A instancias de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad se reunió por primera vez en el año la Mesa de Discusión Social e Institucional que reúne a fiscales, querellantes, abogadas y abogados, representantes de organizaciones de derechos humanos y de organismos de los poderes del Estado para analizar la marcha de los procesos judiciales por los delitos cometidos por el terrorismo de Estado.

Su coordinadora, Carolina Varsky, comentó ayer a FM De la Calle que del encuentro participaron representantes del nuevo gobierno y “manifestaron su compromiso de continuar con el trabajo que se venía haciendo. Es una buena señal porque el Ministerio de Defensa colaboraba mucho con las investigaciones que se aportan en las causas y el Programa Verdad y Justicia era quien estaba a cargo del acompañamiento de los testigos”.

“Sin embargo se mencionó que seis personas fueron despedidas del Programa Verdad y Justicia y en el marco del Ministerio estamos esperando cómo avanzan los distintos oficios que se tramitaron desde los juzgados y tribunales en el marco de los expedientes. También hubo muchos comentarios en relación con el desmantelamiento de las oficinas públicas que colaboraban con el proceso”, dijo Varsky.

Por la justicia federal bahiense intervinieron en la reunión de la Mesa Institucional el titular de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad, Miguel Ángel Palazzani, y el fiscal general Alejandro Cantaro. Varsky sostuvo que “como terminó el juicio hace relativamente poco” las prioridades de Bahía Blanca pasan por la falta de titular en el Juzgado Federal Nº1 y “resolver las cuestiones relacionadas con las imputaciones a los civiles y la complicidad de los civiles con el grupo Massot”.

En cuanto a la colaboración de las personas convocadas a brindar testimonio se notificaron inconvenientes respecto a las reiteradas citaciones. “Se conversó la necesidad de unificar la información y compartirla desde el punto de vista de evitar convocar a una persona que ya declaró diez o doce veces en una causa judicial, y hay cierta preocupación por parte de los testigos sobre quiénes van a estar a cargo de su cuidado porque no se trata solamente de un cuidado físico sino también de un acompañamiento psicológico para aquel que declara por primera vez, desconocemos quién quedó a cargo del Centro Ulloa, por ejemplo”.

“Sentimos que hay un parate en el marco de los tribunales que han relajado la convocatoria a audiencias y hay juicios que están convocados para hacer audiencias una vez por semana cada quince días, eso sí nos parece preocupante desde el punto de vista de lo que se demoran los procesos”, afirmó Varsky.

Por ejemplo, en Tucumán está por comenzar el debate en la causa por el Operativo Independencia para el cual fueron citados 1400 testigos y el tribunal pretende sesionar un día y medio por semana. Los megajuicios ESMA o La Perla llevan más de tres años.

Un verdadero obstáculo en el desarrollo de los debates orales es la falta de integración de tribunales en varias ciudades y provincias. “Le corresponde al Consejo de la Magistratura por un lado y después sí al Ejecutivo enviar las ternas para que estos tribunales sean integrados”.

“Hay jurisdicciones en las que no hay tribunal. Santiago del Estero lleva más de dos años sin juicio y no existe el tribunal oral, entonces hay que salir a convocar a jueces de la jurisdicción más cercana, a veces ellos son recusados o se inhiben de intervenir, lo que deriva a que se convoque a jueces de la jurisdicción de Buenos Aires en tanto el lugar más fácil desde el que se puede llegar”.

La funcionaria de la Procuraduría que conduce Oscar Auat explicó que entre el personal despedido y las personas contratadas que desconocen el estado de las investigaciones “es como volver a foja cero después de mucho tiempo”. Preocupa además que quienes deben responder oficios o pedidos de documentación de la justicia a las fuerzas armadas o de seguridad dejen de ser civiles y se delegue dichos trámites a los uniformados.

El desmantelamiento de oficinas dedicadas a analizar pruebas documentales implica a su vez el riesgo de perder el material recolectado en los últimos años. “Se están pensando algunas medidas, se supone que como dijeron los dos integrantes del Ejecutivo los equipos siguen, con lo cual esa información debería estar resguardada sin perjuicio de lo cual pedimos que se incorporen al expediente judicial”.

Al ser consultada sobre los procesos contra civiles cómplices o partícipes del genocidio, Varsky destacó como una “buena señal”que haya concluido el juicio a Marcos Levín en Salta. “El primer empresario condenado como instigador de las desapariciones. Sin embargo, las oficinas del grupo que trabajaba dentro del Banco Central fue desmantelada en su totalidad y es cierto que es uno de los temas que más nos preocupa en tanto la mayoría de los empresarios tienen relación con este gobierno y probablemente sean difíciles de ser investigados o que haya voluntad para investigarlos”.

“No ingresaría en eso porque no lo siento y porque creo que hay un orden natural de las cosas”, dijo el intendente Héctor Gay tras ser consultado en un programa de LU2 sobre el matrimonio igualitario. Agregó: “Ahora, si alguien considera que su realización y su felicidad está allí, no tengo por qué oponerme”.

La organización Acciones Feministas salió al cruce inmediatamente y denunció que estas “expresiones dubitativas y que invocan a un ‘orden natural de las cosas’, además de evidenciar un profundo desconocimiento del tema y del marco legal vigente en Argentina, connotan negativamente al colectivo LGTBI, aportando a la discriminación que ya de por sí sufre dicho colectivo”.

“En Argentina rigen múltiples leyes y ordenanzas, desde la propiamente dicha ley de matrimonio igualitario o la ley de identidad de género, hasta la ordenanza aprobada en el HCD de Bahía Blanca que declara con forma permanente al día 7 de marzo como ‘Día de la Lucha Contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género‘” y establece que las autoridades municipales deberán realizar campañas de “sensibilización y difusión tendientes a adoptar el criterio de aceptación de la existencia de diferentes orientaciones sexuales e identidades de género en las diferentes reparticiones públicas”.

Acciones Feministas exigió el cumplimiento pleno y efectivo de la norma por parte del gobierno municipal y una reunión con el jefe comunal “para tratar estos temas con el solo fin de propiciar una sociedad menos violenta, más informada y con mayor protección hacia los grupos más vulnerados”.

“Si como dice el intendente Gay ‘hay un orden natural de las cosas’ se desprende que existen por ende conductas y prácticas anti naturales. No se trata de ‘tolerar’, palabra tan de moda últimamente, se trata de concebir a la diversidad como un valor en si mismo. Por un lado Gay pareciera intentar esgrimir un discurso político correcto pero la incomodidad ante la pregunta, su silencio y sus primeras palabras, ‘¿Cómo definirlo para no ofender a nadie?’, develan su pensamiento reaccionario”, afirmaron desde el Grupo 83 en Solidaridad + Igualdad.

Para la agrupación “no se trata de algo meramente individual, ‘si alguien considera que su realización está ahí’, estamos hablando del rol del Estado en la formulación de políticas públicas, en la promoción del respeto y de la diversidad como un derecho. Hoy el Estado municipal carece de una política concreta en materia de diversidad sexual”.

En ese sentido, propusieron crear un Área de Diversidad Sexual que “promueva la igualdad y la no discriminación” y la urgente reapertura de una sede local del INADI. “El Estado comunal debe generar políticas públicas, que más allá de la legislación progresista existente a nivel nacional, presenten el debate cultural necesario para considerar y sostener en el tiempo que la diversidad sexual es un valor de las sociedades modernas y democráticas, que reconocen la pluralidad de orientaciones sexuales como elemento constitutivo del mosaico social. Cabe recordar que en las últimas semanas se han conocido hechos de extrema violencia contra integrantes del colectivo LGTB, como los sucedidos en la ciudad de Mar del Plata”.

El Grupo 83 presentó además un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante para que sus integrantes repudien los dichos de Gay y exijan políticas públicas de diversidad sexual a la comuna.

Por otra parte, miembros de la Secretaría de Diversidad del Partido Justicialista Delegación Bahía Blanca se mostraron “asombrados” por las manifestaciones del intendente: “A meses de cumplir seis años de que nuestro país aprobó una ley histórica, que iguala la diversidad de matrimonios, y que impulsa a nuestro país como vanguardia en materia de derechos humanos. Nos encontramos con preocupación y asombro ya que el intendente habla de un ‘orden natural de las cosas’ haciendo referencia a la tradición heterosexista y machista hegemónica”.

“Así estigmatizando todas las diferencias, por no ser parte de tal orden, y en ese caso dejarlo a la libertad individual. Olvidando las luchas colectivas de toda la sociedad para ampliar derechos en nuestra región. Nosotros creemos que nuestro pueblo es heterogéneo, en todos sus aspectos, cultural, religioso, y obviamente sexual”, afirmaron Nicolás Huss y Juan Reyes.

(Por Julia Giménez) El domingo 17 de abril, Brasil entero asistió en la Cámara de Diputados a las votaciones del pedido de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Entre los discursos de los legisladores que dieron la victoria a la continuidad del proceso contra la presidenta, el del diputado Jair Bolsonaro, del Partido Progresista de Rio de Janeiro (PP-RJ), recibió el repudio internacional, al dedicar su voto al coronel Carlos Alberto Bilhante Ustra, responsable de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en Brasil.

Para analizar este hecho, Brasil de Fato se comunicó con la abogada Nadine Borges, miembro de la Comisión de la Verdad y coordinadora de Relaciones Exteriores de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Con una larga trayectoria en la lucha por los derechos humanos, Nadine afirmó que “todos pudimos asistir a lo que hablamos todo los días los defensores de derechos humanos […] Ahora puedo hablar con gente y decir: ‘¿te acuerdas lo que pasó el domingo? Así es el Congreso, así son los que deciden sobre nuestra vida’. Y eso si la gente acepta y la gente pasa a mirar esto con una nueva mirada. Porque lo que la prensa hace es impedir, imposibilitar que la gente sepa lo que pasa. Pero el domingo todos pudimos mirar lo que está pasando y creo que eso puede ayudarnos a quienes defendemos los derechos humanos en Brasil”.

Durante la entrevista, Nadine criticó la falta de avances en las políticas de memoria, verdad y justicia en Brasil y reivindicó la necesidad de avanzar en una nueva regulación del sistema de comunicación en el país.

