El gobierno logró cerrar dos tramos del canje de la deuda externa. El economista y columnista de FM De la Calle, Francisco Cantamutto, explica qué implica el acuerdo y qué panorama hay por delante.

“El primer acuerdo es en moneda extranjera bajo legislación extranjera, que logró una aceptación del 93% que con la aplicación de cláusulas de acción colectiva llegaba hasta el 99%. Quiere decir que si alcanza una mayoría de bonos que son canjeados, el resto o toma esa decisión o se queda con papeles que no valen nada. En el segundo tramo el canje que era con moneda extranjera bajo legislación argentina, se realizó con una ley que aplicaba las mismas condiciones que bajo a ley extranjera, con el 98% de adhesión”, explicó. 

Enfatizó que “estamos hablando de 189 mil millones de dólares fueron negociados, equivale al 58% de la deuda total. Una re estructuración bastante grande y amplia, y en términos de monto más grande que la del 2005”. 

Por un lado se generó un ahorro “de unos 34 mil millones de dólares, equivale a una quita nominal del 18%. Está basada en los intereses, no en quita de capital. Se corrieron los vencimientos próximos. De 59 mil millones que vencían, 56 se patearon para adelante, lo cual hace que la necesidad de dólares para este gobierno sea significativa. En el siguiente mandato, sea de quien sea, se provocaba un ahorro de 15 mil millones. Pero en los siguientes tramos del 2029 en adelante se acumula más deuda de la que había antes”. 

Todavía resta la negociación con el FMI al que se le deben 44 mil millones, organismo que no está dispuesto a discutir una quita.

Las opciones son dos, la primera es “un préstamo de tipo stand by, de tres años como el actual, y la segunda es un acuerdo de facilidades extendidas que dura 10 años. Este último sería por el cual estaría yendo. Si fuera otro stand by de 3 años en el próximo gobierno no hay ahorro y hay vencimientos que no sabríamos cómo hacerlo”.

Cantamutto señaló que “el problema de un acuerdo de facilidades extendidas requiere de reformas estructurales. ¿Por ganar vencimientos vamos a aceptar que el FMI nos imponga reformas? Se va a enviar una ley al congreso para ver cuál va a ser la propuesta, es un hecho inédito en la historia argentina”. 

“¿Cómo se va a considerar esta agenda con, por ejemplo, la recuperación de ciencia y técnica y presupuesto? Hace dos años los asesores del gobierno hablaban de la necesidad de avanzar a un esquema más regulado de controles cambiarios, de comercio administrado, de fondo de impulso a las exportaciones con mayor contenido tecnológico, de control selectivo de las importaciones, todo eso no solo que no sólo que no está en marcha sino que en la negociación con el FMI se descartaron”. 

Finalmente, el economista destacó que “en donde hay un hueco gigantesco es el tema fiscal, todos los grupos del actual gobierno insistieron en que era necesario una reforma fiscal integral, donde aumentara el IVA a los bienes suntuarios, aumentar el impuesto a los bienes personales, gravar los patrimonios, las grandes fortunas, hacer pagar a los grandes ganadores incluyendo a los bancos. Nada esto ha avanzado. En este marco, hay una agenda pendiente que incluso se puede recuperar desde quienes hoy son gobierno, que es importante revisar de cara a las negociaciones que siguen”. 

La investigadora (CONICET), Valentina Viego realiza un seguimiento de las cifras que se publican en torno al desarrollo de COVID-19, desde el mes de marzo, “tratando de dar un poco de luz o comprender un poco cómo es la dinámica de Bahía”. Según afirmó la economista a FM De la Calle, “no tenemos una proyección, un pronóstico”, no sabemos “cuál es el horizonte”

El déficit de datos se debe a los pocos elementos con que se cuentan con testeos por fuera de los casos sintomáticos. “Uno de los elementos en común que hay en Bahía y en otras regiones es que no se testea a todo el mundo, por una cuestión de recursos. En Argentina se testea a personas que tienen síntomas y sabemos que el virus contagia a personas que no tienen síntomas. A veces tienen que tener dos síntomas y no uno. Algunos síntomas no se consideraban, después se amplió”.

La falta de recursos asignados resulta un problema centra ya que “si no hay reactivos o personal que vaya a hisopar, hay demoras en el testeo. Eso se ve claramente porque, al principio, se hacían 30 y pico, 40 test por día. Ahora estamos en el orden de 70. No se ha aumentado significativamente la capacidad de testeo. Por eso se viene sospechando que hay más casos, el tema es ¿cuántos casos más?

“Este tipo de cálculos se ha realizado en San Juan, La Rioja, conurbano o CABA. Viego lo llevó adelante para Bahía Blanca, buscando el factor de multiplicación. “Para eso uno tiene que usar otro tipo de estudios que son testeos aleatorios. Es decir, no a la que tiene síntomas sino al azar, se le hace un test rápido para ver si tuvo la enfermedad. Se llaman estudio serológicos. Eso se hizo solamente en algunos barrios de ciudad autónoma. Entonces tomé el dato de España –lo más cercano que tenemos- y se recalcularon a partir de esos testeos aleatrorios y masivos. Se calculó la cantidad de personas que tuvieron el virus en España por edad y sexo y se recalculó la tasa de letalidad, y esas tasas las apliqué a Bahía Blanca”.

Para el análisis sigue el siguiente razonamientos: suponiendo que la letalidad, por ejemplo, que para personas entre 30 y 40 años es del 0.2% si hay una persona fallecida de esa edad ¿cuántas personas tuvieron el virus COVID?. Como una regla de tres simple. A partir de ahí, llegué a que estamos en un 80% de casos más de los que se detectan”.  

Tomando como ejemplo los datos publicados el mates, “si se detectaron sesenta y un casos, estaríamos cerca de los cien contagios por día. Esto sirve para tener una idea de cuál es la incidencia de la enfermedad y anticipa lo que van a ser los fallecimientos. Esto se va a transformar en una duplicación de fallecimientos. Hoy tenemos entre 3 y 5 fallecidos y vamos a pasar para fines de septiembre entre 11 y 12 fallecidos por semana. Esa es la previsión. Entonces las autoridades sanitarias tienen que dar cuenta de esta proyección y tomar decisiones”.

