A 50 años de los bastones largos

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“La noche de los bastones largos y la resistencia estudiantil en la UNS” será la consigna de la charla que brindará el profesor Edgardo Fernández Stacco en el marco del 50° aniversario del ataque emblemático de la dictadura de Onganía a la comunidad universitaria. La cita es este miércoles a las 16 en el Aula 1 del Departamento de Economía con invitación del centro de estudiantes.

El magíster en Matemáticas y autor de “Abandono a la contemplación – Apuntes para una historia de la Universidad Nacional del Sur”, se encontraba en Varsovia el 29 de julio de 1966 cuando los uniformados ingresaron a la Universidad de Buenos Aires y apalearon a docentes y estudiantes.

“Nada volvió a ser lo que era, la Facultad de Ciencias y la de Sociales quedaron diezmadas. En Exactas renunciaron 69 de los 73 profesores del Departamento de Física, no quedó nadie. La Clementina -la famosa primer computadora que había comprado Sadosky en el Centro de Cálculo, en el año 60 había empezado a funcionar, renunció todo el personal-, quedó abandonada totalmente”, dijo Stacco a FM De la Calle.

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Relató que “en Bahía Blanca como en todas las universidades del interior hubo manifestaciones, sobre todo de sus estudiantes” dado que el sector docente estaba dando sus primeros pasos hacia la organización gremial. “Hubo algunas manifestaciones de agrupaciones, por ejemplo en Matemáticas, en Humanidades, que se pronunciaron en contra de la acción del gobierno -ya habían intervenido las universidades- lo que se hizo el día anterior de La Noche de los Bastones Largos fue sacar un decreto donde los rectores que habían sido elegidos democráticamente por las asambleas universitarias quedaban a disposición del Poder Ejecutivo”.

El profesor recordó que “los centros de estudiantes habían sido disueltos por decreto pero siguieron funcionando. En Bahía Blanca hubo manifestaciones de todos los que había en ese momento, hubo una reacción, el rector (Aziz Ur) Rahman fue uno de los tres que no renunciaron en todo el país. Ante un comunicado que hubo de los estudiantes del Centro de Económicas se consideró ofendido y suspendió a todos los estudiantes hasta febrero del 67”.

“Un año después tomó una decisión bastante controversial de separar a todos los estudiantes que no tuvieran dos materias rendidas en el último año y dejó sin ciudadanía universitaria a dos mil estudiantes de un golpe. En ese momento la universidad tenía siete mil estudiantes”, agregó.

“Me parece bien que los chicos se preocupen por estas cosas porque en junio, por ejemplo, se cumplieron 98 años de la Reforma Universitaria y yo no vi ninguna manifestación, salvo una que hicimos en un programa radial que tenemos. Dentro de dos años se van a cumplir los primeros cien años y eso fue un cambio fundamental para las universidades, parece que no está internalizado en el cuerpo universitario”.

Fernández Stacco explicó que la dictadura de Onganía propiciaba la “lucha contra el comunismo” que sostenía que las universidades eran el “principal reducto” de dicha militancia. “Muchos de los militares de esa época estudiaban en la Escuela de Panamá y fue la impronta que llegó con el tiempo a los golpes de Estado” en Latinoamérica.

En cuanto al costo que tuvo La Noche de los Bastones Largos para el país, Stacco aseguró que “es imposible de mensurar” aunque rememoró “los años de oro” -1956 a 1966- de las ciencias en la UBA: “Fue una revolución total en matemática, en física, en biología y eso se destruyó totalmente. De Chile, Venezuela, Estados Unidos contrataban no a un profesor destacado -que había muchísimos en esa época- sino de a veinte, a todo el grupo, una cosa totalmente inusitada”.

“En Bahía recién estábamos empezando, teníamos diez años de universidad, todavía no estaba consolidada. Hubo solamente dos renuncias de profesores de historia. Quizás que fue favorecido en el caso de matemáticas porque hubo un par de matrimonios de profesores muy buenos que no quisieron volver a Buenos Aires”, concluyó.

Foto: UNS.

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Revocan cautelar contra tarifazo de la luz

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La Corte revocó por unanimidad una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había suspendido como medida cautelar los aumentos en la tarifa eléctrica.

Para el Tribunal, carecen de legitimación quienes iniciaron la causa para actuar en representación de todos los usuarios. La demanda había sido presentada por un grupo de diputados de la provincia de Buenos Aires, el Secretario general de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

La Corte dijo que los Diputados presentantes, el Secretario General de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y el Partido Justicialista de dicho Estado carecen de legitimación para actuar en representación del colectivo conformado por todos los usuarios del servicio de energía eléctrica del ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a la presentación del Club Social y Deportivo “12 de octubre”, que también adhirió a la demanda, la Corte dijo que si bien no invoca la calidad de representante de todos los usuarios de la provincia, y por ende no los puede representar, se reenvían las actuaciones al juez de primera instancia para que verifique si dicho club representa a alguna categoría determinada de clubes de barrio o de pueblo.

Fuente: CIJ.

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Dictamen a favor de la suspensión del tarifazo eléctrico

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La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, consideró que corresponde confirmar el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que, tras revocar la sentencia de primera instancia, había hecho lugar a la medida cautelar que suspendió las resoluciones 6/2016 y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y la resolución 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad para la provincia de Buenos Aires.

Gils Carbó detalló que se debe prestar especial atención al carácter provisorio de la cautelar, cuyo plazo se limita a tres meses desde su otorgamiento, y a las presentaciones realizadas por otros actores -organismos públicos, asociaciones de consumidores, otras asociaciones y afectados- en la causa y en distintos expedientes referidos al mismo tema.

La medida la había solicitado un grupo de diputados provinciales por medio de una acción de amparo con la que buscaban declarar la nulidad de las resoluciones mencionadas. Luego, el Defensor del Pueblo provincial, el presidente, vicepresidente y apoderado del Partido Justicialista bonaerense y el presidente del Club Social y Deportivo 12 de Octubre se presentaron como terceros y adhirieron a la demanda.

En relación con este punto, a diferencia de lo formulado por la Cámara platense, Gils Carbó le dio parcialmente la razón al Poder Ejecutivo en cuanto a la legitimación de los actores presentados. El tribunal federal había otorgado alcance colectivo a la medida sobre la legitimación del Defensor del Pueblo. Pero la titular del MPF, con apoyo en la doctrina formulada por la Corte Suprema, precisó que ese organismo provincial “carece de legitimación […] dado que se trata de una acción cuyo objeto es controvertir actos del Estado Nacional”.

No obstante, para la procuradora, el Club Social y Deportivo 12 de Octubre acreditó su carácter de afectado, lo cual “le otorga, prima facie, legitimación para peticionar una protección provisoria” hasta tanto se realicen las medidas ordenatorias del proceso y se decida cuál de los sujetos asumirá en definitiva la calidad de titular de la acción.

Al respecto, el dictamen aclaró que “en esta instancia preliminar y urgente, donde aún no se han adoptado medidas ordenatorias del reclamo colectivo vinculado al aumento tarifario de la energía eléctrica y donde todavía el universo de accionantes del sub lite podría ser alterado —ver presentación de la asociación Unión de Usuarios y Consumidores de fojas 567/600—, entiendo que corresponde mantener los efectos colectivos otorgados por el tribunal a quo a la medida cautelar, dado que lo que se encuentra en juego es la tutela cautelar del acceso de los usuarios y consumidores al servicio básico de electricidad y, en definitiva, a derechos fundamentales”.

En el mismo sentido, la procuradora precisó que “del Registro Público de Procesos Colectivos surge que, con relación al aumento tarifario aquí controvertido, se han iniciado otras acciones por parte de actores de diversa índole: organismos públicos, asociaciones de consumidores, otras asociaciones y afectados”.

Las resoluciones cuestionadas

El 25 y 27 de enero de 2016, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación dictó las resoluciones 6/2016 y 7/2016, por las que dispuso un incremento de la tarifa de energía eléctrica que deben afrontar los usuarios para acceder a ese servicio básico. Esos incrementos comenzarían a regir a partir del 1 de febrero de este año. A su vez, la resolución 1/2016 dictada por el ENRE determinó los valores de los nuevos cuadros tarifarios de EDENOR SA y EDESUR SA.

Estas medidas, indicó Gils Carbó, “dispusieron un cambio en el financiamiento del esquema tarifario del servicio de energía eléctrica […]. De modo similar a lo decidido en el ámbito del servicio básico de gas, se puso en marcha un cambio de un sistema en el cual el Estado asumía un rol central al sostener la generación, distribución e inversión a través de subsidios, a un régimen donde estos conceptos se trasladan sustancialmente, en forma directa, a los usuarios y consumidores”.

Luego, destacó que la parte actora había sostenido que “los hogares que consumen hasta 300 kWh por bimestre deben afrontar aumentos cercanos al quinientos cuarenta por ciento (540%); los que consumen hasta 1.000 kWh, incrementos superiores al setecientos por ciento (700%); y los que consumen más de 1.000 kWh, aumentos de menos del quinientos por ciento (500%) […]. Además, afirmó que los usuarios comerciales e industriales deben afrontar aumentos que rondan entre el seiscientos por ciento (600%) y el setecientos cincuenta por ciento (750%)”.

El dictamen explicó que “a los efectos cautelares, resulta relevante ponderar que la cuantía de tales aumentos no fue controvertida por el Estado Nacional y por el ENRE, quienes tampoco proporcionaron información sobre el impacto de las nuevas medidas en las facturas finales de los usuarios y consumidores”.

De esta manera, la titular del MPF opinó que la resolución de la Cámara de La Plata fue acertada porque “se encuentran reunidos los presupuestos para suspender cautelarmente las mencionadas resoluciones en tanto fueron adoptadas sin la previa celebración de una audiencia pública”.

