La muerte de dos jóvenes de 16 y 17 años en un período menor a veinte días en diferentes institutos de menores deja en evidencia, una vez más, la ausencia de políticas eficaces de promoción y protección de derechos para niños y adolescentes en la provincia de Buenos Aires. Aunque la justicia investiga todavía las causales de muerte, y existe en ambos casos una presunción de suicidio, no caben dudas que las mismas se encuentran vinculadas con las aberrantes condiciones de detención.

 El 16 de junio de 2015, J. P. falleció por ahorcamiento en el Instituto Almafuerte de La Plata. Tenía 17 años y hacía dos meses que estaba alojado allí, proveniente del Instituto Legarra de la misma ciudad. Al momento del hecho debía estar en recreación pero, según informaron las autoridades del centro, se había negado a salir. Los jóvenes detenidos comentaron que el día anterior había tenido un altercado con un compañero y, por tal motivo, los custodios lo habían encerrado en su celda. Su familia, que lo visitaba asiduamente, fue puesta en conocimiento del hecho seis horas después y tiene dudas sobre el suicidio. La investigación se tramita ante la UFI n° 11 de La Plata.

Veinte días después, el sábado 4 de julio, el joven M. G. fue encontrado sin vida en su celda del Instituto Pablo Nogués de Malvinas Argentinas. Tenía 16 años y estaba en la institución desde el 16 de junio de este año. Al igual que J. P., provenía del Instituto Legarra de La Plata. La investigación del hecho se tramita ante la UFI ° 21 de San Martín.

M. G. había sido entrevistado, este mismo año, por un equipo del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria mientras permanecía encerrado en el instituto Legarra; en ese momento, se comprobó que el joven se encontraba en pésimas condiciones de detención: sin agua, sin baño, sin acceso a ninguna actividad. También se constató que presentaba lesiones de corta y larga data, como consecuencia de las torturas padecidas en el Centro de Recepción de Lomas de Zamora por parte de los asistentes de minoridad.

La denuncia de estos hechos fue inmediatamente elevada a la justicia por la CPM interviniendo el juzgado de Garantías del Joven N° 1 de San Martín, a cargo del dr. Marcelo Kohan. Luego de escuchar la declaración de M. G. en una audiencia realizada el 28 de abril de 2015, el juez elevó la causa a la UFI en turno de Lomas de Zamora a efectos de que investigue la posible comisión de delitos en perjuicio del joven. En su testimonio, M. G. también denunció haber sido testigo de torturas infringidas a otros jóvenes detenidos en el mencionado centro.

Las reiteradas muertes de menores en institutos de la provincia no pueden escindirse de las condiciones estructurales de detención en las que permanecen alojados. Allí las torturas son cotidianas y se aplican en forma sistemática sobre jóvenes que se encuentran imposibilitados de realizar denuncias por la situación de violencia a la que son sometidos. A esto hay que sumar las denigrantes condiciones de encierro caracterizadas por falta de acceso a la educación y la salud y las deplorables condiciones edilicias.

Lamentablemente no se trata de casos aislados o situaciones particulares, sino de una condición estructural del encierro que se profundiza año tras año. Como manifestara la CPM, en su Informe Anual presentado recientemente, “la Secretaría de Niñez no respeta los estándares mínimos establecidos por normas internacionales y locales para el alojamiento de niños/as y jóvenes en lugares de detención”. Y agrega que “lejos de haberse modificado en el transcurso de los últimos años, las condiciones materiales de los lugares de detención se han deteriorado llegando a extremos de precariedad y abandono”.

Es en este contexto que se producen de manera recurrente y en un marco de silencio e invisibilización muertes de menores que están bajo la custodia del Estado, que deberían estar plenamente protegidos en su integridad y respetados en sus derechos.

La Comisión por la Memoria reclamó una vez más a los órganos judiciales y al gobierno de la Provincia de Buenos Aires que se tomen medidas urgentes para garantizar la vida y la integridad de los jóvenes alojados en los centros de detención provinciales dependientes de la SNyA.

Las respuestas deben orientarse a dar cumplimiento efectivo al sistema de promoción y protección que sigue deteriorándose frente al avance del punitivismo y la represión. Así se expresa en el incremento exponencial del presupuesto en materia de seguridad que supera ampliamente al orientado a garantizar derechos. El marco normativo está, sólo hace falta la decisión política de hacerlo efectivo y no lo contrario, como viene ocurriendo desde años atrás.

Asimismo, la CPM exigió que se realicen investigaciones urgentes para determinar las responsabilidades institucionales respecto de la muerte de estos jóvenes, la aplicación sistemática de torturas y las condiciones estructurales de su detención.

Fuente: Comisión Provincial por la Memoria.

El investigador Marcelo Valko se refirió a “la llegada” de Juana Azurduy a los parques aledaños a la Casa Rosada tras la inauguración del monumento donado a nuestro país por la República Plurinacional de Bolivia. “Lo que cambia con el cambio es que se resignifica ese centro del poder político donde Colón no tenía nada que hacer. (…) Es acercarnos a Mayo, a un país fraterno, a un país inclusivo”.

Sin embargo, el autor de Desmonumentar a Roca y Pedagogía de la Desmemoria destacó por FM De la Calle que “es importante lo de la estatua pero no puede ser que a cinco cuadras esté el acampe qom hace cinco meses, tirados ahí. Es la segunda vez, ya pasó hace dos años, ahora volvieron por lo mismo”.

Al mencionar la persistencia del acampe de comunidades qom, pilagá, nivaclé y wichí durante cinco meses en avda. 9 de julio y avda. de Mayo, Valko recordó el Malón de la Paz de 1945 que “fue lo mismo, vinieron a Buenos Aires a pedirle por favor a papacito Perón, como le decían los kollas, que los proteja de las arbitrariedades de la justicia y las administraciones provinciales de Jujuy y de Salta y hoy los qom vienen por el tema de las arbitrariedades de la provincia de Formosa y le vienen a pedir por favor al gobierno nacional que los proteja, que los ampare como ciudadanos argentinos”.

El miércoles 15, la presidenta Cristina Fernández y su par boliviano Evo Morales participaron de la inauguración del monumento a Juana Azurduy construido por el escultor Andrés Zerneri. La generala post mortem enfrentó a los realistas con el Ejército del Norte bajo el mando de Manuel Belgrano y luego de Miguel de Güemes, junto a su esposo Manuel Ascencio Padilla y sus cuatro hijos, todos ellos muertos en combate. Su figura fue instalada en el sitio que ocupaba Cristóbal Colón.

“¿Qué tiene que hacer Colón ahí? Nada. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el centro neurálgico del poder político de la Argentina? Es la Plaza de Mayo. De un lado el Cabildo, después está la Plaza de Mayo que es un centro político por excelencia de manifestaciones, hasta cuando gana la selección va ahí la gente. ¿Y en la plaza qué está? La modesta, austera y espartana pirámide de la Revolución de Mayo. Un poco más allá, hacia la casa de gobierno está la estatua ecuestre de Belgrano, en tamaño normal, no como la estatua monumental de Roca que tiene diez metros. Y después está la casa de gobierno. Del otro lado estaba Colón, en ese ámbito de Revolución de Mayo, de centro político de la Argentina Cristóbal Colón no tenía nada que hacer”, opinó Valko.

Respecto al pedido de perdón del papa Jorge Bergoglio por los crímenes de la Iglesia Católica durante la Conquista de América, el psicólogo sostuvo que “está muy bien pedir perdón pero ¿un perdón genérico? ¿Así, pido perdón por los cinco siglos? Tampoco le vamos a pedir pobre hombre que se ponga a enumerar porque en todo su viaje no hubiera terminado de enumerar todos los pecados que se cometieron amparados por el paraguas eclesiástico, el de la religión”.

