Ante el falso “diálogo social” de Macri, no queda otra que ganar la calle

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(Por José Rigane*) A un mes de asumir, el gobierno del presidente Mauricio Macri comienza a dejar en claro con hechos -no sólo con palabras- la política económica y social que quiere llevar adelante en Argentina. Por un lado, intenta hacernos creer a través de ministros como Triaca o Prat Gay que hay un retroceso del proceso inflacionario, con lo cual no reconoce la devaluación provocada con la quita del cepo en diciembre ni del aumento disparado de los precios de los alimentos a fin de 2015.

Desde el gobierno nacional se hace hincapié en el “dialogo social” (aunque avanza en realizar masivos despidos en distintos organismos estatales). Se reivindica desde el ejecutivo nacional a este acuerdo social como una meta a alcanzar y se remarca que participarán los gobernadores provinciales y algunos dirigentes políticos. También se reivindica el proceso de unidad de los dirigentes sindicales, sobre todo de la CGT.

Pero, por otro lado, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, les pide a los dirigentes sindicales “responsabilidad” a cambio de las paritarias y de quitar algunas presiones tributarias a los trabajadores como ganancias (impuesto al salario). Es decir, desde el gobierno dicen que podrían modificar el sistema de ganancias pero amenazan con que las demandas de los trabajadores para las paritarias tengan “responsabilidad”.

Sobre este tema Prat Gay fue el más claro del gobierno nacional cuando dijo que “cada gremio sabrá hasta dónde arriesgar empleos a cambio de salarios”. Es decir, que los trabajadores vamos a tener que optar entre “salario o empleo”.

Prat Gay directamente nos está amenazando a los trabajadores diciéndonos que si reclamamos aumento de salario en las paritarias se van a “venir” despidos masivos. Además, dijo que la inflación no va a superar el 20 o 25% y, por lo tanto, las paritarias no tienen que superar de ninguna manera esa cifra. Es decir, Jorge Triaca y Alfonso Prat Gay le están poniendo un cepo a las paritarias.

Esto es una verdadera extorsión porque en realidad de lo que se está hablando es algo que los trabajadores ya conocemos en Argentina, como ocurrió en la época de Martínez de Hoz o con Domingo Cavallo.

Es decir, lo que el gobierno busca es “competitividad” para los empresarios y los trabajadores sabemos que esto significa bajar salarios y cambiar el régimen laboral. Es decir, significa una gran pérdida del poder adquisitivo de los asalariados. Esto no siempre le resulto efectivo al poder en nuestro país, porque se encontraron con la presencia de los trabajadores en la calle. Nuestro pueblo tiene una rica experiencia en enfrentar estas políticas.

Pero Jorge Triaca continua diciendo que “tenemos que recuperar competitividad y los dirigentes sindicales son concientes de esto”. Y sigue: “en los últimos tiempos hubo desorden en el ámbito del trabajo, hubo fallos que modificaban el modelo sindical, otorgaron personería gremial, etc. y esto requiere un reordenamiento, una modernización”.

Esto los trabajadores también sabemos qué significa: ajuste para los trabajadores y más ganancia para los empresarios (garantizada por el gobierno).

Como venimos diciendo desde la CTA Autónoma, evidentemente no queda otro camino que ganar la calle. No queda otra opción que organizarnos más y mejor para desarrollar poder propio. Pero no hay que ganar la calle de cualquier manera: hay que recordar que parte de esta situación que vivimos hoy se genera en un pasado donde no se quiso, no se pudo o no se tuvo la voluntad política en avanzar en tomar las medidas políticas, gremiales y sociales que se requerían para profundizar a favor del pueblo y los sectores populares. Es decir, que no todo es responsabilidad de lo que genera este gobierno de Macri en la actualidad.

Los trabajadores tenemos que defender nuestros intereses, gobierne quien gobierne. Los trabajadores debemos organizarnos y discutir cuál es la mejor forma de enfrentar este nuevo ataque a nuestros bolsillos. Los trabajadores tenemos que discutir y debatir, pero pongamos por delante la organización y la unidad para salir nuevamente a la calle a luchar, como siempre lo hicimos.

* (Sec. Adjunto de la CTA Autónoma y Sec. Gral. de la FeTERA)

Fuente: Fetera

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Movilizaciones y acciones legales contra represión y ajuste

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La CTA Autónoma de la Provincia de Buenos lleva adelante una medida de fuerza con un acto central en la bajada de la Autopista, en La Plata

A su vez, la Central presentó un recurso de amparo y participó de la movilización de ayer frente a la Municipalidad Platense, en repudio a la represión del viernes pasado y por el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados. Exige además mayor presupuesto para las Áreas de Políticas Sociales y repudia los despidos en el Sector Privado.

Durante la jornada de ayer el Secretario General de la CTA Provincia, Oscar de Isasi, dijo en conferencia de prensa que las razones del conflicto se deben a que “la Gobernadora ha decidido de manera anticonstitucional, por un decreto, suspender la Ley de Paritarias Municipales por 180 días. Y con la misma excusa de que no hay presupuesto, decidió suspender la negociación paritaria que habían comprometido se iba a realizar en enero.”

“Entendemos que ese decreto también intenta cercenar derechos construidos por consenso por el conjunto de los trabajadores municipales, como el salario Mínimo, Vital y Móvil, el derecho a que las plantas de personal tengan Estabilidad Laboral, el derecho a la Licencia por Violencia de Género, Maternidad y Paternidad. No solo intentan quitarnos todo eso sino que además lo hacen de una manera autoritaria y anticonstitucional”, agregó.

Por su parte, la seccional de ATE Bahía Blanca lleva adelante un paro por 24 horas en reclamo de “aperturas de paritarias, contra los despidos y la represión, pase a planta de los trabajadores precarizados y por vigencia de la Ley de Paritaria de los Municipales”.

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Aumentos de precios y chantajes entre empleo y salario

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(Por Julio Gambina) La inflación está en el centro de la evolución económica de estas horas, con una aceleración que se inició antes de asumir el nuevo gobierno de Macri y que no para en el verano, con una proyección preocupante para todo el 2016, con valores que se acercan al 40% y sin el INDEC normalizado.

No se trata de adivinar a cuanto escalará la suba de precios, pero el tema es clave a la hora de discutir, próximamente, las paritarias. La regresiva distribución del ingreso actúa ya, bajo la lógica del mercado, en la oferta y la demanda, de precios en alza e ingresos populares congelados.

El aumento de los combustibles de 6% en esta semana, que se replicará en marzo próximo resulta emblemático, por su impacto en toda la cadena de valor. Alimentos y medicamentos están a la cabeza del aumento de precios, y son precisamente importantes al medir la capacidad de compra de la mayoría de la población.

Los aumentos de precios posibilitan recomponer las ganancias de las empresas con capacidad de fijar precios, en un ciclo de desaceleración económica y recesión productiva, al mismo tiempo que deprimen la capacidad de compra de los ingresos fijos, imposibilitados de actualizar sus precios, el de la fuerza de trabajo. Por eso, a comienzo de año, se sigue demandando un bono compensatorio de fin de año.

Empleo o salarios

Resulta interesante considerar el chantaje del Ministro de Economía, quien sugiere optar entre empleo y actualización salarial. Se trata de una opción que se presenta en el marco de despidos que ocurren tanto en el sector estatal como en el privado.

En el Estado el tema se enrarece con la discusión de los “ñoquis” o designados políticamente, escamoteando el tema de fondo de la precariedad laboral de contratados por más de una década. En el sector privado, la realidad de los despidos transita por la lógica de la impunidad derivada de la ausencia de delegados de las/os trabajadoras/es.

La discusión sobre “ñoquis” oculta el debate sobre bajos salarios y precariedad, especialmente en los Estados municipales, con ingresos de trabajadores menores a los de los Estados provinciales y de estos respecto de la Nación. Sin hablar de la inseguridad de esos contratos, explicitados con la masiva rescisión ocurrida en estas horas, acompañada de represión ante la lucha de esas cesantías.

Queda claro que la variable de ajuste son las/os trabajadoras/es, contra la impunidad empresaria y una política económica de ajuste fiscal regresiva y estimulo inflacionario que consolida la brutal transferencias de ingresos desde la mayoría de la sociedad a la minoría más concentrada del poder económico.

El Estado en debate

Incluso, lo que no se discute es ¿qué Estado es necesario?, ¿con cuántos trabajadores y para qué funciones? Ello nos lleva a una discusión sobre los ingresos y los egresos del Estado, o sobre quienes sostienen financieramente al Estado y en que se gasta. El Estado siempre actúa, lo que necesitamos esclarecer es para quién actúa, quién se beneficia y quién se perjudica.

La historia reciente del debate presupuestario, por ejemplo, se agota en la iniciativa del Poder Ejecutivo y su hegemonía en el Parlamento o su capacidad negociadora con legisladores opositores, tal como ocurre en estas horas en la Provincia de Buenos Aires con oficialismo sin mayoría en el Congreso provincial.

Es cierto que lo formal deriva en una democracia “delegativa, representativa”, sin lugar a la participación social. No existe participación de la sociedad en el debate, salvo la delegada a los poderes legislativos y ejecutivos.

Algunas veces se nos consulta sobre qué medidas alternativas podrían sustentarse. Bueno, el presupuesto participativo, con asambleas territoriales o sectoriales serviría para considerar la orientación de los recursos públicos en diferentes niveles del Estado, municipal, provincial o nacional.

Es una utopía esperar una respuesta en ese sentido desde un gobierno que se orienta a profundizar la iniciativa privada, pero constituye un programa a sustentar desde el movimiento popular.

Discutir el régimen tributario es una gran asignatura pendiente, mediada por límites del régimen federal actual y sus formas de funcionamiento, en donde opera el condicionante financiero de la Nación sobre las provincias y de éstas sobre las Municipalidades.