Como si nada

Una de las percepciones cuando salimos a la calle es que hay cierto relajamiento en los cuidados, alentados por la apertura de actividades que incluyen el intercambio social. Y, para una parte de la población, efectivamente, la pandemia no ha cambiado nada en sus conductas de circulación. “Una cosa que miraba es la movilidad” que “fue creciendo a medida que se abrían actividades. Llegó al pico en julio” y “son muy similares a los pre cuarentena. La única diferencia es que hay menos movilidad porque no hay clases o porque no hay atención al público en organismos públicos. Pero fuera de eso, la movilidad está en niveles normales. Uno lo que sabe es que cuando hay más movilidad el virus tiene donde circular y contagia”.

Finalmente, la investigadora señaló su preocupación por el hecho de que el impacto de esos contagios “no se ve inmediatamente. No es que uno ve muchos autos en la calle y ya mañana tiene los contagios, porque desde que el virus se contrae hasta que manifiesta síntomas pueden pasar siete días. Recién se empiezan a ver los resultados de esos movimientos en las dos o tres semanas”. En síntesis, “el aumento de la movilidad que hubo a fines de junio y julio, hoy se ve en contagios. Hay que mirarlo con una ventana por lo menos de un mes. La movilidad en julio recuperó niveles históricos”.

El proyecto de gravamen a las grandes fortunas que propuso el gobierno argentino, en caso de ser aprobado “afecta a unos 12 mil contribuyentes. Son los grandes ricos. No son las empresas. Afecta a los patrimonios personales”, según dijo a FM De la Calle el economista Julio Gambina (FISyP, Centro de Estudios CTA-A).

“Hay grandes versos con respecto a esto cuando dicen que afecta a las inversiones. No tiene nada que ver con las empresas ni con las inversiones. Tienen que ver con los patrimonios personales que vienen definiendo en sus declaraciones”, explicó, en referencia a la campaña que ya desplegó el arco de los medios de comunicación privados ligados a intereses económicos opulentos. De hecho, “muchos critican esta medida porque están subestimados los patrimonios de los grandes ricos en la Argentina”.

Para Gambina, la aplicación del gravamen “es importante en sanísimo. Hay que imaginarse que doce mil personas entran en un estadio pequeño. Los grandes son de cuarenta y cinco mil a sesenta y cinco mil espectadores. Pensar en una chancha pequeña, en el algún club de la Argentina. Ya la recaudación probable al tipo de cambio actual son unos cuatro mil millones de dólares. Digo al tipo de cambio actual porque todavía falta que el proyecto se discuta, falta que el proyecto se apruebe, falta que el proyecto se aplique, falta que AFIP lo cobre”.

En medio de la discusión, “hay mucho ruido ideológico, propagandístico en torno a este gravamen. Es un dato muy importante reconocer que en las condiciones de emergencia se le pide una contribución a los sectores económicos con mayor capacidad contributiva”.

¿Qué representa para las personas que tienen tamañas fortunas? “El mínimo que aporte va a aportar entre treinta y cuarenta mil dólares: una camioneta cuatro por cuatro importada. Para muchos es muchísimo dinero. Pero para estos doce mil no les afecta en nada. Es una alícuota del dos por ciento del patrimonio. Así que todavía les queda el noventa y ocho del patrimonio. Es el dos por ciento de lo que tienen, no el dos por ciento de lo que van a tener. Para un jubilado, el dos por ciento es parte de lo que sirve para afrontar el mes. Pero en estos grandes patrimonios no es absolutamente nada”.

“La campaña en contra es brutal y actúan sobre el sentido común. Parte de la población que no está ni remotamente afectada por el impuesto sale a hablar en contra del impuesto porque les sacan a los que nos van a salvar. Eso es interesante. Aún incluso, imaginando que estos grandes patrimonios quienes invertir ese dinero, la pregunta es ¿por qué no lo invirtieron hasta ahora?”.

Contexto

El referente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas explicó que “la inversión interna directa en todo el mundo está bajando desde 2015 para acá. Se agrava con la pandemia pero venía desde antes. Hay una tendencia generalizada al achicamiento de la producción. Acaba de renunciar el primer ministro Japonés. Europa y Estados Unidos están en proceso de recesión muy complicado. Estos grandes patrimonios no están invirtiendo, no por este aporte solidario, sino porque no vienen invirtiendo porque los ricos del mundo no están invirtiendo”.

En contra de la creencia de la inversión que los ricos estarían propiciando para el crecimiento económico, “los grandes capitales están invirtiendo especulativamente. Resuelven la ganancia financiera pero no contribuyen al desarrollo ni del empleo ni del crecimiento de la productividad. Hay menos producción, menos comercio y una caída de la producción de la cadena mundial valor”.

“Por eso este impuesto hay que pensarlo en términos de esta lógica de mucha incertidumbre. Argentina está en el pico. No se sabe cuándo llega al techo total. Todos los días tenemos record de afectados. Felizmente, entre comillas, respecto de otros países la Argentina tiene una baja letalidad. Pero es preocupante la cantidad de contagios de muertes. Y se prolonga el receso económico deliberado. Porque incluso los países europeos, que están en verano y que supuestamente lo estacional ayuda para pasar el tema hasta que llegue la bendita vacuna, ya está terminando el verano en el norte y hay preocupación de que haya recidiva de los contagios. Con lo cual, estamos ante un problema muy serio de la civilización contemporánea que se agrega a los serios problemas económicos. Quiero insistir en que el mundo capitalista (Europa, Estados Unidos, Japón) está en una etapa de parasitismo muy fuerte. No está es esa etapa de un capitalismo de expansión, en desarrollo. Antes del coronavirus, según todos los datos que vienen del FMI, del Banco Mundial, de la OMC, todos dicen que la economía venía en un proceso de ralentización”.

