(Por Julio Gambina) Las inundaciones y su consecuencia en familias evacuadas trae nuevamente a la discusión el modelo productivo, ya sea por la situación derivada del cambio climático a escala global, o por efecto directo de las características de la producción en el sector primario en la Argentina.

Con la ampliación de la frontera agrícola, especialmente sojera y transgénica aparecen variadas consecuencias.

Una es la expansión económica expresada en las cuentas nacionales como incremento del Producto bruto Interno, PBI. El crecimiento es algo que se lee como positivo, y termina siendo un fetiche, como si cualquier crecimiento fuera para festejar, del mismo modo que se instala un clima de preocupación con el bajo crecimiento, la desaceleración o la baja del producto. Para nosotros, el problema es discutir qué tipo de producción es la que se necesita y para satisfacer que necesidades. Se puede crecer sobre la base de actividades no productivas, por ende innecesarias, como la producción de armas, drogas o la especulación financiera, y sin embargo, esas actividades y lo que suponen en circulación monetaria, medidas en la contabilidad nacional (en forma directa o indirecta) alimentan el fetiche del crecimiento.

Otra remite al uso del excedente generado por la actividad primaria, especialmente orientado en las inversiones en la construcción residencial y la especulación financiera, incluida la fuga de capitales; todo lo cual incide en las cuentas nacionales y la evolución de la economía, considerado como factor favorable. El resultado es una creciente urbanización no planificada que incorpora mayores problemas al modelo de desarrollo y a la política de población, radicación y orientación de la actividad productiva soberana. Surgen así barrios cerrados y grandes edificios que demandan inversiones públicas y agudizan los problemas de servicios, al tiempo que restan recursos fiscales a las necesarias obras de infraestructura rural. La urbanización en las condiciones del capitalismo en el país agiganta la fractura entre lo rural y lo urbano, con un Estado subordinado a la lógica del capital. Por eso no sorprende que ante la ausencia de las necesarias obras de infraestructura para aliviar y recuperar aguas, la solución del mercado apunta a canales aliviadores clandestinos, que resuelven la rentabilidad inmediata del inversor en desmedro del suelo, las aguas subterráneas y los cursos de agua que recogen en conjunto los tóxicos de la forma de producción privilegiada en el campo argentino.

Debemos adicionar que se trata de una producción para el mercado mundial, principalmente China, que ahora pone de manifiesto su crisis con la devaluación del yuan, su moneda nacional.

Ello impacta en el comercio exterior y por lo tanto a la Argentina, sea por compras o ventas. La devaluación del yuan hace más competitiva la producción china y puede generar dificultades para la producción local. Es creciente el déficit comercial de Argentina respecto de China, derivado de nuestras exportaciones primarias y de importaciones de bienes manufacturados en ese país. La dependencia comercial con China es grave, sea como gran comprador que induce al monocultivo de soja, como por el tipo de productos que China vende a la Argentina, contribuyendo a complicar el proceso industrial, agravando la recesión productiva que lleva ya casi dos años. La dependencia comercial se agrava con la dependencia tecnológica del paquete productivo en manos de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología.

Los defensores del modelo productivo agrario y la siembra directa culpan a la política económica por la ausencia de inversiones en infraestructura y por no alentar en mayor medida la ampliación de la frontera agrícola sojera y sus derivados en materia de agro energía. Sostienen que hay posibilidad de estímulo a la producción de etanol, asociando soja y energía, sin discusión relativa a otros modelos productivos, por ejemplo sustentados en la concepción de la soberanía alimentaria y la agricultura familiar y comunitaria. Es más, sostienen que más que pensar en hidrocarburos no convencionales y la recreación de explotación para energía no renovable, caso del yacimiento de Vaca Muerta, la apuesta debiera asentarse en más producción agraria y energética derivada de la industrialización de la ruralidad, un concepto que asume la proyección del Plan Agro Alimentario 2020 formulado desde el gobierno. No se trata de hidrocarburos sí o no, de agro energía sí o no, sino de discutir energía para quién y qué modelo productivo y de país.

Son todos temas que merecen un gran debate y que pocos relacionan en la discusión política electoral en curso. Existe abundante crónica periodística de lamentación por las inundaciones y sus consecuencias sociales, e incluso uso política de la dramática situación, pero escasa vinculación del fenómeno con el modelo productivo. Del mismo modo que se analiza la situación en China como un problema externo, sin asociarlo a la situación de dependencia que Argentina viene desplegando con el gigante asiático, y no solo en materia comercial, sino y crecientemente con demanda de inversiones y préstamos provenientes de ese país.

Hay que discutir este modelo productivo, base del crecimiento de estos años, que asocia al país al ciclo de expansión regional por la explotación de comodities. Este modelo generó excedentes que sirvieron para la mayor concentración de las clases dominantes y también para la ampliación de la política social para frenar el conflicto y disputar consenso político. Esta vinculación de producción primaria con política social masiva permitió un ciclo de crecimiento económico en toda la región sudamericana con fuertes consensos políticos, que empiezan a deteriorarse al ritmo del impacto de la crisis mundial capitalista en nuestros países.

Las tendencias son de agravamiento de la crisis y con lo cual, la ecuación de expansión económica y de la política social puede encontrar límites y hacer crecer el conflicto social. Con matices, es lo que ocurre en la región y demanda la necesidad de la crítica de la política económica aplicada en estos países, y que el cambio político gestado desde el comienzo del Siglo XXI requiere de nuevos rumbos en materia de modelo productivo y de desarrollo. La retórica del neo-desarrollismo contra el neoliberalismo no es suficiente, por lo que se necesita ir contra la lógica del capitalismo, que en definitiva sostienen las concepciones neo-desarrollistas y claramente las neoliberales. La crisis capitalista mundial y su expresión en países emergentes, que parecían inmunes a los efectos de la crisis, recrean la necesidad de la crítica de la economía política, es decir, al orden capitalista y a las políticas, aun matizadas que pueblan la experiencia de los Estados nacionales para superar la crisis mundial.

(Francisco J Cantamutto) A medida que se acercan las elecciones, la potencia de fuego económico acrecienta el termómetro del tipo de cambio: el dólar nuevamente en boca de todos.

Pocos precios tienen en Argentina el peso económico, político y periodístico del tipo de cambio: el dólar es noticia, es herramienta política, es dato económico. Erigido casi en fetiche de la prensa masiva, las variaciones cotidianas de la moneda norteamericana marean hasta a más de un avezado. En este espacio no apostamos a contribuir a ese oleaje de datos, ni a hacer predicciones de ilusorio rigor, sino a desbrozar algunos elementos básicos para entender sus movimientos.

Primero y principal, el tipo de cambio representa la relación de intercambio de capital en sus diversas formas (mercancías, servicios, préstamos, etc.) entre una economía nacional y el resto del mundo. A través de él se realiza la conversión de precios nacionales a internacionales, y por lo tanto, debe tener alguna relación con el valor producido y apropiado en ese espacio de valorización respecto del valor mundial. La perspectiva marxista más difundida entiende que el tipo de cambio se establece a un nivel que permite la convergencia de las tasas de ganancia entre capitales reguladores (los “líderes” en sus ramas), pero existe aún debate al respecto. Lo que queda claro es que su nivel no es un puro capricho: el gobierno tiene, sin dudas, capacidad para modificarlo, pero debe hacerlo en la perspectiva de su inserción en el mercado capitalista mundial.

En ese sentido, el segundo dato es que Argentina es una nación dependiente, es decir, ocupa un lugar subordinado en la organización del capital mundial. Podría discutirse en otra ocasión respecto de la disputa política internacional, pero en relación específica a la economía, la última década sólo ha consolidado esta dependencia. El agro y la minería siguen siendo los principales abastecedores de divisas por ventas al exterior, y las escasas exportaciones industriales se explican por procesamientos básicos de recursos naturales y por el régimen especial automotriz que nos ata a la demanda brasilera. De conjunto, el resultado del comercio exterior depende de agudizar el sesgo extractivista y una serie de variables ajenas a nuestro control (como la demanda y los precios internacionales).

De 2003 a 2014, la producción de soja, cebada, girasol y maíz pasó de 65,2 millones de toneladas a 102,4 millones, acorde las expectativas del Plan Alimentario Nacional y más allá de la bulla del enfrentamiento agro-gobierno. Por eso, es noticia cuándo las cámaras agroexportadoras deciden liquidar la cosecha. Las exportaciones industriales se estancan ante la recesión y devaluación de Brasil, y la respuesta automática es reclamar a gritos una devaluación, como hizo el presidente de la Bolsa Adelmo Gabbi. El argumento es que si el único mercado donde exportamos bienes industriales devalúa, nosotros debemos seguirle el paso para poder continuar con el comercio. No hacerlo, según este examen, nos llevaría a una situación del tipo 1999-2001. La omisión del argumento es que Brasil enfrenta un problema de estancamiento asociado al escándalo político y nada garantiza que con precios más baratos comprase más.

Un industrial y pensador de la etapa sustitutiva, Marcelo Diamand, a quien los economistas del gobierno leen asiduamente, señalaba que la estructura productiva del país está profundamente desequilibrada. Esto significa que establecer un único tipo de cambio somete a todas las actividades a la misma competencia, cuando no todas están en las mismas condiciones de enfrentarla. Su recomendación: desdoblar el tipo de cambio tantas veces como fuera necesario. Esa es la idea detrás de la existencia de un dólar oficial para el comercio, otro más caro para invertir en inmuebles, otro más caro para ahorrar. Es la misma lógica que llevó a poner retenciones a las exportaciones agropecuarias en 2002, pues se trata de uno de los sectores de mayor productividad. Multiplicar los tipos de cambio según la actividad económica, a pesar de la dificultosa gestión burocrática de este desdoblamiento. Quitar estos controles, como proponen algunos candidatos, tendría el efecto de volver a unificar el tipo de cambio, facilitando el trabajo a la prensa, pero no generando ningún efecto positivo para las clases populares. El más probable sería una mega devaluación que pulverice los salarios. En todo caso, para políticas dentro del régimen del capital, correspondería agilizar y clarificar los procedimientos de los controles.