Cuestión de poder

Tanto la inflación como el Estado remiten a una cuestión de poder. Por eso se propone desde el gobierno Macri un Pacto Social tripartito, entre el sector empresario, el sindicalismo y el Estado, que ahora parece demorarse hasta que se pueda deteriorar la capacidad negociadora de trabajadoras y trabajadores. Los empresarios están más que dispuestos para una negociación condicionada, en la perspectiva de contener el costo salarial e inducir una escalada de facturación y ganancias.

El conflicto social existente demora los objetivos del gobierno por el pacto que ajuste salarios, por lo que dejan operar las leyes del mercado, con la escalada de precios y un restringido accionar del Estado para morigerar el impacto social, con el bono mísero de $400 para jubilados de la mínima y planes sociales; la continuidad de los “precios cuidados”, claro que con precios actualizados, y alguna mediación en conflictos visibilizados por la prensa, caso de Cresta Roja.

Desde el gobierno Macri se imaginaba que su política de shock iba a ser acompañada, desde el consenso electoral, por la docilidad de la organización social y sindical de los trabajadores, pero también por la solidaridad y disposición de los mercados mundiales.

Ninguna de ambas premisas se materializa. No hay disposición social a resignar derechos adquiridos, y la crisis mundial tiene dinámica propia más allá de la profesión de fe ideológica en la lógica mercantil.

La sorpresa de estas horas es China, con nuevas devaluaciones e impacto en los precios relativos a escala global, con baja de los precios de las commodities, especialmente el petróleo y los alimentos, y fortalecimiento del dólar contra otras monedas mundiales. La guerra monetaria continúa y es forma de expresión de la disputa entre los Estados nacionales por atraer capitales excedentes del sistema mundial.

¿Qué tiene que ver todo esto con la Argentina? Que los sojeros quieren un mejor tipo de cambio ante la baja del precio de la soja. El dólar volvió a subir esta semana, con mayor demanda de importadores. Eso alimenta la expectativa especuladora de productores para la exportación, que retienen producción en espera de mejor cotización de la divisa. Además, los capitales que se buscan en el exterior, inversiones o préstamos, para sustentar la política económica de Macri demandan enormes concesiones para decidir su rumbo inversor o de préstamo en el país, tentado por las ofertas sugeridas en otros territorios, especialmente, por la expectativa de continuidad en la suba de las tasas de intereses en EEUU.

No es tan sencillo para el gobierno Macri construir el consenso político hacia un programa reaccionario, y no alcanza con lo logrado en el proceso electoral, ya que a la hora de gobernar, las contradicciones locales y globales actúan. Es la lucha de clases que se abre camino más allá de la voluntad gubernamental.

Es poco lo cambiado esencialmente en Argentina, ya que el modelo productivo y de desarrollo se sostiene, con modificaciones en la explicitación del interés por las ganancias de las empresas, enfatizado por un gobierno sin mediación política, con empresarios definiendo las políticas de Estado. Por ello es que se impone el debate de la cuestión del poder, en el orden local y mundial.

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Macri, semana uno

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(Por Francisco J Cantamutto) El gobierno no nos hizo esperar para saber cuál era el cambio del que hablaba.

 Una semana. Es lo que tardó Macri en mostrar sus cartas, todas juntas y a la vez. Con una soberbia que sólo empata con la ignorancia de algunos de sus funcionarios, como Sergio Bergman, quien reconoció públicamente desconocer sobre la materia del Ministerio que quedó a su cargo (Ambiente y Desarrollo). Sabiéndose en minoría en el Congreso, sin suficientes gobernadores de su lado y con más de la mitad del electorado en contra, optó por el camino de la sinceridad. Y éste consistió en incrementar el sesgo mayoritario del presidencialismo argentino. Sí, el discurso republicano duró menos que un suspiro. Decreto a decreto avanzó el flamante presidente porque, según explicó el Ministro de comunicaciones Oscar Aguad, “una ley del Congreso no puede limitar la capacidad del presidente”. “Es tan absurdo”, sentenció el ministro ignorante de la Constitución. Tan ignorantes y soberbios que fueron por todo tratando de nombrar una Corte Suprema por decreto: la división de poderes quedó para los sueños mediáticos de Carrió.

El atropello de decretos tuvo en la economía uno de sus ejes. No sólo el ajustazo que pretendieron pasar “por error” en el sistema educativo, sino en las disposiciones sobre el comercio exterior anunciadas. A pesar de ser materia de discusión legislativa, como le recordaron a Cristina Fernández en 2008 las entidades del campo, el flamante gerente de la Nación Macri tuvo rienda suelta para animarse desde Pergamino, epicentro del poder sojero: desaparecen las retenciones para exportaciones de carnes, maíz, trigo y girasol, se reducen de 35% a 30% para la soja, se eliminan las Declaraciones Juradas Anticipadas. Como proclama libertaria, explicó el ministro Prat Gay que “el que quiera importar, o exportar, o comprar dólares, lo va a poder hacer, nadie lo va a perseguir”. Por eso el anuncio se completó frente a la Unión Industrial, explicando que ahora las mercancías serían libres de entrar al país cuando quisieran: sobre 19.000 productos, se libera el comercio de 18.000. Un gesto de velocidad y profundidad de apertura que sólo puede compararse con el frenético impulso de Menem por implementar la Convertibilidad.

Los empresarios PYME salieron de inmediato a explicar que esto implica una competencia que no pueden enfrentar. En un mundo en crisis, sin demanda, inundado de bienes producidos basándose en salarios bajos, la apertura implica una oportunidad de negocios para las grandes multinacionales. Siempre siguiendo las declaraciones de los dirigentes PYME, se espera que esto impacte negativamente en su capacidad de emplear mano de obra, lo que significa, en buen criollo, despidos y caída de la demanda agregada. Escenario que se acoplaría con el ya existente de recesión en la cadena automotriz, donde pululan recortes de horas extra y suspensiones.

Pero la verdadera estrella en el firmamento PRO-Cambiemos es la liberación de los controles de cambios (el mal llamado “cepo”). A partir del jueves, se pueden comprar sin trabas ni regulaciones los dólares que cada quien pueda pagar, hasta el límite de los dos millones para atesoramiento. Un verdadero cambio en las libertades básicas. Y una vez quitadas las trabas a la demanda, el efecto obvio esperado es un aumento del precio de la divisa: esto es, una devaluación. Según estimaciones del gobierno al hacer el anuncio, su nuevo nivel rondaría los 14-15 pesos por dólar (en una curiosa simetría multiplicada por diez del paso del uno a uno de la Convertibilidad al 1,40 de Duhalde, que duró un mes). Para pasar la prueba de fuego del día uno, el gobierno había arreglado antes con los operadores fuertes del mercado. En calidad de urgente, negoció nueva deuda –en condiciones que aún desconocemos- con la oligarquía financiera mundial (la vieja casa de Prat Gay JP Morgan, Citibank, Deustche, HSBC y Goldman Sachs), una extensión de los créditos con China, y la liquidación en el mercado de la producción retenida por el agro (que con la devaluación, incrementó sus ingresos en un 40-50%, sin correlato alguno en sus esfuerzos). En total, al menos 17.000 millones de billetes verdes para auxiliar los algo más de 28.000 que hay en el Banco Central. Negocian frente a los poderes mundiales otras vías de crédito, volviendo a la ruleta de la deuda bajo el eufemismo de “inversiones”.

La devaluación, por supuesto, no era ninguna campaña de miedo, sino una previsión concreta de lo que iban a hacer. Sólo por eso tiene sentido cuestionar la acción del ex presidente del Banco Central, Vanoli, por vender dólares a futuro al precio que se votó en el presupuesto nacional: porque de ganar, Cambiemos quería un dólar más caro, como están demostrando ahora. Está por verse que este paquete de arreglos sea suficiente para contener la demanda, evitando lo que se conoce como “overshooting”: que el precio del dólar se pase de largo antes de entrar en la curva y volver a su senda. El nuevo presidente del Central, Sturzenegger, ha ofrecido como prenda de cambio para contener esta demanda un aumento en las tasas de interés (llegaron al 38% en las tasas de referencia): de rendir más los depósitos, se espera que esos pesos no vayan a los dólares. Con la misma lógica, Duhalde llegó a emitir letras al 129% de interés en junio de 2002.

La devaluación, también por supuesto, se pasará en alguna medida a precios. Como los operadores más fuertes ya hicieron este pase a precios por adelantado en noviembre –gracias al aviso previo de Prat Gay-, ahora se pueden sentar en la mesa con el gobierno a negociar menores aumentos. Retrotraer precios a noviembre es un cuento de hadas, como los propios grandes empresarios dieron a entender. A pesar de dar continuidad al programa de Precios Cuidados, el nuevo gobierno lo estaría reduciendo a la canasta básica de alimentos, quitando gran parte de los 512 productos actuales. Y además, pretendiendo ocultar el sol con la mano, en el colmo del cinismo, han anunciado no publicar los datos de inflación de diciembre. La suba de tarifas de los servicios comenzará a sentirse a partir del siguiente bimestre. Mientras tanto, laburantes deberemos esperar para recomponer nuestros ingresos: las paritarias comienzan recién a partir de febrero.

Esta liquidación del salario a favor de los grandes exportadores y la renovación del negocio de la banca representan un importante retroceso social, que se empezará a sentir en los meses que siguen. Está por verse que esto impulse el empleo, como sugieren los defensores de la medida.

Cambiar, cambiamos: para peor. Esta primera semana de arrebato lo atestigua.

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“30% de aumento en artículos de la canasta básica”

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La Central de los Trabajadores Argentinos Bahía Blanca – Coronel Dorrego emitió un comunicado de prensa en el que expresan que “en el lapso de dos semanas los precios de los artículos de la canasta básica familiar han trepado hasta un promedio del 30%”.

Asimismo, el documento sostiene que “en los hechos la escalada impacta de pleno en el poder adquisitivo de los asalariados y los jubilados produciendo una extraordinaria transferencia de ingresos hacia los grupos más concentrados de la economía que dominan el mercado”.

