(Por Francisco J. Cantamutto) El gobierno de Cambiemos está impulsando un proyecto político regresivo, que enfrenta diversas limitaciones. El programa del gobierno no muestra grandes novedades respecto de los pronósticos iniciales. Se trata de un cambio en favor de los sectores más concentrados de la economía, con particular énfasis en los capitales que operan en el sector financiero, los exportadores y el de servicios. La panoplia de políticas aplicadas apunta a elevar la rentabilidad de estos sectores, en detrimento de todas las clases populares y las fracciones menos concentradas del propio capital (PyMEs).

La mayoría de representantes empresarios en el gabinete nacional es la forma más evidente de este sesgo, pero su manifestación más cruda son las políticas económicas. Esto desmonta el argumento de “darle tiempo” al gobierno: a medida que los meses pasan, sólo se hace más visible que apunta a beneficiar a unos pocos y perjudicarnos a la mayoría. La supuesta lucha contra la inflación no parece ser el objetivo real del gobierno; caso contrario, está fracasando de manera estrepitosa, pues hasta el momento lo que hay es una aceleración respecto del año previo.

Más allá de este sesgo general, la disputa sobre la orientación concreta del proyecto no está saldada. Se requiere de fuerza política para poder convalidar la forma específica del nuevo bloque en el poder. Y es ahí que el gobierno enfrenta desafíos de diferente orden: a) un mundo en crisis donde las oportunidades escasean, b) la resistencia social que no cede, y también c) las disputas entre las propias fracciones ganadoras del bloque en el poder. Sin dudar del sesgo regresivo general, estas tres condiciones significan dificultades reales para llevar adelante el programa. Nos concentramos en la última.

Disputas dentro del bloque

Las fracciones ganadoras del nuevo orden político-económico son los capitales concentrados exportadores, los que operan en los servicios públicos y los financieros (que no se limitan a la banca). Cada fracción ha reclamado medidas en su favor, y definen los lineamientos centrales del programa del gobierno. De conjunto, han recibido transferencias de ingresos calculadas en $281.106 millones, o unos 19.383 millones de dólares.

Así, la devaluación de diciembre y febrero, junto a la quita o reducción de retenciones a las exportaciones, elevaron las ganancias de los sectores exportadores, en particular, del agro y la minería. También se apostaba a darle competitividad a los sectores industriales concentrados que exportan. El problema en este respecto se vio por partida triple.

En primer lugar, el error de suponer que se trataba de un problema doméstico y no de un cuadro de crisis mundial y de nuestros principales socios (Brasil en particular). El referendo en Gran Bretaña para salir de la Unión Europea ha reforzado la tendencia a devaluaciones generalizadas, limitando el alcance de esta política como factor de competitividad. Mejores precios no compensan la falta de demanda. En segundo lugar, el ajuste cambiario impulsó una aceleración de la inflación. El dólar pasó de $9,50 en diciembre a $16 a fines de febrero, momento en el que el Banco Central reforzó su intervención para lograr bajarlo hasta $14. Es decir, desde diciembre hasta antes del Brexit, la devaluación fue del 47%. Pero la inflación promedio, en el mismo plazo, fue del 28% (datos de la CTA), erosionando gran parte de las ganancias de competitividad. Y tercero, un lugar especial ocupan los 4 aumentos en los combustibles, que favorecieron a las grandes petroleras (que tienen su hombre en el ministerio de energía, Aranguren). Estas subas han erosionado particularmente la competitividad, y provoca una disputa explícita entre fracciones ganadores con el nuevo gobierno: la Sociedad Rural ha señalado que por esta vía se le fueron tres cuartos de lo ganado con la quita de retenciones.

Por otra parte, el aumento de tarifas de los servicios públicos busca elevar las ganancias de las empresas que operan en el sector, a pesar de que no se ha mostrado hasta el momento ninguna prueba pública de que el atraso en las tarifas ocasione pérdidas. Su incremento obedece a prioridades de economía política: el sector está controlado mayormente por capital de origen extranjero, al que Cambiemos busca beneficiar. Los servicios públicos (energía y transporte  en particular) impactan en las estructuras de costos de todos los sectores, lo que opera en especial detrimento de la producción industrial y la construcción, golpeando incluso a sectores exportadores. Estos incrementos elevaron la inflación en el segundo trimestre, lo que de conjunto golpeó muy duro los presupuestos de los hogares.

El problema aquí es este carácter transversal: la suba ha afectado a muchos sectores sociales, que han presentado reclamos por vías judiciales, manifestaciones y petitorios, que han puesto freno transitorio y parcial a algunos aumentos, pero su alcance es limitado. Las subas hasta ahora realizadas componen entre un tercio y la mitad de lo previsto por el gobierno. Esto significa que la negociación y conflicto actual son la primera etapa de una batalla que se repetirá en algunos meses. El desgaste político no es solo para los sectores afectados que hoy peticionan, sino para el propio gobierno que de esta forma pierde por partida doble: no alcanza aún los valores esperados, lo que atenta contra su asociación con el capital extranjero, y sin embargo las subas ya estipuladas impulsan la inflación.