Para el escritor, la disculpa papal debió haber sido más concreta. “Por ejemplo en Bolivia cuando él está diciendo esas cosas, que está muy bien que las diga, pero el Potosí, en las minas, mueren más de ocho millones de personas. Yo solo lo pude comprender cuando fui a uno de los socavones y pude ver cómo todavía siguen haciendo, llevando en la espalda, ahí comprendí como se murieron ocho millones de mitayos que solo salían los domingos para escuchar misa. ¿Cómo es que solo salían a escuchar misa el domingo a la tarde?”.

La invisibilización “es muy profunda en la historia argentina y latinoamericana” por lo cual “hasta que no se advierta que no somos Noruega, que no somos un apéndice perdido de Europa acá en la negritud americana que nos rodea sino que estamos en Sudamérica, tenemos una población indígena mayor cuantitativamente que Brasil (…) Lo del crisol de razas, lo de Billiken, hay que dejarlo de lado, porque acá el crisol de razas era el de las razas que vinieron de Europa, la presidenta incluso hace unos meses dijo que todos los argentinos venimos de los barcos. Es una persona inteligente, no sé cómo puede decir algo así pero lo dijo”.

“Por qué negar eso, por qué no enriquecerse, ser pluriculturales. Mayo era eso, ¿por qué la independencia Belgrano el 9 de julio la hace en cuatro idiomas: castellano, quechua, aymara y guaraní? Porque la idea era que la revolución llegue, que baje. No llegó. Porque los mejores se nos mueren como San Martín que se va a Europa para que Rivadavia no lo mate. Mayo no era el Cabildo, la gente que está abajo con paraguas y una mazamorrera que pasa”, afirmó.

En ese sentido agregó que “en el himno que cantamos -de pronto automático- hay una frase fantástica que dice ‘ved en trono a la noble igualdad’. Que nos gobierne la noble igualdad, todos somos ciudadanos, no puede ser que tengamos unos que están tirados ahí en la 9 de julio y nadie, nadie, nadie les presta atención porque se convierten en parte del paisaje, se invisibilizan. Y están ahí tirados hace cinco meses y está muy bien inaugurar la estatua, que es fantástico, pero ¿y las personas? ¿Los ciudadanos argentinos?”.

“Somos herederos de esa gente que encima son gente fantástica, que dio todo, en general los mejores murieron como perros, Castelli, Moreno, Belgrano -que cuando muere no tiene en los bolsillos ni para un féretro barato-, el padre de la patria, a San Martín no le mandaron los sueldos que le debían. Mayo no llegó, entonces como herederos de Mayo tenemos que regresar. Nosotros nunca planteamos ni volver a Calfucurá, ni a Atahualpa, lo único que queremos es volver a Mayo. Y eso es lo que va a cambiar con el cambio”, concluyó.

Escuchá la entrevista completa:

El Juzgado Contencioso Administrativo N° 4, a cargo de Rita Ailan, rechazó el amparo solicitado por Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia e investigado por su participación durante la última dictadura, y Alejo Ramos Padilla, Juez Federal titular de Dolores, seguirá a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca.

Massot promovió una acción de amparo para que se declare la ilegitimidad y nulidad de la resolución 131/2015 del Consejo de la Magistratura, de fecha 18 de junio pasado, por la que se había designado a Ramos Padilla, al sostener que se había violado la Ley de subrogancias 27.145, el reglamento del cuerpo y la garantía del juez natural.

Además, Massot planteaba como causal para el apartamiento que Ramos Padilla fue abogado de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo.

La Cámara Federal de Bahía Blanca había apartado de la causa en la que se investiga al juez subrogante Alvaro Coleffi, quien había convocado al director de La Nueva Provincia a prestar declaración indagatoria, y designó en su reemplazo a Ulpiano Martínez.

El nuevo Juez dirigió su accionar a mejorar la situación procesal de Massot hasta que fue apartado por el Consejo de la Magistratura, designándose en su lugar a Ramos Padilla, Juez Federal titular de Dolores.

Fuente: InfojusNoticias.

El Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur informó que la doctora Alicia Partnoy realizará actividades académicas de grado, posgrado, extensión e investigación vinculadas a la Literatura, la Política y los Derechos Humanos entre los días 10 y 22 de agosto.

La doctora Partnoy fue alumna del “Profesorado en Humanidades. Especialidad en Letras” del Departamento de Humanidades entre 1973 y 1976. Fue secuestrada por personal del Ejército el día 12 de enero de 1977, trasladada a un centro clandestino de detención y, posteriormente, encarcelada como presa política hasta diciembre de 1979, cuando el Poder Ejecutivo Nacional posibilitó su exilio en los Estados Unidos.

La mencionada ha testificado ante las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Amnesty International, y la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Así sus testimonios fueron registrados en la compilación de testimoniales por dicha Comisión. Actualmente vive en Los Ángeles (California) y enseña en la Loyola Marymount University. Visita la Argentina regularmente, el marco de su activa militancia por la defensa de los derechos humanos. Ha publicado ocho libros de relatos y poesías, donde expone su experiencia como presa política, entre otros temas.

“La concreción de su viaje y las actividades que desarrollará en la institución donde cursara en el momento de su secuestro político, constituyen un acto de reparación simbólica y material de las acciones vividas en nuestro país durante la dictadura cívico militar eclesiástica, además de significar un aporte para la formación académica de los estudiantes de grado y posgrado, dada su destacada trayectoria en investigación”, indicaron desde el Departamento. Para mayor información contactarse con la Secretaría de Posgrado, Investigación y Formación Continua: [email protected]

Seminario de posgrado: “Textos Testimoniales Argentinos: Herramientas para su análisis y diseminación”. Más información aquí.

Diez días después de asumir como subrogante del Juzgado Federal Nº1, Alejo Ramos Padilla remitió un informe de situación al Consejo de la Magistratura demostrando la “situación caótica” que dejaron Santiago Ulpiano Martínez y el secretario de Derechos Humanos Mario Fernández Moreno.

“En general se advierte una situación compleja, fundamentalmente en lo que hace a la Secretaría de Derechos Humanos y las dificultades que desde los diversos ámbitos confluyen para la correcta administración de justicia aparecen como evidentes y complejas, pues derivan de un proceso profundo y enmarañado, producto de dañosas relaciones interpersonales e institucionales a partir de las cuales se perdió el rumbo del juzgado”, aseguró.

Propuso analizar si los sumarios y denuncias cruzadas “respondían a otros intereses”  y afirmó que “el modo en que se llevaron todas esas actuaciones sin duda pudieron haber afectado el normal funcionamiento de la justicia y la independencia, imparcialidad y serenidad que tiene que tener un magistrado a la hora de resolver expedientes de esta naturaleza”.

Ramos Padilla reasumió su cargo el 9 de julio ante la Cámara de Apelaciones por orden de la Corte Suprema que, a pedido del ex espía de la dictadura Néstor Luis Montezanti, declaró nula la toma de posesión realizada ante funcionarios del Consejo de la Magistratura.

El principal inconveniente que encontró Alejo Ramos Padilla fue la Secretaría de Derechos Humanos, cuyo titular Mario Fernández Moreno es “el único secretario que no asistió y no asiste al juzgado desde que asumí”, situación agravada por la centralización personal que hacía el funcionario sobre “los expedientes más sensibles, información que no compartía con ninguna de las personas que lo acompañaban en su oficina de trabajo”.