Derechos constitucionales en juego

Por otra parte, la procuradora señaló que correspondía “efectuar un análisis exhaustivo sobre la configuración de los recaudos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora atento a que se encuentra en juego el interés general de la sociedad —cuya defensa incumbe a este Ministerio Público Fiscal por mandato constitucional (art. 120, Constitución Nacional)— vinculado a la continuidad y a la accesibilidad al servicio de energía eléctrica”.

Recordó que la Corte Suprema expuso recientemente en el fallo “CEPIS” que “en materia tarifaria la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida. (…) es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio”.

Luego, puntualizó que en el ámbito del servicio básico de la electricidad, “el derecho constitucional a la información, consulta y participación es implementado por la Ley 24.065 de Energía Eléctrica mediante el mecanismo de audiencias públicas”, que determina que “la audiencia pública es, en definitiva, uno de los mecanismos establecidos a fin de proteger los intereses económicos de los usuarios y consumidores (art. 42, Constitución Nacional). La tutela de esos intereses económicos se encuentra receptada, a su vez, en el deber de fijar tarifas justas y razonables (arts. 2 inc. d, y 40, inc. d, ley 24.065), esto es, que observen los principios de transparencia, certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad”, tal como también señaló la Corte en “CEPIS”.

Por esto, remarcó que “no puede obviarse que la fijación de tarifas irrazonables puede afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de energía eléctrica, comprometiendo el goce de derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales”, tales como “la protección del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, que comprende alimentación y vivienda adecuados, así como una mejora continua de las condiciones de existencia”, y “la protección del derecho a trabajar, a comerciar y ejercer toda industria lícita, entre otros derechos fundamentales”.

En las circunstancias descriptas, la titular del MPF advirtió que “debe primar el derecho de los usuarios y consumidores a participar en la determinación de la tarifa final, ya sea para recibir información adecuada y veraz sobre los aumentos, como para peticionar que la implementación de una nueva política pública no afecte sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional vinculados a la accesibilidad a un servicio básico”.

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IX Jornadas de Economía Crítica

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(Por Francisco J. Cantamutto) Del 25 al 27 de agosto se dieron cita en la ciudad de Córdoba más de mil personas para abonar al debate económico desde una perspectiva crítica. Demostrando el interés por construir una mirada plural y afincada en el horizonte de cambio social, se sucedieron tres días de intensa actividad en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.

Las Jornadas de Economía Crítica alcanzaron así su novena edición, rotando anualmente de sede, en una auténtica vocación territorial. Se trató al mismo tiempo del XI Encuentro de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA), que reúne economistas de toda la región y España. Se encontraron así contingentes y participantes llegados desde Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Bahía Blanca, Neuquén, Mar del Plata, Tucumán, Tandil, entre otras ciudades argentinas, y de Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, México, Paraguay, Ecuador, Israel y España. Se constituye así un foro amplio de debate para las perspectivas económicas que escapan al opresivo canon neoclásico.

La Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay (SEC), responsable por las Jornadas, renovó así su compromiso con la disputa en el campo de las ideas.

La economía, como ciencia que produce y reproduce valores, ideas y proyectos, ha sido colonizada desde hace décadas por un dogma teórico asociado al ascenso del neoliberalismo. En el caso argentino, este giro se impuso durante la última dictadura cívico militar mediante cierre de carreras y cátedras, mediante la expulsión, detención y desaparición de docentes y estudiantes, mediante la quema de libros y apuntes, mediante la censura a los espacios de difusión de ideas: contra lo que se suele enseñar en las aulas, no se trató de una “victoria” intelectual, sino de una imposición por la fuerza. Desde entonces, este dogma ideológico impregna las currículas de la mayoría de las universidades, centros de formación e incluso escuelas, liderando la producción de manuales como vehículo de reiteración de ideas aparentemente no conflictivas, mostrándose como el cenit del conocimiento económico. Esto no impide que aparezcan algunas disidencias o variaciones internas, en el marco de acuerdos comunes, que ofrecen la ilusión de pluralidad.

Se trata, en realidad, de la reproducción de un canon, que al ofrecerse como única alternativa -o como la alternativa “victoriosa”- permite impregnar al conjunto de la sociedad de sus ideas, valores y proyectos políticos. Abundan profesionales que sin alternativas teóricas y metodológicas a la vista, acaban por aceptar este dogma neoliberal como el único marco de trabajo disponible, no solo en las aulas, sino en la prensa, en las consultoras, en la función pública, dejando como único límite la moral o las buenas intenciones. Este fenómeno es aún más generalizado entre el público en general, cuando su acceso principal a las ideas sobre la economía está mediado por lo anterior: la escuela, la prensa, los funcionarios públicos.

No es, por lo tanto, un problema solo de la academia o la ciencia, sino una auténtica batalla de ideas, de las formas que tenemos para pensar un mundo diferente. La SEC aporta apenas su grano de arena en esta disputa, convocando a diversas heterodoxias a reunirse y debatir, desde un marco de compañerismo y horizontalidad.

La apertura del evento estuvo signada por el compromiso del local CoPenCE para no dejar pasar la oportunidad de referir a la sentencia a cadena perpetua a 28 represores en la mega causa del centro clandestino de detención La Perla y Campo La Ribera. Las mesas centrales ofrecieron miradas diferentes sobre el proyecto económico de Cambiemos en Argentina, las perspectivas de la ofensiva capitalista en América Latina, y las formas de comprender el derecho a la ciudad, marcando desafíos para las clases populares en diversas escalas de territorialidad. Particular mención requiere la participación de integrantes de la Toma de Barrio Parque Las Rosas, que expusieron con apabullante lucidez su lucha concreta en el aula magna de la universidad. Las visitas a las cooperativas La Barranquita y Luna Nueva, y a la Feria Agroecológica Córdoba fueron otros espacios donde el protagonismo pasó a manos de organizaciones populares. La mesa plenaria de la SEPLA contó con participaciones del FIT, Patria Grande y la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, además de las exposiciones sobre las situaciones de Brasil, Colombia, España, México y Paraguay. Este plexo reflexivo se expandió en 36 ejes y simposios con cerca de 160 ponencias, y 9 talleres, que incluyeron, entre otros, el muy convocante espacio de economía feminista, y uno de contabilidad y administración crítica. Se presentó también el cuarto número de la revista de la SEC, Cuadernos de Economía Crítica.

Las Jornadas de Economía Crítica se consolidan así como un espacio de gran creatividad y compañerismo para pensar alternativas económicas, en un marco plural y crítico.

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¿Y a nosotrxs qué nos queda?

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(Por Minga de Investigaciones y Acciones Sociales) Recientemente se cumplió un nuevo aniversario de los grandes escapes de sustancias tóxicas que, en el año 2000, se produjeron en las plantas del Polo Petroquímico Bahía Blanca (PPBB). Los acontecimientos que marcaron la historia de la ciudad por aquellos días, si bien requieren de actualización, no dejan de contener una vital actualidad. Una actualización que necesita ser realizada sobre la base de lo que para la población bahiense significó el proceso de privatización, extranjerización y expansión del polo petroquímico en el que se enmarcaron dichos sucesos. Y una actualidad que persiste y se (re)crea ante los nuevos proyectos de ampliación que se ciernen sobre el complejo industrial. Con esta intención nos proponemos interrogar dichos acontecimientos, buscando evitar que el sentido de su rememoración se vea atrapado en una efeméride de letra muerta.

A un viento de morir

En la mañana del 20 de agosto del 2000, vecinxs de Ingeniero White se encontraron con una densa nube de color amarillo verdoso que se levantaba desde el complejo de Solvay Indupa y se extendía en cercanía de sus hogares. El viento produjo el milagro de impedir que la nube tóxica se dirija hacia las zonas pobladas ocasionando una tragedia de proporciones inimaginables. “El cloro puede producir lesiones que van, desde leves hasta la propia muerte”, explicaba días después el jefe de la Unidad de Pulmón del Hospital Municipal de Bahía Blanca. Por su parte, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca, por medio de un comunicado, manifestaba que “el hecho que fuera un día no laborable motivó que no estuvieran trabajando las mil o dos mil personas que desarrollan tareas, normalmente, los días de semana, las que seguramente hubieran fallecido al paso de la nube de cloro”.

Frente a lo ocurrido, lxs vecinxs de Ingeniero White entraron en estado de movilización permanente. Durante los primeros días, en las asambleas populares prevaleció la postura de que la erradicación de la industria constituía la única manera de garantizar el futuro de la propia vida. Hombre y mujeres, jóvenes y ancianos procedieron a cortar los accesos principales al polo. Ubicados de manera estratégica, los piquetes llegaron a extenderse hasta por seis puntos diferentes. Por primera vez en la historia del complejo, el gobierno provincial llevó a cabo la clausura de una de sus plantas.

Con tan sólo ocho días de diferencia, se produjo un nuevo escape. El 28 de agosto se ocasionaron fugas de amoníaco en Profertil. Mientras el máximo de amoníaco permitido era de 35 partes por millón, ese día se registraron valores entre 40 y 100 ppm. El Proceso APELL (programa de respuestas ante `emergencias tecnológicas´ que se encontraba funcionando desde 1996) volvió a fallar, tal como había ocurrido en el caso del escape en Solvay Indupa. Como consecuencia de las fugas tóxicas en el Hospital Menor de Ingeniero White fueron asistidas ochenta personas, dos de las cuales debieron ser trasladadas al Hospital Municipal de Bahía Blanca. Asimismo, lxs niñxs del Jardín N°905 y de la Escuela N°15 resultaron evacuadxs.

