El economista y columnista Francisco Cantamutto analizó en FM De la Calle la reciente aprobación de la reforma al impuesto a las ganancias.

El especialista señaló dos aspectos de la iniciativa. El primero es que “se siguen discutiendo elementos del impuesto sin revisión integral, significaría modificar las alícuotas progresivamente, hoy cuando empezás a pagar muy rápidamente pagás el máximo porque las escalas están muy reducidas”.

“El segundo aspecto a revisar son las exenciones del impuesto, control y fiscalización. Una de las críticas es que se está discutiendo cuántos trabajadores o trabajadoras lo pagan pero no se están discutiendo las exenciones de, por ejemplo, a quienes hacen las operaciones inmobiliarias”.

“Esto no fue parte del debate, lo que se hizo es aplicar una exención por la cual quienes reciben salario bruto de hasta 150 mil pesos, no pagarían”, comentó.

El economista agregó que “esto hace que 1 millón 267 mil personas dejen de pagar, se vuelve a la situación de 2015. Es un 10% de personas asalariadas pagan el impuesto a las ganancias”.

“En el 2019 por la falta de actualización de los mínimos llegó a pagar un cuarto de los asalariados. Esto genera un efecto distributivo desigual”.

Cantamutto comparó que “la canasta de pobreza es de 58 mil pesos por mes y el salario promedio del sector privado es de $56.550. Los asalariados ganaban en promedio por debajo de la canasta de pobreza familiar. La mayor parte de los asalariados ganan mal pero, una vez que logran superar esa barrera, muy rápidamente saltan en la escala y pagan el tope de ganancias”.

“Esto nos habla de que se erosionó el salario de la clase media. Es decir, la mayor parte gana un salario de pobreza y, cuando logra saltar esa brecha, pasa a ser incluido entre quienes más ganan. Esto es un efecto de la desigualdad de distribución del ingreso, es de fondo y va más allá del impuesto”.

¿Por qué esta medida se sanciona ahora?

“Más allá del gesto político en el año electoral, la lectura económica tiene que ver con reactivar la economía. Mientas se negocia con el FMI, se habla de reducción de déficit fiscal, las exportaciones no reaccionan con la velocidad esperada, la inversión pública está atada, los salarios no suben, la mejora tiene que generar incentivos para que sectores medios y altos vuelquen el dinero en el consumo. No solamente mediante esta medida que libera fondos para que se vayan al consumo atrasado, sino también las iniciativas para el fomento a la construcción”.

El economista señaló que “se habla de un crédito hipotecario que en lugar de actualizar por UVA sea por índice salarial para que, si aumenta la inflación y no el salario, no se vaya la cuota al demonio. Todas las medidas que fomenten a la construcción especialmente, porque es mano de obra muy intensiva, generan muchos encadenamientos”.

“No es solamente un arreglo o un gesto político sino que tiene que ver con cómo hacer para reactivar la economía”, finalizó.

El presidente Alberto Fernández anunció que llevará a cabo una querella criminal tendiente a investigar las responsabilidades de los funcionarios macristas que acordaron el crédito con el Fondo Monetario Internacional.

El economista Francisco Cantamutto destacó en FM De la Calle que ya “hay cuatro denuncias iniciadas contra las gestiones de toma de deuda. Tal vez la del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas es la más relevante porque lograron demostrar que, más allá de los efectos sociales y económicos, hay vicios de tipo legal”.

“El acto administrativo que inicia el expediente y que da lugar a la acción del Estado se inicia una semana después que el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas presente la denuncia. Ya estaba pactado el acuerdo con el Fondo pero no había ningún acto del Estado que diga que eso existía. Se vulneró la Ley de Administración Financiera porque no hubo ni dictamen jurídico ni técnico, no intervino ni la Procuraduría del Tesoro, ni la Oficina de Presupuesto del Congreso ni el Banco Central, todas instituciones que tienen que decir si la deuda es o no pagable”, afirmó.

En cuanto a otros antecedentes judiciales señaló que hay “un fallo en la justicia federal del año 2000 sobre actos ilícitos cometidos con la deuda de la dictadura. Me parece celebrable que esto se inicie porque significaría credibilidad, certidumbre, respecto al estado de derecho”.

Cantamutto mencionó que “todo este proceso es un elemento más para presionar la negociación (aunque) en en FMI podrían decir son las leyes argentinas las que se tocaron”.

“La Oficina de Evaluación Independiente es un organismo técnico que el FMI tiene para tratar este crédito, si hay un resultado que se pueda ofrecer para mostrar los ilícitos cometidos puede ayudar a obtener alguna opinión pública tendiente a mejorar esto”.

“Si se insiste bajo los parámetros que están habilitados hoy por el FMI la Argentina no va a poder pagar, es inviable. El cronograma original supone que en los próximos dos años paguemos 37 mil millones de dólares, si incluso se pasa a un préstamo de diez años implicaría que Argentina entre en problemas de pago después del 2026 porque se le juntaría con la deuda de acreedores privados”, dijo el economista.

Agregó que “el FMI es una caja de préstamo donde tienen socios que quieren cobrar un rendimiento. ¿Cómo les explicas que la mitad se la diste a un país que te decía que no podía pagar y se lo diste igual ? Por eso es necesario ver cómo resolverlo políticamente, ahí es donde ayuda esto a la discusión”.