Brasil de Fato – ¿Cómo es posible que estos discursos pro dictadura y que reivindican el accionar de represores y torturadores siga vigente en la Cámara de Diputados de Brasil?

Nadine Borges – Aunque sea diputado y tiene el derecho de decir de lo que quiere, porque vivimos en una democracia, lo que habló es criminoso. Pero sólo habló eso porque en Brasil no abrimos los archivos de las Fuerzas Armadas y tampoco hicimos una revisión de la Ley de Amnistía, una nueva interpretación de ella. Después de la Comisión de la Verdad, seguimos sin saber lo que pasó en la dictadura en Brasil. Y si la gente no puede saber, tipos como ese no se pueden meter en la cárcel, no se puede hacer justicia, asi como no se pudo hacer con [Carlos Alberto Brilhante] Ustra, como no se pudo hacer con todos los otros torturadores, no sólo de Dilma, sino también con una generación que fue molestada, torturada, desaparecida. Y bueno, seguimos sin revisión de la amnistía, seguimos sin saber lo que pasó. Y como seguimos así, no se pude decir que vivimos en una democracia plena.

En las calles se ven carteles que llaman a la dictadura, como si la solución de la crisis está en una intervención militar y en un quiebre violento de la institucionalidad democrática. ¿Hay una relación entre los procesos de memoria, verdad y justicia, y estos discursos que nos permitan repensar las democracias?

Por suerte, no son tantos carteles. Lo que pasa es que los medios, la gran prensa – que el gobierno no hizo nada para cambiar el sistema de comunicaciones del Brasil -, hace que esos pocos parezcan muchos. Por suerte son pocos, te juro que tengo mas familiares que carteles en la calle que dicen que vuelva la dictadura. Pero es un peligro, porque hay una nueva generación de jóvenes que siguen sin saber lo que pasó porque seguimos con la amnistía y los torturadores siguen caminando por la calle. Entonces, es posible que en poco tiempo tengamos más carteles.

Todavía no hay tantos, por suerte no tenemos. Porque la gente que está en el gobierno, son personas que fueron torturadas, detenidas como la presidenta Dilma, pero los que vienen, los que hicieron el domingo en el Congreso Nacional, ellos si pueden estar con eso carteles, y eso es lo dramático y lo más peligroso para toda Sudamérica. Porque tenemos una ola conservadora que empezó en Colombia, en la municipalidad de Bogotá, después siguió con la elección de Macri para la presidencia de Argentina, y ahora tenemos en Brasil un escenario muy malo, porque lo que Dilma intentó hacer con una nueva política económica y relaciones internacionales, el capitalismo nunca va a aceptarlo. No importa que es lo que hace cualquier gobierno que sea mínimamente de izquierda, no va a tener éxito mientras la religión y las empresas sigan involucradas en el Congreso. No tenemos un Congreso, tenemos una empresa. Eso es lo que tenemos en Brasil.

¿Existe algún tipo de medida que se pueda realizar contra el diputado Bolsonaro por estos discursos que son un aval a las dictaduras, a las prácticas de tortura?

Él tiene fueros privilegiados, que es un asco. Pero claro que se pueden hacer denuncias en el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que es otro problema, porque quien está en el Tribunal son personas que fueron ubicadas en un espacio de poder muy grande y como llegaron allá es una cuestión que tampoco nadie entiende, porque tienen posiciones que son contrarias a la democracia, que no son justas, que no son legales, que no poseen el sentido de justicia social. Entonces, hacer eso es una opción, otra son denuncias internacionales, son los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos como la ONU [Organización de Naciones Unidas], como la OEA [Organización de los Estados Americanos].

Pero pasa que Brasil sigue sin acatar la sentencia de la Corte Interamericana que condenó al país por los crímenes contra la Guerrilla de Araguaia [en Pará]. Entonces no es que no crea en el sistema interamericano, yo creo porque trabajo con eso y sé que es importante que en el mundo sepa lo que pasa en Brasil. Pero si el país no hace lo mínimo para garantizar una sentencia de condena sobre lo que pasó en la dictadura, como vamos a creer que va a pasar algo con Bolsonaro si su caso llega a la Corte. Quizá cambie la manera de Brasil de respetar los tratados internacionales de derechos humanos, y quizás un día tengamos una responsabilidad efectiva, pero aun no tenemos.

Durante la sesión del domingo (17) El diputado por el Partido Socialismo y Libertad de Río de Janeiro (Psol-RJ) Jean Wyllys – reconocido defensor de derechos humanos y referente en la lucha LGBTT – escupió en la cara de Bolsonaro. ¿Cuál es tu mirada sobre la actitud de Jean Wyllys?

Pienso que cualquier diputado, cualquier persona que tiene una posición pública no debe tener una actitud así. Pero el caso de Jean Wyllys es muy distinto de cualquier otro que uno puede comparar. Porque él sufre todos los días, desde el momento que despierte, hasta que vuelve a su casa. Y el Congreso Nacional es el órgano más sexista, misógino y machista que hay en el país. Entonces, todos los días, todos los días, durante las 24 horas de su vida, sufre las más distintas violaciones de todos aquellos hombres blancos, ricos y creo que fue el momento que el país todo, toda la gente que acredita en los derechos humanos, que lucha por los derechos humanos, tenía ganas de escupir en Bolsonaro.

Lo que hizo como diputado no podía hacer algo así, sabemos que no se pude, pero tampoco Bolsonaro pude decir lo que dijo. Entonces la defensa de Jean Wyllys tiene que ser algo incontestable, porque me parece que las fuerzas conservadoras que hay en el Congreso Nacional es suficiente si para sacar a Jean Wyllys de la Cámara. Pero tener fuera de la Cámara a una de las personas más importantes de Brasil en la defensa de los derechos humanos, por ese grupo conservador que tiene soporte en la gran prensa de Brasil, eso no me parece imposible que suceda.

Tu has sido presidenta de la Comisión de la Verdad del Estado de Rio de Janeiro y asesoras la Comisión de la Verdad Nacional, que durante los años 2014 y 2015 se desarrolló intensamente gracias a abogados, defensores y, principalmente, familiares y víctimas. ¿En que quedó todo eso?

Bueno lo que le quedó es que un montón de gente que no tenía como hablar sobre eso, porque no tenía instrumentos gales ni garantía del Estado, empezaran a hablar. Pero la gente que habló fue la gente que sufrió con la dictadura; y los que cometieron los crímenes hablaron muy poco, siguen sin hablar y seguimos sin saber. Por suerte, hay gente que tuvo condiciones de hablar. Pero hay un montón de gente que son grandes y que no sabemos cuánto tiempo van a estar entre nosotros, y eso es lo más dramático. Porque aunque los archivos no sean más secretos – que eso tenemos también la Ley de Acceso a la Información –, antes del 2035 las cosas que fueron consideradas secretas en el último año de la dictadura [1985], aun no saberemos que son. Y los militares dicen que destruyeron todo, pero sabemos que no destruyeron. Aunque un día tengamos condiciones de abrir todo, ese día no tendremos a ninguna persona vida. Eso es algo que no podemos perdonar.

Por eso tenemos que garantizar la democracia y garantizar que lo que ha pasado con Dilma, lo que ha pasado con tanta gente que ha sido torturada desaparecida, que no vuelva a pasar. Porque esto no pasa sólo una vez. Nunca pasa sólo una vez. Lo que pasó en Alemania con el nazismo, lo que pasó en Italia con Mussolini, lo que pasa todos los días en el contiene africano, lo que pasa todos los días en las favelas de Rio de Janeiro, eso va a seguir pasando mientras que la gente que hace crímenes como Bolsonaro sigan cometiendo crímenes y no pasa nada con ellos. No se trata sólo de justicia penal, se trata de justicia social. Porque personas así no pueden estar donde están. No pueden. Y solo están porque la prensa lo soporta. Y esa es una gran responsabilidad de los gobiernos de Dilma y de Lula, que no han movido un paso para cambiar el papel de los grandes medios en Brasil. Y eso lo estamos pagando muy caro.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) renovó sus autoridades manteniendo los principios de pluralidad, representatividad y democracia que guían el trabajo del organismo desde su creación. Víctor Mendibil ocupará la copresidencia junto a Adolfo Pérez Esquivel, mientras que el Padre José Pepe Di Paola fue designado como nuevo pro-secretario de la institución, pasando a integrar de esta manera su mesa directiva. Mauricio Tenembaum es el nuevo vicepresidente y Roberto Cipriano García asumió como Secretario del organismo.

Como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de Estado y la promoción y defensa de los derechos humanos, la Comisión Provincial por la Memoria ha estado conformada por hombres y mujeres que son referentes de estos espacios de militancia: organismos de derechos humanos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, artistas, religiosos de distintos credos, legisladores y sindicalistas.

Respetando los principios que caracterizan a la CPM desde sus inicios, el organismo anuncia la designación de las nuevas autoridades y reafirma su labor como promotor de políticas públicas en materia de derechos humanos y como institución de articulación entre los poderes del Estado y la sociedad civil.

En virtud de estas definiciones, el pleno de la CPM decidió la designación de Víctor Mendibil como co-presidente del organismo, junto al premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. El nombramiento de Mendibil es un reconocimiento a su sostenido trabajo en la defensa de los derechos sociales, económicos y políticos tanto en su larga trayectoria como militante sindical como así también en la activa participación que desarrolla desde nuestra institución.

Desde los años setenta, Víctor Mendibil se destacó por su compromiso con la clase trabajadora. Fue protagonista de las luchas combativas y el fortalecimiento de la organización de los trabajadores judiciales, ocupando distintos espacios de conducción en la Asociación Judicial Bonaerense, la Federación Judicial Argentina y también de la CTA, desde donde se desplegó la dura confrontación con el neoliberalismo y las múltiples violaciones de derechos que implicó para el conjunto del pueblo. Mendibil, además, realizó una frondosa tarea en las distintas instancias internacionales que nuclean a las organizaciones sindicales buscando articulaciones regionales que fortalezcan su lucha.

Mauricio Tenembaum -miembro fundante del organismo, referente de la comunidad judía y de una extensa trayectoria en la lucha por derechos humanos y la democracia- fue elegido como vicepresidente. El padre Pepe Di Paola, recientemente sumado a la CPM e integrante del grupo de “curas villeros” -símbolo de la lucha contra la pobreza y las múltiples violencias que de ella devienen- fue elegido como pro secretario. Roberto Cipriano García, quien fuera en su momento el Director del Comité contra la Tortura de la CPM, ocupará el cargo de secretario del organismo.

