(Por Francisco J. Cantamutto) La semana anterior trascendieron una serie de acuerdos entre Argentina y Rusia. Ambos gobiernos se anotan favores, mientras se consolida la subordinación argentina a las potencias en ascenso.

Con clima de festejo, se cerraron la semana pasada una serie de 17 acuerdos entre nuestro país y Rusia, en el marco de negociaciones iniciadas en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner. Cristina Fernández y Vladimir Putin celebraron los acuerdos: no es para menos, a ambos dirigentes le significó un éxito en sus propios términos. Varios de los acuerdos se mantuvieron en secreto, estas líneas analizan lo que tomó estado público.

¿Qué persigue Rusia?

Es necesario partir de un hecho clave: Rusia es una potencia en ascenso. Junto a China, representan verdaderas maquinarias  de expansión. China ya es la primera economía del mundo en diversas mediciones, desplazando a Estados Unidos. Ambos países, repletos de recursos naturales y fuerza de trabajo –calificada y no calificada- tienen las condiciones para desplegar procesos autocentrados de desarrollo. Sin embargo, desde fines de los ’70 China y mediados de los ’80 Rusia, han optado por la expansión de sus economías integrándose al mercado mundial.

En este sentido, además del intercambio comercial, las economías adquieren un comportamiento típico de los centros medianos de acumulación, exportando capitales a zonas de influencia. China en Asia, Rusia en Europa del Este y Medio Oriente, ambas en África, histórico territorio de saqueo de las potencias. Las inversiones y los préstamos se combinan para establecer relaciones de dependencia más profundas que complementan el intercambio comercial desigual. Esto no implica que no reciban capitales de países centrales, como Estados Unidos, Alemania o Francia; pero en ambos casos este proceso se amalgama con una expansión hacia afuera de los propios capitales. Similar a lo que hace en nuestra región Brasil.

De esta forma, se garantizan flujos futuros de capital, en concepto de ganancias, regalías, dividendos, intereses. Además, permite desplegar una estrategia de geopolítica que les garantice acceso a recursos, o a ubicaciones comerciales o militares clave. Ambos países tienen gobiernos altamente centralizados, con capacidad de disciplinar a la población y las huestes internas, desplegando estas estrategias de modo consistente. Una diferencia entre ambas es la mayor disposición de Rusia a demostrar su poderío militar, como históricamente ha hecho. China también tiene fuerzas militares fuertes, pero Rusia tiene mayores roces históricos con las potencias occidentales, que la llevan a poner a prueba su eficacia. El campo de batalla, como siempre, es ajeno: tal es el lugar de Ucrania desde hace más de un año a esta parte. La absorción  de países eslavos a la órbita de la Unión Europea finalmente se encontró con un límite.

Estados Unidos, aunque, sigue siendo la potencia hegemónica en el mundo, encuentra crecientes dificultades para sostener su posición. Desde 2001 a esta parte se ha apoyado cada vez más en su fuerza militar, tratando –sin éxito- de compensar su declive económico, cultural y diplomático. Recientemente, ha intentado reconstruir su influencia en América Latina, con los diálogos con Cuba, la rehabilitación de la Cumbre de las Américas, y la amenaza a Venezuela. Rusia apoyó al país del Caribe, movilizando incluso tropas para asegurar que el imperialismo yanqui lo piense dos veces antes de entrometerse.

¿Qué busca Argentina?

La gestión económica kirchnerista logra llegar al final de su mandato con problemas, pero sin crisis. La agenda de problemas está priorizada por la falta de dólares, en el contexto de dificultades para tomar deuda a tasas razonables (la última emisión debió pagar casi 9% de interés). La necesidad de evitar la salida de dólares requiere, además, de  solucionar el problema de la restricción energética para moderar la salida, e impulsar el comercio para elevar el ingreso de divisas. Además, con la industria en recesión por la falta de demanda de Brasil, necesita impulsar la inversión para evitar una caída de la ocupación.

Los acuerdos con Rusia son plenamente coherentes en el marco de estas necesidades. Las inversiones prometidas por la potencia se orientan principalmente a infraestructura energética: acuerdos de exploración entre Gazprom e YPF, y la construcción de una sexta central nuclear, acordada entre Rosatem Overseas y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA). En ambos casos, significa el ingreso de divisas, para aliviar la falta de energía, el impulso a la inversión, y de ello, la creación de empleos. Se esperan unos 6000 puestos de trabajo directos por la central nuclear. Todo indica ganancias para el gobierno: dólares, inversión, energía, puestos de trabajo.

Además, estos megaproyectos –que incluyen también participación en represas en el Sur- favorecerán en particular al capital ligado a la construcción, una de las fracciones más kirchnerista de las clases dominantes (incluso mucho más allá de los amigotes del poder que se denuncian en los grandes medios). A pesar de ello, debe señalarse que los acuerdos se establecieron entre empresas estatales, mostrando las fuertes limitaciones del empresariado argentino para liderar cualquier proceso de desarrollo en áreas sofisticadas. A pesar de que, tal como ocurriera con el ARSAT-1, todo lo avanzado lo aporta el Estado, el gobierno no deja de buscar impulsar a la burguesía “nacional” que llamó al proyecto en mayo de 2003. Los acuerdos buscan maximizar los componentes nacionales, justamente para movilizar a estos capitalistas, más dinámicos en reclamar que en invertir. De hecho, se incluyó también el desarrollo aeroespacial.

Por lo pronto, en esta cruzada, ambos gobiernos se anotaron favores en la diplomacia externa. Rusia se comprometió a apoyar a Argentina en la cuestión de Malvinas, en el conflicto con los fondos buitres y en la iniciativa ante la ONU de regular reestructuraciones de deuda pública. Argentina, a cambio, apoyará a Rusia en la cuestión ucraniana, pidiendo a la coalición occidental levantar las sanciones.

De conjunto, el gobierno busca sacar lo mejor que puede de un acuerdo subordinado a una potencia en ascenso. Tal como se establecen las relaciones de dependencia, el intercambio comercial entre ambos países que se impulsa por estos acuerdos resulta deficitario para Argentina, especializado en vender bienes de bajo contenido tecnológico. Las inversiones en infraestructura con tecnología rusa –como ocurrió con China hace poco- le garantizan a futuro tanto ventas tanto como flujos de pagos de intereses, utilidades, regalías. Argentina queda así asociada a las dos potencias en ascenso, pero en ambos casos en una relación de abierta subordinación, desplazando a futuro el conflicto político. Ciertamente, una fuerte diferencia respecto de la estrategia de resistencia ante el ascenso de la hegemonía estadounidense en el siglo XX.

En el día de ayer el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció que se decretará la regulación del mercado de semillas, luego de una reunión en el Ministerio de Agricultura.

“Venimos peleando desde el año 2012 porque no se modifique la Ley de Semillas. El anuncio de Aníbal Fernández expresa que se modifica la Ley en beneficio de las corporaciones. Cosa que no sólo es una lectura nuestra sino que ya Monsanto y la Asociación de Semilleros Argentinos manifestaron su satisfacción” con el decreto, expresó el coordinador para América Latina de GRAIN.

El farmacéutico afirmó que “este DNU aparece como un intento de mediar entre un conflicto que hay entre Monsanto y los productores de soja. Muchos de ellos firmaron hace dos años un contrato de regalías extendida con la empresa, comprometiéndose a que cuando cosechan la soja, le van a declarar cuánto grano van a guardar y usarlo como semilla. La mayoría no lo hizo. Y en estos últimos meses Monsanto está parando los embarques de soja y en la entrada de las aceiteras para ver si allí ese tipo de soja y cobrar regalías extendidas a los productores”.

Como freno a este conflicto, el gobierno tenía la posibilidad de declarar que “los contratos de regalías extendida son ilegales”, como lo hizo el Uruguay.

Sin embargo, según el Vicente, el decreto “nace de reconocer la validez de esos contratos de regalías extendidas. Trata de quedar bien con los sojeros diciendo que solamente se cobrarán regalías sobre las semillas pero también con Monsanto avanzando en algunos puntos de modificar la ley de semillas vigente”.

Esto no representa “un consenso con la sociedad”.

Organizaciones que conformar la Campaña contra la Nueva Ley Monsanto de Semillas emitieron un comunicado expresando su punto de vista.

