sentencia”. Esto nos ha trascendido a nosotros como víctimas y a las organizaciones sociales que están organizando la espera de la lectura de la sentencia.

(Por ¿Quién te juna?*) En Argentina, respetar la identidad de género es una obligación establecida por el artículo 12 de la Ley 26.743, el cual está dedicado al trato digno de las personas. Establece que “deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad”, tanto en el ámbito público como el privado.

Si bien la lucha por los derechos ha avanzado a pasos agigantados desde la proclamada ley del matrimonio igualitario hace ya casi seis años, la pelea no termina; quedan muchísimas cosas por hacer.

Tal es el caso de la Ley de cupo laboral trans, que estipula que “el sector público debe ocupar, en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”, incluyendo “el personal de planta permanente, temporaria, transitoria y/o personal contratado cualquiera sea la modalidad de contratación”. Además, se debe “establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público”.

La promotora de esta ley, Diana Sacayán, era tucumana, lideraba la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA), y era dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), y en 2012 recibió el DNI con su identidad autopercibida. Trabajó en el programa de diversidad sexual del INADI y colaboró en el suplemento Soy de Página/12 y en la revista El Teje. También fue gestora de las leyes de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género.

“Diana era una luchadora por todos los derechos humanos, ella luchaba mucho por la diversidad, por las cuestiones de los derechos de las travestis, pero también por los derechos de los que menos tienen aquí en nuestro país”, nos cuenta Paula Lorenzo en comunicación telefónica. Paula forma parte de la comisión de familiares y compañerxs que piden justicia por Diana Sacayán y que reclaman “por su brutal travesticidio”.

“Estamos pidiendo justicia porque se asesinó a una referente social, y también para poner en claro cuál es la situación de las personas travestis en Argentina. Ella misma [Diana] denunció mucho el asesinato, cómo eran las vidas y cómo eran las muertes de las travestis. Para que cambie un poco la cosa, tenemos que luchar por justicia. Es un caso muy emblemático”.

Paula nos habló sobre las actividades que realiza la comisión: “Organizamos la primera marcha contra los travesticidios, justamente para decir y poner en primer lugar las vidas de las personas travestis. Porque si bien tenemos la ley de identidad, todavía sufren muchísimas discriminaciones en instituciones como los hospitales, las escuelas”. Y afirma que todavía falta un trabajo muy grande por hacer. En las escuelas aún no se habla de educación sexual. “Expulsan a las personas que tienen otra identidad de género”, comentó Lorenzo.

Por su parte, Nicole Pietrangelo, integrante de la Colectiva Feminista y de Watu Corriente Comunista, opina que hay limitaciones en la Ley de cupo laboral trans.


“Partir del 1% del cupo de la ley laboral trans –agrega Pietrangelo–, ya está marcando un límite más que importante. Me parece que más allá de lo que diga o no un papel, hay que partir de una realidad en la que estamos inmersxs, que tiene que ver con el estado real de la economía en este país y, concretamente, en los municipios. Para nadie es una novedad que Bahía Blanca es una de las ciudades con mayor desocupación; históricamente lo ha sido en los momentos más críticos; y por otra parte, a medida que avanza, a los sectores más marginados, más vulnerados, más puertas se les cierra”.

“A mí no me alcanza con una ley –afirma de manera contundente–. Que partan del reconocimiento de que nuestra expectativa de vida es de 35 años. La gran mayoría de las travestis tienen muy bajo nivel de escolaridad, y en muchísimos casos analfabetismo (o semianalfabetismo). Lo que no debería ser un destino, para muchas compañeras se ha convertido en un destino, que es la prostitución”. Esto, según Pietrangelo, se debe a que no les han brindado la oportunidad de capacitarse para tener otra salida laboral.

Nicole considera que no se toma en cuenta las diferentes realidades de las provincias, ciudades, o pueblos. Y que “no es la misma situación para una chica que recién está empezando, que para una que ya lleva muchísimos años, que para una que se ha prostituido (que son la gran mayoría), que para una que no. Esa supuesta integración de 1% en el cupo laboral de planta, esperando que sea permanente y no en negro, no deja de ser una pequeña medida. Es la falsa integración”.

“Te damos trabajo, pero no resolvemos las cuestiones de fondo, no resolvemos con perspectiva, no tenemos proyecto a largo plazo”, establece la integrante de la Colectiva Feminista. Finalmente, insiste que “como parte del pueblo, no alcanza con leyes, no alcanza con supuestas voluntades discursivas, y hasta que no tomemos las decisiones que nos competen en nuestras manos, podemos esperar pequeños parches, pero la bicicleta no se va a arreglar”.

*¿Quién te juna? se emite los miércoles a las 21 por FM De la Calle 87.9Mhz.

(Por Francisco J. Cantamutto) El fallo de la Corte y sus repercusiones. La lucha contra el tarifazo y el ajuste continúa.

Tal como se refería en este espacio, el fallo de la Corte Suprema de Justicia sorprendió a todos, yendo más lejos de lo que se esperaba. Concretamente, se volvieron atrás los aumentos en las tarifas de gas, alegando vulneración de derechos básicos para una vida digna y criticando en lo procedimental la falta de audiencias públicas.

Sin embargo, el fallo aplica solo a las tarifas de gas -sin implicaciones directas sobre luz, agua y transporte- y para usuarios residenciales, dejando fuera a la mayor parte de los usuarios industriales y comerciales. Y lo que es más importante: no impide un aumento posterior a la audiencia pública, a la que el gobierno ya puso fecha: 16 de septiembre.

El gobierno de Cambiemos, continuando con su impostura democrática, ha intentado mostrarse aceptando el fallo, y sin demoras apurando el llamado a la audiencia pública que, antes del fallo, Aranguren había propuesto para octubre. Tal como se hizo con el transporte en la ciudad de Buenos Aires, se espera que el gobierno utilice este espacio a fines exclusivamente expositivos: repetir sus intenciones para luego validarlas en el Boletín Oficial.