Completan la lista de autoridades: Elisa Carca que seguirá ocupando su cargo como vicepresidente, mientras que Susana Méndez y Ana Barletta se mantienen como tesorera y pro-tesorera, respectivamente.

Fuente: CPM

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata entregará el Premio Rodolfo Walsh a la trayectoria a los miembros de la Unidad Fiscal de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de Bahía Blanca, Abel Córdoba, José Nebbia y Miguel Palazzani. La ceremonia se realizará el jueves 28 de abril a las 17:30 horas en el Aula “Rodolfo Walsh” del edificio “Presidente Néstor C. Kirchner” (Diagonal 113 y 63).

La labor de la Unidad Fiscal de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, fue indispensable para que se investigara el rol de los directivos del diario local La Nueva Provincia –hoy La Nueva- y de su director, Vicente Massot, durante la última dictadura cívico- militar. Los magistrados comprendieron que ningún genocidio se puede llevar a cabo sin la participación de un fenomenal aparato de acción psicológica y que La Nueva Provincia facilitó, habilitó, encubrió y justificó el exterminio en Bahía Blanca.

La familia Julio-Massot, dueña del multimedio, no se limitó a la publicación de editoriales y artículos que encubrían y daban una versión falseada de los crímenes cometidos durante el Terrorismo de Estado; sino que existen pruebas recabadas que dan cuenta de la relación que mantenían los miembros de la junta directiva de entonces con la Junta Militar, así como de la persecución contra los dos obreros gráficos del diario, asesinados en junio de 1976, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

En el alegato del juicio por los crímenes de la causa “Armada”, los fiscales solicitaron la publicación de la sentencia en La Nueva Provincia como acto moralmente reparatorio a la biografía de las víctimas. Sin embargo, Vicente Massot, fue desvinculado de la causa en tiempo récord. El motivo que esgrimen los jueces para el sobreseimiento es que el diario hizo ejercicio de su libertad de expresión, sin considerar el derecho que tiene la sociedad a informarse verazmente y el derecho de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a la Verdad, Memoria y Justicia.

Por promover e impulsar investigaciones inéditas en torno a la participación de los medios de comunicación en la última dictadura cívico-militar; por ser pioneros en la solicitud del derecho a “rectificación colectiva” para las víctimas del genocidio; por su incansable labor y compromiso con la memoria, la verdad, la justicia y la democracia como sostén fundamental de su práctica profesional; la Facultad de Periodismo y Comunicación Social comprende que Abel Córdoba, José Nebbia y Miguel Palazzani encarnan los valores que representa la figura de Rodolfo Walsh.

Fuente: Facultad de Periodismo UNLP.

Personal de la Fiscalía Federal 2 y la Prefectura Naval rescataron a 25 mujeres que eran sometidas a explotación sexual en locales de Bahía Blanca y Punta Alta. Los allanamientos se realizaron la madrugada del viernes en la parrilla El Gran Chaparral y el bar Brodway, ambos del barrio El Saladero, y el cabaret rosaleño La Esquinita. La jueza de Viedma Mirta Susana Filipuzzi rechazó hacer detenciones hasta conocer informes de los equipos del Ministerio de Justicia que atendieron a las víctimas.

El fiscal Alejandro Cantaro informó que en la causa confluyeron tres investigaciones que se tramitan desde hace varios meses sobre “distintas personas que en locales como bares o parrillas en algún momento cambiaban la cuestión y había mujeres explotadas, en estos casos el comercio sexual no era en el mismo lugar, no había habitaciones sino que iban a otro lugar”.

“La madrugada del viernes el equipo de la Fiscalía Federal 2 se concentró a las once de la noche, hicimos todos los contactos, y los operativos fueron: uno en Punta Alta, se rescataron catorce mujeres, dos en el Saladero, entre el Guanaco y White que había un bar Brodway y la parrilla El Gran Chaparral donde también se rescataron algunas mujeres. Se las trajo hasta la fiscalía y con presencia de los equipos de psicólogos y trabajadores se les recibió declaración y se confirmó los indicios que teníamos”, aseguró.

El funcionario judicial afirmó durante el programa Enredados* que “los tratantes ejercen violencia y todo tipo de amenazas, ayer (por el viernes) estaba en la combi de Prefectura en el que habían trasladado a las chicas, como la Fiscalía 2 tiene todo vidriado adelante vimos que había un auto estacionado, alguien lo identificó, se bajó un tipo del auto y empezó a mirar hacia donde estaban las chicas y nos dimos cuenta que era uno de los tratantes, cuando bajamos salió arando. Hay una presión constante y para quien probablemente no haya conocido mucha alternativa o provenga de una familia donde el ejercicio de la prostitución es común es difícil y el sometimiento al tratante es una cosa bastante naturalizada”.

 “La esclavitud o el sometimiento no es esa imagen estereotipada de varias mujeres encerradas y desgreñadas. Aparte las imágenes dicen cosas, cuando se quiere comunicar eso es porque, si fuera ese el estándar, de ahí para abajo es simple libertad. Hemos escuchado declaraciones de los tratantes que dicen ‘pero si las mujeres salen todos los días, yo no las tengo encerradas con llave, no las tengo encadenadas’.

“Claro, la nueva esclavitud es que a las chicas paraguayas se les paga el pasaje, se lo van descontando de los servicios sexuales, como el pase vale promedio 400 pesos ella se lleva la mitad, de esos 200 les descuentan la comida, el alojamiento -si es que la alojan-, la peluquería, el ginecólogo y entonces le quedan 80 pesos y esos 80 se imputan a la cancelación del viaje. Y el dinero para los hijos y la familia lo manda el proxeneta y les retiene el documento”, relató Cantaro.

El director del Consorcio de Gestión del Puerto y presidente de Huracán, Marcelo Osores, junto al imputado Víctor Hugo Iglesias. (Foto LNP)

Los operativos incluyeron el allanamiento del hotel del ex presidente del Club Huracán Víctor Hugo Iglesias, ubicado en Guillermo Torres al 4000. Allí se secuestraron 170 mil pesos y celulares.

“Iglesias tiene una causa ya por trata de personas y nosotros pretendemos probar alguna conexión con estos otros, porque hay conversaciones telefónicas donde lo mencionan y donde dicen que a la chica la llevaron acá (…) Se secuestró  mucho dinero, como se trata de una persona que no se le reconoce una actividad lícita es dable sospechar que viene de la actividad ilícita y también hasta podría estar involucrado en una cuestión de lavado de dinero”, explicó el fiscal.

Las mujeres rescatadas fueron atendidas por personal de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctima (DOVic) y del Centro de Atención y Asistencia a la Víctima.

La investigación se había iniciado el 13 de febrero de 2014, a raíz de un llamado anónimo recibido en la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que daba cuenta de la existencia de un posible caso en Ingeniero White.

En esa oportunidad, indicaron que mujeres menores de edad serían trasladadas desde Bolivia, Paraguay y la provincia de Salta dentro de camiones de cereales con fines de explotación sexual. El denunciante agregó que las jóvenes habrían sido entregadas por $40.000 a un hombre de aproximadamente 40 años, quien, además, fue identificado como dueño de un prostíbulo en la zona del puerto, solapado como negocio de venta de bebidas.

Las tareas de investigación encomendadas a la Prefectura Naval Argentina permitieron vincular a la persona denunciada con el bar nocturno “Brodway”. Asimismo, se detectó el traslado rotativo de las presuntas víctimas entre los distintos locales.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

En el día de hoy se conoció el fallecimiento de Esteban Latorre, trabajador de Biblioteca Nacional que fue despedido y luego reincorporado por las autoridades al enterarse que había sido operado en enero del corazón. Ya son tres los trabajadores muertos en una semana por las políticas del gobierno nacional.

Latorre, de 41 años y una hija de seis años, fue operado en el mes de enero donde se le realizó un triple bypass por problemas que venía arrastrando de salud. Estando de licencia médica debido a esta situación, el 21 de marzo recibió el telegrama de despido por parte de las autoridades de Biblioteca Nacional.Afiliado a ATE, Latorre tuvo que presentar los comprobantes de su deterioro de salud por lo que terminó siendo reincorporado.

Sin embargo, este lunes se hizo presente en Biblioteca Nacional para presentar los certificados correspondientes con el fin de mantener la licencia.Según cuentan sus compañeros, Latorre se encontraba muy angustiado por los despidos (240) en su sector de trabajo y por la situación que le hicieron pasar tras ser operado del corazón. Este mismo lunes, mientras volvía en moto a su casa de José C. Paz, se descompuso y falleció en el camino.Esteban Latorre era trabajador del sector de Seguridad e Higiene, con 7 años de antigüedad estaba sujeto a la resolución 48, una renovación de contrato anual que padecen miles de trabajadores estatales.

Con el fallecimiento de Latorre ya son tres los compañeros muertos producto de los despidos y las políticas que impulsa el Gobierno Nacional. El fin de semana pasado, Yolanda Mercedes, auxiliar docente de Mar del Plata tuvo un infarto que le produjo al advertir que en su cuenta sueldo sólo había $40 por el descuento que le habían aplicado de más de $6.000. Y este martes, Melisa Bogarin, trabajadora precarizada del Inta del Chaco, en el marco de una reunión con autoridades del sector, se descompuso y murió mientras era trasladada a un hospital.

Fuente: http://www.eltrabajadordelestado.org/

(Lucía Gorricho*) Este año tomé horas en una escuela en Sierra de los Padres, una localidad del Partido de General Pueyrredón que cuenta con una población estable de unos 4 mil habitantes. El lugar forma parte del sistema montañoso de Tandilia y está compuesto por sierras de unos 150 metros de altura. La vegetación es muy diversa y se pueden apreciar pastizales, monte y bosque. En el espacio conviven un barrio residencial con calles que respetan la topografía y campos productivos ubicados sobre los márgenes; siendo el más destacado en la actualidad por su rentabilidad, el cultivo de frutillas. Hay varias agro-empresas operando en la zona y todas contratan mano de obra boliviana y han recibido diversas denuncias por parte de organizaciones sociales y ambientales que señalan, no sólo situaciones de semi-esclavitud en relación a la mano de obra, sino que han advertido sobre el uso de agroquímicos como parte del paquete tecnológico de producción.