Otros dos rubros afectan el intercambio de capital entre Argentina y el mundo. Se trata del impulso a la inversión extranjera y la rehabilitación de la ruta de la deuda –motivos comunes de la campaña kirchnerista y antikirchnerista-, que no son sino mecanismos alternos de sostener esta dependencia. En lugar de cuestionar las vías de transferencia de valor al exterior –el pago de deuda e intereses, la remisión de utilidades, los pagos de patentes, por ejemplo- se esfuerzan mostrar quién garantizaría mejor su continuidad. El único esfuerzo relevante que el kirchnerismo ha promovido en los últimos meses en sentido contrario ha sido la disputa por frenar la fuga de capitales: investigación de cuentas ilegales en el exterior, controles de cambios, allanamientos de cuevas. Este esfuerzo ganó un nuevo nivel cuando el mes pasado se promulgó por el decreto 1311 se reguló el funcionamiento de la Agencia Federal de Inteligencia, permitiendo vigilar “grupos económicos y/o financieros que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos”. Esto puso a la prensa del capital a hablar espantada de “espionaje”.

Todo lo anterior permite insistir en que la salida de recursos del país en moneda fuera no se trata de un problema cultural, sino una expresión de la dependencia del país. El proceso de valorización del capital en la economía argentina requiere constantes fugas a moneda fuerte que retengan el valor. No se trata tanto de “cambiar la manera de pensar”, sino de alterar los fundamentos de esa dependencia. Acorde con la progresiva tendencia del kirchnerismo a asumir toda disputa política como una disputa intelectual y cultural, “el proyecto” se enfrenta a los límites de la alianza de clases que lo sostiene.

Después de las elecciones, cualquiera de los candidatos mayoritarios (Scioli, Macri, Massa) va a devaluar; la diferencia –no trivial- es a qué tasa o velocidad lo hará. En el gráfico adjunto se puede ver que el dólar sube a un ritmo poco superior al de la inflación oficial, que subestima los precios reales. El cálculo del Congreso, que sobreestima la inflación real, muestra que el tipo de cambio se viene apreciando desde hace unos años. De acuerdo a qué estimación crean los candidatos, la tasa de devaluación que podemos esperar. Pero todos ellos están atados a las necesidades de valorización de un capital dependiente, y por ello deben incrementar su competitividad en el mercado mundial. Y esto sólo saben hacerlo intensificando la explotación de la fuerza de trabajo.

art cantamutto

“¿Sabés cuánto estuvimos peleando por eso?”, preguntó Enrique Garaggiola, presidente de la cooperativa del Frigorífico INCOB, al ser consultado sobre el anuncio del gobernador Daniel Scioli sobre la creación del Ministerio de Economía Popular si llega a la presidencia.

El trabajador aseguró a FM De la Calle que “planificamos todo lo que podíamos hacer y estar fuera del Ministerio de Trabajo que maneja plata de las Naciones Unidas. ¡Nosotros queremos plata del presupuesto nacional para hacernos cargo de la producción! Para pedir plata a las Naciones Unidas les tenés que presentar las manos de Perón y las manos de Perón no las van a encontrar, no las tenemos nosotros ni las tiene nadie”.

“Hace seis años de estas reuniones que hemos tenido con (el secretario de Agricultura Familiar y dirigente del Movimiento Evita, Emilio) Pérsico para que se genere un Ministerio de Economía Popular pero que intervengan los laburantes, no los vivos de siempre. Como fue en su momento el MNER, Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas que se generó por necesidad pero se dividió tanto porque después empieza el ego, todos tenemos alma de líder. Se desarmó el MNER, algunos hicieron federaciones, otros confederaciones, otros están en el gobierno nacional, ¿quién quedo? Murúa”, dijo.

Garagiola afirmó que el referente de IMPA, Eduardo “Vasco” Murúa, dejó tiempo atrás la conducción del MNER y ahora reapareció junto a Scioli. “Cuando se va a generar algo, otra vez vienen como para ver”, afirmó el titular de INCOB y concluyó que “en ese ministerio tienen que participar los laburantes, que sea regional, que lo hagan como lo hagan, pero que no comentan el error de que sea otro ministerio privatizado”.

Jóvenes en conflicto con la ley penal en el frigorífico

Quince jóvenes en conflicto con la ley penal tutelados por el Centro de Referencia de Bahía Blanca son capacitados por trabajadores del Frigorífico INCOB. La actividad inició con una recorrida por la planta del ex Paloni y el acompañamiento de algunos de los fundadores de la cooperativa.

Durante el paseo, los chicos recorrieron las instalaciones del establecimiento y se interiorizaron sobre la cadena de producción del frigorífico. Además, compartieron con los trabajadores sus experiencias sobre el proceso de recuperación de la fábrica y el funcionamiento de las cooperativas de trabajo.

“El único camino que es viable es el del trabajo, ser buena persona, buen hijo, buen padre, buen hermano. Entonces, le dimos oportunidad al chico de que pueda venir a trabajar acá. (…) Nos pusimos a disposición, algunos chicos está bárbaro que les haya pasado esto porque empezaron con la disciplina del horario de entrada, hay uno que sale cinco menos cuarto de la mañana para llegar seis menos cuarto acá, a pie se viene desde Spurr. Ese chico quiere cambiar, ese chico vio que hay alguien que le puede dar una mano y es la salida que necesita”, manifestó Garaggiola.

La iniciativa surgió por la necesidad de encontrar espacios de inclusión laboral para los chicos que se encuentran cumpliendo medidas alternativas a la privación de la libertad. Los jóvenes asisten una vez por semana en grupos reducidos para conocer y aprender el oficio. El espacio de formación está coordinado por los trabajadores de la planta y los pibes asisten al establecimiento acompañados por operadores socio-comunitarios.

Además, Garaggiola se refirió durante la entrevista a la situación del frigorífico INCOB y las gestiones para reabrir el ex Villa Olga bajo control de sus trabajadores y con la denominación “Fortín Cuatreros”. Escuchá la nota completa:

El órgano reactivado en el año 2004 sesionó fijando el Salario Mínimo, Vital y Móvil, con la presencia de las CGT y CTA oficialistas, la UIA y otras cámaras empresarias. El Ministerio de Trabajo decidió no convocar a las centrales sindicales críticas. La definición del encuentro fijó un aumento en dos etapas: 18,5 por ciento a partir de agosto y el 10 por ciento restante desde enero de 2016, momento en que alcanzará los $ 6060 mensuales.

El Secretario Adjunto de la CTA Autónoma, José Rigane, dijo a FM De la Calle que “es una historia repetida, lamentablemente. El gobierno sólo habla con los amigos y con los que le dicen a todo que sí. Tiene incapacidad para llevar a la práctica lo que a veces dice en la tribuna de que hay que hablar con todo el mundo, respetar a todo el mundo y escuchar todas las opiniones. Este gobierno nunca lo hizo, y esta es una nueva demostración de que no está dispuesto a sentarse en una misma mesa con aquellos que no comparten o que le discuten distintas problemáticas. Hablemos de salario, hablemos de precarización, hablemos de modelo productivo, hablemos de soberanía o cualquiera de los temas que interesan, preocupan y hacen a la esencia de nuestra sociedad y sobre todo de los sectores populares”.

Hoy a las 16 horas las centrales opositoras ofrecieron una conferencia de prensa ante la imposibilidad de participar del Consejo del Salario dada la decisión del gobierno argentino involucrar sólo a las entidades mencionadas. “¿Con quién se sentó? Con los gremios que están de acuerdo con que el aumento del año no supere el 28 o el 28,5 por ciento que es la base que terminó aceptando el gobierno. Y se sentó con los que se viene sentando todos estos años que rápidamente se ponen de acuerdo para establecer el salario mínimo vital y móvil: la UIA, los bancos, el sector agrario. O sea que en la tribuna aparece confrontando con estos sectores y a la ahora de acordar el salario mínimo, vital y móvil no necesita más que cinco minutos para ponerse de acuerdo y establecer, precisamente, un salario que no alcanza para vivir con dignidad, un salario que no te alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria imprescindible para una familia tipo, un salario que además se va a cobrar en dos etapas. Por lo tanto, digamos que no hay nada nuevo bajo el sol, más allá de que uno reivindica, rescata y reconoce la puesta en marcha del Consejo del Salario, pero el Consejo del Salario no es esto. Es mucho más amplio por ley, mucho más significativo y ojalá que las nuevas autoridades nacionales no sólo mantengan sino que lo pongan en otro nivel”.

Sobre la política del Ministerio de Trabajo de no reconocimiento de la CTA Autónoma, Rigane sostuvo que “es la demostración del uso político de las facultades que establece la (Ley) 23551 respecto del poder del gobierno a través del Ministerio del Trabajo que hace lo que quiere por decisión política no por aspectos técnicos. Somos reconocidos, somos reconocidos a nivel internacional, en organismos internacionales de trabajo y tantas otras entidades internacionales. Y también estamos reconocidos por quienes forman parte de nuestra organización. Sin embargo, el que trata de ocultarnos y precisamente no darnos ninguna legitimidad es el gobierno. Y me parece que para esto no hay que demostrar absolutamente nada. Simplemente ver lo que sucede después de 23 años de existencia de la CTA”.

Consultado acerca de cuáles temas hubiera incluido esa central al debate dentro del Consejo, el dirigente dijo que “desde el 2006 que no se modifica el pago para un desocupado, que está en el orden de los $400. Otra de las cuestiones que hubiéramos planteado es la necesidad de estudiar a fondo es cuál es la canasta básica que necesita una familia tipo en la Argentina, que se dejó de hacer hace mucho tiempo. A partir de allí podríamos establecer los criterios del Salario Mínimo, Vital y Móvil”.

