(Por Francisco J Cantamutto) El gobierno emitió la deuda por 16.500 millones de dólares y pagó a los buitres con juicios ganados. ¿Se viene una nueva ronda de endeudamiento?

Los buitres se anotaron la gran conquista que buscaban. El gobierno les presentó el pre-acuerdo en la corte de Thomas Griesa y los fondos aceptaron. Para ello, Cambiemos llevó a la negociación el apoyo político alineado entre la mayor parte de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, constituyendo una auténtica política de Estado: la garantía de continuidad del arreglo más allá de cualquier vaivén gubernamental. Se dificultó así, como lo hizo el canje de 2005 y el pago al FMI de 2006, la posibilidad de una auditoría integral de la deuda, cuyos orígenes ilegales e ilegítimos están ya probados.

Con este apoyo del establishment político, que aprobó la emisión de deuda por hasta 16.500 millones de dólares, el gobierno presentó la oferta a los fondos buitres que litigaron en Nueva York, entre los cuales se encontraba el más conocido de todos, NML Capital, de Paul Singer. La recepción fue excelente, pues se les propuso el pago completo de capital, intereses atrasados y punitorios, costas de juicios, comisiones y  otros rubros no especificados. Con la anuencia de los litigantes, el juez Griesa otorgó el permiso para el pago y levantó las medidas cautelares que dificultaban a Argentina emitir nueva deuda en Estados Unidos.

Con el mismo apuro que ha mostrado el gobierno para resolver todas las necesidades del capital concentrado, el 22 de abril se lanzaron al mercado los nuevos bonos autorizados por el Congreso. Un total de 16.500 millones de dólares, a una tasa de interés anual promedio de 7,14%, con maduración a 3, 5, 10 y 30 años. La operación marcó el evidente apoyo del capital financiero al rumbo elegido: el gobierno recibió una demanda cercana a los 67.000 millones, 4 veces más que lo ofertado. Es decir, Cambiemos fue capaz de colocar la nueva deuda emitida para pagar a los buitres, y constató la ansiedad del empresariado por participar en una nueva ronda de endeudamiento masivo. Debe señalarse que esta emisión fue la más grande de un país periférico en los últimos 20 años.

Los bancos colocadores de los bonos cobraron una comisión de casi 30 millones de dólares. Se trató del JP Morgan, Deutsche, Citibank, HSBC, Santander, BBVA y UBS. Los cuatro primeros habían participado de la estafa de diciembre, cuando se hicieron de títulos en manos del Banco Central cobrando un interés de 7,8%. Los dos primeros son las entidades donde trabajaron el ministro Prat Gay y el secretario Caputo.

Los 9.300 millones ya fueron depositados para pagar a los fondos buitres. El 26% de la transferencia fue a manos de Paul Singer, quien no demoró en calificar de “campeón de las reformas” a Macri en la conocida revista Time. Parece que pagar escribas para obtener adulación es una práctica válida para este gobierno también. El gobierno anunció que finalizó así el conflicto de “15 años”. Sin embargo, aún queda cerca de un 1% de bonos en manos de holdouts sin arreglar, y ya comenzaron los reclamos de los buitres que habían participado de arreglos previos (el fondo Greylock, que canjeó en 2010, presentó un reclamo por trato desigual). Incluso la prensa amiga del gobierno detectó que el riesgo de nuevos litigios no es nulo, al menos mientras se continúe operando bajo la ley estadounidense.

El remanente de la emisión de deuda, de poco más de 7.000 millones de dólares, fue a apuntalar las reservas del Banco Central, que de esta forma superaron su nivel de 2015. La constante salida de dólares del Central no ha mermado: el primer trimestre del año cerró con déficit comercial –fruto de la avalancha de importaciones-, los grandes operados agroexportadores siguen sin liquidar operaciones y la presión ahorrista se sostiene. El Banco que preside Sturzenegger está librando una batalla cotidiana por contener el tipo de cambio, vendido dólares en el mercado cambiario y “tentando” a los inversores con ofertas “atractivas”. Se trata de la emisión de LEBAC en pesos, que están pagando hasta 38% anual en plazos que van desde los 35 días, permitiendo un negocio formidable a la banca, empresas con liquidez e incluso algunos ahorristas minoristas (que alcanzaron el 5% del mercado). El retorno de la bicicleta financiera a través de LEBAC y NOBAC ha llevado el pasivo del Central a 507.000 millones de dólares, una cifra comparable con el PBI nacional.

Ante el interés del capital financiero, el gobierno ya anunció –a través del secretario Caputo- que realizará nuevas colocaciones de deuda. El déficit fiscal proyectado para el 2016 es de 24.283 millones de dólares, que se suman a vencimientos de deuda por 12.463 millones más. Para compensarlos, se prevé tomar deuda con organismos internacionales de crédito, con el Banco Central, con la ANSES y colocar en el mercado interno.

Este último punto es clave: el gobierno de Cambiemos prevé sostener la oferta de opciones financieras muy rentables dentro del mercado interno, buscando captar excedentes disponibles en el país. Las políticas aplicadas desde diciembre han favorecido al conjunto del empresariado más concentrado, que se encuentra con recursos invertibles, pero que no está dispuesto a colocar si no es en negocios de muy elevada rentabilidad. Esto desmorona -dentro del propio discurso del gobierno- la idea de que a la economía argentina le faltan recursos para invertir y sea necesario buscar capitales en el exterior. La búsqueda de capitales en el exterior que inició Macri en Davos es una opción de política y no una “necesidad”, como el gobierno pretende difundir.

El arreglo con los buitres en Nueva York no significa “la vuelta de Argentina al mundo” (¿a dónde se habría ido si no estaba en allí?), sino el inicio de una nueva ronda de endeudamiento externo. Esta ruta es la que, con reparos pero en el mismo sentido, inició el gobierno previo en 2014, cuando decidió pactar en el CIADI y arreglar con el Club de París. La cúpula empresarial se encuentra con bajos niveles de deuda y está tentada por ingresar en esta nueva fase de expansión financiera. La toma masiva de deuda, además, podría permitir financiar el consumo de los sectores sociales que sobrevivan el ajuste, fungiendo como mecanismo legitimador. Para las clases populares, ningún beneficio se puede prever de este rumbo. Más bien al contrario, como se vio la semana pasada con las protestas de la comunidad universitaria, el uso de recursos para los pagos de deuda parece estar desplazando otros gastos fiscales… como la educación. Lamentablemente, lógica de este ajuste ya la conocemos, y no termina bien.

(Por Francisco J Cantamutto) La inflación se erigió como el problema central para Cambiemos, orientando la política económica. Pocos resultados positivos y crecientes límites a esta estrategia.

Resulta difícil de descifrar cómo se reparten los funcionarios del gabinete que creen en lo que afirman y aquellos que aprovechan de un discurso para esconder el rumbo real de las políticas. La falta de efectividad que han mostrado hasta ahora las soluciones neoliberales propuestas hace sospechar la existencia de objetivos diferentes a los anunciados públicamente, o el fracaso empírico de estas teorías.

El gobierno sostiene que la inflación es el problema central de la política económica. Una baja tasa de inflación permite un horizonte de previsibilidad sobre los precios relativos, lo que, siempre según este enfoque, incentivaría la inversión bajo señales de mercado. Y por ello la estabilización de precios es el centro mismo de gravitación de la acción estatal en la materia: el gobierno procura alinear la política fiscal, monetaria, comercial y cambiaria para lograr ese objetivo.

En materia comercial, la primera semana de gobierno se eliminaron la mayor parte de los controles y regulaciones, esperando que los precios nacionales se alineen con los internacionales “eliminando distorsiones”. Los precios externos funcionarían así como límite al aumento de los locales. Esto incluye la eliminación de las retenciones a las exportaciones, pero también de las Declaraciones Juradas Adelantadas de Importaciones. Por el momento, los efectos de esta medida han sido básicamente dos. Por un lado, el saldo comercial ha pasado al déficit, debido al ingreso inmediato de artículos trabados por las DJAI, en un auténtico aluvión de productos. Por otro lado, dirigentes industriales ya han avisado al gobierno que, por este incremento de la competencia, están en riesgo la continuidad de 7.000 empresas, y alrededor de 100.000 empleos.

En materia cambiaria, en un inicio, el gobierno pretendió librar al mercado el nivel de tipo de cambio, nuevamente, bajo la idea de lograr un “precio” del dólar de equilibro, no sesgado por la voluntad política. Por ello, una de las primeras políticas fue eliminar los controles para la compra de dólares, el mal llamado “cepo”. Sin embargo, luego de la segunda devaluación en febrero, que disparó el dólar de 13 a 16 pesos, obligó a Sturzenegger a revisar la estrategia, y abandonar la flotación libre. El Banco Central comenzó a intervenir en la plaza cambiaria, lo que logró estabilizar el dólar en torno a los 14,50 pesos, pero produjo continua salida de reservas. Como recién señalamos, por la vía del comercio los dólares comenzaron a salir en lugar de entrar, siendo que además el complejo agroexportador liquidó la mitad de lo que había prometido. Los 5.000 millones de dólares obtenidos por el canje de letras intransferibles por bonos negociables se dilapidaron rápidamente. Esto hizo evidente la necesidad de complementar la estrategia.