Esta semana me citaron para evaluar a una estudiante que debía una materia que la habilitaría, en caso de aprobarla, a pasar de año. El director me anticipó que el nivel académico no era bueno pero que era una alumna que se esforzaba mucho para estar en la escuela.

Como no fue estudiante mía decidí preguntarle a ella los temas que habían visto en geografía el año anterior; pero no se acordaba ninguno. Con piel morena y voz muy bajita, me dijo que no había podido estudiar porque no tenía libro ni carpeta. Entonces le dije que yo tenía toda la voluntad de aprobarla pero que era fundamental que escribiera algo que justificara la nota.

A pesar de mi insistencia no supo decir nada en relación a los contenidos de la planificación anual y entonces le pregunté:

¿De las frutillas sabés algo?
Abrió los ojos enormes.
Si, me dijo.

Entonces sobre la hoja de carpeta que ella misma me dio escribí:

Evaluación de Geografía

Fecha: 07/04/16
Año: 2º

Estudiante: G.C

1) Describir una actividad económica

y ella preguntó:

¿Puedo escribir también sobre Bolivia? Porque yo soy Boliviana.

Si claro, le dije. Entonces agregué:

2) Mencionar los aspectos más importantes del algún país latinoamericano.

A las dos horas me entregó 3 hojas escritas de ambos lados con letra clara y prolija.

Hacia tiempo que no corregía una evaluación con tanto entusiasmo. Todo el relato de esta nena de 14 años aportó sin duda, a mi formación como geógrafa y como docente. Comparto el desarrollo de la evaluación porque creo que no pueden quedar estos contenidos sólo en mí.
Corregí las faltas de ortografía y agregué algunos signos de puntuación para facilitar la lectura.

1)

En la frutilla trabajan aproximadamente 200 personas que cosechan la fruta, limpian el campo, sacan las hojas, sacan la maleza, tienen que carpir. Ahora pagan más que antes aún mejor, pagan todo lo que hacen si carpean, limpian la cunita, etc. Algunos niños trabajan ahí aproximadamente de la edad de 13 años para arriba y algunas embarazadas también pero no hacen tanto esfuerzo o si no, no trabajan. Eso depende de ellas. A veces lo hacen para ayudar a sus maridos. Algunos de ahí, bueno casi todos, son juntados.

Casi todos los bolivianos trabajan en el campo y siempre llegan cansados y que no le toman importancia a los hijos que nunca le preguntan nada qué cómo estás o algún problema en la escuela.

Las frutilla se cosecha en cunitas en un carrito y un balde. El balde es para descartable y la cunita es para armar caja. Eso se llama embalada. A mí me gusta embalar y armar cajas y claro a la frutilla se le pone esa cosa rara en las plantas. Las riegan con un tubo que está debajo del plástico. Lo ponen los tractores.

Las cajas con frutilla y las cunitas con frutilla descartable se lo lleva un tractor que viene a las 12:15 o cerca aproximadamente y a la tarde también.

Los bolivianos pueden soportar más el campo que los argentinos porque los bolivianos tienen el trabajo más pesado y los argentinos están en las oficinas o será porque ellos si pudieron estudiar? Yo pregunto en mi casa porque no estudian porque no hay tiempo es la misma respuesta que me dan todos los días.

Ya que la frutilla es una empresa a nosotros nos dan techo, agua potable, luz menos gas. Pero claro a veces nos quitan un poco de plata para ayudar en las pagas. Para que los padres se vayan tranquilos a trabajar hay una guardería que los cuidan. Ahí les dan desayuno, comida y merienda y hay reuniones para levantar la basura. Porque además de levantar la basura de su casa, tienen que levantar la basura del patio o del suelo del baño y sino están presentes, tienen que pagar 5 pesos por cada día que falten.

También hay donaciones que mandan o traen en camiones y se le dejan a una señora que se llama Graciela y parece que ella se queda con las ropas de las cosas bonitas que llegan y lo descartable lo dejan en una carretilla para que la gente lo use.

2)

Bolivia me encanta porque la primera vez que fui me encantó. Cuando es de noche todas las luces se encienden de todos colores y yo escucho tambores y cosas así como una banda porque mi casa está en una montaña. Me acuerdo cuando fui a la cancha. La cancha es una cosa que llega casi a la terminal. Hay tiendas de comida, ropa, bebidas y cosas de mercadería. A mí me gustó donde venden caña de azúcar.

En Bolivia hay montañas chicas y en la escuela les dan uniformes. Sabía que en el jardín de niños estudian las lineas, los cuadrados, triángulos y números?

La gente del campo vive en casas de barro y paja y lo único que comen es chuño y mate y cuando es cumpleaños de alguien de la familia comen seco que significa arroz con papa y ensalada y carne seca y queso de vaca y de desayuno arroz con leche y buñuelo. Todo eso lo cocinan en una clase de horno a la parrilla y yo me sé el nombre pero no sé cómo se escribe.

La gente, más bien las mujeres, tienen que ir con ropa lavada desde su casa hasta que llegan a un río caminando y la ropa la llevan en un aguayo en la espalda. Más o menos lo que tienen que caminar es desde aquí hasta Sulema para enjuagar la ropa.

Alguna vez comió tostado? Se hace con habas. Las hacés secar al sol hasta que estén más secas. Después tenés que poner en una olla sal y después poner las habas secas y tostarlas hasta que revienten. Mi abuela las hacía. Sabe que mi abuela tiene ochentaialgo y fue al doctor y le dijo que estaba muy fuerte ella? Vive en el campo y solamente dos veces la vi.

La aprobé. La abracé cuando se fue. Le pedí permiso para compartir su texto en internet y le dije que escribiera todo lo que pudiera porque escribir hace bien y porque siempre hay cosas importantes para contar. Con un 4 (cuatro) pasó de año y por eso no estará en mi aula durante este ciclo lectivo, pero espero cruzármela en los pasillos o en el patio y preguntarle:

¿Cómo fue tu día de ayer? ¿Lo querés contar en un papel?

*Educadora Popular y comunicadora social. Feminista. Autora del blog: Lucía Gorricho – Que nadie decida sobre tu cuerpo

Melisa Bogarin, trabajadora del programa ProHuerta en Chaco, falleció ayer durante una asamblea en la cual informaba que por resolución su contrato precarizado había sido extendido por tres meses, sin seguridad de renovación. Germán, su marido y padre de su hija de un año, ya había sido despedido de la Secretaría de Agricultura Familiar. “Mientras explicaba sus miedos por la continuidad de sus sueños de trabajo y familia, les había sido otorgado el año pasado un crédito Procrear para la primer vivienda, se descompensó, sufrió un paro cardíaco y murió cuando era trasladada al hospital más cercano para ser atendida”, aseguraron sus compañerxs de ATE.

ProHuerta es una política pública de autoproducción de alimentos que gestiona el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde hace más de 25 años, y que trabaja con familias en situación de vulnerabilidad social, las que se juegan todos los días para llevar un plato de comida a las mesas de sus familias.

Cuando empezamos la normalización del sindicato acá en la provincia me ayudó muchísimo en el área de comunicación, era comunicadora social, era esa su herramienta de trabajo y a la hora de ir a las comunidades, era de esos cuadros necesarios con fuerte compromiso con un sector tan vulnerable”, dijo a FM De la Calle el secretario general de ATE Chaco, Mario Bustamante.

Mediante una carta abierta, sus compañerxs comentaron que Melisa “no era una trabajadora que pensaba la comunicación como tradicionalmente se la conoce, una herramienta para difundir un hecho en un medio. Si no que consideraba que, para los sectores con los que trabajaba todos los días, campesinos, agricultores familiares y comunidades originarias, la comunicación, ejercida como un derecho humano, podía servirles para, sin intermediarios, ayudarles a expresar sus problemáticas, luchas y alegrías. En eso trabajo en esos 8 años”.

“Con otros compañeros, impulsó una red de radios escolares rurales, en las escuelas en donde asistían los hijos de los huerteros, de los agricultores familiares y campesinos con los que trabajaba. Esa era su preocupación, cómo la comunicación podía servir a esos sectores para decir, para denunciar la explotación y postergación, para ayudar a organizarlos”.

Bustamante explicó que la trabajadora “no tenía antecedentes cardíacos, hace poco fue mamá, desconocíamos si tenía algún tipo de problema de salud porque hasta eso nos están tirando algunos. No solamente nos pegan diariamente que somos ñoquis sino que además, una cosa de locos, de la solidaridad a la apatía en ese espectro hay gente de todo tipo, compañeros que han dado toda su solidaridad y todavía hoy estoy escuchando ‘ah, bueno, pero era contratada’. La verdad que es durísimo pero estamos dándonos fortaleza entre todos, seguimos asumiendo esta lucha que tiene que ver con detener los despidos”.

Agrega la carta de lxs trabajadorxs de ProHuerta: “Soñó e hizo lo posible, desde su lugar, por la construcción de la utopía de un país más justo e inclusivo. Su marido Germán también trabajaba la comunicación en el mismo sentido en la Secretaría de Agricultura Familiar. Tenían una nena que hace unas semanas cumplió un año. Como miles de laburantes de la gestión pública, desde hace 4 meses, viven la humillación, la persecución y el maltrato, no solo de un gobierno que nos trata de ñoquis y vagos, sino de un sector importante de la prensa nacional y la sociedad que repite ese relato, sin fundamentos, sin saber, sin conocer una sola historia de estos trabajadores, queriéndole cobrar a Melisas y Germanes vaya saber qué venganza”.

“Melisa Bogarin tenía 30 años. El proyecto de gobierno encarnado por Mauricio Macri no es solo un gobierno de ajuste, de devaluación, de tarifazos, de despidos. Es un gobierno de muerte. Y los trabajadores no queremos una muerte más. En tu memoria, por tu trabajo, por tus sueños y por tu familia, los trabajadores de INTA, tus compañeros, te prometemos mantener encendido el reclamo de justicia”, concluyeron.

