La Red Local de Violencia de Género denunció públicamente a La Brújula 24 por realizar “una invasión a la privacidad de la familia y una violación a los derechos humanos” de Micaela Ortega -la niña desaparecida el 23 de abril- mediante la difusión de la carta que dejó antes de irse de su hogar. El comunicado fue leído por la concejala Miriam Iantosca durante la sesión de ayer del Concejo Deliberante. Sin noticias sobre su paradero, familiares, amigas y amigos de Micaela volvieron a marchar este viernes.

“Exclusivo: la carta de despedida que le dejó Micaela a su mamá”, tituló el lunes pasado el sitio web de la emisora que ilustró la nota con imágenes del texto manuscrito de la nena. “No entendemos la intencionalidad de divulgar masivamente esa información, conducta que nos parece imprudente en el contexto sumamente complejo y delicado de la búsqueda que se está llevando a cabo para encontrar a Micaela”, dijeron las instituciones y organizaciones que conforman la Red al manifestar su “preocupación”.

“Si bien resulta pertinente el retiro de la web de los comentarios cuestionados y de haber cerrado a comentarios las otras publicaciones, manifestamos que resulta indispensable que los medios masivos de comunicación asuman éticamente su responsabilidad en el contenido informativo y en la manera en que este se da a conocer a la opinión pública, por encima de su avidez para asegurar su éxito comercial. De esta manera su servicio a la comunidad será una contribución social esencial para que la consigna #NiUnaMenos pueda hacerse realidad”, concluyeron.

twLa Red de Violencia de Género está integrada por las ONGs El Nido, Creer Sí, Prevención y Asistencia a Víctima de abuso sexual infanto juvenil y Mujeres en Acción; la Dirección General de Políticas de Género de la Comisaría de la Mujer y la Familia, el Centro de Asistencia a la Víctima, la Fiscalía Departamental, la Defensoría General Departamental, los Juzgados de Familia, y la Subsecretaría de Niñez Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Bahía Blanca, en conjunto con los dispositivos: “Promover” Servicio Municipal de Asistencia y Prevención de la violencia familiar y maltrato infantil y Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.

Antecedente

En 2008 el editor del medio, Germán Sasso, fue denunciado por la titular del Colegio de Trabajadores Sociales por haber difundido nombres y domicilios de menores en conflicto con la ley durante una emisión de La Brújula, en aquel entonces un programa radial semanal de Radio 10. “”Vamos a dar la lista de los cinco, diez menores más bravos, más -¿cómo podríamos decirlo?- más peligrosos, más incontenibles de la ciudad de Bahía Blanca, con nombre, apellido y domicilio. Más allá de que sean menores, el interés público está por sobre todas las cosas””, dijo al aire con plena conciencia de la infracción que cometía.

El juez correccional José Luis Ares lo condenó a abonar cuatro mil pesos  y cumplir dos días de arresto por contrariar el Art. 94 quater del Decreto Ley 8031. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -integrada por Alfredo Mones Ruiz, Hugo Ángel Cavallaro y Guillermo Rodríguez- confirmó la pena pero redujo la multa a 2.474 pesos y el arresto a un día. Sasso recurrió a la Suprema Corte donde, al amparo de parte de la dirigencia política local, la condena prescribió.

Malas noticias

La radio La Brújula 24 es una empresa de los directivos de la Unión Industrial de Bahía Blanca Gustavo Elías y Maximiliano di Federico y los periodistas Germán Sasso y Martín Noir. Desde su fundación recibe una de las mayores pautas publicitarias del Estado municipal. Días atrás, la periodista Sandra Crucianelli detectó en los archivos del Estudio Mossak Fonseca -filtrados en los #PanamaPapers- una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas compartida por Elías y el Guillermo Luis Montezanti, hijo del ex camarista federal Néstor Luis Montezanti quien abandonó el cargo a punto de ser destituido por su participación durante el terrorismo de Estado.

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Micaela Aldana Ortega, de 12 años, falta de su casa desde el 23 de abril. Desde entonces distintas fuerzas y organismos llevan adelante una búsqueda infructuosa. Imágenes de cámaras de seguridad registradas el día de su partida la muestran en compañía de un hombre joven no identificado. El Ministerio de Seguridad provincial dispuso una recompensa de entre 50 mil y 200 mil pesos para quienes aporten datos concretos de su paradero. Teléfonos de contacto: Comisaría Quinta (0291) 4555300 o (0291) 455 2984, Missing Children (0291) 156 457 020 o Mónica Cid (0291) 154 444 284.

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata entregará el Premio Rodolfo Walsh a los miembros de la Unidad Fiscal de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de Bahía Blanca, Abel Córdoba, José Nebbia y Miguel Palazzani. La ceremonia se realizará mañana a las 17:30 en el Aula “Rodolfo Walsh” del edificio “Presidente Néstor Carlos Kirchner” (Diagonal 113 y 63).

“Hace varios años en la Facultad tenemos este premio para reconocer a diferentes personalidades que tengan que ver con la comunicación y que hayan aportado en la línea de lo que fue Rodolfo Walsh. En este caso en particular, la valentía que han tenido los fiscales es digna de ser reconocida, por eso el Consejo Directivo decidió por primera vez entregarlo a representantes de la justicia”, dijo a FM De la Calle el vicedecano de Periodismo Cristian Scarpetta.

El docente destacó “una investigación que ha sido inédita a nivel nacional y que es ejemplo para seguir por otros fiscales que no han hecho lo mismo y dejar en evidencia el rol que han tenido los medios de comunicación para fomentar, para encubrir y facilitar las acciones de la dictadura”.

efemedelacalle fiscalesLa labor de la Unidad Fiscal de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos fue indispensable para que se investigara el rol de los directivos del diario local La Nueva Provincia –hoy La Nueva- y de su director, Vicente Massot, durante la última dictadura cívico-militar. Los magistrados comprendieron que ningún genocidio se puede llevar a cabo sin la participación de un fenomenal aparato de acción psicológica como el que desplegó La Nueva Provincia.

La familia Julio-Massot, dueña del multimedio, no se limitó a la publicación de editoriales y artículos que encubrían y daban una versión falseada de los crímenes; sino que existen pruebas recabadas que dan cuenta de la relación que mantenían los miembros de la dirección empresarial de entonces con la Junta Militar, así como de la persecución contra los dos obreros gráficos del diario, asesinados en junio de 1976, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

En el alegato del juicio por los crímenes de la causa “Armada”, los fiscales solicitaron la publicación de la sentencia en La Nueva Provincia como acto moralmente reparatorio a la biografía de las víctimas. Sin embargo, fue dictada la falta de mérito de Vicente Massot en tiempo récord. El motivo que esgrimen los jueces es que el diario hizo ejercicio de su libertad de expresión, sin considerar el derecho que tiene la sociedad a informarse verazmente y el derecho de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a la Verdad, Memoria y Justicia.

Juli tiene 26 años y hace 23 padece epilepsia refractaria, secuela de la meningoencefalitis herpética que sufrió en su niñez. Recibió diversos tratamientos, combinaciones de antiepilépticos, hizo dieta cetogénica. A veces mejoraba pero “las caídas no se resolvieron”. Su familia descartó la alternativa terapéutica quirúrgica que podrían hacerle en Estados Unidos por las pocas chances de que resulte positiva. “Si podemos mejorarle en un porcentaje importante su epilepsia, la calidad de vida va a ser otra para ella y para el resto de la familia”, pensó su mamá Ana María.