La CTA responsabiliza de manera compartida a los gobiernos entrante y saliente ya que “el que se fue, inició el proceso después de las elecciones autorizando un aumento del 10% en los combustibles, producto de sus acuerdos con las empresas petroleras en un momento en que el precio del barril de petróleo se ha derrumbado en el mercado internacional” y “los anuncios del equipo económico entrante de devaluar la moneda y eliminar las retenciones  fueron la señal para que las grandes empresas formadoras de precios dieran rienda suelta a un aumento generalizado de la mayoría de los productos”.

En torno a las nuevas autoridades en el ámbito laboral, la central sostiene que “otro aspecto de la misma política de ajuste es el anuncio del ministro de Trabajo Jorge Triaca atar futuros aumentos de salarios al ´aumento de la productividad´. La productividad puede aumentar por 2 vías: por renovación tecnológica o produciendo más en el mismo tiempo de trabajo. Como nadie habla de invertir la consecuencia será solo hablar aumentos a cambio de incrementar los ritmos de trabajo”.

Sumado a esto “la Unión Industrial Argentina en la que se nuclea buena parte del empresariado ha convocado para el 14 de diciembre a su Convención anual, en la cual tendrá un invitado de lujo´´ el presidente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Guy Ryder. Se espera también la presencia del presidente Macri y de buena parte de la dirigencia sindical. Allí intentarán echar las bases de un “acuerdo económico social” que en nuestra historia se conoce como un Pacto social”.

“Los empresarios de la UIA traen al experto sindical para intentar convencernos que debemos resignarnos y adaptarnos a estos cambios que no son otra cosa que empleos más precarios, salarios a la baja o la siempre latente amenaza de despidos que ya han puesto en marcha (Cresta Roja,  Paraná Metal de Cristóbal López etc). Le reservan a las burocracias sindicales el rol consensuar este rumbo y contener la protesta social, responsabilidad en la que tienen larga experiencia”.

La organización adelantó que no aceptarán “atar el futuro de trabajadores y trabajadoras a las políticas de los empresarios, de forma tal que puedan maximizar ganancias. Que sabemos que en boca de ellos Pacto social se traduce en recorte de salarios, en paritarias encorsetadas, en limitaciones al derecho de huelga”.

Finalmente, la central dijo que “si este es el camino elegido nos preparamos para resistir en unidad, defendiendo el trabajo genuino para todos y la suspensión de los despidos, el salario mínimo vital y móvil igualado a la canasta familiar, el 82%móvil para todas las jubilaciones, el pase a planta de los trabajadores precarizados y las paritarias libres sin techo, con un aumento de emergencia hasta la concreción de las mismas que compense la estampida de precios que ellos mismos han producido”.

FM De la Calle habló con el Secretario Adjunto de la CTA regional, Enrique Gandolfo. Escuchá la nota completa:

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Aumentó la conflictividad social

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El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma presentó un informe en el cual sintetiza la información sobre conflictividad laboral, negociación colectiva y mercado de trabajo correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2015. Esta 12° entrega trimestral se enmarca en una línea de investigación iniciada en el año 2007.

Con respecto a los datos sobre conflictividad, se registró un total de 254 conflictos la mayoría de los cuales ocurrió en el sector público (62,6%), mientras que los llevados a cabo en el sector privado tuvieron una participación menor sobre el total (33,5%). La evolución total de los conflictos muestra un incremento respecto al trimestre pasado y también en la comparación interanual que se explica por los conflictos públicos manteniéndose en los valores más altos de los últimos años.

Dentro las disputas públicas predominan las dirigidas contra los Estados Provinciales (62,2%) mientras que en las privadas, se explican por la presencia mayoritaria a nivel de empresa. Al observar las causas de los mismos, vemos que se mantiene la tendencia de los últimos años: en el sector público los principales motivos se vinculan con reclamos por mejoras salariales y condiciones de trabajo, destacándose la presencia de disputas por tipos de contratación; y en el sector privado los principales reclamos se explican por situaciones de crisis y demandas salariales.

En línea con la cantidad de conflictos, la mayoría de las acciones conflictivas también se registró en el sector público (266 acciones), teniendo una participación menor sobre el total las llevadas adelante en el sector privado (155 acciones). En la conflictividad total las medidas de mayor frecuencia fueron las declaraciones de paros y los paros efectivos seguidos de las movilizaciones y las medidas comunicacionales.

Respecto a la negociación colectiva, durante el primer semestre del año 2015 se registraron 704 unidades homologadas. En relación al tipo de unidad negociada, este semestre continúa la tendencia registrada en esta última década, donde es mayoritaria la negociación de acuerdos en relación a convenios; y donde predominan las negociaciones a nivel de empresa en relación a las de actividad. También existe continuidad sobre los sujetos que protagonizaron la mayoría de las negociaciones colectivas: las federaciones y las uniones nacionales; tendencia que se mantiene desde el año 2009.

En el informe se resume el contenido de la mayoría de las negociaciones salariales por actividad. A lo largo del primer trimestre se intentó instalar la idea de un posible “techo” salarial en torno al 27% para la negociación de las paritarias. Si bien algunas actividades cerraron sus acuerdos en Casa Rosada y con porcentajes en torno al 27% (como por ejemplo metalúrgica, comercio, construcción, administración pública y encargados de edificio), varios hechos han confirmado la relatividad de ese “techo”: el conflicto que protagonizaron los trabajadores aceiteros a partir de un paro que duró 22 días, el paro de dos días de los bancarios en el mes de abril y las movilizaciones y los paros por turno de los trabajadores de la industria de la alimentación, todos ellos superando ampliamente el 27%. Otras actividades que firmaron incrementos superiores al 27% fueron: Luz y Fuerza (Mar del Plata), subte, seguro, camioneros, químicos, entre otras mencionadas en el informe.

Los acuerdos salariales mantuvieron la misma forma que en los últimos años: se pactó un aumento porcentual en cuotas (como en todos los casos presentados menos en el de los aceiteros); una suma de carácter no remunerativa (como en el caso de comercio y el sector plástico); y en algunos casos se optó por otras estrategias de aumento: recategorización (metalúrgicos), aumento de “viáticos” (alimentación), aumento del adicional por presentismo (aceiteros) y extensión de la vigencia del acuerdo a 18 meses (transporte de pasajeros).

DESCARGAR EL INFORME COMPLETO

 

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INCOB: asamblea para la nueva etapa

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El viernes 11 las trabajadoras y los trabajadores del Frigorífico INCOB realizarán una asamblea “para lograr la destitución de la anterior comisión y votar una nueva que garantice la continuidad laboral de las 70 familias” que dependen de la empresa recuperada. Durante el encuentro, establecerán “un nuevo método de organización contable, verdaderamente democrático, transparente y donde los trabajadores podamos realmente trabajar en una cooperativa”.

Lxs trabajadorxs rechazaron “la campaña de mentiras y calumnias que vienen sosteniendo en los medios de prensa el señor Enrique Garaggiola y socios allegados a él, en el que dicen que nosotros usurpamos el frigorífico o dejamos en la calle a familias”.

“También alertamos sobre las prácticas patoteriles que vienen ejerciendo estas personas, quienes días atrás nos atacaron con armas de fuego, hecho que produjo graves heridas en compañeros y mujeres del frigorífico, cuestión que hicimos de público conocimiento y por el cual hemos iniciado las presentaciones judiciales correspondientes para que se haga justicia”, agregaron en un comunicado.

Lxs obrerxs de INCOB reclaman su “legítimo derecho a remover de la presidencia a Enrique Garaggiola, quien durante años ha ocultado los balances económicos de la Cooperativa, lo que ha provocado deudas que ponen en riesgo nuestra fuente de empleo. También denunciamos los métodos de humillación y discriminación que ejerció durante la presidencia a los trabajadores y las mujeres”.

Finalmente, llamaron “al conjunto de la población trabajadora de Bahía a acompañarnos, para terminar con los ataques y las patotas, y establecer lazos de unidad y solidaridad entre todos, en defensa de los puestos de trabajo”.

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Movilizaciones contra la megaminería

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En distintas ciudades del país se realizó este jueves una Jornada Nacional contra la Megaminería. Actualmente unas 30 empresas transnacionales, como Meridian Gold, Tenke Mining Corporation, Barrick Gold, Xstrata Plc, Northern Orion Resources, AngloGold Ashanti y Silver Standard Resources, llevan a cabo proyectos de exploración y extracción de minerales en Argentina, todas utilizando en su mayoría personal tercerizado.

Desde Santa María, Catamarca, a pocos kilómetros de la Minera La Alumbrera, Karina Matinelli aseguró a FM De la Calle que la jornada surgió a partir del derrame de agua cianurada en Jáchal: “La verdad que es tristísimo porque le arruinaron la vida al pueblo, los productores ya no pueden producir usando el agua del río porque está totalmente contaminado no solo con el cianuro que se puede evanecer con el sol o el aire sino el tema de los metales pesados, le han dejado metales a niveles de 1400% por encima de lo que establece la OMS. La situación es desesperante”.

Las trasnacionales mencionadas arriba consumen por día alrededor de nueve toneladas de explosivos para volar las montañas, grandes cantidades de químicos como el cianuro de sodio, el arsénico y el ácido sulfúrico para separar los metales de la roca, y millones de litros de agua potable, generando la contaminación de los suelos, ríos, arroyos y acuíferos, empobrecimiento y enfermedad de los habitantes.

Las organizaciones convocantes denunciaron que la “complicidad de la gran mayoría de los políticos, incluyendo a quien será nuestro próximo “PRESIDENTE”, según las leyes 24.196 (Inversiones mineras), 24.228 (Pacto Federal Minero) y 24.224 (Reordenamiento minero), estas empresas gozan de grandes beneficios, mientras saquean nuestros bienes comunes, y envenenan a nuestro pueblo”.

“No podemos seguir permitiendo esto, debemos estar aunados en esta lucha hoy más que nunca y demostrar que no estamos de acuerdo con la economía basada en el saqueo de nuestros bienes comunes, en la generación de riquezas para muy pocos, sin importar la devastación y desempleo que estas generan. Sumáte en tu ciudad. Es momento de que se vayan”, agregaron.