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Foto: stadaym.org

Ante la posibilidad de que el gobierno de Mendoza y la minera Vale reactiven el proyecto “Potasio Río Colorado” el presidente de la fundación pampeana Chadileuvú, Héctor Gómez, dijo a FM De la Calle que “este emprendimiento, si bien no es una minera de esas que usan cianuro y ese tipo de sustancias, deja un pasivo ambiental muy importante”.

Días atrás la empresa evaluó el estado de sus bienes desplegados entre Malargüe y Bahía Blanca para intentar reactivar las obras con nuevos inversores o desprenderse de la concesión ante el vencimiento de los plazos de paralización permitidos.

Por su parte, las autoridades provinciales y nacionales ratificaron en los últimos meses que se avanzó en el financiamiento de la primera etapa del acueducto que pretende abastecer de agua a Bahía Blanca y localidades de Villarino. “En este momento el río está erogando 50m3 por segundo, por debajo de lo que debería hacer para esta época del año. Hoy en día tuvieron que dejar de regar porque el agua no alcanzaba. Realmente es un problema muy importante”, alertó Gómez.

El dirigente recordó en cuanto al emprendimiento minero  que “al principio el problema era muy grave porque se hacía a cinco kilómetros sobre una pendiente que daba al río. Esto en una zona que es sísmica, donde el viento es muy fuerte y las tormentas, si bien son escasas, son de mucha violencia. Se movilizó la ciudadanía en general por el tema de que no se hiciera el repositorio de cloruro de sodio en ese lugar y se logró que la compañía lo haga a 15 kilómetros”.

“El Río Colorado es un muy buen río pero no es el Río Negro ya que tiene un contenido salino importante. Más o menos casi un gramo por litro de sal. Cualquier cosa que pase que aumente el contenido salino plantea más dificultades para el agua. Sobre todo porque es la que consumen todas las localidades rivereñas. De ahí se extrae el agua para potabilizar”, explicó.

Por otra parte, “en el caso de La Pampa hay un acueducto muy importante que lleva agua a todas las poblaciones del sur de la provincia y a Santa Rosa y está en anuncio la obra de continuar el acueducto para el resto de la provincia. Cualquier cosa que pueda afectar el agua no solamente afecta los aspectos productivos sino humanos”.

Gómez también hizo referencia al “proyecto de sacar agua del Río Colorado para hacer otro acueducto para llevar agua hacia Bahía Blanca”. En ese caso “también puede llegar a tener problemas. Hay que estar muy atentos a todo lo que pase con respecto al río”.

Además, “hay un convenio que regula el Río Colorado y cómo se distribuyen los cupos en las cinco provincias. Como el río tiene asiento en Mendoza prevé que esta provincia pueda extraer 24m3 por segundo más 10. Es aproximadamente un cuarto de lo que es el río. Lo quieren trasvasar al Río Atuel. Entonces el río alguna vez puede tener un cuarto menos de agua”.

“Hay otro aspecto del convenio muy importante y es que, cuando se firmó, la provincia de Buenos Aires autorizó a hacer un trasvaso de las aguas propias del Río Negro al Río Colorado de hasta 50m3 por segundo para compensar la salinidad del río cuando entra a la provincia de Buenos Aires. Es muy significativo porque mejoraría la calidad del agua de Bahía Blanca. Está muy claro para muchos pero no tanto para la provincia de Buenos Aires”, sostuvo y agregó que “tenemos la dificultad de que la provincia de Río Negro prohibió por ley el trasvase. Es una ley que trata de pasar por arriba el convenio de los cinco estados provinciales”.

Respecto del uso del agua, el titular de Chadileuvú aseguró que “la empresa Potasio Río Colorado va a extraer 2m3 por segundo del río, sumado a los otros usos que mencioné. Su caudal medio está en 145m3 por segundo. Es una cifra importante. Estamos hablando de obras que hacen un uso importante del agua”.

“Tenemos que estar muy atentos con lo que pase con Potasio Río Colorado para que no contaminen el río. También a que la trocha de ferrocarril que va a Bahía Blanca se haga de tal manera que no produzca dificultades en las localidades donde pasa”, advirtió.

Finalmente, Gómez afirmó que las obras que se realicen “deben estar sometidas al COIRCO” y ser controladas por una ciudadanía movilizada. “Requiere de un estudio de impacto ambiental muy importante en todas las cuencas del río con respecto al tema del potasio. La salinidad tiene que ver con la cantidad de agua que traer. En este momento el rio está en un 50 por ciento de lo que tiene que llevar. Tenemos una crisis hídrica sumamente importante que es de todos los ríos cordilleranos”.

Durante la jornada de hoy el pueblo griego decidirá mediante referéndum si aprueba o no la propuesta de los acreedores. El economista y analista internacional Julio Gambina habló con FM De la Calle sobre las intenciones de los organismos financieros, la factible salida o no de Grecia de la eurozona y el efecto dominó que podría significar en otros países europeos la indisciplina financiera del país helénico.

El titular de la FISyP, en principio, encuentra en la situación actual de Grecia pasajes similares con la Argentina del 2001. “Nos remonta a nuestra historia de la crisis del 2001 porque hubo una cesación de pagos y estuvieron las restricciones bancarias”, sostuvo. Sin embargo, haciendo una lectura más profunda encuentra dos grandes diferencias. Por un lado, “el gobierno griego llegó al poder con un programa contra el ajuste. Y la otra gran diferencia es que el gobierno está convocando a un plebiscito para que sea la población la que diga si quiere o no quiere el ajuste. Este gobierno se juega por el no al juste y no es un gobierno que dice ‘bueno, que la sociedad elija lo que quiere y listo’, sino que es eso pero acompañado de una campaña por el no”.

El contexto en el cual el gobierno renegocia su deuda para recuperar el equilibrio macroeconómico del país se caracteriza por una fuerte influencia ejercida por los organismos internacionales de crédito hacia la toma de decisiones públicas. “Grecia renegocia su deuda presionado por la Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional y la autoridad del Banco Central Europeo que sostienen que la población tiene que inmolarse pagando más impuestos ‘tipo IVA’. En verdad la población, de aceptar, pagará una crisis financiera y fiscal e incluso disminuirá las jubilaciones. Ahí aparece otra similitud con la Argentina de la crisis porque los sueldos y las jubilaciones se redujeron”, explicó el referente.

Por otra parte aclaró que las probabilidades de que Grecia abandone la eurozona debido al no acatamiento de las imposiciones financieras son mínimas. En este sentido, “el plan de ayuda es para los bancos, de ninguna manera el FMI está pensando en un plan de desarrollo para el país. El plan no está pensado para ocuparse del 60 % desempleados jóvenes sino para que el sistema financiero siga funcionando, ¡para el salvataje de los bancos! Por eso, políticamente, la situación es otra con respecto a la nuestra, aparte hay un intento de desafiar la autoridad económica y política europea, por eso hay tanto temor de que si Grecia no paga se va ir la UE, eso no es cierto, no hay decisión política de Grecia de irse y jurídicamente tampoco puede”.

A su vez, el economista remarca la posibilidad de que Grecia evite los efectos de la crisis activando nuevas alianzas estratégicas con socios extraeuropeos como Rusia, China y países de América Latina. “Grecia está atrapado en las redes del capitalismo griego, europeo y mundial. El tema es que con el ‘no’ en las manos, Grecia se anima a un camino de autonomía lo que va significar después del feriado bancaria avanzar con la nacionalización del sistema bancario y, buscar una reinserción en otro plano, ya no solo dentro de Europa sino que tendrá que buscar vínculos con Rusia; también puede establecer otros vínculos, en términos de potencia puede ser China y en término de regiones puede ser América Latina”, sostuvo.

Antes de cerrar su análisis, Gambina señala que una de las mayores preocupaciones de los líderes que promueven este nuevo ciclo de endeudamiento es que el incumplimiento financiero de Grecia se convierta en un modelo a imitar para otros miembros de la Unión Europea que también presentan altas tasas de desempleo y pobreza. De esta forma, “el gran temor del poder mundial es que lo de Grecia actúe como efecto dominó sobre España, sobre Irlanda, en fin sobre otras situaciones de Europa, que se reoriente una posición en favor del cambio. Si bien Grecia es una economía marginal de Europa, lo que preocupa al poder es el efecto contagio”.

El ministro de la Producción bonaerense confirmó que analiza un proyecto de explotación carbonífera en miles de hectáreas del sur provincial. Lo hizo ayer en una reunión con el legislador Ricardo Vago.

El diputado socialista dijo a FM De la Calle que durante el encuentro el funcionario de Scioli “confirmó la existencia del pedido de prospección y cateo para la cuenca de Claromecó por 600 mil hectáreas”.

Frente a esto, sostuvo que expresaron sus diferencias y entregaron firmas que avalan la “inconveniencia del método de prender fuego bajo tierra el carbón, ya que queda permanente encendido y va generando Syngas, que sirve, por ejemplo, para el Polo Petroquímico de Bahía Blanca. Los gases que genera se pueden diluir dentro de los acuíferos y el agua pasa a ser envenenada”.

A su vez, el dirigente del FAP también verificó que las firmas involucradas son Delmo Patricios,  Claromecó Energy y Delpo PTY, todas de origen australiano. El Código de Minería autoriza sólo 200 mil hectáreas por razón social y el área a explotar sería de 600 mil. Esto hace sospechar acerca del vínculo existente entre las distintas empresas. El Ministerio expresó que les pidieron que demuestren que no se trata de los mismos socios.

Para Vago, “antes de autorizarse el cateo tiene que informarse y debatirse en audiencias públicas con los distritos de las comunidades afectadas”.

Por otra parte, también preocupó al referente político que “afirmen que no hayan mirado las páginas donde las empresas dicen que ya tienen en explotación las hectáreas y que piensan instalar una usina”.

De esta forma, el ex intendente de Bahía Blanca, sin brindar mayores informaciones, confirmó que la explotación a través de métodos contaminantes de la Cuenca Claromecó es parte de las medidas que analiza en su planificación política.

A través del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo se hicieron estudios sobre la potencialidad de la cuenca en cuanto a la explotación del carbón.

