“Hay muchas voces que hoy no están en el espacio público y tienen mucho para decirnos. ¿Cuántas veces encontramos las mismas voces, las mismas entrevistas, las mismas respuestas previsibles de los “opineitors” de turno? Es un laburo encontrarlas, es parte de nuestra tarea y desafío”.
Ana Cacopardo es periodista, documentalista y actualmente realiza el ciclo de entrevistas Historias Debidas que se emite por Canal Encuentro. Esta tarde participará de la Cátedra Libre de Violencia de Género de la UNS -a las 19 en Colón 80-. Antes, analizó en diálogo con FM De la Calle el lugar que ocupan las resistencias en los medios de comunicación.
“Me interesa pensar violencias y resistencias. Hace muchos años trabajo con entrevistas de fondo, con la voz testimonial, pensar qué ilumina la voz testimonial, qué nos trae para reflexionar, no solo las formas que asume la violencia y las formas de las resistencias”, comentó Cacopardo.
“Hay una cita de Italo Calvino que dice que en la comunicación el eslabón más importante es el de la escucha. Estamos en un tiempo donde escuchamos muy poco y siento que ese es el primer paso que hay que dar cuando laburamos con la voz testimonial de las víctimas, que no solamente nos vienen a traer un reconocimiento de la violencia sino también otras cosas, son sujetos políticos. Desde el dolor se han generado activismos que son resistentes, sujetos políticos que han ensanchado nuestra democracia”.
“¿Cómo visibilizamos violencias? Si no lo hacemos se naturalizan. ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, contar un femicidio no sea instalar en la voz pública la voz del femicida? Y, al mismo tiempo, cómo cuando trabajamos con las víctimas no las pensamos como eso nada más sino como sujetas políticas”, finalizó.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/05/historias-debidas-latinoamerica.jpg?fit=1920%2C1080&ssl=110801920FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-05-23 12:57:532019-05-23 14:16:17Cacopardo: “Nuestro desafío es ampliar las agendas”
(Por @Espacio de Economía Feminista UNICEN /Espacio de Economía Feminista en la SEC Feminista regional CABA) El fin de la ley de moratoria previsional, más conocida como “jubilación para las amas de casa” es un hecho y el Gobierno Nacional no duda en revertirla. Hace tres años, el Gobierno decidió instaurar la Pensión Universal y así converger al fin de la moratoria previsional N°26.970, que desde su creación concedió un valor simbólico a las trayectorias de las vidas de las mujeres que cargan en sus espaldas ese trabajo que lejos de ser amor, es una desigualdad social muy concreta. Esta decisión tomada hace ya tres años, paradójicamente junto con la ley de “reparación histórica”, pero que hoy se convierte en un hecho profundiza la precarización laboral y previsional pretendiendo implementar una “Pensión Universal” que no solo vuelve a invisibilizar y desvalorizar el trabajo doméstico y de cuidados que sostiene nuestras sociedades, sino que además proyecta jubilaciones aún más bajas.
Durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) se produjeron, entre otras, dos transformaciones con vistas al mejoramiento de la protección social: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Plan de Inclusión Previsional (PIP) o vulgarmente llamado “las jubilaciones de amas de casa”, esta última es la que está en juego. Aunque no fueron presentadas como reivindicaciones para paliar las desigualdades de género entre varones y mujeres, mejoraron la inclusión de las mujeres al sistema de previsión y seguridad social. A partir del 2004, el PIP permitió la inclusión de un grupo siempre relegado en el sistema previsional, aquellas que teniendo la edad de retiro no pudieron acceder a una jubilación. Entre otras causas esto puede deberse a que las mujeres trabajaron durante toda su vida en el ámbito del hogar sin remuneración y reconocimiento, en el ámbito de la informalidad y entonces no pudieron realizar aportes (y sus empleadores las respectivas contribuciones obligatorias) y a que sus trayectorias laborales registradas y remuneradas fueron demasiado inestables.
La Economía Feminista provee evidencia en torno sobre cómo estas trayectorias laborales fueron y son signadas por una organización social del cuidado injusta que hace cargar a las mujeres -en promedio- con una participación del 89% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y el doble de horas de los cis-varones dedicado a estos trabajo agravando la participación de las mujeres tanto en el mercado formal e informal del trabajo remunerado, lo que implica una situación diferencial de quienes sí pudieron acceder al trabajo registrado y sostenido. A partir de la moratoria cualquier persona podía inscribirse para poder percibir un seguro social, lo que implicaba el pago en cuotas de la deuda reconocida por los años no aportados: se declaraba una deuda por aportes impagos y se saldaba con un plan de pago en cuotas, que se iban descontando de los haberes mensuales una vez que la Anses otorgaba la prestación. Señalemos que los aportes se pagaban y que no consistían en jubilaciones “gratuitas” cómo se difunde a menudo.
