(Por Claudia Rafael – APe) Ya es letra legal. El boletín oficial publicó la resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad para la creación del “Servicio cívico voluntario en valores” para “jóvenes” de 16 a 20 años. Con la firma de Patricia Bullrich, se crea de hecho aquello que tantas veces se quedó en los últimos años a mitad de camino en el Congreso. A 25 años del fin de la colimba, tras las torturas y homicidio del soldadito Omar Carrasco, y a 118 años de su creación, a través de la Ley 4301 de Servicio Militar Obligatorio destinado a la “moralización pública”, se pondrá en marcha este “servicio” en un contexto de país en el que el presente y el futuro son inasibles para siete millones y medio de chicas y chicos pobres. La gran salida –según el texto de la resolución- es impulsar medidas desde el Estado “que ofrezcan oportunidades a jóvenes para que, conforme la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, puedan desarrollar sus potencialidades y lograr la máxima satisfacción, integral y simultánea, de sus derechos y garantías”.
La Gendarmería será la que –con sus “estructuras” y “recursos humanos”- dará “oportunidades de formación a los jóvenes a través de los valores democráticos y republicanos, que suponen compromiso cívico para que conozcan sus derechos y sus responsabilidades, sus capacidades y potencialidades personales”.
La misma gendarmería que tuvo clara responsabilidad en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Aquella que el 29 de enero de 2016, arremetió a balazos de goma y plomo contra la murga de la Villa 1-11-14: once heridos, varios de ellos niños.
La misma que exactamente dos años atrás reprimió a los trabajadores de la planta de PepsiCo Snacks de Florida que estaban luchando por su reincorporación. O que, en agosto de 2017, mató de un balazó por la espalda a un joven de 18 años que junto a otro huía después de un intento de robo.
La misma gendarmería –para entender que hay lógicas estructurales que van mucho más allá en el tiempo- que en marzo de 1996 baleó a ocho jóvenes en una esquina de Palermo Viejo y que, después, fue condenada a ocho años de cárcel.
Esa es la fuerza de seguridad a la que el Estado otorga ahora la responsabilidad de formar “en valores democráticos y republicanos” a jóvenes de 16 a 20. Por ahora, y hasta fin de año, en pruebas piloto dentro de Campo de Mayo, Mercedes, Jesús María, Santiago del Estero, Bariloche y González Catán.
Adiestrar. Adoctrinar. Forjar “las potencialidades” en aquello que Foucault definía como instituciones de encierro. Para –después de todo- vigilar y castigar. Eso sí: voluntariamente. Cuando nada es posible de ser elegido ¿qué es voluntario? ¿Qué es lo que se asiente y por qué cosas se opta en la vida cuando la calle y la ausencia de abrigo son una constante?
El Estado anuncia con grandilocuencia que hay un “compromiso con los jóvenes” que “consiste en trabajar por una Argentina sin narcotráfico, donde el resguardo de la vida y la libertad de quienes podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad social sea prioritario”. Y pone a sus lobos rabiosos a formatear a corderos desesperados argumentando que “la gendarmería nacional viene desarrollando importantes iniciativas de cooperación con la comunidad”. En donde ejemplifica tareas que van desde repartir donaciones, actuar en inundaciones o incendios, rescatar turistas en la cordillera, ofrecer su servicio de bandas a eventos públicos “ejecutando marchas militares y música popular”. No tiene desperdicio la lectura concienzuda de la resolución.
Que ofrece formalmente una presencia activa y directa del estado en el universo de la educación. Una presencia del estado que es selectiva en los modos, en los tiempos, en los formatos y en los destinatarios. Porque los brazos represivos estatales obedecen a las voces de mando y también, debidamente, se ceban. Y actúan ejerciendo un permiso que demasiadas veces es premiado y elogiado.
Ayer se conoció el fallo de Casación por el que se confirmó la condena a siete integrantes de otras fuerzas securitarias –policía y servicio penitenciario- por “abuso sexual” y “promoción de la corrupción de menores”. Con penas de 7 a 16 años de cárcel. Contra dos hermanas que vivían en “grave estado de vulnerabilidad”. Y que eran víctimas del use y tire. Y que –según el fallo de Casación- eran consideradas “objetos para desahogar su apetito sexual” en el que no faltaba ni siquiera el uso de armas. Ellas también fueron formateadas por y para el estado.
Un estado que ahora decide con letras legales que hay que estimular “el sentido del deber”. Y por eso determina que el brazo armado institucional –el mismo que balea, que abusa, que tortura, que obedece, que asiente, que viola, que intrusa- será responsable de formar para evitar la calle, la droga, la esquina de birra y faso. Para dar un destino a imagen y semejanza a los sindestino.
Voluntariamente, dicen. Con “valores democráticos”, postulan.
Siete millones y medio de pibes siguen bajo la línea de pobreza. Y la nueva escuela de vida que para ellos abre el estado tiene colmillos de gendarme.