La política monetaria apuntó inicialmente a un objetivo de inflación: reducir la emisión de pesos para quitar circulante, conteniendo así el aumento de precios. El problema fue doble: por un lado, la reducción del déficit no avanzó a la velocidad esperada, y por otro, contener nuevas devaluaciones estaba erosionando las reservas demasiado rápido. El Banco Central optó por intensificar la esterilización de la emisión, mediante la colocación de letras (LEBAC). Mediante estos títulos, el Central retira pesos del circulante, ofreciendo una colocación financieramente atractiva, que compita contra el dólar, conteniendo de esta manera la fuga sin perder tantas reservas. El mayor “mérito” de esta estrategia ha sido rehabilitar una nefasta forma de especulación financiera: las empresas con liquidez suficiente y los bancos compran estos bonos, obteniendo rendimientos que alcanzan el 38% anual de interés. Este proceso cohíbe otro tipo de inversiones productivas, que no logran alcanzar estos niveles de rentabilidad, forzando a la recesión. Este riesgo fue abiertamente reconocido por Sturzenegger como un efecto esperable, que en cualquier caso, aporta al objetivo de reducir la inflación por la vía recesiva. En el caso de los bancos, el negocio es redondo porque pueden captar pesos de ahorristas no sofisticados mediante plazos fijos, que pagan alrededor del 25% anual: es decir, logran un elevado rendimiento con fondos ajenos.

La estrategia está entrando en problemas porque la presión del mercado hacia el dólar no cesa, y las LEBAC deben ofrecer cada vez mayores rendimientos a corto plazo. Las LEBAC se están colocando a 35 días, con lo cual con una frecuencia casi mensual el Banco Central debe sumar la renovación de estas LEBAC a las necesidades de “aspirar” pesos del mercado, multiplicando las promesas de pago de manera incremental. Esto está produciendo un severo incremento del déficit cuasi-fiscal, contrario a los dichos del propio gobierno en relación a la política de reducción de este déficit. La presión es tan elevada, que se rumoreó la semana pasada la posibilidad de aplicar un plan estilo “Bonex” (preludio de la Convertibilidad) o Corralón (aplicado por Duhalde en 2002). Se trataría de la colocación forzosa de bonos a largo plazo, que reduzcan compulsivamente los pesos disponibles para presionar contra el tipo de cambio.

Finalmente, la política fiscal se orientó, al menos en el discurso, a la reducción del déficit, causa primaria de la inflación para el gobierno. Se priorizó el recorte del gasto público. Acusando ineficiencia o corrupción, se han recortado planes (como el Conectar Igualdad), paralizado pagos de obra pública y, especialmente, despedido trabajadores. Los despidos son sistemáticamente tratados –aunque sin presentar ninguna prueba- como una limpieza del Estado en aras de eficiencia (menos recursos para mejores resultados). Sin embargo, las remuneraciones de funcionarios jerárquicos se han incrementado, y se han comprometido nuevos gastos, entre los cuales los pagos de deuda son el más significativo. El principal ahorro provendría de la reducción de los subsidios a los servicios públicos, vía aumentos de tarifas. Por el lado de los ingresos fiscales, la eliminación de retenciones ha quitado una fuente central de recaudación. El aumento del mínimo no imponible resulta extraño, porque fue anunciado como un alivio esta carga (es decir, se preveía menos pagos por esta vía), pero acabó con más trabajadores pagando este tributo que con la escala previa.

Las dificultades para reducir el déficit fiscal y cuasifiscal, ponen en problemas la intención del gobierno de contener la emisión monetaria. Por ello se comprende la importancia clave que tiene la ruta de la deuda para Cambiemos. La deuda se erige como la fuente de financiamiento que compensa esta supuesta reducción del déficit, y es por ello la clave de sostenibilidad del proyecto de Cambiemos.

Hasta el momento, la inflación no se ha reducido, sino que se incrementó respecto de la herencia kirchnerista. En los primeros meses acumula cerca de un 15%, lo que ha puesto en duda el objetivo anunciado del 25% para todo el año. A la vista de este pésimo resultado, resulta llamativo que el gobierno insista con suponer el déficit y la emisión como fuentes de la inflación, y no la asocie con la devaluación, la quita de retenciones o los aumentos de tarifas que aplicaron desde diciembre. Evidentemente, el gobierno tiene una mala teoría para sus políticas, o sus objetivos no son los que declara en público.

(Por Julio Gambina) El Parlamento de la Argentina autorizó al gobierno de Mauricio Macri a tomar deuda pública por 12.500 millones de dólares para el pago a los inversores holdouts, entre los que destacan los fondos buitre. Sin embargo, el Ministro de Economía, Alfonso Prat Gay salió a colocar bonos de la deuda por la suma de 15.000 millones de dólares.

En rigor, los acuerdos negociados a cancelar en las próximas horas podrían alcanzar entre los 8.000 y los 10.500 millones de dólares. Todavía resta para cancelar toda la deuda en cesación de pagos. Aun así, el poder ejecutivo demanda deuda por la totalidad de lo autorizado, resultado de un acuerdo entre parlamentarios del oficialismo y de la oposición, incluidos legisladores del espacio kirchnerista.

Queda claro que ese amplio espectro político se niega a la auditoria de la deuda. Se perdió la ocasión de hacerlo con la bicameral dispuesta por la ley de pago soberano entre 2014 y 2015 y no se asumen las investigaciones judiciales, especialmente la sentencia de junio del 2002, derivada de la causa impulsada por Alejandro Olmos sobre la deuda en tiempos de la dictadura. En esa tendencia se prueba el carácter fraudulento de la deuda.

La diferencia entre lo que se abonará y el máximo autorizado engordará por un tiempo las reservas internacionales, con un oneroso costo financiero, hasta tanto se negocie con el conjunto de acreedores que explican la continuidad del default iniciado en 2001. Claro que también podrá crecer litigios de quienes ingresaron a los canjes del 2005 y 2010 y se ven perjudicados por las nuevas ofertas de pago a especuladores y buitres,

Igual, los 2.500 millones de dólares más allá de la autorización por 12.500 millones de dólares del “partido de la deuda” serán aplicados a financiar el enorme déficit fiscal, problema que comparten las provincias y la Nación.

Vale mencionar sobre el partido de la deuda, un bloque político, que siendo opositores u oficialistas siempre acuerdan privilegiar a los acreedores externos por sobre la deuda social con millones de argentinos. Pueden discutir sobre diferentes aspectos, pero en lo esencial cumplen con su papel funcional a los objetivos de las clases dominantes.

En rigor, el camino del endeudamiento público asumido hipoteca al pueblo argentino y aleja posibilidades de satisfacer necesidades con recursos fiscales, los que se orientarán a satisfacer la cancelación de intereses. Es una situación que se acompañará de renovaciones recurrentes de los vencimientos de capital para reincidir en el cuento de nunca acabar con una deuda vieja que se recompone con nuevo endeudamiento. La deuda pública obliga a pagos futuros, imposibilitando demandas de millones de argentinos, por salud, educación, empleo, salarios, jubilaciones, y otros derechos.

Nuevo negociado por deuda

Casi 27 millones de dólares se pagarán en comisión para 7 bancos transnacionales: J P Morgan, HSBC, Deustche Bank, Santander, Citigroup, BBVA y UBS que colocan los 15.000 millones de dólares desde la próxima semana. Los primeros cuatro actúan en el armado del negociado, definiendo las características de los bonos. Los otros tres se suman como colocadores en el ámbito mundial.

Casi siempre se menciona a los fondos buitre como los grandes beneficiarios del negociado en cuestión, sin embargo, sin la banca sería imposible la circulación de papeles de la deuda de los diferentes países. El Sistema financiero mundial festeja la orientación de los recursos públicos de la Argentina hacia acreedores en default, pero también por una nueva oportunidad de rentabilidad bancaria en tiempos de crisis capitalista.

El FMI, cabeza del sistema financiero mundial, celebra los acontecimientos y se apresta a desembarcar en el país para auditar las cuentas nacionales e intervenir sin mediaciones en la formulación de políticas de Estado.

La tasa de interés que alegra al equipo económico, a los profesionales de la deuda y a la prensa afín es usuraria, entre el 7 y algo más del 8%, cuando otros países de la región se endeudan a tasas entre el 4 y 5%. Festejan la reducción de tasas superiores a dos dígitos, obviando que siendo Argentina un recurrente pagador de deuda, el riesgo país se mantiene elevado.

El paquete de bonos a ofrecer en estos días para pagar vieja deuda nos hipoteca con títulos a 5, 10 y 15 años, lo que supone el compromiso de destinar parte importante del trabajo social local al pago de intereses y la recurrente renovación del capital.

Violencia de la deuda

Se trata de una gigantesca bola de nieve que se acumula en un ciclo de deuda pública iniciado con el terrorismo de Estado hace cuatro décadas y que se proyecta por años.

La deuda tiene que ser investigada, y mientras suspender los pagos. Hay que seguir argumentando a favor de la investigación de la deuda pública y la suspensión de los pagos. Algunos preguntan si eso es posible y nosotros decimos que sí, que se puede y se debe, ya que el pueblo no es deudor, sino acreedor de una deuda varias veces cancelada.

Fue la deuda uno de los mecanismos para favorecer la libre circulación de capitales, que junto al libre comercio, constituyen hoy la esencia del programa de los capitales más concentrados.

En el origen está la violencia de la deuda en tiempos de dictadura cívico militar y la afectación de los derechos humanos, y hoy como ayer continúan violentados los derechos de la mayoría de la población.

En el día de hoy se conoció el fallecimiento de Esteban Latorre, trabajador de Biblioteca Nacional que fue despedido y luego reincorporado por las autoridades al enterarse que había sido operado en enero del corazón. Ya son tres los trabajadores muertos en una semana por las políticas del gobierno nacional.

Latorre, de 41 años y una hija de seis años, fue operado en el mes de enero donde se le realizó un triple bypass por problemas que venía arrastrando de salud. Estando de licencia médica debido a esta situación, el 21 de marzo recibió el telegrama de despido por parte de las autoridades de Biblioteca Nacional.Afiliado a ATE, Latorre tuvo que presentar los comprobantes de su deterioro de salud por lo que terminó siendo reincorporado.