Este día “Nace como una iniciativa de todas las víctimas y las comunidades afectadas de la selva amazónica ecuatoriana que sufrieron la atroz contaminación ambiental que les dejó Texaco y posteriormente Chevron”, explicó Martín Álvarez, integrante el Observatorio Petrolero Sur.

Por su parte, Álvarez recordó que se produjo “un juicio muy grande que se llevó a niveles internacionales. La empresa está condenada por el gobierno ecuatoriano a pagar 19 mil millones de dólares. La firma se fugó de ese país dejando ningún activo, por lo que es prófuga de la justicia de ese país”.

Esta información llegó a Argentina “momentos antes de que el gobierno decidió que Chevron fuera su socio para desarrollar en Loma Campana el primer “play” de no convencionales con la técnica de fractura hidráulica”.

Por su parte, el dirigente añadió que “Chevron tiene un antecedente en el país que es bastante grave. En Neuquén tiene el yacimiento El Trapial que fue el segundo más grande del país. Entre el 2007 y7 el 2011 Chevron generó una desinversión impresionante girando divisas a sus casas centrales mayores de lo que producía. Sin embargo, Chevron no sufrió la misma suerte que Repsol. Es decir, los argumentos por los cuales se le expropió a Repsol hubiesen sido válidos para expropiarle a Chevron y a otras compañías más. Entonces estamos viendo que el desarrollo de los no convencionales sí o si tenía que venir de la mano de una transnacional como Chevron porque tenía este carácter de impunidad”.

En este sentido, Álvarez insistió en recordar que “el gobierno de Argentina le dio a Chevron impunidad judicial, porque acá, cuando se le hizo un embargo de sus activos en función del juicio que tiene con la víctimas ecuatorianas, la procuradora General de la Nación le sugirió a la Corte Suprema que le dé vía legal. Con lo cual la Corte determinó que Chevron Argentina era una subsidiaria que nada tenía que ver con Chevron Corporation. Semanas después Chevron Argentina volvió a ser Chervron Corporation”.

El asesor legal del gremio de aceiteros (F.T.C.I.O.D y A.R.A.), Carlos Zamboni, afirmó que, luego de las negociaciones ef ectuadas ayer en audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, se encuentran “lejos de acordar el aumento para este año”.

Se fijó una nueva audiencia para el jueves. Sobre esa cita, el dirigente calificó de “positiva” la posibilidad “de sentarse en forma directa con las empresas en un conflicto que ya lleva más de 15 días”.

El porcentaje ofrecido por las patronales es “del 23 o 24% y no se mueven de ahí”. Respecto de esa actitud empresarial, Zamboni expresó que “me da la sensación de que (las empresas) encuentran respaldo en algunas decisiones del Poder Ejecutivo Nacional que están en todos los diarios. Por ejemplo, ayer la presidenta clausuró la posibilidad de un acuerdo en la paritaria de la UOM”.

La Federación sindical cree que la situación “podría cambiar en los próximos días, no por el gobierno sino porque el conflicto ya lleva muchos días y está haciendo daño a las empresas”.

Los trabajadores del rubro exigen aumentos basados en las ganancias de las empresas y en los estudios realizados sobre las necesidades básicas de cada familia obrera.

“Ustedes conocen muy bien en Bahía Blanca lo que mueven estas empresas agro exportadoras y la rentabilidad que tienen. Los costos laborales son realmente irrisorios en este tipo de empresas. Por ello no se entiende por qué no hay un aumento”, afirmó el dirigente.

Finalmente, cuestionó el mecanismo oficial de aumentar salarios con el criterio de porcentajes. “En esta locura del porcentaje, queda de lado lo que necesita una familia para vivir. Nosotros lo calculamos en $ 14 931 para un trabajador inicial. Esto, al hablar de porcentaje, queda de lado. Porque en algunos salarios de miseria por más que le aplique el 40 por ciento van a seguir siendo salarios de miseria. Lo otro que no se discute es la tasa de ganancia de los empresarios, en el marco de esta locura del porcentaje”.

En Bahía Blanca se levantaron los cortes pero el paro nacional sigue, involucrando a más de cuarenta fábricas de todo el país.

A 19 meses de transcurrido el “primer sorteo de la línea de crédito compra de terreno y construcción en octubre 2013, co n promesas de todo tipo que ni siquiera han comenzado a resolver nuestra problemática de acceder a un terreno en las condiciones que lo indica el crédito y el Banco Hipotecario” emitieron un comunicado personas beneficiarias del Pro.Cre.Ar. Fue luego de una asamblea que realizaron las familias involucradas en la problemática.

El documento expresa que “desde diciembre de 2013, y ante la realidad de que más de mil familias nos encontráramos a merced de la especulación inmobiliaria, comenzaron los sucesivos anuncios que fueron quedando en la nada. Primero, Anses-Procrear decidió apostar todo al Programa de Movilidad de Suelos propuesto por el Municipio de Gustavo Bevilacqua como solución. Luego, la Licitación Pública impulsada por Anses desde mayo de 2014, para la compra de macizos privados, y su posterior descarte a raíz de una “nueva” alternativa consistente en las 15 has desafectadas del Ejército en octubre del mismo año. Finalmente, nos encontramos con otras 21 has, también del Ejército, que vienen a reemplazar a las anteriores, y tierras de provincia, sobre las cuales el municipio reclama su propiedad en tanto le habrían sido cedidas hace décadas por el estado provincial. De esta manera, el Estado se viene haciendo presente con sus “aciertos” y su imposibilidad de articular entre sus distintos estamentos y sus respectivos funcionarios políticos, administrativos y técnicos”.

Franco Baier es uno de los beneficiaros del programa. En diálogo con Mauro Llaneza durante el periodístico En Eso Estamos de FM de la Calle, el referente reclamó que “esta ‘imposibilidad’ y las numerosas versiones encontradas, que se divisan claramente como producto de enfrentamientos políticos ajenos a nuestras necesidades, no nos retrase más la posibilidad de acceder a la compra de un terreno por medio del crédito Procrear en las condiciones que impone el crédito y el Banco Hipotecario”.

Concretamente, las familias beneficiarias reunidas en asamblea el pasado jueves resolvieron:

– “Solicitar tierras para todos los beneficiarios; que de existir un sorteo, sea para asignar los terrenos entre todas las familias y no para que algunos sean bendecidos por el azar y otros continúen sin lote”.

– “Reclamar a todas las partes intervinientes (Anses-Procrear, Banco Hipotecario, Gobierno de Bs. As., Municipalidad y Concejo Deliberante de Bahía Blanca) una reunión conjunta, donde nos sea explicitado a los beneficiarios de forma concreta y fehaciente cómo se instrumentarán las medidas anunciadas, quedando esto plasmado en un acta compromiso. Es decir, entre otras cuestiones importantes, cuáles son los plazos estipulados, quiénes serán los responsables de llevar a cabo los distintos pasos administrativos y las obras de urbanización sobre las tierras anunciadas, y cómo se piensa articular lo mencionado con las cuestiones vinculadas a los trámites personales en el Bco. Hipotecario –donde al día de hoy se están dando turnos con hasta cuatro meses de demora, existiendo la posibilidad de que nos encontremos allí con un cuello de botella muy importante en caso que cientos de familias iniciemos los trámites simultáneamente-“.

Por Julio Gambina, Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA (IEF-CTA).

El debate sobre las paritarias transita en simultáneo con el conflicto sindical y en esta semana fueron noticia los trabajadores aceiteros, los docentes universitarios, los bancarios, del transporte, entre los más visibilizados.

Pero también intervino el gobierno corrigiendo las deducciones del impuesto a las ganancias sobre la cuarta categoría, con una clara señal orientada a negociaciones salariales en torno al 25%, la inflación estimada para el 2015 según el propio Ministro de Economía.

Al mismo tiempo se asegura desde el gobierno que las paritarias son sin techo, algo que discuten los mercantiles que no lograron la homologación de un acuerdo de actualización por el 30% y que, negociación mediante con el Ministro de Economía, podrían cerrar en 26% más adicionales, redondeando el 28%. Algo similar podría ocurrir con el gremio de la construcción.