Los escapes del 2000 tuvieron lugar en el marco de la privatización, transnacionalización y expansión de un complejo nacido casi tres décadas atrás bajo la administración del Estado nacional. Resulta sugerente detenernos a pensar que por medio de este proceso, así como el volumen de producción se incrementó en un 450%, se produjo un salto destacado en la riqueza generada por el PPBB y también un aumento sustancial en el uso intensivo de bienes comunes de la naturaleza y de la ciudad. En este momento, se consolidó una estructura de distribución social y geográfica de la riqueza producida localmente y del uso de bienes comunes naturales y urbanos de la que resultan claros ganadores y perdedores del desarrollo petroquímico. Estructura que resultó profundizada en el posneoliberalismo, al ritmo de que las empresas del PPBB ascendieron entre las firmas de mayor facturación anual en Argentina al verse favorecidas por un dólar alto, el retraso salarial y los precios del mercado internacional.

La política del enclave

Mientras que a principios de los años 90 el PPBB poseía casi un cuarto de la capacidad instalada en la industria petroquímica del país, a través del flujo de inversiones extranjeras concretadas por las corporaciones transnacionales en la segunda mitad de la década, se afirmó como el complejo petroquímico de mayor importancia a nivel nacional. Que a partir de entonces el PPBB experimentó un notable desarrollo, no caben dudas. Ahora bien, de todo esto, ¿qué es lo que nos queda en la ciudad?

Si nos detenemos en la distribución de la riqueza generada en el PPBB, tomando como caso representativo el año 2007, obtenemos los siguientes resultados. Mientras los dueños de las empresas se llevan 2.606 millones (el 93% del total), en la ciudad sólo permanece lo que reciben los trabajadores locales en concepto de salarios (109 millones de pesos) y la Municipalidad de Bahía Blanca por el cobro de las tasas municipales (12 millones de pesos). De modo que el impacto directo del PPBB sobre la economía urbana resulta tan sólo del 4,3% del total de los ingresos producidos en el polo petroquímico.

Exiguo resulta el monto recibido por los trabajadores porque escasa es la mano de obra que estas compañías, que cuentan con procesos de producción altamente automatizados, necesitan para funcionar. Tomando como ejemplo datos del 2009, las empresas del PPBB emplean de manera directa 1.130 personas. Número sensiblemente menor a los 1.600 trabajadores que supo emplear el complejo petroquímico con anterioridad al proceso de privatización. Si ponemos los 1.130 empleos en relación con el total de la población ocupada en Bahía Blanca, podemos decir que sólo el 0,9% corresponde a las empresas del PPBB. En efecto, de cada 1.000 personas que trabajan en Bahía Blanca, sólo 9 lo hacen de forma directa en el complejo petroquímico. Si además tenemos en cuenta los 2.000 empleos indirectos que generan estas empresas, el porcentaje no varía de manera rotunda: pasa del 0,9% al 2,5%. Pero además significa que más del 60% de la fuerza de trabajo de la que hace uso el complejo petroquímico corresponde a empresas contratistas. Por lo que estamos hablando de trabajadores que sufren en mayor medida condiciones laborales de precarización.

A partir del proceso de privatización, extranjerización y expansión que atravesó el PPBB en la segunda mitad de la década de 1990´, se produjo una profundización de su dinámica de enclave, la cual se consolidó en el posneoliberalismo. El escaso impacto sobre la economía urbana resulta posible de verificarse en el empleo de una cantidad limitada de mano de obra, en la exportación de cuantiosas ganancias, y también en la exigua capacidad de generar eslabonamientos hacia atrás y hacia delante. El PPBB, antes que constituir un polo de desarrollo para la región, actúa como un enclave de drenaje articulado en el marco de dinámicas globales de valoración.

La política del grifo y el sumidero

El concepto de enclave resulta, sin embargo, aplicable sólo en términos económicos. La gran expansión que experimentó el PPBB durante la segunda mitad de los años 90 definió una situación de contaminación y riesgo ambiental de novedosas características y mayor intensidad. Por lo que al tiempo que el complejo petroquímico se desarrolla generando un impacto poco significativo sobre la economía urbana, produce un impacto ambiental altamente negativo.

En su actividad industrial, las empresas petroquímicas consumen de modo intensivo bienes comunes (especialmente gas pero también agua y electricidad), hacen uso del espacio y la infraestructura urbana, a la vez que contaminan las aguas del estuario, los suelos y el aire de la ciudad. Bajo esta dinámica se produce una multiplicidad de problemas urbano-ambientales que, en mayor o menor medida, se encuentran articulados al desarrollo del polo petroquímico: escasez de agua potable para la ciudad, riesgo ambiental, afectación de la salud de la población, pérdida de biodiversidad y de los servicios ecológicos del estuario, desplazamiento de la pesca artesanal, obturación del acceso público a los espacios costeros, incidencia en la rajadura de viviendas y también en la pérdida de valor inmobiliario de las casas ubicadas en cercanías de la zona industrial, expulsión de población (familias relocalizadas por el municipio pero también `exiliados ambientales´), congestionamiento del sistema vial y coexistencia de cargas de sustancias peligrosas con el transporte de pasajeros.

Alrededor de estas problemáticas se organizan diversos procesos de conflictividad social. Los piquetes de lxs vecinxs de Ingeniero White en los accesos al polo petroquímico y los piquetes de los pescadores artesanales en la ría de Bahía Blanca, numerosas acciones judiciales, la conformación de organizaciones ambientales, el pedido de instituciones educativas de ser reconocidas como escuelas de riesgo ambiental, la asamblea contra el buque regasificador, las Marchas Musicales Descontaminantes, la Asamblea Ambiental Buenos Aires Sur, el Censo de Salud Comunitario… dan cuenta, en diferentes momentos, de diversas formas de organización y acción colectiva.

¿Hacia una nueva profundización del extractivismo urbano?

En el suplemento especial del `Día de la Industria Petroquímica´,  publicado por el periódico La Nueva Provincia el sábado 27 de agosto, el nuevo proyecto de expansión del PPBB es anunciado a través de diferentes voces. El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Pablo Pussetto, plantea: “Otro proyecto ambicioso y que se realizará a largo plazo es el de Dow, de gran magnitud no solo para la región sino a nivel nacional. La inversión duplicará la capacidad de producción de polietileno que Dow hace aquí en nuestra ciudad, así que estamos avanzando en el proceso de planeamiento estratégico que contemple cuáles son las necesidades actuales y futuras de movimiento logístico para ir planeando la infraestructura y los servicios que la comunidad necesita a través del puerto”. Por otra parte, en la voz del Ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, también se manifiesta la existencia de dicho proyecto: “hay proyectos muy importantes en el sector petroquímico. Tal vez el más relevante sea el de Dow (prevé duplicar el tamaño de su polo petroquímico en Bahía Blanca con una inversión de más de U$S 4.000 millones).

La decisión de radicar un polo petroquímico en la ciudad de Bahía Blanca y también con posterioridad de concretar su expansión en los años 90, se vio definida por la posibilidad de explotar las ventajas comparativas asociadas a la dotación de bienes comunes. El más importante resultó el suministro de su insumo básico, el gas natural. Pero asimismo resultó significativa, entre otros factores, la disponibilidad de agua. Hoy, para poder concretar este nuevo proyecto de ampliación, el sector petroquímico se encuentra trabajando en aras de asegurarse el suministro de estos bienes.

La primera de las dos cuestiones, para ellos, se encuentra en camino de resolución. En el 2013, Dow Argentina firmó un acuerdo con YPF para la explotación del bloque El Orejano, un área de más de 40 km2 ubicada dentro del yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. El proyecto incluye la perforación de más de 180 pozos, de los cuales 19 se encuentran actualmente en producción. De modo que, por medio de la explotación de gas no convencional mediante la metodología del fracking, buscan generar las condiciones de posibilidad para la futura ampliación del polo.

La segunda de las cuestiones es la del suministro de agua. La puesta en marcha de las ampliaciones del PPBB durante los años 2000-2001 implicó un aumento sustancial en el consumo de agua con fines industriales. Al tiempo que el volumen de producción se incrementó en un 450%, la demanda de agua del complejo se multiplicó por más de tres veces. Dicho salto contribuyó a llevar al Dique Paso de las Piedras a su límite en la capacidad de aprovisionamiento, situación que pervive hasta el día de hoy. Y es desde aquí, que resulta posible entender en la actualidad la colocación del problema del agua en la agenda pública hegemónica. No sólo (ni necesariamente) en función del abastecimiento de la población, sino de la demanda del sector industrial.

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Compromiso del HCD con la cooperativa Incob

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El Concejo Deliberante aprobó en su última sesión un  proyecto de resolución solicitando a la Cámara de Diputados bonaerense que dé tratamiento a las iniciativas tendientes a atenuar la situación crítica atravesada por la cooperativa de trabajo Incob Ltda. La iniciativa presentada por el legislador Guillermo Kane Cáceres (FIT-PO) apunta a lograr la condonación de deudas con organismos estatales generadas por el desfalco del ex presidente Enrique Garaggiola.

“Lograr el apoyo por unanimidad en Bahía Blanca fue súper importante ya que es un paso para viajar a La Plata y encontrarnos con los diputados de provincia y presentar el proyecto de condonación de la deuda de ARBA”, dijo a FM De la Calle María del Carmen Dauphin y destacó “las lindas palabras que dijeron cada bloque porque eso nos levantó mucho el ánimo, están apoyando a la comisión nueva, ven que hacemos las cosas bien, queremos que la cooperativa siga trabajando porque para Bahía Blanca es algo muy importante”.

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Dauphin recordó que por la irrupción violenta del ex titular de la cooperativa y su grupo a la planta en noviembre de 2015 “hay una denuncia y una causa que todavía está en investigación, se pidió el juicio oral y público. La justicia no va al mismo paso que nosotros pero sabemos que está encaminado y hay una denuncia también por la estafa, la falta de los libros y varios temas que hemos denunciado”.