Sin embargo, este lunes se hizo presente en Biblioteca Nacional para presentar los certificados correspondientes con el fin de mantener la licencia.Según cuentan sus compañeros, Latorre se encontraba muy angustiado por los despidos (240) en su sector de trabajo y por la situación que le hicieron pasar tras ser operado del corazón. Este mismo lunes, mientras volvía en moto a su casa de José C. Paz, se descompuso y falleció en el camino.Esteban Latorre era trabajador del sector de Seguridad e Higiene, con 7 años de antigüedad estaba sujeto a la resolución 48, una renovación de contrato anual que padecen miles de trabajadores estatales.

Con el fallecimiento de Latorre ya son tres los compañeros muertos producto de los despidos y las políticas que impulsa el Gobierno Nacional. El fin de semana pasado, Yolanda Mercedes, auxiliar docente de Mar del Plata tuvo un infarto que le produjo al advertir que en su cuenta sueldo sólo había $40 por el descuento que le habían aplicado de más de $6.000. Y este martes, Melisa Bogarin, trabajadora precarizada del Inta del Chaco, en el marco de una reunión con autoridades del sector, se descompuso y murió mientras era trasladada a un hospital.

Fuente: http://www.eltrabajadordelestado.org/

Melisa Bogarin, trabajadora del programa ProHuerta en Chaco, falleció ayer durante una asamblea en la cual informaba que por resolución su contrato precarizado había sido extendido por tres meses, sin seguridad de renovación. Germán, su marido y padre de su hija de un año, ya había sido despedido de la Secretaría de Agricultura Familiar. “Mientras explicaba sus miedos por la continuidad de sus sueños de trabajo y familia, les había sido otorgado el año pasado un crédito Procrear para la primer vivienda, se descompensó, sufrió un paro cardíaco y murió cuando era trasladada al hospital más cercano para ser atendida”, aseguraron sus compañerxs de ATE.

ProHuerta es una política pública de autoproducción de alimentos que gestiona el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde hace más de 25 años, y que trabaja con familias en situación de vulnerabilidad social, las que se juegan todos los días para llevar un plato de comida a las mesas de sus familias.

Cuando empezamos la normalización del sindicato acá en la provincia me ayudó muchísimo en el área de comunicación, era comunicadora social, era esa su herramienta de trabajo y a la hora de ir a las comunidades, era de esos cuadros necesarios con fuerte compromiso con un sector tan vulnerable”, dijo a FM De la Calle el secretario general de ATE Chaco, Mario Bustamante.

Mediante una carta abierta, sus compañerxs comentaron que Melisa “no era una trabajadora que pensaba la comunicación como tradicionalmente se la conoce, una herramienta para difundir un hecho en un medio. Si no que consideraba que, para los sectores con los que trabajaba todos los días, campesinos, agricultores familiares y comunidades originarias, la comunicación, ejercida como un derecho humano, podía servirles para, sin intermediarios, ayudarles a expresar sus problemáticas, luchas y alegrías. En eso trabajo en esos 8 años”.

“Con otros compañeros, impulsó una red de radios escolares rurales, en las escuelas en donde asistían los hijos de los huerteros, de los agricultores familiares y campesinos con los que trabajaba. Esa era su preocupación, cómo la comunicación podía servir a esos sectores para decir, para denunciar la explotación y postergación, para ayudar a organizarlos”.

Bustamante explicó que la trabajadora “no tenía antecedentes cardíacos, hace poco fue mamá, desconocíamos si tenía algún tipo de problema de salud porque hasta eso nos están tirando algunos. No solamente nos pegan diariamente que somos ñoquis sino que además, una cosa de locos, de la solidaridad a la apatía en ese espectro hay gente de todo tipo, compañeros que han dado toda su solidaridad y todavía hoy estoy escuchando ‘ah, bueno, pero era contratada’. La verdad que es durísimo pero estamos dándonos fortaleza entre todos, seguimos asumiendo esta lucha que tiene que ver con detener los despidos”.

Agrega la carta de lxs trabajadorxs de ProHuerta: “Soñó e hizo lo posible, desde su lugar, por la construcción de la utopía de un país más justo e inclusivo. Su marido Germán también trabajaba la comunicación en el mismo sentido en la Secretaría de Agricultura Familiar. Tenían una nena que hace unas semanas cumplió un año. Como miles de laburantes de la gestión pública, desde hace 4 meses, viven la humillación, la persecución y el maltrato, no solo de un gobierno que nos trata de ñoquis y vagos, sino de un sector importante de la prensa nacional y la sociedad que repite ese relato, sin fundamentos, sin saber, sin conocer una sola historia de estos trabajadores, queriéndole cobrar a Melisas y Germanes vaya saber qué venganza”.

“Melisa Bogarin tenía 30 años. El proyecto de gobierno encarnado por Mauricio Macri no es solo un gobierno de ajuste, de devaluación, de tarifazos, de despidos. Es un gobierno de muerte. Y los trabajadores no queremos una muerte más. En tu memoria, por tu trabajo, por tus sueños y por tu familia, los trabajadores de INTA, tus compañeros, te prometemos mantener encendido el reclamo de justicia”, concluyeron.

Denunciaron a Vidal por homicidio culposo

El Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) denunció penalmente a la gobernadora María Eugenia Vidal y al director general de Cultura y Educación Alejandro Finocchiaro tras el fallecimiento de una de sus afiliadas.

Yolanda Mercedes, vivía en Mar del Plata y trabajaba en la escuela especial 506 de esa ciudad. Desde el gremio manifestaron que murió “producto de un infarto tras advertir que en su cuenta sueldo sólo había $40 y no podía pagar el alquiler. El gobierno de María Eugenia Vidal le había aplicado un descuento de más de $6.000 sobre su salario”.

El gremio había mantenido medidas de fuerzas durante 45 días en reclamo de la reapertura paritaria y desde la gobernación aplicaron descuentos en el último recibo de sueldo por las ausencias.

“La muerte de Yolanda no fue en vano: en honor a su memoria, iremos hasta las últimas consecuencias para que cada uno de los responsables de esta aberración que se cometió con los descuentos abusivos e indiscriminados tengan que rendir cuentas ante la Justicia. Tenemos muchos casos de compañeros que han sufrido descompensaciones y todo tipo de problemas de salud. Desde el primer momento advertimos, cuando se conocieron los descuentos, que era una decisión criminal” expresó Marcelo Balcedo, secretario de Soeme en un comunicado.

“Lo más agraviante, en el caso de Yolanda es que ella ni siquiera hizo retención de tareas, pero igual le aplicaron el descuento. Así también ha pasado con compañeras que tienen licencia médica o que están internadas”, agregó por su parte el secretario de la delegación Mar del Plata, Enrique Sánchez.

(Por Francisco J Cantamutto) El escándalo conocido a nivel mundial como los Papeles de Panamá recién empieza a desplegarse. En Argentina,  el impacto fue inmediato, dado que involucra al propio presidente Macri y todo su entorno familiar. Hasta el momento las explicaciones son escasas y las pruebas directamente nulas, apelando –como ya es costumbre- a la fe y la buena voluntad.

El origen del escándalo

La cantidad de documentos hackeados del estudio Mossack Fonseca es varias veces más grande que los involucrados en el Wikileaks, del que aún surgen novedades. Procesarlo demanda mucho tiempo, y los alcances del escándalo están lejos de conocerse. Esta ha sido la razón aducida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ), que procesa los documentos mediante un software de reconocimiento gráfico.

Si bien esto probablemente sea cierto, esta asociación de periodistas creada en 1997 no es exactamente neutral. Según denunció Julian Assange, la misma es financiada por Organized Crime and Corruption Reporting Project y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Níkolás Stolpkin completa la lista con otros destacados aportantes: Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller Family Fund, Open Society Foundations, Ford Foundation, Carnegie Corporation of New York. Open Society Foundations responde al especulador global George Soros, mientras que la Ford tiene conocidas relaciones históricas con la CIA. Aunque la fuente del hackeo es anónima, su procesamiento claramente responde a urgencias de geopolítica estadounidenses. Esto explicaría por qué no abundan en la lista del escándalo nombres de esta nacionalidad.

Pero el origen no debe opacar los hallazgos reales, sino más bien explicar el foco de énfasis al inicio: por qué aparecen unos nombres antes que otros. De hecho, dado que Estados Unidos cuenta con sus propias zonas de secrecía -Delaware, Wyoming, Nevada-, de mucha mayor escala que Panamá: los estadounidenses pueden aprovechar sus propios “paraísos”. En el listado se ha visto afectado, por ejemplo, el primer ministro David Cameron, que tras mentir públicamente 3 veces al respecto, debió aceptar haber obtenido rédito de una sociedad creada por su padre. Como participan del consorcio grandes medios de comunicación de la mayor parte del mundo, con agendas sólo en parte homogéneas, lo que dificulta contener la información. De hecho, el diario alemán Süddeutsche Zeitung (aquí traducción) se sorprendió del trato amable que la prensa argentina dio al presidente Macri.

Es que los representantes por Argentina en el ICIJ son periodistas de La Nación y Canal 13. Su objetivo de búsqueda primario era la ex presidenta Cristina Fernández, y “tropezaron” con estos casos alrededor del ahora presidente Macri. Mostrando lo sesgado e interesado de su investigación, el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon reconoció que poseían esta información sensible antes de la segunda vuelta electoral, y decidieron evitar su estado público hasta ahora. Información que sin dudas hubiera incidido en el resultado, pues hubiera puesto en duda la transparencia promocionado por Cambiemos.