El conflicto está vinculado a la distribución del ingreso y de la riqueza, especialmente con la lógica argumental de Daniel Yofra, el Secretario General de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso de la República Argentina, que dice que “acá siempre se habla de cuánto quiere ganar un trabajador y nunca se habla de cuánto gana una empresa. Lo que nosotros proponemos es que pongamos todos los números sobre la mesa a ver si la empresa puede pagar el sueldo que reclamamos. Seguramente va a significar que los empresarios ganen menos, bueno, esa es la historia.”[1]

Yofra confirma que “acá hay una lucha de clases de la que nadie quiere hablar. ¿Por qué una empresa que en 2014 facturó 26 mil millones de pesos como Cargill, o 20 mil millones como Dreyfus no quiere dar un aumento?”.

La lucha de clases no es una cuestión teórica pasada de moda, como sostienen muchos. La lucha de clases alude a la concreta contradicción entre capitalistas y trabajadores en la disputa por el ingreso y la riqueza socialmente generada.

Es curioso como pretenden los ideólogos de las clases dominantes hacer creer que la categoría sustentada por Carlos Marx para explicar el motor de la historia y de los cambios en el marco del régimen del capital es una antigüedad. Aun cuando nieguen la realidad conflictiva de la relación de explotación, en el lenguaje directo del dirigente sindical se expresa con crudeza la lógica distributiva del capitalismo.

Empresarios y trabajadores disputan históricamente el producto del trabajo humano y el Estado capitalista interviene en esa disputa, con su política fiscal, cambiaria, monetaria, de ingresos, en fin, con el conjunto de la política económica para sustentar el funcionamiento del capitalismo.

Por eso, la intervención del Ministro de Economía anunciando ajustes en el impuesto a las ganancias y la resolución 3770 de la AFIP publicada y difundida el jueves 7 de mayo, asume la demanda de actualización del mínimo no imponible para quienes perciben salarios entre 15.000 y 25.000 pesos mensuales. Según Axel Kicillof, ello supone una mejora de los ingresos actuales entre el 4 y el 6%, con una resignación de ingresos tributarios del orden de los 6.000 millones de pesos anuales.

La lógica del anuncio apunta a morigerar la demanda salarial por lo menos en esos porcentajes, algo que las patronales en negociación paritaria ven con agrado. El acuerdo de los mercantiles y albañiles parece darle la razón.

La disposición de la AFIP establece 6 categorías de mínimos no imponibles en la franja salarial entre 15.000 y 25.000 pesos mensuales. Es una actualización que supone mejoras de ingresos para los trabajadores involucrados en esa franja de salarios, claro que son actualizaciones previas a los acuerdos paritarios que se obtengan en las negociaciones en curso.

Ello significará a futuro mayores aportaciones al ente recaudador y no resuelve la cuestión de fondo, la que remite al necesario ajuste de ingresos salariales y del mínimo no imponible desactualizado desde hace años, y más aún, a una reforma tributaria que elimine lo que se considera un impuesto al salario.

Por otra parte, desde los trabajadores se insiste es que no se trata de ajustar los salarios a la inflación pasada, presente o futura, sino de aumentar los ingresos salariales de los trabajadores, asociado al costo de vida en condiciones satisfactorias para el trabajador y su familia. En ese sentido recurrimos nuevamente al dirigente de los aceiteros cuando señala que: “No hay razones para aceptar un techo. El supuesto argumento es que la inflación no va a superar el 24 o el 30 %. Pero eso, en la medida en que vos tengas un sueldo digno. Si tenés un sueldo miserable, le aplicás la inflación y seguís teniendo un sueldo miserable”. Sobre esa base, los aceiteros cerraron paritarias en el 2014 por 38% y ahora demandan un “aumento del 42,5 % lo que equivale a llevar a 14.931 pesos el sueldo de un peón sin calificación que ingresa a una planta”, mientras las empresas ofrecieron un 24 %, lo que llevó al conflicto actual de paro por tiempo indeterminado.

Ante la falacia de que los aumentos de salarios generan inflación, Daniel Yofra se interroga si “¿La plata en el bolsillo de un empresario no genera inflación y en el bolsillo nuestro sí? Son pensamientos, ideología, obviamente. Nosotros no coincidimos y reclamamos lo que es nuestro.”

El conflicto sindical es una realidad y escala en la perspectiva de un nuevo paro nacional que incluye a dirigentes enrolados en el oficialismo, caso de los dirigentes metalúrgicos, atravesados por el reclamo de la base trabajadora y las conciliaciones obligatorias para mediar en la distancia entre demanda sindical y oferta patronal.

 

Fuente: http://www.agenciacta.org/

El Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-A), a través del informe sobre conflictividad laboral, negociación colectiva y mercado de trabajo, dio a conocer la situación laboral en la Argentina, caracterizada por una creciente conflictividad social en todo el país. A lo largo del informe se incluye data sobre 232 conflictos laborales, la mayoría de los cuales se llevó adelante en el sector público. También se presentan los resultados del relevamiento de homologaciones realizadas por el Ministerio de Trabajo a lo largo de 2014 y la información sobre las negociaciones colectivas salariales de este año.

Según el informe, durante el IVº trimestre del 2014 se registraron 283 conflictos, de los cuales 141 correspondieron al sector público, 117 al privado, 11 a ambos sectores y 14 fueron impulsados por trabajadores del sector informal (cooperativistas, trabajadores desocupados, etc.).

El total de 1207 conflictos anuales ponen al 2014 como el de mayor cantidad de conflictos desde 2011. De la evolución trimestral en 2014 se desprende que el año se inició con altos niveles de conflictividad que se mantuvieron estables. Los últimos meses registran una baja de conflictos poco significativa y por encima del total registrado en 2011 y 2012.

Al comparar el último trimestre con el mismo período del año anterior se observa una importante disminución de los conflictos en el sector público. Los motivos de este cambio se vinculan a la baja de los conflictos de los policías, que fueron claves para explicar el pico de disputas a fines de 2013, y al adelantamiento de las negociaciones salariales de los trabajadores docentes.

El sector privado mantuvo un nivel similar al IIIº trimestre y registró una leve suba respecto del mismo período en 2013, transformándose en el IVº trimestre más conflictivo de los últimos cuatro años.

En el sector privado la mayor cantidad de conflictos se registra a nivel de empresa, aunque en los últimos dos años creció significativamente la participación de los conflictos por rama de actividad. A nivel de empresas, las disputas se explicaron por una importante presencia de motivos de crisis. A nivel de actividad se registra un volumen similar a 2013 y se mantienen por encima de la comparación interanual respecto de los años 2012 y 2011. Los motivos principales se asocian a las demandas por bonos de fin de año y aumentos salariales.

En el sector público, la mayoría de los conflictos se realiza a nivel provincial. No obstante se observa una importante disminución respecto del año anterior donde ganaron protagonismo las disputas policiales. A nivel municipal también se observa una merma de conflictos mientras que los trabajadores del Estado Nacional mantienen niveles similares que en los años anteriores.

Paros y acciones comunicacionales

En el IVº trimestre se relevaron 544 acciones conflictivas de las cuales 270 pertenecen al sector público, 209 en el privado, 43 a ambos sectores y 22 al sector informal. Las medidas de mayor frecuencia siguen siendo los paros, acciones comunicacionales, movilizaciones y cortes.

Los paros tuvieron una fuerte presencia en ambos sectores y son la principal medida utilizada en los conflictos públicos. Un comportamiento similar se observa en los cortes de ruta y calle donde hay una paridad entre ambos sectores y en las acciones comunicaciones con una mayor presencia en el sector privado. Donde existe una diferencia es en las movilizaciones y marchas. Mientras en el sector privado tienen una presencia minoritaria, en el público representan la segunda acción de mayor frecuencia. Una explicación a este comportamiento puede estar asociada a las diferentes condiciones de trabajo que afrontan los trabajadores de cada sector.

En efecto, los trabajadores públicos parecieran contar con un mayor margen de movilidad del puesto de trabajo durante su jornada laboral. Sumado a esto su habitual puesta en práctica podría indicar que la exteriorización en la vía publica de los conflictos es una herramienta potente a la hora de plantear sus demandas. Este tipo de medida es utilizado en la mayoría de los conflictos múltiples, es decir aquellos donde intervienen diversos tipos de acciones conflictivas.

Por último es importante destacar las 43 acciones que se desarrollaron en ambos sectores. Entre estas se destacan los 18 cortes que ocurrieron en el marco de la jornada de lucha convocada por la CTA el 18 de diciembre.