El PIP no fue una política aislada, junto con la figura del Monotributo Social (inclusión a trabajadores y trabajadoras en condición de vulnerabilidad pertenecientes a un listado restringido de actividades productivas y de servicios) y del Régimen de Regularización de Deudas de los trabajadores/as autónomos/as, formaba parte de un paquete que tenía como objetivo regularizar una situación dispar en tanto seguros y previsión social para lxs trabajadorxs, a través de viabilizar el pago de las contribuciones que no realizaron lxs aportantes al Sistema de Seguridad Social pero a la vez tratando de ampliar las prestaciones que este brindaba.
El mote de “jubilación de las amas de casa” se debe a que la mayoría de las personas beneficiadas han sido mujeres; en mayo de 2010 por ejemplo, del total de beneficios otorgados un 78% corresponden a mujeres, mientras que el 22% restante a varones (Observatorio para la Seguridad Social, 2011:14). La desigualdad de género es una de las mayores problemáticas que continúa mostrando nuestro sistema previsional al día de hoy, ya que las mujeres como parte del rol que se les asigna en las familias, realizan un gran porcentaje del trabajo doméstico y de cuidado necesario para la subsistencia de las mismas sin ningún tipo de remuneración y por lo tanto sin aportes. Al mismo tiempo, aún hoy las mujeres y personas LGTBNB+ presentan tasas de formalidad y participación en el mercado laboral mucho menores que los varones(cis). Existe entonces una evidente desventaja: acumulan menos aportes, y por lo tanto no logran alcanzar el mínimo para acceder al beneficio de la jubilación después de haber trabajado durante toda su vida. Según el ex Ministerio de Trabajo de la Nación informa que de las mujeres económicamente activas, las desocupadas son alrededor del 10%, si se agregan a éstas las que ocupan puestos informales, se concentra casi el 40% de las mujeres que participan del mercado de trabajo, casi 3 millones de personas según datos del 3er Trimestre 2017.
Duvojne dice que “mucha gente nos pide que demos de baja las jubilaciones que dio el kirchnerismo”. En alusión a que quienes se consideran plenos aportantes en el mercado formal, y por lo tanto creen que tales pensiones no contributivas se estarían financiando con la “licuación” de los beneficios de quienes sí aportaron. No es casual que la mayoría de estos plenos aportantes sean (cis)varones y de clases medias y altas.
Este planteo invisibiliza por un lado que la recaudación impositiva se ve incrementada al ampliar el alcance de las herramientas conjuntas al PIP (con la implementación de la figura del Monotributo Social) en actores que no aportaban previamente. Y por el otro, que les beneficiaries que a través del PIP lograron un alivio económico a través de poder contar con un ingreso para afrontar su adultez mayor fueron perjudicades previamente por el mismo capitalismo heteropatriarcal que les excluyó del mercado laboral formal o del reconocimiento de sus labores domésticas y de cuidado, privandoles del derecho jubilatorio que todes les trabajadorxs poseen. Resultan paradójicas las declaraciones del Ministro de Economía si observamos las cifras del Reporte de Trabajo Registrado de febrero de 2019 que muestra una caída del 2% del trabajo registrado con respecto al mismo mes de 2018, mientras que se observó un aumento interanual del 3.6% de trabajadores en casas particulares (en su mayoría mujeres dedicadas a reemplazar a otras mujeres en las tareas de cuidado, limpieza y mantenimiento del hogar).
Otro ingreso a la precariedad: porque la pensión universal es más desigualdad
Paradójicamente, el fin de medida que intentó reconocer y reparar una parte pequeña pero sustancial para que las vidas de las mujeres sean más autónomas en su adultez mayor, viene de la mano de reclamos históricos que se neoliberalizan para sostener la precarización.
Muchos de los reclamos en torno a la sostenibilidad de la vida, exigen la universalización de las prestaciones -entre otras medidas- y vienen a dar por tierra los argumentos que refuerzan la segmentación e inequitativa distribución de la protección social. Sin embargo, con un gobierno que tiene como objetivo la austeridad del gasto público esta universalización concedió un retroceso al piso de derechos adquiridxs en la década anterior.
La Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) si bien brinda una cobertura previsional para todas aquellas personas mayores de 65 años que no cuenten con los años de aportes que exige el régimen previsional contributivo y es vitalicia, prevé el pago mensual del 80% de la jubilación mínima, creando una discriminación entre quienes pudieron contribuir en su historia laboral y quienes no. A diferencia de la moratoria, estipula un aumento de la edad a partir de la cual se percibe el beneficio (de 60 a 65 años), y no es compatible con la percepción de otro beneficio social, únicamente con la Asignación Universal por Hijo/a, por Hijo/a con Discapacidad, Cónyuge y Ayuda Escolar Anual y debiendo optar por uno u otro. Por ejemplo, una mujer no podría tener dos pensiones, en caso de tener derecho a obtener pensión por viudez deberá renunciar a la percepción de este beneficio. Este sistema lejos de ser una protección social robusta que garantice bienestar en las 110.711 personas beneficiarias provee una suma dineraria de $8.328,30, estando a un 10% de la línea de pobreza individual para la compra de alimentos y servicios básicos que asciende a $9.185 .
Desde la economía con una mirada feminista son muchas las voces que creemos en la centralidad de la ampliación de la protección social sin segmentaciones ni distribuciones inequitativas atadas a la suerte y meritocracia de trayectorias laborales inestables y erráticas constitutivas de la división sexual del trabajo y de la época. Una propuesta que implique reducir las famosas brechas de género no requiere sólo políticas focalizadas sino la ampliación y robustez de un sistema de bienestar que abarque no solo la extensión de lo que entendemos como protección social sino cuestiones más allá del ingreso monetario que cada persona obtiene para sostenerse. En ese sentido, garantizar políticas públicas y el derecho al cuidado de todas las personas con pleno reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es una medida nodal para empezar a construir una justicia económica y de género para quienes sostienen día a día las vidas en nuestro cotidiano. “Eso que llaman amor”, está invisibilizado y genera desigualdad, se puede reconocer, reducir y redistribuir.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/05/moratoria.png?fit=1197%2C427&ssl=14271197FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-05-15 12:39:392019-05-15 12:39:39Amas de casa: fin del reconocimiento del trabajo no remunerado
En 2017 el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra impidió que una joven de 19 años se realizara un aborto no punible por ser un embarazo producto de una violación. Actualmente, el médico enfrenta un juicio en Cipolletti por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Natalia Gherardi, integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, dijo a FM De la Calle que “este juicio es una oportunidad para mostrar que no es lo mismo una cosa que la otra, que obstaculizar el ejercicio de derechos de las mujeres tiene que tener consecuencias”.
“Tenemos mucho interés porque está en juego la responsabilidad de un profesional que se ha dedicado activamente a violar derechos. Está en juego el derecho de las mujeres a que se respete su decisión en lo que la ley contempla desde hace cien años”, comentó la abogada.
“El Estado tiene la obligación de garantizar un aborto no punible. Esta joven fue con un aborto en curso, ni siquiera lo que se le pedía es que realice el aborto sino que permitiera su finalización. Lo que él hizo fue en contra de la voluntad de esta mujer, suministrarle medicación para interrumpir ese aborto y obligarla a que continúe con esa gestación”.
“Lo que hizo fue muy problemático porque está mostrando una manera de ejercer la medicina que es desatendiendo a los pacientes, suministrándole medicación sin su consentimiento informado, manteniendo a una mujer casi privada de la libertad dentro de un hospital público para que se lleve adelante al decisión del médico y no de la mujer”.
La especialista destacó que “va a ser muy importante que la justicia reafirme el derecho a la salud y a la integridad de las mujeres. La pena no es muy elevada, lo más importante es la accesoria de habilitación para ejercer ese cargo y revisar su matrícula profesional porque, más allá de la terrible vulneración de los derechos de esta mujer, lo que muestra es un total desinterés por los derechos de los pacientes y eso es muy preocupante. “, finalizó Gherardi.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/05/rodriguez-lastra.jpg?fit=960%2C540&ssl=1540960FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-05-14 15:47:032019-05-14 15:47:03Juicio a ginecólogo por impedir un aborto no punible
El Gobierno Nacional impulsa un proyecto de reforma del Código Penal que, entre otras cosas, plantea restricciones al acceso a una Interrupción Legal del Embarazo.