En la sesión del jueves, Gabriela Galleti (IC) opinó que “Incob representa un caso genuino de cooperativa cuando muchas veces esta figura se utiliza para encubrir relaciones de precarización laboral. Es imprescindible que el Estado esté presente, que acompañe, más teniendo en cuenta el contexto social crítico. Hace unos días nos ubicaba el Indec como una de las ciudades con mayor desempleo con un índice del 7,3% y también escuchábamos a trabajadores de la empresa Zanon manifestando la imposibilidad de pagar las tarifas de luz y gas que ascendían a 9 millones de pesos y que había quedado por fuera del fallo de la Corte”.

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“La lucha que hacen, a partir de nuestra representatividad, es también un poco la lucha de todos los vecinos de Bahía Blanca que sin ninguna duda no quieren que se sigan perdiendo fuentes de trabajo y que abrazan como propia la causa de la recuperación de esta empresa”, manifestó Gustavo Mandará (FpV) y agregó que “uno realmente no se explica cómo teniendo la potencialidad que tenemos en cuanto a riqueza económica, recursos naturales y humanos, este tipo de emprendimientos no llegan a ser mucho más sustentables de lo que son y terminan embarrados en larguísimas disputas judiciales como esta”.

Para Martín Salaberry (FULT) el ex Paloni es “una empresa recuperada emblemática y simbólica por el rubro del sector frigorífico pero va más allá de un caso puntual, estamos hablando de un enorme ejemplo para toda nuestra ciudadanía, en tiempos donde uno habrá oído a algún sector de la sociedad que pretende hacernos creer que están perdidos los valores del trabajo, del esfuerzo, de levantarse todos los días para ganarse el pan y llevar dignidad a la casa de cada uno de los trabajadores”.

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Ricardo Pera (FR) se interesó por “la situación de las familias que viven y dependen del trabajo” en Incob y Julián Lemos (Compromiso Bahía) recordó que “no es la primera vez que se acercan a este Concejo a expresar las dificultades impositivas, legales y formales pero también que tienen que ver con la comercialización en la ciudad, cuestiones que ven para mejorar la industria” y demuestran su “intención de superarse y mejorar día a día lo que hacen”.

Desde el oficialismo, Soledad Pisani, agregó que es “importante e indispensable que el Estado garantice la continuidad de los puestos de trabajo y acompañe a las empresas en estado de recuperación”.

Fotos: INCOB.

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Marcha Federal: destino Plaza de Mayo

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Esta tarde se realizará el acto central de la Marcha Federal en Plaza de Mayo donde confluirán las cinco columnas que viajaron desde distintos puntos del país para rechazar los despidos, el tarifazo y el ajuste. Ayer, trabajadoras y trabajadores de Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson y Puerto Madryn y de localidades de la región se manifestaron en el centro bahiense.

El secretario de Suteba, Roberto Baradel, llamó a “movilizar fuertemente a las audiencias públicas contra el tarifazo y generar las condiciones para que todas las centrales sindicales convoquemos a un paro nacional que le pueda parar la mano a este gobierno y estas políticas”.

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“Si le va bien al gobierno de Macri nos va mal a todos los trabajadores”, dijo el docente y agregó que “no somos desestabilizadores, los trabajadores somos los que más sufrimos cuando se interrumpe el orden constitucional, sabemos bien cómo defender los derechos de los trabajadores y ahí nos vamos a parar fuertemente”.

Enrique Gandolfo, de Suteba y CTA Bahía Blanca, aseguró que “vamos a la Marcha Federal porque cómo no vamos a ir juntos a una marcha en contra de los tarifazos, en contra de los despidos, en contra de los salarios de hambre”.

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“Vamos como pueblo trabajador movilizado, no como ciudadanos. Como pueblo trabajador que sufre y padece las consecuencias. Algunos de esos tipos que ahora están en el gobierno son ciudadanos también de la Argentina, pero son los que fugan las divisas, que tienen cuentas offshore en Panamá o en las Bahamas, son los tipos que saquean nuestros recursos naturales y las riquezas de este país”.

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Gandolfo destacó que “el asunto es cómo se distribuye” esa riqueza y opinó que “hay más condiciones que nunca para un paro general”. “Los 30 mil compañeros desaparecidos son nuestros compañeros y por eso también luchamos, peleamos y levantamos firmemente las banderas de la lucha contra la explotación y la miseria”, afirmó minutos antes de la audiencia preliminar del cuarto juicio de lesa humanidad de la ciudad.

“Traemos muchas expectativas en unidad diferentes sindicatos y agrupaciones para compartir con los compañeros en Bahía Blanca, luego ir a Mar del Plata y en la Plaza de Mayo tener la claridad de pedir todos juntos al gobierno de Macri de que pare la mano”, dijo a FM De la Calle Santiago Goodman de ATECH.

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Daniel Pérez Guillén de la CTA chubutense opinó que “la industria más importante del país, la automotriz, tiene en todas sus fábricas suspensiones, en las que no hay directamente despidos. Por eso esta marcha que hace conocer las realidades de cada rincón del país donde se está sufriendo no solo el tarifazo sino también que toda las paritarias se cerraron con pérdida respecto a la inflación y al alza de los precios descontrolada”.

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Laura, de Coronel Suárez, contó desde el móvil de la radio que pertenece “a un distrito donde manifestarse o ir a la calle por los reclamos no es común pero estos tiempos que vivimos nos sobrepasan y vemos cómo se va avasallando el derecho a trabajar. (…) Le hemos enseñado a las familias de nuestros chicos que no solo defendemos la escuela pública adentro de la escuela, dando clases, sino también mostrando un modelo de participación y de compromiso con la sociedad que nos rodea y saliendo a reclamar los derechos”.

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Irene Petrezzini, dirigente de Suteba Tres Arroyos, aseguró a FM De la Calle que se sumó a la movilización para “expresar la bronca y el disgusto de gran parte de la sociedad por las consecuencias de las políticas neoliberales que aplica este gobierno”. Desde la seccional Villarino, Nelson Holznann, repudió el “ajuste, específicamente los problemas de la escuela pública” y adelantó que la de esta tarde será “una marcha multitudinaria”.

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La Marcha Federal fue convocada por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores y cuenta con la participación de la Corriente Federal de la CGT, movimientos sociales, pymes, cooperativas de trabajo, agrupaciones estudiantiles, clubes de barrio y empresas recuperadas.

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Sadop reclama reapertura de paritarias

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En el marco de la Marcha Federal, el paro en la educación alcanza también al sector privado “ante la falta de respuesta y de diálogo de las autoridades gubernamentales con respecto a la convocatoria a la Paritaria Federal Docente que buscaba recomponer el piso salarial”, informó a FM De la Calle Analía López del Sadop local.

En la provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal tampoco cumplió con la reapertura paritaria para enfrentar la desvalorización salarial ante el alto índice inflacionario. López detalló que reclaman “igualdad de condiciones para el acceso a la jubilación de los docentes privados y la equiparación de los docentes extra programáticos, todas medidas que es importante tratar y que tienen que ver con la igualdad y la justicia de igual trabajo igual remuneración”.

Otra demanda está relacionado a la “igualdad en el número de alumnos a atender porque hay una resolución que establece un tope de 30 para los cursos de primaria en las escuelas públicas, con 31 se desdobla. Esa resolución no aplica a las escuelas privadas con lo que implica la carga de trabajo, hay docentes que tienen entre 38 y 40 alumnos”.

El paro se realiza en medio de fuertes presiones de la cámara de la educación privada que ayer les hizo a cada docente que la adhesión a la protesta implicaría el descuento del día. “Todos somos adultos y cada quién sabe los derechos y los deberes que le corresponden. Eso es una clara situación de apriete y amenaza”.

“En otras jurisdicciones de la provincia hubo docentes despedidos, eso implica una presión enorme a la hora de tomar la decisión de acompañar una medida de fuerza, muchas veces los compañeros nos hacen estos planteos: ideológicamente están de acuerdo pero no pueden sostener este tipo de presiones”, finalizó.

Foto: Radio Gremial.

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Por el fin de la guerra contra el narco

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(Por Mauro Llaneza) En el marco de los 30 años del fallo “Bazterrica” de la Corte Suprema, la Asociación de Pensamiento Penal (APP) difundió un documento planteando la necesidad de cambiar la “guerra contra el narcotráfico” propiciada por el gobierno por una política que respete los derechos humanos. El texto ya cuenta con el aval de 263 integrantes del Poder Judicial, solo cinco de Bahía Blanca.

El ex guitarrista de Los Abuelos de la Nada, Gustavo Bazterrica, había sido enjuiciado a principios de los ’80 por tener tres porros aunque el máximo tribunal “por primera vez en la historia de nuestra jurisprudencia estableció que los usuarios de drogas no deben ser criminalizados y que se debe respetar su libertad, su autodeterminación, su privacidad”.

Lo destacó Mariano Fusero en diálogo con FM De la Calle y recordó que desde 1989 está vigente la Ley 23.737 que, a contramano de aquel antecedente, penaliza a los usuarios y las usuarias por la tenencia y el consumo de sustancias prohibidas. En 2009, otra composición de la Corte insistió con su inconstitucionalidad mediante el fallo “Arriola” y, a pesar de la presentación de una veintena de proyectos en el Congreso, el debate parlamentario del tema sigue siendo una deuda de la democracia.

La propuesta de la APP incorpora políticas de “reducción de daños, uso medicinal de cannabis, tratamientos no compulsivos, alternativas a encarcelamiento por delitos menores que llevan un gran trabajo y dispendio de recursos de la justicia y una sobrepoblación carcelaria totalmente innecesaria e inhumanitaria como es el tema de las mal llamadas mulas como eslabón débil y prescindible de la cadena de tráfico”.