A la mujer le llamó la atención el caso de Charlotte Figi que mostraba el documental en CNN. El Síndrome de Dravet le provocaba 300 ataques epilépticos por la semana. La nena consumió marihuana alta en cannabidiol y disminuyeron en un 99%. La cepa no psicoactiva de Colorado hoy lleva su nombre y es solicitada por familias de todo el mundo.

“Hace alrededor de veinte años el doctor Rafael Mechoulam descubrió que tenemos un sistema endocannabinoide con un sistema de cerradura llave, de receptores, y de una marihuana endógena que nosotros fabricamos. A partir de ahí comencé a andar un camino de búsqueda, no teníamos ya nada más para ofrecerle a Juli y esta era una posibilidad”, contó Ana María Nicora a FM De la Calle.

El primer impacto fue contra el desconocimiento académico, científico, jurídico y social en el país. “Cuando como mamá y como médica vi que el desconocimiento es total y los pacientes están solos, decidimos construir un canal de información que en su momento fue CAMEDA, pero vimos que no alcanzaba para encontrarnos con el paciente sino que tenía que ser para todos”.

Cannabis Medicinal Argentina es un grupo de pacientes, cannabicultores, madres, padres, profesionales de la salud, la biología y la química, quienes se unieron para conseguir la regulación del uso del cannabis para fines medicinales, terapéuticos y científicos. El 7 de mayo, junto a sus hijas e hijos, encabezaron la Marcha Mundial de la Marihuana en Buenos Aires. La Revista THC informó que este año fueron 170 mil personas en 19 ciudades las que salieron a gritar “¡No más presos por cultivar! – Regulación del cannabis ya”. Exigieron el cese urgente de la criminalización de quienes usan y cultivan cannabis y la urgente regulación del cannabis medicinal y el inicio de investigaciones para desarrollar su potencial terapéutico e industrial.

Las pibas y los pibes que marcharon tienen, como Juli, epilepsia refractaria. No responden a la medicación, tiene convulsiones diarias y diversas crisis que cortan su autonomía, se caen, se lastiman, se fracturan, se queman al intentar tomar mate. “La atención es de 24 horas”, dijo Ana María.

Recordó que “en 23 años hemos hecho de todo pero lo que uno sí termina dándose cuenta es que mientras siga desconectada todo el tiempo es como un prende y apaga, la epilepsia es muy difícil. Aparte porque con tanta medicación los chicos están muy abúlicos, sin ganas de nada, están tirados todo el tiempo y un poquito eso es lo que yo veía en mi hija, que era la nada ¿no?”.

El tratamiento con aceite de cannabis redujo a la mitad los anticonvulsivantes y las crisis bajaron. “Si bien tiene por ahí algunas mioclonías, algunas sacudidas en el día, la verdad que las recaídas se reducen notablemente, a veces una o dos por semana, venimos caminando en un ensayo desde hace más o menos un año y medio porque recién ahora los neurólogos empiezan a acompañar. Lo más llamativo es la conexión que ella ha tenido con los objetos, con el otro, está despierta todo el día, está inquieta, la verdad es que a veces parece que durante 23 años hemos sido en esta casa el espejo de ella y ahora ella nos está imitando en cómo se maneja y la autonomía que tiene, el orden, absolutamente todo, se despertó a la vida. Nada más ni nada menos que eso”.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados analiza varios proyectos. El bloque del FIT convocó a una audiencia pública este lunes. Participaron Nilda Garré el FPV y legisladores del Frente Renovador de La Plata. La diputada Soledad Sosa presentó un proyecto de ley que, entre otras cosas, propone que “el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación de semillas, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, distribución, uso y consumo de cannabis para fines medicinales y/o de investigación científica”.

“El dolor no puede esperar, CAMEDA somos todos los argentinos porque se conecta gente de toda la Argentina y estamos trabajando para todos. Esperamos construirlo rápido porque los chicos se mueren y los pacientes, más allá que no sea epilepsia, sufren dolor. Pacientes con cáncer, dolor neuropático, oncológico, no oncológico, Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, hay múltiples patologías con las cuales está la posibilidad de tratamiento”, comentó Ana María Nicora a FM De la Calle.

Mañana se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia en memoria del 17 de mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud desclasificó la homosexualidad como trastorno mental. En Bahía Blanca una marcha partirá de Plaza Rivadavia a las 18:30. “Porque queremos igualdad, basta de discriminación. Somos libres de amar, vive y deja vivir, ama y deja amar”, es la consigna.

Cecilia Serafini es una de las organizadoras del encuentro en el cual se reclamará la incorporación de la discriminación por orientación sexual o identidad de género al texto de la Ley Antidiscriminatoria Nº 23.592.

“Están expresados específicamente algunos actos discriminatorios hacia algunos tipos de personas, por religión, por nacionalidad, por ideología, pero esa misma ley -que es bastante útil obviamente- dice aplicación para discriminación por sexo primero, no dice en ninguna parte discriminación por orientación sexual o diversidad de géneros lo cual en un país que tiene leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género bastante avanzadas a nivel mundial es una deuda pendiente importante”, dijo a FM De la Calle.

Otro punto destacado este año es la alta tasa de travesticidios como el que recientemente tuvo como víctima a la militante Diana Sacayán. “La edad promedio de las personas trans es de alrededor de 35 años, es bajísimo, en Latinoamérica y el Caribe el promedio no sube mucho más, es más o menos 40 años y el 80 por ciento de las muertes violentas a personas trans se dan en América Latina y el Caribe. La realidad es que las personas trans son las que más sufren esta problemática de violencia y de fobia, de no tolerancia”.

“Bueno, eso es otra cosa, la tolerancia no es algo que estamos buscando sino la aceptación y ya. Somos personas  igual que todas y en este país todavía los crímenes de odio a las personas homosexuales, trans y de cualquier tipo de orientación sexual o de género que no se aplique a las normas regulares, sigue siendo moneda corriente”, dijo Serafini.

Finalmente, consideró “totalmente repudiables” las declaraciones del intendente Héctor Gay, quien días atrás habló de un “orden natural de las cosas” en una entrevista radial. “Da a entender que no hay una aceptación al colectivo LGBT de ninguna manera de este gobierno local”.

En el mundo hay alrededor de ochenta países que todavía criminalizan la homosexualidad y en diez llegar a condenarla con pena de muerte. En 2013 la Asociación Americana de Psiquiatría modificó el “Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales” eliminando el término “trastorno de la identidad de género” y recién en marzo de 2016, la Organización Mundial de Psiquiatría publicó un comunicado oficial repudiando las “terapias de conversión” y reconociendo que, tanto ni orientación sexual ni la identidad de género deberían ser tratadas como enfermedades.

Desde este lunes se realizará por quinto año consecutivo el ciclo Bahía Originaria, organizado por FM De la Calle y la agrupación mapuche Kumelen Newen Mapu en el marco del aniversario de la masacre indígena ocurrida el 19 de mayo de 1859. La actividad cuenta con el apoyo de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNS.

“La madrugada del 19 de Mayo de 1859 por defender Nuestro Derecho, Nuestra Tierra y Nuestra Autonomía como pueblo fueron recapturados tras el enfrentamiento en el boliche Piu Iturra (actuales Zelarrayán y 19 de Mayo) alrededor de 200 hermanos mapuches, fueron masacrados y apilados en la plaza pública -hoy Plaza Rivadavia- donde se les prendió fuego bajo la orden del Comandante José Olegario Orquera, iniciando la ‘hoguera del escarmiento'”, afirmaron desde Kumelen y detacaron que “este inhumano y aberrante hecho no debe quedar en el olvido. Por Memoria, Justicia y Pluriculturalidad!”.