Finalmente, el dirigente del PS aseguró que Cristian Breitenstein afirmó que “se evalúa la posibilidad de utilizar el carbón para generar energía o para realizar un gasoducto con destino al Polo Petroquímico de Bahía Blanca”.

Este sábado Bahía Blanca será sede de la “Segunda jornada sobre el uso de agroquímicos: opinión, diálogo y reflexión”. La actividad se desarrollará desde las 8 en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur, Alem 1253 1º piso.

El Centro de Estudiantes de Agronomía de la UNS propone un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias de realidades urbanas y rurales que promueven a la agroecología como el modelo sustentable para una producción sana, redituable, identitaria y fortalecedora de vínculos políticos, socioambientales y culturales en defensa de la soberanía alimentaria de las comunidades.

La jornada, que ofrece distintas conferencias y materiales, tiene un valor de inscripción de 50 pesos para estudiantes y 100 para el público en general. Para más detalles e inscripciones escribir al correo: [email protected] o ingresar al sitio de comunicación del Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria en Bahía Blanca: http://www.etsa.org.ar

Parte del cronograma contempla la participación del ing. agónomo Gustavo Almassio, miembro de la Regional Aapresid Necochea, quien disertará sobre la “Experiencia en el manejo de la producción agropecuaria actual”; el dr. Daniel Gómez, jefe del Servicio de Toxicología del Hospital de Urgencias de Córdoba para explicar sobre la incidencia de los plaguicidas en la salud; y el ing. agrónomo Eduardo Cerdá, vicepresidente del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Agrarias Y Forestales de la UNLP, quien abordará la “Agroecología como la agronomía de los próximos años. La Aurora, una experiencia con 15 años de producción sin agroquímicos, rendimientos estables y menores costos de producción”, entre otros destacados profesionales.

Adhieren a la actividad el Departamento de Agronomía de la UNS y el Ateneo Rural Bahía Blanca.

La nueva encíclica papal facilita y extiende un debate sobre la ecología, el medio ambiente, y especialmente sobre la crisis ecológica. Dirigida más allá del catolicismo, “Laudato Si” interviene en el debate público mundial sobre el planeta tierra, la naturaleza y sus usos productivos.

El cambio climático es un dato de la realidad y si bien, la naturaleza viva tiene un metabolismo de cambio propio, visibles en territorios hoy turísticos y fantásticos como Ischigualasto o Talampaya, expresiones de mutaciones naturales derivadas de procesos transitados por millones de años, la intervención más reciente de los seres humanos sobre la naturaleza a través de la historia contribuye seriamente en modificaciones que alimentan la crisis ecológica contemporánea.

La crisis ecológica se hizo visible a fines de los 60 y comienzos de los 70, tiempos de aceleración de la revolución científico técnica aplicada a la producción, incluso Paulo VI en 1971 así la denominó. Varias voces y movimientos estudian y llevan adelante acciones colectivas en defensa de la ecología ya hace medio siglo.

Ambientalistas o ecologistas nutren un entramado de activismo social que con variadas motivaciones asumen parcial o globalmente la defensa de la tierra, el medio ambiente y los seres vivos. No siempre se concentra la crítica en el modelo productivo del capitalismo hegemónico en expansión desde hace medio milenio. Para evidenciar el fuerte vínculo entre modelo productivo y metabolismo social interesa el debate sobre la ecología, el medio ambiente y el cambio climático.

El fenómeno y la crisis de los 70´

Desde la crisis mundial de los 70´, asociada a la crisis financiera y del dólar, o a la crisis petrolera de EEUU con impacto global, y a las tendencias acrecentadas de militarización de la sociedad mundial en un marco de liberalización económica, lo que llamó la atención fue la crisis ecológica. Aparecía así la cuestión ecológica como novedad en el análisis de la crisis mundial del capitalismo.

El desacople del dólar en 1971 modificaba los acuerdos de 1944 en Bretton Woods, y auguraba la disputa de la hegemonía que hoy se manifiesta como guerra monetaria. El cénit en las reservas petroleras de EEUU desató las guerras por el petróleo y las búsquedas de nuevas tecnologías que hoy se exponen con la producción de hidrocarburos no convencionales, la fractura hidráulica, y la vuelta de EEUU como primer productor mundial de hidrocarburos. Mientras, la crisis ecológica era la novedad en aquellos 70´.

Desde entonces se trata de cuestionar el impacto de la producción material en el metabolismo social, que incluye a los seres humanos como parte indisoluble de la naturaleza. El capitalismo es el problema, o viceversa, el problema es el capitalismo. El modelo productivo capitalista sustentado en la energía proveniente del carbón, primero, y luego del petróleo, exacerbó la afectación del metabolismo social, colocando en peligro la reproducción de la vida y por ende de la sociedad y la naturaleza.

La huella ecológica está afectada y la continuidad del modelo productivo en curso amenaza seriamente a la supervivencia de la generación actual y futura de la humanidad. Ya no es un tema de largo aliento, sino que involucra a nuestra generación.

Tierra, trabajo, valor, ganancia y acumulación

Si de producción y reproducción se trata, la tierra y el trabajo están indisolublemente imbricados. Hay que remontarse a los primeros estudiosos de la Economía Política, aun antes de la escuela clásica para identificar a la tierra y al trabajo como fuente de la riqueza. William Petty, economista inglés, un siglo antes que Adam Smith nombrará a la tierra como la madre y al trabajo como el padre de la creación de valores.

Eran los albores de la sistematización del pensamiento explicativo del orden social emergente, el capitalismo, que tenía en Inglaterra su territorio de avanzada. Por eso, Inglaterra se construyó en imperio ganando territorios (recursos naturales o bienes comunes) y poblaciones (fuerza de trabajo), para expandir las relaciones sociales capitalistas, libre comercio mediante. La aspiración por el progreso estimuló la expectativa por instalar el libre comercio en el Río de la Plata, base programática de los comerciantes, propietarios, burócratas e intelectuales que empujaron y propiciaron la Revolución de Mayo en 1810.

Hoy como ayer, el capital hegemónico, transnacional, está ávido por conquistar territorios que le ofrezcan los bienes comunes, el agua, la tierra, los minerales, la biodiversidad y claro, la fuerza de trabajo barata de sociedades empobrecidas dispuestas a ofrecer trabajadoras y trabajadores a bajo costo.

Son los denominados países emergentes que ofrecen condiciones adecuadas para la rentabilidad del capital en tiempo de crisis. Ya no solo el capital inglés, sino el proveniente del capitalismo desarrollado y en las condiciones actuales de transnacionales de cualquier origen geográfico, sean propietario de la India que gestionan la producción de acero, o argentinos que producen golosinas.

Debates abiertos

Ahora con la encíclica papal se habilita un debate interesante, con voces que tratarán de explicar cómo los avances tecnológicos en despliegue disminuyen el proceso histórico de contaminación.

Ya se escuchan voces defendiendo la siembra directa o los silo-bolsas, como respuesta a los viejos métodos de roturación de tierras y almacenamiento que fomentaban el desgaste de los suelos y el derroche de energía, acero, materiales y maquinarias. En el mismo sentido se argumenta en defensa de las nuevas tecnologías de la extracción en la mega minería a cielo abierto, asociada a la búsqueda por aminorar el impacto ambiental y social, especialmente en la extracción de hidrocarburos no convencionales.

Para nosotros, en cambio, es la ocasión para discutir el irracional modelo productivo y de desarrollo que asocia y subordina las funciones económicas de la distribución, el intercambio y el consumo a una producción subordinada a la dominación de las transnacionales y su objetivo de ganancias y acumulación.

El orden capitalista se caracterizó desde su inicio por una inmensa capacidad productiva, lo que generó la posibilidad de ampliar la producción y reproducción de la vida. Es un proceso exacerbado con el desarrollo de la ciencia y la técnica que pone en discusión en este tiempo histórico el propio proceso de la vida, afectando a la Naturaleza y su capacidad reproductiva, por lo que generó la emergencia de tendencias promotoras del decrecimiento económico.

La sociedad incorpora como sentido común favorable el proceso de crecimiento económico y poco atiende las consecuencias del crecimiento sobre el la naturaleza y la propia sociedad. El decrecimiento es visto como recesión y estado anormal de la evolución económica. Son concepciones interesadas desde la dominación capitalista. La realidad es que el crecimiento está decidido por las empresas que dominan el proceso de producción y con ello definen la obsolescencia programada para acelerar el desgaste de los productos y estimular el consumo. El consumismo es derivado directo de la dominación monopólica y transnacional de la producción mundial. El consumismo es una cultura social aceptada e impulsada por las transnacionales.

Insistamos que la Producción es un proceso mundial. A solo efecto de ejemplo veamos que los principales productos que genera la Argentina son destinados al mundo. La Soja es mundial. Lo mismo ocurre con los productos de la minería o la industria automotriz. En todos los casos, la producción es definida por transnacionales de la alimentación, la biotecnología, la minería o las automotrices.

El monopolio transnacional define a la producción mundial y poco le interesa la calidad de vida de la población y mucho menos la afectación de la naturaleza. Alguna vez, John Kenneth Galbraith remitió el fenómeno a la “cultura de la satisfacción” de las clases dominantes del sistema mundial, a costa de la población, la sociedad y la naturaleza. Esa es la razón para que la sociedad discuta la producción y el patrón de consumo que genera. En rigor, no solo se trata de producir más o menos, sino de discutir qué se produce, para quién, cómo y con quién.

Para que se entienda, digamos que los pueblos aztecas cultivaron el maíz y hoy, como resultado de la ofensiva de la genética industrial y la liberalización comercial, un país como México se transformó en importados de maíz transgénico, perdiendo la huella originaria de la cultura y la producción de alimentos de sus poblaciones ancestrales. Vale interrogarse en la Argentina sobre lo acecido con la cultura productiva de la frutilla corondina, o de las diferentes variedades de papas balcarceñas; abandonadas ambas por producciones más rentables a los inversores hegemónicos que definen el modelo productivo.