El economista arguyó que, más que por qué aplicar un gravamen de este tipo, “la duda es por qué no lo hicieron antes. De este aporte se viene discutiendo al menos desde el comienzo de la pandemia.  Alguien puede decir: se perdió mucho tiempo. Demuestra que hay un debate al interior del frente de gobierno y que estaban buscando la ocasión para hacerlo. Se han perdido varias oportunidades. Una es la oportunidad de Vicentin. Es un gran deudor tributario. Hay fraude contra el fisco. No es solamente que no le paga al Banco Nación sino que también hay evasión tributaria, sin hablar de la fuga de capitales. Vicentín tienen una larga lista de delitos. El gobierno anunció la intervención, la posibilidad de expropiación y fue para atrás”.

En el caso de “este impuesto a las grandes fortunas, que es una recaudación sobre doce mil posible contribuyentes se han demorado bastante. Ahora habrá que ver. Tiene que pasar por la cámara de diputados. Lo más importante es que la sociedad presione en este sentido. Porque hay una campaña ideológica política para que la sociedad esté en contra de los impuestos”.

El anunciado proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario para reforzar planes sanitarios y productivos fue presentado en por el oficialismo en la Cámara de Diputados.

La economista y columnista en FM De la Calle, Agostina Costantino, afirmó que “es un aporte que se aplica una única vez, va a gravar a los patrimonios de más de 200 millones de pesos, en términos fiscales, y tomando datos de patrimonio a marzo de 2020”.

“Es el valor fiscal, que es más bajo que el valor de mercado. Queda gente afuera e incluso los que paguen quedan por debajo. Son 12 mil personas que cumplen con estas características, es el 0,3% de la población”, detalló.

Agregó que el impuesto es sobre patrimonios declarados. “Recordemos que en los últimos años Argentina está en el podio a nivel mundial de evasión de impuestos. Eso también va a quedar afuera, es posible tasarlo o imponerlo impositivamente”.

“Afecta solo a personas físicas y no a las empresas, muchos multimillonarios no tienen sus patrimonios a nombre suyo sino de las sociedades que integran”, comentó Costantino.

El proyecto plantea una alícuota progresiva, “quiere decir que el porcentaje que se paga aumenta a a medida que el patrimonio es mayor. La tasa va de del 2% al 3%, 5% para el caso de patrimonios de más de 3000 millones de pesos”.

Los activos en el exterior tienen una tasa mayor, según Costantino, “50% más alta que los activos declarados en el país. Como incentivo para repatriar ese patrimonio, lo que dice es que si se repatría el 30% de los activos entonces les gravan todo como si fuera patrimonio nacional”.

¿Para qué se usarán los fondos recaudados?

“Van a tener una asignación específica, compra de equipos médicos, subsidios de PyMES, mejoras habitacionales para barrios populares y otro uso que genera controversia: un cuarto de lo recaudado se va a destinar a la exploración desarrollo de gas natural. Este proyecto va a seguir profundizando el modelo de desarrollo extractivista de los últimos años”, subrayó la especialista.

Mencionó que el proyecto también está ligado a la deuda. “Venimos viendo que se pateó para adelante y todavía quedar renegociar la deuda con el FMI, es claro que va a ser necesario disponer de dólares para pagarlo. Se trata de más extractivismo para conseguir más rápido esos dólares para devolver a los acreedores”.

Por último, Costantino propuso que “no nos creamos el cuento cuando nos hablan de proyecto de desarrollo para mejorar la calidad de vida de los argentinos, son proyectos para conseguir dólares para pagar deuda”.

La economista María Julia Eliosoff explicó en su columna de FM De la Calle el funcionamiento del programa de asistencia social Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social.

“Es un programa de transferencias condicionadas de ingreso, una política social que apunta a una población focalizada, a diferencia del Ingreso Ciudadano o la propuesta de renta básica. El Estado le da un ingreso a una población de un determinado perfil con un condicionante que es realizar alguna tarea”.

“Un ejemplo es la AUH, que como contraprestación debe asegurar determinadas cuestiones en términos de salud. El Potenciar apunta a lo mismo pero con capacitaciones. Prioriza atender los ingresos de mujeres en situación de violencia y de personas trans”, señaló.

Eliosoff comentó que estos programas tienen muchas críticas desde la economía feminista “porque llevan implícita una lógica paternalista de que el Estado sabe qué es mejor para las personas y esas personas, en su mayoría, son mujeres”.

“Estos programas no son nuevos sino que tiene una larga historia en Latinoamérica y en Argentina en particular. Los primeros programas son los conocidos como de Jefes y Jefas de Hogar, que se han ido transformando en Argentina Trabaja y Ellas Hacen y después en Hacemos Futuro”.

En este caso apuntan a que “personas que cumplen con alguna característica o condiciones de vulnerabilidad perciban un ingreso, el equivalente al Salario Social Complementario, un 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil. Por lo tanto, es de 8400 pesos aproximadamente”.

“Tienen que realizar determinadas actividades laborales, tareas vinculadas a los cuidados, a la promoción de la la salud o dispositivos de apoyo para la igualdad de oportunidades. Hay una línea de proyectos vinculados al reciclado, al mejoramiento barrial, a la agricultura familiar, a manufacturas de pequeña escala y comercio popular”.

Por otro lado, destacó que “hay una apuesta a las actividades colectivas, aunque no única y exclusivamente y, en términos de lecciones aprendidas en relación al Argentina Trabaja y Ellas Hacen, hay una gran diferencia: no se habla de cooperativas de trabajo, esto fue muy criticado en su momento y así y todo tuvo muy buen impacto. En este programa se habla de asociativismo”.

Para finalizar, Eliosoff destacó que otro aspecto a considerar “es que cayó la cantidad de horas que se pretende trabajen las personas”. Aunque “sigue siendo alta en relación a la contraprestación, se exigen cuatro horas de trabajo diarias, por medio SMVM, por tareas que en general exigen un compromiso social”.

Mañana vence el plazo para el canje de deuda bajo legislación extranjera, el economista Francisco Cantamutto analizó en FM De la Calle los escenarios posibles haya o no acuerdo.