Y finalmente, el tercer socio y gran ganador, es el capital financiero. Las políticas en su favor han sido sistemáticas, debido al peso central que ocupa la deuda en el proyecto de Cambiemos. El canje de 10.000 millones de dólares de deuda intra-Estado por bonos con privados, el pago a los fondos buitres con una emisión total de 16.000 millones más, y la apertura a emisiones de bonos provinciales; todos títulos que pagan elevados intereses en corto plazo. Sin embargo, la joya del esquema han sido, sin duda, las LEBAC emitidas por el Banco Central. Estas letras llegaron a pagar 38% anual de interés en renovaciones cada 35 días, una fuente inmensa de rentabilidad. El ejercicio es interesante: un operador que haya cambiado dólares por pesos a fines de febrero (a $16), y haya renovado 3 veces esos fondos en LEBAC, y los haya retirado a dólares nuevamente las semanas previas al Brexit (amenaza conocida con antelación) a $14, obtuvo una rentabilidad cercana al 28% en dólares… ¡¡¡en un trimestre!!! Un negocio impresionante, que explica por qué el presidente Macri dijo que pensaba repatriar fondos que mantiene en el exterior, para invertirlos en bonos.

El problema es que esta auténtica timba implica un incremento del déficit cuasi-fiscal, contra los supuestos objetivos del gobierno. Además, con estas tasas de rendimiento, no hay ningún incentivo a prestar a sectores productivos, lo que implica menor inversión. La recesión es la actualidad y el horizonte cercano. Finalmente, las letras emitidas son equivalentes a todos los billetes circulando en la economía, y son de muy elevada liquidez, lo que significa que pueden correr al dólar con mucha facilidad, como de hecho, comenzaron a hacerlo la última semana de junio, elevando nuevamente el tipo de cambio por encima de los $15. Esto agrega inestabilidad cambiaria a los demás riesgos económicos y políticos que frenan toda recuperación de la actividad.

Como se ve, el gobierno no tiene las cuentas fáciles. Sus políticas está orientadas de manera muy evidente a beneficiar a los sectores más concentrados del capital, pero no está claro que tenga la capacidad para subordinar a quienes pierden. Más aún, las disputas entre las diversas fracciones del bloque en el poder no alcanzan tampoco un acuerdo estable aún, lo cual redunda en la presión que mejor conocen: la extorsión económica mediante recesión. Hasta que la correlación de fuerzas entre clases y al interior del bloque en el poder no alcance algún tipo de estabilidad -siempre precaria- no es esperable que la economía se recupere, más allá de promesas y deseos. El pato de la boda, claro, lo pagamos las clases populares, afectados por la inflación, recesión y creciente desempleo.

(Por Francisco J Cantamutto) Los aumentos de tarifas son presentados al público como una necesidad indiscutible… ¿es tan cierto esto?

Uno de los factores de conflictividad más marcados de las últimas semanas es el tarifazo, que se empieza a sentir en las nuevas boletas de agua, luz y gas. Este tarifazo se suma al aumento en el transporte público, que ya atacó el bolsillo en este 2016, y el 4° aumento de los combustibles desde diciembre. Ante los reclamos, el polémico ministerio de Energía Aranguren sugiere trasladar a precios. Por eso, su impacto en el resto de los precios de la economía se está viendo con el correr de los días, en función del traslado de costos a precios en las cadenas de valor. El límite parece ser la demanda, que lleva ya 5 meses de caída en el consumo minorista.

Ahora bien, la pregunta clave es si era necesario este aumento. El argumento del gobierno es que las tarifas venían retrasadas desde hace años, y por ello el sector desinvirtió, generando los problemas de oferta que tenemos hoy, que provocan cortes del servicio. ¿Es tan así?

Uso político de la inflación

Los descontentos se multiplican por doquier ante la inflación que no cede y la recesión que se profundiza. Las políticas del gobierno de Cambiemos ha puesto al país ante este escenario: estancamiento con inflación. Sin embargo, no se trata de un “error de cálculo”, sino una estrategia deliberada. Como reconoció en varias oportunidades el presidente del Banco Central, Sturzenegger, la cota última del aumento de precios es justamente la recesión: la caída de la demanda del mercado interno se traduce en la imposibilidad de trasladar aumentos de costos, frenando así la inflación mediante la recesión. El detalle es que esto implica caída de la actividad, del empleo y los salarios.

