Vigilia en La Pana: “Ojalá podamos encontrarnos”

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El Centro Cultural La Panadería y Grupo Nuevodrama Teatro, en adhesión a los actos conmemorativos del 40° aniversario del último golpe de Estado cívico militar, presentará a las 21 la obra Arturo Ui en Lamadrid 544, posteriormente se realizará una vigilia cultural con músicxs, poetas y artistas.

Alberto Rodríguez resaltó por FM De la Calle la necesidad de revisar por qué militaban lxs 30 mil y destacó que “las luchas no pueden estar divididas, el 24 no puede tener dos marchas y por eso este 23 queremos que sea una vigilia en unidad, hemos hecho la convocatoria a todos los sectores, es una expresión cultural, es más unitaria, menos problemática tal vez, ojalá que en esto sí nos podamos encontrar”.

En cuanto a la selección de la obra de Bertol Bretch, el actor afirmó que “tiene que ver con lo que está pasando, lamentablemente, el ascenso de los sectores reaccionarios al poder, en este caso en nuestro país, pero Europa con las movilizaciones y avances de los grupos de ultraderechistas en contra del inmigrante, creo que la xenofobia ha aumentado en el mundo en función de que este señor por más que tenga color negro y sea demócrata ha avanzado en las guerras y en la destrucción de países como Libia o Siria. Creo que el imperialismo nunca ha dejado de actuar”, aseguró Rodríguez.

arturo uiAl ser consultado sobre la recepción del gobierno macrista a Barack Obama colocando banderas estadounidenses en el Parque de la Memoria, Alberto subrayó que se trata de “una nueva desaparición de los desaparecidos (…) ya que el principal responsable junto con la junta cívico militar que asumió en aquel entonces, no cabe dudas que Estados Unidos fue el que jugó el rol principal”.

“Lo que viene se va a hacer mucho más difícil”, adelantó y agregó que como “diría un viejo maestro: los ricos cuando ven peligrar sus bienes se unen y son un puño único, quienes luchamos por una sociedad distinta no nos une el dinero, por lo tanto tenemos muchas veces diferencias y desunión, creo que los treinta mil tenían una idea de país, hay que empezar a debatir eso, qué tipo de país, por quién luchaban, por qué Estado luchaban, cuáles eran sus ideales”, dijo.

En ese sentido, opinó que en que en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia quedó pendiente la discusión sobre los proyectos políticos de la militancia setentista: “No se retomaron los escritos, las revistas, los periódicos de aquel entonces para ver si realmente estábamos luchando por un sistema democrático burgués donde la corrupción siempre iba a manos de los ricos, donde los negocios los hacían las grandes corporaciones, donde las mineras se quedaban con la tierra y con el fruto de las mismas sin pagar un céntimo. Ese no era el proyecto revolucionario de los setenta. No para imitar, no para volver a querer llevar adelante los mismos métodos, pero sí creo que hay que rediscutir gramscianamente una nueva forma de hacer política”.

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Recurrieron en Casación falta de mérito de Massot

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Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia presentaron un recurso para que la Cámara de Casación Penal revierta el fallo de la Cámara Federal de Bahía Blanca que benefició con falta de mérito al director del diario LaNueva. (ex La Nueva Provincia), Vicente Massot. Reseñaron las pruebas sobre la acción psicológica ejercida por el diario y documentos sobre los aportes de Massot al crimen de dos obreros gráficos.

La presentación apunta a torcer el rumbo fijado en la causa por el juez subrogante Claudio Pontet, quien dictó en primera instancia la falta de mérito y luego fue apartado del expediente, y la confirmación -fechada el 25 de febrero- de esa decisión por parte de los camaristas Pablo Candisano Mera y Jorge Ferro, quines deberán tratar ahora la admisibilidad del recurso y rechazarlo o enviarlo a Casación para su tratamiento.

Massot está acusado por la Fiscalía de haber realizado aportes indispensables en el homicidio en 1976 de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola tras un conflicto sindical registrado el año anterior. También, le imputan haber efectuado desde el diario aportes “esenciales” en el “ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica realizadas al servicio de las Fuerzas Armadas antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar.

En el recurso de casación, Palazzani y Nebbia señalaron que la resolución de la Cámara Federal era nula “por ausencia de mayoría válida de votos coincidentes” para analizar la actuación como juez subrogante del secretario judicial Pontet y la consecuente validez de su fallo. La Fiscalía había tachado de ilegal la actuación de ese funcionario, a quien incluso había recusado -sin que esa petición hubiera sido tratada a tiempo- por su relación con Massot y su parcial actuación en las causas por crímenes de lesa humanidad. Por ese motivo señalaron oportunamente que correspondía “declarar la inexistencia de la falta de mérito dictada en primera instancia”.

Por otro lado, los fiscales señalaron que la resolución “padece de arbitrariedad y fundamentación aparente” y remarcaron que “el dictado de la falta de mérito resulta equiparable a sentencia definitiva”, lo cual -sostuvieron- es suficiente motivo para fundar la admisibilidad del recurso.

Acción psicológica

Palazzani y Nebbia pusieron de relieve que la resolución de los camaristas “reconoce que las acciones psicológicas eran parte del plan criminal (lo que implica admitir su relevancia penal), que para su ejecución resultaban necesarios los medios de comunicación y que no sólo la misma se ejerció a través de La Nueva Provincia, sino que está resultaba indispensable para tal tarea”. Y subrayaron que, en ese contexto argumental, la confirmación de la falta de mérito es la “tergiversación” de los hechos. “De acuerdo al resolutorio, la imputación penal reprocha a Vicente Gonzalo Massot el ser dueño de un monopolio mediático regional, durante el período de los años de plomo”.

Los representantes del Ministerio Público explicaron que “la sentencia invierte completamente los términos de la hipótesis imputativa, pues esta última no parte de lo que era La Nueva Provincia, sino de lo que hizo, es decir, qué publicó durante el período de tiempo investigado, y de qué modo dicha actividad se encontraba funcionalmente inserta dentro del plan criminal sistemático, de un modo general (incitando a todo el tejido social a participar del genocidio, legitimando las acciones genocidas, y ocultando su ilegalidad) y particular (publicando información falsa en relación a las víctimas del accionar genocida)”.

También subrayaron que los tomos con los diarios de la época -secuestrados en un allanamiento encabezado por los fiscales en la sede del medio gráfico- son la prueba de esa hipótesis.

Los fiscales señalaron que en el diario, la radio y la televisión conducidas por la familia Massot “quedó plasmado un mensaje de incitación al genocidio, a través de una exhortación al aniquilamiento total y definitivo de un colectivo humano (el ‘enemigo’, el ‘subversivo’, el ‘apátrida’, el ‘ideólogo’), un llamado a la población a comprometerse, formar parte, colaborar y asumir las responsabilidades de aquella ‘tarea histórica’, una legitimación del accionar represivo y un ocultamiento de la ilegalidad”.

Esa misma conducta se dio con “una amplísima empresa de persecución y señalamiento del blanco (la configuración y selección del “otro”), en buena parte orientado hacia aquellos que denunciaban y/o reclamaban por las personas desaparecidas, calificándolos como acción psicológica del enemigo”, describieron.

En este sentido, los fiscales cuestionaron la interpretación que los camaristas hicieron de la acusación, al considerar -los jueces- que la Fiscalía puso todo el peso de la acción psicológica desarrollada por las Fuerzas Armadas en La Nueva Provincia y señalar que la empresa fue “utilizada” por los responsables militares de la zona. Esas dos aseveraciones, señalaron, son erróneas, pues “como toda actividad criminal compleja realizada como parte del terrorismo de Estado, la acción psicológica constituía uno de los planos del plan criminal consumado de manera general sobre la población, y particular sobre cada una de las víctimas. Además, la acción psicológica implicaba en sí misma una actividad colectiva, que abarcaba diferentes actores y etapas”.

Al respecto, puntualizaron que “una vez reconocido que la acción psicológica era parte del plan criminal general y particular y que La Nueva Provincia participó materialmente de tales procedimientos, lo que correspondía sopesar era si dicho aporte resultaba penalmente relevante”.

Inteligencia de manual militar

Los fiscales citaron además los reglamentos militares de la especialidad de inteligencia, que definen los objetivos y los medios, y recordaron que el jefe del V Cuerpo del Ejército, Adel Vilas, definió por entonces a La Nueva Provincia como “un valioso auxiliar de la conducción” en las tareas de acción psicológica, luego de que el diario presentara como muertos en un enfrentamiento a víctimas de una ejecución.

Por otro lado, los fiscales cuestionaron que la Cámara pretendiera presentar que el diario alentó a la denominada “lucha contra la subversión” sólo en su aspecto “legal” y recordaron al respecto que “la exhortación cotidiana y constante al exterminio de un grupo de la población, no sólo no puede considerarse un apoyo a aspecto legal alguno, sino que se encuentra expresamente contemplado por el Derecho Internacional Público, como uno de los más graves delitos que puede concebir la humanidad”.

En ese sentido, añadieron que “no puede predicarse sobre una misma actividad un carácter legal y otro ilegal. Lo que correspondía determinar es si Vicente Gonzalo Massot, como miembro del núcleo decisional de la empresa, participó voluntariamente de dicha ilegalidad”.

Además, remarcaron que la Cámara Federal bahiense no dio tratamiento a “la plena coincidencia entre la actividad emprendida por el núcleo decisional de La Nueva Provincia y los reglamentos militares y fines del plan criminal”, pese a que “se trataba de un aspecto de análisis esencial para comprender el ‘qué’ de la imputación”.

El verbo y la acción

Los fiscales cuantificaron que entre 1976 y 1977 “existen doscientos treinta y siete ediciones diferentes en las que, en sus páginas, se aborda la ‘lucha contra la subversión’, de las cuales en ciento setenta y siete ediciones le agregaron (textualmente) a la ‘subversión’ los siguientes verbos: eliminar, aniquilar, combatir, luchar, matar, atacar, extirpar, limpiar, erradicar y estado de guerra”. Al respecto, indicaron que “la verdadera dimensión de su alcance y relevancia criminal se adquiere de su completa lectura”.

La Fiscalía recordó en esta nueva instancia las relaciones personales de Vicente Massot con algunos de los principales ejecutores del terrorismo de Estado, como el jefe del Cuerpo I del Ejército Carlos Suárez Mason y el del V Cuerpo, Osvaldo Azpitarte; y el recientemente conocido -revelado por Fiscales- vínculo con el espía de la DINA chilena, Enrique Arancibia Clavel, a quien -según el propio archivo del agente trasandino- le pidió en 1974 información para “hacer una campaña” en sus medios “contra la penetración soviética en América Latina”.

También cuestionaron la resolución judicial que confirma la falta de mérito por “la aseveración acerca de que la intervención de Vicente Massot fue menor” durante la protesta gremial protagonizada por Heinrich y Loyola, pues “soslaya que dicha actuación personal al frente de la empresa (adoptando decisiones en su nombre) tuvo lugar en el momento más crítico del conflicto (mes de septiembre de 1975), si se computa que durante casi la totalidad del mes de agosto la familia Massot no pudo publicar el diario, hecho inédito en la historia del medio, que tampoco volvió a suceder con posterioridad”. En ese sentido, ponderaron, la sentencia de la Cámara “pasó por alto lo sustancial: que conforme surge de todas esas actas notariales, el único que negociaba cara a cara con los delegados gremiales era Vicente Massot”.

Finalmente, pusieron de relieve que “a pesar de estar indagado por la instigación o determinación de estos homicidios, no se aborda la cuestión ni siquiera tangencialmente”. En ese sentido, los fiscales recordaron que entre las pruebas figura un informe de la Sección Informaciones de la Prefectura Naval, que da cuenta de una “lista de personas a ser raleadas de un medio de difusión fundamental”, en referencia al diario bahiense, encabezada por Heinrich y Loyola. En el informe la fuerza de seguridad dice que la propia empresa había contratado a un jefe de inteligencia de la Policía bonaerense para la “realización de tareas de inteligencia en relación a un proceso de infiltración ‘subversiva’, y que en esa tarea reportaba a los directivos de la empresa”.