A partir del lunes 16 podrá recorrerse la muestra “Prisioneros de la Ciencia” del Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social de la Universidad de La Plata. En el Centro Histórico Cultural de la UNS (Rondeau 29) se expondrán hasta el 27 de mayo fotografías tomadas dentro del Museo de La Plata a prisioneros sobrevivientes de las expediciones militares a fines del siglo XIX, previo a su inminente y premeditada muerte en dicho museo en el marco del genocidio roquista.

El jueves 19 a las 7 en la plazoleta de Florencio Sánchez y 19 de Mayo Kumelen Newen Mapu desarrollará la habitual ceremonia mapuche en honor a los caídos durante el episodio que la historia oficial registró como “el último malón” aunque no fue el último pero sí el más cruento dado que culminó con una hoguera humana ardiendo durante días en la actual Plaza Rivadavia.

En tanto a las 17, los antropólogos de GUIAS Fernando Pepe y Miguel Añon Suarez brindarán el seminario “Genocidio, Museos y Pueblos Originarios”. Un espacio de debate y construcción de conocimiento crítico frente al tema de la apropiación de los cuerpos, la construcción social de los conceptos de “patrimonio”, “colecciones”, “objeto de estudio”, y las relaciones sociales involucradas en estos procesos y sus implicancias, aportando a la construcción de una memoria social e histórica sobre los Pueblos Originarios.

inacayalEl seminario constará de una clase expositiva, “Antropología del genocidio. Restituciones de restos humanos de los Pueblos Originarios en el Museo de La Plata” y pretende abordar y discutir la problemática de la formación de las “colecciones” del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata, analizar su rol geopolítico tanto en el contexto de la avanzada militar y sometimiento de los Pueblos Originarios por parte del estado roquista hacia fines del siglo XIX, como así también en la coyuntura actual en el marco de la conquista de derechos de los Pueblos Originarios y las políticas públicas estatales referente a esta temática.

Entendiendo que las prácticas científicas tienen necesariamente implicancias políticas y económicas, y que las mismas se desarrollan en determinado contexto socio-histórico, el abordaje del rol que esta tuvo en el proceso de conformación del estado nacional resulta de interés fundamental para analizar la conformación de las “colecciones” arqueológicas y de restos humanos del Museo de La Plata y otras instituciones, las construcciones simbólicas correspondientes a la noción de cuerpo en el marco de la antropología colonialista, su vinculación con la producción de identidades y los procesos de patrimonialización.

Centrándose en el caso del Museo de La Plata y del trabajo del Colectivo GUIAS (Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social) en la identificación y restitución de restos humanos de los Pueblos Originarios que forman parte de las ‘colecciones’ del mismo, se propone realizar un recorrido histórico sobre los casos emblemáticos de los prisioneros que mueren dentro del Museo de La Plata y cuyos cuerpos son convertidos en ‘objetos de estudio’.

bahia originaria

El 26 de junio de 2003 el soldado chaqueño Mauro José Francisco Ramírez (22) hacía guardia en el Regimiento de Monte 30 del Ejército Argentino en Apóstoles, Misiones, cuando un disparo de fusil FAL calibre 7.65 dio en su pecho y terminó con su vida. Un juez provincial entorpeció la investigación hasta archivarla por inexistencia de delito bajo la carátula de suicidio.

Casi trece años después y por la perseverancia de su madre para esclarecer el caso, la causa fue reabierta por la justicia federal y la pesquisa quedó a cargo de un grupo de fiscales encabezados por el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, Miguel Ángel Palazzani. El defensor oficial de Bahía Blanca Gabriel Jarque tiene una “intervención atípica” como querellante en representación de la mamá de la víctima, Susana Pintos.

“El soldado ingresó a una guardia en un destacamento en cercanía de Posadas, en una localidad que se llama Apóstoles, y a los poquitos minutos se escucha un disparo y cuando concurren al lugar lo encuentran muerto. Las hipótesis que se manejaban eran lógicamente o suicidio u homicidio, pero ocurre que por una innumerable cantidad de irregularidades, imprecisiones, de negligencias, por parte del juez que intervino allá -que derivó luego en que lo apartaran del caso y del cargo- se perdió prueba importante”, comentó Jarque a FM De la Calle.

Para el defensor “no había razones para sostener que el soldado tenía tendencias suicidas, tenía proyecto de vida, tenía una novia, se iba a casar, había estado buscando una vivienda para alquilar en Apóstoles para vivir junto con su novia. De manera que por ese lado no surge de la causa que este muchacho haya tenido algún estado de depresión ni mucho menos”.

La madre de Ramírez sostuvo que tiene información extraoficial que afirma que su hijo “sabía algo y lo hicieron callar”. “Mauro me contó que se sentía perseguido por sus jefes. En ese momento le dije que no se preocupara, que obedeciera a sus jefes y que, quizás, lo estaban haciendo pagar derecho de piso, porque era nuevo. Jamás pensé que lo iban a matar. Hoy sí creo que dentro del Ejército hay asesinos sueltos”, dijo la mujer a Territorio Digital.

En ese sentido, el defensor oficial aseguró que por el momento no hay evidencia en la causa de que “de parte de los superiores o de los compañeros del propio destacamento (se) haya excedido el límite de lo tolerable a punto tal que lo lleve a un suicidio. Puede llegar a haber de parte de los superiores una presión, una exigencia, algunas circunstancias que indudablemente hablaban de que no estaba todo bien, pero no como para que se suicide, de ahí en más es motivo de la investigación”.

Jarque explicó que la reapertura de la causa “es una forma de iniciar de nuevo con el agravante de que pasaron trece años. Entonces lo que pueda aportar un testigo tiene la cuota de olvido, el paso del tiempo lo tiene encima, lo mismo con otra prueba, en su momento hubiera sido oportuno realizar una pericia psicológica del muchacho”.

El Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires atendió el histórico reclamo de la Comisión Provincial por la Memoria para poder ingresar en los lugares de encierro con cámaras de foto y video para realizar las tareas de monitoreo. La decisión es clave para apuntalar el trabajo que se viene realizando desde el año 2003 y fortalece a la CPM, como organismo de monitoreo en la provincia, en su lucha por documentar los casos de torturas y malos tratos.

El Ministerio dio a conocer ayer la resolución que revoca una disposición del año 2005 -luego de la Masacre en el penal de Magdalena- mediante la cual se había prohibido el ingreso a las unidades penales de este tipo de dispositivos cercenando la capacidad de monitoreo del organismo. La prohibición adoptada originalmente bajo la gestión de Felipe Solá se prorrogó luego durante la administración de Daniel Scioli.

Roberto Cipriano García, secretario de la CPM subrayó que “resulta evidente que la posibilidad de registrar imágenes visuales y sonoras durante las inspecciones mejora cualitativamente las tareas de relevamiento de las condiciones de detención y permite disponer de nuevos recursos para la denuncia de la vulneración sistemática de derechos que se producen en los contextos de encierro, en particular de los casos de tortura. Por eso, consideramos muy positivo que el Ministerio de Justicia haya tomado esta iniciativa respondiendo a nuestro histórico reclamo”.