Cantamutto aclaró que aun hay que conocer qué política tendrá la gestión de Joe Biden para el Fondo Monetario -donde Estados Unidos tiene poder de veto- y que resolución propone la entidad para la crisis desatada por la pandemia.

El economista Francisco Cantamutto comentó en su primera columna enel aire de la FM De la Calle el panorama económico para el año que comienza: pandemia, FMI y proyectos del Congreso.

“De agosto a esta parte la economía muestra señales de recuperación, va recuperando en casi todas las ramas de actividad con lo cual todo indicaría que lentamente se ve la pre pandemia. Todas las demandas que el año pasado estaban limitadas empiezan a cobrar relevancia y, entre ellas, las de distribución del ingreso”, señaló.

Agregó que “el gobierno lo que dice es que la inflación que se espera es del 29% y que los salarios deberían ganarle levemente a esa cifra. Desde las cámaras patronales no están tan de acuerdo, una recuperación a penas por encima sería moderar las expectativas de los votantes que- entendían que había que ponerle freno al desguace para distribuir mejor el ingreso”.

Esto se piensa desde varios ejes, argumentó el economista, “por un lado, la reticencia de las cámaras patronales a elevar los salarios pero, por otro, la capacidad del Estado de morigerar este proceso. Me refiero a la inflación, el mercado habla de una inflación estimada del 40%, bastante por encima. Los niveles de precios dependen de varias cosas: una es el salario, que lo quieren acotar a niveles de pandemia, para el caso de trabajadores estatales da casi 25 puntos por debajo del 2015, eso es lo que perdimos en cinco años. El otro precio es el tipo de cambio, el dólar. El año pasado lograron que el tipo de cambio fuera moviéndose lentamente, eso produce un ancla cambiaria, lo que tratan es ir con una devaluación paulatina”.

“Esto está atado hasta tanto se arregle con el FMI, que dice que no hay que achicar tanto el gasto pero en los hechos todas las evidencia indican que a los países de la periferia nos dice hay que achicar el grifo”.

Esto es importante por dos motivos, “el primero es que el FMI señala que hay que subir tarifas porque si no crecen subsidios y aumenta el déficit y de nuevo a la misma bola. Desde el gobierno saben que aumentar tarifas en año electoral es más o menos como pegarse un tiro en los dedos. Hay una fuerte tensión de no subir tarifas de manera generalizados, una alternativa es una suba 0 para sectores vulnerables, una suba de 9 o 10% para sectores medios y para los sectores mayores la suba que corresponde”.

Otro elemento que condiciona es la discusión con el FMI es cuánta política social habrá. “Las organizaciones sociales señalan que la situación es critica. Es necesario que el Estado salga apuntalar, pero si lo hace incumple las metas del FMI. El gobierno está en un hilo muy delgado para lo cual la apuesta central fue mantener a todos en el diálogo”.

Congreso

“Hay dos proyectos en discusión parlamentaria. Incentivos para la construcción y modificación del piso de Ganancias. Buscan que “sectores de ingresos altos vuelquen recursos al gasto. Los incentivos a la construcción ya se ven, al tener tantas dificultades para acceder a dólares los sectores de altos ingresos con el sobrante que tiene salen a construir. La idea que tienen es darle más incentivo fiscal, desgravaciones. es bastante poco progresivo en realidad”.

Por último, mencionó que también hay acuerdo en “ampliar un piso de exenciones que permitiría a 1 millón 300 mil personas dejar de pagar Impuesto a las Ganancias y se supone que esos pesos se volcarían en la economía. Son seis u ocho mil pesos al año, no es fortuna”.

“Es una medida de corte electoral, ese gasto esperan volver a recaudarlo por la vía del IVA. Lo que habría que discutir cuáles son las distintas escalas y alícuotas. La canasta de pobreza es de 56 mil pesos y alguien que gana a partir del 55 mil puede pagar impuesto. Esto es irracional y se arrastra hace más de una década y en vez de reformar integralmente se hacen estos parches”.

Sindicatos y organizaciones populares realizaron una Jornada de Lucha frente a las negociaciones en curso y la presencia en nuestro país de una nueva misión del FMI.

“El gobierno plantea que el FMI es más amigable, nosotros vemos lo contrario, no creemos en ninguna dulcificación ni en que se vuelvan amigables quienes prestaron 47 mil millones de dólares para facilitar la reelección de Macri. Esa plata nadie la vio, se la fugaron. Esa gente viene a asegurar que se siga pagando la deuda ilegal y fraudulenta”, dijo a FM De la Calle el secretario de la CTA Enrique Gandolfo.

En cuanto a la política económica del gobierno afirmó que “estas semanas van en sintonía para hacer buena letra: la primera medida es la presentación del presupuesto en donde se eliminan el IFE y las ATP; otra señal es el cambio en el índice de la movilidad jubilatoria; y la tercera, que va a verse en el tiempo, es el aumento de las tarifas de los servicios públicos”.

“Dar estas señales para contentar al FMI es ir en sentido inverso de las necesidades de la mayoría”, apuntó.

En relación al aporte extraordinario de las grandes fortunas, insistió en la necesidad de una réplica local “con las grandes empresas vinculadas a la industria petroquímica”.

“El proyecto nacional va a en un buen camino, es insuficiente pero va en buen camino. Va en el sentido de tocar intereses mínimos, son 9 mil personas, casi se les pide permiso. Tiene que haber un debate público en ámbito local, con concejales, con representantes del Municipio, con las grandes empresas”.