A la muerte de ese efectivo policial, indica, el “proceso de infiltración fue asumido por los propios directivos de la empresa a través de actas notariales (en las que intervino personalmente el imputado) y denuncias a las autoridades militares”, información que fue puesta a disposición de la Prefectura, algunos de cuyos miembros fueron condenados -precisamente- por su intervención en el homicidio de los dos obreros gráficos.

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A 40 años del golpe, Massot descansa en Uruguay

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Las playas de Punta del Este fueron las elegidas para el “descanso” del propietario y director de LaNueva., Vicente Massot, imputado por la comisión de crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. Los jueces Jorge Ferro y Pablo Candisano Mera autorizaron su salida del país entre el 18 y el 27 de marzo. El empresario fue beneficiado recientemente por la confirmación de su falta de mérito por los mencionados integrantes de la Cámara de Apelaciones aunque continúa vinculado a la causa.

Massot está acusado de ser coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y de haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desde las páginas del diario La Nueva Provincia. En abril de 2014, al ser convocado a indagatoria la justicia prohibió su salida del país.

Es por eso que debió pedir autorización para esta escapadita a las costas uruguayas, que seguramente permanecerán más calmas que las calles argentinas por las cuales se movilizarán el próximo jueves miles de ciudadanxs para repudiar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y gritar su rechazo a la visita del presidente estadounidense Barack Obama.

El viaje de Massot, de quien se supo semanas atrás que también fue contacto de la DINA chilena, fue cuestionado por la Fiscalía aunque recibió el aval de la titular del Juzgado Federal Nº1, María Gabriela Marrón.

El fiscal Antonio Castaño apeló y destacó que “los peligros procesales surgen del estado del proceso, pues no se encuentra firme la resolución de esta Cámara Federal que confirmó la falta de mérito probatorio del encausado, que continúa siendo necesario asegurar el sometimiento del imputado al proceso, en donde se  investigan delitos de lesa humanidad constitutivos de genocidio; no se valoraron los  amplísimos recursos –tanto económicos como de otro tipo­ con los que cuenta el imputado Massot para concretar y tornar sostenible su permanencia fuera del territorio  nacional”.

Sin embargo, Ferro y Candisano Mera resolvieron el viernes rechazar el recurso y respaldar la decisión de la jueza. Para ello, retomaron la argumentación ya invocada para habilitar anteriores salidas del país del empresario y mencionaron que “la limitación impuesta a la libertad ambulatoria de que goza el imputado es -por su naturaleza cautelar– provisoria, no una conclusión inmutable, y que lo prohibido es salir del país sin permiso del magistrado a cuya disposición se encuentra”.

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Actividades por los 40 años del golpe cívico-militar de 1976

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(Por Laura García Vazquez) A las diez de la mañana del sábado 19 de marzo comenzaron en Bahía Blanca una serie de actividades enmarcadas en los 40 años que se cumplirán el próximo 24 de marzo del Golpe cívico-militar que entre otros males cometió un genocidio en la Argentina cuyas consecuencias aún estamos pagando. El genocidio lo sufre todo el pueblo, los desaparecidos nos faltan a todos.

10349977_552649224894179_9212247624327363685_nEn la Plaza Rivadavia se realizó la muestra “40 años-30.000 compañeros detenidos desaparecidos-MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA” con fotos de cientos de compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos, de Bahía Blanca y de otros lugares de nuestro país. Esta actividad fue organizada por ATE Bahía Blanca y Emancipación Sur Bahía Blanca y concentró mucha participación, siendo así, que, como propuesta surgida de las personas que se acercaron la misma continuará todos los días hasta el 24 de marzo inclusive.

Para culminar las actividades del día planificadas en conmemoración de los 40 años del golpe genocida, a 20 años de la creación del Encuentro MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA, se realizó una Charla-Debate en la sede de ATE, convocada por su titular, Viviana Marfil y la cual contó con la presencia de los miembros de conducción de ATE pcia. de Bs. As., Emiliano Hueravilo, Germán Mogilner y la compañera Laura García Vázquez del espacio Emancipación Sur y miembro de dirección de CTA Autónoma provincia, los mismos HIJOS que nos compartieron sus historias construyendo Memoria.

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Los testimonios se alternaron con imágenes proyectadas constituyendo “una emoción apretando por dentro”. El comienzo fue la lista de los desaparecidos de los que hay registro de la ciudad de Bahía Blanca, los 8 minutos que dura esta compilación, ilustrada con fotografías tomadas por el padre de Laura García Vázquez evidencia la dimensión del genocidio, máxime teniendo en cuenta lo que señala más tarde Emiliano Hueravilo: estos son un tercio de los desaparecidos en cada lugar de nuestra Patria.

Comenzó Laura con su relato, una parte dedicada a sus padres: María Ester Vázquez y Néstor Enrique García, ambos militantes del peronismo de base, y otra parte a algunos momentos de esta larga historia de 40 años de búsqueda de justicia y también de búsqueda de identidad por parte de los hijos que siguen conservando los ideales de construir una sociedad justa, una Patria libre y soberana. En sus palabras estuvieron presentes el origen del CELS y su importancia en plena dictadura en las figuras de Luis Zamora, Marcelo Parrilli y Emilio Mignone. También dedicó un párrafo a Rodolfo Walsh y su histórica carta relatando no sólo el horror de la metodología de la represión sino los objetivos finales: un país más dependiente y el padecimiento del pueblo.

Continuó Germán, complementando el relato, contando la historia de sus padres: Juan Jacobo Mogilner y Norma Beatriz Regalía, contando como parte de los hijos mayores de edad el haber compartido con sus padres la militancia y el sueño de tomar el poder, como que era una realidad cerquita, combinando en una hermosa imagen lo grande del sueño y la imaginación de su edad de niño: cuando imaginaba la toma del poder la música que escuchaba era el Himno a la alegría de Beethoven. Su relato posterior incluyó un profundo análisis de las razones políticas del genocidio y también la realidad actual que una vez más, nos pone a prueba a los argentinos en la defensa del país y de las condiciones de vida del pueblo trabajador. Le tocó terminar los testimonios de hijos a Emiliano, quien contó cómo fue sabiendo de sus padres: Mirta Mónica Alonso y Oscar Lautaro Hueravilo, ya que él nació en la ESMA durante el cautiverio de su madre de la que fue separado a los 22 días. También en este caso se entremezcló la emoción con la convicción de este hijo que no sólo busca justicia por lo propio sino que sigue en la construcción del proyecto de sus padres con su militancia diaria, en este caso, desde la Asociación de Trabajadores del Estado.  En ese momento empezó una serie de intervenciones por parte de los asistentes emocionados e interesados, con testimonios de todas las edades reflejando claramente que esto nos pasó a todos los argentinos. El intercambio de palabras fue un objetivo plenamente logrado en esta actividad.

11885226_552653491560419_6667144944996186484_nSe proyectaron los trailers de los avances de “El sonido de las voces” y “A Eduardo”, ambos de Luis Rojas, se mencionó especialmente a Celia Korsunsky, madre emblemática de Bahía Blanca y también se recordó a Susana Matzkin recientemente fallecida, y su trabajo en busca de justicia por su hermana Zulma y por los derechos humanos para todos los familiares. Terminamos con las imágenes del documental de Emiliano Hueravilo, emotivas imágenes del Acto en la ESMA del 24 de marzo de 2004, con la participación de HIJOS y la emblemática canción de León Gieco “Todo está guardado en la memoria”.

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Peligra la continuidad de las Orquestas y Coros del Bicentenario

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Desde este Colectivo de Trabajadorxs expresaron su “preocupación por el futuro del Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario en que trabajamos”.

Son más de dos mil docentes y cerca de veinte mil niños y niñas “que participan y toda la comunidad de familias y barrios que forman parte del programa en todo el país”.

“Pese a los dichos de la directora entrante del área Socioeducativa del ministerio de educación y deporte de la Nación, María Pace, acerca de la continuidad del Programa, la mayoría de los docentes de Orquestas y Coros no tiene noticias acerca de los contratos correspondientes al año lectivo en curso y cuenta con salarios adeudados correspondientes a 2015 y 2016, situación que nos deja una incertidumbre absoluta respecto a la continuidad de esta hermosa y enorme propuesta educativa”.

La tarea es llevada a cabo bajo contratos precarios, relación de dependencia encubierta bajo la facturación como proveedores monotributistas, retrasos en los cobros, salarios con valores desfasados, sin reconocimiento de la labor docente que desarrollamos.

“En un contexto de creciente estigmatización y despidos en el área pública, cierre de Programas que garantizan el acceso a la cultura, salud y educación de todos los ciudadanos, desmantelamiento de las diferentes propuestas del área Socioeducativa, represión a los trabajadores que se manifiestan, el creciente desempleo; nuestra situación de precariedad laboral y la falta de noticias sobre nuestro futuro como docentes, nos deja aún más vulnerables y pone en duda la propia existencia de las políticas de inclusión”.

El Colectivo de Trabajadorxs exige la regularización en el pago de los sueldos adeudados. La continuidad y profundización del Programa, el reconocimiento y regularización como trabajadores de la educación, la inclusión en el Presupuesto Nacional y la continuidad de la coordinación Pedagógica Nacional.

Finalmente, lxs docentes expresaron que abogan por “educación pública de calidad, queremos seguir siendo parte de un Estado presente que no piensa que la educación y la cultura sean gastos, sino una inversión y herramienta de transformación social y de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. Queremos que haya cada vez más orquestas y coros, queremos que el Programa crezca y se multiplique. Y queremos ser parte de este crecimiento”.

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Del 8 de marzo al 24 de marzo

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(Por Helen Turpaud Barnes) El Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia tienen varios ejes en común. Afortunadamente, el 24 de marzo no ha sufrido una banalización tan extrema como el 8 de marzo, pero bien vale trazar algunas continuidades.

La reivindicación de los derechos de las mujeres se suele perder en una marea de ideas edulcoradas. Particularmente las mujeres somos objeto de un modo específico de representación de la opresión como adorno y elogio. La subestimación de las mujeres no es nada desconocido: el rol supuestamente prioritario de estas en la crianza de hijos e hijas (por lo cual no tendrían por qué estar en otros lados), la aparentemente indiscutible “diferencia de fuerza física” entre hombres y mujeres (criterio que no se aplica entre varones más fuertes y varones menos fuertes), la gran sensibilidad atribuida a nosotras (lo cual implica desmerecer nuestra racionalidad), etc. El problema no es solo lo discutible de estas nociones, sino su estetización. Con esto me refiero al hecho de considerar que la opresión y los estereotipos de género serían algo “lindo”. Tratar a las mujeres de manera condescendiente y paternalista sería un modo de “protegerlas”, es “galante”, “las hace sentir bien”, la caballerosidad es “elegante”, etc.