Fernández Moreno se escabulló ante los funcionarios que participaban de la asunción del nuevo juez tras pedir una licencia médica que sorprendió al personal dado que “había estado hasta el día anterior instruyendo causas y tomando declaraciones en la causa contra (Álvaro) Coleffi”.

Su ausencia “provocó que se tornara dificultoso el conocimiento del estado procesal actual de las causas por delitos de lesa humanidad, así como recabar información precisa sobre los asuntos urgentes y relevantes que permitieran iniciar la gestión en dichas causas para una más eficaz administración de justicia”, manifestó el subrogante que debió suspender provisoriamente las audiencias previstas para ordenar el despacho.

La Secretaría de Derechos Humanos tramita las causas madre sobre crímenes de lesa humanidad denominadas V Cuerpo de Ejército y Comando de Operaciones Navales. La primera de ellas, cuenta con un centenar de imputados y 750 víctimas y acumula 172 cuerpos y más de 400 incidentes. En el caso de la Armada el trámite reúne 120 cuerpos y 250 incidentes. Aparte, se investigan las responsabilidades civiles del ex secretario Hugo Mario Sierra, el dueño de La Nueva Provincia Vicente Massot, el ex juez provincial Francisco Bentivegna y la de las bandas paraestatales popularmente conocidas como Triple A.

Si bien no existían registros actualizados, el magistrado informó que son 64 los imputados privados de la libertad por orden del juzgado, que está pendiente de resolución el estado procesal de otros 76 desde febrero de 2014 y que en el caso del represor Carlos Enrique Villanueva “se hallaría vencido el plazo de prisión preventiva”.

Por otra parte, Ramos Padilla escribió que “la guardia permanente de la Policía Federal Argentina tenía llaves de acceso a la Secretaría y, de este modo, a todas las instalaciones, a los expedientes, documentación y demás efectos -incluso armas- que se hallaban dispersos en todos los despachos”.

Por ello, dispuso el inmediato cambio de guardia y de cerraduras de las puertas de acceso a la Secretaría y la permanencia de la guardia nocturna fuera de sus instalaciones “para preservar el secreto de las investigaciones” pues se trata de causas “sensibles en la que se investiga a las fuerzas de seguridad y donde se encuentran datos de denunciantes, víctimas, testigos e imputados que son menester preservar”.

La nota completa en www.juiciobahiablanca.wordpress.com

Integrantes del Centro de Periodistas Jubilados Rodolfo Walsh y del Sindicato de Prensa de Neuquén denunciaron esta tarde ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadxs la apropiación del complejo edilicio Torre de Periodistas por parte de la dictadura cívico militar y comentaron los avances judiciales en relación a la investigación de los hechos como delitos económicos de lesa humanidad.

Durante la mañana, Víctor Hugo Reynoso adelantó detalles de la historia a FM De la Calle. “Nos preocupa la reivindicación histórica y moral y luego la recuperación del cuantioso patrimonio que, de acuerdo a la tasación que hicieron martilleros amigos, supera los diez millones de dólares, todo patrimonio de los periodistas de Neuquén”.

A fines de la década del ’60 un pequeño grupo de hombres y mujeres periodistas crearon una cooperativa de viviendas y el Sindicato de Prensa. “Era un momento del boom de la provincia del Neuquén en cuanto al petróleo, la universidad, el nacimiento del canal de televisión regional, la amplitud de la potencia de la emisora única que era LU5 Radio Neuquén y la aparición del diario Sur Argentino, que por supuesto trajo consigo numerosos colegas de todo el país, dibujantes, guionistas, personal gráfico. Empezamos a nuclearnos y formamos primero el Círculo de Periodistas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén en el ’67”.

En 1971 se colocó la piedra fundamental del complejo edilicio Periodistas I en av. Argentina y Periodistas Neuquinos, pleno centro de la capital provincial. Se proyectó la primera torre de viviendas de la región, “un barrio en altura de planta baja y catorce pisos, 86 departamentos”, el primer centro cultural neuquino y una novedosa torre de cocheras en altura.

Tras el golpe de Estado, las fuerzas armadas impidieron que la torre y el centro cultural sean inaugurados el 6 de junio de 1976, tal como estaba previsto para el día del periodista. “Irrumpieron fuerzas militares y nos robaron, nos saquearon, nos humillaron. Se llevaron toda la documentación de la cooperativa que estaba en un obrador al Comando de la VI Brigada donde funcionó la intervención militar”.

“Esta intervención militar demoró un año y cuatro meses la inauguración que ya estaba prácticamente a un paso de concretarse, solo faltaba las conexiones de Obras Sanitarias, Gas del Estado y CALF la cooperativa de electricidad de la ciudad -contó Reynoso-. Se hicieron un replanteo de todos los adjudicatarios y propietarios de los 86 departamentos, empezaron a depurar y con argucias y argumentos falaces, persecuciones, aquel que se atrasó dos meses le sacaban el departamento, aquel que se sospechaba que tenía alguna sobrina o alguien estudiando en La Plata vinculado a un movimiento subversivo, afuera; otros empleados públicos provinciales que fueron prescindidos, al no poder responder con un sueldo a la cuota mensual también fueron despojados”.

23 departamentos se distribuyeron entre las fuerzas armadas y de seguridad: 15 para el Ejército, cuatro para Gendarmería, dos para la Armada y otros dos para la Policía Federal. “Desde entonces hasta el día de hoy están allí. Es un ejemplo al máximo de la corrupción, la impunidad, la complicidad de los civiles, acá está comprometida gente que se ha enriquecido, profesionales, agrimensores, escribanos, abogados, políticos”.

“El Fondo Nacional de las Artes había prometido que en dos meses llegaban por tren las butacas, el equipo de proyección cinematográfica, los telones para el escenario. Fuimos a consultar qué pasa con el centro cultural. La denominación era Centro Cultural Comunitario. Nos dijeron ‘olvidensé del centro cultural comunista, ya oportunamente se les va a informar”, resaltó Reynoso.

Finalmente un empresario se quedó con el edificio y lo puso en venta. “Se lo entregaron a una inmobiliaria que dibujó allí dos locales comerciales, doce cocheras y dos bauleras. Cuando fuimos a reclamar el aporte que habíamos hecho nosotros, los 120 socios -el terreno, el proyecto y la obra- nos dijeron que eso oportunamente se les va a comunicar. Jamás comunicaron, jamás nos devolvieron el dinero. Además del robo, dejaron a la ciudad sin su primer centro cultural. (…) Está tal cual en 1976 ahora transformado en una verdulería por un lado, una rotisería por otro, doce cocheras y dos bauleras”.

Además de la Torre Periodistas I, la cooperativa había diagramado un segundo complejo para atender la demanda de otros cuarenta asociadxs. “Cometimos el proyecto complejo edilicio Periodistas II en un triángulo céntrico. Eran dos torres de viviendas con locales comerciales, oficinas, cocheras y bauleras”. Cuando comenzó la dictadura ya habían comprado las tierras y logrado financiamiento del Banco Hipotecario Nacional.

“Todo esto lo heredó la dictadura cívico militar genocida y desde entonces manejan a voluntad y tales negociados y denuncias y juicios provocaron la quiebra de la cooperativa. Al Banco del Sud, que creo que era de Bahía Blanca, hoy Banco Macro, le pidieron 1.800.000 dólares de préstamos respaldados por todos los bienes que tenía la cooperativa. Así que estamos desde el ’83 remando y recién hace dos años logramos que la Legislatura de Neuquén, el Concejo Deliberante, los organismos de derechos humanos y  la Defensoría del Pueblo se expidan a favor de nuestra petición”.