Aproximadamente el 70% de las causas que tramita la justicia federal persiguen “perejiles” y sólo el 3% apuntan al crimen organizado. “Además tienen dentro de sus tareas la investigación de delitos muy complejos como el secuestro extorsivo, la trata de personas, delitos de corrupción, amenazas de bomba, de determinada magnitud y gravedad a donde deberían ser enfocados sus recursos”, dijo Fusero. Por los propios criterios de la Corte las causas contra usuarios terminan en absoluciones aunque “la persona pasó por todo un proceso de criminalización y estigmatización que es absolutamente innecesario”.

“Me llama mucho la atención cómo se utiliza la retórica, el discurso de la guerra contra las drogas como una forma de buscar un enemigo, un consenso como chivo expiatorio para acusar de todos los males sociales, eso en definitiva sirve para buscar una fortaleza política cuando se demuestra cierta debilidad a nivel local y mundial en la investigación clara de las altas mafias, del narcotráfico”, aseguró el abogado.

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Agregó que “narcotráfico cero ni siquiera es una utopía, no existe en ningún país, ni siquiera en Estados Unidos con los miles y miles de millones que invierte a nivel local o de intervención en otros países para luchar en la guerra contra las drogas. Tiene la frontera más radarizada del mundo, tiene un muro con México como país productor y de rutas principales respecto a Estados Unidos y lleva el 50% del consumo de todas las sustancias que se producen en el mundo. Si esos países fracasaron en el intento de combatir la guerra contra las drogas de una manera bélica, claramente qué nos queda para nosotros. Las estrategias deberían ser otras”.

Por ejemplo las uruguayas. Atento a que el 80% del consumo correspondía a la marihuana el ex presidente Pepe Mujica quitó el monopolio de la producción y la cadena de valor al mercado ilegal de la misma manera que ocurre con otras drogas “mucho más dañinas como el alcohol y el tabaco que no están prohibidas sino reguladas”.

“Si se prohíbe, por ejemplo el alcohol, tenemos la experiencia de la Ley Seca de Estados Unidos. Grandes mafias, población que se envenena con malos alcoholes, que se quedan ciegos por el consumo de alcohol metílico en vez de etílico, los mismos efectos de 1920 con la prohibición totalizante de algunas sustancias actualmente y la creación de narcotráfico, de personas que como pasó en la fiesta electrónica se mueren supuestamente por el corte de alguna pastilla sin saber muy bien qué es lo que estaban consumiendo”, explicó Fusero.

En cuanto a la incidencia del consumo de drogas en el delito opinó que “es el principal prejuicio y preconcepto que fue arraigado en una cultura que data de 70 años atrás. (…) Estadísticamente el alcohol es la droga más criminógena que existe a nivel mundial, en sentido de la potencialidad que tiene de crear algún efecto en cada uno de los individuos que conlleve eventualmente a la comisión de actos lesivos para con terceros. Eso está comprobado científicamente. Consumir cannabis y salir a robar, con los efectos sedativos que tiene, es una incongruencia”.

Fusero cuestionó “el tratamiento que se da a las mujeres en prisión, cuando son personas pobres que cometieron delitos de subsistencia, poniendo en riesgo su salud, siendo extorsionadas y amenazadas por las grandes redes criminales, y terminan con penas de prisión de ocho o diez años y se rompe el vínculo familiar con sus niños. 9 de cada 10 mujeres extranjeras prisionalizadas en las cárceles federales están por delitos de drogas”.

Asimismo, el letrado destacó sobre el uso medicinal del cannabis que “es inhumano a una persona o un niño que tiene 500 crisis epilépticas por día y bajó a una o a ninguna o a muy pocas, negarle la posibilidad de acceso a una sustancia que le está beneficiando claramente su salud, deja de ser una cuestión jurídica, es una cuestión de humanidad”.

Desde Bahía Blanca adhieren a la declaración, en el fuero federal, el fiscal ad hoc José Nebbia -Miguel Ángel Palazzani lo hace como titular de Procuvin), y en el provincial: la jueza de Garantías Susana Calcinelli, el juez Correccional José Luis Ares, la defensora general Graciela Cortázar y el defensor oficial Criminal y Correccional Carlos Carnevale.

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Mucho palo pa’ que aprendamos

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¿Quién dijo que el gobierno no se preocupa por las consecuencias de su modelo neoliberal? Al menos en el caso de la provincia de Buenos Aires las autoridades ya tomaron medidas para afrontar la conflictividad social que genere el rápido aumento del desempleo y la pobreza. Claro que las respuestas no vienen de las oficinas de políticas sociales sino del Ministerio de Seguridad.

La Dirección de Infantería fue autorizada a brindar una serie de cursos antidisturbios destinados al personal policial que se encuentre en condiciones operativas con la posibilidad de extender la invitación a “a personal de otras dependencias y/o especialidades policiales de este Ministerio; como así también, a personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad de otras provincias”.

Se pretende capacitar al personal en las siguientes disciplinas: “Operador de Armas Policiales Antidisturbios”, “Jefe de Grupos Antidisturbios de Infantería”, “Asistente Pre-Hospitalario en Situaciones Operativas Antidisturbios”, “Acompañante Motorista Antidisturbios de Infantería”, “Conductor Motorista Antidisturbios de Infantería” y “Operadores de Agentes Químicos Policiales”.

“Este Ministerio de Seguridad impulsa una política de capacitación profesional, mediante la instrumentación de programas y acciones de fortalecimiento destinada a mejorar la formación profesional de los cuadros policiales; esa iniciativa propone consolidar una igualdad de oportunidades de acceso a los circuitos formativos para todo el personal que integra las filas de las Policías de la Provincia de Buenos Aires”, argumentan las resoluciones.

Agregaron que “el presente ofrecimiento formativo les suministraría a sus cursantes herramientas indispensables para atender los marcos legales y procedimentales reglados y demandados para el desempeño de su labor”.

Contexto

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En un reciente análisis sobre el conflicto social, el titular de la Fisyp, Julio Gambina, advirtió que “el tema de las tarifas de servicios públicos es el conflicto más visible, con cacerolazos y protestas” y también “el impacto social del ajuste, la recesión y la inflación” en el aumento de la pobreza. La respuesta se vio semanas atrás en la marcha de San Cayetano a Plaza de Mayo por Paz, Pan, Trabajo, Techo y Tierra.

“La pobreza es un tema estructural en el país, que en cada ciclo de ajuste consolida nuevos pisos de extensión de la miseria. La pobreza incluye a la población empleada con bajos y precarios salarios, con mayorías de trabajadoras y trabajadores con ingresos por debajo de la canasta necesaria para satisfacer propias necesidades y de sus familias. Un dato elocuente es el 35% de trabajadores y trabajadoras en situación irregular, una tenencia universal que también se afirma en la Argentina”, dijo Gambina.

El economista destacó que la conflictividad labobral crece tanto en el sector estatal como en el privado, un reflejo será la Marcha Federal que protagonizarán esta semana la CTA Autónoma y la CTA de los Argentinos y el permanente amague de paro nacional de la CGT. Como antecedentes pueden mencionarse la movilización del paro del 29 de abril -“que puso en evidencia la potencialidad de la protesta sindical”- o el rechazo al veto presidencial motorizado por las CTA el 2 de junio.

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Alta inflación y desempleo al alza: estamos mal

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(Por Francisco J Cantamutto) Una retahíla de declaraciones de desprecio de Prat Gay que no soportan ni siquiera sus propias cifras. Ajuste social desde la perspectiva acomodada.

El gobierno de Cambiemos se promocionó como “el mejor equipo” de las últimas décadas, pero el solo trascurso del tiempo ha mostrado que se trató más de una arenga para propios que un dato real. Compitiéndole a la impericia política de Aranguren con el tarifazo y la ignorancia supina de Bergman disimulada en una existencia entre las sombras, es probable que Alfonso Prat Gay se lleve los laureles de estos días. Con una falta de tacto que solo puede explicarse por el desprecio de clase y su expresión ideológica neoliberal, el ministro aseguró que la inflación “ya no es un tema”.

Al ministro, parece, se le han escapado las cifras estimadas por un amplio arco de consultoras e institutos, donde todas coinciden en señalar que el total anual de 2016 rondará entre el 43% y el 48%. Nos tenemos que remontar a 1991 para encontrar tasas más altas, es decir, a los estertores de las hiperinflaciones, y superando así el brutal ajuste de 2002. Estas tasas de inflación son de las más altas del mundo. Debemos recordar que en sus promesas de inicio, aseguraron que la inflación rondaría el 25%, con lo que se quedaron en poco más de la mitad de la realidad. Se trata entonces de una deliberada política de engaño o una palmaria incapacidad de prever, analizar y corregir; en cualquier caso, malas cualidades para un funcionario público.

Las mejores paritarias cerraron alrededor de 10 puntos porcentuales por debajo de esos guarismos, por lo que no puede sorprender a nadie que se empiecen a multiplicar los sindicatos que piden reapertura de paritarias. “No sería beneficioso reabrir las paritarias. Hay que reconocer la fuerte baja en la inflación, el poder adquisitivo del salario va a mejorar en el segundo semestre”, respondió el JP Morgan desde el ministerio. Si su declaración es que los salarios van a subir en lo que queda del año, nos declaramos incapaces de reponer el razonamiento que lleva al funcionario a asegurar esto si la inflación no cede, los salarios aumentaron por debajo de los precios y las paritarias no se reabren. Excediéndonos en nuestro rol, podemos oficiar de hermeneutas para la ocasión y sugerir que el ministro no habla de alzas salariales cuando dice “mejorar” sino, al contrario, de caídas consolidadas: será que tal vez también allí habla desde su clase social, y entiende que desplomar el costo salarial significa una mejoría.