Denunciaron a Vidal por homicidio culposo

El Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) denunció penalmente a la gobernadora María Eugenia Vidal y al director general de Cultura y Educación Alejandro Finocchiaro tras el fallecimiento de una de sus afiliadas.

Yolanda Mercedes, vivía en Mar del Plata y trabajaba en la escuela especial 506 de esa ciudad. Desde el gremio manifestaron que murió “producto de un infarto tras advertir que en su cuenta sueldo sólo había $40 y no podía pagar el alquiler. El gobierno de María Eugenia Vidal le había aplicado un descuento de más de $6.000 sobre su salario”.

El gremio había mantenido medidas de fuerzas durante 45 días en reclamo de la reapertura paritaria y desde la gobernación aplicaron descuentos en el último recibo de sueldo por las ausencias.

“La muerte de Yolanda no fue en vano: en honor a su memoria, iremos hasta las últimas consecuencias para que cada uno de los responsables de esta aberración que se cometió con los descuentos abusivos e indiscriminados tengan que rendir cuentas ante la Justicia. Tenemos muchos casos de compañeros que han sufrido descompensaciones y todo tipo de problemas de salud. Desde el primer momento advertimos, cuando se conocieron los descuentos, que era una decisión criminal” expresó Marcelo Balcedo, secretario de Soeme en un comunicado.

“Lo más agraviante, en el caso de Yolanda es que ella ni siquiera hizo retención de tareas, pero igual le aplicaron el descuento. Así también ha pasado con compañeras que tienen licencia médica o que están internadas”, agregó por su parte el secretario de la delegación Mar del Plata, Enrique Sánchez.

El fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Javier De Luca, solicitó que se haga lugar al recurso presentado por su par bahiense, Horacio Castaño, contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que había desestimado una denuncia, presentada oportunamente, por los coordinadores de la Unidad de Asistencia por Causas por Violaciones a los Derechos Humanos.

En dicha presentación, se había denunciado a Santiago Ulpiano Martínez, juez federal subrogante en su momento, por desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Martínez desobedeció una orden de la Cámara Federal de Bahía Blanca que mandaba a detener personal del Ejército por crímenes de lesa humanidad.

Presentado el recurso ante la Cámara los magistrados tuvieron por desistido el recurso argumentando que “el escrito obrante (…) es notoriamente inoficioso, al estar firmado –y sellado- por el funcionario que interpuso el recurso y no por quien debe mantenerlo y tramitarlo en la segunda instancia”.

En este sentido, Javier De Luca explicó que antes de emitir dictamen el propio fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, le había informado que le pidió al fiscal Castaño que suscribiera el escrito de mantenimiento del recurso ante dicha cámara por razones personales. “Situaciones como estas se dan a diario y en este caso se buscó evitar el mecanismo de la excusación, pues nada impedía que Castaño representara al Ministerio Público Fiscal ante aquella Cámara”, adujo De Luca. Y agregó: a diario los fiscales firman escritos de colegas en el marco de “ausencia momentánea”, sin que ello implique que el recurso sea considerado como “no presentado”.

Asimismo, resaltó que lo resuelto por los jueces contenía un “excesivo rigor formal pues no responde a normas ni principios vigentes (…) de existir agravio, éste sólo afectaría al Ministerio Público Fiscal, que es el único interesado en este asunto porque hace a su funcionamiento interno, máxime si tomamos en cuenta que cualquier fiscal que hubiese mantenido el recurso tenía y tiene el deber de mantener e impulsar la acción penal, como lo hizo el Dr. Castaño”.

Al final del dictamen, el fiscal de Casación remarcó el “inusitado rigor formal contenido en el auto recurrido frustra la vía para el correcto ejercicio de la acción penal”. La causa en cuestión está vinculada al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, por ello, explicó De Luca, la Cámara debía estudiar “los requisitos formales con suma prudencia, en atención a los intereses en juego y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Nacional”.

Fuente: fiscales.gob.ar

La Comisión por la Memoria (CPM) realizará este sábado un encuentro de la militancia por los derechos humanos. Políticas de memoria, la lucha contra la violencia institucional y la tortura, la construcción de una sociedad más justa e igualitaria y la consolidación del Estado democrático figuran entre los principales ejes de debate propuestos.

“¿Qué hacemos? Las estrategias de intervención en el territorio” es la consigna para esta jornada enmarcada en el 40º aniversario del último golpe de Estado. “Sin ninguna duda el protocolo contra la protesta social y la detención de Milagro Sala son dos alertas muy importantes porque si se cercena el derecho a la protesta, el resto de los derechos se ven cercenados. La base de los derechos humanos es la posibilidad de su exigibilidad, de poder reclamarlos”, dijo a FM De la Calle la directora de Áreas de la Comisión Sandra Raggio.

“Para nosotros la memoria es la defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos tiene que ver con las políticas de memoria. Por eso la Comisión no solo ha destinado a lo largo de estos años programas vinculados tanto con las clásicas políticas de memoria vinculadas con el terrorismo de Estado, con no olvidar lo que pasó, la reivindicación de las víctimas, la demanda de justicia, la política de archivos y educativa, sino también lo que ha sido todo el trabajo de monitoreo en las cárceles y la atención de denuncias por violaciones a los derechos humanos ligadas con la violencia policial y judicial”, afirmó.

Raggio afirmó que “no hay democracia sin plena vigencia de los derechos humanos, pero es cierto que en los últimos años cuando uno habla de derechos humanos muchas veces asocia con la dictadura militar o con los organismos históricos asociados con la dictadura, pero también en los años 90 el movimiento histórico de derechos humanos fue uno de los núcleos fundamentales para la resistencia al neoliberalismo ampliando la agenda y uniéndola con las peleas de los sectores populares, en 2001 hemos visto a las Madres de Plaza de Mayo resistiendo a la brutal represión en plena crisis del neoliberalismo, y también esa relación se da pero un propósito para nosotros es que se consolide y fortalezca”.

“La verdad que las políticas regresivas tanto en materia económica como también lo que ha sido el protocolo de la protesta social, la detención de Milagro Sala, los despidos masivos, la política de ajuste vinculada con este aumento impresionante de las tarifas que impactará seguramente en la capacidad de resolver sus necesidades básicas a las familias, también están vinculados con los derechos humanos”, sostuvo la directora.

El Encuentro provincial por los derechos humanos, del cual FM De la Calle será una de las oganizaciones bahienses que participarán, será este sábado 9 de abril a partir de las 9 en el Pasaje Dardo Rocha, calle 50 entre 6 y 7, La Plata. Quienes estén interesadxs pueden inscribirse enviando un mail al siguiente correo: [email protected]

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¿Cómo hacemos lxs profesionales para aportar, entrelazar, conocimientos que adquirimos en la educación formal al campo popular sin quedar atadxs a nuestros propios deseos? De mínima creemos que actualizar este debate planteándolo en los espacios académicos es una incipiente iniciativa.

“No somos de cartón, no somos reciclables, tampoco descartables; somos cartoneras” es la premisa con la que trabajamos para construir este material sonoro que relata las historias de vida de tres mujeres cartoneras de Villa Caracol, barrio periférico de nuestra ciudad caracterizado históricamente como un barrio que, producto de las consecuencias del neoliberalismo, vive y se alimenta de la práctica del cartoneo.

Estas voces representan identificaciones distintas de lo que implica pensarse cartoneras, teniendo en cuenta sus formas de trabajo, su historia personal-colectiva y sus luchas sociales, pero encuentran similitudes en su condición primera: ser mujeres. Por eso buscamos conocer, dar a contar, cómo llega una mujer a ser cartonera, y como llega un cartonera a pensarse mujer.

Sentirnos mujeres y colectivizarnos como tales, resulta necesario para dar cuenta y denunciar que los relatos históricos nos han condenado tradicionalmente al olvido, producto de la historia oficial androcéntrica, escrita y relatada por varones. Aún cuando hubo intentos por incorporarla, en la mayoría de los casos, resultó funcional a la idea de la “complementariedad”.

Por esta razón, la historia de las mujeres se ha ido constituyendo producto del movimiento social, político, feminista; donde continuar con la tarea de nuestras compañeras para terminar con el sexismo predominante en los relatos, nos impulsa a tomar dentro de tantas tareas; documentar sobre, por y para nosotras.

En este sentido compartimos este material radiofónico para que se escuche, se comparta y fundamentalmente se utilice como una herramienta de análisis e impulso para pensar y planificar nuevas estrategias comunicacionales-educativas contribuyendo así en espacios de reflexión, diálogos, medios de comunicación, prácticas políticas, y vínculos sociales no sexistas, antipatriarcales, incomodantes y feministas.

Ficha técnica de la producción sonora

Autoría: Paula Mailen Ercoli

Edición y Artística: Emiliano Randazzo

Memorias del proceso de tesis

Director: Pablo Becher

Las conducciones local y provincial del Suteba exigieron la renuncia de la vicepresidenta del Consejo Escolar, Adriana Perdriel, por los dichos discriminatorios y “lombrosianos” que esgrimió durante las últimas sesiones del cuerpo respecto a que hay niñxs que “la delincuencia la llevan en la sangre” o “que el que tiene hambre tiene que comer o tomar lo que hay”.

En el ámbito local, la Comisión Ejecutiva del Suteba Bahía Blanca reclamó “la inmediata renuncia al cargo para el que fue electa” la funcionaria dado que “es inaceptable que alguien que ocupe un cargo por el cual debe ocuparse de la educación pública crea que hay niños que ‘la delincuencia la llevan en la sangre’ o ‘que el que tiene hambre tiene que comer o tomar lo que hay’ y ‘si la leche no es de calidad tienen que tomarla igual’. Consideramos que el desprecio hacia quienes padecen situaciones de pobreza y marginación como producto de la injusticia estructural es incompatible con el desempeño en un cargo de consejera escolar”.

Las maestras y los maestros bahienses exigieron también que el intendente Héctor Gay y el bloque de concejalxs de Cambiemos “den respuesta en este sentido, ya que se trata de una representante del mismo partido”.

En tanto, la conducción provincial del gremio emitió un comunicado solicitando el “inicio de auditoría en Bahía Blanca para verificar las irregularidades mencionadas” y se sumó al pedido de renuncia de Perdriel “por incumplimiento de sus responsabilidades”.