“Se activaron fuertemente los lobistas locales de los bonistas señalando que hasta ahora no habría más que un 30% de adhesión que está lejos de los mínimos necesarios. Dependiendo el tipo, rondan el 60 y 80% de los títulos que se deben alcanzar”.

“Si efectivamente el 30% ya suscribió, el canje no podría cerrar o habría que cerrarlo declarando el default. Si se declara el default puede ocurrir que quienes no ingresaron al canje demanden que se actualicen los pagos, lo que se conoce como aceleración de pagos. Si eso pasara Argentina tendría un problema más severo”.

Si esto ocurriera la presión de la salida de capitales podría podría incrementarse y generar “discrepancias entre el dólar oficial y los paralelos”.

No es el único escenario posible: “Puede ocurrir que se extienda el plazo. La adhesión dentro de los bonistas que están en Argentina fue casi total. (…) Podría ser que mañana se extienda el plazo o cierre con una adhesión que alcance a algunas de las partes del canje o que no se cierre el canje y ver qué opciones hay”.

El economista mencionó que una de las opciones es el Standstill: “Pagar los vencimientos de intereses, freezar la negociación y avanzar en otro frente. Con esto el Gobierno ganaría no comerse juicios de entrada y patear más para delante el problema. Tendría que pagar los vencimientos que ya pasaron, para que los bonistas esperen un rato más. El gobierno trataría de cerrar los frentes del FMI y el Club de París”.

¿Qué pasa con el FMI?

“Hasta el momento estamos en una incógnita total de qué va a requerir el FMI. En el pasado cuando extendió el crédito ha requerido que se hagan ciertas reformas, ¿va a pedir eso ahora? No sé si hay espacio político para hacerlo”.

“Acaba de presentarse el informe de Instituto Internacional de Finanzas que decía que en el segundo trimestre, de abril a junio de este año, lo que ocurrió es que la deuda creció. Y creció fuertemente respecto del PBI porque se emitieron alguna salidas de deuda, la crisis hizo que se desplomaran los PBI y esto lleva a muchos países a la incapacidad de pago”.

“Si hay una gran cantidad que entran en estos problemas de pagos, los acreedores están ante la posibilidad de cesación de pagos generalizada. Tienen que ver hasta qué punto le exigen a la Argentina o aceptan un arreglo que quizás no es el mejor pero le sirve de seña para arreglar con otros países”.

El conflicto real

“Todo el tiempo en la prensa local se señala que estamos en una diferencia de uno o dos dólares entre acreedores y gobierno, no sería para tanto. Invito a los periodistas y economistas que señalan que no son tanto que pongan ellos los miles de millones de dólares que significan de pago. La Argentina arrancó la oferta en 39 dólares de valor presente neto, eso se transformó entre 51 y 53 que es por donde están cotizando. Hubo una mejora del 30%. Del otro lado arrancaron pidiendo 60 y están en 57”.

“Los bonistas quieren desmontar las cláusulas de acción colectiva. Quienes quieran canjear ahora que canjeen y que quienes no quieren canjear puedan seguir demandando para obtener un arreglo mejor y en caso de no llegar a acordar, demandarlo”.

“Si el gobierno accede a esto, el canje no tiene sentido. Porque quién va a querer canjear ahora cuando se deja abierta la puerta a que si hay canje más adelante se pueda obtener un mejor resultado. Esa es la discusión que está sobre la mesa, más que ese dólar o los dos dólares que se discuten”.

“Desde hace muchos años en la literatura de políticas sociales se viene discutiendo sobre la necesidad de un ingreso universal. Es un ingreso mínimo asegurado a las personas por el solo hecho de ser ciudadanos y que no está atado a ninguna condición laboral, es por fuera de lo que uno gane en el trabajo”, dijo Agostina Costantino en su columna de FM De la Calle.

La economista mencionó que la CEPAL, que no suele “proponer políticas muy revolucionarias”, abonó la creación “de ingresos universales” y destacó “la importancia de las tareas de cuidado”.

“Ahora, trabajando en casa, nos damos cuenta de la necesidad de que alguien se encargue de niños, niñas y adultos mayores y también visibilizó la necesidad de que todas las personas tengan garantizado el ingreso para vivir dignamente”.

El organismo propone un ingreso básico de emergencia por seis meses “equivalente a la línea de pobreza. Actualmente es 43 mil pesos por familia tipo, pareja y dos hijos. Después de ese período se puede pensar cómo recalcular esa cifra pero mantener la política de ingreso universal”.

La CEPAL calcula que en América Latina “unos 215 millones de personas están en condiciones de pobreza o el 34% a nivel regional. Esta cifra en Argentina no está actualizada y los pronósticos indican que va a estar por encima del 40 y cerca del 50 cuando finalice este proceso de aislamiento. Esto le costaría a los Estados en promedio un 2% del PBI, siempre que alcance a todas las personas pobres, lo cual parece algo bastante razonable”.

¿Qué es lo que se sabe?

“La poca información que tenemos es que después de agosto, cuando es el tercer cobro del IFE, se convertiría en una renta universal. Ya no lo cobrarían las ocho millones de personas que lo cobran ahora, sino tres millones. Se habla de personas en alta vulnerabilidad. Lo más probable es que los desocupados cobren. Sabemos que no va a ser incompatible con AUH y Asignación por Embarazo y que el monto que se piensa es el equivalente a un salario mínimo de $16.875”, aseguró la economista.

Costantino agregó que “si esta renta universal es por persona, el monto es razonable. Ahora, si es por familia al igual que IFE, resulta poco. Tampoco hay precisiones respecto a cuándo empezará a pagarse”.

Mientras tanto, “sigue sin discutirse el impuesto a las grandes fortunas, posibles impuestos a los bancos, arreglar o no la deuda. Hay expectativas de que si se arregla la deuda podrían bajar fondos para que se reconstruya la economía, pero esto atado a que se arreglen los bonistas”.

El Gobierno oficializó su nueva propuesta de reestructuración de la deuda en poder de bonistas privados mediante el Decreto 582/2020 y el economista Francisco Cantamutto la analizó en FM De la Calle.