Por ello, ha puesto la audiencia en un día y horario laboral, a realizarse solamente en una oportunidad en la referida ciudad, en un espacio con una capacidad limitada de 400 personas, que deben inscribirse personalmente con antelación. Todo esto atenta contra la participación en general, y en especial, para trabajadores/as y habitantes del interior del país. Pero más aún, no se ha ofrecido información que permita desarrollar un debate con argumentos durante la audiencia. En el propio llamado a audiencia, se excluye incluso del debate el aumento del precio en boca de pozo, sometiendo al público solo la proporción de su traslado a usuarios finales.

El propósito está claro: Cambiemos busca que sea apenas una ronda más de exposición sin argumentos ni respuestas. Tal como el propio ministro Aranguren realizó en ambas Cámaras del Congreso, dejando insatisfechas a todas las personas y organizaciones que esperábamos un dato o una respuesta. La negativa a auditar las empresas prestadoras, de manera de responder cuál ha sido su situación económica y financiera, si ésta se debió al esquema de precios, qué inversiones realizaron durante los pasados años -incluso con los subsidios recibidos a tal fin- y cuál sería el plan de inversiones para los meses y años por venir. Todas dudas que ponen en cuestión la gestión empresarial de los servicios públicos.

En cualquier caso, el fallo representa un escollo para el programa económico del gobierno, que tras más de 9 meses aún no puede fijar los precios que busca consolidar. Esto está causando no pocas fricciones entre el empresariado y al interior del propio gobierno, además de demorar cualquier decisión de inversión que el gobierno esperara recibir. Es por ello que se ha tenido que recostar en la toma sistemática de deuda, con la que piensa financiar un plan de obra pública, con la expectativa de mejorar el humor empresarial. Hasta el momento, han sido ganancias de inmediato plazo, sin capacidad de proyección a corto o mediana duración.

Al no ser vinculante la audiencia, el gobierno puede apostar a esta pantomima. Sin embargo, desde diferentes sectores se está apostando a hacer de ella un hecho político. Diferentes asociaciones de PyMEs (CGERA, APYME) y de defensa al consumidor están promoviendo una “catarata de presentaciones” judiciales, para presionar sobre este poder del Estado. Las Multisectoriales del país han insistido en que el limitado fallo es producto de la movilización y organización, y buscan consolidar esa vía de presión. Está prevista una Marcha Federal partiendo de 4 puntos del país el 31 de agosto, para confluir en una gran manifestación en Plaza de Mayo el 2 de septiembre. Ambas CTA se han puesto a la cabeza de esta marcha, y la Corriente Federal de la CGT ha confirmado su participación, en lo que podría ser un paso de convergencia en la disputa contra el ajuste.

Hasta el momento, la dispersión de la protesta ha sido una ventaja para el gobierno, que sigue firme en su propósito de elevar las tarifas, tal como fuera su promesa de campaña, reiterada ante potenciales inversores en el Foro de Davos a comienzos de año. La incapacidad de aplicar la suba y sostenerla vulnera la promesa de “clima de negocios” y “previsibilidad” hecha a estos socios, significando un retroceso en su programa. No sería el único efecto: al dificultarle reducir las transferencias a las empresas prestadoras, atenta contra el objetivo de reducción del déficit fiscal.

Los escollos para subir tarifas, la no reducción de las transferencias y el déficit se suman a la ya incumplida promesa de resolver la inflación -que se espera que cierre alrededor de 44% este 2016, cuando habían prometido un 25%. La intensidad de la suba de precios ya ha iniciado la presión por reapertura de paritarias, como es el caso del ámbito educativo público. Con el transcurso del tiempo (llevamos ya 8 meses y medio de gobierno de Cambiemos), la apelación a la herencia kirchnerista surte cada vez menos efecto, y por eso vemos al gobierno reposar cada vez más en mecanismos represivos para contener el descontento.

Las luchas contra el ajuste son aún dispersas, pero aún así están haciendo mella en la acción gubernamental, cada vez más carente de respuestas. El fallo de la Corte es apenas un episodio más en esta disputa que excede con mucho el valor de un servicio, para poner a discusión la orientación.

Con la organización de Vecinos Autoconvocados por la Salud de Trenque Lauquen se realizó los días 13 y 14 de agosto el 7º Encuentro de Pueblos Fumigados para analizar la problemática del uso masivo de agrotóxicos y transgénicos en el proceso de producción agrícola y hortícola.

“Trenque Lauquen no se reconoce como un pueblo fumigado por tanto ese es el motivo de nuestra lucha, lograr que la gente tome conciencia, que quienes están en este momento en la gestión municipal tomen conciencia que somos un pueblo fumigado con todas las consecuencias terribles y nefastas que eso acarrea y conocer también el estado de otros pueblos y ciudades”, dijo a FM De la Calle Laura Carabelli.

La reunión se produjo días después que el Senado bonaerense diera media sanción a un proyecto de ley que reduce las distancias de exclusión de las fumigaciones aéreas y terrestres y permite fumigar con agrotóxicos cancerígenos como GLIFOSATO y 2,4-D a pocos metros de las áreas pobladas.

“Es importante que toda la gente sepa porque se está haciendo de una manera para que se sancione sin difundirla y sin tener noción del alcance que tiene, qué es lo malo que tiene este proyecto si se transforma en ley. Es totalmente regresivo, va en contra de todos los avances que tenía la ley anterior y disminuye totalmente las distancias que eran de protección”, explicó Carabelli.

La iniciativa permitiría fumigar a diez metros de las escuelas rurales cuando “estamos luchando porque hoy se podría fumigar alrededor de esas escuelas a cien metros y es poquitísimo”. Además, desprotege los lentes de agua, reduce las distancias para fumigación aérea y permite el tránsito de mosquitos por zonas urbanas.