“Desde nuestra organización históricamente demandamos el cumplimiento del derecho social a la educación y nuestras luchas fueron motorizadas por este reclamo. Compartir esta concepción implica el cumplimiento del Estado como garante del mismo desde las políticas públicas y su financiamiento. En todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, cada Consejo Escolar tiene esta responsabilidad principal e indelegable, siendo electos por el voto directo del pueblo a tal fin”, afirmaron.

Agregaron que “también están quienes entienden que un derecho debe convertirse en una dádiva, lo que es política socioeducativa en asistencialismo para los más vulnerados transformado en políticas de sometimiento y disciplinamiento social al aparato estatal y político”.

“Estas cuestiones se desprenden de los dichos de Adriana Perdriel, vicepresidente del Consejo Escolar de Bahía Blanca, que avala la corruptela de empresa privadas prestadoras del estado en los comedores escolares y justifica su propia inoperancia como supervisora del funcionamiento del SAE, además de considerar que nuestros alumnos no son sujetos de derecho, sino clientela que debe conformarse con lo que le dan, incluso alimentos vencidos. ¿Cómo puede ser que un funcionario que debe representar al Estado en su territorio tenga concepciones lombrosianas del Siglo XIX y concepciones discriminatorias respecto de aquellos a los que debe representar?”, finalizaron.

Más información:

Mala leche: “El que tiene hambre de verdad come cualquier cosa”

Mala leche: ahora “el que tiene hambre toma cualquiera”

Mañana a las 10, el gobierno de Mauricio Macri deberá responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los decretos firmados durante el primer mes de su mandato, que significaron un avasallamiento contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, desconociendo los estándares elaborados por el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos. La audiencia se concedió tras un pedido del CELS y un grupo de organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD).

El debate será seguido en vivo desde el auditorio del anexo A del Congreso de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires y en varios puntos en todo el país. Para la audiencia que se realizará en Washignton, los peticionantes enviarán una comitiva encabezada por Horacio Verbitsky e integrada por representantes de los distintos sectores que integran la CCD: por los organismos de derechos humanos, Damián Loreti (AMARC-CELS); por los medios comunitarios, Néstor Busso (FARCO-ALER); por el sector universitario, Daniel Badenes (UNQ-REDCOM); por los medios pyme, Osvaldo Francés (ARBIA) y por el movimiento cooperativo, Oscar Nocetti (Cooperativa Popular Eléctrica de Santa Rosa, La Pampa-CCD). También acompañarán la rectora Ana Jaramillo (UNLa) y el investigador Martín Becerra (UNQ), especialista en temas de economía de los medios y ex asesor del Directorio del AFSCA por el radicalismo.

“Es una comitiva multisectorial y plural, que expresa que esta no es la lucha de un sector político sino de un amplio sector de la sociedad que entiende a la comunicación como un derecho humano y no como un negocio”, sostuvo Badenes, quien también es vicepresidente de AReCIA. “Llegamos a la CIDH por el avasallamiento de la ley audiovisual, que fue ejemplar, pero mucho de lo que vamos a decir también vale para el sector gráfico: para asegurar la libertad de expresión hay que poner límites a la concentración, a las posiciones dominantes, y tener un estado que fomente los medios populares y no sea garante de las corporaciones”.

Hace un mes, el auditorio del Congreso fue testigo del lanzamiento de los Nuevos 21 Puntos durante el Congreso de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), con más de 500 representantes de 16 provincias, legisladores y organizaciones políticas, sindicales y de la comunicación.

La audiencia podrá seguirse desde este sitio, el de la coalición -www.coalicion.org.ar- o a través del aire de FM De la Calle 87.9Mhz.

Si vos, tu organización o alguien cercano no firmó aún los Nuevos 21 Puntos, en este vínculo está el formulario:http://goo.gl/forms/tBjo6aChDX ¡Compartilo!

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Se cumplen este domingo 41 años del asesinato del dirigente estudiantil y militante comunista David “Watu” Cilleruelo, ejecutado en los pasillos de la UNS por miembros de la Triple A bahiense. La Comisión de Apoyo a los Juicios, la Watu Corriente Comunista y la Universidad del Sur lo recordarán mañana en diferentes actividades.

Continuando la labor de la Comisión Permanente de Homenaje a Cilleruelo, Watu Corriente Comunista realizará un acto a las 18 del lunes en el lugar del crimen, en el Ala de Ingeniería del edificio universitario de Alem 1253. Luego la Comisión de Apoyo a los Juicios organizó la charla “Las tres A son las tres Armas” con la participación de Julia García, hermana del “Negrito” también asesinado por la banda paraestatal, la docente Jessica Visotsky, Pablo Fermento por la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad, y Alberto Rodríguez y Dante Patrignani, compañeros de militancia de Watu. Será a las 20 en el Aula 116 (1º cuerpo C) de Alem 1253.

“La idea es analizar un poco cómo se gestó lo de las Tres A, cómo está la causa acá en Bahía Blanca y, de alguna manera, buscar también a los compañeros que cayeron con la metralla de Argibay y su banda de matones en la universidad y qué eran las Tres A en Bahía Blanca”, dijo Patrignani a FM De la Calle.

Dante recordó a David como “un muchacho como todos nosotros que en esa época abrazamos una causa, algunos en una organización política, otros en otra, fue una generación que creyó en la revolución, en el socialismo, cada uno con sus variantes tal vez, pero la idea que estaba en esa generación y en la cabeza de Watu era la de cambiar la sociedad de raíz, construir una sociedad distinta, no un capitalismo más humano ni capitalismo serio ni nada por el estilo, sino una sociedad que cambiara radicalmente”.

“Él tocaba la guitarra, estudiaba, militaba, las cosas que hacíamos todos en esa época. Le tocó a él por ser secretario general de la Federación Universitaria del Sur, creemos que ese ha sido el motivo, buscar a un dirigente para hacer escarmentar al movimiento estudiantil. Lo notorio en el caso de él es que fue a la luz del día, en los pasillos de la universidad, con muchísimos testigos a diferencia de otros que eran secuestrados y se encontraban después los cadáveres en las cercanías de Bahía Blanca”, agregó.

Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli, Héctor Oscar Chisu y Raúl Roberto Aceituno están procesados y con prisión preventiva en una causa que investiga 22 de los homicidios de la Alianza Anticomunista Argentina local. En la misma investigación está imputado el ahora ex camarista y ex agente civil de inteligencia del Ejército, Néstor Luis Montezanti, quien se negó cuatro veces a ser indagado al amparo de fueros con los que ya no cuenta. Aceituno, junto a los fallecidos Jorge “Moncho” Argibay y su hijo Pablo fueron los autores materiales del asesinato del estudiante.

charla watuEn el marco del Día de los Derechos Humanos en la UNS, establecido por el Consejo Superior Universitario el 3 de abril en conmemoración del asesinato de Cilleruelo, la institución hará un acto a las 10 en el hall central de Alem 1253 con la intervención de Alexis Banilys (Partido Comunista de la Argentina e integrante de H.I.J.O.S. Capital y Madrid) y María del Carmen Vaquero (Subsecretaria de DDHH de la UNS).

A las 18 en el edificio de Aulas rosas del Campus de Palihue Gabriel Jarque (docente del Departamento de Derecho), Eduardo Hidalgo (APDH Bahía Blanca), Banilys y Vaquero recordarán al ex fiscal Hugo Cañón. Luego 19:30, Alexis Banilys brindará una charla en Rondeau 29.

El libro “Profeta del genocidio”, de Ariel Lede y Lucas Bilbao, será presentado este domingo a las 19 en el SUM de los Museos de Arte, como parte de las actividades que propone la muestra “Derechos Humanos, museo abierto y en acción”. Participarán junto a los autores los periodistas Diego Martínez (Página/12) y Diego Kenis (Agencia Paco Urondo).

Los diarios que llevó Bonamín durante 1975 y 1976 reúnen la doble condición de fuente historiográfica insustituible y aporte de peso a las causas contra los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura militar. Al mismo tiempo son un testimonio en primera persona por el que desfilan, junto a nimiedades cotidianas, secuestros, asesinatos, torturas. A continuación el diálogo de FM De la Calle con el historiados Lucas Bilbao.

-“Profeta del genocidio” es un libro con una fuente valiosísima desde lo histórico, judicial y testimonial que son ni más ni menos que los diarios que escribió el provicario castrense Víctor Bonamín entre los años 75 y 76. La pregunta que surge -y supongo han respondido en más de una ocasión- es: ¿cómo se hicieron de esta documentación?

Exactamente. El libro consta de dos partes, una de esas partes es la publicación completa de los diarios personales de quien fuera provicario castrense entre el año 60 y el 82, estos diarios pertenecen al año 75 y 76, es decir, corresponden con el período del inicio del terrorismo de Estado y en dictadura, el primer año.

¿Cómo nos hicimos de los diarios? A partir de una investigación que habíamos empezado con Ariel sobre curas del tercer mundo y trabajando con uno de ellos que era archivero, José Meisegeier, jesuita, muy reconocido justamente por su archivo, entre las cosas que tenía estaban estos diarios. Un hombre grande, ya cerca de ochenta años, y hace ya casi siete años que empezamos a ver cómo se le daba forma a eso que nunca había trabajado, estaba ahí, se sabía que era una fuente importante por las anotaciones que registra Bonamín.

-Antes de meternos en quién era Bonamín y qué plantea en estos diarios, desde el abordaje histórico, periodístico, del material, ¿cómo organizaron este proceso de siete años?

En primer lugar estudiar bien las fuentes, quién era Bonamín y a través de Bonamín conocer la institución que representaba que era el Vicariato castrense, este vehículo fundamental que tuvo el terrorismo de Estado y las fuerzas armadas para hacer sagradas sus acciones, para sacralizar las acciones en el marco represivo.

La etapa de contextualización la pudimos ir haciendo a partir de fuentes. Lo más a mano que teníamos era lógicamente la prensa. Bonamín en sus diarios, cualquiera que lo lea va a notarlo, era un hombre que viajaba mucho porque la diócesis, es decir, la jurisdicción que él atendía, eran las unidades militares de todo el país. Está viajando constantemente, cada tres o cuatro días está visitando una unidad y recorre toda la Argentina desde la Patagonia hasta el norte, los cinco cuerpos de Ejército.