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YPF-Chevron sin secretos para Vaca Muerta

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La Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén. FALLO COMPLETO.

La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y Chevron en las áreas mencionadas.

La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, del 4 de diciembre de 2013 y del 26 de marzo de 2014, el fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Con base en estos principios, la sentencia examina la particular situación de YPF SA. En especial, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio.

Por ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades.

El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.

Por otra parte, la decisión aclara que YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento alas funciones públicas.

La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, remarcó que las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos.

Por todas estas razones, consideró que no existían motivos que justificaran la decisión de YPF SA de rechazar el pedido de información efectuado por Giustiniani.

Finalmente, el Tribunal aclaró que por ser YPF SA la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation.

La ministra Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia en el que se remitió al dictamen de la Procuración General y declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que correspondía dar intervención a Chevron Corporation en la presente causa.

Fuente: CIJ.

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A 10 años del ALCA: el programa de libre comercio continúa

(Por Julio Gambina)Esta semana se hicieron actividades conmemorativas del rechazo al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en varios países de la región, y por supuesto también en la Argentina.

Resulta interesante recuperar la memoria de una de las gestas más importantes protagonizadas contra un proyecto estratégico de las clases dominantes en la región. La liberalización impulsada por EEUU en las negociaciones por el ALCA contaba con el consenso de todos los gobiernos de la región, excepto Cuba, excluida de los cónclaves de Presidentes de las Américas.

Todo era producto de la lógica neoliberal que imperaba en los años 90, los del Consenso de Washington, a favor de la iniciativa privada y la liberalización de la economía.

La combinación de la campaña continental contra el ALCA y el acceso al gobierno de Hugo Chávez en 1999 significó el primer escollo al avanzado proyecto por el ALCA que se negociaba en secreto. En efecto, en la III° Cumbre de Presidentes de las Américas del 2001 en Quebec, apareció la primera fisura en la reunión de los jefes de Estado, con una gigantesca movilización continental de la II° Cumbre de los Pueblos en las calles de la ciudad canadiense.

Allí empezó una nueva etapa, con el fin del secreto en las negociaciones de los Jefes de Estado. Fue el comienzo del fin de un tratado que definía en el corto plazo la integración subordinada de nuestros países a la lógica de liberalización del capital transnacional y los intereses de la política exterior estadounidense. La libre circulación de mercancías, servicios y capitales constituía el sentido de la política aperturista del ALCA.

Ese estado de situación del No al ALCA se potenció en los años siguientes y en noviembre del 2005 en la IV° Cumbre de Presidentes de las Américas en Mar del Plata, George Bush y los gobiernos aliados intentaron reinstalar la agenda por el ALCA. No pudieron, ya que fueron frenados por la movilización social reunida en la III° Cumbre de los Pueblos, junto a una nueva correlación de fuerza política en los gobiernos de Sudamérica, especialmente Venezuela y los 4 del Mercosur. La articulación con estos gobiernos impidió la institucionalización del ALCA.

Integración alternativa

Fue un gran triunfo que habilitó una discusión sobre la integración alternativa, con nuevas consignas, como la soberanía alimentaria, energética o financiera.

Ese es el marco para el debate procesado entre 2005 y 2010 para pregonar la necesidad de una nueva arquitectura financiera en la región. Incluso antes, en diciembre del 2007 se suscribió un acuerdo para instalar rápidamente un Banco del Sur, como parte de una estrategia de integración financiera con perspectiva alternativa.

La crisis mundial, actualmente en curso, aparecía con fuerza en el sector financiero hacia 2007, y alentaba en Nuestramérica una búsqueda para transitar senderos alternativos. Grandes cantidades de reservas internacionales se acumulaban en nuestros países y se discutía el uso orientado hacia otro modelo de producción.

Esas expectativas no se concretaron, aun cuando subsistió el objetivo y el discurso por una integración alternativa. Es más, algunas iniciativas avanzaron, caso de la Alianza Bolivariana de los Pueblos (ALBA) por acuerdos entre Cuba y Venezuela hacia fines del 2004, que con la incorporación de Bolivia en el 2006 se transformó en ALBA-TCP (Tratados Comerciales de los Pueblos), para continuar creciendo en adhesiones.

Con el ALBA-TCP se avanzó en el intento de la nueva arquitectura financiera, con un banco y una moneda para el intercambio comercial, el SUCRE; pero con los límites que impone la no integración a esos procesos de los países de mayor desarrollo relativo, especialmente Brasil y Argentina. Si se constituyeron ámbitos de articulación, más políticos que económicos, caso de Unasur y la Celac.

Aquel clima de época y de esperanzadas  expectativas, del lustro siguiente al 2005, no prosperó en su orientación principal, mientras seguían no tan subrepticiamente los estatutos de la liberalización.

Así, el mantenimiento en varios de los países de los tratados bilaterales de inversión y la negociación de tratados de libre comercio, del Mercosur con Israel, por ejemplo; incluso las conversaciones para retomar las negociaciones con Europa desde el 2010, dan cuenta de una agenda liberalizadora que reapareció en la región.

La Argentina no siguió el camino de Bolivia, Ecuador y Venezuela, que denunciaron la participación ante el CIADI. Vale recordar que Brasil jamás aceptó integrarse a la lógica del tribunal impulsado por el Banco Mundial.

Se puede coincidir que la integración alternativa sigue siendo una asignatura pendiente, pero que las demoras en ese proceso favorecieron remedos del ALCA como la Alianza del Pacífico, al que son tentados para ingresar los países que resistieron hace una década al ALCA.

Nuevos protagonistas para la inserción mundial

Otros actores globales intervinieron para definir la inserción de Nuestramérica en el sistema mundial, especialmente China. Se trata de un vínculo de complementariedad sin modificar el modelo productivo.

La presencia china fue creciendo desde las relaciones comerciales, a las inversiones y los préstamos, constituyéndose en varios de nuestros países en primero o segundo país en vínculos económicos internacionales.

Esas relaciones y las condiciones globales de la situación mundial estimularon el alza de los precios de los productos primarios de exportación, algo que ya no ocurre, consolidando la primarización de las exportaciones de Nuestramérica. El resultado directo fue la confirmación de un modelo productivo subordinado a la lógica de acumulación de las transnacionales.

El papel de China avanza en múltiples direcciones y articulaciones globales más allá de Nuestramérica. Pretende su lugar en la disputa de la hegemonía del sistema mundial. Destacan en ese sentido las crecientes relaciones políticas y económicas con Rusia y el liderazgo en la construcción del bloque BRICS, algo que genera expectativas, aun cuando no está propuesta la superación del orden capitalista.

La discusión habilitada para nosotros es sobre el modelo productivo y de desarrollo. Si el problema es la subordinación a un bloque de países u otros sin superar la hegemonía del régimen del capital, o si, de lo que se trata, es de superar la inserción dependiente de Nuestramérica en el orden capitalista.

Subordinación o autonomía para un nuevo modelo productivo

A 10 años del No al ALCA sigue vigente la discusión sobre la inserción internacional de Nuestramérica y el carácter subordinado o autónomo de la integración regional.

No es un tema menor en la Argentina, en momentos en que se define un nuevo turno presidencial. No haber avanzado en la agenda por la integración alternativa en estos años facilita la presión del poder económico por la apertura, la liberalización y la subordinación al programa de máxima del capital transnacional.

Hace muy poco y en Uruguay, la movilización popular denunció el secreto del gobierno uruguayo para integrarse en el TISA y frustró el proyecto, que es una de las tantas formas de institucionalizar la liberalización. El triunfo de la movilización y organización popular muestra el camino a seguir.

Por eso vale la pena recuperar la memoria por el triunfo de hace una década y continuar en la brega por reinstalar una agenda para la integración no subordinada.

No está cerrada la discusión y el momento de mayor expectativa en la construcción de proyecto alternativo estuvo determinado por la dinámica de movilización popular e iniciativa política de transformación. Ese es el desafío en la coyuntura para recrear condiciones de posibilidad para la lucha por la emancipación en la región Nuestramericana.

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Hegemonía y populismo

(Por Francisco J. Cantamutto) El kirchnerismo permitió la construcción de hegemonía para una parte de la clase dominante, a partir de una lógica populista. ¿Qué significa esto?

Parece claro que cualquiera sea el presidente a partir del 10 de diciembre, el capital concentrado y la derecha ya ganaron. Macri y Scioli son alternativas apenas distinguibles, y ninguna de ambas representa un proyecto popular. Las clases dominantes habían expresado en diversos foros los puntos básicos de sus acuerdos, retomados en campaña por ambos candidatos. Sin embargo, afirmar que son lo mismo tampoco es un buen análisis.

Quién construyó hegemonía

En este sentido, hemos sostenido ya que el kirchnerismo es el resultado de la construcción de hegemonía de una parte de la gran burguesía. Esto significa que una parte de las clases dominantes recurrió al consenso activo de las clases populares como forma específica de la dominación. Para conquistar ese consenso, debieron ceder y conceder. Es una rémora de los años puramente neoliberales pensar que la dominación sólo puede organizarse mediante la exclusión total de derechos sociales, como si fueran contradicción lógica y no un resultado contingente de la lucha. Quizás por eso tanta militancia bienintencionada no puede distinguir entre obtener conquistas y dirigir el proceso.

Esto no significa que sea lo que más le guste a las clases dominantes, sino que éstas supieron leer las condiciones en que se daba la disputa. No hay dudas que el kirchnerismo es hijo del 2001, cuando cientos de organizaciones disputamos las características del orden político. Su habilidad estuvo en incorporar al gobierno reclamos y demandas, incluso significantes en el discurso, que sosteníamos en la calle. Esto sólo magnificó diferencias que teníamos desde antes, respecto de interpretación de la etapa y estrategia. Y al mismo tiempo, garantizó un negocio formidable para los capitalistas.