La asambleísta advirtió que tanto los organismos estatales como las cámaras empresariales del sector rural y del agronegocio pretenden establecer regulaciones “fitosanitarias y no venenos, no vienen desde la salud, la producción, el cuidado del ambiente”. Por ello pretenden exigir la realización de audiencias públicas, estudios de impacto ambiental y la declaración de la emergencia ambiental en la provincia de Buenos Aires.

“Se ha reforzado la idea de las buenas prácticas agrícolas y esto es una cosa que no existe, no hay posibilidad de manejar el clima, por lo tanto las derivas son inmanejables. Constantemente se está hablando de las derivas primarias y nadie tiene en cuenta las secundarias y terciarias que son las que se producen en la tardecita del día fumigado, hay un desconocimiento científico que está manejado y ocultado por una cuestión muy clara que son los intereses económicos en juego y este gobierno creemos que los va a profundizar de manera terrible y este proyecto de ley lo demuestra”.

Las asambleas ambientales reunidas en Trenque Lauquen decidieron impulsar una campaña contra la ley “para el cáncer y el agronegocio” y demandaron a la legislatura bonaerense que privilegie los derechos a la salud y la vida y subordine a los intereses del agronegocio rechazando esta iniciativa en forma total. Para adherir al reclamo puede firmarse este petitorio online.

Red agroecológica

Durante el encuentro se propuso la coordinación de una red de producción agroecológica para divulgar lo que se está haciendo y “para que la gente empiece a sentir que tiene que comer sano y que comer sano es posible. Hay todo un manejo importante de la información que la gente no sabe que compre lo que compre tiene lecitina de soja transgénica”.

Para Carabelli se trata de “contagiar esta necesidad de información a partir de tomar conciencia de qué comemos” y destacar en “qué lugares de la provincia están haciendo emprendimiento agroecológicos reales, en producción de quesos, trigo agroecológico, frutas sin uso de agrotóxicos y donde se respeta lo necesario para que sea un alimento sano. Difundámoslo, empecemos a saber conectarnos, viabilizar el transporte, que lleguen a Trenque Lauquen y entre nuestros propios vecinos que nos conocen, saben por qué estamos en esto y que somos serios, armemos una red que funcione ya y que sirva como campaña de difusión”.

 La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores celebraron el fallo de la Corte contra el tarifazo como “fruto de la lucha que se viene llevando adelante contra los brutales aumentos en los servicios de gas y luz determinados por el gobierno de Mauricio Macri, permitiendo que la justicia escuche los reclamos y actúe en favor del pueblo”.

“Creemos pertinente seguir con más acciones para exigir que las audiencias públicas sean vinculantes y que resulten de manera favorable a todos los usuarios que alcanza esta medida, como así también, para que este freno en los tarifazos se extienda a las pymes, clubes, teatros, entre otros que, en este escenario, han quedado totalmente desamparados”, manifestaron.

Pablo Micheli y Hugo Yasky advirtieron que no están “dispuestos a acatar en silencio este atropello a los derechos del pueblo mientras el gobierno nacional favorece a grandes empresas y sectores concentrados de la economía”.

En ese marco, las centrales convocaron a realizar movilizaciones en todo el país para que el próximo 12 de septiembre, cuando el gobierno realice la audiencia, se sienta “una vez más el clamor del pueblo al calor de la lucha”.

(Por ¿Quién te juna?*) Sistema penitenciario es el término que se utiliza para las instituciones donde las personas que son condenadas por diferentes hechos delictivos cumplen las penas previstas, y donde el propósito es su futura reinserción social.

En la actualidad, los internos de diversos establecimientos deben enfrentar el sobrevivir bajo condiciones inhumanas, donde llegan al punto de, en muchos casos, tener que arriesgar su vida para poder solicitar las atenciones (psicológica, social, médica), que le deberían ser otorgadas por derecho.

Cabe destacar que el artículo 25 de la ley 25.875 ampara derechos humanos en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal y en otros lugares de detención, donde se encuentran privados de la libertad hombres, mujeres, niñxs y adolescentes. Además, el artículo 18 de la Constitución Nacional los ampara, resguardando la sanidad y limpieza de los establecimientos, para la seguridad (y no el castigo) de los presos.

Alumnos que ayudan a otros alumnos

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A pesar de la situación actual y de muchas fallas por parte del Estado, en la unidad penitenciaria Nº 4 de la ciudad de Bahía Blanca, y en Nº 19 de la localidad de Saavedra, se implementa desde el año 2001, el programa Voluntario Universitario “EDUCAR para REINSERTAR”.

Esto se lleva a cabo por alumnos de la carrera de abogacía, que concurren a las instituciones con el fin de coordinar reuniones de estudio (además de brindar clases vía Skype), destinadas al apoyo de los internos inscriptos en el programa, y que en el futuro pueden continuar con la carrera en la U.N.S.

Los avances que lograron se vieron reflejados en la creación del primer centro de estudiantes, el dictado de clases mixtas, la construcción de una biblioteca, tres aulas, la sala de informática, y la Oficina Judicial coordinada y gestionada por los propios internos.

En la actualidad, el programa es coordinado por Nahuel Tejada y Lucas Fernández Leyes, luego de que, el ahora Secretario de la Fiscalía General, Santiago Garrido, creador del programa ‪Educar Para Reinsertar, les cediera el mando.

Al explicar los principales objetivos, Tejada destacó que el programa sirve como nexo entre los actuales estudiantes de la carrera de abogacía y quienes la cursan como internos de ambas correccionales. También resaltó que “el programa comunica a los dos tipos de alumnos [dentro del penal]. Los que cursan en el campus de Palihue, luego se trasladan con pedido de autorizaciones a la unidad Nº 4 para poder compartir esos conocimientos, actualizaciones de bibliografía, legislaciones actualizadas con quienes están privados de su libertad y tiene restricciones. Lo que se hace es llevarles lo que uno obtiene en el aula, en la universidad pública, y compartírselo a quienes no pueden concurrir a clases”.