“Esta cuarta oferta se ha ido acercando a lo que pedían los acreedores, están bastante cerca de la oferta original. Para el conjunto de bonos, el valor neto -que sería cuánto valen hoy- está en 53,5 dólares cada cien. En la oferta original se reconocía un valor de 37. La mejora fue sustantiva, más del 50 de la oferta original”, afirmó el columnista de En eso Estamos.

Agregó que “en algunos bonos específicos, los del canje 2005-2010, el valor incluso llega a 57 dólares. La diferencia respecto a lo que pedían los bonistas se achicó tanto que hace muy improbable que en el corto plazo haya juicios”.

A los bonistas “se les van a reconocer intereses caídos, van a cobrar antes y, además de eso, van a tener menores quitas de capital que en la oferta anterior”.

Cantamutto acotó que para esto es necesario contar con un mínimo de aceptación en los bonos de 2005- 2010: “Tiene que llegar al 85% y el resto de bonos emitidos durante del gobierno de Cambiemos alcanza con dos tercios. Hasta alcanzar estos valores, el gobierno ofrece estas mejoras, una vez que se supere este umbral esas ofertas se caen, lo que significa que si algún bonista espera a que fracase el canje puede perder las mejoras”.

Cantamutto destacó que “el propio Luis ‘Toto’ Caputo salió a saludar la oferta” y que “el gobierno cuenta con el apoyo de un fondo, viejo acreedor de la Argentina: Fintech”.

“Es un fondo de inversión copropietario del grupo de Telecom Cablevisión. Es amigo de los muchachos de Clarín, esto tuerce la información que circula. Este fondo no tiene gran cantidad de bonos pero actúa como carril de negociación entre Argentina y el resto de los bonistas”.

El obstáculo principal

“Blackrock, el titán de las finanzas y del poder político, está diciendo que no quiere entrar al canje y dice tener alrededor de un tercio de los bonos, por lo cual lo pone en riesgo”, comentó.

“Lo que queda claro es que esta nueva oferta de mejora cuenta con el aval del FMI, del estabishment de Washington y de gran parte de los bonistas que dicen: no solamente me estás ofreciendo un seguro de cobro sino que me mejorás la oferta”.

El economista señaló que “Blackrock, aparte de negociar con Argentina, es un acreedor de decenas de países del mundo. Después de lo que pase con Argentina va a tener que seguir negociando con otros países, entonces, no quiere que se pudra el negocio en todo el mundo”.

Última oferta con cierre en agosto

Cantamutto comentó que “el 4 de agosto esto se cierra con default o con acuerdo y se habilita la discusión del presupuesto. Lo que pasa es que se ponen las mismas condiciones para la deuda local y empieza la negociación explícita con el FMI”.

“El FMI está diciendo ‘muy bien muchachos pero no vamos a tomar correponsabilidad porque prestamos plata sobre el límite de la cuota para financiar la fuga de capital'”, adelantó.


En este contexto tan adverso, buscamos llevar adelante distintas estrategias de acompañamiento a los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19.

Desde la Economía Solidaria, pensamos una alternativa que ofrezca la posibilidad de consumir alimentos saludables para compartir en nuestras mesas. En esta oportunidad ofrecemos 50 bolsas compuestas por:

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  • ½ docena de Huevos: Son comercializados por Runtu Thani, grupo asociativo que está integrada por productores/as avícolas de Bahía Blanca y el sector periurbano. Su forma de producir se denomina “traspatio”, ya que las gallinas viven en un gallinero donde duermen, tienen agua, alimento balanceado y ponen huevos en sus nidales. Durante el día están sueltas, toman sol y comen pasto, restos de verduras de la huerta e insectos, los cuales aportan al huevo muchos minerales y vitaminas.
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Si bien el INDEC informó ayer que el índice de desempleo en Bahía para el primer trimestre de 2020 se contrajo 1,4% respecto del mismo período del año anterior, el empleo no aumentó.

El economista Gustavo Burachik explicó a FM De la Calle que esto es así porque hay una “retirada masiva del mercado del trabajo. Cuando hay problemas de empleo no sube la desocupación, lo que hay es un pasaje a la inactividad”.

“El empleo en todo el país bajó, los datos muestran eso, en Bahía también. El porcentaje de quienes están con una ocupación disminuyó. El titular sería que bajó el desempleo no que subió el empleo”, afirmó el director del Boletín de Estadísticas Laborales de Bahía Blanca-Cerri.

“Tiene una explicación: al haber muchas menos oportunidades hay mucha gente que no tiene trabajo y deja de buscarlo. Al dejar de buscar, desde el punto de vista del INDEC, dejan de ser desempleados y pasan a ser inactivos, con lo cual no entran en el rubro desocupados. Frente a una caída del empleo hay una retirada masiva del mercado de trabajo”.

Por este motivo, Burachik señaló que en Bahía “hay un gran aumento del desempleo encubierto bajo inactividad. Hay una gran porción de desocupados, si vos llevás uno o dos meses buscando trabajo podés tener una idea general de la disponibilidad de trabajo, llega un punto que dejás de buscar. Sos un desocupado a efectos prácticos aunque en el sistema te carga como inactivo”.

Repescto de la metodología del INDEC, el analista señaló que es “correcta y se emplea en todos lados. En Estados Unidos la encuesta da otros indicadores, una idea de cuántos inactivos son en realidad desocupados que dejaron de buscar. Tenés otras herramientas para detectar el desempleo por desaliento dentro del universo de inactivos. No existen formas cuantitativas de ver qué porcentaje de inactividad son personas dispuestas a trabajar que se han desalentado y han dejado de buscar”.

Los datos locales indican que el desaliento es fundamentalmente un fenómeno de los trabajadores jóvenes, “pero si ves los datos de jefes de hogar muestran un gran aumento de la desocupación, te diría que casi se duplicó en un año. Se entiende que no hay mucha posibilidad de retirarse del trabajo cuando hay necesidad, esta más presionado a seguir en el empleo y aceptar cualquier cosa que le den”.