Desde la creación de su Comité contra la Tortura en el año 2003, la CPM viene realizando un trabajo sistemático de monitoreo en cárceles, comisarías, institutos de menores y neuropsiquiátricos que ha permitido producir un acopio de información veraz fundamental para el diagnóstico y la denuncia de las prácticas violatorias de derechos de la que son blanco la personas allí detenidas. Los informes anuales presentados cada año desde el 2004 son un testimonio contundente de esta realidad y han tenido el objetivo no sólo de visibilizar el sistema de la crueldad sino también promover políticas de Estado.

Con una exposición sobre la promoción de la equidad de géneros en los medios audiovisuales comenzará hoy la cuarta edición de la Cátedra Abierta de Violencia de Género, que organizan la UNS y la Red local de Violencia de Género, con entrada libre y gratuita. Será a las 19:30 en Colón 80.

La exposición estará a cargo de la profesora Romina Coluccio, integrante de la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y docente del Programa de Actualización en “Comunicación, Géneros y Sexualidades” de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

“La Defensoría tiene una serie de recomendaciones para los casos de violencia contra las mujeres que principalmente tiene que ver con pensar que esas coberturas tiendan a brindar información socialmente útil para la ciudadanía sobre cómo prevenir la violencia contra las mujeres, cómo denunciarla, dónde acudir en caso de estar atravesando una situación de violencia”, dijo Coluccio a FM De la Calle.

La comunicadora agregó que se pretende además que “haya una diversidad de fuentes, que además de las de las fuerzas de seguridad o judiciales, estén presentes fuentes vinculadas a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan la problemática, que pueden poner en contexto la situación para que se dé cuenta que es una problemática social y no un caso individual y aislado, que se inserta en un modo de subordinación de la mujer y por eso los varones ven la posibilidad de cometer una agresión”.

 La “Cátedra Abierta de Violencia de Género” consiste en siete exposiciones durante el cuatrimestre a cargo de expertas y expertos, que este año tendrá como algunas de sus temáticas a las acciones en la promoción de la equidad de género en los medios audiovisuales, los delitos sexuales en las redes sociales y los derechos de las mujeres migrantes, entre otros. Los interesados pueden anotarse de manera libre y gratuita para obtener certificado.

Las Radios y socias y socios individuales que integramos la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) de Argentina, expresamos nuestro más enérgico repudio al fallo que condenó a la REVISTA BARCELONA al pago de 40 mil pesos por “daño moral” a Cecilia Pando por la publicación de un fotomontaje donde se satirizó un acto en el que la dirigente defensora de represores se encadenó en Tribunales.

El fallo de la jueza de primera instancia,  Susana Amelia Nóvile, resulta un grave ataque a la Libertad de Expresión y de Pensamiento tutelado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (que posee rango constitucional) y al Derecho de publicar ideas por la prensa sin censura previa (Artículo 14 de la Constitución Nacional). Además, por tratarse de una condena por un monto menor de 50 mil pesos, el fallo sería inapelable ante la instancia superior aunque podría ser revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya que afecta Derechos Humanos. Entendemos que este fallo sienta un grave antecedente para los medios de comunicación y contra la libertad de expresión.

En los fundamentos de su fallo, la jueza remarca que  “a pesar de tratarse de una revista de carácter satírico la foto y las frases allí colocadas exceden un tono sarcástico y burlón y hacen una exposición exagerada de la accionante.” La magistrada consideró que Pando no es una “persona pública” y dio por probados los testimonios de las testigos aportadas (otras esposas de militares) que contaron que la contratapa afectó su honor para fijar la condena de 40 mil pesos más costas.

Además quien realiza la denuncia por “daño moral” es alguien que avala hasta el día de hoy y defiende públicamente la última Dictadura Cívico-Militar, que no tuvo ni moral ni ética para asesinar, torturar y desaparecer a 30.000 compañeros/as en nuestro país. No es casualidad que en el actual marco de retroceso de derechos humanos muy sentidos para nuestra sociedad, la persona que denuncia es de las principales difusoras de la impunidad para los genocidas.

Este fallo, consideramos desde AMARC Argentina, sienta una peligrosa jurisprudencia para los medios de comunicación y la Libertad de Expresión. Consideramos que el repudio de las organizaciones de medios de comunicación y de periodistas debería ser amplio y urgente porque en caso de ser avalados, empezaremos a perder el derecho a la libertad de expresión, derecho humano fundamental para toda sociedad democrática.

Las Abuelas de Plaza de Mayo expresaron su profunda preocupación y denunciaron el vaciamiento que la ministra Patricia Bullrich está llevando adelante en áreas sensibles del Ministerio de Seguridad de la Nación, dedicadas al sostenimiento de las políticas de Derechos Humanos que venía sosteniendo el Estado Nacional.

En particular, la desarticulación del Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), creado a instancias del organismo para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial, que permiten la identificación de sus nietos y nietas.

El viernes se publicó en el Boletín Oficial la nueva estructura orgánica del Ministerio de Seguridad de la Nación, y allí se pudo constatar la desintegración de la Dirección de Derechos Humanos dependiente de la cartera ministerial.

“Este área ocupaba un rol muy importante en el relevamiento documental y en la producción de informes para asistir a las investigaciones judiciales por los crímenes de lesa humanidad. De ella también dependía el GEAJ, que fuera materia del Acuerdo de Solución Amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado Nacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009”.

“Su creación obedeció a que, la delicada tarea de toma de muestras de ADN para identificar judicialmente a nuestros nietos, hijos de desaparecidos, no podía quedar en manos de las fuerzas de seguridad, que en muchos casos actuaban con complicidad con los apropiadores, fraguando la toma de muestras para tornar imposible las restituciones”, dijeron las Abuelas.

A fines de 2014 fue condenado, por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín, el Oficial de Policía, Adolfo Porcel por haber fraguado en 2005, en complicidad con el ex gendarme y apropiador, Víctor Enrique Rei, las muestras del allanamiento realizado en la restitución del nieto Alejandro Pedro Sandoval Fontana. Esto motivó la necesidad de crear un Grupo Especializado para colaborar con la Justicia en el ámbito de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad a cargo de civiles comprometidos con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

“Las decisiones tomadas en la órbita del Ministerio de Seguridad implican un grave retroceso en los estándares alcanzados por el Estado Nacional en materia de investigación y juzgamiento en crímenes de lesa humanidad que lo tornan responsable internacionalmente”.

“Por tal razón, las Abuelas de Plaza de Mayo solicitamos al Presidente de la Nación que tome las medidas necesarias para dar marcha atrás con la grave decisión adoptada por la Ministra Bullrich. De lo contrario, denunciaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno Nacional por el incumplimiento del acuerdo de solución amistosa del año 2009”, concluyeron.

El jueves comenzará un nuevo ciclo de charlas en el marco de la Cátedra Abierta de Violencia de Género que organiza la Universidad Nacional del Sur con entrada libre y gratuita. En esta ocasión, se tratarán temas tales como las acciones en la promoción de la equidad de género en los medios audiovisuales, los delitos sexuales en las redes sociales y los derechos de las mujeres migrantes, entre otros.

Las charlas serán los días 12, 19 y 26 de mayo; 2 de junio, 9, 16 y 23 de junio, a las 19.30. La mayor parte serán en el Aula Magna de Colón 80 y contará con la presencia de disertantes de Capital Federal, La Pampa y Bahía Blanca. Las inscripciones se reciben a través del formulario http://goo.gl/forms/FLd6xaqnej. Para consultas, al mail [email protected] o al 4595036.