El informe completo puede leerse en: www.obderechosocial.org.ar

Fuente: Agencia ACTA.

El martes 28 de abril se realizó en el Congreso Nacional un homenaje a Alejandro Olmos a 15 años de su muerte. Fue en el marco de una audiencia pública convocada por la Asamblea por la suspensión de los pagos y la investigación de la deuda, la defensa del patrimonio nacional y los bienes comunes. El encuentro exigió al parlamento “la constitución de la Comisión bicameral de la deuda resuelta por la ley de pago soberano en 2014”.

Del homenaje participaron los diputados Fabián Rogel (UCR), Omar Duclos (GEN) y Horacio Fernández (Unidad Popular), Emilio Román (Foro de la Deuda Externa por medio de Emilio Román), Víctor Mendibil (CTA) Hugo Godoy (ATE), Juan Albalteiros (Emancipación Sur), María Elena Saludas (ATTAC-CADTM); Guillermo López (FeTERA Flores); Otto Vargas (PCR) y Leopoldo Markus (PIN). La coordinación fue ejercida por Jorge Cardelli y Julio Gambina de la CTA Autónoma.

Alejandro Olmos Gaona, hijo del homenajeado, historiador y especialista en el tema de la Deuda Externa dialogó con Mauro Llaneza durante el programa En Eso Estamos de la FM de la Calle. Durante la entrevista el descendiente del “loco de la deuda” destacó algunos aspectos de la lucha de su padre y las perspectivas de quienes continúan con sus reclamos.

(Por Francisco J. Cantamutto) Se cumple el viernes el 15° aniversario del fallecimiento de Alejandro Olmos, el periodista que dio cuenta del carácter ilegal, ilegítimo y usurero de la deuda argentina.

El día viernes 24 se cumplen 15 años del fallecimiento del periodista Alejandro Olmos, y la mejor manera de homenajearlo no podría ser otra que enfatizar el desmanejo de la deuda. Olmos fue el periodista que reunió sigilosamente las pruebas sobre el endeudamiento, que los sucesivos gobiernos se negaron a investigar. Presentó varias demandas sobre el asunto, pero no llegaría a ver el resultado de su esfuerzo militante: pocos meses después de su deceso, el juez federal Ballesteros resolvió sobre el carácter ilegal, ilegítimo y usurero de la deuda. Corría el año 2000 y los movimientos populares se manifestaban en las calles argentinas contra el ajuste y el pago de la deuda. El neoliberalismo caía en desgracia por la fuerza de la impugnación popular.

Se creaba esos años la Alianza Social Continental,  en el marco de la cual se organizó 3 años después una gigantesca consulta popular, en la que el 88% de los más de 2 millones de votos se expresaron contra el pago de la deuda. El gobierno de Néstor Kirchner, en lugar de auditar la deuda, como se le demandaba, prefirió organizar un canje que garantizara los pagos. Ese 2005, la Contracumbre de los Pueblos en Mar del Plata también repudió la deuda (quinto punto de su declaración). Kirchner, en cambio, definió el pago al FMI a fin de ese año.

Y apareció poco después la idea de una política de “desendeudamiento”, cuyo mérito habría sido pagar todas las deudas posibles, evitando toda investigación sobre el carácter ilegal e ilegítimo de la deuda.  Los “pagadores seriales”, como dijo Cristina Fernández, contaron para ello con el apoyo de Estados Unidos y grandes bancos – buitres, como el Citibank, el Deutsche, el Barclays.

El año pasado, a instancias del enfrentamiento con unos pocos buitres díscolos, se aprobó la mal llamada ley de “Pago Soberano”, donde se aprobó pagar y luego investigar. Contra toda esperanza que pudiera abrigar esa engañosa fórmula, nada ha pasado, igual que con el fallo de Ballesteros. Como Olmos, duerme el sueño de los justos, mientras continúa la expoliación de nuestros recursos, ahora con una retórica progresista.

El Foro Argentino de la Deuda Externa realizará el viernes a las 17 hs. un homenaje a Olmos, su creador, en calle 15 y Diagonal 74, en La Plata.

Reproducimos abajo fragmentos de la declaración de la Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y por la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes.

Acerca de la Comisión Bicameral sobre la deuda externa argentina.

Desde la normalización institucional en 1983, ha sido un reclamo popular el de la constitución de una auditoría de conformación representativa y popular, que investigue y determine sobre la deuda externa en la Argentina, con el fin de establecer su origen, su crecimiento, las maniobras efectuadas a su respecto, particularmente todo lo correspondiente al período de la dictadura cívico-militar genocida de 1976 a 1983,  y decidir sobre lo que se considerara de carácter ilegítimo y por tanto no proceder a su pago. Las instancias institucionales no se hicieron eco de este reclamo y siguieron pagando como si buena parte de esa llamada “deuda” no fuera absolutamente ilegítima de origen y de consolidación.

De esa manera, después de 1983 se continuó pagando, lo que significaba aceptarla en toda su dimensión y sepultar la investigación y decisión realmente soberana. Esto hasta la actualidad.

El 13 de junio del año 2000, y en el marco de la sentencia en el  juicio promovido por Alejandro Olmos (“Olmos Alejandro s/denuncia” (Expte. 14467), ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2, Secretaria Nº 4), el Juez Ballesteros, a cargo de la causa, resolvió remitir copia de dicha resolución al “Honorable Congreso de la Nación para que, a través de las comisiones respectivas, adopte las medidas que estime conducentes para la mejor solución en la negociación de la deuda externa de la nación que, reitero, ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política-económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas”. Esta resolución abría el paso para la constitución de una Comisión Bicameral. Esta resolución nunca fue ejecutada, a pesar de que en su consecuencia se presentaran varios proyectos en el Congreso que tampoco nunca fueron tratados.

El movimiento popular siguió insistiendo y reivindicando la causa Olmos, pero tampoco tuvo respuesta.

De pronto el 11/9/2014 y en el marco de una ley denominada de Pago soberano (de la deuda) que consagraba el pago y no la investigación, las Cámaras de Diputados y Senadores introducen para inducir a su aprobación el artículo 12, que [crea una comisión de investigación].

Claro que a quienes luchamos siempre por una auditoría popular, por la suspensión del pago de la deuda o por el no pago de la deuda, que la hemos calificado permanentemente como “deuda odiosa” (de acuerdo al significado internacional), no nos satisfizo esa ley que consagraba el pague primero, investigue después y que en definitiva creaba una comisión sólo a nivel del Congreso.

No obstante, tampoco esta vez se constituyó la Comisión aprobada.

Todo esto constituye un verdadero fraude político hacia la ciudadanía, ya que la investigación necesaria sobre el carácter ilegítimo de la deuda se ha pospuesto sistemáticamente, aunque se haya utilizado de forma publicitaria la aprobación de esa Comisión.

Pues bien, aunque no satisfaga nuestras posiciones sobre la formación e integración y atento a que existe ya una ley que la dispone, somos nosotros quienes ahora exigimos su formación.

Nosotras/os, diputadas y diputados, movimientos sociales, sindicales, estudiantiles, culturales, universitarios, profesionales, trabajadores, jubilados y jubiladas, movimientos políticos organizados.

Nosotras y nosotros, los que auspiciamos y promovemos la Conferencia Internacional sobre deuda, bienes comunes y dominación que se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, los días 3, 4 y 5 de junio próximos, a 10 años del No al ALCA.

(Por Francisco J. Cantamutto) La semana pasada el grupo francés Suez consiguió el fallo contra Argentina, obligando al país a pagarle 405 millones de dólares. El grupo y el gobierno sonrieron ante la decisión.

La prenda de cambio del régimen económico-político de la Convertibilidad fueron las privatizaciones. Éstas permitieron hacer negocios a tres grandes actores del capital: los acreedores financieros (que cambiaron bonos por acciones), a operadores internacionales (que se hicieron a precio de bicoca de empresas monopólicas), y al capital nacional desplazado (que participó como socio local, realizando grandes ganancias retirándose rápidamente). El proceso tuvo una velocidad y profundidad impactante a escala mundial, al quedar casi todos los activos vendidos entre 1990 y 1993. YPF fue la entrega que tardó hasta 1999 en terminar de enajenarse. Muy poco quedó por rematarse. Las privatizaciones quedarán –y con razón- en el imaginario como el cenit del desguace neoliberal.