Los monopolios y la genética dominan la producción tradicional de la agricultura familiar y comunitaria con que se alimentaron históricamente nuestros pueblos. Son variadas las tesis que sostienen la concepción del decrecimiento, y nosotros afirmamos que no se trata de producir más, o producir menos, sino discutir quien decide sobre la producción.

Lo que se requiere es modificar las relaciones sociales de producción gestados desde la emergencia del capitalismo, que en Nuestramérica significa sumisión y dependencia a la dominación mundial del orden del capital. La propuesta está asociada a la recuperación en las condiciones actuales del Vivir Bien o el Buen Vivir, tal como sostienen las Constituciones de Bolivia y de Ecuador.

Es una propuesta que se orienta a definir el curso de la producción para satisfacer las necesidades del metabolismo social, lo que supone una concepción del ser humano como parte de la naturaleza y el ciclo productivo y reproductivo de la vida más allá de los seres humanos.

En los últimos años y especialmente en Nuestramérica apareció el debate sobre el progreso ininterrumpido sobre la base del incontenible desarrollo de las fuerzas productivas y el regreso a formas tradicionales de vínculo entre la tierra y el trabajo; entre la industrialización exacerbada, especialmente de la agricultura, o la búsqueda por recrear condiciones productivas de etapas pasadas, asociadas al modelo productivo y de desarrollo de los pueblos originarios. Aunque el debate existe, los extremos ocultan procesos intermedios necesarios para encarar, la transición entre una producción dominada por las transnacionales a otra sustentada en objetivos de satisfacción de necesidades respetuosas del metabolismo social, local, continental y mundial.

Convengamos que ello solo es posible con un gran debate sobre cómo atender las necesidades del conjunto de la población, a contramano de respuestas rápidas convocando a inversores que solo atenderán su necesidad esencial de ganar, acumular y dominar. Algunos piensan que regulando a los capitales inversores se pueden lograr desarrollos alternativos, incluso anti capitalistas.

La realidad nos dice que eso no ha ocurrido hasta ahora, que el capital acepta las regulaciones como mecanismo de ingreso a determinados mercados, para luego, con el solo efecto de la aplicación de las leyes de mercado, es decir, de la ley del valor, la lógica de la ganancia y la acumulación se abre paso.

En tiempos electorales de renovación presidencial en Argentina no alcanza con identificar políticas simplistas para atender y resolver necesidades socio económicas extendidas, si no se señala que el problema es el capitalismo y su modelo productivo, depredador y explotador.

En consecuencia, solo habrá soluciones para la mayoría de la sociedad si se decide confrontar con el orden capitalista, descubriendo que es un régimen que reproduce hasta el ocaso final y autodestructivo la desigualdad social, de riquezas e ingresos, que depreda la naturaleza y explota a la fuerza de trabajo; y que en su afán por satisfacer egoístas objetivos de clase, se lleva puesto al planeta y a la vida.

Seis personas son acusadas de “haber dañado la salud de vecinos con pulverizaciones aéreas de plaguicidas” en un juicio que data de la causa inicial que data del 2003, en la que 70 vecinos y vecinas son querellantes. El caso se ubica en el barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba y, ya elevado a juicio oral aunque sin fecha aún, tendrá lugar en la Cámara Séptima del Crimen de Córdoba integrada por los vocales Víctor María Vélez, Ricardo Iriarte y Carlos Ruiz,y el Fiscal de Cámara Marcelo Altamirano.

Un comunicado emitido por la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) expresó que “por primera vez en Argentina se busca relacionar los daños a la salud sufridos por vecinos, tras quedar expuestos a los plaguicidas que habían sido pulverizados en un campo colindante al barrio”.

Durante una entrevista con FM De la Calle, el presidente de la FUNAM diferenció este proceso judicial de otro anterior que “era por violación a normas. Es decir, si se habían utilizado plaguicidas que estaban autorizados o no. No se analizó la relación entre plaguicidas y salud, que es lo que se va a revisar ahora. En este caso, en el caso de encontrar culpable a las personas, hay penas de 20 años de prisión”.

Asimismo, el dirigente sostuvo que “por primera vez se va a tratar de demostrar la relación que hay entre el uso de plaguicidas y cómo eso afectó la salud”.

Por otra parte, Montenegro destacó que también “por primera vez se enjuicia a una ingeniera agrónoma”.

Se acusa a Francisco Parra (productor agropecuario), Edgardo Jorge Pancello y Gustavo Alejandro Peralta Amaya (aeroaplicadores); Javier Eduardo Amuchastegui y Fernando Ramón (propietarios de la empresa Tecnocampo que aplicó los plaguicidas) y  Alejandra del Carmen Mendizabal Pizarro (ingeniera agrónoma).

Foto: rightlivelihood.org

(Por Francisco J. Cantamutto) El lunes se presentó un nuevo documento del Foro de Convergencia Empresarial, explicando el tipo de Estado y las políticas públicas específicas que demandan.

Los capitalistas tienen diversas formas de condicionar el accionar estatal, que van desde la extorsión a través de sus decisiones de inversión y contratación de fuerza de trabajo hasta el lobby explícito, pasando por la difusión de ideas y propuestas que le son afines. Sólo en los casos más evidentes y extremos, el capital logra que sus representantes directos formen parte del gobierno, exponiéndose públicamente. Normalmente, el capital busca influir y condicionar las decisiones que se toman sin participar de modo directo, de modo de descargar sobre el Estado el peso político de lo que se decida.

El capital concentrado que opera en el país tiene una larga trayectoria de organizaciones propias destinadas a influir de diversas formas. Las asociaciones corporativas, es decir, las que representan intereses sectoriales tienen una existencia prolongada en el tiempo y no son pocas las veces que entran en conflicto entre sí, como ocurrió en la salida de la Convertibilidad, cuando el Grupo Productivo (Unión Industrial y socios) se desmarcó de la banca extranjera (representada en ABA), las privatizadas (representadas parcialmente en ADESPA y la Cámara de Comercio) y la Sociedad Rural. No pocas veces vimos en estos años a la UIA, la Cámara de la Construcción o las de bancos nacionales (ADEBA y ABAPPRA) apoyando actos del gobierno en primera fila, cuando SRA y socios reclamaban furibundos.

Pero el capital también recurre a agrupamientos más esporádicos destinados a encontrar puntos comunes que sirvan de “acuerdo fundamental”. Lo hicieron al crear la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en 2002, para “promover la importancia de la actividad empresaria” en la economía. Ante el miedo, real o percibido, de avance de las clases populares, reafirmaron su programa mínimo, lo que antes hacían mediante golpes de Estado y ahora por otras vías. Esta lógica se renovó el año pasado con la creación del Foro de Convergencia Empresarial, que reúne 67 cámaras empresariales, representativas de prácticamente todos los sectores de la economía. Este foro es complementario de otro de mayor trayectoria, IDEA, cuya edición del año pasado recuperó todas las propuestas del Foro.

El Estado que reclaman

El lunes 8 presentaron, en un evento público,  el documento llamado “El rol del Estado y el buen gobierno republicano”, estilizando sus demandas para el período político por venir. Como han venido explicando en anteriores ocasiones, sus propuestas van más allá de un partido específico que pueda ganar las elecciones, proponiendo lo que llaman “políticas de Estado”, que no es otra cosa que los acuerdos básicos que no quieren que se modifiquen. Por eso han tenido acercamientos con todos los principales candidatos.

Según su visión del asunto, en los últimos años, el Estado habría excedido sus funciones básicas, consensuadas, exceso que habría sido promovido por el afán de un grupo particular, apoyándose en “una mayoría circunstancial” y no en el consenso general. Por este motivo, su afán mayoritario, habrían pasado por encima la división de poderes que el republicanismo defiende, despreocupándose por materia de ética pública: “La soberanía reside y le pertenece al pueblo todo y no a las mayorías circunstanciales”. Aunque esquemático, éste es el discurso que resume su diagnóstico y preocupaciones. Desean, según uno de los expositores, “lo que nos establece la Constitución (…) un capitalismo con rostro humano”.

Explícitamente llaman la atención sobre que es errado asumir que demandan un Estado débil, sin capacidad de intervención. Contra el diagnóstico fácil (y errado) de que el neoliberalismo promovió un Estado débil, pequeño, o su retirada, el empresariado deja en claro que necesita un Estado fuerte, pero cuyas intervenciones sean para asegurar sus privilegios. Desde el punto de vista de la acción política, esto es muy distinto.

El documento se encarga de explicitar la diferencia: Estado no es gobierno, el segundo es una mayoría transitoria, que no puede controlar al primero. Por un lado, el Estado tiene al menos otros dos poderes públicos, donde el capital tiene una influencia más difuminada: el Legislativo, donde encuentra representación de todas sus fracciones, y el Judicial, que defiende sus prerrogativas sin someterse a escrutinio público. El Estado incluye además una multiplicidad de agencias donde el capital ubica cuadros técnicos formados según sus necesidades. El capital de conjunto distribuye así su influencia por diversas vías, y puede aceptar que una fracción (o grupo de fracciones) tenga mayor llegada sobre el gobierno: siempre que este se limite a ese espacio. Por esto defienden a rajatabla la división de poderes, argumentando un republicanismo ético. En un sentido semejante, arguyen mediante la apelación a un constitucionalismo vetusto que es central el respeto del Estado de Derecho: es decir, los acuerdos sustanciales alcanzados por el conjunto, cuestionando cualquier avance particular sobre ese marco general.

Pero incluso más: el documento afirma la necesidad de sostener ciertas contenciones sociales, como –explícitamente- la Asignación Universal por Hijo. El capital no es ciego frente a los contextos políticos: saben que quitar estos resguardos significaría una explosión social, ante el estancamiento prolongado de la inclusión por la vía del empleo (desde 2008 a esta parte, este mecanismo está agotado). El Estado, para el Foro del capital, debe ser fuerte, capaz de intervenir no sólo para garantizar el respeto de la ley sino también para contener cualquier descontento social.