El impacto local

Las cuentas offshore son instrumentos financieros utilizados a escala mundial, con el objeto de ocultar información y evitar el pago de impuestos. Apañados por leyes locales que permiten estas prácticas, las empresas y los empresarios más poderosos toman provecho de ellas, incluyendo actividades ilícitas. Las acciones de Cambiemos desde que inició su gobierno no han contribuido a controlar el uso de estas cuentas, sino más bien lo contrario. La quita de controles a los movimientos de capitales (incluyendo la desaparición del mal llamado “cepo”) y los despidos masivos en la Unidad de Investigación Financiera facilitan los usos ilícitos de las cuentas offshore.

Ahora bien, esto no debe sorprender que en el marco de un gobierno cuyas figuras centrales están implicadas en este tipo de prácticas. La investigadora de CONICET y UNSam, Ana Castellani, ubicó a 7 funcionarios del gabinete nacional con cuentas offshore:

– Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Involucrado en Kalushy SA, en Panamá. Avruj señaló que la empresa fue creada por la ONG B’nai B’rith, para la que trabajó. La organización lo negó de manera contundente.

– Carlos Augusto Lo Turco, Subsecretario Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Involucrado en Marbira SA, en Panamá.

– Jesús María Silveyra Subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria. Involucrado en Trafimex SA Holding Corporation, en Panamá.

– Clarisa Lifsic, Secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones. Involucrada en 4 empresas en Chipre desde mediados de los años ´90, de las cuales tres continúan activas a la fecha. Orsett Investments Limited, Emerging Ukranian Limited, Ukranian Dolphin Limited y Prior Investments Limited.

– Hugo Darío Miguel, Subsecretario de Planeamiento en la Secretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones. Involucrado en TESACOM Panamá SA.

– Jorge Braulio Norverto, Subsecretario de Ciberdefensa en el Ministerio de Defensa. Involucrado en La Jotabe, en Florida.

– Maria Paula Schiappapietra, Subsecretaria de Comercialización de la Economía Social de la Secretaria de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social. Involucrada en Los Didis, en Florida.

Por supuesto, hay que agregar al listado al presidente Mauricio Macri, con al menos dos sociedades registradas en Panamá que lo ubican como director, Fleg Trading y Kagemusha. La última en operatoria y la primera vigente entre 1998 y 2008, ambas sin declarar por el presidente. De esta segunda, Macri dijo que no tuvo operatoria porque el negocio en Brasil no prosperó. Sin embargo, ha trascendido recientemente que el negocio en cuestión, la expansión del Pago Fácil en el país vecino, ocurrió bajo el mando del consorcio Macri durante el período 2001-2006, para ser luego vendido al socio Western Union. Es decir, el presidente habría mentido en su declaración jurada y en su excusa pública, siguiendo el patrón del inglés Cameron. Como señalamos, todo el entorno familiar de Macri está implicado con cuentas de este tipo en Panamá, lo que favorece la naturalidad con la que Macri reacciona ante las preguntas: forma parte de lo “normal” para el empresario.

El gobierno no ha dado hasta ahora ninguna explicación, y no ha aportado pruebas: todo se reduce a la voluntad de quien quiera creer. Los libros de las cuentas offshore podrían ser aportados por sus titulares si así lo quisieran. Como ya dijimos, no sólo la sospecha por actividades ilegales, sino la evasión y elusión impositiva, además de la falsedad de las declaraciones juradas, son elementos para cuestionar el accionar del gobierno. El discurso de la transparencia queda muy rápidamente desprestigiado.

(Por Francisco J Cantamutto) El consenso social es bastante amplio respecto de la corrupción: se trata de un flagelo que nos daña como sociedad. Resulta difícil encontrar alguien que defienda abiertamente la corrupción, incluso cuando a todas luces la práctica resulta más extendida que lo que se reconoce. ¿Por qué se sostiene entonces esta práctica delictiva? El tratamiento mediático generalizado pretende afirmar que se trata de la falta de altura moral de algunos individuos, que toman provecho de su posición de poder en algún escalafón del Estado para sacar provecho particular. Y seguramente algo de esto puede haber, pero… ¿es ésta toda la historia?

Trama de corrupción

Cuando se habla de corrupción se la asocia de manera más o menos automática la culpabilidad al funcionario público involucrado, olvidando relativamente la contraparte privada. Sin embargo, para que el acto de corrupción ocurra, son casi siempre necesarias al menos dos partes: es extraño el caso de un funcionario que actúe sin socios. Es que la corrupción cumple una función específica dentro del sistema nacional de acumulación: suele ser el precio pagado para obtener negocios asociados a posiciones monopólicas o cuasi-monopólicas. Dicho de otra forma, en la pelea por obtener negocios protegidos, la corrupción es un mecanismo que “acelera las gestiones”.

Esto ocurre en todos los países del mundo, donde grandes capitales han sido acumulados y se expanden de la mano de la demanda o la protección estatal. Dejemos claro algo: no todos los negocios con el Estado necesitan estar “sucios”, simplemente, ensuciarlos los facilita. Ocurre a toda escala: desde la compra de insumos básicos (papel o comida) pagada con sobreprecios o adjudicada sin licitar, hasta la venta de activos estatales (las privatizaciones de los noventa fueron una gigantesca estafa) o la colocación de deuda (¿no es extraño que la JP Morgan “le preste” a un ex empleado suyo en el gobierno?). Las posiciones protegidas por el Estado son un botín que merece disputarse, y en caso de escándalo, dejar caer el peso sobre la moral individual en lugar de la economía política.

Al enfocarse solo en los funcionarios corrompidos, hay un claro sesgo anti-político, que busca mancillar toda actividad estatal como moralmente dudosa, y al mismo tiempo desplazar el debate de la política a la ética: en lugar de discutir proyectos políticos, reducir el problema a la gestión “honorable” de lo existente. Esta fue el eje de la propuesta de la Alianza, que ganó en 1999 prometiendo conservar la Convertibilidad como modelo, pero gestionarlo sin corrupción. Esa fantasía acabó en unos meses con el escándalo de la ley “Banelco” de reforma laboral, y finalmente, con la crisis de 2001. Antes que eso, y mostrando la asociación de este discurso con el proyecto neoliberal, la corrupción había sido utilizada como excusa para justificar el proceso de privatizaciones: quitar de lo público las empresas las eximiría de desfalco. Sabemos con certeza que acabaron por convertirse en un nicho de ganancias privilegiadas e incumplimientos sistemáticos.

Proyectos políticos

Justamente, uno de los pocos puntos consistentes del discurso de campaña de Cambiemos (y del Frente Renovador) fue el combate a la corrupción, aunque esta vez sin preservar “el modelo”. ¿Por qué? Porque se caracterizaba al “modelo” sólo por su asociación con la corrupción: el kirchnerismo se veía reducido a una horda de saqueadores de los fondos públicos. Como ya hemos insistido, esta lectura es una expansión en clave liberal del planteo agrario de 2008, que logró presentar un malestar corporativo como un problema social, que afecta a la mayoría. La intervención del Estado es presentada como fuente de ineficiencia, malgasto, debido a la dudosa moral de malos “administradores”. Reemplazándolos por buenos “equipos” dirigidos por gerentes exitosos, la acción del Estado podría corregirse. Por eso, el Estado reclamado por el empresariado concentrado y el defendido por Macri no es un Estado “chico”, sino uno más eficaz en sus objetivos. El problema es político: cuáles son sus objetivos. Al enfocarse sobre esta forma de comprender la corrupción, Cambiemos evita de manera enfática pronunciarse sobre desfalcos privados.

Las cifras de la corrupción son, lamentablemente, malas. Tomemos la estimación realizada por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), que los diarios Clarín y La Nación toman como la mejor disponible, lo que quita sospechas de favorecer al gobierno previo. Según esta ONG, entre 1982 y 2007 se registraron 750 causas por corrupción, de las cuales sólo el 3% llegó a condena, prescribiendo la mayoría –mostrando la impresionante y aborrecible impunidad. Siempre según este informe, estas causas involucran un total de 13.000 millones de dólares, lo que constituye un verdadero agravio a la función pública, y la pérdida de valiosos recursos que podrían ser usados para inversión en educación, infraestructura, vivienda o salud, por ejemplo. Estos robos son reprobables, y no deben quedar impunes (incluyendo los que involucran al presidente y sus funcionarios, muchos con causas pendientes).

Ahora bien, esta cifra palidece ante los montos de la fuga de capitales. Usando los datos del especialista Jorge Gaggero, en el mismo período, se fugaron del país entre 171.000 y 342.000 millones de dólares. Esta fuga no ha ido toda a paraísos fiscales y sólo en parte está ligada a actividades ilegales. Pero sin dudas es dinero quitado de nuestra economía, que dejó de producir y dejó de aportar en impuestos, utilizando prácticas reprobables como subdeclaración de exportaciones o sobredeclaración de importaciones. En sus estimaciones más cautas, Gaggero indica que esta fuga significó una merma de recursos fiscales de alrededor de 1.250 millones de dólares por año. Serían unos 18.000 millones de pesos de abril de 2016, lo que equivale al 75% del monto anual presupuestado para Ciencia y Técnica o para Promoción y Asistencia Social. La fuga de capitales es un problema económico y fiscal, y a Cambiemos esto no parece importarle.

Dejémoslo claro: la corrupción es un flagelo y debe condenarse. No sólo en las causas previas, sino en las que involucran al actual gabinete. Pero al utilizarlo como eje privilegiado de intervención, se pretende evitar la discusión estrictamente política sobre los objetivos que se persiguen y los sectores sociales que se benefician. La asociación del déficit fiscal como problema y la corrupción como su origen tiene la intención de mancillar la actividad política, y darle solución mediante mayor presencia del mercado. Por eso, el sesgo elegido de las políticas de Cambiemos es darle rienda suelta a los actores empresariales poderosos. Las quitas de controles y regulaciones al comercio exterior y al movimiento de capitales aplicadas por Cambiemos facilitan esta fuente de elusión y evasión fiscal. Se trata apenas de otra de las pruebas de que Cambiemos sólo gobierna para empresarios.