Patricia Bustamante, integrante del grupo de trabajo de Feminismos y Justicia Penal del INECIP, calificó a la iniciativa como “regresiva” y comentó sus posibles efectos a FM De la Calle.
“Actualmente lo que más enfatiza la Corte es que no hay que judicializar, solo es necesario el consentimiento mediante una declaración jurada. El proyecto de reforma no aclara esto, solamente como causal pone abuso sexual”.
Bustamante resaltó que el proyecto crea dos figuras: “Habla del aborto culposo, que en este momento no existe en Argentina y sí existe en muy pocos países como El Salvador y Guatemala que criminalizan el aborto”.
“También crea la figura de lesiones a la ‘persona por nacer’. Hoy el Código Civil, cuando habla del nacimiento de las personas, no le da entidad jurídica al feto. Esto le daría entidad jurídica y una tutela por fuera del cuerpo de la persona gestante. Es muy preocupante porque ni siquiera tomaron en cuenta los tratados internacionales ni la legislación interna”.
“Tenemos una Ley de Fertilización Asistida que en su decreto reglamentario habla de la criopreservación de los embriones. ¿Qué pasaría con esos embriones? ¿Sería un delito si están congelados? Es bastante disparatada además de criminalizadora”, dijo.
Respecto al acceso a la justicia, Bustamante destacó que “teniendo en cuenta las características del caso, el juez o la jueza decidirá las penas. Tenemos una justicia que es sumamente patriarcal, este proyecto le da más poder a los jueces sobre el cuerpo y la decisión de las mujeres”.
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https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/03/IMG_5946-e1553826463434.jpg?fit=5472%2C2366&ssl=123665472FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-03-28 23:38:462019-03-28 23:38:46Justicia por Santiago!
(Por Mariela Dobal*) El 8 de marzo esta ciudad lució sus calles céntricas repletas de niñas, mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries que marcharon y se expresaron denunciando las opresiones e injusticias que sufren en cada rincón teñido de patriarcado. Lo que sucede en los medios de comunicación locales y en las coberturas en las que están involucrados estos colectivos también fue parte de los reclamos.
“Apoyamos el movimiento de las/es trabajadoras/es de la comunicación para construir medios responsables a pesar de los intentos de silenciamiento, precarización y despidos injustificados, que las grandes cámaras empresarias intentan imponer”, sostiene el documento leído en el acto de Bahía Blanca.
“Paramos porque no queremos ser cómplices de la violencia simbólica ejercida en el tratamiento de las noticias y de la falta de voluntad para capacitar en materia de géneros”, se indica desde la plaza central, mientras un grupo de mujeres, identificadas profundamente con esa visión, aplaude con fuerza y emoción.
Se miran y se encuentran, por primera vez, juntas. Unidas. Temblando de alegría e indignación. Fortalecidas por empezar a reunirse y organizarse para de construirse y no callar más.
La Red de Comunicadoras Bahía Blanca es una realidad. Un espacio de encuentro. Una red que entrama múltiples realidades, experiencias, ideologías, aprendizajes y silencios ya no deseados, de trabajadoras de los medios locales de comunicación. Desde hace meses se reúnen y planifican trabajos compartidos y coberturas mediáticas con real perspectiva de género. Están buscando mecanismos y recopilando información para visibilizar el desigual trato laboral que reciben en sus lugares de trabajo: a misma tarea que los hombres periodistas inferior paga, despidos injustificados por negarse a mandatos patriarcales, sufrir exigencias estereotipadas externas antes de valorarse su formación y experiencia, entre decenas de otras injusticias dignas de este sistema despiadado.
¿Por qué? “Porque no queremos más medios de comunicación hostiles y bastiones del disciplinamiento para quienes queremos producir nuevos sentidos. No estar en los medios es violencia simbólica y laboral. Este 8 de marzo, paramos el mundo. Este 8 de marzo nos hacemos oír, pero no solo hoy sino también mañana porque si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”, expresa la red en un pronunciamiento.
Mientras tanto, y ante las coberturas periodísticas que insisten en“nota de color”, “efeméride semanal” o “nota especial” para difundir estas realidades, perpetuadas en el lenguaje sexista y excluyente, inundadas de lugares comunes y sin consciencia de clase… nacen producciones autogestivas en espacios de comunicación comerciales y comunitarios, que invitan a reflexionar y expresarse.
Surgen discursos que construyen una comunicación fundada en visibilizar y defender los derechos de las personas. Emergen acciones pensadas para escuchar todas las voces posibles, capaces de ilustrar cada realidad negada en las editoriales de medios hegemónicos, reproductores de desigualdades e intolerancia.