Con el acompañamiento de los fiscales Adrián García Lois, Miguel Palazzani y Walter Romero, el Sindicato de Prensa y el Centro de Periodistas Jubilados Rodolfo Walsh buscan que la apropiación de sus bienes sea declarada delito de lesa humanidad.


Foto: La Mañana de Neuquén.

Este miércoles se inaugurará el monumento a Juana Azurduy, obsequio del Estado Plurinacional de Bolivia a nuestro país. La obra ya fue emplazada en el lugar que ocupaba la figura de Cristóbal Colón en cercanías de la Casa Rosada. En la última emisión del micro de Kumelen Newen Mapu del programa En Eso Estamos de FM De la Calle dialogamos con Andrés Zerneri, el autor de la escultura que ahora avanzará con la concreción del Monumento a la Mujer Originaria.

Llevó tres años de trabajo darle forma a los 25 mil kilos de bronce que se utilizaron para la escultura más grande del país de dicho material, aunque para Zerneri este punto es circunstancial porque lo importante es el mensaje  que transmite: “Un mensaje para las futuras generaciones que tiene que ver con una exhortación a nuestra conciencia independentista como latinoamericanos”.

“Viniendo justo de un país que debe ser el único en el mundo que tiene un Ministerio de Descolonización, justo nos regalan una Juana Azurduy que está en un lugar donde hubo que sacar a Colón, que hubo que descolonizar. No sé destruyó ese monumento a Colón sino que se llevó a otro lugar de la misma ciudad pero sí se cumple una especie de despedestalización a partir de ahora de la figura de Colón”, afirmó respecto al monumento que antes de ser restaurado motivó presentaciones judiciales para impedir su traslado.

El homenaje a Azurduy fue encargado a Zerneri por la Embajada Boliviana. “Empecé a realizar una serie de bocetos, de dibujos, y unas entrevistas con el historiador Mario Linares que es el director y custodio de la Casa de la Libertad en Sucre, un lugar donde hay un museo con algunas pertenencias de Juana Azurduy, una persona que sabe mucho de la biografía de Juana y este historiador es quizás la persona que más me nutrió de los datos para poder resaltar”.

Aquellos bocetos fueron aprobados por el presidente Morales aunque su par argentina propuso algunas modificaciones. “Yo había hecho en un principio también en una escala más chica a la figura de Padilla, Belgrano, Güemes, creo que había sido muy literal con todo lo que me habían dicho y la presidenta me dejó un mensaje más claro. Ella pensaba en un monumento exclusivamente de Juana. Así que le recorté algunas figuras y quedó el monumento de Juana, lo volvió a ver el presidente Evo Morales y después empezamos el trabajo”, recordó el artista.

En cuanto al diseño, Zerneri explicó que la heroína de la independencia sudamericana tiene una espada en la mano izquierda aunque era diestra porque “quería que no tenga el registro bélico” y para transformar la espada en “un estandarte, una bandera o una antorcha” que tuviera “un gesto de guía”. En la mano derecha “tiene un gesto como de quién antepone su cuerpo para cubrir a un niño o a alguien a quien queremos proteger”. Y atrás están representados “sus cinco hijos y todo el pueblo en doce figuras que son los indios tarabuqueños, aymaras, quechuas, coyas, un gaucho de Güemes”.

La orientación de la estatua será otra diferencia con la de Colón. “Cada figura es coherente con el proyecto que lo emplazó porque ese Colón fue un regalo de los italianos, una figura totalmente realizada bajo la escuela estética europea y es un Colón que va a estar mirando hacia donde le interesa que es Europa. Sin denostar, lo digo como una diferencia nada más”.

“Y esta Juana Azurduy mira hacia América, hacia la tierra, hacia la Pachamama, me parece que es más coherente. Y está realizada con un material realmente americano porque uno de los primeros productores en el mundo de los dos materiales con los que se constituye el bronce justamente es Sudamérica, el cobre de Chile y el estaño de Bolivia”, agregó.

El acto oficial de inauguración será este miércoles a las 19 con la participación de Evo Morales y Cristina Fernández y ya despierta críticas como las de la Confederación Mapuche del Neuquén que denunció que “hay micros y pasajes aéreos para una multitud que se le exige aplaudir acríticamente lo que va a acontecer” y que a “la situación de exclusión y discriminación”  de cientos de comunidades que “demandan derechos humanos para los pueblos indígenas” solo se responde con “actos simbólicos y retóricos, cargados de demagogia y resignación”.

Zerneri comentó que también “va a haber una serie de espectáculos propuestos por la comunidad boliviana y argentina. Pero este no es un acto que tiene que circunscribirse en estos dos pueblos nada más, me parece que Juana Azurduy -que no era ni boliviana o argentina porque ella antecede a la historia de estos dos países con sus respectivos límites- peleó por la independencia de toda la región sudamericana, entonces, como Bolívar, como San Martín, son luchadores de esta Patria Grande”.

Entregada la estatua de Azurduy, el escultor pondrá manos a la obra del Monumento a la Mujer Originaria: “Habíamos interrumpido un poco y ahora volvemos con la construcción, ya tenemos casi todo el bronce que necesitamos, tenemos nueve toneladas y media y un poco más, de esa obra que también creo yo que es muy legítima porque la construye el pueblo y con las llaves del pueblo se manifiesta también el deseo de apoyar a las comunidades de pueblos originarios y decir que están presentes en esta diversidad de la que tenemos que enterarnos más”.

“Seguimos con este recurso de juntar las llaves y a través de esas llaves construir símbolos que nos alimentan y nos nutren para que entendamos más sobre nuestra identidad”, insistió Zerneri.

Se solicita colaboración: Si viajas a Buenos Aires o conocés a alguien que pueda acercar el bronce juntado en Bahía Blanca, comunicate con la radio al 4523074 o al correo [email protected]

El papa Jorge Bergoglio pidió perdón “por los crímenes cometidos contra los pueblos originarios de América en nombre de la Iglesia” durante el cierre un encuentro de movimientos populares en Bolivia. “Nos parece alentador el mensaje porque en América o Argentina hay una mayoría católica y por eso tenemos la esperanza de que ese catolicismo no se demuestre yendo a misa cada domingo solamente sino actuando cada minuto en este momento tan crucial”, opinó el integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nawel.

“Se han cometido muchos pecados contra los pueblos originarios de América Latina en nombre de la Iglesia y, tal como lo dijo Juan Pablo II, es tiempo que la Iglesia se postre ante Dios y pida perdón por los pecados pasados y presentes”, dijo Francisco y recordó a “millares de sacerdotes y obispos que se opusieron a la lógica de la espada con la fuerza de la cruz. Hubo pecado y abundante pero allí también sobreabundó la gracia frente a esos pueblos originarios, recuerden a todos”.

Consultado por FM De la Calle, el referente mapuche Jorge Nawel afirmó que “el perdón es un primer paso fundamental para luego generar políticas de reparación, ese es el valor que tiene, se reconoce un hecho, se reconoce el daño y en consecuencia se asume y se reconoce que es necesaria una reparación. No lo veo solamente como una cuestión simbólica o redentora, cristiana, sino que tiene una connotación política muy importante. Es un mensaje para los gobiernos, en este caso, para el Estado argentino que es lo que a nosotros nos involucra”.

“La presidenta o los gobernadores, acá tenemos a Jorge Sapag que es declarado militante católico y sin embargo a la hora de respetar o de adorar están primero las multinacionales, están las extractivas y a ellos sí les rinden pleitesía y honores como corresponde. Pero después, a los mensajes que les pueda dar su pastor los ignoran totalmente y estamos como si el Estado no hubiese estado aquí en 200 años de historia”, agregó.