(Por Julio Gambina) El 3 de abril se difundió el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en Inglés) sobre empresas offshore y fuga de capitales[1]. Allí aluden a información sobre más de 11,5 millones de registros financieros y legales, que expone un sistema de “delincuencia, corrupción y maldad, oculto por las empresas offshore secretas.”

Tal es el escándalo por la difusión de esa información renunció Sigmundur David Gunnlaugsson, presidente de Islandia tras las protestas masivas por revelaciones de que había sido propietario de una empresa offshore con su esposa.[2] La filtración de la información causó también conmoción en Nuestramérica, especialmente en la Argentina ante la presencia del Presidente Mauricio Macri entre los involucrados con empresas offshore en las Bahamas, conocido paraíso fiscal.[3]

Más allá de la filtración y las sospechas que genera la información[4], lo cierto es que evidencia la práctica generalizada de la Fuga de Capitales sostenida desde la facilitación de la circulación mundial del dinero. En un estudio sobre los tratados de libre comercio, presentado en el VII° ESNA[5] realizado en Montevideo entre el 31 de marzo y el 2 de abril, se informa que éstos no son “acuerdos comerciales”, sino “instrumentos de protección de las inversiones extranjeras”[6]. En la presentación se informa sobre los paraísos fiscales, que son resultado del proceso de liberalización que empujan los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversión.

Sobre los paraísos fiscales se informa de la difusión de los mismos en todos los continentes, destacando el caso del Estado de Delaware, en EEUU, en donde  aparecen “registradas 6.500 empresas. Dos tercios de las empresas del listado Forbes 500 tienen domiciliada alguna empresa en este domicilio, entre ellas Ford, American Airlines, General Motors, Coca-Cola y Kentucky Fried Chicken.” Informa sobre 830.000 compañías registradas en las islas Vírgenes Británicas, donde la población apenas llega a los 19.000 habitantes. Estiman en 2 billones de dólares “el stock de flujos que salieron hacia paraísos fiscales entre 1970 y 2011”, y se destaca Brasil con 520.000 millones de dólares, un 160% de su deuda externa; México con 417.000 millones de dólares, un 224% de sus pasivos externos; Venezuela con 406.000 millones de dólares, 728% de su deuda externa y Argentina con 399.000 millones de dólares, dos veces su deuda externa.

Convengamos que una empresa offshore es parte de la trama de la fuga de capitales y que la fuga de capitales no puede entenderse sin la complicidad del sistema financiero. No hay paraísos fiscales sin transnacionalización de la especulación y del sistema financiero, que tiene en su cúpula el FMI y al Banco Mundial. Una empresa offshore supone el registro en el exterior de una empresa, pero nadie organiza una empresa offshore en paraíso fiscal si no es para evitar pago de impuestos en el país propio o de la inversión. La filtración, más allá de las consecuencias políticas que supone, habilita a discutir la cuestión de fondo, que debiera reactualizar el fin de los paraísos fiscales, un tema que estuvo en la agenda del G20 desde que se auto consideró “ámbito de discusión de la crisis” a partir de sus inicios en noviembre del 2008.

En rigor, la cuestión de fondo es el capitalismo, ya  que el capitalismo de época es el delito, el contrabando, la trata de personas, el narcotráfico, la venta de armas. Son los asuntos, entre otros, que motivan el lavado de dinero y la fuga de capitales. Se trata de esconder las grandes acumulaciones que generan socialmente una tremenda brecha entre muy pocos ricos y muchos sectores empobrecidos. No debe sorprender la existencia de empresas y cuentas offshore de gobernantes y famosos, ya que se trata de una práctica usual de las clases dominantes en el capitalismo contemporáneo. Es la forma cotidiana de expresión del capitalismo especulativo y normal. Para terminar con el negocio offshore hay que terminar con la especulación y la economía del delito, es decir, con el capitalismo.

¿Cómo hacemos lxs profesionales para aportar, entrelazar, conocimientos que adquirimos en la educación formal al campo popular sin quedar atadxs a nuestros propios deseos? De mínima creemos que actualizar este debate planteándolo en los espacios académicos es una incipiente iniciativa.

“No somos de cartón, no somos reciclables, tampoco descartables; somos cartoneras” es la premisa con la que trabajamos para construir este material sonoro que relata las historias de vida de tres mujeres cartoneras de Villa Caracol, barrio periférico de nuestra ciudad caracterizado históricamente como un barrio que, producto de las consecuencias del neoliberalismo, vive y se alimenta de la práctica del cartoneo.

Estas voces representan identificaciones distintas de lo que implica pensarse cartoneras, teniendo en cuenta sus formas de trabajo, su historia personal-colectiva y sus luchas sociales, pero encuentran similitudes en su condición primera: ser mujeres. Por eso buscamos conocer, dar a contar, cómo llega una mujer a ser cartonera, y como llega un cartonera a pensarse mujer.

Sentirnos mujeres y colectivizarnos como tales, resulta necesario para dar cuenta y denunciar que los relatos históricos nos han condenado tradicionalmente al olvido, producto de la historia oficial androcéntrica, escrita y relatada por varones. Aún cuando hubo intentos por incorporarla, en la mayoría de los casos, resultó funcional a la idea de la “complementariedad”.

Por esta razón, la historia de las mujeres se ha ido constituyendo producto del movimiento social, político, feminista; donde continuar con la tarea de nuestras compañeras para terminar con el sexismo predominante en los relatos, nos impulsa a tomar dentro de tantas tareas; documentar sobre, por y para nosotras.

En este sentido compartimos este material radiofónico para que se escuche, se comparta y fundamentalmente se utilice como una herramienta de análisis e impulso para pensar y planificar nuevas estrategias comunicacionales-educativas contribuyendo así en espacios de reflexión, diálogos, medios de comunicación, prácticas políticas, y vínculos sociales no sexistas, antipatriarcales, incomodantes y feministas.

Ficha técnica de la producción sonora

Autoría: Paula Mailen Ercoli

Edición y Artística: Emiliano Randazzo

Memorias del proceso de tesis

Director: Pablo Becher

La CTA Autónoma, Consumidores Libre y la Defensoría de la Tercera Edad porteña  convocaron a boicotear a las grandes cadenas de supermercados de todo el país mañana con el fin de expresar un claro mensaje hacia estos formadores de precios que fomentan la inflación y el abuso de los precios.

Bajo la consigna “#SúperVacíos”, la iniciativa apuesta a que sea la población, al no realizar compras, la que exprese un contundente mensaje a quienes remarcan a diario los alimentos como la leche, la carne, el pan y demás productos básicos en la mesa de cualquier familia, por un lado, pero también para quienes tienen la responsabilidad de gobernar y no toman medidas al respecto.

“Los ‘súper vacíos’ darán el mensaje pacífico pero elocuente, de una ciudadanía cansada ante la inflación y la suba permanente e indiscriminada de precios. Sabemos que no comprar durante un día no es la solución, pero estamos convencidos que va a ser un mensaje muy claro a los grandes comercios que abusan de nosotros y también para quienes gobiernan”, afirmaron las organizaciones convocantes.

Nueva imagen

(Por Francisco J Cantamutto) Se desató esta semana un nuevo escándalo mundial por la filtración de documentos de sociedades offshore en Panamá. Escándalo político y ético que involucra a Macri.

A fines del siglo XIX los isleños de Gran Caimán salvaron a los tripulantes de un navío inglés encallado, y por esa acción, el rey Eduardo III los eximió para siempre del pago de impuestos. Así se resume la historia del primer paraíso fiscal, atando en el mismo relato la expansión de ultramar, el colonialismo y las necesidades del capital. El problema se ha vuelto mucho mayor en este siglo XXI. El escándalo estalló esta semana con la filtración de 11,5 millones de documentos secretos del estudio jurídico Mossack Fonseca (cuarto creador de sociedades offshore a nivel mundial) sobre la actividad empresarial en Panamá, entidad clasificada como paraíso fiscal en casi cualquier índice que se consulte. Entre 140 políticos en el mudo, apareció el nombre del Gerente de la Nación Mauricio Macri.

¿Qué son los paraísos fiscales?

Hay acuerdo en que… no está claro. Algunas organizaciones prefieren hablar de jurisdicciones de secrecía, para enfatizar el rasgo central. Se pueden enumerar 4 características:

  1. Laxa regulación financiera. Se permite realizar múltiples actividades económicas casi sin control alguno. Esto implica no sólo la facilidad para constituir y desmembrar sociedades casi sin requisitos, sino el énfasis en el secreto bancario, razones que facilitan la llegada de dinero cuyos dueños no quieren preguntas.
  2. Baja o nula tributación. Estas jurisdicciones usan la baja fiscalidad para atraer inversiones, lo que implica que una facilidad para evitar pagar impuestos en sus países de origen y en los que actúan.
  3. Carácter de enclave. Muchas veces las facilidades de los puntos anteriores aplican sólo para no residentes, estableciendo un doble estándar difícil de justificar con los residentes. El enclave significa que estas actividades no generan encadenamientos en el resto de la economía, más allá de su ínfimo impacto en el empleo. Se produce así una dualidad en la jurisdicción a todo nivel.
  4. Autarquía de la jurisdicción. No necesariamente se trata de países, muchas zonas de secrecía son provincias o territorios de ultramar (colonias). Sólo requiere la posibilidad de definir reglas de tributación y regulación de la actividad económica. El caso más conocido por los fraudes en Argentina es el del Estado de Delaware, en Estados Unidos.