Burachik dijo que “esto debería ser objeto de una fuerte intervención de las autoridades que no está adquiriendo la magnitud y escala que debería”.

El informe señala que el número respecto a mujeres mayores de 29 años hay “evolución distintiva” porque “fue el único en que la desocupación se redujo debido a un incremento del empleo”.

Sin embargo, “uno podría conjeturar que se trata de una actividad femenina que suele absorber situaciones de este tipo el servicio doméstico y puede haber un aumento del cuentapropismo vinculado a las ventas domiciliarias. Ese tipo de actividades es lo que podría explicar el fenómeno”.

Por último, señaló que “parece haber una reducción del peso del comercio en el total de la ocupación. Hay cierto aumento de la industria vinculado a actividades de muy pequeña escala, talleres, que están clasificados como industrias pero son más actividades artesanales como son las casas de pasta, herrerías”.

El columnista de FM De la Calle, Francisco Cantamutto, analizó los datos relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa respecto a las ventas minoristas por el Día del Padre y enfatizó que es una buena oportunidad para sentar las bases de una nueva forma de pensar el modelo económico.

Según el informe de la CAME, “hubo una caída de un 44% respecto del año pasado. Hay cierta confusión, la cuarentena de hecho interrumpe determinadas actividades, pero hay una situación de crisis latente que con la explosión de la pandemia generó un problema que incluso si se levantara la cuarentena igual sería complicado”, comentó el economista.

Afirmó que “es super importante que discutamos cambios que generen una nueva realidad económica cuando salgamos de esto”.

Cantamutto detalló que “calzado, marroquinería e indumentaria tuvieron alrededor de 50% de caída de volumen de ventas. Este dato condice con otro que releva la misma Cámara: en términos de producción encontró que hay una caída del 35%”.

La baja en la producción de alimentos es del 15%. “No se trata de que están cayendo las ventas sino que además estamos teniendo una caída de alimentos que habla de un deterioro a nivel de nutrición de la gente”.

Ayudas del gobierno nacional

“Me parecen bien orientadas pero claramente son insuficientes, muchas restricciones ligadas a la IFE están haciendo que sectores necesitados no puedan cobrarla, otros sectores lo cobran de manera tardía. Una medida que es celebrable está llegando tarde y mal”, comentó.

Cantamutto mencionó que una alternativa sería “eliminar las retenciones y hacer un ingreso ciudadano generalizado, algo que promovió Claudio Lozano. Otra es revalorizar el trabajo que hacen las organizaciones de la economía popular, trabajos realizados en malas condiciones pero que son fundamentales para la vida social”.

Destacó “los roles de tareas de cuidados básicos que se realizan a nivel comunitario por parte de la organizaciones sociales” y recordó que “hay ocho referentas mujeres fallecidas por estar expuestas al Covid por estar al frente de la pelea del día a día. Esto en cierta forma está siendo reconocido”.

En este marco, enfatizó la importancia de reforzar las políticas de apoyo a los sectores afectados: “La industria lentamente se está recomponiendo, la capacidad ociosa se redujo en la medida que se reactivan las actividades”.

“Acá viene la necesidad de descentralizar la actividad económica, el núcleo de la industria está en AMBA, si estuvieran radicadas en otros lados podrían estar habilitadas para poder producir en este momento”.

Desde el jueves funciona la Red de Comercialización de la Economía Solidaria, “un servicio integrado por trabajadoras y trabajadores informales que impulsan emprendimientos familiares, unipersonales o asociativos”.

Conocé los productos y servicios que ofrece en http://www.reddecomercializacion.com/

Es una iniciativa del área de Economía Solidaria de Cáritas Bahía Blanca y FM De la Calle.

“Hace años trabajamos con estos principios donde principalmente la persona ejerce todo tipo de transacción económica y también va tejiendo lazos de solidaridad y de comercio justo donde por ejemplo alguien que produce no puede ganar menos de quien transporta. Teniendo en cuenta todo lo que veníamos trabajando pensamos una nueva forma de comercializar dado que las instancias en las que los emprendedores vendían se complicó por la pandemia”, comentó Marina Huentenao desde EcoSol.

Agregó que “participan más de 20 emprendimientos asociativos, familiares o unipersonales. Pensamos cómo hacer para que la persona que transporte las producciones lo haga en este marco pero que podamos reconocer el valor de este intermediario. Se trata de que no haya intermediarios pero en este caso era necesario”.

“Pensamos que no podían cruzarse toda la ciudad y lo que invitamos a hacer es que se haga dentro de la Delegación en la que vos vivís. Se pueden dar de una Delegación a la otra pero incentivamos que la compra sea dentro de la Delegación para que no haya grandes traslados”.

Para ello, “hablamos con el sindicato ASTRAMyC y ellos designaron una cadetería de su bolsa de empleo que va a hacer este servicios de transporte, con los protocolos vigentes pero también eso con el cuidado de lo que va pasando en Bahía. En principio fomentando la compra por Delegación y después pudiéndolo ampliar”.

Huentenao mencionó que en la página de la Red se pueden encontrar varios rubros: “gastronomía, cosmética natural, sahumerios, textiles, bolsos, carteras, mochilas, pantalones, joggins, camisetas, ropa de abrigo, reparación de calzado. Hay otros rubos que hay son categorías de servicios, una que es de fletes, la cadetería de los envíos y servicios culturales, por ejemplo, se suma UMSur con su catálogo”.

El equipo que realizó el informe sobre endeudamiento en los sectores populares de Bahía Blanca que difundimos semanas atrás FM De la Calle y Tramas comenzó a desarrollar una nueva etapa de la investigación.

Son integrantes del Departamento de Economía de la UNS y del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS UNS-CONICET).

Para avanzar necesitan que quienes vivimos en el Partido de Bahía Blanca respondamos esta breve encuesta: https://forms.gle/Uv1Q5y4YFT7qspNa8

Te lleva entre 3 y 6 minutos.

Con la alegría propia del trabajo colectivo presentamos la Red de Comercialización de la Economía Solidaria, un puente entre quienes producen y quienes consumen para atravesar la pandemia.