Nawel comentó que son “bastante escépticos” respecto al impacto del mensaje papal porque “acá hay un dios fundamental que es el que impera en este país y en todo América lamentablemente, incluidos los gobiernos llamados progresistas o de izquierda, y es el sistema capitalista o neoliberal el dios que nadie se anima a desobedecer”.

“El papa lo dice claramente, no tenemos salida bajo ese modelo, sin embargo el gobierno actual proclama que fuera de ese modelo estamos perdidos. Nosotros creemos todo lo contrario, que en la medida en que se profundiza este modelo extractivista que solamente ve a la naturaleza como algo para explotar y reventar, estamos todos perdidos. Están perdidos los pueblos indígenas, está perdida la naturaleza, está perdida la sociedad en general porque no hay futuro bajo estas reglas de juego extractivista”.

Finalmente, destacó que la Iglesia Católica de Neuquén es “una excepción” y les permite enfrentar en forma conjunta algunas problemáticas: “Venimos de Las Coloradas, un pueblo que está hoy amenazado por una posible explotación de cobre que va a afectar a dos ríos que dan sustento no solo a ese pueblo sino a todo lo que hay agua abajo y uno de los sectores más movilizados en contra de la explotación minera es la iglesia a través del obispo Bressanelli”.

“La impronta que dejó De Nevares aquí décadas después continúa pero no alcanza, porque mientras tanto tenemos un gobierno declarado ardientemente católico que nos da con un caño día y noche. La lucha es muy fuerte, hay un condicionamiento, una resignación enorme de la dirigencia política de que no hay otra forma de sobrevivir que no sea matando a la naturaleza y eso nos plantea un futuro sombrío. Los pueblos indígenas por supuesto no vamos a bajar los brazos porque está en juego nuestra vida, cultura y territorio, estamos en el centro de los planes de explotación y no podemos bajar los brazos de ninguna manera”, manifestó.

Foto: Nato Cantero.

Como comunicábamos el pasado martes 8 de julio en “Buen morir: solo vale la voluntad propia”, Marcelo Diez falleció por muerte natural luego de permanecer durante dos décadas en estado vegetativo. En varias oportunidades, previendo que la situación era irreversible, sus familiares habían solicitado la interrupción del respirador. Sin embargo, los posicionamientos de las instituciones de la salud y de sectores sociales contrarios al principio de autonomía que proclama la bioética, predominaron sobre la de sus seres queridos.

Norman Pasquaré, titular del Comité de Bioética del Hospital Municipal, fue entrevistado por FM De la Calle y expresó su punto de vista sobre el resguardo jurídico que brinda la Ley por Muerte Digna: “uno de los fundamentos de la bioética mundial es la autonomía del paciente que significa que el paciente ejerce su libertad; así como está en condiciones de decidir que hace con su vida, también está en condiciones de decidir qué hace al final de su vida. La autonomía por mucho tiempo no se fue ejerciendo, hasta que surgió la ley que se apoya en las bases de la autonomía, que es el ejercicio de libertad del paciente”.

Aquellos pacientes que se encuentran en un estado cognitivo en funcionamiento y no quieren someterse a un tratamiento doloroso pueden autorizar su ‘Testamento vital’. La ley posibilita que estos pacientes puedan oponerse a recibir un tratamiento agresivo y elegir una muerte sin sufrimientos, ‘una muerte digna’. Aclara Pasquaré que esta gestión “hay que hacerla ante escribano pública, entre unión familiar y cuando el paciente está en perfecto estado”.

Pero ¿quién ejerce el derecho de elección por una muerte digna cuando la persona no puede hacerlo por su propia cuenta? La decisión la asumen los tutores legales del paciente, la ley cubre hasta un 4° grado de consanguineidad. En el caso de un hijo/a, si ambos padres deciden que ya ha pasado tiempo y no va a revertirse la situación, pueden ejercen la autonomía del paciente con certificado de los médicos. En el caso de los médicos que no estén de acuerdo, los padres pueden recurrir a la justicia. “El médico tiene sus principios religiosos y morales, puede negarse a realizar esa tarea, se niega y hace su objeción de conciencia, pero como no puede abandonarlos debe conseguir a otro médico. La obligación de los médicos es que los pacientes estén siempre hidratados y sedados”.

En Bahía Blanca ha habido casos de ‘Testamento vital’. El Comité del Hospital Municipal se encarga de clarificar, aconsejar o interpretar la ética en situaciones de pacientes que se encuentran en estado vegetativo, no funciona como tribunal de justicia.

Finalmente, Pasquaré señala que es imposible que el derecho por la muerte digna se ejerza si el acceso a la salud se cierra a determinados sectores sociales: “la muerte digna es posible cuando la vida es digna, los tratamientos médicos y avances tecnológicos y científicos de la medicina deben ser aplicados a todos por igual y eso no sucede en nuestros países, hay personas con más posibilidades que otras, y ahí ya no estamos cumpliendo con la ética ni con los derechos humanos”.

Un nuevo episodio intimidatorio se sumó al contexto de la investigación judicial por contaminación del estuario bahiense. Tras el falso robo en el estudio del dr. Lucas Beier, el ataque con brea contra el frente de su casa y el intento de incendio del auto de uno de los denunciantes, otros dos trabajadores de la pesca fueron amenazados y golpeados en el interior del puerto de Ing. White.

La noticia fue confirmada por el abogado Luis Arellano, quien representa junto a Beier a la Asociación de Pescadores de la Ría de Bahía Blanca en la causa contra las empresas del polo petroquímico y ABSA.

Ayer por la tarde aseguró durante la emisión de Tarde Piaste que “a uno de nuestros clientes lo amenazaron con una referencia bien directa a que se dejara de joder con el juicio, así fue más o menos la expresión, y ayer a la noche otras dos personas también pescadores que no son clientes, no integran el grupo del juicio, tuvieron un altercado y uno de ellos recibió una paliza con referencias directas a las acciones judiciales”.

Dentro del área portuaria “se bajó una (persona) y le partió un palo en el cuerpo a la víctima que se defendió y como la defensa fue más fuerte que el ataque, bajaron el resto que estaba en el auto, cuatro o cinco, y entre ellos le propinaron la paliza”. El letrado afirmó que la justicia intervino de oficio y opinó que “es un camino errado tratar de resolver conflictos del modo violento”.

“Se está dejando pasar la oportunidad de afrontar de una vez por todas la problemática de la contaminación de la ría de Bahía Blanca -explicó Arellano-. Ese es el origen de todas estas causas, o sea, que hoy los pescadores no tengan más posibilidad de ejercer su industria, que hicieron en forma pacífica durante un tiempo larguísimo, familias enteras que de generación en generación se dedicaban a esto hoy han perdido su tren de trabajo, su forma de vida. Y ellos han sido quienes tomaron la iniciativa de defender un recurso que es de todos, la acción que están llevando a cabo es para beneficio de la comunidad toda, que se deba dejar de contaminar y tratar de hacer algo para sanear el estuario”.

Para el abogado, si la fuerza que se encamina hacia hechos violentos fuera “la misma voluntad de afrontar este problema, se apuntaría sobre las autoridades públicas para generar las normas” que permitieran el saneamiento, que son “posibles, no muy difíciles y no muy caras, sería mejor que esto de intentar tapar el sol con las manos”.

“De hecho hay empresas privadas que controlarían, recibirían el barro residual de la cloaca de Bahía Blanca a ABSA para limpiarlo y poder vender por lo menos el 30 por ciento del agua potable que consume el polo petroquímico para su ciclo productivo”, concluyó Arellano.