Las condiciones de las concesiones estuvieron plagadas de irregularidades. Tanto así que sus ventajas terminaron por jugarle en contra al resto del capital. El emergente Grupo Productivo (comandado por la Unión Industrial) reclamó en el año 2001 por una devaluación, pesificación de la economía y cesación de pagos. Y obtuvo, de la mano de Rodríguez Saá y Duhalde, todo lo que quería. La pesificación, en particular, afectó a las privatizadas: mediante la ley de Emergencia Económica, se pasaron sus tarifas a pesos y se las congeló (¡antes estaban indizadas por la inflación estadounidense!), debiendo renegociar los futuros aumentos con el gobierno. En los hechos, con una devaluación de casi el 200% y una inflación minorista de más del 40%, el cambio de 2002 fue un cambio de las rentabilidades relativas entre fracciones del capital: la industria desplazó a las privatizadas.

Las privatizadas desplegaron la presión por diversas vías. A través del FMI, se insistió sin descanso por un reajuste tarifario. Esta estrategia se acompañó por la apertura de juicios en tribunales internacionales contra Argentina: el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) del Banco Mundial en primer lugar. El gobierno de Duhalde estaba más preocupado por contener las tarifas que por revisar el negociado, por lo que trató de destrabar el diálogo relajando los compromisos de las privatizadas: éstas pudieron incumplir los objetivos de calidad del servicio, de inversión, de contratación de fuerza de trabajo, de abastecimiento, entre otros. A cambio, además, recibieron subsidios del Estado, que se convirtieron en la partida de gasto de mayor crecimiento desde entonces.

Incluso con estos alivios, las empresas mantuvieron la presión, y algunas de ellas (gas y electricidad) obtuvieron en enero de 2003 un aumento del 10%. El acuerdo con el FMI llegó de inmediato, para “garantizar la gobernabilidad”. Sin embargo, había quedado claro que el negocio de las privatizaciones ya no era lo que fue. Quedaba clara la voluntad de sostener un régimen de acumulación donde ya no eran el centro. Muchas de las empresas, europeas en particular, estaban modificando su estrategia de negocios, y se retiraban de América Latina rumbo a Asia. No obstante, mantuvieron los juicios contra Argentina, por si acaso.

El laudo del CIADI

La semana pasada el Grupo francés Suez ganó su juicio en el CIADI, obligando a Argentina a pagarle 405 millones de dólares. Suez había sido una demandante tardía, pues recién en 2006 acudió al tribunal, cuando el gobierno de Kirchner decidió estatizar la empresa, y crear AySA para abastecer de agua y cloacas en Buenos Aires y 15 partidos del conurbano. Se cerraba así la fallida concesión de 1993. La empresa calificó de positivo el fallo, a pesar de que había reclamado una cifra que triplicaba la que obtuvo.

Es justo por ello que el ministro de economía Axel Kicillof no tuvo reparos en afirmar que el fallo le daba la razón al gobierno, porque “no le reconoció el daño moral, no le reconoció la indemnización, lo único que pretendió reconocer es un monto por lo que ellos estiman que eran las inversiones que había que devolver”. Agregó incluso más que “Es un fallo contra la empresa, porque reclamó por todo”, y obtuvo sólo una parte. Aún así, el ministro anunció que el dictamen se apelará.  La Procuración Nacional del Tesoro se encargaría de ello, lo que podría dilatar hasta 3 años que el fallo quede firme.

Ya en 2013, otro grupo de 5 empresas (Azurix, CMS Gas, Continental Casualty, Vivendi y National) habían ganado sendos juicios en el CIADI, obligando a Argentina a pagar 677 millones de dólares. En esa ocasión, se optó por pagar con bonos públicos, y obligando a hacer algunas reinversiones. Se alegó que esto destrabaría la llegada de fondos por partes de los organismos internacionales de crédito. Se sabe de otros grupos que avanzan sus juicios en este tribunal, como el Grupo Marsans por la concesión de Aerolíneas Argentinas, que está además asociado a otra calaña de buitres del sistema financiero. Se trata de Burford Capital Limited, un fondo creado en 2009 para financiar juicios corporativos, dirigido por sir Peter Middleton, quien durante 30 años formó parte del Ministerio de Hacienda británico, para pasar luego a ser titular del grupo Barclays Bank. Por cierto, la reapertura del canje en 2010 se hizo a pedido de este banco, junto al Deutsche y el Citibank.

Sin embargo, estos organismos nunca fueron para Argentina una fuente central de fondos. Se trata de una puerta de entrada a una ruta de deuda e inversión extranjera más amplia. Como parte de la “hoja de ruta” que anunció allá por 2010 el entonces ministro Amado Boudou, se trata de pagar y destrabar juicios, para volver al mercado internacional de crédito.

El CIADI es un tribunal que resuelve controversias entre países y empresas extranjeras. Una de las instituciones que deleitó a Michael Hardt y Antonio Negri cuando pensaron su obra Imperio. Tiene, sin embargo, una particular tendencia: en ningún caso ha fallado favor de los países, sino que siempre defendió los intereses de las empresas de los países centrales. Como institución judicial, parece faltarle algo de justicia. Por este motivo, Bolivia, Ecuador y Venezuela se retiraron de ese falso tribunal. Argentina decidió quedarse, lo que no era otra cosa que aceptar futuros fallos en su contra. Se trata de una continuidad en la cesión de soberanía que guarda lógica con las reformas estructurales de la dictadura y los noventa: delegar en tribunales externos decisiones políticas. No sólo el CIADI se encuentra en esta línea de continuidad: de los 58 Tratados Bilaterales de Inversión firmados durante la Convertibilidad, 55 se mantienen en vigencia. Igual que con los canjes de deuda, que mantuvieron la validez de títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera, lo que permitió a Griesa su prepotencia.

Resulta de máxima importancia que Argentina se retire de estos tribunales y desconozca su autoridad, si quiere recuperar margen de autonomía política frente a la estafa del capital extranjero. Tentarlo y pagarle para que regrese, no es una política nacional y popular.

(Por Francisco J. Cantamutto) Tras la decisión del Citybank de retirarse del negocio de la deuda argentina, el gobierno ha salido a presionarlo para garantizarse su apoyo en la pelea contra el fondo buitre MNL Capital.

La batalla judicial con el fondo buitre MNL Capital y su juez neoyorquino, Thomas Griesa, no cesa. Tras haber conseguido el año pasado los fallos firmes para cobrar el 100% del valor de los bonos comprados a precio de remate, más intereses vencidos y punitorios, el juez se ha dedicado a trabar pagos todas las veces posibles, de modo de forzar a Argentina a cumplir con su fallo. El mes pasado, trabó al Citybank los pagos de bonos regularizados en los canjes. Lo llamativo fue que estos pagos debían realizarse en Argentina, bajo ley argentina, por la sede local del banco. Es que en esta cruzada, Griesa no reconoce límites a su jurisdicción. Detrás de MNL Capital, hay otros fondos buitres que buscan ganar los mismos privilegios que el juez otorga, reclamando pagos por 5.400 millones de dólares. Se ha denominado a estos buitres “me too” (“yo también”).

El gobierno argentino, que capitalizó políticamente el antagonismo con esta fracción de rapiña del capital (“Patria o buitres”), se ha sostenido firme en su postura de no pagar en estos términos. Esto no deja de ser llamativo, ya que la “hoja de ruta Boudou” que venía cumpliendo a rajatabla indicaba el pago de todas las acreencias y litigios (Club de París, CIADI, Repsol, etc.). Al vencerse la cláusula RUFO a fin de 2014, era esperable que el gobierno buscara un arreglo veloz con MNL Capital, dado que disponía de los fondos. Habiendo transcurrido el primer trimestre del año, queda claro que no es la estrategia elegida por el gobierno, que se ha sostenido firme en su batalla en este frente, a pesar de continuar pagando toda otra deuda –y, hay que insistir, negándose a auditarla.

El Citybank trató de destrabar los pagos apelando la medida en diversas instancias, sin lograr  mayores resultados. A fines de marzo, se conoció que la centenaria entidad bancaria había pactado con el fondo buitre que se le habilite la posibilidad de pagar los siguientes vencimientos, a cambio de no volver a apelar y retirarse del negocio de la deuda argentina. Una actividad que le reditúa 17 millones de dólares al año, a pesar de constituir sólo el 2% de sus negocios en el país. De esta forma, abandonaría esta actividad a cambio de ahorrarse problemas.