Estamos mal… y vamos mal

En esta auténtica catarata de provocaciones, el ministro tampoco dejó pasar el tema candente de la última semana, con la publicación del dato de desempleo oficial. Según el INDEC de Todesca, el 9,3% de la población económicamente activa busca emplearse y no lo consigue. Esta cifra oficial puso contra las cuerdas al autor de la desocupación como “sensación térmica”, que procedió entonces -con el resto del magnífico equipo- a señalar que el problema estaba en las cifras mal relevadas del período previo. La revisión de datos que está haciendo el INDEC es amplia y modifica varias estimaciones que teníamos, en lo que constituye un auténtico vacío estadístico, llenado por aproximaciones de diversa calidad. La falta de estadísticas confiables habilita a que la discusión se base en la pura imaginación.

Pero se conocieron en estos días las cifras del Instituto de Estadística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo trabajo está coordinado por funcionarios PRO desde hace años, y para sorpresa pública, quedó en evidencia que el aumento del desempleo ocurrió en este primer semestre de Cambiemos. Según este organismo, el desempleo pasó del ya elevado 8,6% del segundo trimestre de 2015 a un 10,5% en igual período de este año, una suba de casi 2 puntos que representa 60.553 desocupados/as más en un año en esta ciudad. Se trata de un aumento significativo, que algunos institutos encuentran también en otros grandes conglomerados como Mar del Plata, Córdoba y Rosario. Y lo que es relevante, perfora el techo y vuelve a ubicarse en los dos dígitos, que había sido señalado como horizonte por Cambiemos cuando se dio la discusión sobre la ley Antidespidos: aquel veto era importante, porque se quería (y quiere) avanzar en la lógica disciplinadora de la desocupación.

Ante esto, el ministro Prat Gay no se contuvo y lanzó un nuevo menemismo: “sé que muchos de los que han perdido el trabajo conocen que este era el único camino. Sabemos que es un momento difícil pero vamos en el camino correcto. El año que viene vamos a tener el crecimiento que no hubo en cinco años.” Hablando desde el lugar en que estar un año desocupado se puede resolver con rentas, ahorros y ganancias espurias, el ministro es incapaz de comprender que un año en la vida de una persona sin ingresos y sin ocupación es una marca indeleble, y no unas simpáticas vacaciones. El impacto del desempleo en las posibilidades económicas de subsistir y en los ánimos personales es fuerte, real y presente: no alcanza con la promesa de un futuro diferente. Menos cuando las enuncia el mismo responsable que erró en la estimación de inflación, quien niega el desempleo ante las cifras, quien prometió un segundo semestre de reactivación y ahora lo extiende a un ilusorio segundo año.

No hay debate entre consultoras, institutos ni cifras oficiales: la inflación se ha consolidado a un nivel más elevado que el que tenía, la economía acusa recesión y el desempleo creció. Los funcionarios de Cambiemos omiten considerar sus propios datos, niegan la realidad y proponen promesas cada vez más débiles. Esto es tan cierto que el empresariado mundial se lo señaló al gobierno: desde el Consejo de las Américas renovaron su voto de confianza, pero explicaron que no invertirán su capital aquí. Los inversores saben que estamos ante un cóctel explosivo y no piensan arriesgar su dinero. El problema lo tenemos quienes arriesgamos todo aquí donde vivimos.

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El gobierno de Macri: ajuste regresivo, nuevo ciclo de endeudamiento externo y cuantiosas transferencias de ingresos al poder económico  

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(Por Francisco Cantamutto y Martín Schorr)* La política económica del gobierno de Macri al cabo del primer semestre de gestión estuvo signada por dos orientaciones preponderantes.

Por un lado, un drástico ajuste de la economía, que se expresa en un profundo deterioro del salario real (del orden del 15%) y una feroz ola de despidos y suspensiones. En ese marco, se produce una fenomenal transferencia de ingresos a distintas fracciones del poder económico, como los grandes exportadores, los principales formadores de precios, el sector financiero, las prestatarias de servicios públicos y el oligopolio petrolero. Una estimación de mínima de los recursos internalizados por estas fracciones dominantes la ubica en el orden de los 25 mil millones de dólares. A esto habría que adicionar los cerca de 11 mil millones de dólares que, con la anuencia de la mayoría en el Congreso, el gobierno destinó al pago a los “fondos buitres” que habían litigado en las cortes de Nueva York.

Por otro lado, un ciclo de endeudamiento externo del sector público sumamente acelerado sobre el que valen las siguientes reflexiones: (a) resulta plenamente funcional al poder económico en tanto, entre otras cosas, posibilita la remisión de utilidades y dividendos por parte de las empresas extranjeras radicadas en el país, la fuga de capitales locales al exterior y el pago de intereses (ver el Cuadro 1); (b) genera recursos para afrontar importaciones que, en numerosos rubros industriales, están desplazando producción nacional; (c) viabiliza el despliegue de estrategias de acumulación en torno de la especulación financiera; (d) sirve para financiar gastos corrientes del Estado en un cuadro de déficit de las cuentas públicas asociado, en buena medida, al “sacrificio fiscal” implícito en muchas de las transferencias de ingresos motorizadas hacia las fracciones dominantes, así como a los impactos que el ajuste regresivo acarrea sobre las cuentas públicas; y (e) supone el “regreso triunfal” de los acreedores externos y el capital financiero internacional al núcleo del bloque de poder en la Argentina. Debe tenerse presente que el bajo nivel de endeudamiento en moneda extranjera con agentes privados como punto de partida es clave para que este esquema no estalle inmediatamente. Este saldo, junto a la convalidación de los instrumentos, la jurisprudencia y los tribunales externos, constituye un legado central del kirchnerismo, que ya en 2014 había iniciado una hoja de ruta en una dirección similar.

Cuadro 1. Argentina. Estimación del balance cambiario, I Sem. 2015-I Sem. 2016 (en millones de dólares)

  I Sem. 2015 I Sem. 2016
Cuenta Corriente -2.146 -8.578
Saldo comercial 1.422 1.025
– Mercancías 5.098 5.774
– Servicios -3.676 -4.749
Saldo rentas -3.628 -9.795
– Intereses -3.521 -8.345
– Utilidades, dividendos y otras rentas -107 -1.451
Otras transferencias corrientes 59 192
Cuenta Capital y Financiera 4.821 13.126
Inversión directa de no residentes 712 1.290
Inversión de portafolio de no residentes -33 869
Préstamos financieros 1.622 5.364
Préstamos de organimos internacionales 2.977 2.735
Formación de activos externos del SPNF -3.046 -5.996
Formación de activos externos del SPF -282 558
Compra venta de títulos-valores 47 -506
Otras operaciones del sector público 1.375 13.693
Otros movimientos 1.449 -4.881
Variación de reservas internacionales 2.674 4.548

SPNF: Sector privado no financiero; SPF: Sector privado financiero.

Fuente: Elaboración propia en base a información del BCRA.

Es en ese marco que hay que encuadrar las perspectivas para el segundo semestre. Al respecto, caben dos comentarios.

En primer lugar, en la medida en que el gobierno no logre o le resulte difícil, como hasta ahora, contener el proceso inflacionario y encauzar la economía en un sendero de crecimiento más o menos sostenido, es de esperar que se empiecen a manifestar disputas cada vez más abiertas al interior de los sectores dominantes en cuanto al rumbo a privilegiar (conflictos que de manera incipiente ya se han presentado). Sobre todo, aunque no sólo, en lo que se refiere al nivel (real) del tipo de cambio y la tasa de interés, así como también al uso a darle a las divisas procedentes del endeudamiento externo y a los cursos a privilegiar en los acuerdos que definen la inserción del país en bloques comerciales (Alianza del Pacífico, Mercosur/Unión Europea, etc.).

En segundo lugar, hay dos factores que atentan de modo considerable contra la capacidad de que crezca la actividad económica. Por una parte, el referido deterioro salarial “plancha” la demanda interna y, por esa vía, sella la suerte de las distintas fracciones del capital cuya acumulación se estructura fundamentalmente alrededor del mercado interno (como la mayoría de las mipymes, aunque también es el caso de muchas grandes firmas). Por otra parte, en el frente externo se verifica un escenario complejo, tanto en lo que se vincula con el tema precios (deterioro en los términos de intercambio), como en materia de cantidades (por caso, a raíz de la crisis brasilera o la desaceleración en el crecimiento de otros importantes socios comercial del país, como China). De modo que la capacidad de crecer vía exportaciones encuentra límites muy precisos. De allí que no resulte casual que al cabo del primer semestre de este año las exportaciones continuaron en declive, lo cual es un claro indicador de que el combo “devaluación-quita (o reducción) de retenciones” que implementó el gobierno de Macri a poco de asumir tuvo por finalidad principal (y como logro exclusivo) motorizar una fabulosa transferencia de ingresos hacia la cúpula exportadora (téngase presente que apenas 50 grandes empresas explican alrededor del 60% de las exportaciones totales del país).

Frente a estos factores internos y externos, todo parece indicar que una de las principales apuestas del gobierno de Macri pasa por utilizar el endeudamiento externo para apalancar obra pública. De todos modos, en lo inmediato es de esperar la profundización o la no reversión del escenario recesivo. Incluso de lograr reactivar la inversión pública, en la medida en que ésta se sostenga en las actuales elevadas tasas de interés, bloqueará la posibilidad de que otros sectores acompañen la expansión. Ante este incremento del costo financiero, las demandas por reducir el costo salarial ya se han hecho explícitas en discursos del presidente, en editoriales de la prensa masiva y en diferentes espacios vinculados al establishment.

De allí que, como suele ocurrir en este tipo de coyunturas, se avizora un escenario de profundización de la concentración económica y la centralización del capital, el afianzamiento de la reprimarización del tejido productivo y el desmantelamiento de una multiplicidad de ramas industriales y, como resultado de ello, un deterioro manifiesto del mercado de trabajo, con todo lo que ello acarrea sobre la dinámica salarial y distributiva.

En consecuencia, a corto plazo se trataría de un horizonte de más recesión económica, disputas al interior de los sectores dominantes y una creciente conflictividad social.