Las clases dominantes, de conjunto, como bloque en el poder, se mantuvieron como tales en estos años: no hubo un reemplazo de la composición social de quiénes dominan. Esto no significa que no hubiera cambios: las alteraciones se hicieron al interior del bloque. En particular, las fracciones agropecuarias y agroindustriales reforzaron su poder económico, pero fueron relativamente desplazadas del poder político. Las fracciones financieras, desplazadas relativamente al principio, fueron reconstituyendo su poder político a medida que la recomposición económica agotaba sus capacidades “inclusivas” y el gobierno tomó como propia la defensa de sus intereses en la épica batalla por pagar la deuda.

La fracción ganadora fue la industrial, y para lograrlo debió apoyarse en una parte de las clases populares. La industria necesita de una transferencia sistemática de excedentes al interior del sistema de acumulación: no sólo la contención de los salarios reales y otras formas de subsidio salarial (como el REPRO), sino el subsidio de insumos como el gas o la electricidad. La industria no sólo logró renovar sus ganancias, sino que dio los lineamientos centrales del discurso mismo del kirchnerismo. Recomendamos seguir con atención la presentación del plan Ahora 12, como la amalgama de neoliberalismo y hegemonía industrial. Su argumento sostiene: financiamos préstamos para el consumo y gracias al consumo aumenta la producción industrial, lo que implica mayor empleo y por ello mismo, más inclusión. Préstamo, consumo, producción, empleo, inclusión, patria.

Populismo

Las fracciones industriales fueron capaces de incorporar demandas populares en su programa, y así lograron conquistar el poder político. Si se trató de engaño o transformismo, no quita el punto básico: las políticas se pusieron en marcha. El elemento definitorio para realizar esta operación política fue oponer pueblo y enemigos del pueblo, antagonizando, polarizando, para ganar cohesión.

En ambos polos de la supuesta polarización política se mezclan las composiciones de clase: la gran conquista de la industria –y luego, de las finanzas- es ocultarse como parte del pueblo, poniendo en el otro polo a una oligarquía vetusta, los fondos buitres, Clarín. Como esta composición de clase se presenta siempre difusa, el ejercicio debe realizarse una y otra vez para convencer: se debe politizar toda decisión, a riesgo de que el bloque socio-político se desestructure por sus propias contradicciones. Cada acto es usado para justificar la tensión antagónica, y afirmar hacia el interior: leerlo como una disputa política donde por fuera del pueblo, los enemigos tejen amenazas. Los enemigos se suceden y alternan, pero siempre presentes, permiten aglutinar al pueblo, incluyendo clases que de populares no tienen nada.

Para que esta lógica tenga posibilidades de ser creíble, debe ser capaz de interpelar sobre lo que ocurre. Hasta que Duhalde no masificó los planes sociales y la acumulación empezó a generar empleo, era poco creíble hablar de “inclusión”. Para que “derechos humanos” tuviera sentido, hubo que derogar las leyes de impunidad y descolgar los cuadros. Expresiones  de este tipo dieron sustento al discurso oficial, y por ellas organizaciones populares y sectores progresistas se acercaron al gobierno. Podemos compartir o no esta lectura, pero el carácter popular del kirchnerismo es predicado de que parte del pueblo lo leyó así: no de nuestra interpretación. Pero justamente porque no todo era construcción discursiva, los últimos años de agotamiento de los aspectos “inclusivos” del proceso, hicieron que la apelación convenciera cada vez menos.

Ahora quedaron entonces enfrentadas dos fracciones del gran capital, la que apostó por construir hegemonía y la que fue relativamente desplazada. La primera sigue siendo por ahora ganadora, toda vez que se teme decir que se va volver atrás alguna medida. Cuenta con el apoyo de algunas organizaciones populares y ciertos sectores progresistas, además de los aplaudidores de rigor. El kirchnerismo ha renovado la estrategia, poniendo a un candidato que garantice el rol preeminente de las fracciones industriales, junto a una campaña que trate de actualizar la estrategia populista (“Patria o Macri”). Enfrente, Cambiemos no explica qué quiere cambiar, y en su lugar, cambia de postura según sople el viento, afirmando lo que ayer se negaba. Esto es demagogia; lo primero populismo. El voto del pueblo está mezclado en ambas opciones, atrapado en las opciones y disputas del capital, que nos continúan enredando en discusiones ajenas. He ahí el éxito de las clases dominantes: acrecentar nuestras divisiones marcando el campo de la discusión.

Creemos humildemente que cualquier estrategia política de izquierda debe partir de un análisis concreto de las fuerzas sociales en disputa, distinguiendo con claridad tanto las similitudes como las diferencias. Y hacerlo aunque de ello no se derive automáticamente ninguna posición política, contra lo que el razonamiento mecánico asegura.

Foto: Reuters

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La economía que se viene luego de las elecciones presidenciales

(Por Julio Gambina) Las elecciones presidenciales de la Argentina (25/10/2015) vinieron con sorpresa, aun cuando y como se esperaba ganó el oficialismo por escaso margen (36,86% a 34,33%), algo así como 9 millones de votos para el Frente para la Victoria y aliados, mientras que la coalición Cambiemos colectó 8.400.000 votantes. Es la primera vez en la historia política argentina, que una opción electoral alineada a la derecha protagoniza una acción de masas de esta magnitud, con el antecedente de 8 años en el gobierno de la ciudad capital, y que ya renovó para otro periodo. Vale recordar que la división de las opciones kirchneristas en 2007 le abrieron las puertas al gobierno de Mauricio Macri.

A una semana del acto eleccionario existe incertidumbre sobre el resultado de la segunda vuelta para el 22/11. Curiosamente, el protagonismo principal en la disputa del voto proviene de la primera mayoría, donde preocupa el ascenso impensado de la opción opositora, que aprovecha el impulso de una votación quizá impensada. A partir de esa realidad es que se mantienen las incógnitas sobre el futuro de la política económica. ¿Qué propuesta se impondrá para atender el problema de la inflación? Es decir, cuál será el horizonte en materia de precios, especialmente de las divisas, y con ello la distribución del ingreso y de la riqueza. La tendencia actual es preocupante, especialmente para los sectores de ingresos fijos.

El dato más novedoso fue el triunfo de la oposición de derecha en la provincia de Buenos Aires, la más grande de la Argentina, casi el 40% de la expresión electoral nacional. Como dato no menor y en simultáneo, gane quien gane la segunda vuelta del 22 de noviembre próximo, los distritos con más población y de mayor peso económico estarán gobernados por la actual oposición. Además de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires gobernada por el PRO, debe incluirse en esa situación, aun con matices de sus gobiernos, a los socialistas en Santa Fe; justicialistas disidentes en Córdoba y los radicales en Mendoza y Jujuy; casi en todos los casos producto de coaliciones opositoras al kirchnerismo, gobernante por 12 años en la Argentina. Sin duda, una nueva historia para la política y la economía en la Argentina.

Celebración del poder y defensiva gubernamental

Entre los sectores hegemónicos del poder económico hubo celebración por los resultados, aun cuando anticipadamente otorgaban crédito a cualquiera de los principales candidatos en la disputa por el gobierno. Ambos son amigables con el poder económico y mediático.

La celebración fue puesta de manifiesto en los negocios procesados en la bolsa de valores y las acciones e iniciativas especulativas. La agenda del poder en política económica fue ratificada en la perspectiva del ajuste y la devaluación, con costo, claro está, para la mayoría de la población, los que viven de ingresos fijos, sean trabajadores activos, jubilados o beneficiarios de planes sociales, incluso, empresarios cuyo destino es la actividad económica en el mercado interno.

En el marco de esa agenda, la preocupación gubernamental apunta a frenar operaciones que disparen anticipadamente la elevación de la cotización de las divisas. Para ello, el BCRA aumentó las tasas de interés sobre los plazos fijos para estimular inversiones en pesos por sobre la demanda de dólares; al tiempo que agudizó las restricciones a la compra de divisas en el mercado local y acelerar la liquidación de activos en divisas de las compañías de seguro. Al mismo tiempo estimula el mercado a futuro para marzo del 2016 con una cotización de 10,80 pesos por dólar. Un gran negocio para especuladores con capacidad de inversión en el corto plazo y que desde ahora descuentan una segura devaluación con el cambio de gobierno. Son medidas que encarecen el crédito y fortalecen las inversiones especulativas de corto plazo, con impacto directo en los precios, que no crecen más por las condiciones de estancamiento presentes desde hace tiempo.

El discurso electoral es convergente hacia el centro, intentando ampliar los núcleos duros de consenso. Por eso desde el opositor Macri se apunta a cambios en las formas de la política más que en nuevos rumbos de la orientación económica, aunque es previsible una mayor relación con el bloque que en la región estimula la liberalización de la economía. El desemboque de ese rumbo es más amigable con la Alianza del Pacifico, que empuja EEUU con sus aliados regionales en México, Colombia, Chile y Perú.

Queda muy lejos un balance crítico a la subordinación liberalizadora que hace una década se sostenía contra el ALCA, que ahora resurge bajo nuevas formas de integración subordinada. El intento de Scioli aparece complicado, con historia y perfil a la derecha del gobierno, lo que provoca discusión al interior del consenso oficial. En esas condiciones realiza esfuerzos por asimilarse lo más posible al imaginario del votante oficialista y enunciar nuevas propuestas. En ese sentido intentó difundir un compromiso con la demanda del 82% móvil del salario mínimo, intentando asociar la propuesta a la que sostiene el movimiento de jubilados y fue descalificado inmediatamente por la opinión presidencial, quién recordó que oportunamente había vetado esa iniciativa. Las propuestas relativas a las actualizaciones impositivas para la cuarta categoría también parecen llegar a destiempo.

Ambos candidatos disputan el consenso mostrando confiabilidad en la atracción de inversiones externas y capacidad para intervenir en la reinserción de la Argentina en el mercado financiero, lo que supone negociar con los inversores no ingresados a los canjes de deuda del 2005 y 2010, incluidos los fondos buitres que cuentan con la sentencia del Juez Griesa ratificada en instancias superiores. Un tema agravado con la asimilación dispuesta en estas horas a los llamados “me too”, otros inversores que demandan igual beneficio que el logrado por los buitres en la justicia de EEUU.