La inflación es utilizada así como instrumento para regular la orientación general de la economía. Es un error creer que todos pierden con la inflación: hay sectores concentrados del capital que reciben transferencias en el corto plazo, y ven sus ganancias incrementadas con el nuevo rumbo. Al respecto, Hagman, Harracá y Wahren mostraron que en 5 meses de gobierno, Cambiemos produjo una transferencia de ingresos equivalente a $281.106 millones, unos 19.383 millones de dólares. Una vez que la recesión produzca cierres de pequeñas empresas, quiebras de cooperativas, y un incremento del desempleo, las grandes empresas podrán contratar trabajadores/as en condiciones más precarias y por salarios menores.

En este esquema, las tarifas de los servicios públicos son un instrumento clave de política económica en la historia económica argentina. Analizando los años de posguerra, el investigador Guillermo Vitelli propuso la existencia de un modelo recurrente de plan de estabilización y ajuste que sirve, con recaudos, para comprender la actualidad. Según encontró, en repetidas ocasiones, el gobierno impulsa una aceleración inflacionaria para modificar los precios relativos de la economía, favoreciendo determinados sectores productivos. Una vez conseguida esa nueva orientación, los precios se “congelan”, y se espera que estas ganancias reactiven la economía. Actualmente, estaríamos en la fase de aceleración inflacionaria: devaluación y quita de retenciones, suba de la tasa de interés, y… aumento de tarifas. Cada medida apunta a un sector de capitales: elevar las ganancias  de los exportadores, las finanzas y las empresas de servicios públicos. Se espera que estos sectores impulsen la actividad, una vez que estas ganancias los tienten a invertir.

Tarifas congeladas

Los servicios públicos fueron privatizados durante los noventa, todos ellos con esquemas regulatorios muy laxos y permisivos. Todo ello habilitó a que los capitales que compraron a precio de bicoca estas empresas gozaron de rentas cuasi-monopólicas. Las escasas inversiones y fallas de servicio fueron parte de los descontentos que provocaron la caída de la Convertibilidad. En ese escenario, que incluía cortes de ruta de vecinos enfurecidos, fue que Duhalde congeló las tarifas como parte de la ley de emergencia n° 25.561 en enero de 2002. La intención de fondo era subsidiar la tasa de ganancia industrial, al reducirle un costo central de producción, e indirectamente, al permitirle pagar salarios más bajos.

En lugar de promover una revisión del esquema regulatorio, lo que procedió desde entonces fue una negociación empresa por empresa para analizar posibles aumentos de tarifas. En las escasas audiencias realizadas quedó claro que esto era imposible. Para compensar al capital ubicado en estas ramas de servicios, se instrumentaron las transferencias desde el Estado, que fue el rubro de mayor crecimiento del gasto. Los subsidios al sector energético pasaron de $1.157 millones en 2005 a $135.000 en 2015, siendo el componente más importante de las transferencias a sectores económicos, casi un 3% del PBI. Esto es el triple de lo que se gastó en la Asignación Universal por Hijo/a. Este es uno de los sesgos relevantes del gasto público durante el kirchnerismo.

Estas transferencias permitieron que este sector obtuviera ganancias, pero se vieran supeditadas a negociaciones permanentes, que ponían imprevisibilidad y asimetrías entre las empresas. Éstas respondieron conteniendo la inversión, lo que afectó a la calidad del servicio. Esta extorsión fue sumada al argumento de que este gasto presiona al alza el gasto público, induciendo al déficit fiscal y con ello, presuntamente, a la inflación. Por ello, según Cambiemos, es necesario aumentar las tarifas para bajar el gasto e impulsar la inversión.

Los problemas de este razonamiento son múltiples. Primero, mayores ganancias no implican mejores servicios y, mucho menos, mayor inversión: lo prueban las últimas dos décadas y media de gestión privada de los servicios públicos. Segundo, no es cierto que el sector esté teniendo pérdidas por tener las tarifas congeladas: ¿por qué pagar este costo social de ganancias empresariales que se fugan, si se puede gestionar desde el propio Estado? Tercero, con el mismo criterio de compensar precios retrasados, los trabajadores estatales y los informales tienen salarios reales atrasados desde 2001: ¿por qué no mejorarles los salarios a ellos? Cuarto, el impacto de las subas no parece apuntar a corregir los desfasajes: como se ve en la tabla adjunta, los principales afectados por el aumento de las tarifas fueron los comercios –que no pueden aumentar sus precios por falta de demanda- y los hogares más pobres (R1). ¿Qué corrección es ésta, que favorece a los más ricos y mantiene el subsidio a la industria? Se trata, sin más, de una gran avanzada contra los sectores populares y el capital de menor escala.

El debate dentro del gobierno es que este aumento dosificado de tarifas contradice el objetivo de reducir la inflación, y lograr de una vez la nueva estructura de precios relativos. La usina neoliberal FIEL, que tiene al ministro Aranguren en su consejo directivo, había advertido de este dilema al inicio del ajuste. Si no aumentan por cuotas, se produce una explosión social; si aumentan por cuotas, la inflación y la recesión son el único horizonte. En ningún escenario, nuestras necesidades son contempladas.

Elaborado a partir de datos de la Universidad de Belgrano.