Hace décadas, el filósofo Walter Benjamin decía en su artículo “La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica” que “estetizar la pobreza es un modo de fascismo”. A nuestro modo explicaríamos esta frase diciendo que ver la pobreza como algo “pintoresco”, atribuir a la gente pobre condiciones esencialistas ennoblecedoras como “humildad”, “gran capacidad de vivir con poco” y “desapego” es un modo de ocultar el hecho de que la pobreza es producto de modos puntuales (y nada nobles) de explotación. Así, ampliando la idea de Benjamin, podríamos decir que la condescendencia en el trato hacia las mujeres tiene una veta de fascismo (aunque no se sea consciente de ello), desde la caballerosidad tan “apreciada” que las pone en un lugar de seres esencialmente vulnerables e inútiles (código de conducta que tiene por otra parte un origen también clasista y racista), hasta el tutelaje de los derechos de las mujeres no dejándolas decidir por sí mismas sino decidiendo por ellas. La corporación médico-psiquiátrica, la Iglesia o el Estado “sabrían” lo que es “bueno” para nosotras. Así, seguimos teniendo que reclamar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito o la atención de calidad en materia de salud reproductiva. El que decidan por nosotras es lamentablemente aún considerado un modo de “defendernos” y “cuidarnos”. Las mujeres siguen siendo “débiles”, y por lo tanto hay que llevarles el bolso aunque ellas no quieran, hay que decidir por ellas si tienen hijos/as o no, hay que considerarlas sujetos secundarios en las luchas sindicales, hay que considerarlas muy “sensibles” (o bien muy “mandonas”) para la arena de los debates políticos, etc. Así, en estos últimos días, incluso las mentes más progresistas toman partido en la discusión entre Alejandro Fantino, Guillermo Moreno y Eduardo Feinmann que consistió en prepoteos entre “machos” diciendo cuánto ellos iban a permitir o no que se maltratara a las mujeres, como si fuera una cuestión de honor masculino y no un tema de derechos humanos y laborales básicos.

Estar en esta situación a 2016 nos recuerda que la historia no es lineal y que el discurso de que los derechos de las mujeres estarían avanzando irremediablemente hacia más y más amplitud es cuanto menos un resabio de la idea positivista de que el progreso de la humanidad es homogéneo e imparable (recordemos que esta idea es de mediados del siglo… XIX).

La conquista de derechos se da en zigzag, con avances y retrocesos, con luchas y oposiciones, no es un camino pavimentado en la pampa, sino un sinuoso sendero de montaña, donde muchas veces se pierde altura, se dan rodeos, se llega a falsas cumbres. Son precisamente las conquistas de derechos las que llevan a los sectores más reaccionarios a repensar y rearmar sus estrategias para volver atrás esas conquistas. Ningún opresor se queda tranquilo cuando le han sacado su poder. Así, en una época de progresiva organización de las mujeres en vistas de sus nuevas luchas, la reacción del patriarcado no se hace esperar con cada vez más femicidios, mayor “feminización” de la pobreza, mayor explotación sexual de las mujeres en redes de trata, etc.

Entonces, este discurso anticuado y positivista de que “hombres y mujeres avanzan hacia la igualdad día a día” no es solo erróneo sino que también es usado nada ingenuamente por muchos sectores para deslegitimar las luchas feministas porque dicen que “mujeres y hombres ya tienen los mismos derechos”, “¿qué más quieren?”, “ya se pasan al otro lado”, etc. En consonancia con el espíritu de tutelaje característico del machismo, nos dicen desde fuera cuál debe ser nuestra meta, y si seguimos caminando, nos quieren hacer creer que nos pasamos de largo.

Así, ambas ideas –la de la supuesta necesidad de tutelar los cuerpos y discursos de las mujeres, y la ilusión del progreso lineal de sus conquistas- convierten a las mujeres en sujetos políticos de posición compleja. Por un lado, hay que seguir decidiendo por nosotras, y así no se nos reconoce plena legitimad a nuestra voz.  Y por el otro lado, supuestamente “ya está”, “ya no hace falta más nada”, y entonces se nos niega sentido a nuestras luchas.

El 8 de marzo tenemos que seguir repitiendo que no celebramos sino que falta mucho.  Y de cara al 24 de marzo también tenemos luchas específicas que encarar: la necesidad de seguir visibilizando las agresiones sexuales en los centros clandestinos de detención como delitos de lesa humanidad, la importancia de las luchas de las mujeres durante y después de la dictadura, la emergencia de las voces de sexualidades disidentes, etc. Y también necesitamos luchar contra la virilización de la política que se restituyó en ese entonces (recordemos que una de las cosas que el poder dictatorial no podía soportar era que muchas mujeres participaran de la conducción partidaria o de la lucha armada, y de hecho esas historias siguen siendo invisibilizadas hoy incluso en ciertos sectores “progresistas”). Ahora mismo en 2016 esta virilización parece recrudecer con el macrismo: la mayor confianza en “hombres fuertes” o la presentación de figuras femeninas como “ornamentales”, “complementarias de los hombres”, incluso en los casos de mujeres de carrera política. La multiplicación ad infinitum de la cantidad de efectivos de las filas represivas también es una cuestión de género: subyace la idea de que la violencia social, el muy conveniente fantasma del narcotráfico y la imprecisa “inseguridad” se solucionan por la fuerza, aquella que en el imaginario social machista predominante es una prerrogativa solo masculina. Cambiar el sentido de la fuerza como privilegio del opresor a la fuerza como derecho y organización es crucial.

Ahí también está nuestra lucha: que la fuerza esté con nosotras.

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La agenda a 40 años del golpe

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A cuatro décadas del último golpe de Estado cívico militar la Comisión de Apoyo a los Juicios junto a organizaciones políticas, estudiantiles, gremiales y sociales convocan a una concentración el próximo jueves 24 a las 16:30 en Plaza Rivadavia (frente al municipio) para marchar hacia la Plaza de la Memoria y la Resistencia (ex del Sol) donde se leerá un documento y se realizarán actividades artísticas.

En memoria de lxs 30 mil desaparecidxs; contra la impunidad de ayer y hoy; y por el no al ajuste, el saqueo y la represión de Macri y los gobiernos provinciales, participarán la Central de Trabajadores Argentinos, Suteba, Partido Obrero, UJS, Plenario de Trabajadoras, Agrupación Naranja ADUNS, Tribuna Estatal, Nueva Izquierda, Juntas y a la Izquierda, Juventud socialista, Comunismo Revolucionario (MLM), Corriente Clasista René Salamanca, Puño y Letra UNS Estudiantes por la Liberación, Cardumen, PTS en el Frente de Izquierda, Tesis XI, Pan y Rosas, Agrupación Marrón Suteba, Grupo 83 Solidaridad Igualdad, Emancipación Sur, Cehum, Corriente Comunista David Watu Cilleruelo, Colectivo Pueblo en Lucha, FM De la Calle, Nuevos Vientos, Biocentro UNS, CEI Avanza y PSTU, con la adhesión de la Asociación Judicial Bonaerense.

En tanto, H.I.J.O.S., APDH, Red x el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, Mesa x el Juicio y Castigo Unidos y Organizados Y Nietos harán un acto por la mañana en el predio donde funcionó el CCDTyE La Escuelita y se movilizarán desde la antigua sede de La Nueva Provincia hacia el Teatro Municipal a partir de las 15.

Otras actividades se desarrollarán desde este fin de semana en Bahía Blanca. El sábado de 10 a 13 Emancipación Sur y ATE Bahía Blanca pondrán una muestra en Plaza Rivadavia “A 40 años 30.000 mariposas – Memoria, Verdad y Justicia”. Y para 18:30 organizaron una charla-debate en San Martín 760 “desde la mirada de HIJOS que siguen buscando a sus padres”, a cargo de Emiliano Hueravilo, Germán Mogilner y Laura García Vázquez.

El domingo 15:30 el Colectivo Pueblo en Lucha – Espacio Cultural Ernesto Che Guevara invita a una charla mateada por la memoria colectiva en Villa Nocito, “Historias de vida de vecinxs y reflexionar a 40 años del golpe de estado cívico militar”. Luego, a las 19, la Iglesia Metodista propone un Culto Especial en Belgrano 355 con “momentos de recuerdos de los desparecidos y desaparecidas y testimonios sobre el fiscal Hugo Cañón fallecido en el mes de enero”.

El Departamento de Agronomía de la UNS recordará el lunes a las 16 al ingeniero y docente Juan Carlos Prádanos, al cumplirse cuarenta años de su asesinato. “Los que tuvimos la alegría de conocerlo y tratarlo queremos hacerlo en conjunto, quienes puedan y quieran acercarse a San Andrés al 800, Altos de Palihue, serán bienvenidos”.

El martes a las 19 en ADUNS, Pasaje Tres Arroyos 538, la Comisión de Apoyo a los Juicios organiza la charla abierta “Justicia y Dictadura” con un panel a cargo del abogado querellante en los juicios de lesa humanidad, Walter Larrea, la integrante de la Fiscalía General María Tieser, y lxs militantes y ex presxs políticxs Dante Patrignani y Carmen Ortiz.

La Comisión y el Bloque del Frente para la Victoria 27 de Octubre, impulsan el homenaje a quien fuera presidente del Concejo Deliberante, Jorge Valemberg, y al ex titular del bloque del FREJULI, Gerardo Carcedo. El acto fue convocado para el miércoles 10:30 en el recinto deliberativo de Sarmiento y Estomba.

El mismo día a las 19:30, en 25 de Mayo 64, la Comisión y la Asociación Judicial Bonaerense reivindicarán la trayectoria del ex fiscal Hugo Cañón y del miembro de la CONADEP y fundador de la delegación local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Ernesto Malisia.

La noche del 23, el Centro Cultural La Panadería y Grupo Nuevodrama Teatro propone compartir la vigilia del aniversario del golpe con la presentación gratuita de la obra teatral “Arturo Ui”, desde las 21 en Lamadrid 544. A partir de las 22:30 se abrirá un espacio de expresión para músicxs, poetas y otrxs artistas.

“No olvidaremos la injusticia de ayer, tampoco la injusticia del hoy. La represión es un mal de todos los tiempos, los seres humanos aún no hemos aprendido a crear un mundo pacífico, a convivir en armonía con quien piensa o actúa diferente que nosotros”, afirmaron desde La Nave Espacio Cultural al anunciar la Varieté por la Memoria que harán el sábado 26 desde las 17 en Rondeau 998.

Memoria rosaleña

El Movimiento por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Punta Alta (Movejupa) comenzará este viernes su programa aniversario por los 40 años del último golpe cívico militar. Será en el Instituto de Formación Docente N°79 -Rivadavia 140-, a las 19, con  la disertación del sociólogo Fortunato Mallimaci y presentación de su libro “El mito de la Argentina laica”, acompañado por la historiadora Virginia Dominella.

El lunes a la misma hora el secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores, Daniel Pérez Guillén, brindará una charla titulada “El rol del Poder Judicial durante los gobiernos de facto” y el miércoles 23 a las 21 comenzará la vigilia con participación del voluntariado del Programa Jóvenes y Memoria y el grupo musical “Mate” en el Mural de la Memoria – Parque Sarmiento.

Finalmente, el jueves 24 a las 10 tendrá lugar el acto central por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia – Homenaje a las víctimas del Terrorismo de Estado en el hall del Concejo Deliberante puntaltense.

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Despidos en Centros de Acceso a la Justicia

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Trabajadorxs despedidos por el gobierno de más de 100 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país, dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, denunciaron su situación. Se trata de más “más de 170 trabajadores de los Centros de Acceso a la Justicia y los telegramas siguen llegando”.

“En Bahía Blanca se desarticuló el organismo, ya que de sus tres trabajadores 2 fueron despedidos sin justificación ni causa”.

Desde este organismo “se ofrecía a la comunidad un servicio gratuito de asesoramiento jurídico, derivación institucional, acompañamiento psicosocial y mediación comunitaria, como así también la constante articulación con los distintos organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal con el fin de garantizar el ejercicio de derechos”.

Por esto denuncian que Bahía Blanca se encuentra “sin acceso a la Justicia. El CAJ de nuestra ciudad se ve imposibilitado de poder cumplir con sus tareas como es debido, asimilándose así su situación a los más 60 Centros cerrados en todo el país por no contar con personal que los atienda, dejando a la comunidad sin este recurso fundamental que ya ayudo a más de 2 millones de personas”.