El ex fiscal general Hugo Cañón sostuvo, en diálogo con el programa En Eso Estamos de FM De la Calle, que la  marcha promovida ayer por “la corporación judicial” significa “una disputa de poder” impulsada por “un poder concentrado y endogámico como es el judicial, que se quiere autogobernar y quiere mantener un status quo que viene de hace muchos años sin ningún tipo de posibilidad de oxigenación”.

Lo demuestra el discurso del titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Ricardo Recondo. “Él pertenece al riñón de esa corporación judicial tradicional. Él fue funcionario como secretario letrado de la Corte en la época de la dictadura militar. Fue secretario de Justicia en la época de Alfonsín. Luego fue asesor del ministro de Justicia de Menem, Oyhanarte, que duró sólo tres meses, pero fueron tres meses en los que se dictó el indulto. Y él, como camarista en la actualidad, también ha exhibido la parálisis del poder judicial en relación al tema de la Ley de Medios, por ejemplo”, continuó.

Acerca de la campaña de reivindicación del juez apartado Luis María Cabral, Cañón dijo que “todo esto tiene que ver con mantener un ocultamiento en el manejo interno del Poder Judicial. El doctor Cabral entró en el año 1993 en el Tribunal Oral Nº 9 de Capital Federal a dedo por indicación del juez Madueño de la Cámara Nacional de Casación Penal y a los tres días asumió porque la corporación judicial funciona de esa manera”.

“Ahora, cuando sale la Ley de Subrogantes que establece un mecanismo institucional y a pedido de la propia Cámara de Casación se propone que se designe como corresponde legalmente a un subrogante en ese lugar que ocupa Cabral, se genera toda esta reacción colectiva que tiene que ver, insisto, con esa corporación judicial que se auto defiende para mantener el privilegio de autogobernarse. No se quiere democratizar”.

Además, Cañón afirmó que la AMFJN, es manejada “como un lugar que es un club social. Yo soy socio desde el año 1986 cuando asumí como fiscal pero nunca utilicé los servicios de privilegio que tienen en lugares de tiro al blanco, de prácticas para hacer vuelos. Es toda una élite que me hace acordar mucho también a esas élites de los militares cuando se auto manejaban con una inmunidad que no era alcanzada por todos los demás sectores que integran la sociedad argentina”.

En casa de juez…

“El caso de la prolongación de Fayt, desconociendo la Constitución con una resolución de la propia Corte que anula la clausura de los 75 años, demuestra la actitud corporativa. Por otro lado, hay una ley que establece que paguemos impuesto a las ganancias y la misma Corte establece que no pagamos los impuestos a las ganancias porque también es una élite privilegiada la pertenencia a este poder judicial”, ejemplificó en torno de la actitud corporativa de sendos sectores judiciales.

En el caso de la movilización y acto de ayer, “se pone como excusa que haya un procedimiento que desconoce las facultades que ellos tenían y siguen teniendo para poder atacar a una ley. En Bahía Blanca siempre la lista de conjueces la elaboró la Cámara Federal y la elegían a dedo. Tomaban la lista del Colegio de Abogados y en una relación de afinidad componían la lista a dedo. Así salió Pontet designado en Bahía Blanca. Ahí no se hacían olas porque se manejaba dentro de la corporación judicial. Cuando hay una ley transparente que establece un mecanismo de propuestas que pasa por el Consejo de la Magistratura, luego va al Poder Ejecutivo quien lo remite al Senado, puede ser objetado en el Senado y de esa lista surgen las designaciones, se arma este escándalo público que, en última instancia insisto, es una movida política”.

Montezanti: paradigma de la corporación

El presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, deberá presentarse ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura para defenderse de la acusación por mal desempeño en sus funciones derivada de la unificación de reiteradas denuncias en su contra el próxima 25 de agosto.

Consultado por el rol del ex PCI en el ámbito de la justicia, Cañón sostuvo que “si hablamos de corporación judicial, el caso Montezanti es un caso paradigmático. Un personaje que ha estado vinculado a la dictadura, que fue agente de inteligencia, que además tiene denuncias de los gremios por atropellos a los empleados, que desconoció un fallo del Tribunal de Trabajo que ponía a los trabajadores en el lugar que le correspondía y por la que la Corte tuvo que ordenarle a la Cámara que acatara la resolución judicial, es una persona que merece que se ponga bajo la lupa del Consejo de la Magistratura”.

“Bahía Blanca merece tener una justicia que no esté trabada y que esté manejada como lo está en este momento por sectores vinculados al poder real”, finalizó.

La Corte Suprema ordenó que se respete la decisión de un paciente para suspender medidas que desde hacía veinte años prolongaban artificialmente su vida. Se trata de Marcelo Diez, quien falleció horas después de difundirse el fallo que confirmó una decisión del Tribunal Superior de Justicia neuquino. Diez sufrió un incidente automovilístico y se encontraba postrado desde 1995.

El máximo tribunal realizó además consideraciones relevantes sobre los derechos de lxs pacientes y remarcó que, como regla, deben evitarse judicializaciones innecesarias de decisiones relativas al cese de prácticas médicas.

“Desde hace más de veinte años no habla, no muestra respuestas gestuales o verbales, no vocaliza ni gesticula ante estímulos verbales y tampoco responde ante estímulos visuales. Carece de conciencia del medio que lo rodea, de capacidad de elaborar una comunicación, comprensión o expresión a través de lenguaje alguno y no presenta evidencia de actividad cognitiva residual. Dado su estado, necesita atención permanente para satisfacer sus necesidades básicas y es alimentado por una sonda conectada a su intestino delgado”, señalaron las pericias que ratificaron “el carácter irreversible e incurable de su situación”

El paciente no había brindado ninguna instrucción formalizada por escrito respecto a qué conducta médica debía adoptarse en una situación como la que se encontraba, sin embargo, le había manifestado a sus hermanas que, en la eventualidad de hallarse en el futuro en esta clase de estado irreversible, no era su deseo que se prolongara artificialmente su vida. Por ello, sus hermanas pidieron la suspensión de las medidas de soporte vital que se le suministraron por dos décadas.

En el fallo, la Corte Suprema consideró que la Ley de Derechos del Paciente contempla la situación de quienes, como Diez, se encuentran imposibilitadxs de expresar su consentimiento informado y autoriza a sus familiares a dar testimonio de la voluntad del paciente respecto de los tratamientos médicos que éstx quiere o no recibir.

Además, aclara que no se trata de eutanasia, que la ley autoriza solicitar el cese de la hidratación y alimentación artificial en tanto constituyen una forma de tratamiento médico y que “es indiscutible” que los derechos fundamentales de Marcelo Diez debían ser protegidos sin discriminación alguna y que, por ello, gozaba del derecho a la plena autodeterminación de decidir tanto recibir las necesarias prestaciones de salud como también cesar su tratamiento médico.

“La única voluntad que debe tenerse en cuenta es la del paciente”, escribieron lxs ministrxs y agregaron que “a ningún poder del Estado, institución o persona distinta” a Diez le correspondía decidir si su vida merecía ser vivida. “En este supuesto, sus familiares sólo pueden testimoniar, bajo declaración jurada, la voluntad del paciente. Por lo que no deciden ni ‘en el lugar’ del paciente ni ‘por’ el paciente ni ‘con’ el paciente sino comunicando cual es la voluntad de este”.

La Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de la puesta en posesión -no de la subrogancia- del juez Alejo Ramos Padilla en el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca. El acto efectuado por el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Daniel Candis, fue para el máximo tribunal “una clara intromisión” en los poderes que tiene “como titular del Departamento del Gobierno Federal”.