Con respecto a los requisitos que deben cumplir para estudiar la carrera, afirmó: “son los mismos que tienen los estudiantes regulares de la universidad”.

Demostrando que se puede acabar con los tabúes, Garrido repasó el historial, destacando que la cárcel de Villa Floresta fue la primera de la provincia en implementar las clases mixtas: “Arrancamos como prueba piloto en la Universidad y luego se extendió rápidamente. Como se vio que no había problema, al año siguiente se aplicó a la primaria y a la secundaria. Esta cárcel y todas las demás de la provincia de Buenos Aires tienen todo mixto, porque salió una resolución interna del servicio penitenciario”.

En referencia a los resultados, sostiene que ha tenido éxito, ya que muchos presos decidieron inscribirse para obtener una salida a futuro. Uno de los ejemplos que se puede citar es Diego Escobar, quien está próximo a recibirse de abogado, y explicó que no cuentan con muchas oportunidades, por lo tanto, fue un refugio que llegó a él.

Afirmó: “Al principio, que fue la etapa del proceso en la que uno no sabe, estaba con un delito bastante complicado; tenía un pedido de 37 años en principio. Tenía una cuestión, la idea en la cabeza de que era un tiempo considerable, y ¿de qué manera paso este tiempo? ¿Qué me va a redituar a los fines de irme antes, o tener una calidad de vida distinta ahí adentro? Y ese fue el gran incentivo”.

Para explicar cuándo fue que se decidió a estudiar la carrera comenta: “Nunca soñé con estudiar abogacía, nunca estuvo en los planes. Se fue dando así, de casualidad. De una manera muy inconsciente fui llegando; situaciones que me llegaron o yo mismo me las impuse, de alguna manera, y me puse a estudiar”.

Resaltó que sobrevivir en el sistema, estando bajo libertad condicional, no es fácil, ya que está hecho de forma para que vuelvas a estar encerrado. Y considera que cuando se reciba va a poder cerrar el círculo, a poder empezar de cero. Esto debido a que supo sacar provecho de una situación adversa.

A pesar de que falta mucho por cambiar en el sistema penitenciario, este es un paso en la dirección correcta, para demostrar que las personas que son condenadas a estar en prisión, y que quieren salir adelante, pueden ver que cuentan con esa posibilidad.

*¿Quién te juna? se emite los miércoles a las 21 por FM De la Calle 87.9 Mhz.

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, consideró que corresponde confirmar el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que, tras revocar la sentencia de primera instancia, había declarado la nulidad de las resoluciones 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y ordenó que el marco tarifario correspondiente al servicio de gas se retrotrajera a las tarifas vigentes con anterioridad al dictado de esas medidas.

La Procuradora señaló que el tribunal platense había interpretado “adecuadamente el derecho federal vigente al concluir que el aumento tarifario no pudo ser válidamente implementado sin la realización previa de una audiencia pública dado que la Ley 24.076 de Gas Natural impone ese mecanismo como herramienta para garantizar el derecho constitucional de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional”.

Las resoluciones cuestionadas habían sido dictadas el 28 y 29 de marzo de este año. De acuerdo con el dictamen, el nuevo esquema de financiamiento del servicio de gas “trajo aparejado un aumento tarifario muy significativo que deben afrontar los usuarios y consumidores para acceder al servicio de gas”, tal como lo refleja el informe del Estado Nacional presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En estas circunstancias, recordó que “si bien es cierto que el mérito o conveniencia de una política pública es una cuestión que excede el ámbito de una revisión judicial, no es menos cierto que tales políticas deben implementarse con acatamiento a los límites que resultan del marco regulatorio legal específico en la materia, y sin vulnerar los derechos y garantías constitucionales reconocidos a favor de los usuarios y consumidores. En tal sentido, una de las funciones del Poder Judicial es controlar que los restantes poderes del Estado no se extralimiten en el ejercicio de sus facultades y respeten el ordenamiento jurídico vigente”.

La realización de audiencias públicas

La Procuradora General puntualizó que la Ley 24.076 de Gas Natural dispone “expresamente la realización de una audiencia pública en forma previa a la adopción de ciertas decisiones en materia tarifaria” y agregó que el mismo mecanismo prevé el decreto 1738/92 —reglamentario del régimen de gas—. Además, destacó que “estas disposiciones que integran el régimen de gas natural, en el que se inscribe el requisito de audiencia pública previa, fijan también como objetivo la determinación de tarifas justas y razonables, a la vez que consagran los principios de accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad”.

Por otra parte, la titular del MPF recordó que “el artículo 42 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, otorgó máxima jerarquía a los derechos de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores como así también a la protección de sus intereses económicos, que, en el ámbito del servicio de gas, están implementados por la ley 24.076 y sus disposiciones reglamentarias”.

Frente a esto, destacó la relevancia de la audiencia pública previa como “una instancia de participación ciudadana que favorece la democratización de las decisiones, la formación de consensos, la transparencia y la publicidad de los actos y los procedimientos”.

El dictamen también precisó que el nuevo cuadro tarifario es el resultado del incremento conjunto de los tres componentes de la tarifa de gas, esto es: el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), la tarifa de transporte, y la tarifa de distribución (art. 37, ley 24.076). También, puso de relieve que “la resolución 28/2016 no solo tuvo por objeto la fijación de nuevos precios de gas natural en PIST, sino que incluyó medidas para determinar bonificaciones por ahorro de energía, tarifas diferenciales por zona geográfica y la llamada tarifa social”.

En ese contexto, Gils Carbó resaltó que “resulta determinante apreciar que el precio del gas en PIST representa, en la actualidad, más del setenta por ciento (70%) de la tarifa de gas, tal como señala el Estado Nacional en su recurso extraordinario […] La incidencia de ese componente en la tarifa es particularmente importante en este caso en atención a la magnitud de la totalidad del aumento tarifario”.