El debate político en estas horas es intenso, con el objeto de mostrar diferencias de orientación en uno u otro de los candidatos y claro, existen matices entre ellos, especialmente sobre la base social de sustento de cada uno y de la posibilidad para desandar cierto consenso social construido desde la crisis del 2001, que incluye, obvio, la resistencia a las políticas de reestructuración reaccionaria generalizadas en los 90. En esa consideración es que más allá del resultado electoral y la gestión presidencial emergente, el movimiento popular organizado en diversas experiencias con pretensión alternativa, incluso a la dominación capitalista, interpondrá límites a cualquier objetivo de restauración conservadora. No se trata de una expectativa esperanzada, sino del desafío que supone la coyuntura para construir y avanzar en un camino por la emancipación.

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Kirchnerismo como identidad: mayorías y hegemonía del capital

(Por Francisco J Cantamutto) El resultado electoral no fue puro azar, sino corolario de una construcción política de más largo aliento. La afirmación una identidad política propia y la disputa hegemónica.

Con el diario del lunes, el resultado electoral del domingo tuvo elementos sorprendentes y otros previsibles, como ya dijimos. Queremos enfatizar aquí elementos para comprender el porqué del resultado.

La elección de Daniel Scioli como candidato del oficialismo no parece haber conquistado los corazones que se proponía ganar. La Cámpora, siguiendo su diagnóstico de 2011, entendió que podía condicionar al gobernador fortaleciendo sus propias posiciones; no acompañó en la campaña, ni siquiera apareció en el acto al cierre de los comicios. Randazzo y Aníbal Fernández tuvieron similares actitudes. En cambio, el Movimiento Evita, de origen pre-kirchnerista y mayor despliegue territorial, asumió la candidatura como un nuevo desafío en su construcción política. Scioli les prometió un ministerio de Economía Popular (del que ahora duda), y les dio lugar en la campaña (se los puede ver al pasar en algunos spots).

Pero no sólo no convenció a todos los propios, sino que tampoco convocó ajenos. La elección de Scioli como candidato kirchnerista suponía un sacrificio –que Horacio González llamó “desgarro”- para mostrar un dirigente menos proclive al conflicto, más “normal”. Esta decisión se basaba en lo que consideramos un diagnóstico errado: la derechización de la sociedad. Llamativamente, una de las reacciones más vistas ante los resultados fue acusar a una clase media más a la derecha que el candidato, aludiendo un supuesto ciclo recurrente de la historia argentina.

Entendemos que esta suposición está errada, y lo que está derechizado es el sistema político, expresado en las variantes de Macri, Massa y Scioli.

Esto no niega la existencia de algunos segmentos sociales con elevadas dosis de conservadurismo, lo que discute es que exista un corrimiento general en ese sentido. La sociedad argentina tiene demandas y reclamos, muchos de ellos, generados por los propios límites del kirchnerismo. ¿Acaso el estancamiento de los salarios, la inflación sostenida y elevada, o la persistencia del trabajo informal y del formal precarizado no tienen que ver con “el proyecto”? ¿Acaso no es justo que las clases populares critiquen esto? Incluso con demandas ligadas a la justicia y la seguridad tienen perspectivas: ¿acaso los barrios populares no saben de la impunidad de la policía, y sus vínculos con el delito? Ni siquiera la demanda de cierta “normalidad” es necesariamente de la derecha.

El problema fue que el kirchnerismo dejó la interpretación de estos descontentos a la derecha, los desestimó dejándolos en manos ajenas. Como ya lo habíamos dicho respecto de la marcha del 18F, se trata de un problema de construcción política sobre el magma de lo real: la mayoría de las demandas no tenían un perfil ideológico definido; esa tarea, la de interpretar esos descontentos, la hace el sistema político, que las traduce.

Cuando en 2008 “el campo” salió al choque, su gran incapacidad fue interpelar, ser capaz de hablarle, al resto de la sociedad: insistió hasta el final con “bajar las retenciones”. Pero el reclamo corporativo se rellenó con una operación amplia de relectura de la historia (apelar al Granero del Mundo, “sin campo no hay país”) y mostró que había una puerta de salida. Los discursos liberales y republicanos vinieron a ayudar a completar esa lectura, en una mixtura novedosa que ya no era la de la vieja derecha golpista.

Fue entonces cuando el gobierno comenzó a construir una identidad propia nacional-popular, y a dar inicio a lo que llamó una batalla cultural, que incluyó una fuerte inversión en producción cultural (nuevos canales, espacios culturales, museos, etc.) y aliento al debate intelectual (Carta Abierta). Fue el período de mayor vitalidad progresista del kirchnerismo: Ley de medios, de matrimonio igualitario, etc. En ese momento, el kirchnerismo mutó de una red de alianzas a algo nuevo: comenzó a forjar una identidad política propia, nueva, que se distinga por sí misma.

El kirchnerismo apareció, ya no como un acuerdo de organizaciones, sino como algo distinto. Para lograr esto, comenzó la enumeración consecutiva de logros, una mística (a la que contribuyó el temprano fallecimiento de Néstor Kirchner), la creación de un otro (básicamente, Clarín), y claro, una organización que le dé cuerpo (La Cámpora como columna vertebral, Unidos y Organizados como sistema circulatorio). La auto-afirmación de la particularidad tuvo un broche de oro en 2011 cuando Cristina ganó con el 54%: la comprobación fáctica de ser mayoría.

Pero ahí emergió el riesgo no visualizado de la estrategia de construcción: ser la primera minoría no garantiza que otra coalición de minorías no puedan superarla. Apareció el LTA, “armen su propio partido”: el final de la intención de incluir, incorporar. Y como los tiempos de la política tienen su lógica, esto se dio en el mismo momento en que el régimen de acumulación empezó a mostrar su agotamiento (que no fue ni es crisis). Un proyecto económico que dejó de incluir junto al discurso para los propios, dejó espacio para que el descontento fuera canalizado por otros. Y esos otros que fueron a disputar el sentido común son la derecha, una derecha nueva, light, pero igual de peligrosa que la vieja golpista.

Este escenario, como se ve, tiene un aliento mucho más largo que la campaña reciente. El kirchnerismo dejó de hablar a los demás, buscando autoafirmarse, y no cambió antes de las elecciones. Por eso, con el resultado del domingo, salieron a buscar los problemas en otro lado: la izquierda que no entendió por qué Scioli debía representar sus esperanzas, una supuesta clase media gorila, los medios de Clarín, etc. No había problemas constitutivos, sólo cuentas pendientes. Y ahora que los propios se garantizaron, el kirchnerismo debe mutar para ganar. Scioli no construye bajo la lógica antagónica, porque no lo necesita. Ya tiene en el bolsillo los sapos que va a repartir.

El kirchnerismo no fue ni es el programa de las clases populares: sino el del capital políticamente más avispado, que supo conceder para sostenerse. Condicionados como están los candidatos, ambos ya garantizaron lo que el capital de conjunto reclamaba: tomar deuda, abrir a las inversiones, contención salarial como vía de reducción de la inflación, ajuste devaluatorio. El capital ya dejó claro que cualquiera de ambos le viene bien. Desde este punto de vista, el capital consolidó su hegemonía: todo el marco del debate se mueve dentro de los márgenes que desea, cree y entiende. La única distinción válida no es de programa ni de perfil de los candidatos, sino de las fuerzas sociales detrás: dentro del kirchnerismo, persisten organizaciones populares –además de sectores progresistas- que tomaron cierto impulso en estos años; el macrismo no tiene eso.

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Ganó el gran capital, la derecha y Massa

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(Por Francisco J Cantamutto) Muchas sorpresas dejó el domingo, pero también algunas escenas previsibles.

El escenario político que dejaron las elecciones es sin dudas novedoso en relación a las expectativas creadas, creadas por la abrumadora cantidad de encuestas, que indicaban incluso la posibilidad de que Scioli ganase en primera vuelta. Esta herramienta tiene problemas metodológicos (se siguen haciendo las encuestas por teléfono fijo para ahorrar costos), pero además un déficit de concepción: asume que el voto decidido por el individuo está fijo, y el instrumento sólo lo mide, no lo cambia. El hecho es que una gran mayoría de indecisos –y de votantes de Progresistas- ante la posibilidad de que Scioli ganara en primera vuelta, se decidió por dar el voto a Macri para evitar ese escenario. No sólo a Scioli se lo votó “desgarrado”.

Había también elementos previsibles del resultado, claros desde el inicio, como se denunció desde este espacio y que enfatizó la candidatura del FIT: el evidente giro a la derecha de los 3 candidatos principales y su defensa explícita de la agenda del capital. Cualquiera fuera el resultado, estos dos puntos estaban garantizados, y así lo festejó el mercado de capitales el lunes. La agenda común incluye, pero no se limita, a una nueva ronda de endeudamiento, mayor apertura a las inversiones extranjeras (con distintos socios), devaluación (a diferentes ritmos) y contención salarial, agenda represiva, mayor influencia de la Iglesia católica con su agenda anti-liberal (lo que incluye el discurso contra libertades de género, contra el aborto, etc.). El escenario que se abre es preocupante para las clases populares, y no hay novedad ni expectativas en esto.

Los sectores progresistas del kirchnerismo creían que si Scioli ganaba este domingo, podían condicionarlo en su gobierno. Pero el candidato oficial tomó por ganados estos votos y, de las PASO a esta parte, explicitó su agenda conservadora, buscando tentar un supuesto votante medio. El recurso no le sirvió: La Cámpora ni siquiera cerró los actos de campaña junto a él, y apenas creció en votos respecto de las PASO. Obligando al electorado a elegir entre opciones de derecha, los votantes se inclinaron por las versiones menos condicionadas, y arranca ahora la etapa de negociación.

