(Por Giuliana Crucianelli) “Yo te voy a enseñar cuantos pares son tres botas”. “Déjamelo a mi una semana y te lo devuelvo derechito”. “En mi época le llegabas a gritar a mi viejo y con un bife lo soluciona” “.Yo cuando tenia tu edad estudiaba, trabajaba y pagaba el fiado del almacén”. ¿Quién no ha escuchado alguna vez una de esas frases?

Se utiliza el término “Ni ni” para referirse a los pibes y pibas que por alguna razón no están insertos en el sistema educativo ni en el mercado laboral. Son los “revoltosos”, son los de la birrita en la esquina, las que “se embarazan por un plan”, los faloperos de la cortada, las “fanáticas de los boliches” o la “mala junta” que el Servicio Cívico Voluntario viene a corregir, diciplinar y “darles un objetivo de vida”.

“No existen los jóvenes ni ni. Es un modo antiguo en desuso que se usó para denominar en forma marketinera, en forma fácilmente comprensible a un conjunto de jóvenes que no tenían empleo registrado y que no estaban incluyéndose en el Sistema Educativo formal. Hace varios años que no se usa más. Naciones Unidas tiene estudios que demuestran que es una etiqueta que en realidad oculta condiciones sociales mucho mas importantes. Este ocultamiento es peligroso sobretodo si se lo toma para pensar políticas publicas”, comentó a FM De la Calle Pablo Vommaro, doctor en Ciencias Sociales.

¿Por qué se sigue utilizando entonces? El investigador mencionó que “en el caso de personas que tienen los medios económicos y los recursos humanos para informarse, como el caso de un ministro, creo que es o por ignorancia, desconocimiento o conveniencia. Le conviene hacer de cuenta que no sabe.  En el caso de algunos medios o personas que creen de buena fe que existen creo que es porque sigue siendo una etiqueta efectiva, ´ni ni´ rápidamente demuestra el imaginario social que di ce que hay jóvenes vagos sin hacer nada, es efectivo”.

Pensar el tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sin organizaciones de mujeres y disidencias sería imposible. Pensar en discutir una nueva Ley de Movilidad Jubilatoria sin convocar a personas de la tercera edad, también. Entonces ¿por qué las voces jóvenes no son tenidas en cuenta a la hora legislar y tomar decisiones sobre la vida adolescente?

El sociólogo señaló que “está naturalizado que los adultos piensen en políticas para jóvenes y lo hacen entonces como los adultos quieran que los jóvenes deben ser, esto es lo que se llama adultocentrismo. No dar una participación genuina a las juventudes sino someter las decisiones solo a lo que el mundo adulto define como decisión legitima”.
Además hay una segunda cuestión bastante grave que es que “los organismos de juventud a nivel nacional y provincial se enteraron por los diarios. Ninguna agencia pública de juventud fue ni siquiera consultada e informada previamente del anuncio del Servicio Cívico Voluntario en Valores. Esto es grave porque habla de una descoordinación entre las áreas de gobierno. Esta medida muestra que los funcionarios no se comunican entre si, toman decisiones inconsultas y peligrosas. No solo ejecutan políticas públicas condenadas al fracaso sino que también es un mal uso del dinero publico porque lo utilizan para fines que no son eficaces”.

Propone pensar alternativas para incluir a las juventudes en la agenda pública como “la creación de un espacio nacional que articule o reúna a diferentes organizaciones juveniles, lo que se llama Consejo Nacional de Juventudes. Organismo público que reúne a organizaciones representantes de juventudes, centros de estudiantes, clubes de barrio, centros culturales, juventudes de sindicatos, juventudes partidarias. Juventudes que se encuentran y sirve como un espacio de deliberación, de decisiones y consulta”.

Por otra parte, la segunda opción, que “en Argentina se hizo en el 2014 y luego no se hizo más, es realizar lo que se llama encuesta nacional de juventud, que sirve para recavar algunos datos sobre la situación especifica pero también sirve” para detectar “necesidades-, intereses, anhelos. Esto no se hace. En Chile, Paraguay, Colombia y México se hacen en forma periódica, porque las juventudes varían rápidamente”.

¿Alguna vez algún funcionario se molestó el preguntarles a los pibes, las pibas qué querían hacer, qué intereses tienen, con qué sueñan?. Ya lo decía Luca Prodan en Viejos Vinagres: “para vos lo peor es la libertad”.