El ministro de economía Axel Kicillof reaccionó duramente esta semana. “En lugar de plantarse, acuerdan en Nueva York y toman el camino del abandono. Los han abandonado de la Argentina los buitres”, sorprendió en declaraciones el ministro. El increíblemente extraño argumento sería que el Citibank debería ser un camarada en la batalla contra MNL Capital, traicionando su propia naturaleza como conocida ave de presa financiera. El gobierno pretende, continuando con lo que ha sido su estrategia de alianzas hasta hoy, poner buitres (que cobran) contra buitres (que reclaman).

Kicillof señaló que el gobierno está pidiendo ante la justicia que se declare nulo el pacto entre el City y MNL Capital, haciendo nulas todas las acciones que del mismo se derivan. Para ello interpuso una medida cautelar, alegando que el pacto firmado en Nueva York va en perjuicio de Argentina y los propios clientes del City, por afectar tanto la regulación de la deuda pública argentina como los negocios locales. No deja de ser llamativo que el gobierno pretenda que la justicia nacional amplíe su jurisdicción a un trato hecho en el exterior, entre entidades con afinco en otro país. Un fabuloso enredo jurídico.

El City buscó aquietar las aguas, señalando que su decisión de retirarse del negocio fue previa al pacto. De todas formas, sus propios alegatos indican que resultaron posteriores a las resoluciones del juez, indicando que el banco no quiere litigar por este negocio. Señaló que actuó bajo las leyes argentinas en todo momento.

El gobierno argentino ha desplegado un accionar decidido de cumplir sus amenazas. El Banco Central inhabilitó al CEO del Citybank en el país, Gabriel Ribisich, quitándole la licencia para operar en el país. Además, se suspendió al banco como operador bursátil. Le reclama, en definitiva, pagar con lealtad las ingentes ganancias que obtiene.

Al mismo tiempo, ha apelado el fallo ante la Corte de Nueva York. Alega el gobierno que Griesa confunde deuda nominada en dólares con deuda externa. “El juez Griesa piensa que como el dólar es la moneda mundial, su jurisdicción es el mundo”, señaló Kicillof. La deuda en cuestión es deuda doméstica, de acuerdo con su jurisdicción de aplicación, pero nominada en dólares.

Esta misma semana, el gobierno argentino encontró el apoyo explícito de otra gran ave carroñera. El Fondo Monetario Internacional dio a conocer un avance de su Informe sobre Estabilidad Financiera, donde cuestiona severamente la agresividad de los fondos de inversión, que ponen en riesgo al sistema financiero internacional. Pidió por ello mayores regulaciones de los Estados, un reclamo que se empalma de perillas con el proyecto de regulación presentado por Argentina ante la ONU. El FMI, que ya había advertido sobre los hedge funds y ahora incluyó a los fondos comunes de inversión, reclamó por mayor supervisión activa, con más datos y vigilancia. Estos fondos manejan hoy más de 75 billones de dólares, superando todo el PBI del mundo.

El gobierno argentino, pues, no está solo en su batalla. Si bien el camarada Citybank parece querer hacerse a un costado, otros compañeros –como el FMI- salen al cruce. Aislar a Griesa y el MNL Capital es la estrategia. Todos los demás buitres que quieran participar de la cruzada, son bienvenidos.

(Por Francisco J. Cantamutto) Trueque oscuro mediante, Griesa habilitó los pagos de bonos al Citibank, y éste renuncia al manejo de la cuenta argentina. MNL Capital extorsiona, el resto del mundo buitre cobra.

Continuando con el affaire de 2014, el juez neoyorquino Thomas Griesa trabó este mes un nuevo pago de bonos al Citibank por 3,7 millones de dólares, en resguardo de los intereses del fondo buitre MNL Capital de Paul Singer, quien tiene a su favor una sentencia por 1330 millones de dólares. Para que la parodia sea total, no sólo es de subrayar la desproporción entre los fondos trabados y los demandados (lo importante es el gesto, no la magnitud), sino que la medida pretendía aplicar a los negocios del City en Argentina, asumiendo que el juez de Nueva York podía sentar precedente sobre la legislación argentina.

El gobierno argentino amenazó con quitarle la licencia para operar en el país al Citibank si éste obedecía a Griesa. El banco, apoyado por el gobierno nacional, presentó un pedido de excepción para poder pagar, y una medida de no innovar, ambas denegadas por el juez. El City se encontraba atrapado entre perder el millonario negocio en Argentina y hacer caso al juez-buitre, perdido en un fango legal. Es que Griesa está más bien solo en su cruzada.

El Bank of New York Mellon, que también fue trabado el año pasado por Griesa para realizar pagos de bonos argentinos por 539 millones de dólares -y perdió por ello parte del negocio, trasladado al Nación Fideicomiso-, avanzó en las cortes. Obtuvo un fallo favorable por parte del juez británico David Richards, habilitándolo a pagar bajo la legislación correspondiente; esto es, no la estadounidense sino la inglesa. El fallo estuvo presionado por un grupo de buitres de alta talla: Quantum Partners, de George Soros, y los fondos Knighthead Master Fund LP, RGY Investments LLC y Hayman Capital Master Fund LP. El Bank of New York Mellon, usando este fallo británico, ya apeló ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, para pagar a los bonistas. Lo que tenemos es buitres de un lado, extorsionando, y buitres del otro, cobrando.

Sin embargo, el viernes pasado el affaire tuvo un nuevo giro cuando Griesa habilitó al Citibank a pagar los bonos bajo legislación argentina, tanto para los vencimientos del 31 de marzo como los del 30 de junio. El capital financiero que trasladó sus bonos a esta legislación, haciendo uso de lo habilitado por la “Ley de Pago Soberano” de septiembre del año pasado, podrá cobrar. Y el gobierno, tal como desea expresamente, podrá pagar. Y el Citibank podrá intermediar. ¿Cuál es el truco?

Según se desprende de un comunicado del MNL Capital de este lunes, Singer negoció con las autoridades del Citibank –y así quedó expresado en la autorización de Griesa- para que el banco se hiciera a un lado en el negocio del pago de los bonos. El Citibank renunció a volver a apelar ante el juez para poder habilitar pagos, y abandonará el negocio de intermediación de estos títulos públicos. Siendo apenas el 2% de sus negocios en el país, el City no tuvo demasiado problema en ceder esto y ahorrarse los problemas. “Escribimos para notificar a Su Señoría, en vista de los recientes acontecimientos, que el Citibank ha decidido que su filial argentina, Citibank Argentina, desarrolle y ejecute un plan de salida de su negocio de custodia en la Argentina lo antes posible”, se leía en el documento difundido por el City.

MNL Capital y Griesa buscan extender la claúsula Pari passu (de igual tratamiento entre acreedores) a los bonos bajo legislación argentina, de modo de ponerse primeros en la fila para cobrar. Si bien tienen el fallo favorable y firme en la justicia norteamericana, el gobierno argentino ha eludido pagarles transfiriendo la jurisdicción hacia Argentina, Inglaterra y Francia, obteniendo resultados favorables. Incluso la iniciativa de una regulación para reestructuraciones de deuda pública en Naciones Unidas encontró apoyo.

El oficialismo, incluyendo prensa y economistas afines, festeja esto como un logro incontestable. “Argentina empezó a arrinconar a los holdouts”, se puede leer en esta clave. La imagen es desafortunada, por decir lo menos. En un rincón están MNL Capital con Griesa, pero la omisión es que del otro lado del cuadrilátero, Argentina camina acompañada del capital financiero internacional: ya referimos en esta misma nota cómo buitres de escala planetaria (Soros) acompañan al gobierno en su estrategia. ¿Cómo puede resistirse el capital financiero ante un gobierno que dice que lo único que quiere es pagar, “y no lo dejan”? Argentina, declarado desde la llegada de Boudou al ministerio de Economía hace casi 6 años ya, lo único que busca es volver al mercado internacional de capitales; es decir, volver a endeudarse. La estrategia de pagos, a costa de vaciar las arcas fiscales, ha sido la promesa, cumplida a rajatablas, al capital financiero y especulativo del mundo. El avaricioso MNL hace de buitre malo, para que el resto de los buenos buitres puedan seguir acompañando al gobierno argentino.