“Tales aspectos demuestran que la postura del Estado Nacional —orientada a excluir del ámbito de la audiencia pública las cuestiones vinculadas al precio del gas en PIST— implica restringir sustancialmente la eficacia de la audiencia pública para garantizar los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios pues, de ese modo, se recorta el debate sobre la accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad sobre el componente más determinante de la tarifa final en el marco de un aumento extraordinario”, concluyó.

Otros derechos fundamentales en juego

La Procuradora General consideró que la multiplicidad de amparos y acciones judiciales promovidas a lo largo de todo el país demostró que el aumento tarifario podría afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de gas, lo cual “pone en juego derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales”, tales como la protección del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, lo cual comprende alimentación y vivienda adecuada, así como la protección del derecho a trabajar, a comerciar y a ejercer toda industria lícita. En este sentido, agregó que “el acceso al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las empresas —en especial, las pequeñas y medianas—, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo”.

Por otra parte, el dictamen detalló que los aumentos en la tarifa de gas generaron una serie de acciones judiciales en todo el país, en el marco de las cuales los fiscales federales de Río Gallegos, Mar del Plata, Zapala, Ushuaia, Río Grande, Córdoba, Neuquén, Rawson y Caleta Olivia, entre otros, “se expidieron a favor de la procedencia de la suspensión cautelar del aumento tarifario solicitada por haberse omitido la realización de una audiencia pública previa”.

Normas de emergencia

La Procuradora también estimó que correspondía rechazar el planteo del Estado Nacional según el cual las normas cuestionadas fueron dictadas en el marco de las leyes de emergencia, sobre cuya base el Ejecutivo dispuso que la audiencia solo regía para la Revisión Integral de Tarifas y no para aumentos transitorios.

Tras el análisis de la normativa, consideró que “las resoluciones 28/2016 y 31/2016 impusieron a los usuarios y consumidores un aumento significativo que impacta, de manera inmediata e irreversible, en el acceso a un servicio básico y en la planificación de gastos familiares y costos empresariales. Desde el punto de vista de los usuarios, ello descarta el carácter transitorio que le atribuyó el Estado Nacional a las medidas cuestionadas”.

Gils Carbó citó el propio informe del Poder Ejecutivo presentado ante la Corte, en el cual se destaca que “el treinta y ocho por ciento (38%) de los usuarios se ve afectado por aumentos que superan el cuatrocientos por ciento (400%)”. Y agregó: “La incidencia del aumento es, incluso, más severa en el caso de los usuarios de las categorías SGP (pequeños consumos comerciales o industriales), dado que el cien por ciento (100%) debe afrontar aumentos que en promedio superan el quinientos por ciento (500%), e incluso en algunos casos alcanzan el mil quinientos por ciento (1.500%)”.

Por otra parte, respecto a la invocación de las normas de emergencia, la Procuradora General consideró que estas leyes “lejos de entender que la celebración de audiencia pública obstaculiza la renegociación, la concibieron como una herramienta útil” para proteger “el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios”.

Fuente: fiscales.gob.ar

Organizaciones de Derechos Humanos manifestaron hoy su preocupación ante los retrasos por los inicios de los juicios de lesa humanidad en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. “Hace nueve meses finalizó el último juicio por crímenes de lesa humanidad que se realizó en nuestra ciudad.

Finalizó hace nueve meses y al cabo de más de un año de desarrollo para juzgar a una veintena de genocidas”, expresaron las organizaciones Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Bahía Blanca, HIJOS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Según indicaron en un comunicado, “extraoficialmente (los jueces) dejaron correr información sobre distintas fechas de inicio, hasta llegar a que en el mes de julio de este año iniciarían el próximo.

Sin embargo, a esta altura del mes de agosto, no tenemos fecha cierta ni formato de los juicios a realizarse”.

“Hemos planteado, así como lo hizo varias veces la Fiscalía de Lesa Humanidad, la unificación de causas por razones de economía procesal, ya que no se puede realizar un juicio de la manera que se vienen haciendo, o sea uno por año, sumado a la dificultad de que las audiencias son insuficientes”, indicaron a Télam.

En ese contexto, expresaron que “eso significa por un lado impunidad biológica para los imputados y un avance del burocratismo judicial”.

“Las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo son también la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar. Porque, además, en reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de control permiten a los represores de la dictadura circular tranquilamente por las calles”, agregaron.

En ese contexto los citados organismos expresaron que “esa impunidad les permitió gozar -jóvenes y sanos- de más de 20 años de libertad, y hoy se confronta con el fallecimiento de víctimas, familiares y testigos de todo orden, generando otras graves dificultades judiciales más, que no deben suceder a esta altura del inicio de políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia.”

También expresaron que en todo el país “los genocidas han tenido un justo y debido proceso, y el trato dispensado por la justicia ha sido preferencial” al indicar que de los 2.436 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 937 (38,5%) fueron excarcelados por los jueces mientras tramitan sus causas y sólo 1.056 (43,3%) se encuentran detenidos”.

“Pero de este total de detenidos, sólo 568 (54%) cumplen prisión efectiva, mientras que 462 (44%) gozan de arresto domiciliario. Es decir que sólo un 23 % del total de represores llevados ante la justicia -uno de cada 4- está efectivamente en prisión”, indicaron.

También y por último expresaron que los “juicios de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse. Es de estricta justicia”.

“Instamos a los jueces del TOF que juzga a genocidas en Bahía Blanca a que sigan el camino que nos honra como sociedad y que parecería están abandonando, de Memoria, Verdad y Justicia”, puntualizó el comunicado.

Un encuentro para avanzar en la aplicación de la ley de cupo laboral trans en el sector público se realizó el viernes en La Plata. La norma fue aprobada el 17 de septiembre de 2015 y reserva al menos el 1% de la planta estatal para “personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo (…) con el fin de promover la igualdad real de oportunidades”.