 

Foto: FFyH

Vanesa Troncozo, integrante del Consejo Local de Niñez y Adolescencia, manifestó a FM De la Calle el desacuerdo del organismo con la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores por parte de la ministra Patricia Bullrich.

“Creemos que hay que reorganizar recursos para poder brindar lo necesario a nuestros hijos. Si el propósito es llegar con la educación a estos adolescentes, bienvenidos sean todos los esfuerzos dentro de lo que la ley de promoción y protección de los derechos de la niñez enmarca”.

Troncozo agregó “si el interés principal es brindar una educación de calidad y que se reinserten en el sistema educativo, entonces que expliquen por qué quisieron eliminar los equipos de orientación escolar que son justamente los que se encargan de que no dejen la escuela”.

Como también escasean recursos en sistemas educativos no formales como el programa Envión, clubes barriales, organizaciones sociales o “incluso las iglesias que cumplen funciones educativas y de valores muy importantes dentro de los barrios, a contrario de los dichos de Bullrich”.

En un comunicado, el Consejo Local de Niñez y Adolescencia afirmó: “Vemos con preocupación esta clase de iniciativas que tienden a la militarización de la niñez. Las fuerzas de seguridad, son para la seguridad”.

Troncozo sostuvo que es muy difícil estimar el abandono escolar y agregó que ven “con preocupación la falta de infraestructura edilicia para los programas provinciales como Envión, que es uno de los pocos dispositivos que tenemos para acercarnos a esa edad (de 12 a 21 años)”.

El Consejo Superior Universitario creó un “Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género” que se produzcan en el ámbito de la UNS y en otros espacios donde sus miembros realicen tareas educativas, científicas, de extensión, deportivas o culturales, entre otras.

Alcanza a “cualquier hecho que implique violencia de género hacia las mujeres y hacia personas del Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgénero, Intergénero y Queer (LGBTTTIQ) que rige para toda relación laboral y/o educativa en el ámbito de la UNS”, y contempla formas de violencia física, sexual, psicológica, simbólica y económica.

La nueva norma alcanza a autoridades, docentes y no docentes, estudiantes de la UNS y a otras personas que tomen o presten servicios, permanentes o temporales en dependencias de la casa de altos estudios.

Incluye medidas de protección y acompañamiento de las víctimas, instancias de descargo del o los acusados y acusadas para que puedan ejercer su derecho de defensa, y facultades para realizar campañas de educación y prevención.

El flamante protocolo está basado en principios rectores como la celeridad, el respeto y la privacidad, la no revictimización, el consentimiento informado y el asesoramiento, la contención y la confidencialidad.

Prensa UNS.

El Senado demoró una vez más la designación de la primera defensora de niños, niñas y adolescentes de la Nación. Dicho rol fue creado hace 14 años y recién semanas atrás obtuvo media sanción en Diputados el nombramiento de Marisa Graham.

“Hay cierta resistencia a que haya estos organismos de control y supervisión”, dijo la abogada FM De la Calle. “Es un trabajo amplio de difusión, capacitación, fortaleciendo los organismos que ya existen. Tenemos la obligación de que las normas y derechos de la niñez y la adolescencia se cumplan. Tenemos en el plan de trabajo el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral”.

La ministra Patricia Bullrich anunció la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores que ofrecerá la Gendarmería a jóvenes de entre 16 y 20 que “ni estudian ni trabajan”.

“La calificación Ni Ni no me gusta. Me parece discriminatoria, decirles que son Ni Ni es enviar un mensaje de que no esperamos nada de ellos. Es ver a esta franja, que es una de las más complejas de abordar, con menos políticas públicas destinadas a ella, culpabilizarlos, siempre demostrar lo que no pueden y lo que no hacen, en vez de mostrar sus intereses, su imaginación”, dijo Graham.

Planteó ciertos interrogantes respecto a la propuesta macrista: “Lo primero que pregunto es si nos hemos resignado a que la escuela secundaria no cumpla el rol que tiene que cumplir. Sabemos que algo pasa con la escuela que no convoca ni retiene a los chicos, ¿resignamos el rol que tiene que tener la escuela y la educación que es la que tiene que fomentar estos valores de democracia, republicanismos y derechos humanos?”.

“Tanto la Convención como el corpus iuris de los Derechos de Niños nos hablan del principio de especialidad, todos aquellos lugares que son para niños, niñas y adolescentes tiene que ser especialistas, saber trabajar con niñez.  Ninguna fuerza de seguridad está preparada, ni creo que debería estarlo, para cubrir este rol y trabajar con chicos”, agregó.