Días atrás la presidenta del Consejo, Gabriela Vázquez, explicó a FM De la Calle que luego de la designación de Ramos Padilla “le comuniqué personalmente por oficio” al presidente de la Cámara, Néstor Montezanti, y que Candis anunció el acto con dos días de anticipación. “Ramos Padilla no necesita juramento porque ya es juez de la Constitución con acuerdo del Senado y ya juró cuando fue puesto en posesión en el juzgado federal de Dolores, la Cámara avisó que estaba anoticiada y que iba a concurrir pero luego no fue, estaba presente el dr. (Santiago) Martínez y otros funcionarios y personal del juzgado”.

La Corte Suprema no esperó la existencia de un “caso judicial” para poder pronunciarse sobre la nueva Ley de Subrogancias, que pone en el Consejo de la Magistratura la designación de jueces y juezas subrogantes.

Fue a través de la Resolución 1945/15, firmada en el acuerdo de este martes por lxs ministrxs Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Ayer Lorenzetti recibió a presidentes de las cámaras federales en el marco de una nueva movilización en defensa de la “independencia judicial” y del ex camarista de Casación Luis Cabral.

El presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, aseguró desde el escenario que “por ahí” andaba Ulpiano Martínez, uno de los artífices de la impunidad de los civiles del terrorismo de Estado en Bahía Blanca cuya subrogancia no fue renovada por la Magistratura.

La nota completa en www.juiciobahiablanca.wordpress.com 

El próximo 25 de agosto el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, deberá presentarse ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura para defenderse de la acusación por mal desempeño en sus funciones derivada de la unificación de reiteradas denuncias en su contra.

Precisamente se le reprocha al ex Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos, y que evidencian la falta de idoneidad moral y de vocación democrática, ambas condiciones indispensables para el desempeño de su cargo de magistrado del Poder Judicial de la Nación”.

Además, le imputan “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes, e incluso respecto a los sres. consejeros de este cuerpo”.

Su defensa de la pena de muerte, su “estrecho vínculo” con “los principales integrantes de la Triple A” bahiense y su confirmada pertenencia al Destacamento de Inteligencia 181, mediante una “directa relación” con el represor José Osvaldo “Balita” Riveiro, evidencian para los consejerxs que “Montezanti comulgó con el plan de exterminio sostenido por los genocidas y fue partícipe del accionar de la Triple A desde su rol de abogado y empleado de la Universidad Nacional del Sur, careciendo totalmente de la vocación democrática exigida para ser magistrado de la Nación”.

La citación del camarista fue impulsada por el secretario de Justicia Julián Álvarez y acompañada por lxs legisladorxs Ruperto Godoy, Héctor Recalde, Anabel Sánchez Sagasti y Ángel Rozas; el académico Jorge Candis y la abogada Adriana Donato. Los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes prefirieron abstenerse.

El dictamen aprobado por la comisión advierte que “la vinculación del dr. Montezanti con el terrorismo de Estado no ha culminado con el advenimiento de la democracia siendo que éste se encuentra relacionado –en la actualidad- con muchos de los que participaron del plan genocida, acuerda con la ideología y el accionar desplegado por los represores así como resulta evidente la réplica que ha efectuado de la matriz militar en los distintos ámbitos en los que se ha desempeñado”.

Esto es abonado por su permanente “utilización de terminología castrense”, la prohibición de circulación de empleadxs en los pasillos del tribunal, la implementación de medidas de avance sobre la autonomía de la Fiscalía cuando aún era su titular Hugo Cañón y la organización de un sistema de “espionaje” a fin de controlar e investigar a lxs empleadxs y/o funcionarixs de la Cámara Federal.

Además, el Consejo evalúa el perfil autoritario del camarista hacia sus subordinados y alumnxs de la Universidad Nacional del Sur, la notable intolerancia del magistrado respecto a las organizaciones políticas de izquierda y a la actividad social y su estrecha vinculación con personas sindicadas como autores y partícipes de delitos de lesa humanidad como los imputados Hugo Sierra y Francisco Bentivegna, ex secretario judicial federal y juez provincial respectivamente.

La nota completa en www.juiciobahiablanca.wordpress.com

El secretario de Derechos Humanos de la Nación recibió ayer a 16 dirigentes del acampe QOPIWINI. Durante la madrugada, más de cien efectivos de la Policía Federal habían impedido un corte que realizaban integrantes de las comunidades qom, wichí, nivaclé y pilagá, quienes acampan desde hace cuatro meses exigiendo diálogo con la presidenta y la restitución de sus territorios.

El dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Pablo Pimentel, participó de la reunión presidida por el dr. Marín Fresneda.

“Pudieron exponer de una claridad meridiana y un respeto del que tenemos que aprender. Fueron dos horas y media o tres de reunión”, dijo el militante a FM De la Calle.

Por otra parte, la Secretaría asumió el “compromiso de que el miércoles que viene a las 10 de la mañana Martín Fresneda va a dar respuesta a los puntos en los que todos los hermanos plantearon por qué está el acampe ahí”.

“Si no hay resolución de la restitución territorial, el respeto a la consulta ante cualquier obra que se haga en territorio originario y sobre todo que termine el hostigamiento por medio de causas judiciales, (…) no se puede seguir hablando”, aseguró en referencia a los principales ejes expuestos.

No es la primera reunión en que un funcionario recibe a dirigentes de pueblos originarios. El último antecedente fue en mayo de 2011 cuando el Ministro del Interior y Transporte comenzó una mesa de diálogo. Según Pimentel, “no se cumplieron ninguna de las actas firmadas por Florencio Randazzo”.

La presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, en diálogo con FM De la Calle aseguró  que el organismo está avanzando en la cobertura de tres vacantes de la Cámara Federal de Bahía Blanca, el análisis de las denuncias presentadas contra su presidente, el ex PCI Néstor Luis Montezanti, y el concurso para designar al titular del Juzgado Federal Nº1 que tiene como aspirantes a Álvaro Coleffi y Santiago Martínez, dos protagonistas del “festival de subrogancias” en la jurisdicción.

“Tengo 33 años de tribunales y en todos estos años que llevo trabajando no recuerdo que en vigencia de la democracia se haya vivido una situación de tanto conflicto, un conflicto tan prolongado y tan intenso. Había denuncias penales cruzadas entre funcionarios y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, excusaciones, recusaciones, un festival de subrogancias sin participación del Consejo de la Magistratura”, advirtió.

Sobre la exoneración de Coleffi, quien intervino en investigaciones contra civiles partícipes en el terrorismo de Estado, manifestó que “nunca vi una cesantía de un secretario en tan poco tiempo” y, por otra parte, calificó como “un despropósito” la participación en “política partidaria” de la Asociación de Magistrados.

Objetivo Bahía Blanca

Respecto de la no renovación de la subrogancia de Santiago Martínez, lograda por el desempate de su voto en el plenario del 18 de junio, explicó que el eje fue plantear “cuál es la función que tiene el Consejo de la Magistratura según la Constitución Nacional. El art. 114 dice que fue creado para asegurar una eficaz prestación de los servicios de justicia”.

Por ello, “cuando la Cámara Federal de Bahía Blanca nos remite los oficios el 30 de diciembre de 2014 y el 11 de marzo de 2015 referidos a la subrogancias de los dres. Martínez y Pontet, es la misma Cámara (la que) puntualiza que es este Consejo de la Magistratura la autoridad competente para resolver sobre la designación de subrogantes y nos pide una manifestación expresa acerca de las subrogancias prolongadas que había dispuesto la Cámara sin intervención del Consejo. Fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de decidir”.