Esta es la cuarta edición de la Cátedra, que se replicó además en Punta Alta. Se trata de una de las actividades de Extensión con mayor convocatoria que realiza anualmente la UNS.

Programa:

12 de mayo: “Deconstruir para construir desde un enfoque de Derechos; la promoción de la equidad de géneros en los medios audiovisuales”, a cargo de la Dirección de Capacitación y promoción de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

19 de mayo: “Diagnóstico de la Violencia de Género en la provincia de La Pama, a cargo de funcionarios del área de Familia de la citada provincia.

26 de mayo: “La defensa de los Derechos Humanos con perspectiva de género”, a cargo de los abogados Viviana Lozano, Leandro Aparicio y Fernanda Petersen.

2 de junio: “Los derechos de las mujeres migrantes y refugiadas”, a cargo de especialistas de la Asociación AMUNRA.

9 de junio: “Masculinidades plurales desde la perspectiva de Género”, conferencia de integrantes del Consejo Nacional de las Mujeres.

16 de junio: “Delitos sexuales y redes sociales”, exposición del fiscal Mauricio Del Cero.

23 de junio: La violencia de género en todas sus dimensiones”, por la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Fabiana Túñez.

La Corte Suprema resolvió que la justicia de San Juan es competente para investigar el derrame de cianuro en el río Potrerillos que se produjo desde la mina Veladero, operada por la empresa Barrick Gold en el Departamento de Iglesia. A raíz de este episodio, se originaron dos procesos penales, uno en la justicia provincial y otro en  la federal de la ciudad de Buenos Aires.

“Hace mucho tiempo que tanto los directivos de Barrick como las autoridades de San Juan estaban tratando de quitarle la causa al juez federal Casanello porque venía a investigarlos de manera impecable, avanzando sobre la verdad de las cosas, con medidas judiciales muy importantes”, dijo a FM De la Calle el abogado ambientalista Enrique Viale.

En San Juan se investiga a los directivos de la empresa y a funcionarios provinciales del Ministerio de Minería y del Ministerio de Salud y Ambiente, mientras que en la justicia federal de la Capital Federal se investiga el comportamiento de Sergio Lorusso y Jorge Mayoral ex secretarios de Ambiente y Minería de la Nación, así como el de funcionarios provinciales y directivos de la empresa.

El abogado explicó que las responsabilidades provinciales alcanzan al ex gobernador y flamante presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja: “No es casual que todo ocurra en las misma semana, son poderes muy grandes, me resulta extraño que los análisis políticos sobre la nueva conducción del PJ no pongan el acento y la lupa sobre esta relación que tiene el ex gobernador Gioja con la Barrick, una relación espuria de muchos años”.

La Corte Suprema decidió que la justicia provincial debe determinar la responsabilidad de los directivos de la empresa  Barrick Gold y de los funcionarios del gobierno provincial por la posible violación a la Ley de Residuos Peligrosos, y que el juez federal debe investigar la conducta de los ex secretarios de Minería y de Ambiente nacionales. Además, enfatizó la importancia de resguardar la jurisdicción de los jueces provinciales dado que la Constitución Nacional garantiza como principio fundacional del federalismo el reconocimiento de su autonomía.

En el marco de la causa que investiga el derrame, la Asociación de Abogados Ambientalista impulsa una medida cautelar para cerrar la mina mientras continúa el trámite judicial y por existir riesgo de nuevos derrames y de violación de la Ley de Glaciares. “Justamente quedaban pocos días para que el juez Casanello resuelva ese pedido” en base a un informe de un comité de expertos. “Fue muy oportuna para los intereses de Barrick la decisión de quitarle la causa a Casanello y ahora va a un juez más complaciente, un juez de San Juan y quedará en la impunidad una vez más un caso como este”.

“La Corte lamentablemente en los últimos fallos en materia socioambiental ha jugado de esta manera, una vez más jugando a favor de los poderosos. Vamos a seguir con mucha fuerza y también el pueblo de Jáchal, impulsando la causa ante el juez Casanello porque creemos que a pesar de haberle recortado la competencia hay muchas cosas por hacer”, afirmó Viale y mencionó entre ellas, insistir en el cumplimiento de la Ley de Glaciares “que prohíbe expresamente la actividad minera en el ambiente glaciar y periglaciar y Veladero está ahí”.

La Sala III de la Cámara Penal de Tucumán dio a conocer esta semana los argumentos de la condena a ocho años de prisión por un supuesto aborto transformado en “homicidio agravado por el vínculo y alevosía” sufrido por “Belén”, joven de 27 años detenida desde marzo de 2014.

Su nueva abogada, Soledad Deza, pidió el “inmediato cese de prisión” hasta que el fallo quede firme. A contramano de la defensa, el tribunal aseguró que “hay tantas pruebas que no hace falta ADN” para relacionar el feto con la mujer y que su anterior representante legal nunca planteó su inocencia sino su inimputabilidad. La lectura de los fundamentos fue acompañada por protestas del movimiento de mujeres en Tucumán y Buenos Aires que se sumaron al pedido de libertad.

Horas antes, Elsa Schvartzman, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito dijo a FM De la Calle que “lo que está en juego es la posibilidad de autonomía de los derechos de las mujeres como ciudadanas” y que “en este caso no hubo una condena legal sino una condena moral, hay un prejuzgamiento, una discriminación, Belén es una mujer pobre con poco acceso a los derechos porque no hay políticas de Estado que garanticen su difusión (…) el acceso a la justicia es tan restringido como el derecho a la salud en determinados lugares, aunque haya ya una inequidad de base”.

Belén es el nombre ficticio que protege la identidad de la mujer que a los 25 años concurrió al Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán con dolores abdominales. Allí fue revisada y el médico de guardia le diagnosticó un embarazo de veinte semanas con aborto en curso. “Se siente mal, pide ir al baño, vuelve, dice que parece ser que expulsó algo, no sabe exactamente qué pasó. Ante la hemorragia deciden hacerle un legrado, la internan en la sala de operaciones y cuando se despierta está rodeada de gendarmes, de policías, que entre otras cosas la revisan, la someten a malos tratos, a torturas”.

“Esta joven no había sido informada de nada de lo que estaba pasando, se acerca una enfermera con una caja que transportaba un feto -que después diagnostican de 36 semanas- y dicen que es hijo de ella, que fue lo que expulsó en el baño y acá es donde empezamos a marcar la vulneración de derechos y lo irregular de toda esta situación. Primero es la diferencia entre las semanas diagnosticadas en primer momento y el feto que traen, al que no se le hace ADN, por lo tanto no está probado que sea expulsado por Belén, también hay una violación de secreto profesional, del derecho a la intimidad, porque los médicos que la atienden ya internada hacen la denuncia policial y la obligan a declarar contra sí misma”, comentó Schvartzman.

Desde entonces Belén está presa. El 8 de abril fue condenada a ocho años, “una caratula que cambia de aborto a homicidio agravado por vínculo y alevosía, figuras que no se entiende la contradicción y la condena porque por esa carátula sería reclusión perpetua y por aborto son cuatro años, entonces estos ocho años tampoco se entiende en base a qué están dados”.

Las organizaciones que acompañan a Belén reclaman además de su libertad que la Corte Suprema de Tucumán revise la condena y deje sin efecto la sentencia por estar basada en la violación del secreto médico, que la ministra de Salud tucumana ordene un sumario administrativo para determinar la responsabilidad de los efectores de salud y la capacitación de derechos humanos en los hospitales y en el Poder Judicial.