(Por Francisco J. Cantamutto) El sábado pasado sesionó la convención del partido radical en Gualeguaychú, y resolvió aliarse al PRO de Mauricio Macri, lo que desató la controversia. Las tensiones históricas de la UCR repercuten en las alianzas del 2015.

La convención nacional del radicalismo el año pasado terminó con incidentes y golpes, que salieron a la luz expresando el nivel de desacuerdo interno de la centenaria Unión Cívica Radical. Esta vez dejaron literalmente afuera a la mayoría de sus militantes: mientras congresales sesionaban a puertas cerradas, afuera la Juventud Radical clamaba por ser escuchada. El resultado fue fatídico: por 186 votos a favor y 130 en contra, se aprobó la alianza electoral con el PRO de Mauricio Macri, llevando al presidente del partido, Ernesto Sanz, como precandidato a las primarias abiertas de agosto.

El PRO, en permanente ascenso desde las manifestaciones del 18F, festejó el anuncio: lo coloca como el principal referente de la renovación conservadora de cara a las elecciones de octubre, polarizando con el gobierno. La derecha que gana elecciones y gobierna, el sueño del conservadurismo desde hace un siglo, se ve ahora apadrinado por el partido heredero de aquel movimiento que le arrebató el gobierno a la oligarquía hace un siglo atrás. El PRO había ya logrado atraer a figuras convocantes del peronismo más conservador –como el siempre esquivo Reutemann- y recientemente había soldado su alianza con Ia Coalición Cívica de Elisa Carrió. Sin embargo, tenía un severo problema: la falta de un aparato nacional, que le permita proyectar gobernabilidad hacia el interior del país, donde no cuenta con intendentes ni gobernadores. Esto es lo que le ofreció Sanz en bandeja: un aparato político de escala nacional. Su oferta era menos relevante por los votos del radicalismo –que se dividirán- que por su inserción territorial nacional en el Estado.

Si bien el ex presidente De la Rúa salió a apoyar el acuerdo, alegando un extraño ejemplo de diálogo, esto no repite la Alianza que ganó en 1999. En aquel entonces, si bien con un proceso de tendencial vaciamiento de sus cuestionamientos (reducidos, en la práctica, contra la corrupción), el FREPASO se había formado con los sectores de centroizquierda peronista críticos de las reformas menemistas. A esa centroizquierda, tibia, que quería gobernar, el radicalismo también proveyó del aparato político. Y en la interna, la conservadora línea delarruísta se impuso, y todo su programa con ello. Ahora, la tendencia interna más conservadora –Sanz- encuentra su socio en el espacio de centroderecha ante un gobierno populista. De hecho, en el registro ideológico liberal de esta alianza, “populista” significa avasallamiento de las instituciones, falta de división de poderes, autoritarismo. No en vano, la heroína de la república perdida, Elisa Carrió, se halla a gusto. El arco empresarial más liberal (Sociedad Rural a la cabeza) ha saludado esta reunión, gustosa de saberse con chances de tener revancha en el gobierno.

Perdía así la propuesta de Cobos, de darle al partido un programa y un candidato, y luego salir a negociar con quien fuera. Aunque su prioridad era el moribundo FAUNEN –con la mitad de sus fuerzas ya en la diáspora- no descartaba alianzas con Sergio Massa. Su argumento no era ilógico: reforzar cierta coherencia ideológica con fuerzas más cercanas (PS y GEN a la cabeza). Figuras fuertes del partido como Gerardo Morales y Ricardo Alfonsín apoyaban la estrategia de Cobos. Pero el electoralismo de Sanz tuvo más fuerza: ganar elecciones, aunque sea bajo programa ajeno.

Una parte del radicalismo se sintió defraudado por la estrategia, y no debe olvidarse esto. La Juventud que puertas afuera abucheó a Enrique Coti Nosiglia, alegando que se estaba entregando el partido en bandeja a la derecha. Nito Artaza ya renunció a la Mesa de conducción nacional, y dejó en claro que su opción sería entonces seguir a Margarita Stolbizer y el GEN, más cercanos ideológicamente. El líder del Movimiento Nacional Alfonsinista, Leopoldo Moreau, señaló también que habrá fractura del radicalismo.

Un largo camino de bifurcaciones

Si bien es cierto el derrotero del partido a perder todo rasgo popular, también lo es que conviven en el radicalismo (o en el “pan-radicalismo”) convive más de una dos grandes tendencias ideológicas: una más socialdemócrata y una más liberal-conservadora. La tensión entre ambas ha sido motor de históricos conflictos y rupturas de la fuerza política, por supuesto, ligadas a coyunturas específicas de cada época. Se la conoció con los personalistas y antipersonalistas, se la volvió a ver con la UCR Intransigente y la del Pueblo.

Cuando la ALIANZA tomó la deriva neoliberal más excluyente, uno de los primeros apoyos en retirarse, fue el de una parte del propio radicalismo: fue Alfonsín uno de los líderes de la retirada del gobierno –aunque lo hizo sin dinamitar desde el inicio la relación. El ARI inicial se conformó como una salida de centroizquierda de la UCR. Cuando estalló la Convertibilidad, fue la tendencia más conservadora la que colapsó sin rumbo. Alfonsín, promotor de Duhalde a la presidencia desde el Congreso, ordenó las huestes durante un tiempo. Incluso apoyó a Kirchner en el primer año de gobierno, hasta que en 2004 el santacruceño igualara toda la política de derechos humanos desde el regreso a la democracia, anulando del relato histórico los Juicios a las Juntas y poniendo a Alfonsín en el mismo plano que el menemismo. Pero mientras el radicalismo apoyaba a Kirchner, se produce una escisión por derecha: Recrear, el partido de López Murphy, ¡acusaba de populismo a la UCR!

Una vez producida la ruptura, el alfonsinismo perdió fuerza en la estrategia de acompañamiento crítico al kirchnerismo. La centroizquierda legislativa parecía tener poco rol ante la gestión del kirchnerismo. El ARI empezó a expulsar a figuras más progresistas (Cafiero, Macaluse, Maffei), girando a la derecha. Al interior de la UCR creció el sector que leía al gobierno como una continuidad populista del menemismo. Ángel Rozas, Gerardo Morales y Roberto Iglesias lideraron este cambio, alegando que no había que confundir a la juventud: la UCR es progresista, no es el PC. Cuando esta deriva ganó control del partido, los radicales no liberales, optaron por dos caminos: unos formaron una nueva escisión (el GEN), otros se integraron al gobierno a través de cargos o alianzas (Cobos, Colombi, Brizuela del Moral, Saiz). El pan-radicalismo quedó así desplegado en múltiples órdenes: desde la derecha más reaccionaria (Recrear), una más republicana (ARI), tendencia liberal (UCR oficial), socialdemócrata (GEN), y en el gobierno kirchnerista (radicales K).

Las alianzas que buscó cada tendencia son expresivas de las tensiones. Recrear terminó fagocitado por el pujante PRO poco tiempo después. El GEN se alió con el PS en Santa Fe por 2006, armando el Frente Cívico. La UCR oficial se tentaba entre esta salida, y alianzas electoralistas de distinto cuño: derivó de Lavagna como candidato oficial en 2007 a apoyar a de Narváez en 2009. El radicalismo no lograba poner candidatos propios en la contienda.

Cuando ocurre el “voto no positivo” de Cobos en el conflicto de 2008, una parte de las huestes regresan al partido, y se abre la oportunidad de unificar fuerzas. Así se fue construyendo el FAP, y luego UNEN, uniendo al pan-radicalismo con otras fuerzas: GEN, ARI y UCR se enlazaban con el PS y Libres del Sur. Por este camino fue que lograron ser la segunda fuerza en las elecciones de 2011, aunque muy por detrás del gobierno.

Ahora bien, al reafirmar el kirchnerismo su fuerza propia, el radicalismo volvería atrás sus pasos: si la distinción progresista no le resultaba, había que insistir con la salida conservadora. A nadie engaña que hubo sectores dinamitando el FA-UNEN desde dentro. La salida de Carrió hacia Macri no era la primera corrida a la derecha del pan-radicalismo. Ahora se sumó la conducción de la UCR, dejando nuevamente huérfanos a los sectores socialdemócratas, que otra vez deberán buscar dónde cobijarse. La tensión entre ambas tendencias no es nueva. Quizás la cita de Alfonsín sobre que el partido no debe seguir a la sociedad si ésta gira a la derecha aplique mejor diciendo que no todo el partido ha de seguirla: otra parte lo sentirá como el canto del cisne.