Nicolás Huss, representante de la Mesa de Diversidad de la Asociación Civil Unidos por Argentina, aseguró a FM De la Calle que “estuvo muy bueno porque fue un panorama de cómo está la situación de la diversidad, sobre todo de las personas trans en todo el país, hubo representantes prácticamente de todas las provincias”.

La esperanza de vida del colectivo trans es de entre 35 y 40 años y los índices laborales señalan que “hasta el 90% trabaja en la situación irregular, sobre todo la situación de prostitución con lo que implica esto, por un lado tenemos los delitos de trata de personas y, por otro, de violencia institucional que son muy graves sobre todo en el norte”.

En Bahía Blanca el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una iniciativa de la ex edila Gisela Ghigliani en adhesión a la ley provincial aunque por el momento desde la Municipalidad solo existen “programas de becas”.

“Se busca que se implemente en la mayor cantidad de municipios posibles, ha sucedido por ejemplo en La Plata, en Mar del Plata, en Lanús, en municipios que lo primero que han hecho es crear como un área referida a las temáticas de género”, explicó el bahiense.

Huss agregó que “estaba esta cuestión de llamarla Diana Sacayán a la ley para darle un impulso militante y reivindicativo de los sectores que han luchado históricamente para que esta ley se haga efectiva, fue Karina Nazábal la diputada que la creó junto a otras organizaciones”. Sin embargo otras “como la Federación LGTB y ATTTA han pactado con los sectores del macrismo y lo paradójico es que no la querían a Diana Sacayán, estaban en las antípodas”.

Foto: La Nación.

El titular del área de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión por la Memoria, Rodrigo Pomares, confirmó la denuncia penal contra el policía bonaerense Carlos Teodoro Tajanisevic y Natalia García y Carlos Terán de la Policía Local por vejaciones, apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público por la violencia ejercida la semana pasada contra dos jóvenes en Villa Rosas. “Sorprendentemente” nadie la había presentado.

Previamente, una queja del organismo de derechos humanos ante Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad “para alertar sobre lo que era evidente y había tomado estado público” motivó la desafectación de l@s uniformad@s por haber “violado todo tipo de normativa, protocolo” y haber actuado “de manera completamente violenta y desproporcionada”.

“Solicitamos a la Fiscalía General que nos informen algo que para nosotros a esa altura era evidente que es el inicio de actuaciones de oficio para indagar sobre los posibles delitos que se habían cometido en el marco de ese procedimiento, cosa que sorprendentemente no había ocurrido. Más allá de la denuncia que haga o no un particular se trata de casos de delitos de acción pública, cualquier fiscal o ciudadano puede alertar sobre un posible delito e intervenir. Eso no ocurrió”, explicó Pomares a Enredados*.

Sobre la Policía Local, el abogado recordó que “surgieron en el marco de una emergencia en materia de seguridad creada de una manera muy poco estudiada, con un marco normativo muy débil, se crearon por decreto, con poca claridad respecto a sus atribuciones, con escasa o nula capacitación”.

A esto se suma el cruce con “la Bonaerense histórica” y la “academia informal en la calle”. “Si bien era importante la formación académica de un policía, que debiera ser más exhaustiva, tener otros contenidos, también hay una formación que se da en cualquier profesión, que es la que se da en el ejercicio concreto. Parece que mucho se pone a jugar en la práctica, en este caso parecía claramente que el policía de años les estaba diciendo a los más chicos ‘esto hay que manejarlo así'”.

Pomares destacó además el mensaje sobre el trato entre personas adultas y jóvenes: “Parecía como una cuestión casi natural que un adulto se tiene que comportar de esa manera con los jóvenes y lo que uno espera de un adulto, que aparte es funcionario policial, es otra actitud, que trate de contemporizar la situación, evitar que se generen más situaciones de conflicto, buscar alternativas en caso de que efectivamente hubiera una falta o delito”.

Todo esto ante “un vacío muy grande” generado por la falta de creación de organismos de Promoción y Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes por parte de la provincia y los municipios.

13627064_10207431929458052_581699682700496802_nEl bonarense Tanasijevic milita en las redes sociales que “el único delincuente que no vuelve a delinquir es el delincuente muerto” y que por eso hay que “pisarlos como cucarachas” o “matarlos en nombre de los derechos humanos de los humanos derechos: juez que deja en libertad estas lacras, no queda otra que fusilarlo nada de juri”. Además “agradece” al genocida Jorge Rafael Videla, condenado por crímenes de lesa humanidad, por la “por la defensa de la patria y la libertad”.

Consultado al respecto, el director de Seguridad Democrática de la CPM dijo que “existe un marco de libertad en el que todos podemos expresar nuestras ideologías y opiniones pero la apología del delito, de la discriminación, es en sí mismo un delito”. Sin censura previa, se puede manifestar “cualquier cosa” y luego “hay que hacerse cargo de las consecuencias”.

“Un policía que tiene un marco normativo que le impide realizar determinadas conductas, no es propicio que salga a expresar en un foro público expresiones que van en las antípodas de lo que tiene que cumplir. Quienes integran los organismos de control de esos funcionarios debieran intervenir y evaluar que si hay policías que en foros públicos realizan apología del gatillo fácil, de la discriminación racial, son xenófobos, homófobos o todo tipo de fobias hacia determinados sectores sociales, por supuesto que deberían tener intervenciones que tengan alguna consecuencia”, concluyó.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca.

(Por Mauro Llaneza) ¿Cuántas de las personas que te cruzás en la calle, en un bar o en el colectivo estarían dispuestas a entregar a otras a un aparato genocida? Es una pregunta que suele hacerse el destacado periodista y cronista de hechos delincuenciales Ricardo Ragendorfer.

El autor de La Bonaerense y La secta del gatillo, entre otros libros, presentó en diálogo con el programa En eso Estamos de FM De la Calle su trabajo más reciente: Los doblados.