Según publicó Notas.org tras la lectura de los fundamentos del fallo, la abogada Soledad Deza afirmó en el pedido de libertad, que la prisión preventiva “no ha residido en el fundamento de peligro de fuga o de que se obstaculice la averiguación de la verdad”, el único válido para una coerción. “La investigación contiene graves y serias irregularidades”, explicó Deza, “que además de violar el debido proceso, han consolidado un proceso sin garantías y han favorecido una condena sin pruebas”.

En la presentación judicial, Deza se explaya: “Se intima primero, se imputa después y luego se enjuicia a mi defendida por un hecho sobre el cual no hay pruebas”. “De hecho”, continúa, “no solo no hay constancia de que el hecho sea imputable a mi defendida, sino que no hay constancias fehacientes ni siquiera de que el hecho ocurrió”.

La abogada, en el material presentado en el juzgado, se pregunta también: “¿Qué mala praxis estarán tratando de cubrir usando el cuadro clínico de una paciente que aborta? ¿Qué otros abusos de poder ejercerán sobre sus pacientes solamente porque tienen el poder de hacerlo? ¿Por qué el Poder Judicial los deja hacer?”

En paralelo, Deza reflexiona y cuestiona: “Lamentablemente la etiqueta de ‘asesina’ estaba moralmente puesta en la paciente por el equipo de salud y la Policía al inicio de la atención sanitaria, pero –agrega- mucho más lamentable es que el Poder Judicial consolide esta tríada criminalizadora sin ni si quiera interiorizarse acerca del contexto, el espacio y las probabilidades de certeza de las acusaciones, sobre todo en vista a las pobrísimas pruebas recolectadas”.

Además de la nulidad que genera en toda la causa la violación del secreto profesional (art. 156 Código Penal), lo cual será motivo del Recurso de Casación, según informó la abogada, hay muchos elementos en el proceso que evidencian “una maquinaria simbólica al servicio de criminalizar a quien arriba a un hospital con un aborto”.

¿Por qué es un caso de violencia institucional?

Desde la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW), de carácter constitucional, hasta las 100 Reglas de Brasilia, elaboradas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, la argumentación de Deza explica con precisión los motivos por los que la condena y encarcelación preventiva de “Belén” son tanto un ataque a los derechos de las mujeres como un caso de violencia institucional.

En ese sentido, propone: “Un poder Judicial con Jueces/zas y Fiscales/as especializados/as en la materia y avocados/as a la materia, es lo que permitirá incorporar la perspectiva de género en la resolución de conflictos e impartir justicia a la vida de las víctimas que denuncian”.

La abogada sintetiza:

– “Belén” está presa por ser mujer.

– Nunca contó con el principio de inocencia de su lado, por el contrario, fue culpable desde que abortó. Primero de abortar y luego presuntamente matar. Y luego finalmente de matar a su hijo, aún sin pruebas de que lo fuera. Su condena fue antes moral, luego sanitaria, luego policial y finalmente judicial.

– Fue identificada como “homicida” a los pocos minutos de que su médico ginecólogo constate el “aborto espontáneo incompleto sin complicaciones”.

– “Belén” con etiqueta de “asesina” tuvo custodia policial desde que despertó de su legrado.

– Fue imputada de matar a su hijo por la Fiscalía, incluso antes de que estuviera la autopsia confeccionada. Incluso llegó a ser requerida para declarar como imputada, estando internada convaleciente en el Hospital donde yacía con custodia policial en una Sala Comunitaria.

– Hasta la defensora oficial halló culpable a Belén, y jamás se atrevió a afirmar que no la imputada no había cometido ningún delito.

– Siempre vincularon moralmente a la joven a un “feto encontrado”, sin importar que hubiera sido encontrado antes de que ella ingrese al Hospital (3 am) y pese a que hay confusión en el expediente acerca de si ese famoso “feto encontrado” fue uno solo o más, si era femenino o masculino, si era de una mujer de 35 años o si es de alguien más. Esa vinculación moral se convirtió en sospecha médica primero, acusación policial después, vinculación forense a posteriori, luego registral y finalmente jurídica, todo sin ninguna prueba.

– “Belén” nunca contó con el principio “in dubio pro reo” de su lado. El Presidente del Tribunal al momento de decidir su condena dijo “que este había sido el caso más complejo que le tocó resolver al Tribunal, pero que valoraron la vida del NN hijo de la imputada” (sic del 19/04/2014).

– No tuvo un Poder Judicial que incorpore una perspectiva de género en la investigación de su causa, por ello, está privada de la libertad desde hace 25 meses. Está presa por abortar y por ser mujer.

Esteban Paulón, vicepresidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, cuestionó las declaraciones discriminatorias que realizó el intendente bahiense Héctor Gay (PRO Cambiemos) en relación al matrimonio igualitario y la diversidad sexual.

“Más allá de que por supuesto están en el marco de la libre expresión que puede tener, son muy peligrosos sobre todo por lo que pueden habilitar, sectores de la población que quizás piensan en un mismo sentido pero que creen que la vía de resolución de esto es por la violencia pueden sentirse envalentonados ante una declaración de este tipo”, aseguró Paulón en diálogo con el programa Enredados de Continental Bahía Blanca*.

Aclaró: “No lo digo en abstracto, lo digo concretamente cuando vemos que desde fines del año pasado se han incrementado en varias localidades de la costa atlántica, entre ellas Miramar o Mar del Plata, ataques xenófobos y neonazis con especial foco en la población gay y trans”.

“No ingresaría en eso porque no lo siento y porque creo que hay un orden natural de las cosas”, dijo el intendente Héctor Gay tras ser consultado en un programa de LU2 sobre el matrimonio igualitario. Agregó: “Ahora, si alguien considera que su realización y su felicidad está allí, no tengo por qué oponerme”.

Paulón afirmo que “bueno sería que se oponga a una ley vigente en todo el territorio de la república” e informó que gracias a dicha norma “más de doce mil parejas se han casado en todo el país, muchas de ellas en la provincia de Buenos Aires y en Bahía Blanca, una ley que ha demostrado en el andar que contrariamente a lo que sostienen estos discursos de supuestos órdenes naturales ha venido a dar una respuesta concreta a la necesidad de muchísimas personas, pero sobre todo ha venido a traer un mensaje y un sentido de eliminar la discriminación de parte del Estado argentino para con las personas de la diversidad sexual”.

Más allá de la “tristeza” que provoca la persistencia de pensamientos discriminatorios en la dirigencia política y parte de la sociedad, el vicepresidente de la FALGBT dijo que también genera “una reflexión acerca de lo que aún falta”.

“A veces pareciera que cuando se aprueban estas leyes hemos completado el camino que queríamos recorrer y este tipo de declaraciones que nos retrotraen a épocas en las cuales todavía no podíamos contar con igualdad de derechos y a discursos por medio de los cuales sectores de la jerarquía de la Iglesia Católica y algunos sectores políticos se oponían a la ley, demuestran la vigencia que tiene la necesidad de promover políticas públicas”.

“Sería muy importante que el intendente salga de este lugar al cual ha llevado a la ciudad de Bahía Blanca con una respuesta contundente como es la creación de un área o espacio de la diversidad sexual para promover la inclusión, la igualdad y la no discriminación en el marco de su política municipal”, concluyó Paulón.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

Fue el título con el que FM De la Calle convocó a distintas referentes a debatir y compartir posiciones sobre la práctica del aborto. La iniciativa se da en el marco de construcción de una campaña sonora por la despenalización y legalización del aborto en nuestro país.