Se trata de un servicio de comercialización de la economía solidaria integrada por trabajadoras y trabajadores informales que impulsan emprendimientos familiares, unipersonales o asociativos.

Buscamos ampliar la llegada de producciones que generan ingresos sostenedores de la vida, en un intercambio que vaya más allá de la adquisición de un bien o servicio y promueva el desarrollo local, autogestivo y solidario.

Ofrecemos una modalidad de venta que respete los protocolos sanitarios para el traslado y la entrega.

Priorizamos la compra de cercanía entre los barrios de cada Delegación.

Apuntamos al consumo responsable de productos artesanales, amigables con el ambiente, sin aditivos y al precio justo.

El lanzamiento incluye propuestas de más de veinte emprendimientos de diversos rubros: textiles, gastronomía, artesanías, calzado, accesorios, jardinería, juguetes, cosmética natural, sahumerios, cadetería y servicios culturales.

www.reddecomercializacion.com

Te invitamos a tejer esta red comunitaria, comprá desde tu casa y fortalecé el trabajo de tus vecinas y tus vecinos.

Los centros de investigación Corporate Europe Observatory y Transnational Institute publicaron una investigación sobre cómo los abogados especializados en inversiones se preparan para demandar a los Estados ante tribunales internacionales de arbitraje por las medidas tomadas en respuesta al COVID-19.

Argentina es uno de los países que corre el riesgo de ser demandado en caso que incumpla con el pago de los bonos de deuda. “Esto es en relación a todo el andamiaje de tratados internacionales que firmaban todos los países del mundo en los ’90”, dijo a FM De la Calle la economista y especialista en Tratados de Libre Comercio, Luciana Ghiotto.

“Estos tratados permiten que los inversores demanden cuando ven puesta en peligro su ganancia pero no en el marco de la justicia nacional sino ante los centros de arbitrajes internacionales. Son abogados privados que deciden si la medida que tomó el Estado es correcta o no. Por un lado, mega privilegios de los inversores y, por otro, los Estados que al firmar estos tratados quedaron con las manos atadas”, comentó.

La investigación muestra cómo los bufetes están asesorando inversores extranjeros sobre la posibilidad de iniciar demandas de arbitraje porque los gobiernos, entre otras medidas, “aseguraron que no se corte el suministro de agua potable para lavarse las manos; evitaron los cortes en agua, gas y electricidad por falta de pago; tomaron control de hospitales privados y hoteles para tratar a los pacientes; adoptaron medidas para que medicamentos, vacunas y tests estén disponibles para todas las personas y suspendieron las actividades comerciales que habrían propagado el virus”.

La economista agregó que “el derecho está del lado del inversor, esto significa que si miramos estas demandas -hay alrededor de 1000 en los últimos 20 años- el 30% son contra países de América Latina y en esas demandas ganaron los privilegios. También somos los primeros en el triste ranking en países más demandados del mundo, tenemos más de 60 demandas y muchas las perdimos”.

Ghiotto es una de las investigadoras espiadas por la AFI en el marco de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio y las reuniones del G20 durante el macrismo.

La especialista explicó cómo se vincula el espionaje con estas propuestas: “Uno de los que elaboró este reporte es el Trasnational Institute. Es la organización por la cual yo iba a entrar a la reunión de la OMC, una de las espiadas por la AFI. Nos encargamos de investigar, de presionar a los gobiernos. Si vos estás activando contra el poder, al poder le molesta y por eso hicieron toda esta movida para que no entremos”.

El presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentín y el envío de un proyecto de ley de expropiación al Congreso. Por 60 días la agroexportadora estará a cargo de Gabriel Delgado y será gerenciada por YPF Agro.

Uno de los argumentos para tomar la decisión fue garantizar la “soberanía alimentaria”. Sin embargo, el periodista Patricio Eleisegui aseguró que Vicentín ofrece un modelo “completamente contrapuesto”.

“Soberanía alimentaria implica un control soberano de la producción de alimento y capacidad del pueblo de manejar resortes de la producción, siempre en la perspectiva del desarrollo sustentable. Esto genera seguridad alimentaria. Estamos hablando de una compañía que se centra en el desarrollo de transgénicos y la exportación de la producción. Estamos enfrente de garantizar una producción sana a y agroecológica, además que Vicentin no produce alimentos sino comodities para exportación”, dijo el autor de “AgroTóxico” y “Envenenados”.

Señaló que el modelo Vicentin es “agroexportador atado a la venta exterior de soja y maíz, a través del grano mismo o procesados como la molienda de soja para harina. Esto con perspectivas de abastecimiento a China o Europa, para garantizarle forraje al ganado porcino o a los pollos”.

Se basa en “una agricultura atada al uso del paquete tecnológico: semillas modificadas genéticamente, los agrotóxicos y siembra directa. Vicentin ha basado en la última década su desempeño comercial en ese rubro, esto es el vínculo con exportadores transgénicos, exportación y con una pata de producción de feedlots para ganado encerrado, con todo lo que implica en el uso de antibióticos y otros problemas que tiene ese modelo de ganadería”.

Respecto a la conservación de las fuentes laborales, Eleisegui mencionó que el 40% de la deuda contraída por Vicentin es con productores. “Muchos son pequeños, gente con 200 o 300 hectáreas, muchas son cooperativas. Son productores de soja y maíz transgénico. Se garantiza la posibilidad de seguir vendiendo al exterior, es una continuidad de la operatoria. Si el mensaje era garantizar puestos de trabajo es otra la discusión. Hablar de soberanía alimentaria es innecesario porque no tiene un fundamento y un sostén a partir de las características de la misma Vicentin”.

YPF megaminera

Por otra parte, Eleisegui se refirió al interés de la petrolera estatal a intervenir en la explotación minera. Junto a la Secretaría del área “están definiendo de qué manera se lleva a cabo, si es a través de una subsidiaria de YPF que se ocupa de la provisión de la arena que se utiliza para fracking en la zona de Vaca Muerta o si se va a desarrollar desde cero una unidad específica”.