(Por Francisco J. Cantamutto) Un nuevo traspié en la gestión de pagos totales del gobierno nacional: el juez Griesa volvió a trabar pagos de deuda. El kirchnerismo y su inusitado esfuerzo por pagar a toda costa en año electoral.

Año electoral, las tesis simplonas de ciencia política estimarían un automático esfuerzo del gobierno por gastar en ámbitos redituables en votos. Lo que ese análisis no mira es cuando el gobierno busca también ganar el voto del capital. El kirchnerismo, además de los (valiosos) anuncios de aumentos en los montos y universo elegible del PROGRESAR y la AUH, continúa con su política de “pagador serial” de la ilegal e ilegítima deuda externa. Los intentos denodados por volver al mercado de crédito internacional –hoja de ruta Boudou- estás trabados por la avidez de un pequeño grupo de fondos que logra trabar los pagos. El gobierno no ceja en su voluntad de pago, y cosecha los apoyos más diversos: desde G77 + China y la asamblea de Naciones Unidas, a especuladores de alto vuelo como George Soros o Nicola Stock.

La traba actual

Tras quedar firme el fallo de Thomas Griesa el año pasado, el juez neoyorkino ha incrementado su presión sobre Argentina. Aunque hasta el momento no ha tenido logros mayores, la acción del magistrado tiene cada vez menos tapujos en expresar su defensa irrestricta a los intereses de los fondos buitres liderados por Paul Singer. Nuevamente, el juez pretende trabar los pagos a bonos normalizados en canjes anteriores. Por este motivo, Argentina desplazó al Bank of New York Mellon como intermediario, dándole esta potestad al Nación Fideicomisos. Esta vez, la medida de Griesa afectó al Citibank, trabándole el pago de 3,7 millones de dólares por vencimientos del bono PAR a fines de este mes, buscando forzar el default técnico de Argentina. Se trata, a las claras, de otra bravuconada del juez, pues la cifra ensombrece ante los 1.330 millones que el fondo de Singer reclama: no importa el monto en juego, lo que se busca es obligar a Argentina a pagarles en contante y sonante.

Mientras tanto, el fondo buitre MNL Capital continúa apretando las clavijas por donde puede. Recientemente, Noble Energy anunció reevaluación del potencial de las reservas petroleras off shore de las Islas Malvinas. Noble Energy, petrolera con sede en Houston, cuenta con el respaldo financiero de Elliot Managment Corporation y Oz Management, ambas de Singer, y del fondo BlackRock, a través del cual Elliott transfiere fondos, conocido por ser parte de la fraudulenta quiebra de gráfica Donnelley. Pero también participan del negocio el Bank of New York Mellon, Soros, JP Morgan, Goldman Sachs y Shell. El Grupo de Tareas Estadounidense sobre Argentina (ATFA,  por sus siglas en inglés) difundió un artículo advirtiendo a la Argentina que si entra en “default técnico”, se pondrían en peligro las inversiones para explotar el yacimiento de Vaca Muerta, nave insignia del proyecto energético del gobierno tras la nacionalización parcial de YPF. Es decir, el futuro energético del país parece estar en manos del capital que el gobierno dice enfrentar.

El Citibank ya solicitó un stay (jerga para la medida de no innovar mientras no se resuelve la causa principal) para poder pagar los próximos vencimientos. Ya avisó que además apelará la disposición, por ser un verdadero contrasentido. Los pagos, si bien en dólares, proceden bajo jurisdicción argentina, sobre la que, naturalmente, Griesa no tiene potestad alguna. Justamente, con este criterio, la justicia británica acaba de darle la razón a George Soros, que demandaba también el derecho al cobro de los bonos argentinos con legislación inglesa. En Bruselas y en Nueva York también hay presentaciones judiciales contra el juez de Singer.

La posición “nacional y popular” del Citibank y Soros, por supuesto, no se asienta más que en sus propios negocios: quieren poder cobrar bonos, y realizar las intermediaciones del caso, cobrando las comisiones correspondientes. El Citi, con más de un siglo operando en Argentina, ha sido un actor clave de la gestión de la deuda nacional: imposible olvidar su rol en la “bonificación” de la deuda con el plan Brady a comienzos de los noventa, y el uso de esos bonos para participar de las privatizaciones. El viejo “socio” del Estado argentino no quiere perderse esta gallina de los huevos de oro, que tanto cuando neoliberal como cuando nacional y popular lo hace parte de sus negocios.  Para dejar claro que este acompañamiento debía ser por partes iguales, el gobierno puso al City bajo aviso: si no logra hacer cancelar los pagos de los bonos Par, se vería sancionado, incluso se lo amenazó de quitar las licencias para operar en el país, afectando así sus operaciones locales.

“Griesa se ha convertido una vez más en cómplice del intento de extorsión de los fondos buitre. Y además, en esta ocasión, pretende con otra orden insólita que el Citibank de Argentina y sus directivos actúen en contra de las leyes argentinas”, señaló el Ministerio de Economía a través de un comunicado. “La República reitera que continuará efectuando los pagos de toda su deuda normalmente, en cumplimiento de sus obligaciones legales. Y recuerda que aquellas entidades que operan en el país están obligadas a cumplir la legislación nacional, y que las autoridades locales serán inflexibles en asegurar su cumplimiento” termina el cable, explicando que el capital financiero con interés en participar del negocio en Argentina tendrá que ponerse de su lado. Siendo el sector de mayores ganancias de los últimos 5 años, es dudoso que la banca le quite su apoyo. Menos cuando se advierte con tanta elocuencia: el gobierno quiere pagar todo lo que se pueda pagar.

Ese elusivo objeto de deseo gubernamental

No pocos opinan que se viene un ciclo de endeudamiento fuerte tras las elecciones de este año. La mejora en los indicadores de sustantabilidad de la deuda y su política de pago a rajatabla le han permitido al gobierno ganarse el apoyo de prácticamente toda la comunidad financiera internacional, a excepción de un pequeño grupo de fondos buitres. Cualquiera de los candidatos con mayor intención de voto (Scioli, Massa, Macri) representaría una normalización conservadora que podría aprovechar del saneamiento kirchnerista para volver a endeudar al país.

Si bien este panorama es bastante acertado, tiene el defecto de omitir los denodados esfuerzos del kirchnerismo por volver al mercado internacional de capital. Ese fue el objetivo declarado del canje de 2005, de su reapertura en 2010, del pago al Club de París, a Repsol, al CIADI del Banco Mundial, entre las medidas más sonadas. Boudou declaró al asumir como ministro en 2010 que volver al crédito era su guía, y su ascenso a vicepresidente no parece cuestionar esta guía de acción. El conflicto con algunos fondos buitres ha sido una distracción en esta política coherente y sistemática de pago.

A mediados del año pasado, la deuda total consignada por el gobierno nacional –excluyendo provincias, municipios, empresas públicas y organismos descentralizados- llegaba a los 210.800 millones de dólares. Incorporando las obligaciones contraídas en la segunda mitad del año, la cifra total tendría hoy un piso de 250.000 millones de dólares. Esto es casi un 65% más de la deuda que el kirchnerismo encontró al asumir en 2003. Mientras tanto, se pagó deuda por 190.000 millones de dólares. El gran cambio tiene que ver con los acreedores: el 58% de la deuda está ahora en manos de organismos estatales, que nunca exigirán el cobro. Es decir, se pagó deuda ilegal a acreedores buitres a cambio de desfinanciar el Estado: todos esos recursos podrían haberse utilizado para fines productivos o distributivos. Este ajuste encubierto –se da en contexto de cierta holgura de recursos que esconde el efecto neto- es el que habilita ahora a volver a endeudar el país, ahora con acreedores externos, a los que no se deja de tentar.

Entre el 22 y 24 de abril se realizará en Buenos aires una reunión de organizaciones populares para reclamar por la suspensión de pagos y auditoría de la deuda. Esta demanda bien podría ser acompañada por otros países, no sólo de la región, sino de Europa. Una cosa es clara: éste no es el programa del gobierno.