Graham comentó que “en uno de los anexos, habla de módulos, me gustaría saber cuáles son los contenidos de los módulos, a través de qué herramientas vamos a llegar a la formación de qué valores”.

Por último, señaló que le preocupa que  “la resolución  habla de una Argentina sin narcotráfico, pero después no vuelve a hablar de eso. Pregunto cómo vinculan el tema del narcotráfico con los chicos de 16 a 20 años. No llego a entender por qué está allí eso cuando después no vuelve a aparecer. Si es cuestión de prevención hablaría de adicciones, no de narcotráfico”.

A María del Carmen Verdú, abogada y referente de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores no le llamó la atención. “Sorprenderse es haber estado durmiendo los últimos 4 años. Nos venimos quedando sin adjetivos, ya hemos agotado absolutamente todos”, dijo a FM De la Calle.

Para el análisis de la problemática y las probables soluciones propuso dos vías. “Primero, la situación de desamparo: ¿de quién es la culpa? ¿quién los dejó sin trabajo? ¿Quién los dejó sin escuela o  sin vacantes? ¿Por qué están en edad de trabajar? Hay una pequeña trampa: los de 16, 17 y 18 tienen que estar estudiando en la escuela, están planteando el trabajo infantil como algo normal”.

Segundo: “¿Quién es responsable, el garante de que toda persona de menos de 18 años tenga todos los derechos consagrados por el Estado? Esto es una responsabilidad indelegable por parte del Estado argentino”.

“En todos los casos les van a contar que en los últimos años se la pasaron en la calle, protestando porque les cierran programas, porque les recortan las partidas presupuestarias, porque les despiden gente (son los sectores de los trabajadores estatales que más despidos han tenido) o, directamente, porque la mayoría no son de planta permanente, tienen contratos basuras con plazos de seis meses que luego no se los renuevan”.

Como consecuencia se cierran comedores,  merenderos, lugares de apoyo escolar y toda política social que brinda una ayuda a este segmento etario, para luego poder meterlos a un cuartel, para poder enseñarles moralidad y costumbres. “Entre ellas, con las que fusilaron a Mauro Ojeda de 16 años o Francisco Escobar de 19 en el puente de Corrientes”.

“Estamos hablando de la fuerza que hace más de 20 años tiene a su cargo la represión del conflicto y la protesta social. A las víctimas del conflicto social generado por los distintos gobiernos y, en particular por el actual, se las vamos a dejar en manos de sus represores con el objetivo de generar corrientes de empatía entre la población potencialmente peligrosa y las fuerzas de seguridad o armadas. Que enseñen ya desde muy chicos quién es el que manda cambiando las ansias de ser uno más de la clase por ser el perro guardián de la clase”, afirmó Verdú.

La titular de la CORREPI manifestó que el gobierno, al no tener ninguna carta ganadora que exhibir, “se lanzó a la campaña electoral con el voto bala en una mano y con el voto cárcel en la otra: Doctrina Chocobar, baja de la edad de punibilidad, reformas de los códigos procesales penales, reforma del Código Penal, etcétera”.

(Por Claudia Rafael – APe) Ya es letra legal. El boletín oficial publicó la resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad para la creación del “Servicio cívico voluntario en valores” para “jóvenes” de 16 a 20 años. Con la firma de Patricia Bullrich, se crea de hecho aquello que tantas veces se quedó en los últimos años a mitad de camino en el Congreso. A 25 años del fin de la colimba, tras las torturas y homicidio del soldadito Omar Carrasco, y a 118 años de su creación, a través de la Ley 4301 de Servicio Militar Obligatorio destinado a la “moralización pública”, se pondrá en marcha este “servicio” en un contexto de país en el que el presente y el futuro son inasibles para siete millones y medio de chicas y chicos pobres. La gran salida –según el texto de la resolución- es impulsar medidas desde el Estado “que ofrezcan oportunidades a jóvenes para que, conforme la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, puedan desarrollar sus potencialidades y lograr la máxima satisfacción, integral y simultánea, de sus derechos y garantías”.

La Gendarmería será la que –con sus “estructuras” y “recursos humanos”- dará “oportunidades de formación a los jóvenes a través de los valores democráticos y republicanos, que suponen compromiso cívico para que conozcan sus derechos y sus responsabilidades, sus capacidades y potencialidades personales”.