El sábado mujeres de los campos de la educación, de la salud, de los medios de comunicación, de organizaciones populares, políticas, feministas y sindicales participaron de un encuentro para conocer qué discursos nos rodean sobre el aborto, entendiendo a los discursos como constructores de prácticas sociales.

Conversar en esta ciudad muchas veces tildada de conservadora resulta  una herramienta necesaria para quitar el prejuicio a determinados temas; el aborto es uno de ellos. Entonces nos preguntamos ¿porqué no conversar sobre ello? Hacer de la voz un hecho político para construir nuevos sentidos.

radioTodas las invitadas hicieron hincapié en la necesidad de continuar dando el debate sobre un tema que debería ser de discusión no sólo entre quienes trabajan para ampliar los derechos de las mujeres, sino también para quienes tienen la responsabilidad de garantizar estos derechos, generando políticas sociales que hagan de la cuestión del aborto un tema de discusión de Estado.

Las invitadas fueron Selva Lamtzev, Valentina Riganti, Luciana Foulkes, Virginia Calzada Frache, Lucía Alende, Irene Abreu, Emilia Alende, Alejandro Arrarás y Viviana Schmitd.

Las conversaciones fueron incentivadas con fragmentos de opiniones que nos encontramos en la calle, en las escuelas, en el trabajo, en la justicia. Compartimos algunos disparadores con parte de las intervenciones que se dieron lugar.

 “Si abriste las patas, bancátela”

“De eso no se habla, prefiero callar”

“Digamos las cosas como son, las mujeres abortamos”

El resto del material recopilado será utilizado para iniciar una campaña por la legalización y despenalización del aborto de carácter nacional en conjunto con otras radios comunitarias nucleadas en AMARC (Asociación de Radios Comunitarias Argentinas).

texto aborto

Dirigentes y militantes de gremios de la Central de Trabajadores de la Argentina, agrupaciones estudiantiles y partidos de izquierda se reunieron este domingo primero de mayo en Plaza Rivadavia para conmemorar el Día Internacional de las trabajadoras y los trabajadores.

La secretaria general de la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego, Ana Canulo, reivindicó a los mártires de Chicago y las y los fundadores del movimiento obrero y destacó que “siempre supimos que todos los derechos que hemos gozado se los arrancamos a los patrones y a los gobiernos con lucha, no fueron concesiones graciosas. Sabemos que el Primero de Mayo aunque algunos lo han querido convertir en un día de festejo es un día de lucha, y es un día profundamente clasista y anticapitalista”.

Canulo manifestó que muchos de aquellos logros se fueron perdiendo “sin horca, sin tiros, con acuerdos entre los sindicatos comprados, corporativos, el capital y los gobiernos. Acá en nuestro país muchos de esos derechos se perdieron en la década del noventa con todas las leyes de flexibilización laboral”.

“Hoy vemos que la mayoría de los chicos y chicas que se inician en el mercado laboral lo hacen de manera precaria. El trabajo precario está totalmente instalado y naturalizado y el Estado, con sus distintos gobiernos, el anterior y este que tenemos hoy, no solamente no lo combate sino que es cómplice, incluso contrata personal precario y paga parte de nuestros sueldos en negro”, dijo.

1Denunció más de cien mil despidos y suspensiones, el “saqueo” diario a nuestros bolsillos “con el aumento del costo de la vida” y que “todas las medidas de este nuevo gobierno son para favorecer a los grupos concentrados de poder y no al pueblo trabajador. (…) No es verdad que tienen medidas para parar la inflación, el único plan que ellos tienen es que la crisis la sigamos bancando las trabajadoras y los trabajadores mientras ellos se siguen llenando de dinero”.

Tras celebrar la “jornada histórica” del viernes 29 con el masivo acto de las centrales obreras en Capital, Canulo comentó que la CTA local está “construyendo la unidad” más allá de las diferencias “en las fábricas, en las oficinas, en las escuelas, en los hospitales, en los juzgados, porque creemos que la única unidad que necesitamos es la del pueblo y que crece desde el pie”.

Enrique Gandolfo, del Colectivo Pueblo en Lucha, preguntó “qué cosa nos puede separar cuando hay una ofensiva tan clara de este gobierno de los empresarios, qué cosas nos pueden separar cuando vienen claramente a rebajar los salarios, cuando el programa de los despidos es un programa de disciplinamiento para todos, cuando bajan las inversiones en salud y educación”.

“¿No será el momento de deponer disputas estériles, sectarismos, de que los intereses del conjunto estén siempre por encima de los intereses de cada agrupación política a las que pertenecemos? ¿No es el momento de sellar la unidad de la clase trabajadora porque lo que se viene se viene contra todos y porque los yanquis hacen pie en América Latina y porque Obama vino a pisarnos la cabeza nada menos que un 24 de marzo?

“¿No será el momento de que un Primero de Mayo el movimiento obrero se junta, se une y conmemora en las calles por los mártires que tenemos pero que además de pelear por lo inmediato, por lo que se nos viene, pelea para construir un futuro distinto, una sociedad de nuevo tipo, una sociedad donde el lucro no sea el motor de la economía sino la cooperación y la solidaridad entre los trabajadores?”, finalizó.

WhatsApp-Image-20160501Santiago Slominsqui, militante del Comunismo Revolucionario, dijo que “en Argentina nuevamente las clases dominantes han preparado un terreno para volver a derrotar a la clase obrera y al pueblo. Nuevamente nos arman una división y sectores populares están embarcados en una u otra opción de las clases dominantes”.

Desde el PTS, Daniela Rodríguez incorporó el repudio al golpe institucional contra el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil “porque consideramos que los intereses del pueblo trabajador brasileño están íntimamente relacionados con los intereses del pueblo trabajador argentino” y advirtió que “si avanza la derecha en Brasil avanza la derecha en toda Latinoamérica”.

“No solo denunciamos el golpe sino además el ajuste que estaba impulsando el PT, que además con su política de intentar conciliar los intereses de los trabajadores con el gran capital favorecía notablemente el avance de la derecha y llamamos a todos los trabajadores a impulsar y exigir a las centrales sindicales un paro nacional y un plan de lucha para enfrentar el ajuste de Macri y los gobernadores kirchneristas y que la crisis la paguen los capitalistas”, agregó.

WhatsApp-Image-20160501 (3)El dirigente del Partido Obrero Juan Capa afirmó que “están dadas las condiciones” para “parar el país para imponer a las patronales que ellas se ajusten los cinturones, para imponer la prohibición de los despidos, el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, la reincorporación de los despedidos”.

Para ello, planteó la “necesidad de constituir, de transformar a la izquierda y a los trabajadores en ese polo político de independencia anticapitalista y socialista para dar una salida positiva frente a las luchas y las grandes crisis que están por venir”.

Durante el acto, también hicieron uso de la palabra representantes de la Asociación Sindical de Trabajadores Mensajeros y Cadetes (ASTRAMYC) y del Movimiento Socialista de los Trabajadores.

El secretario judicial y ex juez subrogante en las causas por crímenes de lesa humanidad que se tramitan en Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez fue denunciado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia por obstaculizar las investigaciones, demorar detenciones e indagatorias y desobedecer resoluciones de instancias superiores e incumplir deberes de funcionario público.