Irrumpen trabajadoras de la comunicación que se encuentran en cuerpo y alma para no callarse más y desaprender mandatos y prácticas que las tenían inmóviles. “Paramos el mundo. Nos bajamos. Y ahora nos volvimos a subir. Unidas y empoderadas”.
Fotos: Fabiola Natalio, Virginia Pascual y Paula Ércoli.
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Un grupo de abogados y médicos tucumanos presentaron una denuncia contra Jose Gigena y Cecilia Bousett, quienes le realizaron la microcesárea a la niña de 11 años que tuvo un embarazo producto de una violación.
La senadora Beatriz Mirkin (PJ) comentó que “hay que defender esa terrible situación por la que pasan las mujeres que tienen embarazos no deseados, en este caso una violación por parte de una persona adulta de la familia que la ha llevado a querer suicidarse”.
“El gobernador Manzur estuvo en una marcha provida, junto al vicegobernador, a la ministra de salud, en conjunto con la senadora Elías De Pérez y el obispo encabezando. Están dividiendo la sociedad en una falacia entre los que están a favor de la muerte y de la vida, dicen ellos. En realidad estamos todos a favor de la vida, de la vida de una nena de 11 años”, dijo Mirkin.
Por último, comentó que la provincia “es muy conservadora y hay cada vez más embarazos adolescentes porque no hay educación por la igualdad”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/03/0000561661.jpg?fit=770%2C471&ssl=1471770FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-03-12 13:00:512019-03-12 14:11:21“Hay que defender a las mujeres con embarazos no deseados”
Compartimos el documento consensuado por la Asamblea de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries de Bahía Blanca leído durante el paro y la manifestación de este viernes 8 de marzo. Fotos: Charlie Pereuilh.
Nosotras/es paramos contra la violencia machista, el ajuste, por el aborto legal y la separación de la Iglesia del Estado.
Este 8 de marzo, PARAMOS EL MUNDO.
Históricamente, el 8 marzo es una jornada internacional de lucha y denuncia de las opresiones que sufrimos las mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries.
En Bahía Blanca, tomamos en nuestras manos la organización de la resistencia, junto con miles de mujeres en los más de setenta países en donde se convoca este 3º paro internacional.
Gritamos que NO queremos ser un engranaje más de este sistema de violencia y explotación patriarcal y capitalista.
Paramos porque:
Reivindicamos las luchas de las mujeres trabajadoras y exigimos paro activo y plan de lucha a las centrales sindicales.
Le decimos NO al ajuste del gobierno de Macri, les gobernadores y el intendente Héctor Gay.
Paramos en contra de la reforma laboral, previsional y los despidos porque nos afectan doblemente.
También porque los trabajos domésticos y de cuidados que nos son asignados socialmente están invisibilizados y no remunerados.Apoyamos el movimiento de las/es trabajadoras/es de la comunicación para construir medios responsables a pesar de los intentos de silenciamiento, precarización y despidos injustificados, que las grandes cámaras empresarias intentan imponer.
Paramos porque no queremos ser cómplices de la violencia simbólica ejercida en el tratamiento de las noticias y de la falta de voluntad para capacitar en materia de géneros.
Paramos porque las palabras son nuestras armas ante el silencio y el vaciamiento de mujeres, lesbianas trans, travestis y sexualidades disidentes en los medios de comunicación.
¡No nos callamos más!
Rechazamos el pacto con el FMI y el pago de la deuda. La deuda es con nosotras/es.
Asimismo, nos plantamos contra al avance de la derecha en Latinoamérica.
FUERA EL IMPERIALISMO!
Justicia por Marielle Franco y Berta Cáceres.
Frente a los femicidios, travesticidios, transfemicidios y la violencia machista decimos: el Estado es responsable.
Para terminar con todo tipo de violencia, desde el primer Ni una menos levantamos demandas concretas que comprenden la asistencia integral a las víctimas, el acceso a la vivienda digna, trabajo estable y derechos laborales de género.
La respuesta sigue siendo nula.
El Estado nos obliga a parir para luego abandonarnos a la maternidad en condiciones paupérrimas, sin garantizar jardines maternales en lugares de trabajo, estudio y en los barrios, tampoco educación y salud de calidad.
No se implementan las licencias por maternidad para la totalidad de las trabajadoras ni las licencias por violencia de género.