Las dudas comienzan en los avances ulteriores, especialmente en la arena productiva. En su visión del asunto, el Estado –fuerte- debe limitarse a lo anterior. “En una sociedad moderna es crucial mantener claramente diferenciados el rol del Estado del que les corresponde a las empresas. Le cabe al Estado establecer reglas de juego claras y hacer cumplir las leyes, pero más allá de este marco, su injerencia en el ámbito propio de la actividad privada, interviniendo arbitrariamente en la toma de decisiones empresarias lesiona gravemente la economía y obstaculiza el desarrollo económico y social”. Establecidas las reglas, el Estado debería dejar al capital operar, y atender los perjuicios que ocasiona su accionar.

Sus críticas son explícitas respecto de 3 medidas. Primero, la posibilidad de designar directores en las empresas a través de ANSES. Segundo, la Ley de Abastecimiento. Tercero, la nueva Ley de Mercado de Capitales. En los tres casos, las medidas son leídas como la posibilidad de injerencia discrecional del gobierno sobre el capital, y he ahí donde se ubican sus mayores miedos. Atender a este reclamo es una pista de qué ofende realmente al capital: no es la AUH, ni tampoco la inversión a través de YPF o Aerolíneas, como los medios promocionan. En esas empresas, se están realizando actividades que el capital no está dispuesto a costear: el problema es cuando intercede en los espacios donde sí hay negocio rentable.

Una lectura detenida del documento resulta muy importante para las fuerzas populares y progresistas, evitando distorsiones e ilusiones sobre lo que molesta al capital. Y que lo preocupa lo suficiente como para necesitar conciliar posiciones de conjunto, aún cuando en sus corporaciones particulares encuentren distancias: si ellos son capaces de encontrar puntos en común… ¿no valdría la pena indagar los nuestros?

Según Enrique Gandolfo, integrante de la comisión directiva de la Central de los Trabajadores de la Argentina Bahía Blanca – Coronel Dorrego, la medida de fuerza que llevan adelante como parte del paro nacional convocado por tres centrales obreras, está atravesada por “un reclamo unificador para la clase trabajadora”.

“Tiene que ver con esta decisión que han compartido las patronales y fue convalidada por el gobierno nacional, que es fijar un techo a los aumentos de salarios. Esta imposición del 27 % degrada el carácter mismo de la paritaria. En la práctica, quien acepta esto está aceptando una rebaja del salario”, afirmó.

El dirigente también hizo referencia a las condiciones laborales recordando que “ayer nos enteramos de un obrero de la construcción de 20 años con un gravísimo traumatismo de cráneo producto de una caída de diez metros de altura. La semana pasada un trabajador de 45 años, Hugo García, que fallece al caer del octavo piso en el edificio que se construye en Moreno 625. Esto es precarización laboral acompañada de la muerte de quien trabaja. Estos episodios se suceden en el tiempo. Esta cuestión de la precarización tiene que ser una bandera”.

Por último, Gandolfo completó la lista de reclamos contra “el impuesto sobre los salarios, nosotros rechazamos el argumento de que el salario sea ganancia y la cuestión de los jubilados, reclamamos un aumento de emergencia ya que es inaceptable que el 70% viva con $3800 de bolsillo”.

(Notas.org.ar) “Triste noticia”. Así resumía el asunto del correo electrónico enviado por la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires la información que desde la tarde del domingo ya circulaba por redes sociales. Norma Giarracca, docente e investigadora de la carrera, había fallecido.

Con la juventud de 70 años y un extenso currículum (académico, pero también de activismo y mucho más) Giarracca se despidió de un mundo que pensó, analizó y transformó con su aguda mirada y compromiso.

De 1969 a 1976 trabajó en el Ministerio de Agricultura, en la Dirección de Economía y Sociología Rural. Estaba entonces vinculada al Peronismo de Base. Cuando la Junta Militar tomó el poder por la fuerza en 1976, se exilió en España, Inglaterra y se radicó luego en México.

Con la vuelta de la democracia en nuestro país, se sumó a coordinar las áreas de Ciencias Sociales, Educación y Filosofía del CONICET. Con el conocimiento y experiencia acumuladas creó la cátedra de Sociología Rural y el Grupo de Estudios Rurales (GER). Más adelante fundaría también el Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales en América Latina (GEMSAL).

Fue también en su intensa vida investigadora principal del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, coordinadora del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural de CLACSO y directora de la Maestría de Investigación Social de la UBA, además de ser representante por el claustro de profesores en la Junta de Carrera de Sociología.

Su preocupación principal y objeto de estudio fue el modelo agropecuario. Su enfoque, vinculado a la revalorización de los sujetos del campo, los campesinos y pequeños productores principalmente, y la crítica al modelo de agronegocios, la ubicaron como una referencia intelectual no sólo para la academia, sino también para los movimientos sociales y organizaciones del sector.

Desde la docencia, incentivó a generaciones y generaciones de futuros sociólogos. En la página web del GER – GEMSAL Giarracca escribía sobre los estudiantes: “Todos ellos nos desafiaron a que fuéramos mejores docentes, que relacionáramos la rigurosidad con un espacio placentero que incite a reflexionar, leer, trabajar, sin perder la alegría”.

La despedida de sus colegas

En Facebook, varios docentes e investigadores con los que compartió los pasillos del Instituto Gino Germani y la ex sede de Marcelo T. de Alvear de la Facultad de Ciencias Sociales, la recordaron con emoción y cariño.

Marcelo Langieri, ex coordinador técnico de Sociología, uno de los primeros en dar a conocer la triste noticia dijo: “Su muerte es una pérdida enorme para la sociología y para el movimiento popular. Especialmente el movimiento campesino que tuvo en ella una de las voces más lúcidas y comprometida”. “Su mirada aguda nos informó, entretuvo y emocionó permanentemente. Se fue una luchadora y una maestra”, agregó.

Por su parte, la directora de la carrera de Sociología, Alejandra Oberti, comunicó por correo electrónico el fallecimiento de Giarracca: “Es una gran pérdida para nuestra Facultad. Su vocación docente nos acompañó durante décadas formando y transmitiendo no solo saberes sino también un fuerte compromiso con la Universidad pública”.

Maristella Svampa, con quien compartió reflexiones y preocupaciones, recordó: “Hace unos diez días hablamos por última vez por teléfono. Fue por lo de Ayotzinapa, para avisarme que estaban los familiares de las victimas acá en Buenos Aires. Norma, una vez más, infaltable en su compromiso”. Además, expresó: “Hemos perdido a una gran compañera de luchas, de afectos, de pensamiento”.

“Uno se da cuenta cuando alguien es respetado”, reflexionó Ernesto Meccia, autor de La cuestión gay. Un enfoque sociológico y Los últimos homosexuales. Sociología de la homosexualidad y la gaycidad. “Una vez”, recordó, “subió una foto con sus nietos jugando y ella sentada en el piso, lo más pancha”. “Norma a la altura de las circunstancias”, comentó Meccia a esa imagen.

Norma Giarraca escribió e incomodó. Discutió a fondo los problemas y las debilidades del actual modelo de agronegocios y las comunidades rurales. Pensó el país desde un ángulo novedoso y profundo. Y marcó, en su paso, a centenares de personas que tuvieron el gusto de compartir sus reflexiones y enseñanzas.

Usuaria incansable de las redes sociales, su último tuit fue sobre la movilización del pasado 3 de junio por #NiUnaMenos: “No fue una marcha más -decía- fue una práctica decolonial”.

Allí también la despidieron innumerables personas. Desde estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, hasta colegas investigadores y activistas ambientales de distintos lugares del país y el continente, la conmoción sacudió unos cuantos hogares y círculos sociales del país.

Su muerte no será tapa de diarios, pero desde Notas la recordamos como una intelectual que comprometida con su tiempo.

Compartimos a modo de homenaje, su intervención en la Audiencia Publica por la Soberanía Alimentaria, en el anexo de la Cámara de diputados del 26 de Octubre de 2010.

Por Julio Gambina. En estos días y en simultáneo se realizaron las Jornadas monetarias y bancarias del BCRA, el 4 y 5 de junio; y la 1° Conferencia Internacional sobre Deuda, Bienes Comunes y Dominación, entre el 3 y 5 de junio.

El día viernes 5, mientras cerraban las Jornadas del BCRA el Ministro de Economía y el Presidente del Banco Central, y en la Conferencia Internacional se escuchaba la palabra del titular del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, CADTM, y de la Presidente del Parlamento de Grecia informando sobre la Comisión de la verdad relativo a la investigación de la deuda griega; en Nueva York, el Juez Griesa daba las razones a parte de los acreedores no ingresados al canje de deuda por unos 5.200 millones de dólares.

Es una cifra que se adiciona a la sentencia por 1.330 millones de dólares a manos de fondos especulativos, los denominados fondos buitres. Todo es parte de los titulares de bonos por 7.000 millones de dólares no ingresados a los canjes del 2005 y 2010. La duda es la cifra final a que pueda escalar esta deuda si se le suman los intereses reclamados por los tenedores de esos bonos. El gobierno argentino respondió rechazando la sentencia, como era de esperar y proyecta una conflictividad asociada a la negociación y pago a que aspiran las clases dominantes en el país o a la confrontación con la dependencia y la dominación, solo posible desde la suspensión de los pagos y la modificación del modelo productivo y de desarrollo que reoriente la definición por beneficiarios y perjudicados del orden económico.

Debates del BCRA

La convocatoria del BCRA, de carácter oficial, convocó a académicos y especialistas de la economía y las finanzas para analizar la situación mundial y específicamente la cuestión de las reestructuraciones de las deudas soberanas.

Realizadas en  el Hotel Alvear, congregó a especialistas de la UNCTAD y la OIT, de EEUU, Canadá, Inglaterra, Italia, Austria, China, India, México, Brasil y Uruguay.