En esta ocasión, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Ana María Figueroa, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos hizo lugar al recurso presentado por el fiscal Antonio Castaño, mantenido por el fiscal general Javier De Luca, en el expediente referido a la útima de dichas imputaciones.

Castaño había presentado el recurso de Casación contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que desestimó una denuncia contra Martínez por desobedecer una orden de la Cámara Federal de Bahía Blanca que mandaba a detener a personal del Ejército por crímenes de lesa humanidad.

La Cámara Federal de Apelaciones, en su momento, tuvo por desistido el recurso argumentando que “el escrito obrante (…) es notoriamente inoficioso, al estar firmado –y sellado- por el funcionario que interpuso el recurso y no por quien debe mantenerlo y tramitarlo en la segunda instancia”. Al respecto, Javier De Luca explicó que antes de emitir dictamen el propio fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, le había informado que le pidió al fiscal Castaño que suscribiera el escrito de mantenimiento del recurso ante dicha cámara por razones personales.

“Situaciones como estas se dan a diario y en este caso se buscó evitar el mecanismo de la excusación, pues nada impedía que Castaño representara al Ministerio Público Fiscal ante aquella Cámara”, dijo De Luca. Y agregó que a diario los fiscales firman escritos de colegas en el marco de “ausencia momentánea”, sin que ello implique que el recurso sea considerado como “no presentado”.

En este sentido, el camarista Mariano Borinsky, señaló que “el Ministerio Público Fiscal se rige por una unidad de acción externa y que la organización jerárquica que tiene de acuerdo a la ley responde a su funcionamiento propio e interno. El hecho de estar representado por diversos funcionarios, no obsta a la unidad que caracteriza al Ministerio Público, la que ya se encontraba prevista por la anterior ley 24.946 (B.O. 23/03/1998)”.

Asimismo, continuó diciendo que “la representación que se ejerce de dicho Ministerio ante los órganos jurisdiccionales es la misma, por lo que mal pueden los magistrados a quo tener por desistido el recurso por falta de actuación fiscal cuando ésta fue debidamente ejercida por el Dr. Antonio Horacio Castaño (Fiscal Federal) y consentida por el Dr. Alejandro Cantaro (Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca) quien conocía el procedimiento llevado a cabo por la Cámara, en virtud de las pertinentes notificaciones”.

Por su parte, Ana María Figueroa y Gustavo Hornos adhirieron a los argumentos de su par. La jueza también refirió a la actuación del MPF en el proceso penal, y destacó la “unidad e indivisibilidad de actuación de sus miembros”.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso presentado por el fiscal Antonio Castaño, sostenido por Javier De Luca, anuló la resolución y remitió las actuaciones a la cámara de origen para que -previa constitución del Tribunal, se dicte un nuevo pronunciamiento.

A instancias de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad se reunió por primera vez en el año la Mesa de Discusión Social e Institucional que reúne a fiscales, querellantes, abogadas y abogados, representantes de organizaciones de derechos humanos y de organismos de los poderes del Estado para analizar la marcha de los procesos judiciales por los delitos cometidos por el terrorismo de Estado.

Su coordinadora, Carolina Varsky, comentó ayer a FM De la Calle que del encuentro participaron representantes del nuevo gobierno y “manifestaron su compromiso de continuar con el trabajo que se venía haciendo. Es una buena señal porque el Ministerio de Defensa colaboraba mucho con las investigaciones que se aportan en las causas y el Programa Verdad y Justicia era quien estaba a cargo del acompañamiento de los testigos”.

“Sin embargo se mencionó que seis personas fueron despedidas del Programa Verdad y Justicia y en el marco del Ministerio estamos esperando cómo avanzan los distintos oficios que se tramitaron desde los juzgados y tribunales en el marco de los expedientes. También hubo muchos comentarios en relación con el desmantelamiento de las oficinas públicas que colaboraban con el proceso”, dijo Varsky.

Por la justicia federal bahiense intervinieron en la reunión de la Mesa Institucional el titular de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad, Miguel Ángel Palazzani, y el fiscal general Alejandro Cantaro. Varsky sostuvo que “como terminó el juicio hace relativamente poco” las prioridades de Bahía Blanca pasan por la falta de titular en el Juzgado Federal Nº1 y “resolver las cuestiones relacionadas con las imputaciones a los civiles y la complicidad de los civiles con el grupo Massot”.

En cuanto a la colaboración de las personas convocadas a brindar testimonio se notificaron inconvenientes respecto a las reiteradas citaciones. “Se conversó la necesidad de unificar la información y compartirla desde el punto de vista de evitar convocar a una persona que ya declaró diez o doce veces en una causa judicial, y hay cierta preocupación por parte de los testigos sobre quiénes van a estar a cargo de su cuidado porque no se trata solamente de un cuidado físico sino también de un acompañamiento psicológico para aquel que declara por primera vez, desconocemos quién quedó a cargo del Centro Ulloa, por ejemplo”.

“Sentimos que hay un parate en el marco de los tribunales que han relajado la convocatoria a audiencias y hay juicios que están convocados para hacer audiencias una vez por semana cada quince días, eso sí nos parece preocupante desde el punto de vista de lo que se demoran los procesos”, afirmó Varsky.

Por ejemplo, en Tucumán está por comenzar el debate en la causa por el Operativo Independencia para el cual fueron citados 1400 testigos y el tribunal pretende sesionar un día y medio por semana. Los megajuicios ESMA o La Perla llevan más de tres años.

Un verdadero obstáculo en el desarrollo de los debates orales es la falta de integración de tribunales en varias ciudades y provincias. “Le corresponde al Consejo de la Magistratura por un lado y después sí al Ejecutivo enviar las ternas para que estos tribunales sean integrados”.

“Hay jurisdicciones en las que no hay tribunal. Santiago del Estero lleva más de dos años sin juicio y no existe el tribunal oral, entonces hay que salir a convocar a jueces de la jurisdicción más cercana, a veces ellos son recusados o se inhiben de intervenir, lo que deriva a que se convoque a jueces de la jurisdicción de Buenos Aires en tanto el lugar más fácil desde el que se puede llegar”.

La funcionaria de la Procuraduría que conduce Oscar Auat explicó que entre el personal despedido y las personas contratadas que desconocen el estado de las investigaciones “es como volver a foja cero después de mucho tiempo”. Preocupa además que quienes deben responder oficios o pedidos de documentación de la justicia a las fuerzas armadas o de seguridad dejen de ser civiles y se delegue dichos trámites a los uniformados.

El desmantelamiento de oficinas dedicadas a analizar pruebas documentales implica a su vez el riesgo de perder el material recolectado en los últimos años. “Se están pensando algunas medidas, se supone que como dijeron los dos integrantes del Ejecutivo los equipos siguen, con lo cual esa información debería estar resguardada sin perjuicio de lo cual pedimos que se incorporen al expediente judicial”.

Al ser consultada sobre los procesos contra civiles cómplices o partícipes del genocidio, Varsky destacó como una “buena señal”que haya concluido el juicio a Marcos Levín en Salta. “El primer empresario condenado como instigador de las desapariciones. Sin embargo, las oficinas del grupo que trabajaba dentro del Banco Central fue desmantelada en su totalidad y es cierto que es uno de los temas que más nos preocupa en tanto la mayoría de los empresarios tienen relación con este gobierno y probablemente sean difíciles de ser investigados o que haya voluntad para investigarlos”.