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Con recortes vuelven los cursos para jubiladxs

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La iniciativa “Universidad Para Adultos Mayores Integrados” (UPAMI) que ofrece cursos gratuitos para jubiladxs como ámbito de socialización, recreación y aprendizaje, se reanudará este año en la Universidad Nacional del Sur, pero con modificaciones. Por decisión del PAMI local la cantidad de cursos se redujo de 50 a 36.

Las inscripciones serán este jueves 17 y el viernes 18 de marzo, de 9 a 12:30, en el Aula Magna de Colón 80. Idiomas, computación e historia son algunas de las opciones. También habrá seminarios de informática, francés, inglés, italiano, radioteatro, fotografía, dibujo y caricaturas, turismo, jardinería e historia, entre otros.

La reducción definida por las nuevas autoridades de la caja jubilatoria en Bahía Blanca implica casi un 30% menos de propuestas, cuando anualmente se incrementa la demanda de adultxs mayores por estos cursos. El secretario general de Cultura y Extensión Universitaria de la UNS, Claudio Carucci, lamentó que no puedan ofrecerse todos los cursos previstos, a pesar de las gestiones realizadas desde la Casa de Altos Estudios.

“Si bien hemos conseguido un aumento considerable luego que nos informaran que los cursos iban a ser sólo 10 esta primera mitad del año, teníamos expectativas –por lo conversado con PAMI Nivel Central y la gran cantidad de adultos mayores que se acercaron planteándonos su preocupación- que nos autorizaran la realización de la totalidad de los talleres que se venían dictando, esto es, 50 cursos”, dijo.

El Programa UPAMI se convirtió en la actividad de Extensión de la UNS con mayor cantidad de participantes, que aumenta año a año. En una década tuvo más de seis mil alumnas y alumnos.

“El programa nació en la UNS y se extendió a dos decenas de otras universidades nacionales, bajo el mismo convenio: el PAMI aporta una remuneración para los docentes y las universidades ponen las instalaciones y los profesores para que los cursos se lleven a cabo”, explicó Carucci.

La UNS fue la pionera en este tipo de alternativas de formación para la tercera edad, que fue replicada en más de 30 Casas de Altos Estudios del país. Será la única Universidad que los dictará en el presente año.

Más información y listado completo de cursos AQUÍ.

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Lesa humanidad: Fiscalía pidió unificar causas en un megajuicio

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Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia solicitaron la acumulación de cuatro causas en donde se investiga la responsabilidad de integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad en crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal fundamentaron el pedido en aras de lograr mayor celeridad en las actuaciones y una valoración adecuada e integral del abundante material probatorio, y “en orden a la conexidad intrínseca existente entre los eventos que componen cada una de las causas mencionadas”.

Con 65 integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad sentados en el banquillo -25 de ellos ya recibieron condenas- por delitos de lesa humanidad contra 233 víctimas, la acumulación de las cuatro causas implica el primer “mega-juicio” en Bahía Blanca. El Tribunal que llevará adelante el debate oral y público de las cuatro causas posee la misma integración.

Comunidad de actuación

Los fiscales solicitaron la acumulación en el marco de la causa “González Chipont, Julio Guillermo y otros s/privación ilegal de la libertad”, en la que a fines de diciembre de 2014 la Cámara Federal de Casación Penal había rechazado los recursos interpuestos por las defensas de los distintos imputados y que actualmente se encuentra elevada a juicio, idéntico estado procesal que los otros tres expedientes. A la hora de argumentar el pedido de unificación, Palazzani y Nebbia señalaron la “estrecha conexidad” de este expediente con las causas “Ayala”, “Araoz de Lamadrid” y “Araujo” en cuanto a una comprensión acabada del fenómeno criminal que constituye su objeto procesal.

En este sentido, indicaron que quedó debidamente acreditada la “comunidad de actuación” de las fuerzas de seguridad, tanto en lo que respecta a la actividad de inteligencia como en la fase operativa desplegada por las unidades de la Armada y el Ejército Argentino, y las fuerzas represivas que funcionaron bajo la órbita de una y otra. Como contraparte, la persecución política en la actividad delictiva se centró en todos los casos, sobre víctimas que compartían grupos y espacios de militancia y actividad social, circunstancia “determinante” de la calidad de blanco del ataque contra la población.

“Como primera característica a señalar, todos los hechos sucedieron en el mismo espacio y período, como parte del mismo plan criminal de exterminio, ejecutado por las fuerzas armadas –el Ejército y la Armada-, y de seguridad estatales, en coordinación con factores civiles y eclesiásticos”, destacaron. Los representantes del MPF expresaron además que la segmentación del proceso en diferentes juicios iría en detrimento de una adecuada valoración de la prueba, ya que se impediría que el fenómeno criminal en toda su dimensión y complejidad pueda ser abordado y examinado de manera global en un acto único, “en claro perjuicio de la fiel reconstrucción de la verdad histórica, y de la íntegra ponderación de las responsabilidades penales”.

Impunidad biológica

La presentación de los fiscales hace hincapié en que, por la complejidad propia del terrorismo de Estado, la metodología adoptada en todo el país ha sido aquella por la cual en la medida en que se encuentre completa la investigación respecto de determinados hechos y sus responsables, la instrucción sea clausurada y elevada en tramos. Uno de los riesgos que se busca evitar es la denominada “impunidad biológica”, que se configura cuando la muerte impide el juzgamiento de los imputados, “máxime considerando que en las causas ‘Araoz de Lamadrid’ y ‘Araujo’ la mayoría de los encartados superan los 70 años, llevan varios años detenidos, y de no hacerse lugar a la unificación, deberán esperar por más de dos años para ser juzgados”.

El escrito de Palazzani y Nebbia menciona la resolución PGN 13/08 de la Procuración y la Acordada 42/08 de la Corte Suprema de Justicia, en la que el máximo tribunal señaló la “legítima preocupación por la demora en la sustanciación de los demás procesos en curso”, y el “legítimo derecho a una respuesta por parte de las víctimas y deudas”. Por último, pone de manifiesto que en algunas jurisdicciones la acumulación de causas se dispuso en la etapa de debate oral, como es el caso de las causa conocida como “ESMA III –o ESMA unificada-; en Córdoba, con el expediente 136/2009 “Menéndez, Luciano Benjamín; el juicio de La Perla; o incluso lo que sucedió con la causa “Plan Cóndor”, donde hay dos expedientes que no se unificaron pero que se sustancian en el mismo debate. “Una modalidad diferente pero con el mismo fin”, concluyeron.

Fuente: fiscales.gob.ar

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Atentados contra organizaciones políticas

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La concejal del FpV, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Honorable Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredón (Mar del Plata) y referente política de La Cámpora, Marina Laura Santoro, dijo a FM De la Calle que  “a las 0:59 (del domingo) impactaron cinco disparos de un arma de guerra sobre el frente de nuestro local. Es el local central de la agrupación. Queda en pleno centro de Mar del Plata en calle 9 de julio y 20 de septiembre”.

Durante la mañana de hoy, asistieron a una conferencia de prensa en repudio de lo sucedido “representantes del poder político, legislativo, dirigentes de todos los partidos políticos, una representación en nombre del obispo, la universidad nacional, la universidad privada, un fiscal provincial, el poder judicial. O sea que hemos logrado, gracias a Dios, un repudio de la gran mayoría del poder político de Mar del Plata y de toda la sociedad”

“Esto es lo que hace falta, porque estos grupos son una minoría organizada cada vez más violenta, los que están operando y perpetrando estos hechos repudiables vengan de quién vengan. Han recibido hoy el repudio de toda la sociedad en su conjunto”.

nuevo enucentroPor su parte, ayer a las 14:40 referentes de Nuevo Encuentro denunciaron, a través de una conferencia de prensa acompañada por personalidades de la política, movimientos sociales y la cultura, otro ataque con armas de fuego cuando se encontraban reunidxs en la inauguración de un nuevo local en el barrio de Villa Crespo (Padilla y Gurruchaga), el sábado por la noche.

Fueron heridas dos mujeres, una de 30 años y otra de 19. La última, llevaba a su hermana menor en brazos al momento del ataque. Ambas fueron derivadas al Hospital Durand y se encuentran fuera de peligro.

Durante la tarde hoy, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibió al titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, quién reclama al gobierno argentino que repudie enérgicamente el atentando a esta organización política democrática. También participaron de la reunión Gabriela Cerruti y el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

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“Montezanti se declaró culpable”

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Lo dijo a FM De la Calle el testigo directo de crímenes cometidos por la banda de la Triple A bahiense y querellante en la causa judicial, Alberto Rodríguez, tras conocer que el Poder Ejecutivo Nacional publicó el decreto 427/2016, firmado por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano, aceptando la renuncia del camarista Néstor Luis Montezanti.

“En segundo lugar, se declaró cobarde. Y en tercer lugar, el pueblo le pagará la jubilación de por vida, al haber el PEN aceptado la renuncia a alguien que va a ser condenado”, agregó. En este sentido, Rodríguez se preguntó: “¿Qué haría el Poder Ejecutivo ante algún morocho con gorrito dado vuelta si lo detienen por robo de gallinas y se arrepiente? ¿Lo liberaría? Creo que no. Por lo tanto, como siempre, la clase dominante exculpa a sus aliados y condena a los humildes. Nada nuevo bajo el sol”.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación debía resolver este mediodía si removía o no al ahora ex juez acusado por mal desempeño de sus funciones. Montezanti había sido  suspendido en septiembre por el Plenario del Consejo por sus vínculos con la Triple A y su pasado como personal civil en el Destacamento de Inteligencia 181 durante el terrorismo de Estado.

Según manifestó Rodríguez “había elementos suficientes para que el fallo del jury fuera desfavorable para el ex camarista. Si presentó la renuncia una semana antes es porque un señor como Montezanti tiene las amistades necesarias para contarles los votos y avisar cómo le iba a ir. Él sabía que iba a ser condenado”.

Por su parte, el titular de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, José Schulman, organismo que había pedido al PEN que rechazara el pedido de renuncia, sostuvo que “lo más importante desde el punto de vista de la consecuencias es que pierde los fueros: pasa a ser un ciudadano común. Ahora el juzgado de instrucción de Bahía Blanca no tiene otra opción que llamarlo a declaración indagatoria” en el marco de la causa Triple A en la cual está imputado junto a cinco integrantes de la patota que se encuentran detenidos.

“El poder lo sigue defendiendo. Faltaban dos días para leer la sentencia. ¿Por qué razón se apura Macri a aceptar la renuncia?”, se preguntó el dirigente y recordó que el jury del Consejo de la Magistratura “se constituyó por dos denuncias: una es la de los trabajadores judiciales de Bahía Blanca que durante mucho tiempo han denunciado toda clase de maltratos, agravios, actos del machismo más brutal”.

“Y en segundo término, nosotros hemos apoyado desde siempre una antigua denuncia de Alberto Rodríguez, primero y de Dante Patrignani, luego, sobre la vinculación del doctor Montezanti con la Triple A”.

La imputación hacia el ex camarista como integrante de la Triple A “fue discutida hace muchos años en un juicio que el propio Montezanti abrió contra Rodríguez por supuestas injurias y agravios. Fue el primer momento en que se discutió la cuestión de la Triple A en Bahía Blanca. Fue una batalla realmente importante, donde pudimos confrontar dos maneras de entender la vida”.

A su vez, Schulman invitó a considerar la renuncia de Montezanti como “una victoria enorme, ética. En general las ratas huyen de los barcos cuando los barcos se hunden. Pobre Montezanti que es una rata pero que tuvo que huir de un barco que en realidad está en el momento más glorioso: ha recuperado el gobierno, el sobrino de Massot es presidente del bloque (del PRO), Macri habla de la teoría de los dos demonios con una impudicia… pero los procesos son contradictorios y nuestros más de 10 años de lucha fructificaron ahora”.

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Confirmaron falta de mérito a Massot

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La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó la falta de mérito del dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, imputado por crímenes de lesa humanidad, y declaró abstracto el pedido de nulidad de lo actuado por el abogado Claudio Pontet, quien benefició al empresario en marzo de 2015.