“Publicado originalmente en el Anuario del EDI, disponible en http://rosaluxspba.org/es/taller-a-donde-va-la-economia-del-gobierno-macri/“

*              Investigadores CONICET/IDAES (UNSAM).

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Por una ley en defensa de INCOB

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La cooperativa del Frigorífico INCOB realizó una conferencia para presentar un proyecto de ley de condonación de deudas originadas durante la gestión del presidente destituido Enrique Garaggiola que hoy ponen en jaque 76 fuentes laborales. Participaron integrantes de organizaciones gremiales, políticas, del Concejo Deliberante y el autor de la iniciativa Guillermo Kane Cáceres.

“Hay que dar una señal política de apoyo a los trabajadores de INCOB condonando estas deudas con ARBA, con AFIP, que la provincia adelante esa plata y sigan las causas judiciales contra Garaggiola como vaciador, contra los funcionarios cómplices y que respondan con su patrimonio”, dijo a FM De la Calle el diputado del FIT-PO.

“La situación es bastante mala, no estamos teniendo la producción que teníamos hace unos meses atrás, poca faena, esta semana hubo un día en que no producimos, eso lleva a que los compañeros vengamos, hagamos reparaciones en la fábrica, tratamos de que la empresa no decaiga y resistiendo lo más que se puede”, dijo Orlando Acosta. María del Carmen Dauphin agregó que en los próximos días viajarán a La Plata a explicar la situación de la empresa en la Legislatura para sumar los votos necesarios para aprobar el proyecto.

“Nos interesa defender los puestos de trabajo”, aseguró Kane Cáceres y denunció que el de INCOB no es un caso aislado de vaciamiento. “Fue una gestión fraudulenta donde uno de los representantes votados por los trabajadores, Garaggiola, en connivencia con funcionarios del Estado que siguen las cuentas y los manejos de la cooperativa tuvo maniobras donde desvió fondos”.

“Esto ha llegado el año pasado a una situación crítica, los propios trabajadores en asamblea han depuesto a las autoridades que estaban realizando estas maniobras y se han ido encontrando con montañas de deudas, por ejemplo 9 millones de pesos con AFIP, deudas con ARBA, con servicios. Están tratando de regularizarlas pero significan una hipoteca a la posibilidad de que la empresa continúe trabajando”, comentó.

INCOB CARTELEl diputado destacó que el problema no es que el frigorífico sea inviable sino la estafa a sus integrantes. “Uno puede pensar que INCOB es una realidad relativamente acotada pero el golpe del tarifazo, de la inflación, de la recesión industrial sobre cualquier cantidad de empresas está replanteando el problema de cómo actuar frente al vaciamiento de las patronales”.

La concejala de Integración Ciudadana Mercedes Insausti afirmó que, tras reunirse con representantes de INCOB, “de todos los bloques salió la iniciativa de hacer un proyecto de resolución apoyando esta ley que en el curso de la semana será elaborado, tratado y votado, estimamos el próximo jueves”.

“En realidad es el apoyo de los ciudadanos al proyecto. Bahía Blanca tiene varios legisladores provinciales, tanto diputados como senadores, también es para que la Municipalidad se encargue de gestionar que esta ley salga y desde el punto de vista de las competencias que tenemos en el Concejo Deliberante entendemos que probablemente existan deudas municipales, que podemos darles una mano, una condonación, un plan de pago, una quita, para proteger los puestos de trabajo”, dijo el edil del FpV Ezequiel Gimeno.

Kane Cáceres recordó que “la gobernadora arrancó su gestión vetando todas las expropiaciones que habían sido votadas por la Legislatura y que tenía sobre la mesa (…) como una señal contra estos procesos de recuperación y de defensa de tratar de rearmar algún negocio privado”.

“El modelo que levanta el macrismo es el de Cresta Roja. Lo que les interesa es si se puede achicar el personal y el salario al punto de que con un nuevo comprador se rearme un negocio a costa de las condiciones laborales. En Cresta Roja los trabajadores tuvieron una reducción de un tercio del salario, varios centenares de ellos no han vuelto a la producción, han perdido la relación laboral de estabilidad, no se los reconoce como trabajadores del plantel y están a la expectativa de si lo contratan o no”, concluyó.

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Bahía-Cerri: casi el 20% tiene problemas de empleo

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“Si se suman los porcentajes de personas ocupadas y desocupadas que buscan trabajo o están disponibles para ocuparlo se concluye que 19,8% de la población activa de Bahía Blanca-Cerri (BBC) tiene problemas de empleo. En el total urbano nacional el guarismo alcanza a 28,5%”.

Así lo indica el Boletín de Estadísticas Laborales, una iniciativa del proyecto de investigación “Problemática laboral del aglomerado Bahía Blanca-Cerri” financiado con fondos de la UNS y dirigido por el economista Gustavo Burachik, luego de la primera publicación oficial de datos del INDEC de la era Cambiemos.

El documento muestra que “la desocupación en el segundo trimestre del año fue más baja en el aglomerado Bahía Blanca-Cerri (BBC) que a nivel nacional” y que “la diferencia es explicada íntegramente por la menor oferta laboral (tasa de actividad) bahiense ya que la proporción de personas ocupadas es idéntica”.

“Esta menor presión se origina, casi con seguridad, en el desaliento laboral; la baja probabilidad de conseguir un puesto de trabajo (menor aún, de ocupaciones con cobertura de seguridad social, estabilidad, etc.) desincentiva la búsqueda laboral. Las personas sin ocupación, disponibles para el empleo pero que han desistido de una búsqueda activa son registradas como inactivas”, explica.

Además, el informe destaca que “más de 10% de los ocupados en BBC está buscando activamente cambiar de empleo. Se trata de una forma de desempleo (oculto en la ocupación) ya que los trabajadores que se encuentran en esta situación ejercen presión sobre una demanda laboral que, en el mejor de los casos, está estancada desde hace varios años. Casi la mitad de este conjunto corresponde a los llamados subocupados demandantes, es decir, personas con empleos a tiempo parcial que buscan una mayor ocupación horaria. A su modo, presionan también sobre la demanda laboral los subocupados que, si bien no están buscando activamente más horas de trabajo, están disponibles para aceptarlas”.

Los autores del relevamiento aclararon que el reinicio de la publicación de información laboral recabada por la Encuesta Permanente de Hogares para el segundo trimestre de 2016 “supone la aparición de un vacío de información de dos trimestres y que “el instituto, además, anunció la revisión de los datos publicados hasta el cuarto trimestre de 2015” y desaconsejó su utilización, “lo que equivale a reducir la credibilidad de cualquier comparación hacia atrás de la nueva información publicada”.

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Campos electromagnéticos: “Harían falta más antenas”

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La diputada socialista Gabriela Troiano participó de la segunda jornada sobre campos electromagnéticos organizada por Salud Ambiental Bahía Blanca y dijo a FM De la Calle que “harían falta más antenas, con lo cual se necesitaría más inversión. (…) Se puede si tenés la intención de preservar la salud, ahora, si considerás a la salud de las personas como una variable económica más ahí está el problema”.

Troiano impulsa un proyecto de ley para regular la instalación de antenas de telefonía celular, presentado años atrás por el ex diputado santafecino Antonio Riestra (UP), que fue actualizado con “valores establecidos mundialmente”. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente mientras otra sobre la misma temática se debate en Telecomunicaciones.

“Evidentemente hay actores importantes, de peso económico, como son las compañías telefónicas que ya en el gobierno anterior se venían planteando, con las organizaciones Salud Ambiental como con Aletheia por la Vida estuvimos trabajando para tratar de plantear que se modifiquen las soluciones del Ministerio de Salud en cuanto a los límites de las potencias establecidas”, aseguró la legisladora.

Agregó que “eso es lo más importante del proyecto de ley, las potencias de las antenas que están establecidas, reguladas y aceptadas datan del año 88 y ya en 2011 la Organización Mundial de la Salud categorizó a las radiofrecuencias como probables cancerígenas. En virtud de eso muchos países del mundo, fundamentalmente los europeos pero también Chile, han bajado aproximadamente entre cien y mil veces la potencia”.

“El gobierno está impulsando la instalación en los edificios públicos pero el año pasado había una ley de (Mario) Oporto que logramos frenar, que planteaba declarar el lugar de las antenas un espacio de servidumbre pública, o sea, evidentemente se viene agitando, se engaña a la población planteando que uno no quiere que se instalen antenas, que no queremos el progreso, no es así, el tema es la potencia de las antenas”.

La diputada advirtió que el ministro de Telecomunicaciones Oscar Aguad pretende tranquilizar a la población con la colocación de un equipo en la base de la antena para medir las frecuencias. “Las ondas no se quedan quietas y no van en sentido vertical sino horizontal, si vos lo ponés en la base de la antena no es donde va a tener más frecuencia”.

“Si tenés una antena en un edificio -que es lo más común- en el edificio de enfrente a partir del quinto piso es donde vas a encontrar las mayores emisiones o problemas en la gente que se empieza a enfermar. En Francia por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, detectaron que después de diez años de tener wifi la gente se había empezado a enfermar de cáncer, retiraron el wifi e hicieron un sistema de cableado para el trabajo”, finalizó.

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Aún contra el tarifazo y el ajuste

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(Por Francisco J. Cantamutto) El fallo de la Corte y sus repercusiones. La lucha contra el tarifazo y el ajuste continúa.

Tal como se refería en este espacio, el fallo de la Corte Suprema de Justicia sorprendió a todos, yendo más lejos de lo que se esperaba. Concretamente, se volvieron atrás los aumentos en las tarifas de gas, alegando vulneración de derechos básicos para una vida digna y criticando en lo procedimental la falta de audiencias públicas.