La proliferación de estas zonas de secrecía tiene directa relación con la mundialización del capital en la etapa abierta a fines de los años ’70. A partir de allí, la desregulación financiera y comercial ha sido la regla, fomentando la competencia entre países para atraer inversiones en condiciones cada vez más ventajosas para los capitalistas y con menos impacto en la economía “huésped”. Esta lógica aplica en general para la inversión extranjera: incluso la CEPAL –de postura favorable a la atracción de esta inversión- ha indicado en sus últimos informes que este pasivo implica salidas sistemáticas para la región que llevan a sobrepasar el monto de los ingresos. Si en nuestro país tenemos discusiones sobre qué efecto positivo puede conllevar el incentivo a las inversiones, por ejemplo, en la megaminería, estas dudas se expresan con más claridad en estas jurisdicciones: elevados beneficios para los inversores y muy poco para los receptores.

Aún con estas  características básicas, las estimaciones son difíciles de realizar. La organización de justicia impositiva (Tax Justice Network) encuentra 72 paraísos, mientras que la OCDE, bajo la presión de las principales potencias, detectó en 2009 la existencia de apenas 42. La mirada de esta organización evita pronunciarse de manera contundente sobre las prácticas de secrecía en países desarrollados. La base de datos del Índice de Secrecía Financiera estimó un ranking que consideró no sólo la falta de regulación sino el peso de cada paraíso, y muestra en primer lugar a Suiza, seguido por Hong Kong y Estados Unidos. Luxemburgo ocupa el sexto lugar, Alemania el octavo, Japón el 12° y Reino Unido el 15°. Es decir, no se trata de pequeños países sin recursos.

Aunque la secrecía impide estimaciones precisas, hay algunos datos contundentes. La OCDE señala que el 84% de los fondos que operan en estas jurisdicciones tiene origen ilegal. Es decir, se trata del lugar de lavado de dinero sucio proveniente del tráfico de armas, narcóticos, personas, órganos, corrupción. Entre los países dependientes, sin embargo, la proporción parece invertirse: según la ONG Global Financial Integrity de los 1,1 billones de dólares salidos de estos países durante 2013, el 83% corresponden a manipulaciones de precio por parte de empresas trasnacionales. Esto significa subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones por operaciones internas a la propia empresa, lo que se conocen como precios de transferencia del comercio intra-firma (el 60% del comercio mundial). Es decir, no sólo delincuentes utilizan estas zonas, sino también “respetables” empresas de renombre. Ese año salieron de Argentina 17.171 millones de dólares, suficiente para cubrir todo el déficit fiscal. El experto Jorge Gaggero ha estimado que los montos de fuga de dólares al exterior han estado asociados al endeudamiento externo, lo que quiere decir: la deuda –como la que quiere tomar el gobierno-va fundamentalmente a financiar estas salidas.

Doble moral, y doble ganancia

El uso de los paraísos, entonces, conlleva una fuerte sospecha de ilegalidad junto a la certeza de elusión de impuestos. Aunque podemos dudar sobre lo primero, sobre lo segundo no hay ambigüedad. El peso del escándalo de los Papeles de Panamá recae entonces por varias vías sobre el actual presidente Mauricio Macri. El mismo aparece sindicado como director de la empresa Fleg Trading Ltd. entre 1998 y 2008, y de una segunda llamada Kagemusha, constituida en 1981 y aún en operatoria. En ambos casos, Macri eludió presentar este dato en sus declaraciones juradas como servidor público: siendo diputado desde 2005, jefe de gobierno porteño entre 2007 y 2015 y actual presidente, se trata de una omisión sospechosa. En primer lugar, porque no queda si participó como accionista –debido a que las acciones están sin nominar-, en cuyo caso correspondía informarlo. En segundo lugar, hay una zona gris legal en la AFIP respecto de si debía declarar su rol como director, pero no hay dudas al respecto si por esa actividad tuvo algún tipo de ingresos: ¿es acaso creíble que sea director por más de 3 décadas de una empresa que no le retribuye un centavo? En ambos casos, Macri habría infringido la ley. Hasta el momento, no ha ofrecido pruebas que respalden sus comentarios en la materia.

Pero aún si no violó la ley, caben objeciones de orden político y ético. Por lado, Cambiemos ha enfatizado la necesidad de reducir el déficit fiscal, recortando subsidios y planes sociales, volcando el ajuste sobre los sectores más vulnerables. En el mismo sentido ha justificado los masivos despidos en el Estado, entre los cuales están los más de 100 de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), dedicada a investigar estas prácticas ilícitas. Y sin embargo, mostrando un doble estándar de moral entre discurso y práctica, Macri decide colocar sus recursos en un paraíso fiscal, evitando pagar impuestos en el país. Es decir, una injusta exención impositiva para quienes fugan recursos de nuestra economía. Por otro lado, resulta también reñido con el objetivo declarado de atraer inversiones la práctica de hacer sus propias inversiones en estos paraísos: ¿qué clase de confianza busca infundir entre sus colegas si él mismo no está dispuesto a invertir su riqueza en su país?

Macri no parece esforzarse en justificarse, como buen empresario. Tanto los despidos en la UIF como la rápida y profunda desregulación del mercado cambiario (que incluyen el levantamiento del “cepo”) van en la línea de habilitar más de estos desmanejos e ilícitos empresariales. No se trata de un efecto lateral, es el proyecto mismo de Cambiemos.

Según IPC Online la tasa de inflación bahiense de marzo muestra un aumento de 2,54% respecto a febrero. El alza de precios acumula en 2016 un 8,60% y un 31,82% en relación a los últimos doce meses. “La tasa de variación de los precios sigue mostrando valores relativamente bajos comparados más con los niveles de 2015 que con los aumentos pronunciados que realizaron en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las semanas registraron variaciones positivas aunque la primera explica más de la mitad de toda la inflación intersemanal”.

Las subas alcanzaron a todos los capítulos “empezando por un muy marcado Atención médica y gastos para la salud (9,56%), seguido de Transporte y comunicaciones (3,32%), Alimentos y bebidas (2,86%), Otros bienes y servicios (2,61%), Esparcimiento (2,21%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,11%) Vivienda y servicios básicos (0,49%), Indumentaria (0,46%) y Educación (0,25%)”.

De los 7.839 productos relevados el 27% registró alzas, el 7% registró bajas y el restante 66% no registró variación. Específicamente, las mayores alzas se registraron en el precio de frutas, verduras, libros escolares, y pastas dentales todas con subas superiores al 50%. Asimismo se registraron alzas en las cuotas de obras sociales que arrastraron al capítulo de Atención médica y gastos para la salud. Las bajas fueron preeminentes en algunas frutas y panificados con bajas del 50%.

Por otra parte, IPC Online difundió recientemente los resultados del “Índice de costo de vida universitaria” para el mes de febrero. En este caso, “la canasta de bienes y servicios es mucho más acotada, siendo su composición diferente excluyendo, por ejemplo, todos los bienes y servicios relativos a niños y educación primaria y secundaria. En segundo lugar, los lugares de donde se releva la información se encuentran geográficamente cercanos a las áreas residenciales universitarias. Por último, se asigna una importancia diferente a la variación de precios de diversos bienes y servicios comparados con el consumo de una familia”.

“En febrero casi todos los capítulos mostraron alzas, siendo las más acusadas fue Otros gastos (7,10%), Higiene personal y de la vivienda (6,16%), Transporte (5,19%), Alimentación (3,71%), Vestimenta (2,59%), Gastos de educación (1,47%), Gastos de salud (0,96%). El capítulo Deportes y recreación no registró variaciones y finalmente, Alojamiento y vivienda registró una leve baja -0,15% impulsada levemente por el costo de conexión a Internet en velocidades bajas”, concluyeron.

Un informe especial del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina (CREEBA) -ente financiado por la Bolsa de Comercio- asegura que el aporte del sector educativo a la economía local en 2015 fue de 2070 millones de pesos. La mayor proporción proviene de los establecimientos de gestión pública, en particular en los niveles inicial y primario.

Según datos de la provincia de Buenos Aires, la ciudad cuenta con más de 400 establecimientos educativos en todas las ramas y modalidades que captan casi cien mil alumnxs en total. Aproximadamente un cuarto de las instituciones es de gestión privada.

En el sector enseñanza el principal aporte a la economía de la ciudad viene dado por la cantidad de empleo que genera, tanto en las actividades propias de docencia como en las actividades de los auxiliares de la educación que brindan apoyo indispensable para el funcionamiento de los establecimientos educativos, como es el caso de preceptorxs, personal de maestranza, mantenimiento o limpieza.

Existen diferentes maneras de remunerar el trabajo de lxs educadorxs: en algunos casos se paga el cargo docente, en otros casos se efectúa de acuerdo a las horas cátedra (40 minutos de clase) que cada docente tiene en los distintos establecimientos educativos, de modo tal que el salario que pueden obtener mensualmente se relaciona con la carga de actividad que cada profesor/a tenga. También existe el pago tomando como unidad de cuenta el módulo, que es similar al caso de las horas cátedra pero la duración de la actividad del profesor/a frente al curso es de 60 minutos. En esta última situación el pago que reciben lxs docentes también se vincula con la cantidad de módulos que dicten en cada establecimiento, por lo que pueden encontrarse situaciones muy dispares entre sí.

Tanto las horas cátedra como los módulos son unidades de medida que no constituyen en sí mismas puestos de trabajo y se utilizan como método de remuneración a docentes. En consecuencia, debe distinguirse la carga docente que corresponde a puestos de trabajo efectivos, por un lado, y la cantidad de horas cátedra y módulos por el otro, ya que representan diferentes maneras de contabilizar la demanda de trabajo por parte del sector.

Como regla general podría señalarse que en los sectores inicial y primario se remuneran principalmente cargos docentes mientras que en los niveles medio y terciario se utiliza como unidad de medida del empleo la hora cátedra y el módulo.