Se trata de una investigación sobre las infiltraciones del Batallón 601 en la guerrilla argentina, sobre el origen de la Operación Cóndor y su primer acto en el país, pero sobre todo, como dice Ragendorfer, de un libro que “capta el amenazante jadeo de una época en la cual se puso a punto un sistema político basado en el exterminio”.

Los doblados aborda la figura de la traición durante la década del setenta, más allá de la originalidad del tema, ¿qué te atrajo para volcarte a la investigación con esa idea como disparador?

Por empezar me interesaba mucho explorar la estructura del Batallón 601 que también, al igual que la traición, fue uno de los organismos de inteligencia menos explorado por la profusa bibliografía sobre la última dictadura. En ese sentido diría que el puntapié inicial de este laburo y lo que además me atrajo de la figura de la traición, de la figura de la infiltración y de las operaciones de inteligencia sobre las organizaciones guerrilleras de aquella época fue una serie de entrevistas que mantuve con el mayor Carlos Antonio Españadero hace más o menos una década, que tenían por objeto en ese momento una nota que estaba haciendo para la revista Caras y Caretas.

Este tipo era un sujeto bastante singular, ahora está bajo arresto y condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad. Este hombre, repito, era muy interesante a los efectos de investigar el Batallón 601 ya que pese a su módica jerarquía, tenía grado de mayor, era una especie de cerebro gris de ese organismo, una especie de estratega y el analista que evaluaba los informes que llegaban a su mesa de trabajo y de algún modo recomendaba o incidía en los próximos pasos represivos de ese organismo. Además, el tipo tenía a su cargo una red de infiltrados que él mismo había reclutado y entrenado para filtrar las organizaciones armadas.

Luciana Granovsky / Télam

-Españadero no es el único represor que aparece como fuente de la investigación, está Dalla Tea, está Harguindeguy, entre otros. ¿Cómo se entrevista a un represor?

Por empezar no era la primera vez, desde luego, que entrevistaba a este tipo de personajes. Es realmente difícil y yo medio que lo escribo en la introducción. Cuando encuentro a Españadero digo: era extraño estar con él, era como la frase de Walsh al revés, hay un fusilador que vive.

Efectivamente, este también es uno de los pocos libros que ha entrevistado a tantos represores. A mí me interesa el siguiente aspecto de estos individuos, cada uno de ellos es una muestra cabal de lo que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal. O sea, no son en el estricto sentido de la palabra bestias con garras sino lo terrible, lo aterrador, es que son personas normales que después de torturar vuelven a su casa como de cualquier trabajo y acarician la cabeza de sus hijos, son personas que de algún modo tienen puestos gerenciales en sistemas políticos basados en el exterminio. Suena terrible pero es así.

Y siendo así, a veces pienso, imagino cuando camino por la calle o estoy en un bar y miro a la gente, ¿cuánta gente que en este momento comparte conmigo un espacio físico en la calle, en el bar o en un colectivo estaría dispuesta a hacer cosas semejantes?

Desde luego, en el aspecto técnico, el método al menos que yo utilizo para llevar adelante una entrevista con estos sujetos no es hacer precisamente preguntas incisivas ni discutir con ellos, pienso que ese es una craso error, hay que dejarlos hablar para que se muestren como son, fundamentalmente por lo que dicen se nota lo que son y no hay que discutir porque es como discutir de astronomía con alguien que cree que la luna es un pedazo de queso gruyere.

-Arrancás el libro con el relato y la reconstrucción de lo que fue el ataque de Montoneros al Regimiento 29 de Infantería de Formosa y concluís que el Ejército estaba al tanto y sin embargo lo dejó suceder y terminás planteando que el 24 de marzo del 76 fue solo una mudanza, que el poder ya no estaba entonces en la Casa Rosada, ¿por qué?

Sí, es una de las hipótesis del libro. Hay algunos autores que a mi parecer con demasiada liviandad sostienen que el ataque al cuartel, al Regimiento 29 de Formosa, fue lo que decidió a los militares a dar el golpe de Estado. A mí me parece una visión tipo Billiken esa. En realidad, pude constatar a lo largo de esta investigación, los famosos decretos de aniquilamiento que lanzan lo que  los militares llamaron “la lucha antisubversiva”, que se firman dos días después de lo de Formosa, ya estaban preparados desde antes y tenían definido firmarlos y ponerlos en práctica una vez que la guerrilla cometa un hecho de envergadura. Ese hecho de envergadura fue el asalto al Regimiento de Formosa.

A partir de ese momento y de la firma de los decretos de aniquilamiento -que establecían que se extendía a todo el territorio nacional las atribuciones represivas que los militares ya tenían en Tucumán durante el Operativo Independencia-, yo pienso que en ese momento comenzó la dictadura, puesto que en ese momento el control operacional del país pasó a manos de los militares y eso significaba nada más ni nada menos que el poder había pasado de la Casa Rosada al Edificio Libertador. Por eso digo que, en resumidas cuentas, lo del 24 de marzo fue apenas una mudanza.

buscado_riveiro-En cuanto a la reconstrucción del funcionamiento del Batallón 601 aparece la conformación del Plan Cóndor y hay dos nombres centrales de la primera acción que relatás que nos suenan muy familiares porque aparecieron vinculados a dos pesos pesados de la participación o colaboración civil con el terrorismo de estado en nuestra región. Me refiero a Balita Riveiro, que fue jefe del Destacamento de Inteligencia 181 y el “aval moral” del ex juez Néstor Montezanti al ingresar como personal civil de ese organismo, y por otro lado, Arancibia Clavel, “amigo” -según sus propias palabras- del director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, con quien se juntaba regularmente para intercambiar información. ¿Cuáles fueron los roles de Riveiro y Arancibia en la historia que abordás?