En la prensa salía muchísimo este tipo de noticias avalando o legitimando también la acción militar, fundamentalmente después de 76. Daba mucho lugar a la cuestión religiosa y de los obispos vinculados a las fuerzas armadas.

Después también pudimos ir contextualizando con otro tipo de fuentes importantes como fueron los boletines que el mismo Vicariato distribuía cada tres meses o los mismos legajos de los capellanes que tiene actualmente el Ministerio de Defensa.

Ha sido un trabajo enorme, un rompecabezas muy grande para poder ir armando no solo la trayectoria de una figura como la de Bonamín sino también ir a lo más importante, la trayectoria de una institución que se había creado en un marco de dictadura, en la del año 57 de Aramburu, y había permanecido y profundizado su lugar, había tomado un rol protagónico para los años 70.

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-¿El Vicariato como institución, y Bonamín particularmente, de qué manera, a través de qué actividades o funciones cumplían el rol de sacralizar la represión?

Lo que decimos es que el Vicariato participó como educador de esas fuerzas armadas, que no son sólo los años 75 y 76, es un proceso largo en la historia política argentina donde la Iglesia Católica tiene un lugar preponderante al lado de las fuerzas armadas. Eso viene desde principios del siglo XX.

Ahora, con la creación del Vicariato lo que le permite a las fuerzas armadas es tener a la Iglesia en su mismo seno. Hay una función educadora, pensemos en el marco de la guerra fría, de la doctrina de seguridad nacional, donde estos formadores y educadores que eran los capellanes de todas las unidades que tenían semanalmente y tres veces por semana una función educativa dentro de las bases y unidades militares, hay toda una función de cuál es el enemigo, siempre es el marxismo, la izquierda, y ya hacia los años 70 ese concepto se va delimitando y va a aparecer el fenómeno que ellos llaman “de la subversión”. El enemigo lisa y llanamente es la subversión. ¿Quiénes son los subversivos? Eso es un juego que han ido delimitando las fuerzas armadas, la Iglesia, la prensa, un conjunto de actores sociales y para los años 74, 75, 76, el blanco ya está mucho más certero y los años de dictadura ya saben contra quiénes deben ir.

-¿Los meses previos al golpe qué decía Bonamín?

Él registra día a día de qué hablan, cuáles son los temas importantes políticos y al interior de las fuerzas armadas o de la Iglesia, él está al tanto de todo fundamentalmente por la comunicación y la fluidez con la que visitaba las unidades militares, sobre todo los centros de formación, los edificios o lugares donde se concentraban las jerarquías militares. La fuente nos sirve para poder mirar al dedillo estos espacios que recorre y lo que se está conversando, sabiendo, en esos lugares. Pensemos que en el 75 se inicia el Operativo Independencia, es una fuente para poder mirarlo también con mucha claridad.

Bonamín relata la cuestión de las torturas, de los robos por parte del Ejército, las tareas represivas, etcétera. No teníamos, en Argentina al menos, una fuente similar, un diario personal donde viene un militar, habla con él y registra lo que hablaron. Bonamín vive para el mundo militar, es un militante de lo que está haciendo, entonces las conversaciones y anotaciones que aparecen la gran mayoría están vinculadas a la cuestión militar o eclesiástica en ese contexto particular. Nos ayuda a comprender mejor no solo la alianza entre la Iglesia y las fuerzas armadas sino los planes que traían las fuerzas armadas, por eso hablamos de planes sistemáticos, de reestructurar y reorganizar a la sociedad.

-¿Bonamín era la cabeza de una red de capellanes de cuántos centenares?

400 logramos localizar en todo el período, entre el 75 y el 83. En el 75 y 76 eran más de 260 capellanes. Hicimos el número completo de los que pasaron entre esos años por el Vicariato.

-200 igualmente no es un número despreciable…

No, para nada teniendo en cuenta la población militar y si a eso lo comparamos con, por ejemplo, la feligresía que tiene cualquier cura de parroquia.

profeta-¿Qué rol cumplían esos capellanes en relación a los detenidos en las unidades militares o sus familiares que generalmente se acercaban pidiendo información?

Ahí logramos contabilizar que 110 capellanes convivieron en unidades que tenían y alojaban centros clandestinos de detención. Hicimos un trabajo muy fino de poder pensar y analizar las funciones que tuvieron estos capellanes. Personas de una legitimidad y un trabajo como los capellanes militares en ese momento, los capellanes castrenses están full time trabajando en el Vicariato, visitan seis de siete días de la semana una unidad militar, están en contacto permanente no solo con las tropas sino con las jerarquías de esas unidades militares, saben lo que circula, la información que da, lo que sale, es imposible que estos capellanes estuvieran sin conocer lo que sucedía en un lugar que no le es ajeno. No se trataba de curas que iban usualmente a hacer una bendición, se trataba de funcionarios que iban seis días a la semana con tareas específicas, a veces de catecismo, a veces de charla, casi siempre en la labor educativa, más la ceremonia. Es imposible pensar que estos capellanes estuvieran al margen de la cuestión represiva.

En algunos casos a partir de testimonios, e incluso de lo que está saliendo en los juicios de delitos de lesa humanidad, sabemos de funciones vinculadas a la represión específica que tuvieron muchos de ellos como fue estar en las sesiones de tortura, amedrentar la conciencia de los genocidas, etcétera.

-En Bahía Blanca la justicia avanzó solamente en el caso de Aldo Vara, ex capellán del Batallón de Comunicaciones que terminó falleciendo antes de ser trasladado para ser indagado. En otras jurisdicciones y en base a la expectativa que tenían al aportar el material, ¿qué repercusión judicial tuvo la investigación?

Pudo ser incluida en alrededor de diez causas por delitos de lesa humanidad, algunas todavía están en curso, quizás la más emblemática fue la del asesinato del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, donde los diarios sirvieron como prueba fehaciente para poder fundamentalmente contextualizar no solo la labor que había tenido el Vicariato castrense en esa estrategia de cercamiento hacia el obispo Angelelli, de quedar en una situación de soledad y de ser un blanco perfecto para las fuerzas armadas.

Ahí cumplió un rol fundamental el Vicariato en deslegitimar la pastoral de un obispo de la Iglesia Católica, es la misma Iglesia la que le está deslegitimando frente a los militares a uno de sus obispos. Como dice la sentencia, sin esta ayuda y complicidad del Vicariato castrense a la fuerza militar le hubiese sido al menos un poco menos fácil.

-Por último, ¿por qué aparece el capellán del V Cuerpo de Ejército Dante Inocencio Vega en el listado de quienes participaron del Operativo Independencia en Tucumán?

Es interesante poder mirar el proceso, nosotros también lo analizamos en particular dentro del libro. A partir de leyes que crea el gobierno de Isabel envían tropas a aniquilar -dicen ellos- la guerrilla rural en Tucumán. Eso va a durar al menos tres años, estamos hablando de 450 militantes y personas vinculadas a las organizaciones armadas con un ejército que despliega una fuerza de más de 2500 personas. Ahora, lo que necesitan las tropas del ejército y las fuerzas que están cumpliendo funciones en Tucumán es que la moral de los militares no decaiga en lo que fue ese ensayo de “guerra” -según ellos- que tuvieron los militares.

Era la primera vez después de años de hablar de la afronta ideológica contra el marxismo, de por lo menos más de diez años, era la primera vez que el ejército en territorio argentino le daba “guerra” a la guerrilla. Era el momento de aniquilarla.

Los capellanes tuvieron una función fundamental, incluso está dentro de la legislación especial que crea el Ejército para esos años, en ayudar a no quebrar la moral de los combatientes. Estaban al lado de las tropas para fortalecer espiritualmente el proceso de aniquilamiento de la guerrilla.

Muchos eran soldados conscriptos de 20 o 21 años que por primera vez participaban en acciones de ese tipo y que -lógicamente y como lo relata Bonamín en sus diarios- aparecen los problemas de conciencia, frente a eso, al lado están los capellanes para dar una seguridad moral. En ese proceso es que van pidiendo cada vez más capellanes, no solo del Tercer Cuerpo con asiento en Córdoba sino que empiezan a llamar a algunos de otro, del V Cuerpo creo que el único que va es Vega.

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó esas condenas para Jorge Conti, Carlos Villone, Julio Yessi y Rubén Pascuzzi, todos ellos pertenecientes a la organización paramilitar desde cargos formales que ocupaban en el ministerio de Desarrollo Social que conducía José López Rega. A uno de ellos se le imputa haber ordenado el asesinato del padre Carlos Mugica. La causa tramita con el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano, solicitó que cuatro integrantes de la Triple A sean condenados a penas de reclusión perpetua por cuatro homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad y lesiones graves cometidos por la organización paraestatal que funcionó bajo las órdenes del ministro de Bienestar Social José López Rega, entre 1973 y 1975.

En el marco de una causa que tramita con el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal (CPMP), el representante del Ministerio Público Fiscal le imputó a Jorge Conti, Carlos Villone, Julio José Yessi y Rubén Pascuzzi distintas intervenciones en torno a cuatro sucesos: la privación ilegal de la libertad y posterior homicidio del gremialista Carlos Llerena Rosas; la privación ilegítima de la libertad de los militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) Carlos Domingo Zidda, Antonio Moses, Oscar Dalmacio Meza, Mónica Wolf, Silvia Ferraté y otra mujer conocida como “Amanda o Amalia” y el asesinato de los tres hombres; la privación ilegítima de la libertad de Carlos Tacchela, Alfredo Manachian y Roberto Omar Leonardo, quienes hasta la actualidad continúan desaparecidos, y la coautoría del crimen del padre Carlos Mugica, junto a las lesiones graves causadas a Ricardo Capelli. Los cuatro ya fueron condenados en febrero, junto a Norberto Cozzani, por la jueza federal María Romilda Servini por el delito de asociación ilícita. La misma magistrada interviene en la causa.

En particular, a Conti se le atribuye haber dado la orden para cometer los crímenes contra Llerena Rosas y los miembros del PST en lo que se conoció como “La masacre de Pacheco”, en los que habría participado Yessi junto a otras personas. A Villone se le imputan los mismos hechos, a los que se les suma su participación directa en los que afectaron a Tachela, Manachian y Leonardo en la localidad bonaerense de Valentín Alsina, y la orden para asesinar a Mugica. Finalmente, a Pascuzzi se lo sindicó como uno de los que participó del operativo contra el sindicalista mencionado.