La misma gendarmería que tuvo clara responsabilidad en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Aquella que el 29 de enero de 2016, arremetió a balazos de goma y plomo contra la murga de la Villa 1-11-14: once heridos, varios de ellos niños.

La misma que exactamente dos años atrás reprimió a los trabajadores de la planta de PepsiCo Snacks de Florida que estaban luchando por su reincorporación. O que, en agosto de 2017, mató de un balazó por la espalda a un joven de 18 años que junto a otro huía después de un intento de robo.

La misma gendarmería –para entender que hay lógicas estructurales que van mucho más allá en el tiempo- que en marzo de 1996 baleó a ocho jóvenes en una esquina de Palermo Viejo y que, después, fue condenada a ocho años de cárcel.
Esa es la fuerza de seguridad a la que el Estado otorga ahora la responsabilidad de formar “en valores democráticos y republicanos” a jóvenes de 16 a 20. Por ahora, y hasta fin de año, en pruebas piloto dentro de Campo de Mayo, Mercedes, Jesús María, Santiago del Estero, Bariloche y González Catán.

Adiestrar. Adoctrinar. Forjar “las potencialidades” en aquello que Foucault definía como instituciones de encierro. Para –después de todo- vigilar y castigar. Eso sí: voluntariamente. Cuando nada es posible de ser elegido ¿qué es voluntario? ¿Qué es lo que se asiente y por qué cosas se opta en la vida cuando la calle y la ausencia de abrigo son una constante?

El Estado anuncia con grandilocuencia que hay un “compromiso con los jóvenes” que “consiste en trabajar por una Argentina sin narcotráfico, donde el resguardo de la vida y la libertad de quienes podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad social sea prioritario”. Y pone a sus lobos rabiosos a formatear a corderos desesperados argumentando que “la gendarmería nacional viene desarrollando importantes iniciativas de cooperación con la comunidad”. En donde ejemplifica tareas que van desde repartir donaciones, actuar en inundaciones o incendios, rescatar turistas en la cordillera, ofrecer su servicio de bandas a eventos públicos “ejecutando marchas militares y música popular”. No tiene desperdicio la lectura concienzuda de la resolución.

Que ofrece formalmente una presencia activa y directa del estado en el universo de la educación. Una presencia del estado que es selectiva en los modos, en los tiempos, en los formatos y en los destinatarios. Porque los brazos represivos estatales obedecen a las voces de mando y también, debidamente, se ceban. Y actúan ejerciendo un permiso que demasiadas veces es premiado y elogiado.

Ayer se conoció el fallo de Casación por el que se confirmó la condena a siete integrantes de otras fuerzas securitarias –policía y servicio penitenciario- por “abuso sexual” y “promoción de la corrupción de menores”. Con penas de 7 a 16 años de cárcel. Contra dos hermanas que vivían en “grave estado de vulnerabilidad”. Y que eran víctimas del use y tire. Y que –según el fallo de Casación- eran consideradas “objetos para desahogar su apetito sexual” en el que no faltaba ni siquiera el uso de armas. Ellas también fueron formateadas por y para el estado.

Un estado que ahora decide con letras legales que hay que estimular “el sentido del deber”. Y por eso determina que el brazo armado institucional –el mismo que balea, que abusa, que tortura, que obedece, que asiente, que viola, que intrusa- será responsable de formar para evitar la calle, la droga, la esquina de birra y faso. Para dar un destino a imagen y semejanza a los sindestino.
Voluntariamente, dicen. Con “valores democráticos”, postulan.

Siete millones y medio de pibes siguen bajo la línea de pobreza. Y la nueva escuela de vida que para ellos abre el estado tiene colmillos de gendarme.

Familias de la comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº10 de Cerri manifestaron su preocupación ante la falta de gas en el establecimiento desde el año pasado. Señalaron que luego del cambio de la instalación la empresa Camuzzi demora la inspección la obra.

Laura Ponte, madre de una alumna, brindó detalles a FM De la Calle: “La situación se remonta a larga data, estamos hablando de septiembre de 2018 cuando detectamos una situación problemática de gas. Se ha dilatado hasta llegar a esta instancia en la cual en la escuela no hay gas”.

“La obra de gas en sí misma estaría concluida, es una obra que llevó a cabo el Consejo Escolar con un fondo educativo municipal. Está faltando la inspección de Camuzzi”.

“Los pequeños estuvieron con caloventores pero era tanta la carga eléctrica que no se soportaba y se cortaba la luz. También el caloventor está de manera elevada, entonces el espacio que pueda llegar a ofrecer calefacción es reducido, las aulas son grandes”, comentó.