El coronel Riveiro, alias Balita, era en la época de los hechos el subjefe del Batallón 601 y, además, fue una pieza clave de la conformación del Plan Cóndor puesto que él ya había participado en algunas operaciones del exterior en alianza con los servicios de inteligencia de Paraguay y de Chile. Fundamentalmente me estoy refiriendo al secuestro y desaparición de un hermano de Santucho y de Fuentes Alarcón que era un militante del Movimiento Izquierdista Revolucionario de Chile en Paraguay que después fueron trasladados a Chile. Por otra parte fue, como lo relato en el libro a lo largo de un capítulo, el factótum de la primera acción del Plan Cóndor en Argentina que fue el secuestro del militante del MIR chileno Jean Claudet Fernández.

Lo que pasa es que después hubo un cortocircuito entre el Batallón y el gobierno chileno -que de algún modo capitaneaba el Plan Cóndor, lo gerenciaba-, al ser elegido como organismo representante de esa alianza de las dictaduras latinoamericanas la SIDE en la persona del general Otto Paladino, siendo desplazado o apartado o dejado de lado Riveiro.

Argentina-jumboPor otro lado, Arancibia Clavel, el agente chileno era el enlace entre el Batallón 601 y la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile, la famosa DINA. Era el espía oficial de chile en Argentina y eso por cierto lo llevó a la desgracia puesto que en 1978 cuando surge el Canal de Beagle, el conflicto territorial con Chile, se lo llevan puesto por una obviedad, ser el espía oficial de Chile en Argentina. Estuvo preso algunos años hasta que, en 1980 creo, fue excarcelado pero años después sería encarcelado nuevamente y condenado por el asesinato del general chileno Prats y su esposa en Buenos Aires, estaban exilados puesto que él había sido funcionario del gobierno de Salvador Allende y Arancibia Clavel fue sindicado como uno de los autores de ese atentado. Arancibia Clavel por un caprichoso cómputo del dos por uno fue liberado en 2007, 2008, y unos años después fue asesinado en su domicilio por un taxi boy.

-Hay una pregunta que tengo autocensurada para no hacer spoiler. Realmente sorprende en el libro y me gustaría que quien lo lea tenga esa misma oportunidad, que es el cierre de la historia de Claudet Fernández que tiene que ver con Riveiro y deja muchas preguntas sobre el funcionamiento de los filtros. Comentá lo que quieras y te agrego la pregunta sobre qué pasa con Riveiro después de esa escena.

Bueno, acá vamos a usar los fueros de una novela policial y no vamos a contar el final de esta historia, pero podemos adelantar que se trata de “una historia de amor” y dada la calaña de sus protagonistas una espantosa y horrorosa historia de amor. Una historia de amor que demuestra que a veces el amor puede poner a los lectores la piel de gallina.

Al ser localizado por una periodista francesa como por un abogado que investigaba después de mucho tiempo la desaparición de Claudet Fernández, el tipo desapareció con su mujer, la protagonista de esta historia. Desaparecieron de la casa que ocupaban en Acassuso y no se volvió a saber nunca más de él. En Francia, en tanto, había sido condenado en ausencia justamente por el asesinato de Claudet Fernández y otros, cometidos en el marco del Plan Cóndor y hay versiones de que se encuentra refugiado en algún lugar de Chile donde tendría ciertas amistades.

-La segunda parte del libro entra en detalles de la previa y el desarrollo del ataque a Monte Chingolo por parte del ERP y aparece la figura de otro de los protagonistas de la historia como es el Oso Ranier. ¿Cómo era la selección de doblados por parte del Batallón 601? ¿Cómo construían filtros como el Oso por ejemplo?

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Vamos a explicarle al público que el Oso era un soplón del Batallón 601 infiltrado en el ERP y fue tal vez el filtro cuya labor fue la más letal en su rubro de trabajo si así se le puede decir. Lo que llama la atención cuando es desenmascarado es que el Oso no era un avezado agente de inteligencia, tampoco era un cuadro militar, tampoco un cuadro político. O sea, era un lumpen, un tipo absolutamente lumpen, de una capacidad absolutamente limitada y de un intelecto dotado de un retraso madurativo. No obstante, el tipo había sido, no entrenado, sino amaestrado para ver y oír, para ver y oír sin que interpretara demasiado las cosas que veía y oía, él solo las tenía que contar para que quienes recibieran esas descripciones pudiesen armar una construcción de inteligencia, un análisis al respecto.

Pasa que el Oso tampoco tenía dentro del ERP una posición relevante. Ni siquiera formaba parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores que era el brazo político del Ejército Revolucionario del Pueblo, al cual ingresaban los militantes más calificados. No era el caso del Oso. El Oso era chofer de logística, iba de un lado para el otro, conocía gente, conocía domicilios, ese aspecto favoreció desde luego su laburo.

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En la selección del Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 había de todo como bien lo demuestra el caso de Gerardo Martínez (NdR: actual secretario general de la UOCRA). Hace algunos años encontré un par de fiscales -que ejercen su trabajo de fiscal en la actualidad- que figuraban.

Te voy a contar una anécdota. Había un tal Rebollo que, vos sabes que cuando entrabas al Batallón 601 tenías que llenar un formulario, te hacían diversas preguntas, una de ellas era qué idiomas maneja, qué idiomas habla. Entonces, contesta: inglés, con diccionario.

Para que veas que el reclutamiento no era muy riguroso.

-Sin duda. Pero han causado un daño tremendo como lo muestra el caso del Oso con el desastre de Monte Chingolo.

Exactamente. Hay que decir al respecto que si bien el Oso con lo de Monte Chingolo fue un factor determinante en el ocaso del ERP, ese ocaso, el de las organizaciones armadas en Argentina, tuvo que ver en rigor con circunstancias mucho más complejas que la existencia del Oso o de tipos como el Oso, aunque fueron importantes.

En un aspecto global de lo que hace al libro, el nudo de los filtros, el nudo de los doblados, como se les llamaba a los infiltrados, me permitió captar otra cosa más global, además de la estructura del Batallón 601, además de la profundización del tema del Plan Cóndor, que es captar el amenazante jadeo de una época en la cual se puso a punto un sistema político basado en el exterminio.

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