Muchas veces la maternidad y el derecho a la lactancia ponen en riesgo nuestra fuente laboral, demandamos la extensión de las licencias por paternidad.
En este contexto, consideramos de gravedad el reciente cierre de las salas maternales de los jardines municipales, que afecta a las mujeres trabajadoras privándolas del derecho a acceder de forma gratuita a un lugar de contención y cuidado para sus hijes.
Ante los crecientes ataques y crímenes de odio al colectivo LGTBIQ+ reclamamos la promoción, protección y la garantía de los derechos de esta comunidad.
Exigimos la aprobación, reglamentación y cumplimiento del proyecto de cupo laboral trans, ya presentado en el Concejo Deliberante.
Repudiamos la implementación del código de faltas en algunas provincias, que criminaliza la identidad travesti. Vivienda, salud y educación para las travas y trans!
Exigimos real implementación de las leyes locales y nacionales que dictan la emergencia en materia de violencia de género y presupuesto propio acorde a las necesidades bajo control de un organismo de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries, autónomo e independiente del Estado y de la Iglesia, electo y revocable por las mismas organizaciones.
Denunciamos las muertes, torturas y sometimientos dentro de comisarías, psiquiátricos e instituciones penitenciarias.
Paramos por el desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual, con la participación indispensable y complicidad de la justicia, las fuerzas represivas y los funcionarios como parte del sistema prostituyente.
Exigimos justicia por Rosa Aìda Cavallín y aparición con vida de Andrea Esnaola, Marita Verón, María Cash, Johana Ramallo, Florencia Penacchi y todas/es las/es víctimas.
A cuatro años del crimen de Katherine Moscoso denunciamos al gobierno de Monte Hermoso por ser cómplice en su femicidio, y reclamamos esclarecimiento y justicia.
Exigimos el fin de la impunidad sobre las denuncias públicas y/o judiciales realizadas hacia funcionarios y agentes del Estado, amparados por el poder de su cargo.
Paramos porque los territorios ancestrales de los pueblos originarios están siendo violentados y explotados, con la misma ideología patriarcal que tiene al cuerpo de las mujeres como tierra conquistable. Las mujeres originarias viven la violencia machista, racista y capitalista por oponerse a la invasión de los megaproyectos en las comunidades.
Nos pronunciamos contra cualquier tipo de política anti inmigratoria.
Exigimos libertad y desprocesamiento a todas/es las luchadoras y les luchadores y preses polítiques.
Basta de persecución a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Absolución para Higui y Moira Millán.
Libertad a Milagro Sala.
Derogación de la ley antiterrorista.
Basta de criminalización de la pobreza.
No a la baja de la edad de imputabilidad.
Nos pronunciamos contra la violencia en espacios de militancia, cultural, política, sindical, social y partidaria.
Por la creación de comisiones de género y elaboración de protocolos.
Basta de justicia misógina y patriarcal; aplicación de la ley Micaela para que quienes desarrollan una labor en los espacios de atención pública de salud, justicia y educación sean capacitadas/es en perspectiva de género.
Exigimos la plena implementación de las leyes de Educación Sexual Integral y de Salud Sexual y procreación responsable. Consideramos imprescindible el real cumplimiento de la ley de forma laica y científica, en todas las instituciones Educativas de manera transversal.
Rechazamos la campaña “con mis hijos no te metas” que, amparada por las iglesias y el Estado, obstaculiza la efectivización de la ESI, herramienta fundamental para la detección de abusos intrafamiliares de menores.
Repudiamos la persecución a las/les docentes que implementan dicha ley. En ese sentido, planteamos la eliminación del Art 5 de la ley actual que habilita la injerencia clerical y la adecuación institucional.
Paramos para que las Instituciones de Salud cuenten con anticonceptivos y se brinden consejerías para garantizar el derecho a decidir.
Denunciamos todo tipo de violencia obstétrica y exigimos el real cumplimiento de la ley de parto respetado.
Nos pronunciamos contra los dichos del Papa Francisco, Jorge Bergoglio, para quien “todo feminismo termina siendo un machismo con polleras” y “los homosexuales deben ir al psiquiatra”, mientras encubre hordas de pedófilos en sus filas.
También denunciamos el avance de las iglesias evangélicas en nuestro territorio y en la región.
El trasfondo de estas declaraciones ante el potente movimiento de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries tiene la intención política de disciplinarnos y negarnos un derecho tan básico como la decisión sobre nuestros propios cuerpos, profundizando la imposición social de la maternidad.