“Estudiamos lo que estaba pasando en la jurisdicción, escuchamos a todos los actores, al dr. Santiago Ulpiano Martínez, leímos las numerosas presentaciones que hizo Martínez, los fiscales Palazzani y Nebbia, el consejero académico Daniel Candis fue a la jurisdicción, conversó con la jueza Marrón, con la Cámara, con otros funcionarios, y la verdad que yo tengo 33 años de tribunales y en todos estos años que llevo trabajando no recuerdo que en vigencia de la democracia se haya vivido una situación de tanto conflicto, un conflicto tan prolongado y tan intenso”, repasó.

Vázquez agregó que la intervención del cuerpo que preside fue motivada por esas “denuncias penales cruzadas entre funcionarios y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, excusaciones, recusaciones” y el “festival de subrogancias” no soló sin la participación del Consejo sino “designadas incluso por un solo camarista”.

A eso sumó “todo ese desasosiego social que hemos visto, con movilizaciones masivas y, como corolario y consecuencia, la demora y las incertidumbres en las causas de lesa humanidad que la Corte Suprema nos ha ordenado a todos los jueces y juezas que debemos sustanciar sin demoras” y los compromisos internacionales para garantizar el derecho humano de acceder a la justicia.

Luego se refirió a la cesantía  “en tiempo record” de Álvaro Coleffi, subrogante en las causas contra los represores civiles Vicente Massot, Hugo Sierra y Aldo Vara. “Tengo entendido que el funcionario Coleffi pidió una reconsideración en la Cámara Federal de Bahía Blanca que nunca le fue proveída, nunca le contestaron. Incluso hay miembros de la Cámara con denuncias hechas por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, en lo concreto respecto del juez Montezanti“.

Otros pedidos de juicio político contra el camarista fueron motivados por sus supuestos vínculos con la Triple A -fue comprobada judicialmente su presencia junto a la patota parapolicial en una toma universitaria en 1974-, su pertenencia al Batallón 601 del Ejército como Personal Civil de Inteligencia y su más reciente intervención en la exoneración de Coleffi tras reasumir, sin motivo justificable, funciones para las cuales estaba excusado.

Vázquez evitó hacer consideraciones sobre imputaciones que deberá analizar como consejera y se limitó a informar que “estamos sustanciando las denuncias que se realizaron”, que el camarista ya fue notificado y que la Comisión de Acusación y Disciplina debe decidir si lo cita o no a “una suerte de indagatoria en un proceso disciplinario”. Este último punto fue incluido en la orden del día que la Comisión tratará este jueves.

La presidenta del Consejo de la Magistratura afirmó a FM De la Calle que apuntan a cubrir las tres vacantes de la Cámara Federal – “ese concurso está en trámite y pronto se van a enterar cuál es la fecha de la prueba”- y que antes se resolverá la titularidad del Juzgado Federal Nº1, para lo cual resta una audiencia para “conocer” a los postulantes y pedirles opinión “sobre temas importantes que hacen a la comunidad, a la sociedad y al Derecho”.

Disputa política

Durante la primera parte de la entrevista, la dra. Gabriela Vázquez explicó lo actuado por el organismo en el caso de Luis Cabral, el juez ordinario al que no se le renovó la subrogancia en la Cámara de Casación Penal, acto que motivó la reacción de factores del poder judicial, político y mediático que denuncian al gobierno nacional por atacar la “independencia judicial” y “la república”.

Para la funcionaria, Cabral “no debió ser designado en la Casación porque no se hizo el sorteo, fue a dedo y ni siquiera entre los jueces que estaban llamados a ocupar ese lugar” y tampoco cumplía el servicio de justicia: “Era una sala que estaba produciendo muy poquito, este año sacaron 305 sentencias mientras que la Sala III donde había otro subrogante sacaron 958 y en la Sala IV del dr. Borinsky, que fue ratificada su designación, sacó 1177”.

Ante la convocatoria de la Asociación de Magistrados y la Federación de Colegios de Abogados a concentrarse “en defensa de la Constitución” el próximo 7 de julio, la presidenta del Consejo opinó que es “un despropósito” y que “los jueces y las juezas no debemos participar en política partidaria”.

“Me parece que la Asociación de Magistrados, sin el aval de la Lista Celeste a la que pertenezco, está haciendo reuniones con partidos políticos, se está metiendo en política partidaria y eso es un temperamento que no corresponde a los jueces y las juezas. Si bien tenemos ideologías -si no, no seríamos personas- y además diseñamos políticas públicas y las llevamos a cabo conjuntamente con otros poderes del Estado, no podemos de ningún modo intervenir en política partidaria como está haciendo la Asociación de Magistrados en este momento, sacándose fotos en febrero con Sergio Massa y hace dos días con todos los diputados de la oposición al oficialismo”.

Aproximadamente a la una y cuarto de la mañana “una especie de bomba molotov”  fue arrojada “abajo del vehículo de uno de los pescadores, prendiéndose fuego”, dijo a FM De la Calle el abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca, Lucas Beier. “Justo atrás venía un patrullero así que se lo pudo apagar bastante rápido”, agregó.

En la madrugada del 21 de junio fue agredida con brea caliente la fachada del domicilio particular del letrado.

“Es muy negativo el mensaje que están dejando. Del otro lado hay instituciones públicas y hay empresas multinacionales de gran importancia y están actuando de esta forma. Ya no queda ninguna duda de dónde viene y cuál es el mensaje que quieren dar”, aseguró Beier apuntado a las firmas imputadas en la causa por contaminación ambiental en la ría.

“Quieren dejar el mensaje más claro. Al cliente que le hicieron esto, Ricardo Pasquali, es uno de los más activos en el juicio y es el que más contacto tiene conmigo. Es el nexo entre el resto de los pescadores y las causas” agregó.

Aún no se sabe si hay testigos del hecho. Sin embargo, “ya está hecha la denuncia. La Fiscalía Federal vuelve a tomar la causa porque también hace una conexión entre lo que está sucediendo vinculado a la causa principal, que es la causa por delito ambiental”.

Los pescadores se reunieron durante el día de hoy para definir los pasos a seguir en este contexto de intimidaciones.

La QOPIWINI (organización que nuclea a los pueblos Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé) definió realizar anoche una fogata cortando Avenida de Mayo y 9 de Julio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a metros del acampe instalado hace cuatro meses en búsqueda de diálogo con la presidenta Cristina Fernández.

El qarashe qom Félix Díaz dijo a FM De la Calle que “la policía pidió que se abriera media calzada. Se hizo. Los hermanos subieron a la vereda del acampe. Fue como a las tres de la mañana”.

Sin embargo, pese a liberar el espacio, “la policía decía que salgan de la vereda que si no les iban a secuestrar los equipos de sonido que nos prestaron anoche, o si no iban a llevar detenidas a las personas que no querían salir. Ahí avanzaron más policías, más carros de asaltos, antimotines. Era una cantidad bastante importante. Cientos de policías”.

Con el paso de las horas se acercaron al lugar diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos. “Por suerte la comunidad capitalina ha respondido bastante. La policía en este preciso momento se retiró”, aseguró Díaz.

Sobre las diez y media, cuando los efectivos policiales se retiraron, estaban presentes, entre otrxs dirigentes, Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz) y Pablo Pimentel (APDH La Matanza).

Luego de este reclamo, Díaz informó que serían recibidos a las 14 por el secretario de Derechos Humanos de la Nación Martín Fresneda “para pedir que interceda en el diálogo con la presidenta”.

La jefa de Estado, hasta el momento, se negó a recibir a los dirigentes de los pueblos originarios luego de reiterados pedidos de audiencia.