“La propuesta es desempeñar un rol muy fuerte en los proyectos grandes de oro y litio, activar una megaminería, una especie de Barrick estatal que salga a disputar proyectos a compañías de afuera o que pueda funcionar de manera asociada. Me preguntaba si este modelo asociado de dos compañías está dentro del horizonte y me dijeron que sí, que miran mucho el modelo chileno. Se está avanzando bastante rápido y se inscribe dentro de la línea del presidente cuando dijo que una de las líneas en términos de extractivismo iba a estar orientada a los hidrocarburos”, apuntó.

La economista y columnista de FM De la Calle, Agostina Costantino, analizó los alcances del Ingreso Familiar de Emergencia en clave feminista.

La semana pasada, la directora Nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D’Alessandro, señaló que “el IFE junto a transferencias de AUH y la tarjeta Alimentar representa que el 68% de lo que el Estado invierte, está llegando al 50% más pobre de la población. Son medidas progresivas que tienden a cerrar las brechas de desigualdad”.

Costantino destacó que “en la primera tanda lo cobraron ocho millones de personas. Es decir, ocho millones de familias cumplen con características que son muy restrictivas, familias donde no había otro ingreso. Esto es el 20% de la población argentina. No se tomaba total magnitud de la gran cantidad de familias que se encontraban en situación de vulnerabilidad, son familias con ingresos super informales”.

D’Alessandro destacó la importancia de incluir a las trabajadoras domésticas en el cobro del ingreso.

“Otra novedad respecto a esta segunda tanda del IFE es que en aquellas familias que lo hayan solicitado lo van a cobrar las mujeres. Eso atiende a la desigualdad estructural que tiene la economía en donde las mujeres estamos sobre representadas en los deciles más bajos de ingresos, esto que llamamos feminización de la pobreza”, comentó Costantino.

Sin embargo, apuntó que “una cosa que no atiende y que desde la economía feminista se critica es que es familiar. Esta idea tiene como supuesto que la familia es una unidad armónica que decide democráticamente y sin conflictos cómo se distribuyen los recursos hacia adentro”.

“Sabemos que esto no esa así, que la familia es una unidad de conflicto y altamente desigual hacia adentro. También estamos discriminadas hacia adentro de los hogares en la distribución de tareas, lo más probable que vaya a suceder es que la decisión sobre qué hacer con esos recursos no la terminen tomando las mujeres”.

La economista afirmó que, por otro lado, “en el otorgar el IFE a quienes cobran AUH y a las mujeres por sobre lo varones, también parece haber una mirada maternal o maternalista por parte de las políticas sociales, se otorga en tanto madre no en tanto mujer, pareciera tener esa mirada”.

Además, hizo una salvedad, “más del 90% de las personas que cobran AUH son mujeres porque está condicionada a la asistencia de niños y niñas a la escuela y controles sanitarios y las que se encargan de esto son las mujeres”.

“Es importante que se pretenda esta mirada de género pero nos seguimos enfrentando a ese límite de la familia que resulta problemático. Es parte del problema de considerar a la familia como destinatario, ¿qué es la familia? ¿cómo la definimos?”, preguntó.

“Sorpresa no me causó. Ahora tomó una dimensión pública y me parece saludable porque permite debatir entre todes qué hacer con esta rémora de la democracia que hemos conquistado”, dijo el economista Francisco Cantamutto a FM De la Calle tras la confirmación de que es uno de las decenas de personas espiadas por el macrismo.

La titular de la AFI, Cristina Caamaño, realizó denunció a la conducción anterior del organismo, agentes, y al ex presidente Mauricio Macri por el espionaje y la inteligencia realizada contra alrededor de 400 dirigentes sociales, militantes y académicos en el marco de la Cumbre de la OMC en 2017.

Cantamutto es columnista de Economía de En Eso Estamos e integra la Asamblea Argentina Mejor sin TLC, conjunto de organizaciones y militantes que impulsaron la “Confluencia Fuera OMC” y la “Confluencia Fuera G20-FMI” durante 2017 y 2018 y que actualmente conforman el Capítulo Argentino de la Plataforma América Latina Mejor sin TLC.

“No es sorpresa porque nos prohibieron participar de la reunión interministerial de la OMC en el 2017 porque instábamos a la violencia. Esto llamó la atención, de dónde sacaban que nosotros hacíamos esto. Presentamos un recurso de habeas data para saberlo. Ese recurso avanzó, según las posibilidades personales de cada quien. En mi caso, junto a otras compañeras, la Cámara de Apelaciones nos dio la razón que el Ministerio de Seguridad debía responder, no así la AFI. Esto esta apelado ante la Corte Suprema”, detalló.

Según publicó Página/12, las fichas de Cantamutto y otro integrante de la Sociedad de Economía Crítica, destacan: “Grupo de economistas de izquierda con fuerte presencia en medios alternativos y de corte kirchnerista como Página/12. Asimismo, ha realizado publicaciones en el portal de Agencia Paco Urondo, en las cuales se ha manifestado en contra del libre comercio”.

Cantamutto afirmó: “No puedo descartar ni aseverar que haya más información que esa. No hemos tenido acceso a las fichas porque nos han ido pateando con distintas excusas que han sido respondidas por la defensa que tenemos del CELS, porque más allá de la dimensión personal esto se trata de un problema de dimensión política. En un gobierno que se jactaba de su republicanismo hemos sido espiados”.

“Esto es profundamente antidemocráctico, me llama la atención ver a Bullrich defendiendo este espionaje cuando ha quedado claro que nuestras actividades no tenían nada de ilegal o delictivo sino poner en discusión de porqué venía la Organización Mundial del Comercio”.

Agregó que tras la denuncia de Caamaño “tenemos que ver si podemos anexarnos a la causa en carácter de querellante o de víctimas, tenemos que tener en claro las implicancias de cada caso. El CELS nos va a indicar los caminos posible, el recurso de habeas data ha seguido su curso en términos personales y ahora esta esta otra causa donde deberemos incorporarlo”.

Por último, mencionó que la UNS repudió la persecución ilegal a través de un comunicado.