Massa, el dueño del b(v)otín

El ganador del domingo fue, sin dudas, Massa. A pesar de haber salido tercero, logró retener sus votos, más de un quinto del electorado, y ahora tiene el botín preciado para el ballotage. Esto le abre las puertas para condicionar la agenda sin tener que responsabilizarse por los efectos de sus propias propuestas: será otro gobierno el que las implemente, pagando los costos políticos. Un dato importante es que los tres candidatos han mostrado su larga trayectoria de gatopardismo ideológico, por lo que ideas y valores no serán una traba en esta disputa por el gobierno. Massa tiene 3 grandes alternativas:

1) Aliarse con Macri, bajo el discurso del cambio. Massa ya hizo los guiños a Cambiemos en este sentido, que es el más fácil de justificar. A pesar de que grandes medios quieren vender esa alianza como obvia, tiene varios problemas. El mayor es que borraría a Massa de la escena política, porque le arrebataría las banderas de opositor, completando su círculo de veleta: del liberalismo al peronismo, luego al kirchnerismo, y vuelta al peronismo, y de ahí al liberalismo. Pero, para liberal, Macri lo hace mejor.

Los demás problemas son de aparatos. Por un lado, la alianza Cambiemos se basó en la promesa de cargos al aparato burocrático radical, pues en todo otro orden, fueron borrados de la campaña. Macri tiene casi todo el gabinete para prometer al massismo, pero no sabe hasta dónde esto entraría en conflicto con los radicales. Por otro lado, antes de las elecciones, una gran parte de los dirigentes del Frente Renovador (como Facundo Moyano e Ignacio De Mendiguren) declararon –sin abandonar el espacio- que en segunda vuelta irían por Scioli. Estas declaraciones públicas no fueron castigadas, pues Massa aumentó su caudal de votos. ¿Cómo convencerlos ahora de ir por Macri? Recordemos que tanto en aparato como en votantes, Massa tiene una fuerte composición peronista, a la que Macri no convence con una mala estatua del General.

2) Aliarse con Scioli, argumentando su perfil más peronista que kirchnerista. Massa rompió con el gobierno acusándolo por su estilo de conducción, que con el bonaerense sería muy diferente. Ha declarado en los medios que Scioli debe dejar de ser el “empleado de Cristina”, dando a entender que si rompe ataduras, la posibilidad está abierta. Si logra torcer el perfil de Scioli para lograr el acuerdo, Massa ganaría gravitación política, sin desaparecer como en el caso anterior. Las acusaciones de filo-kirchnerista no le hicieron mella durante la campaña, no hay razón para que lo hagan ahora. Esta ruptura no sería nada más que discursiva: a la oferta de dar lugar a Lavagna en Economía y a De la Sota en Cancillería –los dos cargos políticos más fuertes del gabinete-, Massa habría requerido la presidencia de la Cámara de Diputados. Esto entra en conflicto con las expectativas de La Cámpora, que aumentó su presencia parlamentaria y esperaba que esta función la cumpla Wado de Pedro. Si Scioli no es capaz de convencer a la tropa que este sacrificio es necesario, aún le puede ofrecer a Massa algo diferente: celeridad legislativa de aquí a diciembre, mientras el kirchnerismo preserva mayoría en ambas Cámaras.

El Frente Renovador se compuso a partir de intendentes del Conurbano insatisfechos por el creciente peso de La Cámpora y otras agrupaciones no peronistas dentro del kirchnerismo. Scioli, con larga experiencia de arreglos con los barones del Conurbano, puede prometerles una revancha. La Cámpora no es orgánica a Scioli, pero sabe que es la única opción que tiene para mantener alguna gravitación futura: está en desventaja. El problema está en que Vidal ganó la gobernación y entonces la intermediación bonaerense no recaerá en el sciolismo. El avance de Cambiemos (ganó casi 70 municipios bonaerenses) puede ser una amenaza real que mueva a los barones.

3) No arreglar con ninguno y condicionar la agenda con sus propuestas. Esta estrategia le funcionó desde las PASO y sería una continuación obvia, simple: liberar a los votantes, pero condicionar a los candidatos con su programa. Sin costo político, habría ganado aún más, al poner la agenda. Ésta es la salida más probable, pues le da el mayor beneficio actual y proyección futura. El día de hoy Massa anunciará su “documento programático”, y se anticipó que no apoyaría explícitamente a ningún candidato.

Rodríguez Saá, con un caudal muy inferior, está en las mismas tratativas. Mientras tanto, Stolbizer ya liberó sus votantes, diciendo que no tendría la “soberbia” de decirles qué hacer. El FIT ha llamado al voto en blanco, lo que es consistente con su programa y discurso. En los hechos, el voto en blanco –al igual que la abstención, que se espera que crezca- favorece al que va primero, facilitándole la tarea a Scioli.

La disputa está abierta, pero también está claro: el capital concentrado y la derecha, ya se garantizaron su elección.

Foto: Chacabuco Noticias

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“Persiste la desigualdad laboral”

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Días atrás el partido GEN presentó el Informe sobre desempleo en Bahía Blanca para grupos vulnerables y un plan de equidad laboral de género para lograr la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. “Queremos ver qué nos está pasando en Bahía Blanca para ver cómo revertirlo”, dijo a FM De la Calle la diputada nacional Virginia Linares.

Agregó que como entienden que el observatorio debería ser gubernamental, le propuso al intendente Gustavo Bevilacqua que la tarea sea encarada por el municipio pero “no mostró interés”. Según la legisladora, “nos pasa en Bahía Blanca lo que nos pasa en todo el país, la gran vulnerabilidad que hay con los jóvenes y con las mujeres”.

Justamente sobre las trabajadoras se enfoca esta edición del informe que, de entrada, destaca que “uno de los aspectos centrales de la situación de las mujeres frente al trabajo está dado por la doble responsabilidad -hogar y trabajo- que viven aquellas que desean trabajar y a las que se les plantean una serie de conflictos entre su desarrollo personal y su desempeño laboral, que se presentan frecuentemente como incompatibles”.

La diputada adelantó que presentarán en el Concejo Deliberante un proyecto para crear una Comisión de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres que deberá integrarse con representantes de las áreas comunales de empleo y políticas sociales, del empresariado y los sindicatos.

En particular, también propondrán un ingreso igualitario al plantel de las Sapem Ambiental y de Transporte, sobre todo en esta última, descartando que “tienen las condiciones mínimas para manejar un colectivo tanto varones como mujeres”.

El estudio manifiesta que “el tiempo que las mujeres dedican al trabajo no remunerado en el hogar –incluyendo quehaceres domésticos, apoyo escolar y cuidado de niños, personas enfermas y ancianos- es del doble al triple del dedicado por los hombres”.

Citando al Consejo Nacional de las Mujeres, menciona que aún se mantiene “un conjunto reducido de ocupaciones que se definen como típicamente femeninas en términos culturales.   Las mujeres trabajan, fundamentalmente como maestras y profesoras, enfermeras, secretarias, dactilógrafas, empleadas de oficina y vendedoras de comercio, peluqueras y afines”.

familias“En Bahía Blanca, al igual que en otros centros urbanos del país y de América Latina, se ha registrado una profunda transformación del modelo de proveedor único del hogar, que predominó durante décadas. Ha ido quedando progresivamente atrás el modelo tradicional del ‘hombre proveedor’ -con un padre que trabaja y es el sostén único del hogar, la mujer como ama de casa a tiempo completo e hijos dependientes- reemplazado por familias de doble o múltiple ingreso”, dice el informe. Si este fenómeno se mantiene en la ciudad y el país “representaba ya en años recientes apenas algo más de un tercio de los hogares con núcleo de familia”.

El documento explica que “este cambio tiene amplias consecuencias, ya que conlleva un replanteo de los roles en el hogar y pone de relieve la importancia que ha adquirido la presencia de los aportantes adicionales de ingresos, entre los cuales les corresponde un lugar destacado a las cónyuges”. Por otra parte, es notable el aumento registrado en las últimas décadas de los hogares con jefatura femenina que en Bahía Blanca se traduce en un 32,2%.

En cuanto a la participación femenina en las actividades económicas, a finales de 2013, “las mujeres jóvenes de hasta 29 años, contaban en Bahía Blanca con una tasa de empleo (28,7%) que era la mitad de la de los hombres de las mismas edades (57,6%). Aunque algo más atenuadamente, esta misma situación se registraba en el grupo de 30 a 64 años, con el 63,2% de las mujeres empleadas y el 90,5% de los hombres en dicha situación”.

La desocupación les afecta con mayor contundencia que a los hombres: “En la ciudad en el último trimestre de 2013 y con una tasa general de desocupación del 8,7%, en tanto un 13,2% de las mujeres estaban desocupadas, sólo un 4,8% de los hombres lo estaban”.

Tampoco las favorece la brecha salarial dado que cuando “la media de ingreso mensual de la ocupación principal de los varones era de $5900, la de las mujeres $3800, un 36% menos”. El dato se replica “en todos los niveles de calificación laboral, y se incrementa entre las ocupaciones de menor o nula calificación, desde un 20% más de ingreso mensual promedio de los varones profesionales respecto a sus pares femeninas hasta un 60% más de ingreso para los varones no calificados respecto a las mujeres sin calificación”.

brecha salarial“Actualmente junto al notable aumento de la participación de las mujeres en el trabajo remunerado y a la asunción, por parte de ellas, de roles claves y de gran relevancia en los procesos de crecimiento y desarrollo económico –incluidas sus crecientes responsabilidades como jefas de hogar-, y aun habiéndose registrado una marcada mejora de sus niveles de instrucción y escolaridad –en los que desde finales de los años 90 superan a los varones-, persisten importantes brechas de desigualdad respecto a los varones que requieren ser atendidas concertadamente desde el Estado, el sector privado y la sociedad civil”, concluyen desde el Observatorio.

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Lo que se discute y oculta sobre la economía en víspera de elecciones.

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(Por Julio Gambina) En vísperas de las elecciones de renovación presidencial, se procesan problemas económicos que atraviesan fenómenos coyunturales y otros estructurales. Algunos se asumen en la discusión electoral, especialmente en la lógica de retomar la senda del crecimiento; y otros, especialmente los estructurales aparecen ocultos o escasamente tratados, aun cuando la sociedad demanda su atención.