Como dato destacable debe mencionarse, más allá de las discusiones, el acuerdo entre los bancos centrales de la Argentina y Uruguay para avanzar en el intercambio comercial en monedas locales, tal como hace tiempo se suscribió con Brasil, todo para intentar eludir el uso del dólar. Es una práctica que tiende a incrementarse en el comercio mundial y que afecta a la hegemonía irrestricta del dólar. No es menor resaltar que China es quien más acuerdos en ese sentido suscribió en el último tiempo.

El debate popular

Por su parte, en la Conferencia Internacional sobre la Deuda, los bienes comunes y la dominación, reunida en la sede de ATE, estuvo organizada por una red de organizaciones y redes de movimientos populares del país y el mundo, participantes de Haití, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Paraguay Perú, México, Bélgica, Francia, España y Grecia (vía video conferencia) se congregaron para considerar el impacto de la deuda y la mercantilización de los bienes comunes sobre los pueblos, al tiempo que se consideraron las resistencias en curso, con el fin de delinear una campaña popular por la suspensión de los pagos, la realización de auditorías integrales con participación popular, al estilo de la ecuatoriana del 2008 y la actual griega. En el horizonte se propone construir un movimiento por una consulta popular que ponga en debate en la sociedad la defensa soberana de los bienes comunes y la construcción de alternativas de carácter civilizatorio.

Presidieron el cónclave Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, evidenciando que la cuestión trasciende a la economía y se proyecta en defensa de los derechos humanos y de los pueblos; Pablo Micheli de la CTA Autónoma en la convicción de que son las trabajadoras y los trabajadores los principales afectados de las restricciones derivadas del sistema de la deuda eterna. Junto a los mencionados, la CTA Autónoma, el Foro de la Deuda Externa, Dialogo 2000, ATTAC-CADTM de la Argentina, entre otros, fueron parte esencial de la animación de la actividad desde la Argentina.

Los tratados bilaterales de inversión fueron discutidos, especialmente el TISA, al que Uruguay acaba de ingresar y que reabrió la discusión sobre potenciales acuerdos bilaterales de países del Mercosur con Europa. La presencia de delegaciones de redes intelectuales como la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, SEPLA, de la Red de Estudios de la Economía Mundial, REDEM; del Encuentro Sindical Nuestra América, ESNA y de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, CLATE, facilitó el diagnóstico de situación relativo al impacto sobre los pueblos y los trabajadores, como la consideración de campañas continentales y globales de esclarecimiento.

Un dato relevante estuvo dado en la entrevista de los participantes internacionales de la convocatoria popular con la Comisión bicameral de investigación de la deuda, con presencia del oficialismo y la oposición en su seno. Interesante el diálogo, donde se les reclamó a diputados y senadores que la lógica indica que mientras se investiga debieran suspenderse los pagos. Un razonamiento que fue desestimado por los congresistas del oficialismo del Frente para la Victoria y de la UCR por estar fuera de las atribuciones de la bicameral. Los visitantes recordaron que según la Constitución de la Argentina, la deuda corresponde ser arreglada por el Parlamento, cuando la realidad pone de manifiesto que se trata de un asunto que se decide desde el poder ejecutivo.

Vale rescatar que en la inauguración de la Conferencia Internacional estuvo presente Sacha Llorenti, el Embajador de Bolivia en Naciones Unidas, quien preside la Comisión sobre reestructuración de deuda soberana a instancias del G77 + China y con la oposición de los 11 países capitalistas más desarrollados, no interesados en la generación de cualquier restricción al sistema de dominación capitalista que tiene al sistema de la deuda entre sus ejes para enfrentar la crisis en curso.

Para pensar

Varias veces hemos señalado la importancia y vigencia del flagelo de la deuda. Se trata de un cáncer que atenta contra la calidad de vida de los pueblos, y sea en la Jornadas del BCRA o en la convocatoria popular, como en la Justicia de EEUU, la deuda vuelve a nuestra agenda y a condicionar la cotidianeidad de la economía y la política.

Nada de esto aparece en la campaña electoral de renovación presidencial, o solo marginalmente, por lo que se necesita instalar en la sociedad la necesaria discusión para que la soberanía popular ejerza el derecho de encauzar discusiones superadoras del orden vigente que solo contempla el interés de la hegemonía capitalista.

(Por Francisco J. Cantamutto) Se cumplió ya una década del canje de deuda que el kirchnerismo enarbola como gran logro. Las concesiones que envalentonaron al capital hasta hoy.

Cuando los recursos externos escasean, la lógica del endeudamiento eterno cobra su dimensión más evidente: porque puestos contra la pared, los gobiernos eligen pagar intereses y refinanciar deuda, o sostener el gasto social (educación, salud, etc.). Al elegir la primera de esas opciones extremas, el gobierno de la Alianza alimentó la crisis, y para todos fue evidente el problema. Cuando el breve presidente Rodríguez Saá declaró en el Congreso el default de la mitad de la deuda –que ya era un hecho, antes de su anuncio-, señaló al pasar la necesidad de investigar la deuda. El anuncio quedó en la nada.

Duhalde, en cambio, postuló una nueva idea: “hacer a los acreedores socios del crecimiento”. Pagando puntualmente, buscó mostrar que el problema no estaba en la deuda en sí, sino su rol, que debía supeditarse a la producción. Con esta lógica negoció durante un largo año con el FMI. Su ministro de economía, Lavagna, funcionó como puente operativo para llevar esta misma lógica al gobierno de Kirchner: pagar todo lo que se pueda, y que los acreedores sigan prestando, pero ahora, para invertir productivamente. El incumplido sueño keynesiano: la inversión se financió, especialmente en esos años, con ganancias de las empresas, que tanto obtenían, que les alcanzó para invertir, desendeudarse y acumular recursos improductivos.

¿Cómo se traducía en la negociación esta “asociación productiva”? El elemento novedoso y tentador del canje de 2005 fue la incorporación de bonos atados al crecimiento del PBI: toda vez que el país crecía, le pagaba más a los acreedores. Por supuesto, a esta “asociación” se sumaba en premio, el reconocimiento de intereses caídos, y nuevos intereses. Se redujeron las jurisdicciones de aplicación, pero se mantuvieron dos extranjeras, incluyendo Estados Unidos. Y, por sobre todas las cosas, contra lo que reclamábamos en el 2001 y lo que votamos en la consulta popular de 2003, se produjo un nuevo reconocimiento de deuda espuria.

¿Era gratuito? Claro que no. El canje lo que hizo fue convalidar una vez más la expoliación ilegítima de la deuda, alargando los plazos de pago, pero no mucho más. Como diversos cálculos han mostrado, no hubo quita alguna sobre los montos totales. A cambio de esto, el país obtuvo… básicamente nada. Mientras los recursos externos eran abundantes –mezcla de mayores precios externos, mayor producción exportable, importaciones deprimidas, etc.- no se percibió el peso de este arreglo: parecía que todos podían ganar. Pero cuando la billetera empezó a apretar, desde 2010, la dinámica cambió. El superávit fiscal desapareció, y para mantener el arbitraje del Estado, era necesario encontrar otras fuentes de recursos.

Por eso el gobierno comenzó a desesperarse por obtener nuevos préstamos, aceptando peores condiciones. Así se reabrió el canje en 2010, a pedido de Barclays, Deutsche y Citibank, llegaron más tarde los arreglos en el CIADI, los pagos a REPSOL, el arreglo con el Club de París, etc. Estos acuerdos no generaron nuevos ingresos de divisas, pero facilitaron la emisión de nuevos bonos, incluso, desde el año pasado, en dólares. Se cumplía la promesa de Kirchner, volver a los mercados de deuda, lo que se quiso desde el inicio.

Pero tanta promesa de pagos, tentó a los especuladores de mayor calaña. Aparecieron así los fondos buitres, comprando deuda a precios irrisorios y demandando en cortes ajenas para obtener pagos ingentes. El gobierno contestó: “Queremos pagar, pero no nos dejan”. La respuesta, por supuesto, fue como sangre fresca para el carroñero, que se ensañó: “Si prometen pagar todo lo que puedan, habrá que ver cuánto es eso que pueden”. La disputa jurídica se extendió al encontrar en un tribunal de Nueva York al juez Thomas Griesa, siempre dispuesto a favorecer a los acreedores. El fondo buitre de Paul Singer lo explotó hasta el máximo, y detrás aparecieron otros fondos a buscar su parte.

Desde enero de este año, venció la cláusula RUFO que hubiera permitido al 93% de los acreedores que canjearon su deuda en 2005 o 2010 exigir las condiciones logradas por Singer. Pero una vez vencida, los reclamos, y los fallos de Griesa, continuaron, basándose en una interpretación particular de las cláusulas de pari passu típicas de los contratos. Esto permitió la aparición de los “me too” (“yo también”, en inglés), nombre que grafica el caprichoso reclamo. Son 500 dueños de 5.400 millones de dólares en bonos, que podrían ir hasta los 6.500 millones con los intereses. Si bien el monto total no es un problema irresoluble, tal como con el MNL Capital de Singer, el asunto es que genera incentivos, como repetimos en la jerga económica. Incentivos a reclamar cualquier título, a no aceptar ningún canje, a no tener el menor cuidado con la ilegalidad de los instrumentos que lo sustentan.

Los holdouts, los fondos buitres, los “yo también” y su juez estrella Griesa exigen y reclaman a la Argentina, y tras todo este tiempo y recursos invertidos, no irán por menos de lo que pedían. El gobierno argentino, mientras tanto, trata de sortear la red de trabas legales, para continuar pagando la deuda. La disputa con una fracción minúscula de los acreedores le permite continuar pagando el total de las ilegales e ilegítimas acreencias. Incluso más, atacar a adversarios internos: se descubrió recientemente que el Grupo Clarín tenía dos empresas (VLG Argentina y Grupo Clarín Services) en la misma sede que los fondos buitres, el 1209 de Orange Street en Wilmington, estado de Delaware, Estados Unidos. Una cueva de lavadores de dinero denunciada en el propio país del Norte.