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia habían cuestionado aquel fallo ante la Alzada local, cuyo ex presidente Néstor Luis Montezanti presentó ayer la renuncia al cargo -en el cual estaba suspendido- jaqueado por un jury que le reprocha su pasado como personal civil de inteligencia del Destacamento 181 y sus vínculos con la Triple A. Con la lectura del veredicto establecida para el próximo jueves, el Ministerio de Justicia deberá decidir si acepta o rechaza la dimisión. En la causa Massot se había involucrado para exonerar al juez Álvaro Coleffi.

Ayer, Pablo Candisano Mera y el camarista marplatense Jorge Ferro firmaron la sentencia y dijeron que, “por el momento”, no se encuentra acreditada la responsabilidad de Massot como coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y de haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desplegadas por su multimedio.

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Pablo Candisano Mera.

En cuanto a la validez de la intervención de Pontet, Candisano Mera validó sus actos y afirmó que su designación no adolece de vicio alguno y, en ese sentido, el Consejo de la Magistratura solo se limitó a no ratificarla”. Ferro contrapuso que el letrado “no estaba en condiciones legales ni reglamentarias para acceder a tal cargo” aunque coincidió en que finalmente el pedido fiscal, con el juez fuera de la causa, “cae en abstracto”.

Los magistrados manifestaron que las operaciones psicológicas, según su lectura de las normativas militares, eran planificadas y desarrolladas por los uniformados y que “el control y fiscalización gubernamental de los medios de comunicación en la lucha contra la subversión también estaba consagrado reglamentariamente”.

“No es posible considerar como lo hacen los fiscales que toda esta responsabilidad recayera en una empresa privada, o en un civil, siendo más lógico y razonable, a la par de legal y reglamentario, que el Jefe de Operaciones de la Zona 5 se valga de aquellos elementos que le puedan resultar útiles en su planificación, resultando La Nueva Provincia ineludible en esta ciudad y alrededores, especialmente por su posición en el mercado local y su enfoque ideológico abiertamente expuesto”, dijo el autor del primer voto.

El veredicto compartió la “cuasi legalidad de la época” planteada por Pontet reconociendo los decretos del gobierno de Isabel Perón para “aniquilar la subversión”. “En ese marco de violencia política, dado fundamentalmente por el accionar, por un lado, de agrupaciones como Montoneros y el ERP y, por el otro, de grupos parapoliciales apañados por el Estado como la Triple A, el golpe militar no fue resistido por la sociedad, sino más bien aceptado, en algunos casos con resignación, en otros con entusiasmo, en especial en los medios de prensa”.

Como “para ciertos sectores de la sociedad”, entre ellos la empresa de la familia Massot, “la subversión armada era un peligro actual, real y palpable, por lo que la acción psicológica militar sobre ella, solo tendría que acentuar el miedo sin necesidad de convencer. Por ello es que no puede considerarse acreditado que el diario y/o sus directivos tuvieran un conocimiento previo y certero respecto de la realidad de la lucha contra la subversión”, entendió Candisano.

Al amparo de la “libertad de prensa”, agregó: “De allí también que la línea editorial, si bien no era muy diferente antes, alentara y proclamara la necesidad de aniquilar la subversión de la que legítimamente podían sentirse blanco, y dicho mensaje no era más que el oficial y, aún sin saberlo, hasta legal, según los cánones de legalidad de la época”.

La Fiscalía ubicó al actual director del diario dentro del “núcleo duro” de administración del multimedios, en una segunda línea compartida con su hermano Federico, subordinada a la madre de ambos, Diana Julio. Para ello destacan su carácter de dueño, de ser el encargado de representar internacionalmente a la empresa, de queintervino en forma directa y personal en los conflictos laborales haciendo labrar actas notariales, que tuvo reuniones con jerarcas de las fuerzas represoras y que cobraba sueldo como editorialista. Los jueces opinaron que nada de ello fue probado.

Por ejemplo, su rol de correo entre los genocidas Guillermo Suárez Mason y René Azpitarte, en medio de una interna militar, no significa “elemento cargoso alguno, pues dada la presencia prácticamente hegemónica del diario a nivel local y regional, resulta razonable que guardaran buenas  relaciones con las distintas autoridades asentadas en la ciudad, ya sean nacionales o  provinciales, civiles o militares”.

“La extensa y compleja imputación fiscal fue tratada en profundidad por el a quo y descartada por falta de elementos probatorios que la confirmen, pues no se ha acreditado que el imputado tuviera algún grado de participación en los hechos endilgados, teniendo en cuenta la edad, lugar de residencia  y su actividad al momento de los hechos”, culminó Candisano Mera.

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Jorge Ferro.

El marplatense Jorge Ferro, presidente del Tribunal Oral que ordenó investigar el rol de La Nueva Provincia tras condenar a 17 represores del V Cuerpo de Ejército, firmó que “hasta el momento no se han podido acreditar” los delitos imputados, “pues la sola circunstancia de publicar ciertas ideas más afines a  gobiernos dictatoriales o una línea editorial que muestra el perfil que sostiene el diario La Nueva provincia, no obstante que no se compartan tales ideales, por sí solo no dan la idea acabada de haber formado parte del plan criminal y formar una asociación ilícita a partir del Terrorismo de Estado”.

“Si bien he dicho en la causa N° 982 que le resulta arbitraria la consideración que los militares ‘utilizaron’ a La Nueva Provincia y admitieron una acción psicológica, imputar por ahora a todos los directores de diarios sería aplicar la lógica de libre convicción ya que, insisto, hasta el momento no  se valoró elemento alguno que lo acredite”, escribió.

En la misma línea, subrayó que “tampoco ha sido demostrado ni siquiera indiciariamente” que “el imputado asumió voluntaria y conscientemente su parte en el plan delictivo, realizando actividad de inteligencia, en las especialidades  de selección de blancos, construcción del enemigo, actividad psicológica de persuasión, compulsión y sugestión de la población, enmarcada incluso en los reglamentos militares, hasta el momento y con la indulgencia de las pruebas que exige este estado procesal”.

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Balance del encuentro de los organismos con Macri

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El presidente Mauricio Macri recibió el martes a organismos de Derechos Humanos “preocupados por algunas decisiones que viene tomando la nueva administración en esta materia”. Junto a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo concurrieron Haydeé Gastelu, por Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Carlos Pisoni por H.I.J.O.S; Lita Boitano por Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Gastón Chillier por el CELS quien comentó los resultados del encuentro a FM De la Calle.

-El presidente Macri recibió a los organismos luego de negarles una audiencia a principios de año y delegar esa tarea en su jefe de gabinete Marcos Peña, ¿qué significado tuvo poder concretarlo ahora?

Por esa razón me parece que el encuentro en sí mismo es una buena noticia, como lo planteó Estela de Carlotto y el CELS también comparte mucho esa idea, los organismos desde la transición democrática hasta ahora hemos participado y hemos aportado muchísimo para la construcción de las instituciones democráticas y políticas respetuosas de los derechos humanos.

En ese sentido, tener este encuentro con el presidente de la Nación fue un avance y también fue un avance poder plantear toda la agenda de preocupaciones que tenemos los organismos en temas de derechos humanos, desde la agenda tradicional -ahí creo que fue el único punto en que hubo un compromiso explícito de apoyo a los juicios por crímenes de lesa humanidad y donde no va a haber regresión- hasta los otros temas que hubo diferencias y que en particular el CELS plantea con mucha preocupación como es el tema de la represión de la protesta social a partir del protocolo del Ministerio de Seguridad, de la criminalización de la protesta a partir de la detención irregular de Milagro Sala por protestar al principio y ahora por otros delitos pero sin resolución judicial por su situación procesal, la cuestión de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la vuelta al paradigma donde el mercado prevalece sobre el derecho a la comunicación y los temas de violencia institucional y policial donde hubo un intercambio con el presidente sobre la represión brutal de Gendarmería a los integrantes de una murga, niños muchos de ellos, de la Murga Los Reyes del Ritmo de la Villa 1-11-14 y el apoyo explícito de la ministra a los miembros de la Gendarmería en lugar de garantizar una investigación que dé respuesta a las víctimas de esa represión brutal

-¿Y en esos casos qué dijo Macri? ¿Qué excusas hubo?

En el caso de la protesta dijo que había que avanzar en la dirección de garantizar la libertad de circulación. Ahí planteamos básicamente la diferencia entre el paradigma de la resolución de los conflictos por una vía política o la resolución de los conflictos por la vía represiva como es el protocolo.

En el caso Milagro Sala planteó que el gobierno era respetuoso de la independencia del Poder Judicial de Jujuy y yo ahí respondí que el CELS está muy interiorizado de las causas judiciales y la detención de Sala nace irregular por las causas que se le aplica sedición e instigación a cometer delitos por protestar y al trata de emprolijarla sigue siendo irregular porque todavía mucho tiempo después no se resolvió su situación procesal. Sí me parece que hay que investigar a cualquier delito de corrupción o cualquier denuncia que haya pero en el 99% de esos casos las personas imputadas tendrían libertad y en este está presa, con lo cual uno no puede dejar de pensar que hay una intencionalidad política. Ahí es donde veo que la cuestión es la inconsistencia del gobierno en plantear, por ejemplo, la detención y la condena de Leopoldo López en Venezuela como un preso político y al mismo tiempo mantener una detención arbitraria con muchos cuestionamientos legales a una líder social en Argentina.

En relación con la cuestión de la represión brutal a la murga y a los niños de a murga la respuesta fue que sí estaba investigando el Ministerio de Seguridad y lo que planteamos nosotros fue que pedimos una información sobre qué se estaba haciendo y la respuesta del Ministerio fue ambigua. No está claro que estén investigando y la respuesta pública de la ministra Bullrich fue el peor mensaje posible, apoyar a los que reprimieron brutalmente y de alguna manera no dar ninguna respuesta a las víctimas. Eso dije en la reunión al presidente, es el peor mensaje que se le puede dar a las fuerzas de seguridad. Es decir, un apoyo a prácticas  violatorias de los derechos humanos y con ninguna consecuencia sobre esas prácticas.

-Respecto al 24 de marzo y la llegada de Barack Obama ¿qué plantearon los organismos?

El planteo fue que se debía, o se le pidió al gobierno, garantizar la marcha histórica que hacen los organismos desde el 83 en adelante y ahora particularmente por ser el aniversario número 40 y que el dispositivo, en caso de que exista, por la llegada del presidente Obama no obstaculice y no limite esa marcha.

Ahí hubo una respuesta positiva del presidente Macri y de los funcionarios de que de ninguna manera se iba a afectar la marcha o todas las marchas que iba a haber en la ciudad de Buenos Aires durante la visita del presidente de Estados Unidos, Obama.

-¿Su probable presencia en la ex ESMA qué representa para ustedes?

Hay diferencias. Para el CELS nos parece apropiado, yo creo que cualquier presidente o mandatario de todo el mundo debería como obligación, o sería deseable, que visite el principal campo de concentración de la Argentina como lo hacen cuando visitan Auschwitz en Polonia, el mensaje al mundo de que esto no tiene que volver a pasar. Independientemente de lo que uno opine sobre la política de Estados Unidos en América Latina que es una cuestión compleja porque por un lado han apoyado las dictaduras pero por otro, en relación con Argentina, la gestión de Carter ha apoyado las denuncias y ha posibilitado y ha sido fundamental para que la Comisión Interamericana visite en el 79 el país, que fue un punto de inflexión en las denuncias de la dictadura.