Vistas las particularidades en los métodos de remuneración adoptados en la enseñanza se puede inferir que una vez efectuadas las estimaciones se logra un resultado claro acerca de la masa salarial generada dentro del sector pero una idea más difusa sobrede los puestos efectivos de trabajo que se están creando.

La mayor parte del empleo en el sector enseñanza corresponde a los establecimientos de gestión pública, en especial en el caso de docentes donde se ocupan cerca de cinco mil personas en todo el partido de Bahía Blanca, para todas las modalidades. Con respecto a las horas cátedra se observa una distribución más homogénea entre la gestión pública y privada y en total se remuneran cerca de 33 mil horas cátedra al mes. Finalmente, el total de módulos que dictan lxs docentes es superior a los 25 mil mensuales. Estas estimaciones surgen de la información obtenida de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia y de la Dirección Provincial de Educación General de Escuelas Privadas.

La remuneración al personal docente en educación inicial, primaria y secundaria para todas las modalidades durante 2015 supera los 1.000 millones de pesos.

En los establecimientos de gestión pública se genera el 75% del aporte total principalmente por los pagos a docentes. En el caso de la retribución por horas cátedra el aporte en el subsector de gestión pública es similar al del subsector de gestión privada, mientras que en los pagos por módulos hay una mayor incidencia en el subsector de gestión pública.

Además de los niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario comentados anteriormente hay en Bahía Blanca establecimientos universitarios que deben ser tenidos en cuenta al momento de estimar la contribución de dicho nivel a la economía bahiense.

Cuando se estima el impacto sobre el empleo hay que calcular separadamente el aporte que corresponde a profesores y auxiliares que se dedican exclusivamente a la actividad universitaria, el que surge de quienes tienen dedicación semiexclusiva y también el correspondiente a aquellxs que tienen dedicación simple. Tal diferenciación define si se trata de empleos de tiempo completo (dedicación exclusiva) o parcial (dedicación semiexclusiva o simple).

Las universidades informaron que durante 2015 hubo 700 docentes con dedicación exclusiva, 300 con dedicación semiexclusiva y cerca de 2300 con dedicación simple. En todos los casos las cifras incluyen profesorxs como auxiliares.

El aporte de las remuneraciones docentes en la totalidad de los niveles educativos para 2015 es cercano a los 1600 millones de pesos.Además de los recursos docentes el sector enseñanza también genera empleo a través de todas las actividades de apoyo en los distintos niveles y en todas las modalidades. El gasto en remuneraciones para dicha categoría durante 2015 es cercano a los 500 millones de pesos, lo que comprende a no docentes que se desempeñan en todos los niveles y modalidades.

En resumen, los resultados totales para el 2015 indican que el valor agregado del sector enseñanza a la economía de Bahía Blanca, teniendo en cuenta todas las ramas y todas las modalidades y contemplando el empleo docente y no docente, es de 2070 millones de pesos.

La Unión Obrera de la Construcción informó que en Bahía Blanca y una decena de municipios aledaños la desocupación del sector alcanza a uno de cada cuatro trabajadores. Los despidos por la paralización de obras públicas y privadas llegan a 2100 aunque para el dirigente Guillermo Molina, el problema “trasciende lo numérico y la preocupación es que no se visualiza ninguna línea concreta de que esto se detenga y después se revierta”.

“Los compañeros nuestros están en cesación de pago, el salario al cual acceden es de público conocimiento que es realmente escaso, prácticamente si deja de trabajar entra en cesación de pago, no ya de cuestiones suntuosas sino hablamos de necesidades básicas, de comer, de vestirse, de la salud, de la vivienda, del transporte”, dijo a FM De la Calle.

Según un comunicado gremial, “en Bahía Blanca, están paradas obras de relevancia como es el caso del asfalto en Rega Molina 816 O la situación que genera una evidente contradicción, con una obra que implicaría la reactivación de 1200 puestos de trabajo, si se destrabara la postergación de la tercera turbina de la Termoeléctrica Guillermo Brown, en un contexto de anuncios nacionales en los cuales se declaró la crisis energética hasta el próximo mes de diciembre del 2017, pero se frenan las obras que podrían aliviar la crisis”.

“A este lógica inexplicable se suma otra obra energética parada, con 500 puestos de trabajo que se podrían generar si se reactivara la reparación de la termoeléctrica Luis Piedra Buena. Sólo por mencionar la situación en nuestra ciudad, pero esto como un efecto dominó, se replica en Cnel. Suárez, Carmen de Patagones, Pedro Luro, Mayor Buratovich y Tornquist, con obras de iluminación, cloacas, viviendas, escuelas y jardines que en muchos casos han sido postergadas o adjudicadas y no iniciadas”.

(Por Francisco J Cantamutto) La visita de Obama a nuestro país dejó múltiples polémicas. Qué anuncios trajo en materia económica.

Obama termina su mandato con una agenda renovada para América Latina, concebida históricamente por Estados Unidos como su “patio trasero”. La rehabilitación de las relaciones con Cuba como hito histórico fue “compensada” visitando luego Argentina para felicitar al flamante Gerente de la Nación. En sus acotados discursos no evitó decir que había apoyado este cambio, lo que Macri reconoció como una ayuda clave. Acomodando un discurso que rezuma banalidad como forma de evitar las definiciones, se dejaron algunos anuncios relevantes.

La última gran ofensiva imperialista fue el proyecto continental lanzado a inicios de los noventa, conocido como “Iniciativa para las Américas”, luego devenido en ALCA. Este proyecto fue derrotado en Mar del Plata en 2005, gracias a la organización coordinada a nivel continental de diferentes movimientos sociales. Bush hijo debió retirarse sin conquistas. Este proceso se dio en el marco de ascenso de diferentes gobiernos de tintes populares. Durante este período se produjo una creciente penetración del capital chino en la región, que se consolidó como socio comercial de la región y como fuente de capitales, consolidando una relación de tipo dependiente. La competencia entre capitales chinos y estadounidenses ha tenido el Caribe como uno de sus espacios clave, con el proyecto chino de abrir un canal en Nicaragua para competir con el de Panamá como epicentro.

Naturalmente, Estados Unidos no abandonó sus intereses en la región, pero demoró en reorganizar sus proyectos. Una de sus estrategias centrales fue incitar la agenda de la Alianza del Pacífico como alternativa a los gobiernos “populistas”. Se trataba de una alianza entre países con tratados de libre comercio con la potencia del Norte, que evitan redistribuciones “populistas” del ingreso. La agenda, retomada en múltiples medios locales, tiene ahora una nueva etapa con la caída de los precios de los commodities (que mermó los recursos disponibles en la región) y la desaceleración de los procesos de integración regional, como explica el experto Leandro Morgenfeld.

Justamente, los principales acuerdos en materia económica estuvieron orientados en la desregulación del comercio. Según explica Verbitsky, hubo acuerdos sobre garantías de propiedad intelectual (más pagos de royalties), de simplificación de trámites comerciales, de asistencia técnica en materia de telecomunicaciones y cooperación nuclear. De la mano del acuerdo entre YPF y Chevron (que permanece secreto, a pesar de la orden judicial de hacerlo público) fue la base para acuerdos en materia de energías no convencionales, cuya explotación ha permitido a Estados Unidos alcanzar en producción a Arabia Saudita, tal como explica Julio Gambina. La canciller Malcorra dijo sin tapujos que el horizonte es un acuerdo de libre comercio, aunque por la vía del MERCOSUR. Es decir, la agenda que enterramos hace una década, vuelve al pie del cañón.

El comercio bilateral entre Argentina y Estados Unidos ha caído año a año, siendo nuestro tercer socio comercial, muy por detrás de Brasil y apenas debajo de China. El saldo ha sido crecientemente deficitario para Argentina desde hace años, alcanzando los 4.272 millones de dólares en 2015. El resultado de estos acuerdos de mayor desregulación será, pues, mayor déficit, y por lo tanto, mayores salidas de divisas.

A cambio, la Cámara del Comercio estadounidense en Argentina anunció en el predio de la Rural inversiones por 13.800 millones de dólares durante el mandato de Macri. La suma no llega a compensar las salidas esperadas por el arreglo con los fondos buitres, cuya aprobación legislativa está ya culminándose. Estados Unidos no muestra así demasiado énfasis en recuperar posiciones inversoras en el país, dejando en espera de mejores anuncios al gobierno de Macri. El país del Norte viene perdiendo posiciones de inversión año a año en toda la región, además de convalidar la trayectoria en materia de negocios en el país: producción de bienes primarios y servicios. Vale decir que Argentina tuvo un descenso de la inversión extranjera en 2014 debido al pago a REPSOL por YPF. Contrario a lo que Macri señaló al levantar las regulaciones en materia de remisión al exterior de utilidades, el país no dejó de ser atractivo para el capital extranjero, al menos no se detecta eso en los números del último estudio disponible de la CEPAL. Este estudio indica además que el saldo neto de la inversión extranjera en la región es negativo, pues la salida por pagos de royalties y utilidades sobrepasa las entradas de nuevas inversiones.

Es decir, los acuerdos fomentan mayores déficits comerciales, mayores salidas de royalties y pagos de utilidades. En una economía que aqueja de falta de dólares, este rumbo no parece ser la solución. Del mismo modo que no lo está siendo el arreglo con los buitres, el gobierno reafirma el carácter dependiente de nuestro país, sin ninguna concesión. El componente ideológico del libre comercio parece nublar los análisis más básicos.

(Por Julio Gambina) Cuando me preguntan sobre el orden económico social del presente no hay más remedio que hacer historia, especialmente desde el Golpe de Estado de 1976.