Ponte agregó que “los chiquitos comenzaron a enfermarse, habían muchos con certificado médico. Los docentes también están sufriendo la misma situación. Las clases no están suspendidas, hay un plan de continuidad pedagógica, es una reducción de carga horaria, los chicos tienen de las 10 a 12 a la mañana y de 13 a 15 en turno tarde”.

“Hoy tuve que ir a buscar tarea a la mañana porque mi hija tiene una discapacidad motora y está en post operatorio, en los próximos días debería incorporarse a la clases y en estas condiciones va a ser difícil”.

Finlamente, la madre acotó que “nuestra preocupación y la unión nos llevó a hacernos sentir, hacernos escuchar, estamos luchando por la igualdad de oportunidades para nuestros hijos y ofrecerles el clima adecuado para que los chicos estén en el aula aprendiendo no sufriendo”.

La provincia de Buenos Aires instituyó “el Año Nuevo de los Pueblos Originarios el día correspondiente al solsticio de invierno para el hemisferio sur”.

El decreto 672, fechado el 13 de junio y publicado hoy en el Boletín Oficial, establece que estarán justificadas las inasistencias motivadas por la celebración “de todos los individuos que se desempeñen en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, que se auto reconozcan indígenas en base al derecho humano a la libre determinación, independientemente de que formen o no parte de una comunidad indígena organizada y/o registrada, devengándose su remuneración y gozando de los demás derechos emergentes de la relación laboral como si hubieren prestado servicio”.

También serán justificadas las inasistencias “de los alumnos y docentes miembros de pueblos originarios, en todos los niveles y modalidades educativas de la provincia de Buenos Aires, requiriéndose para el caso de los alumnos la manifestación escrita de sus responsables”.

La norma deroga el Decreto 865/06 que establecía el Año Nuevo de los Pueblos Originarios el día 21 de junio y cubría las inasistencias solamente en el ámbito educativo.

La Coordinadora de los Centros de Estudiantes de las Escuelas Artísticas organizan el Festival Piedra, Papel o Tijera. Camila Lorenzo, integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela de Teatro comentó que “estamos peleando por el boleto educativo para todas las carreras, todos los cursos”.

“Están fusionando cursos, en algunas escuelas ya se está viendo, por la Escuela de Danza el año pasado pedimos la Banca 25 como centros de estudiantes, es una decisión política que baja de provincia, sabemos que las matrículas son pocas, que hay poca promoción de nuestras materias en las muestras de carreras”, comentó Lorenzo.

El evento se desarrollará mañana a las 14:30 en Plaza Rivadavia, frente a la Municipalidad.

El consejero escolar Atilio Giannoni (PJ Cumplir) dijo a FM De la Calle que el club Bahiense del Norte ofreció “mejorar las instalaciones” del Centro de Educación Física Nº47 “con un costo”. “A cambio propone utilizar el gimnasio en el turno vespertino”, lo cual implicaría “que cambien los horarios de CEF o que se muden a otra institución”.

Ayer, la dirigente de SUTEBA Fernanda Negrín advirtió que el acuerdo significa “tercerizar” el financiamiento y desarrollo de las obras que corresponden a la provincia a manos de un club privado.

Giannoni explicó que ante el mal estado del gimnasio de la Escuela Secundaria Nº3, donde funciona el CEF, “Bahiense del Norte ofrecía reparar el piso, las luminarias, las ventanas y la cubierta del techo. No sabemos cuántos años pedía de utilización a cambio de esto y ofrecía poner una carpeta de plástico sobre el piso que, al finalizar el tiempo de permanencia, el club se llevaría”.

Hubo una reunión entre las autoridades del CEF y el Consejo: “Estaba la presidenta que participó activamente de esto. En la primera reunión quedó pendiente que revean los horarios y que se lo comunicara al club”.

El SUTEBA denunció la “tercerización” de reparaciones en el gimnasio de la Escuela Secundaria N°3, en el cual funciona el Centro de Educación Física N°47. Advierten que podrían restringirse horarios y espacios destinados a la actividad del CEF para favorecer a un club.

Fernanda Negrín, docente de Educación Física e integrante de la Comisión Directiva del gremio, señaló a FM De la Calle que “las docentes estaban preocupadas por un proyecto que decía que una institución privada, el club Bahiense del Norte, se iba a hacer cargo del deterioro de la Escuela 3 y, a cambio de ese arreglo, ellos tomarían horas de tarde para sus actividades del club”.