Eso no significa que los organismos deban participar, pero bueno hay otras organizaciones como H.I.J.O.S. que no está de acuerdo. Para nosotros la ESMA justamente es patrimonio de la sociedad argentina y del mundo y, en ese sentido, que se visite nos parece positivo. Eso no implica que uno discuta después la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en la región o inclusive ahora como hacemos desde el CELS, exigir que se investiguen las torturas sistemáticas que cometió el gobierno y comete Estados Unidos en Guantánamo o en la llamada guerra contra el terrorismo como lo hacemos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

A continuación compartimos el documento consensuado por los organismos que asistieron a la reunión y presentado al presidente:

Sr. Presidente de la Nación

Ing. Mauricio Macri

Trascurridos dos meses de su gobierno, los organismos de derechos humanos queremos expresarle nuestra profunda preocupación por aspectos centrales de las políticas de derechos humanos en el país:

  1. Continuidad de las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia.
  • Los juicios por delitos de lesa humanidad. Usted ha manifestado que el Poder Judicial debe continuar con los juicios a los genocidas. Sin embargo, también es fundamental que el Poder Ejecutivo a través de diversas agencias continúe impulsando estos procesos. En este sentido, es decisivo que se sostenga la actuación como querellante de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación en los juicios en curso, independientemente de su estado procesal y con especial énfasis en los juicios que se desarrollan en las provincias. Además, es imprescindible que se continúe acompañando a víctimas y testigos, a través del “Centro Ulloa” y del “Programa de Protección” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
  • El Poder Ejecutivo Nacional debe facilitar el acceso a la información en manos de distintos organismos públicos y realizar relevamientos sistemáticos de archivos y legajos. Parar ello, es primordial que continúe la labor de las direcciones de Derechos Humanos de los Ministerios de Defensa y Seguridad de la Nación y sus áreas equivalentes en la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central. También es fundamental que continúen las investigaciones y apoyos que presta el “Programa Verdad y Justicia”.

También señalamos que debe garantizarse la preservación del acervo documental del Archivo Nacional de la Memoria y su accesibilidad para la Justicia, los organismos de derechos humanos y la sociedad en general.

El avance de las investigaciones sobre la responsabilidad de los sectores civiles en el plan sistemático de desaparición y exterminio también requiere una participación activa del Poder Ejecutivo que le de continuidad a las investigaciones iniciadas. También es necesario el compromiso de los legisladores de la alianza Cambiemos para la puesta en marcha de la “Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia.”

  • Debe respetarse el mandato constitucional de la Procuradora General de la Nación, quien ha impulsado decisivamente estos procesos y constituye una garantía de que el Ministerio Público Fiscal seguirá teniendo un rol protagónico en la búsqueda de verdad y justicia.
  • Búsqueda de los jóvenes apropiados y nacidos en cautiverio. Es preciso el fortalecimiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y del Banco Nacional de Datos Genéticos, como pilares fundamentales del compromiso y la obligación del Estado en la búsqueda de los nietos y nietas que todavía nos falta encontrar y quienes siguen privados de su derecho a la identidad. En este sentido, señalamos que se deben respetar los compromisos asumidos por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el “Acuerdo de Solución Amistosa” del caso “Pegoraro” (decreto 1800/09). En particular, es fundamental asegurar la continuidad de la labor del “Grupo Especial de Asistencia Judicial” en el Ministerio de Seguridad de la Nación para realizar procedimientos de obtención de ADN, así como garantizar la cooperación de la Cancillería para la búsqueda de los nietos y nietas en el exterior.
  • Búsqueda e identificación de los cuerpos de los miles de desaparecidos. Es primordial la continuidad del financiamiento de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, programa a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.
  • Los sitios y espacios de memoria. Los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio deben seguir siendo preservados como pruebas judiciales, debidamente señalizados y conservados. Además, se requiere sostener los recursos humanos y materiales de los espacios de memoria que han sido refuncionalizados, para enseñar a las futuras generaciones el respeto por los derechos humanos.
  • La búsqueda de los prófugos. Todavía hay más de 70 personas acusadas por delitos de lesa humanidad que son buscadas por el Poder Judicial. Los Ministerios de Justicia y Seguridad deben continuar y fortalecer el trabajo para encontrarlos.
  • Control de ascensos militares. Es importante que se garantice la continuidad del mecanismo de consulta pública y acceso a la información sobre ascensos militares y nombramientos de otros funcionarios públicos tal como se realiza desde el retorno a la democracia.
  • Sostener las políticas de Memoria, Verdad y Justicia también implica:
  • No incorporar a la administración pública a personas vinculadas al Terrorismo de Estado o apologistas de sus crímenes.
  • No aceptar el negacionismo de los crímenes cometidos, porque es una de las prácticas que atenta contra la construcción del Nunca Más. Por eso expresamos nuestra preocupación por los dichos de algunos funcionarios del actual gobierno nacional y de referentes de la Alianza Cambiemos en este sentido.
  • El rechazo al encuentro mantenido en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, con el CELTYV. Estos encuentros no pueden ocurrir jamás en estos espacios de construcción de la memoria de la vida y militancia de nuestros familiares detenidos-desaparecidos.
  1. Derecho al trabajo. Manifestamos nuestra profunda preocupación por los despidos masivos en el Estado y el sector privado, porque el Estado debe garantizar y velar por el derecho al trabajo y no ser el promotor del desempleo ni la estigmatización y/o persecución a los trabajadores y trabajadoras. En este sentido, desde hace dos meses, vemos cómo las medidas de ajuste que el gobierno nacional instaló está retrocediendo en los avances logrados sobre el derecho al trabajo digno.

En cuanto a los despidos en las áreas de derechos humanos de diferentes Ministerios, es importante destacar que si no se garantiza la continuidad laboral de los profesionales con experiencia, tampoco pueden garantizarse las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia.

  1. Derecho a la protesta social.

El gobierno nacional ha tomado decisiones que afectan gravamente el ejercicio del derecho a la protesta. La puesta en vigencia del “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas” pone en riesgo aspectos esenciales de la democracia y su aplicación afecta los derechos a la vida, a la integridad, de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión. Este protocolo pone en riesgo la integridad física y la vida de las personas que participan de manifestaciones públicas, ya que no prohíbe que las fuerzas de seguridad porten armas de fuego ni restringen el uso de las llamadas “armas no letales” como las balas de goma. Además, limita el ejercicio de la libertad de expresión y restringe la labor periodística, dificultando la posibilidad de registrar prácticas de violencia institucional. Por estos motivos, solicitamos que el Protocolo sea derogado.

Además de este protocolo represivo, nos encontramos con un caso gravísimo de criminalización de la protesta social. Milagro Sala se encuentra detenida desde el 16 de enero. Su primera detención fue consecuencia de haber convocado a una manifestación pública en reclamo a medidas de gobierno. Exigimos su inmediata liberación y manifestamos que este hecho representa una amenaza a la vigencia de las libertades democráticas. Milagro Sala es una presa política, no hay fundamento legal alguno para su prisión preventiva y cualquier investigación en su contra debe desarrollarse sin vulnerar el principio de inocencia ni el derecho a la libertad personal. Por lo tanto, exigimos que el Poder Ejecutivo garantice el derecho a la libertad y al debido proceso judicial de Milagro Sala. Ha sido notoria la presión e intervención del gobierno provincial jujeño sobre el Poder Judicial. Como familiares de ex presos políticos y de detenidos-desaparecidos, no podemos dejar de ver este hecho como un enorme retroceso en la historia democrática de nuestro país.

  1. Violencia institucional.

En noviembre pasado la Policía Metropolitana fue responsable de un hecho grave de violencia institucional en el que Lucas Cabello resultó herido de gravedad por tres disparos policiales. En enero de este año, efectivos de la Gendarmería nacional dispararon balas de goma contra la murga “Los Auténticos Reyes del Ritmo”, integrada por niños y niñas del Bajo Flores. En ambos episodios, la primera reacción de los funcionarios del gobierno fue justificar el accionar violento de las fuerzas de seguridad. Es imprescindible que estos hechos sean investigados de manera adecuada, sus responsables sancionados y que las autoridades políticas de las fuerzas de seguridad brinden mensajes políticos claros sobre que estas prácticas policiales violatorias de derechos humanos no serán toleradas.

  1. Derecho a la comunicación

Una de las primeras medidas del gobierno nacional, en diciembre pasado, ha sido transformar por completo el rol del Estado en las políticas de comunicación. Las modificaciones, por decreto, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual redujeron drásticamente el papel del Estado en la regulación del sistema de medios y habilitan que se consolide la concentración. También se realizaron reformas que reducen la participación de la sociedad civil en las instancias de toma de decisiones sobre las políticas públicas en este campo. Estas medidas afectan negativamente el pluralismo y el ejercicio del derecho a la comunicación en nuestro país. Al mismo tiempo, consideramos que el espacio en el que se deben discutir las políticas que afectan a la libertad de expresión es el Congreso nacional.

  1. 24 de Marzo. Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

Los organismos de derechos humanos, como todos los aniversarios del golpe de Estado, realizaremos una manifestación en la Plaza de Mayo y centenares de plaza en todo el país. Requerimos que se nos garantice el derecho a manifestarnos libremente y que no haya interferencias producto de la visita del Presidente de los Estados Unidos de América. Ninguna razón de seguridad puede esgrimirse para interferir con esta conmemoración popular a 40 años del golpe.

Por último, resulta fundamental que el Estado argentino reclame al más alto nivel la entrega de archivos aún no desclasificados por el gobierno estadounidense sobre el período dictatorial y demande la cooperación de este país para la búsqueda de los posibles nietos apropiados que viven allí, así como la extradición del Capitán (R) Roberto Bravo por su activa intervención en la Masacre de Trelew.

Por lo antes expresado, le solicitamos un canal de diálogo sincero, expeditivo y efectivo para temas que requieren urgente resolución y decisiones políticas respetuosas de los derechos humanos. Lo saludamos atentamente.

Abuelas de Plaza de Mayo
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
H.I.J.O.S.
C.E.L.S.

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Massot fue contacto de la DINA chilena

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El espía chileno Arancibia Clavel dejó asentado en su archivo que su “amigo” Vicente Gonzalo Massot era parte de sus contactos en Buenos Aires. En un informe de 1974 -hallado recientemente por la Dirección de Comunicación de la PGN-, el agente revela que el empresario bahiense le pidió información para hacer una campaña en los medios “sobre la penetración soviética en América Latina”. Para la Fiscalía, los documentos fortalecen la acusación a Massot sobre instigación al genocidio.

El director del diario de Bahía Blanca La Nueva. (ex La Nueva Provincia) pidió en 1974 información al agente secreto de la Dirección Nacional de Inteligencia chilena (DINA), Enrique Arancibia Clavel, “para hacer una campaña” en sus medios “sobre la penetración soviética en América Latina”, según dejó plasmado el propio espía trasandino en su archivo, que es parte de la prueba del histórico juicio en el que se juzga la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, la Operación Cóndor. En los mensajes dirigidos a sus jefes, el agente indicó que lo unía “una antigua amistad” con Massot y que se reunía semanalmente con la redacción de la revista Cabildo, de Buenos Aires, donde el empresario justamente se desempeñaba como secretario de redacción.

Los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca, Miguel Palazzani y José Nebbia, presentarán la prueba documental en la causa que tiene al empresario periodístico con pedido de procesamiento por “instigación al genocidio”. La escandalosa falta de mérito que le dictó el juez subrogante Claudio Pontet -separado luego de la causa- está siendo analizada por estos días por la Cámara Federal de esa ciudad.

La Fiscalía bahiense accedió a la información de inteligencia gracias a la colaboración prestada por el fiscal general Pablo Oviña, de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos, que interviene en el juicio oral por la Operación Cóndor, donde ya pidió la condena de 17 de los 18 acusados que llegaron a la instancia final del debate.

El informe que menciona a Massot como contacto de la DINA en Buenos Aires fue hallado por personal especializado de la Dirección de Comunicación Insitucional de la Procuración General de la Nación entre cientos de cables e informes de diferentes embajadas en base a los cuales se publicó en el sitio www.fiscales.gob.ar la nota sobre los documentos que prueban la Operación Cóndor. A raíz del hallazgo, desde la Dirección de Comunicación Institucional se avisó a ambas dependencias del Ministerio Público.