El fenómeno visible tiene que ver con las torturas, los asesinatos, las desapariciones, las detenciones, los exilios. Todo ello remite al dolor, físico y mental, de afectados directos, familiares, amigos, compañeros de militancia y destino en la vida. Un poco menos se visibiliza la desorganización social y política buscada por los ejecutores materiales e ideológicos del golpe, lo que supone indagar en las motivaciones del ejercicio del terrorismo de Estado.

Lo esencial de la iniciativa política de las clases dominantes hacia 1976 apuntaba a reestructurar el orden económico, social y político de funcionamiento del capitalismo en Argentina, como parte de un proceso similar en la región. En 1973 en Chile y en Uruguay, luego en 1976 en Argentina y otros procesos similares en la región darán inicio al ensayo de restauración liberal del orden social en el ámbito mundial, más conocido como neoliberalismo. Un ensayo que buscará generalizarse luego con la restauración conservadora liderada por Thatcher y Reagan en los 90´ y que se extenderá con renovada fuerza a la ruptura de la bipolaridad entre 1989 y 1991.

De la defensiva capitalista a la ofensiva

El diagnóstico apuntaba a cerrar el ciclo defensivo de las políticas keynesianas instrumentadas en el capitalismo a la salida de la crisis del 30 del siglo pasado y generalizadas, más allá de matices, luego de la segunda guerra mundial. El carácter defensivo devenía de la fuerte iniciativa y organización de sectores subalternos que en Europa podían imitar el ejemplo soviético de construir el socialismo. En EEUU se necesitaba superar la crisis del 30, surgida desde Wall Street, por lo que el “new deal” (nuevo acuerdo), con su planificación y diferente papel del Estado favoreció la construcción de la nueva hegemonía estadounidense en el sistema mundial, creando las condiciones de la bipolaridad.

La crisis de los 70´ había dado la vos de alarma de los límites del desarrollo capitalista bajo la orientación kerynesiana y el gasto estatal pasó a ser el objeto de la crítica de las clases dominantes. Había que abandonar las políticas defensivas, porque ya afectaba a la rentabilidad de las empresas dominantes. Bajo esas condiciones se hace fuerte la restauración del liberalismo, bajo la denominación “neoliberalismo”, y las matizadas interpretaciones de cómo salir de la crisis de los 70. Es en esas condiciones que la corriente neoliberal de pensamiento acude como sostén teórico y formuladores y ejecutores de la política económica de los regímenes terroristas en el cono sur. Con matices, la escuela de Chicago difunde sus pensamientos para una política de transformación reaccionaria del orden capitalista.

En las condiciones de la Argentina y otros países de la región, se impuso el proceso de desarme del orden capitalista bajo el formato anterior. Si las décadas previas fueron las de la industrialización sustitutiva de importaciones, con aliento al mercado interno y la construcción de un amplio proletariado, especialmente industrial y por ende una burguesía también extendida en la producción agraria, industrial y de servicios, la reversión económica suponía la desarticulación social y política de ese entramado social. Por eso el golpe, las prohibiciones, el amedrentamiento y la manipulación de la opinión pública y el sentido común instalado.

La política neoliberal anticipada en el último tramo del gobierno constitucional (por ejemplo: el “rodrigazo” en julio de 1975) se consolidó en 1976 con el Plan Martínez de Hoz, expresión del sector más concentrado de la economía local, cuyos efectos se sienten aún con los cambios institucionales, estructurales, acecidos desde entonces y muy especialmente en los años 90´ del siglo pasado. Es la base material para pensar la liberalización en curso y la inserción subordinada en nuevos tratados de libre comercio que sellan la presencia de Barack Obama en esta Argentina gobernada por Macri.

¿Qué cambió desde 1975/76?

Las relaciones laborales mutaron sustancialmente, con flexibilización, precariedad, tercerización, subempleo, desempleo y su correlato en desorganización y de-sindicalización. En materia de Estado se promovió un fuerte cambio de función, con privatizaciones, desregulaciones y aliento a la mercantilización de derechos sociales, tales como la educación y la salud, entre otros. La inserción internacional subordinada fue la forma de relacionar a la Argentina con el mundo, con tratados de libre comercio y la extensión de tratados bilaterales en defensa de las inversiones, tanto como la generalización de la prórroga de jurisdicción soberana, que hoy se sufre con la sentencia Griesa.

Instrumentos económicos privilegiados que llegan hasta nuestros días fueron la ley de entidades financieras y una política monetaria y financiera de subordinación a la lógica del sistema mundial liderado por los organismos internacionales. También el régimen de inversiones externas que nos somete a la decisión transnacional sobre el modelo productivo y de desarrollo, con soja y transnacionales de la alimentación y la biotecnología; con inversiones mineras para mega minería a cielo abierto con explotación de bienes comunes y contaminación. Es la industria de armaduría para la exportación y los servicios privatizados y altamente concentrados. Es el mecanismo del endeudamiento externo en ciclos sucesivos adoptados por los gobiernos constitucionales en una continuidad con el pecado original de la dictadura genocida.

Las clases dominantes en la Argentina reorganizaron la cotidianeidad del desarrollo capitalista desde el terrorismo de Estado y ya bajo formas constitucionales de gobierno se someten y profundizan la institucionalidad heredada. Por eso continúa la prórroga de jurisdicción soberana, en los acuerdos por nueva deuda, en los contratos con China y con Chevron. Por lo mismo se afianzan las tendencias aperturistas y condicionadas de los instrumentos del libre comercio y la subordinación a los organismos multilaterales. Ese es el sentido de las relaciones internacionales que se fomentan en el presente, con reuniones y presencias de jefes de Estado de Italia, Francia, Inglaterra, la Unión Europea, el Foro Económico Mundial, y claro, con EEUU.

No alcanza con la crítica o la prédica de un relato que evidencia las motivaciones del golpe genocida del 76, si en simultáneo no se construyen las bases materiales y subjetivas para una lucha anti capitalista.

La CTA Bahía Blanca – Dorrego rechazó “la decisión política que se apresta a votar el Parlamento para convalidar el pago a los buitres y dar inicio a otro ciclo de re endeudamiento de la economía nacional”. Asimismo, repudiaron “el mensaje extorsivo utilizado por el presidente Macri al presentar el pago como una necesidad sin la cual habrá más ajuste e hiperinflación” ya que quienes se sustentan a  través “de un salario o una jubilación ya estamos viviendo al ajuste con los despidos en ámbito estatal y privado, con el derrumbe del poder adquisitivo del salario por la brutal remarcación de precios y con el aumento de las tarifas de los servicios públicos.

“A 200 años de la declaración de la independencia quienes voten la derogación de dos leyes, porque eso reclama un juez extranjero como Griesa, nunca podrán hablar en nombre de un país soberano porque viven de rodillas ante el capital financiero internacional”.

Para la central obrera, “el pago de la deuda a los buitres es una estafa cuyo origen está marcado por la negativa de los sucesivos gobiernos constitucionales a suspender los pagos de la deuda externa y realizar una investigación exhaustiva de la misma”.

En este sentido, la organización recordó que hay “477 ilícitos comprobados por la justicia argentina en el año 2000, ante la denuncia de Alejandro Olmos que fue convalidada por el fallo del juez Ballesteros. Allí se determinó el carácter fraudulento e ilegitimo de la deuda que se nos reclama y los sucesivos intentos de legitimarla a cargo de los políticos de los partidos mayoritarios”.

A su vez, recordaron que “el gobierno anterior pagó en 12 años, 190 mil millones de dólares y hoy la deuda pública está por encima de los 240 mil millones con la diferencia que ahora  la  deuda intra pública (con el Tesoro Nacional, ANSES) supera a lo que corresponde a deuda externa”.

De esta forma, reafirmaron “lo votado en todos los congresos de la CTA en cuanto a suspender los pagos de la deuda y realizar una investigación completa del origen de esta sangría de recursos públicos que determine responsables y beneficiarios nacionales y extranjeros de la misma”.

Este lunes el Local de Comercio Justo “Reloj de Arena- Estamos a tiempo si todxs ponemos nuestro granito” festejó su quinto aniversario y lo hizo inaugurando sede en Rodríguez 78. “Es una expectativa nueva, un nuevo emprendimiento que esperemos que sea para bien, van a haber muchos productos nuevos aparte de los que estaban acostumbrados a ver en el local (del Mercado Municipal) y esperamos a todos que pasen”, dijo a FM De la Calle la emprendedora Nancy Pérez.

Desde Cáritas aseguraron que “muchos aprendizajes y el trabajo constante nos llevan al desafío de seguir creciendo y mudarnos a un lugar más amplio. En este nuevo espacio, que es el fruto del trabajo de muchas familias, se comercializarán productos de emprendimientos productivos artesanales locales. La atención estará a cargo de 10 mujeres y algunxs voluntarixs que suman a la propuesta la vinculación con otros espacios que acompañamos desde la institución (producciones de la UP N°4, un banco de insumos para serigrafía y retazos del banco de telas solidario)”.

Para las productoras que forma parte también de la Feria del Lago es otro gran desafío. “Todas han crecido en estos años y esta posibilidad de venta diaria es un salto en la escala de producción, de fortalecimiento del emprendimiento y una apuesta a la organización familiar, por todo eso que sigan acompañándonos en este tramo del camino es clave”.

“Vamos a tener plantas, artesanías, ropa deportiva, ropa colegial, cosas impresas en sublimación, serigrafía, cosas personalizadas que también se pueden hacer, tejido croché y estilo country, tejido mapuche, muchas cosas lindas van a ver”, detalló Nancy.

 Durante el encuentro se comentó que todas las emprendedoras son monotributistas sociales y que desde Cáritas continúan trabajando para pasar del permiso de funcionamiento a la habilitación permanente del espacio comercial.

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