El fiscal federal reseñó que en el trámite de la causa principal “se presentaron varias asociaciones y personas -damnificados o familiares de damnificados por hechos que se atribuyen a esta organización criminal-, motivo por el cual fueron incluidos seiscientos ochenta y un (681) casos de secuestros, desapariciones, asesinatos, amenazas y atentados”, y que por ese motivo “se formaron múltiples incidentes de investigación en los que se han adoptado diversas medidas de prueba”. Muchos de ellos continúan “en plena etapa de investigación”. En ese sentido, explicó que la Alianza Anticomunista Argentina fue “digitada desde el Ministerio de Bienestar Social de la Nación” como “uno de los mecanismos represivos empleados para disciplinar a la sociedad. A esos fines, no se dudó en arremeter contra todas aquellas expresiones democráticas que manifestaran su disconformidad con la actividad de López Rega o la administración central, procedentes de cualquier sector, tales como representantes villeros, de la cultura, de las artes, periodistas, peronistas, comunistas, radicales, o bien perpetrar atentados contra locales partidarios”.

El secuestro de Llerena Rosas

El primer caso abordado en el escrito presentado en la etapa de plenario es el de Llerena Rosas, quien fue secuestrado el 30 de octubre de 1974 en las oficinas de la Asociación Personal del INTA (APINTA) ubicadas en Malabia 2157, en Palermo. De allí fue sacado a punta de ametralladora y cara descubierta por un grupo en el que fueron identificados Rodolfo Almirón -ya fallecido-, Yessi y Pascuzzi. El cadáver de la víctima fue hallado horas después en Ezeiza, con varias heridas provocadas por disparos con armas de fuego. La hipótesis de un testigo es que el crimen se cometió porque Llerena Rosas, como delegado, “proponía remover al Secretario General” del gremio.

“La masacre de Pacheco”

De la investigación surge que pasada la medianoche del 30 de mayo de 1974, un grupo integrado por 15 personas arremetió contra un local del PST ubicado en El Talar de Pacheco. Tras un primer ataque a balazos de metralleta, los agresores entraron al local y se llevaron a Carlos Domingo Zidda, Antonio Moses, Mónica Wolf, Silvia Ferraté y otra mujer conocida como “Amanda o Amalia”; antes de subirlos a los vehículos se toparon con Meza, quien estaba afuera. Los cuerpos de Zidda, de 22 años de edad y presidente del centro de estudiantes de una escuela técnica de Tigre; Moses, de 25 años y delegado en la fábrica Wobron; y Meza, de 26 años y delegado en Astilleros Astarsa, fueron encontrados en la Ruta Nacional 6 a la altura de la localidad de Manzanares. La testigo Ferraté identificó a Yessi como la persona que estaba a cargo del procedimiento.

Secuestros en Valentín Alsina

Por otra parte, la acusación efectuada por el fiscal Taiano también consideró acreditado que en la madrugada del 14 al 15 de noviembre de 1974 se produjo la privación ilegítima de la libertad de Roberto Leonardo, Alfredo Manachian y Carlos Tachella, quienes permanecen desaparecidos desde aquel día. Durante esa jornada también se encontraban en el lugar las parejas de Leonardo, Silvia Nieves Negro, y de Manachian, Nélida Ramos, que desde allí fueron llevadas a la Comisaría de Lanús, al Centro Clandestino de Detención conocido como “Pozo de Banfield” y finalmente al penal de Olmos, donde se “legalizó” su situación.

Sobre el operativo, la testigo Nieves Negro refirió que un grupo ingresó provisto de armas largas, identificándose como “Triple A”. Tras ello, “ponen una máquina de escribir y nos empiezan a hacer preguntas. Nos preguntaban sobre nuestros datos personales, y en ese momento se empiezan a repartir las cosas que había en la casa, empezaron a robar otras personas que también estaban en la casa”. Nieves Negro fue llevada a una maternidad de La Plata, en donde dio a luz a su hijo, y de regreso a Olmos tuvo que criarlo en pésimas condiciones de salubridad hasta que en 1976 pudo entregarlo a su familia. Fue quien reconoció a Carlos Alejandro Gustavo Villone.

El caso del padre Mugica

El 11 de mayo de 1974, después de las 20, Eduardo Almirón, secundado por Miguel Ángel Rovira, disparó cinco veces contra Carlos Mugica a metros de la iglesia San Francisco Solano. Junto a él se encontraba Ricardo Rubens Capelli, que sufrió lesiones graves por balas provenientes desde adelante. Así lo determinó el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 el 12 de julio de 2012, en el marco del expediente 14.905/2009, a través del testimonio de al menos cuatro testigos del homicidio que vieron también cómo los atacantes escapaban a bordo de un Chevrolet de color verde claro, que luego se identificó como robado.

Además de los autores directos, a través de la pesquisa en la que intervino la fiscalía a cargo de Taiano se concluyó que ambos respondían a las órdenes de Carlos Villone. Al respecto, cabe señalar que Mugica se había vinculado con el Ministerio a través de una asesoría ad honorem para hacer trabajo social en el barrio de Retiro. “Cuando Carlos toma conciencia de que desde esa secretaría de Bienestar Social no hay el menor interés en hacer nada por su gente, hace en la villa una renuncia pública, ante una multitud, y él dice que les pide permiso para renunciar a su puesto (…). Pienso que esta denuncia pública ante una multitud y pasada por televisión, fue su sentencia de muerte”, consideró su secretaria.

La fiscalía recordó que entre los elementos probatorios se encuentran los testimonios del edecán presidencial Tomás Medina, quien “manifestó que antes de que asesinaran a Mugica pudo escuchar una conversación mantenida entre Rovira y Almirón donde decían, refiriéndose al sacerdote, ‘a éste le vamos a hacer la boleta’”. “Ello coincide con los dichos de Salvador Horacio Paino, quien tuvo conocimiento de que López Rega había dispuesto que un grupo de personas, entre la que figuraba el Padre Mugica, serían ejecutadas por la Triple A”.

Cargos en el Ministerio

Tal como se estableció en las condenas de febrero por asociación ilícita, todos los acusados integraron la agrupación de extrema derecha desde cargos formales en el Ministerio de Bienestar Social. El escribano y periodista Conti, desde el área de Prensa, Relaciones Públicas y Difusión, y Villone, a través de su cargo como Secretario de Estado de Coordinación y Promoción Social, habrían actuado como los “enlaces” entre López Rega y los distintos grupos que comandaban en la mencionada cartera, que a su vez eran integrados por los demás imputados. Con el tiempo, Conti también se convertiría en el yerno de López Rega.

En cuanto a Carlos Villone, formalmente se desempeñó como asesor del ministerio desde 1973 y luego como secretario de Coordinación y Promoción Social, entre marzo de 1974 y junio de 1975. Pero de la pesquisa surgió que estaba a cargo de los grupos denominados A, B, C, D, E y F, “cada uno de ellos comandados por policías retirados o en actividad”.

Julio Yessi, por otra parte, fue asesor de Gabinete y después presidente del Instituto Nacional de Acción Cooperativa, en el ámbito del ministerio. Finalmente, se determinó que el policía Pascuzzi estuvo a cargo del grupo “F”, que respondía a Villone.

Fuente: fiscales.gob.ar

Tal como informáramos el lunes, cuatro miembros de la Alianza Anticomunista Argentina fueron condenados por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría a cuatro años de prisión por el delito de asociación ilícita.

“Esperamos que ahora se empiecen a juzgar las demás instancias y hechos de la Triple A pero es un camino complicado el que tenemos, más por el cambio político, y que tememos que todas las causas de lesa humanidad o que tengan conexidad con las mismas sufran un retraso”, dijo a FM De la Calle Pedro Dinani, abogado de la querellante Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

El juicio se realizó con el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal (CPMP), por ende, “al no haber juicio oral, la publicidad del acto queda a través de la prensa que se interese o básicamente con la cédula que nos llega a nosotros pero no toma estado público ese procedimiento porque es netamente escrito y no se escuchaba a los testigos de manera oral”.

Jorge Héctor Conti, Carlos Alejandro Gustavo Villone, Julio José Yessi, Norberto Cozzani y Rubén Arturo Pascuzzi integraron la banda “proyectada, materializada, financiada y conducida” por agentes públicos como el ministro de Bienestar Social de Isabel Martínez de Perón, José López Rega.

“Se establece que López Rega sería el eslabón más alto y que la coordinación partía del ministerio en el cual él tenía asentadas sus funciones y por lo cual, a partir del Ministerio de Bienestar Social se coordinaban todas las acciones de esta asociación ilícita. Eso queda acreditado y puede servir como base para futuras imputaciones de las personas que se encuentren”, aseguró Dinani.

El escribano y periodista Conti, desde el área de Prensa, Relaciones Públicas y Difusión, y Villone, a través de su cargo como Secretario de Estado de Coordinación y Promoción Social, habrían actuado como los “enlaces” entre el funcionario y los distintos grupos que comandaban en la mencionada cartera, que a su vez eran integrados por los demás imputados. Con el tiempo, Conti también se convertiría en el yerno del por entonces secretario privado de Juan Domingo Perón.

Dinani afirmó que “es la primera vez que se logra una condena porque en las más de las veces cuando se llegaba a un proceso previo a una condena fallecía el imputado o entraba en un estado de senilidad absoluta. Si bien se los condena por asociación ilícita por integrar la Triple A, no se los condena todavía por la inmensa cantidad de delitos y asesinatos que cometió la Triple A, por eso el monto de la pena es de cinco años”.

“Hubo un impulso central de la Liga en llevar adelante las causas de la Triple A, también una predisposición del juzgado de Oyarbide de procesar y detener a estas personas, son relativamente jóvenes, eran en ese momento grupos operativos de la Triple A, se los puede detener en función de que contaban con 65 o 68 años de edad, la plana mayor de la Triple A obviamente es mucho mayor”.

Dos de los detenidos continuarán con arresto domiciliario y otros tres en prisión, “quedaría por probar qué tarea cumplió cada uno de ellos en los crímenes de la Triple a, es una tarea compleja y va a costar mucho pero esta sentencia nos da un impulso”.