El documento hallado fortalece la acusación de la fiscalía. Massot, que en 1974 tenía 25 años, se encuentra imputado, precisamente, de realizar operaciones psicológicas para las Fuerzas Armadas, como presentar públicamente los fusilamientos de las víctimas como “enfrentamientos”. Los fiscales señalaron que realizó -junto a otros miembros fallecidos del clan, como su madre, Diana Julio- “aportes esenciales”, que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica desde las páginas del diario antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar. También está acusado como coautor del homicidio, entre el 30 de junio y el 4 de julio de 1976, de los obreros gráficos del diario, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, tras un conflicto sindical registrado el año anterior en la empresa.

Arancibia Clavel fue detenido en 1978 por el Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal en medio del conflicto con Chile que casi termina en guerra por la disputa del Canal de Beagle. Tiempo después de la mediación Papal, fue liberado. En esa época el espía chileno era conocido por diferentes contactos de las Fuerzas Armadas argentinas, pues era enlace de la Operación Cóndor en nuestro país. En el juicio oral en curso se ventilaron pruebas sobre su participacion en el secuestro en 1977, en Buenos Aires, de Laura Elgueta y Sonia Díaz Ureta, junto a policías federales. El propio fiscal Ouviña señaló en su alegato la paradoja de dos países que, pese a considerarse potenciales enemigos, compartían como objetivo común la persecución -para la eliminación- de la resistencia a las dictaduras.

En la década del ’90, Arancibia Clavel regresó a vivir a la Argentina y fue detenido, juzgado y condenado por el asesinato del jefe del Ejército chileno del gobierno de Salvador Allende, Carlos Prats, y de su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrado en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974 en el marco de una asociación ilícita. Ambos murieron por la detonación de un explosivo colocado en su vehículo. El caso judicial sentó jurisprudencia, pues la Corte Suprema señaló en agosto de 2004, un año antes de declarar inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que el delito de asociación ilícita por el que había sido condenado Arancibia Clavel era imprescriptible, por integrar la categoría de crímenes de lesa humanidad. En 2011, el ex agente chileno apareció muerto, apuñalado en el pecho, en su departamento del centro de Buenos Aires, donde cumplía el arresto domiciliario por la condena.

“Gonzalo”

LH_Banner_2Según se desprende de los documentos hallados, Massot pretendía alertar desde los medios que controlaba sobre la compra de armas por parte del gobierno militar del peruano Juan Velasco Alvarado (1968-1975), que despertó preocupación en las dictaduras vecinas del continente porque su principal proveedora fue la Unión Soviética. Pinochet era además uno de los principales interesados, pues Perú era considerado en Chile entre las hipótesis más serias de conflicto bélico.

Con 30 años de edad en 1974, Arancibia Clavel enviaba semanalmente partes desde la Embajada en Buenos Aires a la DINA, la organización creada por la dictadura de Pinochet para perseguir a los opositores al régimen dentro y fuera de sus fronteras. En un informe fechado el 29 de octubre de 1974 en la Capital de nuestro país, a menos de un mes del atentado que culminó con la vida de Prats y su esposa, Arancibia incluyó un acápite sobre los “contactos establecidos” en Argentina y puntualmente señaló: “Gonzalo Massot, subdirector de la revista CABILDO (nacionalista de derecha y dueño del diario, televisión y radio de Bahía Blanca, me pidió material informativo sobre el armamentismo peruano para hacer una campaña en los medios que el controla sobre la penetración soviética en America Latina. También con Gonzalo me une una antigua amistad” (sic).

El encabezado del documento indica que se trata del “Memorándum 5” con destino a Luis Gutiérrez, en Santiago de Chile. Ese nombre, en realidad, no corresponde a ninguna persona, sino que era una clave de la DINA. En el juicio oral por la Operación Cóndor el documento fue identificado como 17A. Al final del documento el espía indica, pero no firma, su nombre de cobertura: Luis Felipe Alemparte.

En otro documento, nominado “Memorándum 9-A”, fechado el 3 de diciembre de 1974, Arancibia describe a la revista Cabildo, como lo hace con otras publicaciones, y pone de relieve que se reúne de forma “semanal” con su redacción: “CABILDO, revista mensual, nacionalista de derecha, antiperonista, normalmente tiene artículos sobre geopolítica en que atacan a Chile por problemas limítrofes, en el aspecto ideologico son defensores de la Junta. Mi relación con su equipo de redacción son muy buenAS y mantengo una reunión semanal con ellos. Envío el último número que corresponde a noviembre” (sic).

“Engranaje continental”

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, que preparan la presentación de estos documentos, ponderaron que “siguen apareciendo evidencias que fortalecen una hipótesis que no ofrece ni ofrecía dudas sobre el rol de Vicente Massot, no sólo en el esquema de poder del grupo La Nueva Provincia, sino como un engranaje a nivel continental nada menos que con Arancibia Clavel, conocido agente de la DINA en Argentina”.

Palazzani y Nebbia agregaron que estos “documentos muestran que su participación personal en operaciones psicológicas con coordinación continental data de 1974 y que el contacto con la inteligencia de la dictadura chilena era semanal”.

“También, nos muestra la importancia de la preservación y el acceso a los archivos que construyen la memoria colectiva”, consideraron, al tiempo que pusieron de relieve el “gran trabajo del fiscal Ouviña y del equipo de comunicación de la Procuración General”, que permitió dar con esta información.

Fuente: fiscales.gob.ar

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Primeras voces contra el protocolo represivo

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La normativa anti-piquetes que legaliza la represión y criminalización de la protesta social, presentada la semana pasada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y aprobada por el Consejo de Seguridad Interior con el pomposo nombre de “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”, comenzó a recibir sus primeros rechazos y repudios por parte de organismos de derechos humanos y organizaciones gremiales.

El Centro de Estudios Legales y Sociales salió inmediatamente a cuestionar la iniciativa tildándola de “antidemocrática” y advirtiendo que “uno de los aspectos más graves de la resolución es que no prohíbe de manera explícita que los policías que intervienen en las manifestaciones utilicen armas de fuego, ni tampoco que usen balas de goma para dispersar. (…) El gobierno nacional, en lugar de regular la actuación de las fuerzas de seguridad y el uso de la fuerza, amplía sus facultades para reprimir y criminalizar. La ministra respondió que “el CELS no sabe leer, lee lo que le conviene y tiene una actitud beligerante y de obstrucción. (…) Desde que nosotros somos gobierno, ellos y los que pertenecen al gobierno anterior lo único que hacen es hacer cada día más cortes de rutas, más piquetes”.

Desde el organismo no tardaron en retrucar afirmando que “la protesta social y las manifestaciones públicas son parte de la vida democrática, son el megáfono de las demandas sociales. En nuestro país han sido inseparables de transformaciones sociales que ampliaron derechos. Frente a estas demandas, los gobiernos pueden priorizar la resolución política de los conflictos a través de mecanismos no represivos o pueden hacer prevalecer el orden público y la represión. Pueden dar el mensaje de que van a controlar la actuación policial o el de que van a dejar que actúen con sus propios criterios. Este es un debate político de fondo en el que están en juego derechos fundamentales”.

La Comisión Provincial por la Memoria rechazó la “criminalización de la protesta social” que propone el nuevo protocolo “en un escenario de conflictividad social” en el cual “la represión de la protesta termina con situaciones de violencias generalizadas, no aporta a la resolución de los conflictos, vulnera las garantías constitucionales y degrada el sistema republicano y democrático”.

“Amparándose en el derecho a transitar y mediante la utilización de términos ambiguos y laxos, la nueva legislación delimita de manera arbitraria el derecho fundamental de la ciudadanía a manifestarse y peticionar ante las autoridades y, al mismo tiempo, permite la discrecionalidad de las fuerzas de seguridad para intervenir en las manifestaciones públicas”.

Por otra parte, el organismo repudió “las limitaciones impuestas a la participación de los medios de comunicación, que siempre funcionaron como un reaseguro de la legalidad de las intervenciones de las fuerzas de seguridad. (…) Cualquier limitación al trabajo de los medios de comunicación resulta también inconstitucional en tanto vulnera la efectiva libertad de prensa. Además, con el pretexto de evaluar la actuación de las fuerzas de seguridad, se permite tomar registro fílmico y fotográfico de las manifestaciones. Sin embargo, existen innumerables antecedentes en donde este tipo de información pasa a engrosar los archivos de inteligencia”.

Para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional el protocolo es “un dispositivo ideológico que tiende a restringir las libertades públicas, al tiempo que consolida el proceso creciente de exclusión social, y estigmatiza y moldea la opinión pública, allanando el camino para que gobiernen en contra de las clases subalternas. No se diferencia sustancialmente de otros intentos, como el del anterior gobierno, con el consenso de todos los partidos patronales, a partir del discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso el 1º de marzo de 2014”.

En cuanto a los registros audiovisuales que deberán realizar las propias fuerzas de seguridad para ser utilizadas en sede judicial, CORREPI sostiene que es “una clara reedición del Proyecto X del anterior gobierno”. “De este modo, y considerando que en otro punto se vincula la protesta con la infracción a varios delitos del Código Penal (art. 183, daño; art. 194, corte de calles, etc.), se habilita la filmación de reuniones previas, o la identificación de los organizadores, con la excusa legal de prevenir o evitar la comisión de esos delitos”.

“Criminalizar la protesta, devaluar el derecho a ejercerla, rebajando incluso su trascendencia al asimilarla al derecho al libre tránsito de las calles, importa propiciar un verdadero estado policíaco que la clase dominante necesita, porque se trata de enfrentar el peligro que para esa clase implica su ejercicio. Niveles inflacionarios devastadores del bolsillo de los trabajadores y del pueblo, techo a las paritarias, tarifazos, despidos masivos, impuesto al salario, cortes de luz, persecución política y social, represiones varias, son la contracara de las enormes ganancias transferidas a los más ricos en los últimos dos meses”, agrega el comunicado y convoca a la clase trabajadora a “tomar nota de esta amenaza concreta y disponerse a enfrentarla con redoblados esfuerzos organizativos para no dejar las calles”.

El secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma y secretario general de la Federación Judicial Argentina, Hugo Blasco, opinó que el gobierno está interpelando el modelo democrático argentino: “Tenemos una larga tradición de más de 20 años, recordemos los piquetes del del ’94, ’95, de desocupados que inclusive significaron el asesinato de compañeros y compañeras. Hay una larga tradición respecto a la movilización popular, al corte de calle, al corte de rutas, cuando hay toda una instancia previa que no ha sido atendida por el Gobierno, por el Estado como trabajadores despedidos de un día para el otro, trabajadores que no cobran el salario hace 3, 4, 5 meses, poblaciones enteras que se ven afectadas en su calidad de vida por la contaminación ambiental y no tienen ninguna respuesta ni solución”.

“Ahora la respuesta del Estado es la represión porque en definitiva en esta democracia que no es tal, no es la que pretendemos los trabajadores, siempre se nos dice, desde los medios de comunicación fundamentalmente y de toda la catarata ideológica liberal que hay que garantizar los derechos de todos como la libre circulación ahora los otros derechos que son vulnerados y que son gravísimos, porque yo puedo tener una demora un día siendo automovilista, puedo tomar por otra calle que me signifique llegar más tarde a donde tengo que ir, ahora el que no tiene para comer, no tiene para comer, el que perdió el empleo, perdió el empleo y eso no lo resuelve caminando tres cuadras más o una hora por un embotellamiento de tránsito”.