Además, nuestras demandas significan un obstáculo para el pacto entre los sectores anti derechos o “pañuelos celestes” y el poder político y económico, que acuerda con los diferentes cultos a cambio de cooptar a los sectores más vulnerados.
Advertimos que estas alianzas al estilo Bolsonaro en Brasil culminan en la tortura de niñas como ocurrió en Jujuy y Tucumán y el año pasado en Salta, pero que bien sabemos ocurren en todo el país.
Los gobernadores Morales, Manzur y Urtubey son algunos de los abanderados anti derechos. Ellos designan sus provincias como “pro vida” mientras niegan un derecho ganado hace casi un siglo: la interrupción legal del embarazo a niñas violadas. Están cometiendo un delito!
Por eso decimos la maternidad no debe ser obligatoria.
Queremos niñas, no madres, y exigimos la separación de la Iglesia del Estado y el desfinanciamiento de todos los cultos.
Repudiamos a los poderes del Estado desde el advenimiento de la democracia hasta hoy por no aprobar el proyecto de legalización del aborto.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/03/IMG_5363.jpg?fit=3026%2C1995&ssl=119953026FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-03-09 17:59:152019-03-09 17:59:28#8M: “No queremos ser un engranaje más de este sistema de violencia y explotación patriarcal y capitalista”
El caso de Alejandra Galicio es un emblema de la lucha contra las violencias hacia el colectivo trans y travesti de nuestra ciudad. Tenía 33 años y la encontraron malherida en las instalaciones de la ex bodega Arizu en abril del 2005. Días después falleció en el Hospital Municipal.
“Estuvo en terapia intensiva durante cuatro días y luego falleció. Alejandra era trabajadora sexual pero nunca se investigó el caso, se hicieron unos allanamientos para aparentar. Como era de Salta y su familia era humilde, le dijeron que no se podía hacer nada, que no sabían quién lo había hecho”, relató en FM De la Calle su amiga Yohanna Maidana.
Yohanna recordó a Alejandra como “una persona muy divertida, muy luchadora por ella y por su familia. Le gustaba mucho divertirse. Todas intentamos crear un futuro. Nuestro proyecto era poder tener algo y ayudar a nuestra familia”.
Hace décadas y en un pueblo pequeño ser una mujer trans no era nada fácil: “Nos conocíamos desde los ocho años, somos del mismo pueblo, Colonia Santa Rosa de Salta. Luego fuimos a La Plata y después vinimos a Bahía. En aquel momento éramos muy perseguidas por la policía. Hoy muchas no necesitan dedicarse al trabajo sexual porque pueden hacer otra cosa. Las chicas trans tenemos más posibilidades por el hecho de tener nuestro documento y nuestra identidad. Podemos estudiar, de conseguir un trabajo”.
Maidana agregó que “antes yo renegaba muchísimo y decía porqué nosotras las chicas trans tenemos que pasar por esto. Hoy en día veo a las mujeres luchar por sus derechos y pienso no solo a nosotras nos pasaban cosas. Nada más que esta sociedad es un poco hipócrita y no lo decía”.
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La economista feminista Agostina Costantino destacó que para remunerar los trabajos domésticos y de cuidados que hacen las 2 millones 700 mil amas de casa de nuestro país se deberían desembolsar 30 mil millones de pesos, lo que equivale a lo aportado al PBI por todo el sector de la administración pública.
“Sin el trabajo de esas amas de casa el resto de los integrantes no podría salir a trabajar porque tendría que ocuparse de los cuidados personales y familiares diarios”, dijo en FM De la Calle y opinó que “las personas que se encargan de los cuidados deben recibir remuneración pero esas tareas deben dividirse entre varones y mujeres” para no profundizar las desigualdades en el mercado de trabajo desde el origen.
Las amas de casa, las jubiladas y las estudiantes son la mitad de las mujeres de más de 15 años de nuestro país. La otra mitad trabaja o busca empleo fuera del hogar. De ellas, “casi un 10 por ciento está desocupada”.
“De las que logran emplearse, trabajan principalmente en casas particulares -9 de cada 10 son mujeres-, en servicios sociales y de salud -7 de cada 10 lo son- y en la enseñanza repiten esa proporción”, explicó Costantino.