Pero el ruido de esta disputa no debe oscurecer el panorama grande: la continuidad en los pagos, en el endeudamiento –que financia fuga de capitales, no inversiones-, en el mecanismo ilegal e ilegítimo de subordinación al mundo. El pago de intereses de deuda creció un 32% del primer trimestre del año pasado al mismo período de este año, según informó el Ministerio de Economía. Este es uno de los componentes que fuerza al déficit fiscal, que alcanzó los 17.428,6 millones de pesos en marzo pasado. Mientras la prensa del capital insiste con que el problema está en los subsidios a los/as trabajadores/as, no podemos dejar de insistir: la deuda es una de las formas más perversas de transferencia de recursos del pueblo argentino a la especulación mundial. La comisión recientemente creada para investigar la deuda no ofrece ninguna garantía. Los candidatos presidenciales de más presencia sólo insisten en “normalizar” la relación, esto es, continuar las promesas de pagos, algunos, incluso más allá de lo posible.

Por eso tenemos que presionar para que anule la deuda. Del miércoles 3 al viernes 5 de junio se realizará en Buenos Aires la Primera Conferencia Internacional sobre Deuda, Bienes Comunes y Dominación, para debatir sobre el flagelo y la necesidad de una salida definitiva al problema.

La Asamblea por la suspensión de los pagos y la investigación de la deuda, la defensa del patrimonio nacional y los bienes comunes de Argentina convoca a la Primera Conferencia por la Deuda, los Bienes Comunes y la Dominación. La misma se llevará a cabo entre los días 3 al 5 de Junio de 2015.

El economista y titular de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, Julio Gambina, dijo a FM de la Calle que “a principio de 2014 parecía que la deuda pública era un tema del pasado. En la Argentina el gobierno se había instalado el verbo desendeudar. Y parecía un tema relativamente menor porque cada vez incidía menos en el producto bruto. Y eso aparecía como una panacea: Argentina cada día debía menos. Y de la noche a la mañana irrumpió el juicio en EE UU de los inversores llamados fondos buitres y el tema cambió absolutamente de calidad, no sólo para la Argentina sino en el plano mundial. Porque empezó un debate económico, político y cultural. A tal punto que en Naciones Unidas se aprobó una comisión que está presidida por Bolivia nada menos, para discutir las re estructuraciones de deudas soberanas. Porque Argentina argumentaba que cuando un país re negociaba, como lo hizo en 2005 2010 a los acreedores que no ingresaron al canje (un 7% en el caso argentino) debía imponérsele las condiciones de la mayoría que aceptó. Ese debate sumó votos mayoritarios en Naciones Unidas”.

El encuentro tiene un amplio programa del que participarán personalidades de todo el mundo como “Sacha Llorenti, embajador boliviano en las naciones unidas, es decir, quien preside la comisión para discutir el tema de la deuda soberana”, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel, Nora Cortiñas de Madres de la Plaza de Mayo Linea Fundadora, el Secretario General de la CTA Autónoma Pablo Micheli, el ex Ministro de Política Económica en la República de Ecuador, Diego Borja, entre otras.

Según Gambina, “hay un dato de coyuntura muy interesante que es que Argentina ya terminó con el verbo desendeudar y se está volviendo a endeudar. La semana pasada la Argentina tomó nuevos 5 mil millones de pesos de deuda. Hace muy poquito para la expropiación parcial de YPF se asumió nueva deuda por 5 mil millones de dólares. Este viernes que pasó se pagaron 683 millones de dólares al Club de París, una deuda claramente odiosa porque la mayoría fue asumida por el último gobierno militar”.

(Por Francisco J. Cantamutto) Tras 7 años de inefectivas recetas neoliberales para capear la tormenta desatada con la crisis, la Unión Europea dirime sus posibilidades en Grecia. Syriza en una estrategia tensa.

Desde el estallido de la crisis mundial en su sección europea, las instituciones de salvaguarda del régimen –la Troika- ha insistido en trasladar el costo del ajuste a los integrantes más débiles de su “comunidad”. No solo el ajuste debía ser duro, la estigmatización debía dejar claro de qué se hablaba: los “cerdos” por sus siglas en inglés, Portugal, Irlanda, Gracia y España (PIGS) fueron la carne de cañón del ajuste. Salvavidas a las entidades financieras detonantes de la crisis (salvatajes directos, pero también reducción de las tasas de interés para inundar el mercado de euros) y lastre de ajuste social para el pueblo europeo, así se puede resumir la lógica. Esa propia lógica de ajuste es la que favoreció el escenario de protestas en el que emerge Syriza en Grecia, llegando al gobierno con su discurso contra el ajuste.

Las negociaciones han sido tensas desde que formara la coalición de gobierno. Tras tres meses de tirantez, en los que Syriza acabó reclamado fondos a los municipios, el capital ha mostrado su “apoyo”, retirándose masivamente del sistema financiero griego. Parte de los nuevos fondos que la Troika promete son para reponer lo fugado, salvando así a los bancos de caer en su propio juego. Pero la salida de capital ha incrementado el problema de recesión, erosionando el superávit fiscal primario. El flamante gobierno, asumen los analistas, ya no cuenta con la amenaza de no pagar intereses y usar esos fondos para pagar pensiones y salarios, como ha dicho hasta el hartazgo que hará el ministro de Finanzas, Yanis Varufakis. Un documento filtrado del FMI da cuenta de que el organismo apuesta al desgaste, y, en última instancia, forzar a Grecia a una bancarrota al estilo de lo que ocurriera en Detroit.

El partido de Tsipras, mientras tanto, negocia, hace compromisos con la Troika, pero no garantiza los pagos, y mantiene la amenaza de salida de la zona euro (llamada “Grexit”). En un ensayo políticamente tenso de teoría de juegos, esta carta de ceración de pagos y salida del euro, señalan, permitiría contar con recursos fiscales y al mismo tiempo recuperar la política monetaria y cambiaria. Para los y las argentinas que recordamos la situación de 2001/2002 sabemos que esta reivindicación de soberanía no es gratuita. El FMI también sabe que esto significaría más ajuste y austeridad, y por eso sostiene sus presiones para arreglar en sus términos.

La semana última Grecia usó sus recursos (Derechos Especiales de Giro) dentro del FMI… para pagarle al FMI. 750 millones de euros giraron sobre sí mismos dentro del organismo, para pagarse en su propia ruleta, graficando con palmaria claridad la lógica financiera que propone. Pero esto no será suficiente para agosto, cuando tiene que pagar 23.600 millones de euros más. De hecho, anunció el último domingo que no pagará los 1.600 millones de euros que le correspondían a inicios de junio. Es decir, lo que ha hecho es comprar tiempo, sin resolver el problema.

Un ala de Syriza ha reclamado públicamente por la ruptura de las negociaciones. Así se expresó el ministro de Reconstrucción Productiva, Panayotis Lafazanis, junto otros tres miembros de la dirección del partido, y otros dos de su comité central. Estas declaraciones funcionan como amenaza política mientras se negocia y estudian alternativas. Es que los tratos no se restringen a la Troika: ante la posibilidad de que ésta no ceda, Grecia ha estado negociando acuerdos con las potencias orientales, Rusia y China. Los desafíos mutuos de la Unión Europea con el gobierno de Putin han sido constantes en los últimos años –como prueba Ucrania- . Grecia comparte lazos culturales fuertes con Rusia, y tiene más herramientas de negociación que su antecesor en las tratativas, la isla de Chipre. De salirse del euro, Grecia no estaría sola, como los representantes de la Troika –y no pocos analistas “progresistas”- pretenden.

A esta alternativa geopolítica, se suma además otra jurídica de interés sustancial para Argentina. Se trata de la auditoría de la deuda que el parlamento está llevando a cabo. Una comisión de 30 integrantes, la mitad de ellos expertos extranjeros, está analizando la deuda griega, y como ya ha adelantado la joven vocera parlamentaria Zoe Konstantopoulou, han dado con indicios de ilegalidad e ilegitimidad, lo cual permitiría hablar de deuda odiosa. Actos de corrupción, interferencias de empresas ligadas a la industria armamentística, autoridades no autorizadas para tomar deuda son algunos de los problemas detectados. El presidente de la comisión es el famoso portavoz del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, Eric Toussaint. A diferencia de la comisión argentina, Grecia detuvo los pagos y puso autoridades reconocidas en la materia a investigar. Incluso más, Grecia ya ha reclamado a Alemania por reparaciones de guerra, cuyo no pago fue clave para la recuperación alemana de postguerra.

El gobierno de Syriza mantiene en vilo Europa con sus negociaciones, que, por el momento, no tienen un final claro. Si la Troika los doblega, será un nuevo éxito en la trayectoria de soluciones neoliberales al problema causado por el neoliberalismo. Además, será un nuevo estallido social en Grecia, que difícilmente el gobierno pueda sobrevivir. Que Grecia declare el default, no sería nada demasiado nuevo o terrible respecto de su situación actual; pero una salida del euro sí sería un fuerte golpe. Más si esto significa un acercamiento a Rusia, que saldría fortalecida sin mayores costos. La auditoría de la deuda, finalmente, representa el antecedente quizás más valioso de lo que está ocurriendo, emulando la experiencia de Ecuador.

La Federación de Trabajadores Aceiteros Desmotadores de Algodón (F.T.C.I.O.D y A.R.A) sostuvo medidas de fuerza durante más de un mes, paralizando la producción de más de 40 empresas en todo el país.

Según dijo a FM de la Calle el delegado de Cargill, Juan Marcet, siguen con medidas de fuerza ya que “en el día de ayer hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo. La empresa y nuestra federación llegaron a un acuerdo pero el Ministerio no lo quiere homologar”.

La negociación final entre patronal y trabajadores arrojó un monto de $ 14 300. “Lo que estábamos pidiendo nosotros era de $ 14 931. Si lo homologa el Ministerio de Trabajo estaremos levantando el paro”, explicó el dirigente.

Respecto de las versiones que afirman cortes totales en los accesos a este polo industrial, Marcet afirmó que “seguimos entregando panfletos pero al único que se corta es a Cargill. Las otras empresas tiene acceso sin problemas”.