En un comunicado, SUTEBA afirmó que “los espacios edilicios de la Dirección General de Escuelas tienen que ser destinados la Educación Pública y es obligación del Estado sostenerlos y mantenerlos en buenas condiciones para tal fin. Exigimos al Consejo Escolar, a la Inspección Regional y la Distrital y a las sedes de Inspectores de Secundaria y de Educación Física que arbitren los medios necesarios para preservar y mejorar los espacios al servicio de la tarea educativa pública y estatal, sin involucrar a sectores privados que demanden la utilización de los mismos”.

“No es posible que una institución se haga cargo de la reparación de un edificio que corresponde a  la Dirección General de Escuelas como la Escuela 3. El deterioro es real, viene de larga data pero sin respuesta del Consejo Escolar y de la Provincia que es quien con presupuesto educativo debería hacerse cargo del arreglo”, comentó la docente.

Negrín agregó que “las autoridades del CEF están preocupadas, el miedo es que en un momento lleguen y el espacio esté ocupado. Les piden que hagan acuerdo de horario para Bahiense del Norte. Más allá de que el espacio este disponible en algún horario no corresponde la intervención de entidades privadas en edificios públicos”.

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur denunció el déficit económico de la obra social SOSUNS y repudió la mirada mercantilista y los dichos denigrantes de su titular Juan Carlos Lobartini.

El secretario general Sergio Zaninelli dijo a FM De la Calle que en una reunión Lobartini intentó “explicar cómo se había llegado a este déficit y ante las preguntas del Consejo Superior no tuvo ningún argumento sólido, ni ningún plan estratégico que definiera cómo salir de esta grave crisis financiera de la obra social”.

“Adjudicó el déficit a las grandes erogaciones como atender demandas por la Ley de Discapacidad. ‘Estamos al horno, es una ley nacional y no podemos no cumplirla’. Siguió con la ley de fertilidad asistida, diciendo textualmente ‘madres viejas, óvulos viejos, hay que salir a comprar óvulos’, denigrando y desconociendo que la cuestión de la fertilidad no es inherente solamente al género femenino”.

“Y después se la agarró con jubilados diciendo que eran una ‘pesada carga’, cuando siguen aportando a las obras sociales, incluso más que trabajadores activos. La grosería final fue, refiriéndose al fallecimiento de un afiliado que padecía cáncer, ‘gracias que se murió antes de la segunda dosis porque si no este nos iba a llevar puestos”. Es impensable seguir sosteniendo un presidente de esta catadura”, protestó Zaninelli.

El docente agregó que Lobartini “no sabe administrar gerencialmente y encima es ofensivo, agresivo, discriminador, machista. La responsabilidad la tiene el Consejo Superior Universitario. Lobartini fue designado en la anterior gestión universitaria, entiendo que las autoridades estarán analizando qué hacer, no solo con Lobartini sino con el futuro de nuestra obra social que está en crisis”.

Respecto a las finanzas de la prestataria comentó que “debería, en la inmediatez, contar con asistencia financiera desde el presupuesto universitario, desde el Ministerio de Educación y alguna partida extra porque por los aportes corrientes ese déficit no se superá en lo más mínimo”.

La decisión de la federación docente universitaria fue tomada por 70 votos a favor y 15 en contra. “Lo consideramos un triunfo”, dijo a FM De la Calle la secretaria adjunta de ADUNS, Ana Tablar, quien comentó los puntos centrales del acuerdo.

“Se cerró porque se respetaban muchos de los puntos que exigíamos, que estén todos los aumentos en blanco, que se blanqueen la cifras del acuerdo del 2018 y que haya cláusula gatillo. Lo que promovió que se firme el acuerdo es que se adelantó el cronograma que tenía previsto el blanqueo y la cláusula gatillo, en la propuesta anterior era muy retrasado y, por ejemplo, lo que correspondía al blanqueo no entraba en este semestre y no impactaba en el salario de jubilados”, comentó.

“Este año vamos a estar empatados con la inflación y, en particular, en nuestra obra social estamos en rojo de unos 25 millones de pesos producto de las sumas que no entraban al básico. Si bien el aumento del año es de un 16%, con el blanqueo de las cifras va a ser un aumento del 32% de mínima porque está la cláusula gatillo. Un 32% no sé si resuelve las obras sociales pero sí puede permitir el funcionamiento”.