Sin embargo, el fallo aplica solo a las tarifas de gas -sin implicaciones directas sobre luz, agua y transporte- y para usuarios residenciales, dejando fuera a la mayor parte de los usuarios industriales y comerciales. Y lo que es más importante: no impide un aumento posterior a la audiencia pública, a la que el gobierno ya puso fecha: 16 de septiembre.

El gobierno de Cambiemos, continuando con su impostura democrática, ha intentado mostrarse aceptando el fallo, y sin demoras apurando el llamado a la audiencia pública que, antes del fallo, Aranguren había propuesto para octubre. Tal como se hizo con el transporte en la ciudad de Buenos Aires, se espera que el gobierno utilice este espacio a fines exclusivamente expositivos: repetir sus intenciones para luego validarlas en el Boletín Oficial.

Por ello, ha puesto la audiencia en un día y horario laboral, a realizarse solamente en una oportunidad en la referida ciudad, en un espacio con una capacidad limitada de 400 personas, que deben inscribirse personalmente con antelación. Todo esto atenta contra la participación en general, y en especial, para trabajadores/as y habitantes del interior del país. Pero más aún, no se ha ofrecido información que permita desarrollar un debate con argumentos durante la audiencia. En el propio llamado a audiencia, se excluye incluso del debate el aumento del precio en boca de pozo, sometiendo al público solo la proporción de su traslado a usuarios finales.

El propósito está claro: Cambiemos busca que sea apenas una ronda más de exposición sin argumentos ni respuestas. Tal como el propio ministro Aranguren realizó en ambas Cámaras del Congreso, dejando insatisfechas a todas las personas y organizaciones que esperábamos un dato o una respuesta. La negativa a auditar las empresas prestadoras, de manera de responder cuál ha sido su situación económica y financiera, si ésta se debió al esquema de precios, qué inversiones realizaron durante los pasados años -incluso con los subsidios recibidos a tal fin- y cuál sería el plan de inversiones para los meses y años por venir. Todas dudas que ponen en cuestión la gestión empresarial de los servicios públicos.

En cualquier caso, el fallo representa un escollo para el programa económico del gobierno, que tras más de 9 meses aún no puede fijar los precios que busca consolidar. Esto está causando no pocas fricciones entre el empresariado y al interior del propio gobierno, además de demorar cualquier decisión de inversión que el gobierno esperara recibir. Es por ello que se ha tenido que recostar en la toma sistemática de deuda, con la que piensa financiar un plan de obra pública, con la expectativa de mejorar el humor empresarial. Hasta el momento, han sido ganancias de inmediato plazo, sin capacidad de proyección a corto o mediana duración.

Al no ser vinculante la audiencia, el gobierno puede apostar a esta pantomima. Sin embargo, desde diferentes sectores se está apostando a hacer de ella un hecho político. Diferentes asociaciones de PyMEs (CGERA, APYME) y de defensa al consumidor están promoviendo una “catarata de presentaciones” judiciales, para presionar sobre este poder del Estado. Las Multisectoriales del país han insistido en que el limitado fallo es producto de la movilización y organización, y buscan consolidar esa vía de presión. Está prevista una Marcha Federal partiendo de 4 puntos del país el 31 de agosto, para confluir en una gran manifestación en Plaza de Mayo el 2 de septiembre. Ambas CTA se han puesto a la cabeza de esta marcha, y la Corriente Federal de la CGT ha confirmado su participación, en lo que podría ser un paso de convergencia en la disputa contra el ajuste.

Hasta el momento, la dispersión de la protesta ha sido una ventaja para el gobierno, que sigue firme en su propósito de elevar las tarifas, tal como fuera su promesa de campaña, reiterada ante potenciales inversores en el Foro de Davos a comienzos de año. La incapacidad de aplicar la suba y sostenerla vulnera la promesa de “clima de negocios” y “previsibilidad” hecha a estos socios, significando un retroceso en su programa. No sería el único efecto: al dificultarle reducir las transferencias a las empresas prestadoras, atenta contra el objetivo de reducción del déficit fiscal.

Los escollos para subir tarifas, la no reducción de las transferencias y el déficit se suman a la ya incumplida promesa de resolver la inflación -que se espera que cierre alrededor de 44% este 2016, cuando habían prometido un 25%. La intensidad de la suba de precios ya ha iniciado la presión por reapertura de paritarias, como es el caso del ámbito educativo público. Con el transcurso del tiempo (llevamos ya 8 meses y medio de gobierno de Cambiemos), la apelación a la herencia kirchnerista surte cada vez menos efecto, y por eso vemos al gobierno reposar cada vez más en mecanismos represivos para contener el descontento.

Las luchas contra el ajuste son aún dispersas, pero aún así están haciendo mella en la acción gubernamental, cada vez más carente de respuestas. El fallo de la Corte es apenas un episodio más en esta disputa que excede con mucho el valor de un servicio, para poner a discusión la orientación.

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Por la salud de los pueblos

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Con la organización de Vecinos Autoconvocados por la Salud de Trenque Lauquen se realizó los días 13 y 14 de agosto el 7º Encuentro de Pueblos Fumigados para analizar la problemática del uso masivo de agrotóxicos y transgénicos en el proceso de producción agrícola y hortícola.

“Trenque Lauquen no se reconoce como un pueblo fumigado por tanto ese es el motivo de nuestra lucha, lograr que la gente tome conciencia, que quienes están en este momento en la gestión municipal tomen conciencia que somos un pueblo fumigado con todas las consecuencias terribles y nefastas que eso acarrea y conocer también el estado de otros pueblos y ciudades”, dijo a FM De la Calle Laura Carabelli.

La reunión se produjo días después que el Senado bonaerense diera media sanción a un proyecto de ley que reduce las distancias de exclusión de las fumigaciones aéreas y terrestres y permite fumigar con agrotóxicos cancerígenos como GLIFOSATO y 2,4-D a pocos metros de las áreas pobladas.

“Es importante que toda la gente sepa porque se está haciendo de una manera para que se sancione sin difundirla y sin tener noción del alcance que tiene, qué es lo malo que tiene este proyecto si se transforma en ley. Es totalmente regresivo, va en contra de todos los avances que tenía la ley anterior y disminuye totalmente las distancias que eran de protección”, explicó Carabelli.

La iniciativa permitiría fumigar a diez metros de las escuelas rurales cuando “estamos luchando porque hoy se podría fumigar alrededor de esas escuelas a cien metros y es poquitísimo”. Además, desprotege los lentes de agua, reduce las distancias para fumigación aérea y permite el tránsito de mosquitos por zonas urbanas.

La asambleísta advirtió que tanto los organismos estatales como las cámaras empresariales del sector rural y del agronegocio pretenden establecer regulaciones “fitosanitarias y no venenos, no vienen desde la salud, la producción, el cuidado del ambiente”. Por ello pretenden exigir la realización de audiencias públicas, estudios de impacto ambiental y la declaración de la emergencia ambiental en la provincia de Buenos Aires.

“Se ha reforzado la idea de las buenas prácticas agrícolas y esto es una cosa que no existe, no hay posibilidad de manejar el clima, por lo tanto las derivas son inmanejables. Constantemente se está hablando de las derivas primarias y nadie tiene en cuenta las secundarias y terciarias que son las que se producen en la tardecita del día fumigado, hay un desconocimiento científico que está manejado y ocultado por una cuestión muy clara que son los intereses económicos en juego y este gobierno creemos que los va a profundizar de manera terrible y este proyecto de ley lo demuestra”.

Las asambleas ambientales reunidas en Trenque Lauquen decidieron impulsar una campaña contra la ley “para el cáncer y el agronegocio” y demandaron a la legislatura bonaerense que privilegie los derechos a la salud y la vida y subordine a los intereses del agronegocio rechazando esta iniciativa en forma total. Para adherir al reclamo puede firmarse este petitorio online.

Red agroecológica

Durante el encuentro se propuso la coordinación de una red de producción agroecológica para divulgar lo que se está haciendo y “para que la gente empiece a sentir que tiene que comer sano y que comer sano es posible. Hay todo un manejo importante de la información que la gente no sabe que compre lo que compre tiene lecitina de soja transgénica”.

Para Carabelli se trata de “contagiar esta necesidad de información a partir de tomar conciencia de qué comemos” y destacar en “qué lugares de la provincia están haciendo emprendimiento agroecológicos reales, en producción de quesos, trigo agroecológico, frutas sin uso de agrotóxicos y donde se respeta lo necesario para que sea un alimento sano. Difundámoslo, empecemos a saber conectarnos, viabilizar el transporte, que lleguen a Trenque Lauquen y entre nuestros propios vecinos que nos conocen, saben por qué estamos en esto y que somos serios, armemos una red que funcione ya y que sirva como campaña de difusión”.

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Las CTA movilizarán ante la audiencia pública

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 La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores celebraron el fallo de la Corte contra el tarifazo como “fruto de la lucha que se viene llevando adelante contra los brutales aumentos en los servicios de gas y luz determinados por el gobierno de Mauricio Macri, permitiendo que la justicia escuche los reclamos y actúe en favor del pueblo”.

“Creemos pertinente seguir con más acciones para exigir que las audiencias públicas sean vinculantes y que resulten de manera favorable a todos los usuarios que alcanza esta medida, como así también, para que este freno en los tarifazos se extienda a las pymes, clubes, teatros, entre otros que, en este escenario, han quedado totalmente desamparados”, manifestaron.

Pablo Micheli y Hugo Yasky advirtieron que no están “dispuestos a acatar en silencio este atropello a los derechos del pueblo mientras el gobierno nacional favorece a grandes empresas y sectores concentrados de la economía”.

En ese marco, las centrales convocaron a realizar movilizaciones en todo el país para que el próximo 12 de septiembre, cuando el gobierno realice la audiencia, se sienta “una vez más el clamor del pueblo al calor de la lucha”.

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