Victorio Paulón, titular del área de Derechos Humanos de la CTA que conduce Hugo Yaski, dijo que el plan de Bullrich “es un enorme retroceso respecto a todo lo que se había construido en los últimos años no solamente en la sociedad civil, en el propio parlamento. El Acuerdo de Seguridad Democrática había establecido un claro protocolo en el que estaba prohibida la portación de armas a los agentes de seguridad, la obligación de la mediación y generar espacios de negociación que permitieran abordar los motivos del conflicto y todo esto de un plumazo es borrado por la ministra de Seguridad y volvemos al viejo esquema de un emplazamiento de pocos minutos para desalojar la calle, caso contrario la represión”.

“En términos históricos es un retroceso de una década, en términos prácticos esta es la antesala de que empecemos a contabilizar heridos, detenidos, procesados y por qué no también algún muerto como consecuencia de la represión. Esto es reiterativo. Kosteki y Santillán siguen presentes en la memoria colectiva, en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en los organismos de derechos humanos, y lo que hace este protocolo es generar exactamente el mismo escenario que teníamos en aquel momento”.

La Asociación de Reporteros Gráficos se opuso al “corralito periodístico” y argumentó que “una cobertura periodística callejera no puede realizarse de ningún modo desde ‘una zona determinada’ por la policía, y que esta solo sirve para ocultar un accionar que se presupone así represivo cuando no ilegal”.

“No es necesario tampoco abundar en ejemplos donde la cobertura periodística justamente desnudó y ayudó a castigar ese accionar abusivo o ilegal de las fuerzas de seguridad. Fotos icónicas de la Matanza de Tlatelolco o de la universidad de California lo demuestran, y las fotos de nuestros colegas que cubrieron y denunciaron y facilitaron el castigo de los asesinatos de Kosteki y Santillán lo confirman”, afirmaron y responsabilizaron al gobierno nacional “por la integridad física de los trabajadores de prensa que cubren la protesta social” exigiendo que “se les permita cubrir los hechos con la libertad de movimiento y perspectiva que corresponde a una prensa libre y responsable”

En el mismo sentido, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM) mostró “particular preocupación” por “la limitación del trabajo de periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de la comunicación. La historia también nos ha dejado la lección de que muchos episodios de abuso policial y represión criminal han sido juzgados gracias a los registros fotográficos y audiovisuales realizados por comunicadores”.

“La prescripción de una ‘zona de ubicación determinada’ para los trabajadores de la comunicación implica un condicionamiento de la línea editorial de los medios y garantiza la impunidad para los agentes de seguridad que violen los derechos humanos de los manifestantes”.

Este lunes, en el marco de reanudación del juicio Escuelita IV en Neuquén, los organismos de derechos humanos de la región adherirán al proyecto de repudio al protocolo presentado en la legislatura provincial por el diputado del PTS-FIT, Raúl Godoy. Natalia Hormazabal, del CeProDH, expresó que el proyecto del gobierno “resulta ilegítimo e ilegal desde todo punto de vista, y que constituye un gravísimo avance en la criminalización de la protesta. Es escandaloso que se brinde poder ilimitado a las fuerzas de seguridad dejándoles la potestad de definir qué protestas permiten y cuáles no. Asimismo, el hecho de que bajo la argucia de la ‘flagrancia’, las fuerzas encargadas de la represión y el Ministerio de Seguridad puedan definir arbitrariamente quién comete delitos, juzgado ‘in situ’ sin intervención judicial, basándose en el artículo 194 del Código Penal impuesto por el general Onganía, constituye un real ataque a las más amplias libertades democráticas”.

“Amnistía Internacional considera de suma importancia que se desarrolle un debate serio informado y participativo en torno al derecho a manifestarse y expresarse. Es imperioso examinar el marco jurídico actual que impacta en el ejercicio de este derecho”, señaló la organización en una carta que su directora ejecutiva, Mariela Belski, le envió a la ministra Bullrich tras al anuncio del protocolo.

Finalmente, la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada aseveró que “mientras el pueblo se encuentra abocado a preparar los actos de repudio al golpe de Estado genocida de 1976, reivindicando las 30.000 compañeras y compañeros detenidos – desaparecidos y la lucha antidictatorial, el gobierno de Mauricio Macri ha decidido reivindicar el accionar de esa dictadura genocida. Así, el nombramiento de funcionarios ligados a la dictadura militar, la reunión del secretario de DDHH Carlos Avruj con la ONG CEITYV, el negacionismo del ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido y el proyecto elaborado en el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, es una muestra inequívoca que el gobierno nacional a poco de cumplirse los 40 años del golpe genocida, se coloca claramente junto a los represores que tiñeron de sangre la historia de nuestra tierra”.

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La CPM se reunió con Vidal

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“Presentamos nuestra preocupación por la grave situación de los derechos humanos en la provincia”, expresó Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tras la reunión con la gobernadora María Eugenia Vidal. Como un organismo autónomo y público, y basado en su larga trayectoria, la CPM expuso la necesidad de promover políticas públicas en materia de protección y defensa de los derechos humanos y profundizar las políticas de memoria.

La Comisión Provincial por la Memoria y la gobernadora María Eugenia Vidal se reunieron esta tarde y acordaron continuar trabajando en una agenda que atienda las deudas pendientes en materia de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. “Juicios de lesa humanidad, desclasificación de archivos de la represión, situación carcelaria, policía bonaerense, policía judicial, políticas de niñez y salud mental”, enumeró Pérez Esquivel sobre los temas que exigen una intervención inmediata y políticas estructurales que se sostengan en el tiempo.

El encuentro se realizó en la sede de la Gobernación y contó también con la presencia del secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón. Junto al presidente de la CPM, estuvieron los integrantes del organismo Nora Cortiñas, Leopoldo Schiffrin, Víctor Mendibil, Elisa Carca, Mauricio Tenembaum, Roberto Cipriano García, Víctor De Gennaro, Ana Barletta, y la directora general de Áreas Sandra Raggio.

Durante la reunión, la CPM expuso el trabajo que viene realizando como organismo de monitoreo de los lugares de encierro y control de las políticas de seguridad y prácticas judiciales, como así también su labor en la gestión y preservación de archivos, investigación y educación. Al mismo tiempo, le llevó a la gobernadora Vidal un documento que contiene seis puntos centrales de la agenda de derechos humanos y las políticas de memoria en la Provincia: política de seguridad democrática, política penitenciaria, niñez y adolescencia, salud mental, justicia y políticas de verdad, justicia y memoria. El acuerdo fue seguir cada tema en articulación con el ministerio correspondiente.

“Centralmente, le transmitimos la gravedad y preocupación permanente por los hechos de torturas como una práctica sistemática en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en los institutos de jóvenes, los neuropsiquiátricos y en el despliegue policial en el territorio. Para transformar esta situación extrema de violaciones a los derechos humanos, es necesario democratizar las fuerzas de seguridad y generar ámbitos para su control, entre otras medidas que requieren de una firme decisión política para transformarlas”, explicó el integrante de la CPM, Roberto Cipriano García.

“También planteamos el desacuerdo con la designación de Fernando Díaz al frente del SPB y nuestro rechazo a las declaraciones de emergencia en seguridad, tanto a nivel provincial como nacional”, agregó Cipriano García.
Asimismo, la Comisión planteó la necesidad de iniciar una verdadera lucha contra la corrupción policial y penitenciaria, y solicitó el cumplimiento del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura.

En el marco de esta reunión y atendiendo a los puntos conversados durante el encuentro, Pérez Esquivel precisó que “la Gobernadora nos encomendó que diseñemos tres propuestas concretas de nuestra agenda de trabajo para promover políticas públicas que puedan ser implementadas y evaluadas de acá a fin de año”. Al mismo tiempo, valoró el “compromiso de Vidal para acompañar los juicios por los delitos de lesa humanidad”.

Entre los temas tratados, Pérez Esquivel también destacó la posibilidad de firmar “un convenio para que los archivos de la Secretaría de Derechos Humanos sean digitalizados y preservados por la CPM”. Esta línea de trabajo ya había sido expresada durante la visita del Secretario Santiago Cantón a la CPM el martes pasado, así como también en la necesidad de seguir trabajando en la apertura de distintos archivos estatales vinculados con la dictadura.

En el documento presentado a la Gobernadora está expuesta también la preocupación por las políticas de niñez y adolescencia, el desfinanciamiento de todo el sistema de promoción y protección, la criminalización de la protesta social, la ley antiterrorista y un planteo de la creación de una comisión investigadora para saber qué pasó con Jorge Julio López.

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Protocolo para organizar la represión

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La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó al Consejo de Seguridad Interior los alcances del “protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”. “No vamos a tolerar la extorsión”, advirtió la funcionaria tras su aprobación.

La iniciativa considera manifestaciones públicas a las “concentraciones pacíficas de personas, que se expresan con un fin o motivo en común, las que podrán ser programadas o espontáneas, y que se desarrolla por un período limitado de tiempo”.

En el caso de las programadas, las autoridades de seguridad jurisdiccionales deberán tomar “contacto con los líderes de la manifestación, a fin de que se encauce la misma en el marco del presente Protocolo y las leyes vigentes” y coordinar la protesta “de acuerdo a las características para establecer su recorrido, tiempo de duración y realización, dando aviso a la justicia”.

El protocolo establece que las fuerzas de seguridad “deben garantizar la libre circulación de personas y bienes –sea en calles, avenidas, autopistas, rutas nacionales, corredores de transporte público y de los principales accesos y avenidas centrales de los ejidos urbanos y rurales”, enumera como ejemplo aunque deja a “criterio” de los uniformados “la táctica a utilizar” sugiriéndoles “atención preferencial” hacia niñxs, adolescentes, mujeres embarazadas, adultxs mayores y personas con discapacidad.

El procedimiento propuesto por el macrismo comenzará con el aviso a las autoridades políticas por parte de las fuerzas de seguridad y el establecimiento de “un espacio de negociación para que cese el corte”, seguido por el aviso judicial.

Más allá del resultado de la “negociación”, se escucharán las “frases cortas y claras” del jefe del operativo de seguridad “a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz” ordenando a lxs manifestantes “desistir de cortar las vías de circulación de tránsito”, “retirarse” y “ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales”. “El personal de las fuerzas de seguridad no deberá reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes”.

Si la protesta persiste, se habilitará la criminalización mediante el art. 194 del Código Penal que promete de tres meses a dos años de prisión a quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

 “Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en los Códigos de procedimiento Penal de cada jurisdicción, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación”, amenaza el protocolo.

 Tras el acuerdo o la represión, las autoridades políticas de la jurisdicción designarán personal para “establecer una instancia de negociación con el líder o representante del grupo de manifestantes, a los fines de canalizar sus reclamos a las áreas que correspondan”.

 Quienes “inciten a la violencia” o “porten elementos contundentes y/o armas de cualquier tipo, o utilicen fuego, combustibles, elementos explosivos o inflamables, agentes químicos, pirotecnia, o cualquier otro artículo que pudiere dañar la integridad de las personas”, bienes o “el medioambiente”, serán “identificados” y “aislados”.

Si existiesen daños durante la manifestación, se detendrá a sus autores y se accionará civilmente en su contra, así como la de “la entidad con personería jurídica o gremial a la que pertenezca, sus representantes legales o administradores de hecho y/o contra quien corresponda”.

A contramano de lo actuado en sus dos meses de gestión, durante los cuales hubo balas y golpes tanto para trabajadorxs despedidos como para niñxs murgueros, el gobierno sostiene que “el uso de la fuerza” y de “armas no letales” debe limitarse siempre al mínimo posible”, inspirados en los principios de “legalidad”, “oportunidad”, “último recurso frente a una resistencia o amenaza” y “gradualidad”. En tanto, la prensa será ubicada en una zona determinada “donde se garantice la protección de su integridad física y no interfiera con el procedimiento”. Ya de filmar y fotografiar a lxs militantes deberán encargarse los uniformados, que para eso tienen experiencia.

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