Tablar agregó que “hay un compromiso, que es una lucha de larga data, sobre las universidades que tienen cargos ad honorem, no es el caso de Bahía. Es muy importante para la UBA, por ejemplo, que incorpora 700 nuevos cargos”.

Por último, ratificó la adhesión al paro del miércoles 29: “Seguimos repudiando la política económica de este gobierno y el acuerdo con el FMI”.

SUTEBA denunció atrasos en el cobro de decenas de docentes y afirmó que no fue convocado a la reunión de la Mesa Distrital encabezada por el vicegobernador Daniel Salvador y el director de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny.

Gabriela Delfino comentó a FM De la Calle que “la primera acción del año fue denunciar la mesas distritales donde nos estábamos invitados ni sindicatos ni docentes porque fueron planificadas para hacerse en cada escuela. Con el correr del tiempo dieron cuenta que eran actos partidarios del gobierno y en los lugares donde se realizaron las mesas tenían prohibida la entrada”.

Respecto al atraso de los cobros, Delfino comentó que “hemos ido en medias de fuerza a reclamar por el salario de lo ya acordado, a los referentes políticos, que es el Consejo Escolar, se comprometió a llevar una nota a La Plata, lo hizo pero eso no garantiza el cobro, que va a tardar por lo menos dos meses. Siempre la misma respuesta: nosotros no podemos resolverlo desde acá”.

“Ahora aparece el SUNA (Sistema Único de Novedades de Agentes) que es todo a través de internet y muchas escuelas no tienen y en las que hay lo pagan los docentes, eso implica que el secretario va a tener que quedarse en su casa cargando en el sistema. La consecuencia inmediata de esto es el no cobro del salario, por ejemplo si alguien carga mal una letra del apellido una docente esa persona no cobra y eso lleva meses cambiarlo”, comentó Delfino.

Señaló que “me acabo de enterar de un rumor y es que las escuelas donde pusieron internet es donde se va a probar el voto electrónico. En verdad a nadie le importa los chicos, ni las comunidades”.

“Administrativamente habían desaparecidos tres escuelas, en la práctica significa que hasta el momento si se necesita una suplente no sabes dónde pedirlo porque desaparecieron y se englobaron en una secundaria virtual, porque no tiene edificio, de lugares que son con alta vulnerabilidad en la matrícula. Estamos viendo si los docentes van a cobrar o no, hasta ahora no porque no están cargados en ningún sistema”, finalizó.

 

El director del CONICET, Ernesto Bjerg visitó FM De la Calle, destacó la labor de la institución en términos académicos y resaltó la falta de presupuesto.

“El problema es el financiamiento, el centro científico tiene un costo de funcionamiento, los fondos que nos llegan no alcanzan para cubrir servicios, luz, gas, limpieza, retiro de material biológico, vigilancia. El resto que nos queda para funcionamiento es el 1%”.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas es el organismo de ciencia y tecnología por excelencia en nuestro país .”La idea era fomentar la investigación, se veía la necesidad de generar un organismo más allá de la docencia, generar la formación de gente en carreras científicas y tecnológicas”.

Infraestructura

El edificio dónde actualmente se encuentra el organismo tiene 30 años antigüedad y problemas de mantenimiento. “Tenemos un déficit de años de no hacer mantenimiento de las cosas, por ejemplo, cubiertas de losa que se llueven, cada tanto hay que acomodarla y así muchas otras cosas. Hay una pequeña partida para hacer arreglos. Es una pelea mes a mes, el presupuesto está aprobado pero el problema es que se reciban los fondos”.

“Lo mismo pasa con la investigación. Ese dinero de proyectos de institutos, nos llega en cuentagotas. Los proyectos personales están muy atrasados en el cobro y vienen con lentitud en la rendición”.

Ingresos 

“En total tenemos 26 mil empleados donde tenemos más becarios que investigadores, lo cual es saludable, 1.7 becarios por cada investigador. Hoy estamos en una situación de ingreso más o menos equivalente con la que me toco a mí en 1979, era muy difícil ingresar”.

Financiamiento privado

Consultado acerca de la posibilidad de que el financiamiento privado de algunas investigaciones condicione la labor científica, Bjerg lo negó enfáticamente.