Se destacan entre estos últimos los relativos al modelo productivo, con escasa visibilidad en el debate electoral, aun cuando tienen fuerte presencia en el conflicto social y en la discusión por otra sociedad.

Entre ellos, sobresale el episodio promovido por la Barrick Gold y el derrame de solución con cianuro en San Juan, que movilizó a buena parte de la población, especialmente en la ciudad de Jáchal, la zona directamente afectada. La novedad es la represión y detención a los protagonistas del bloqueo para el ingreso a la mina Veladero, la más importante en la producción de oro en la Argentina. Es un episodio que genera múltiples debates entre el activismo crítico a la mega-minería y la sociedad que asiste con asombro al cambio de clima respecto al consenso previo a la gestión política de estas inversiones externas y su efecto de saqueo. Aún está pendiente la opinión judicial y los estudios técnicos sobre el asunto y se habilitó un debate escamoteado hasta el momento, con escasa intervención y opinión de los principales aspirantes a ocupar la presidencia en el próximo periodo gubernamental, entre 2015 y 2019.

Algo similar remite al bloqueo, que ya acumula más de dos años, a la planta que Monsanto pretendió instalar en Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba. Los tres candidatos presidenciales al frente de las encuestas sostienen el modelo agrario de industrialización para la exportación fundado en el paquete tecnológico abastecido por transnacionales de la alimentación  y la biotecnología. Las opiniones críticas se sostienen desde el activismo social y político con relativo éxito en la discusión pública, aun cuando existen extendidas voces entre pobladores, campesinos, productores, comunidades, técnicos, profesionales y ámbitos académicos en la discusión sobre la soberanía alimentaria, más allá de la difundida seguridad alimentaria, que a diferencia de la anterior, no discute el modelo agrario.

Tanto la mega-minería como el modelo sojero y agrario, son aspectos trascendentes del modelo productivo y de desarrollo en la Argentina, ampliamente elogiados por sus mentores, los inversores externos y sus socios locales, como estratégicos para el crecimiento y el desarrollo de la economía. En rigor, para sus ganancias y lógica de acumulación de poder económico y político. Algo similar ocurre con la explotación de los hidrocarburos no convencionales, ámbito en el que se esperan ingresos de capitales externos para la explotación y superación de la crisis derivada del déficit energético de la Argentina. Adicionemos que se trata de un sector que acaba de recibir beneficios sustanciales en el precio de sus productos, muy por encima del precio internacional de los hidrocarburos, aun cuando lleva meses la caída del precio en el ámbito mundial.

Durante años se sostuvo la importancia del fuerte ingreso de las inversiones para la realización de la mega minería a cielo abierto y solo ahora aparecen más visibles los efectos regresivos sobre la sociedad y la naturaleza. Es cierto que el asunto estuvo anticipado en Esquel en 2003, contra el intento de radicar una inversión cercana en la ciudad, y más recientemente en las denuncias contra la explotación del cerro Famatina en La Rioja, o las denuncias y resistencias por La Alumbrera en Catamarca. Pero el derrame en San Juan evidenció al país el riesgo del modelo productivo de saqueo sobre nuestros bienes comunes.

En el mismo sentido debe considerarse el cambio productivo en el agro, consolidado con la autorización al uso de transgénicos en la década del noventa, que permitió la expansión de la frontera agrícola sojera para la exportación. Ese fenómeno motivó la salutación a las autoridades argentinas de los directivos de Monsanto, principal proveedor del paquete tecnológico para el funcionamiento del modelo agrario en el complejo de la soja. Hoy es cuestionado por un amplio movimiento social que incluye a los pueblos fumigados y al sector productivo asociado a la agricultura familiar y comunitaria, y no solo por razones económicos, sino también sociales y culturales asociados al modo de desarrollo.

Con matices se afronta la cuestión industrial, ya que todo parece reducirse en el debate electoral a la necesidad del ingreso de capitales externos para la inversión, con escasa discusión del carácter dependiente de insumos estratégicos que supone el sector integrado en la economía mundial, el que definen las transnacionales y sus socios locales. Lo que no aparece es la necesidad de discutir un modelo industrial que resuelva insuficiencias históricas que promueven la dependencia y el atraso, asociado a lo cual se inserta el debate sobre los sujetos de la industrialización, algo en lo que pueden intervenir los protagonistas de las fábricas recuperadas, las cooperativas de producción y los emprendimientos autogestionarios. A ellos se puede sumar a un amplio abanico de pequeños empresarios subordinados productivamente a la lógica hegemónica del gran capital fabril, local y extranjero.

En el modelo productivo y de desarrollo está el corazón de los que se necesita discutir. Sin embargo, son aspectos alejados del debate electoral, que solo se concentra en la lógica de lo visible en materia de política económica: evolución de los precios, especialmente de las divisas; la confianza en las inversiones externas y la reinserción en el sistema financiero, con más deuda pública, todo para superar la desaceleración económica y la caída de la producción manufacturera.

No es menor discutir sobre la inflación, sus impactos y medidas correctivas sobre impuestos, especialmente de la 4ta categoría en ganancias, o el sentido y destino del gasto público; pero son todas medidas derivadas de las cuestiones estructurales, en general ausente en el debate electoral y presentes en la demanda de la sociedad que aspira a la organización de otro modelo de producción y de desarrollo. Será algo a definir en el proceso de la lucha y la disputa cotidiana por otra sociedad, una cuestión que trasciende la contienda electoral.

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Charla sobre Soberanía Alimentaria en la UNS

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Con el impulso de la Vía Campesina se celebra hoy el Día de la Soberanía Alimentaria de los pueblos. En Bahía Blanca el Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria -ETSA- realizará desde las 19 una charla en el Aula 9 del Departamento de Agronomía de la UNS (San Andrés 800). “Concepto e implicancias de la soberanía alimentaria en el modelo agropecuario y el sistema agroalimentario” será el punto de partida del lic. Matías Alamo.

Esta mañana el disertante comentó en FM De la Calle que se discutirá “cómo y cuándo un pueblo es soberano y cómo y cuándo puede aplicar sus políticas priorizando a la agricultura familiar, a los pequeños productores, a los campesinos y a las comunidades originarias”.

“Es decir, la soberanía alimentaria la pensamos como la manera diferente de producir a este agronegocios, a este agrobusiness, a esta agricultura industrial que aplasta con todo el modelo y todo el sistema y que es controlado por cinco o seis multinacionales en todo el mundo. Es pensar un objetivo social de los alimentos y no los alimentos como una mera mercancía”, sostuvo.

Alamo destacó que “el ETSA es un colectivo que lo formamos la mayoría profesionales graduados y estudiantes de la UNS con el ámbito de aplicación en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Estamos pensando en experiencias vinculadas con la feria, con la comercialización, con acercar a esos productores familiares a los potenciales consumidores que se encuentran en el espacio urbano”.

“Nuestra experiencia es incipiente porque venimos trabajando de 2013, pero la idea es nuclear a esos pequeños productores en ferias de la agricultura familiar, de las pequeñas producciones. Uno de los principios de la soberanía alimentaria es anclar a los sistemas agroalimentarios locales, revalorizar esas economías locales y regionales que van a permitir incrementar las producciones y además, que los consumidores accedan a alimentos mucho más sanos y más nutritivos”, agregó.

gacetilla DMSA

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Polos: injusticias ambientales e industrialización petrolera en Argentina

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Las ocho grandes refinerías del país se encuentran en zonas urbanas o próximas a ellas; y en no pocos casos, quienes viven en los alrededores aseguran que la cercanía deteriora gravemente su calidad de vida. La falta de información veraz y de acceso a la documentación oficial se convierte en un problema tan serio como los riesgos tóxicos a los que están expuestos. Como demuestran los trabajos reunidos en esta publicación, no existe una firme política de control, las instancias de fiscalización no son efectivas y no se han desarrollado programas permanentes de evaluación socio-sanitaria. Estas carencias impiden un conocimiento profundo de lo que sucede, dificultan la generación de demandas para revertir la situación, invisibilizan el problema, obturan los debates públicos -tanto sobre la necesidad de otra planificación territorial como de políticas de control industrial y también la búsqueda de alternativas a la matriz energética existente-, y restringen las discusiones, en el mejor de los casos, a las intervenciones de especialistas contratados por las plantas industriales.

El Colectivo Tinta Verde fue el responsable de analizar la situación de la refinería de YPF y el polo petroquímico ubicado en Ensenada y Berisso, en las afueras de la ciudad de La Plata, Buenos Aires. En segundo lugar, el Observatorio Petrolero Sur, desarrolla el caso del complejo industrial perteneciente a YPF en Plaza Huincul, Neuquén. El presidente de OIKOS Red Ambiental, Eduardo Sosa, tuvo a su cargo el tercer capítulo, en el que leyó minuciosamente los expedientes de los incidentes ambientales y sus remediaciones en la refinería de YPF en Luján de Cuyo, Mendoza. Seguido, Mariela Dobal, periodista de FM De la Calle, de Bahía Blanca, expone el caso del polo petroquímico ubicado en la localidad de Ingeniero White y la refinería de Petrobras de Loma Paraguaya. Por último, Cecilia Bianco, coordinadora del Área Tóxicos de Taller Ecologista, fue la encargada de analizar los impactos de la refinería y la planta fluvial del Grupo Indalo, ubicados en San Lorenzo, Santa Fe.

Polos: injusticias ambientales e industrialización petrolera en Argentina aspira a ser un aporte a ese movimiento de generación de información fidedigna, que pretende conmensurar la implicancia de estas instalaciones en la vida de su comunidad, barrio, ciudad. En ese sentido, busca ofrecer una mirada global de las problemáticas socioambientales vinculadas a la industrialización de los hidrocarburos en Argentina; lo hace desde el paradigma de justicia ambiental, en un intento de enunciar y explorar las preguntas que surgen de quienes viven en las cercanías de las plantas; las que son fruto de la lectura atenta de los informes de remediación ambiental, y, finalmente, las que resultan de la ausencia o vacíos de información.

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