En casos como la contaminación del estuario donde una pericia de la Facultad de Agronomía de la UBA probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas” y el IADO sostuvo que “es un sistema impactado pero que no pone en crisis la salud humana”, el director afirmó que “en ciencia es algo básico, puedo formular una hipótesis y después decir tal o cual cosa. Después presento los datos que tengo y la fundamentación. Lo que es importante es que el dato sea honesto real y concreto”.

CONICET y Municipio

Bjerc comentó que “hay diálogo con las autoridades, tenemos un Consejo Asesor, donde juntamos las autoridades locales, incorporamos organismos provinciales, representantes de las cámaras gremiales y la universidad. Hubo un cambio porque estaba visto que nosotros nos presentábamos y le explicábamos que pasaba, pero tenía que ser al revés, ellos preguntarnos qué necesitamos”.

Ante el llamado a concurso para los cargos docentes que demandará la anunciada reapertura de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar, la Unión de Músic♪s del Sur expresó su alegría por el resultado de “tres años de lucha de docentes, padres, madres y abuelas y toda la comunidad” y reclamó la reincorporación de quienes fueron despedidos por Cambiemos.

“Confiamos en que el jurado actuará firmemente para rectificar la injusticia que dejó a tant♪s niños, niñas y adolescentes sin su Orquesta y clamando por el regreso de sus profes, validando en el concurso las aptitudes que l♪s docentes han demostrado sobradamente con su formación, antecedentes y acción cotidiana durante sus años de ejercicio en la orquesta”, afirmó el gremio.

Destacó que “la monotributarización continúa siendo una herramienta precarizante” y que algunas de las características del proyecto oficial no cumplen sus expectativas.

“Invitamos a toda la comunidad musical a abrazar a estxs colegas y solidarizarse con esta reivindicación, apoyando su retorno a sus puestos de trabajo. Tod♪ músic♪ conoce el conflicto y comprende la posibilidad que este concurso significa para quienes fueron víctimas del cierre”.

Por ello, la UMSur manifestó que “a la hora de considerar presentarse a los cargos de Coordinador/Director, Preceptora, Prof. de Violín (y Prof. de Violoncello) que se abren en esta instancia seguramente haya acuerdo general en que deben ser reasignados a las personas que los ejercían previamente a la interrupción arbitraria de la actividad”.

Que vuelva la Orquesta de Miramar ES que vuelvan sus profes.

El secretario general de la CTA, Enrique Gandolfo, comentó a FM De la Calle que mañana realizarán una jornada de protesta para “unir reclamos, conmemorar el aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba y reclamar por una justicia completa para este crimen de Estado”.

El paro coincidirá con la movilización convocada por la CGT a nivel nacional. En cuando al capítulo local, Gandolfo aclaró que “no encontramos una respuesta que permitiera construir un acto en común”. La diferencia radicó en la imposibilidad de la CTA de contar con un espacio para recordar al maestro neuquino fusilado doce años atrás.

Por ello, la convocatoria será a las 9:30 frente a la Municipalidad mientras que la CGT se reunirá en Mitre e Irigoyen a las 10 para marchar luego a Plaza Rivadavia.

Respecto a la causa que investiga el homicidio de Fuentealba durante la represión policial al corte del puente Centenario-Cinco Saltos, Gandolfo comentó que “no hay responsables ideológicos”.

“La impunidad tiene un manto que cubre responsabilidades que son indudables, la del gobernador Sobisch pero también había por debajo en la escala jerárquica otras responsabilidades que han evadido el  juicio”.

 

El Plenario de Secretarixs Generales del SUTEBA resolvió condicionar el acuerdo salarial con el Gobierno Provincial al cumplimiento de cuatro demandas: que se dejen sin efecto todos los sumarios por persecución laboral y sindical; que se homologuen los 12 puntos del Acuerdo Paritario Nacional para que se garanticen escuelas seguras; que se conforme una comisión de políticas socioeducativas; que no se descuenten los días de paro.

En Bahía Blanca,  este miércoles 3 de abril convocan a una asamblea en la EP Nº 2 a partir de las 13 30 y el jueves habrá paro y movilización junto a otros sindicatos, concentrando 9 30 hs en Plaza Rivadavia.

“En cuanto a la masa salarial es más o menos similar” a la propuesta anterior, dijo Ana Canullo a FM De la Calle. “Fue engañosa y disfrazada”.

“Esta supuesta recomposición es en dos veces y pasando sumas que ya cobrábamos al básico que configura más o menos un 8 % del básico del 2017. Es una de las peores propuestas en cuanto a monto. No sólo es insuficiente sino que es a la baja”, sostuvo.