La economista agregó que “son sectores muy mal pagos, por lo cual la discriminación de género se da también por el sesgo de género de cada uno de esos sectores: los de cuidados feminizados y mal pagos y en otros mejores pagos, como la industria y el transporte que son los más masculinizados de la estructura económica, las mujeres solemos ocupar cargos operativos y no de dirección”.
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La doctora en Ciencia Política e investigadora del Conicet Natalia Martínez analizó en FM De la Calle las distintas olas del feminismo en el marco del 3º Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binaries.
“Lo conmovedor viene por el lado de la masividad y de la heterogeneidad, se multiplican los feminismos. Hoy es feminismo y qué más. Necesitamos más significantes que den cuenta desde qué feminismo venimos. Y eso habla de la riqueza del momento”, opinó sobre el desarrollo de la cuarta ola en nuestro país.
Agregó que “la metáfora de la ola vino a decir que hubo muchos momentos individuales o aislados que juntos logran desplazar cierta configuración de época”.
Más allá de caracterización internacional de las diferentes etapas del movimiento feminista, la investigadora afirmó que en Argentina “la primera ola se dio a principios de siglo, la segunda en los ’70 y la tercera ola se difumina un poco más porque nuestros ’70 se vinculan a los ’80 por la recuperación democrática”.
“En los ’70 la política partidaria y estatal tenía una connotación peyorativa para las feministas y eso cambio en los ’80 cuando la política y la intervención en ella tuvieron otro sentido”.
Martínez explicó en cuanto a la tercera ola que “hay un cambio muy importante que se da en los ’90 y tiene continuidad con el 2001. Los ’90 dividieron los feminismos en América Latina en torno a la autonomía y a la institucionalidad. Esa aproximación al Estado que se da en los ’80 en los ’90 tomó otro sentido por la política que estaba muy vinculada al proyecto neoliberal”.
“A la cuarta ola se la engloba en la llegada de lo popular al feminismo. Hay un sector que cree que lo novedoso vendría por ahí pero para mí se fue dando antes, hubo ciertas condiciones en el país que hicieron que llegasen. Me parece que lo de hoy se da por la heterogeneidad que siempre fue constitutiva del feminismo pero hoy llega con masividad”, concluyó.
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(Por Red de Comunicadoras Bahía Blanca)Paramos porque hay un femicidio cada 28 horas. Paramos para repudiar todas las formas de violencias machistas.
Paramos para exigir el aborto Legal, Seguro y Gratuito. Paramos porque no queremos más niñas obligadas a la maternidad.
Paramos porque queremos un Estado presente que no estigmatice a las mujeres y que no elija recortar el presupuesto nacional, provincial y municipal en políticas de género.
Paramos porque decimos basta a la discriminación salarial. No naturalizamos que la brecha salarial entre hombres y mujeres llegue al 27 %, ni que cobremos menos por iguales tareas.
Paramos por las lesbianas y travestis asesinadas. Por las que están desaparecidas. Por las pibas que nunca volvieron.
Paramos porque muchas de las víctimas de violencia no tienen acceso a la justicia. Misma justicia patriarcal y machista, que opera protegiendo y garantizando la impunidad de los violentos.
Paramos por las presas políticas, las perseguidas en nuestra tierra latinoamericana por defender los intereses del pueblo.
Paramos porque exigimos ser oídas, pero por sobre todas las cosas porque queremos tomar decisiones sobre lo que nos afecta.
Nosotras, quienes integramos la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca, paramos y decimos basta a los estereotipos históricamente asignados a nuestra profesión.
No queremos más medios de comunicación hostiles y bastiones del disciplinamiento para quienes queremos producir nuevos sentidos. No estar en los medios es violencia simbólica y laboral.
Este 8 de marzo, paramos el mundo. Este 8 de marzo nos hacemos oír, pero no solo hoy sino también mañana porque si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/03/loo.png?fit=1716%2C781&ssl=17811716FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-03-08 11:34:212019-03-08 17:45:278M#: Nosotras paramos
La Red de Comunicadoras de Bahía Blanca convocó mediante un video colectivo al 3º Paro Internacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis y No Binaeries.
“No queremos más medios de comunicación hostiles y bastiones del disciplinamiento para quienes queremos producir nuevos sentidos. No estar en los medios es violencia simbólica y laboral”, manifestaron.
#8M#8M2019 No queremos más medios de comunicación hostiles y bastiones del disciplinamiento para quienes queremos producir nuevos sentidos. No estar en los medios es violencia simbólica y laboral.
Este 8 de marzo, paramos el mundo pic.twitter.com/vGHD6g17IT
La periodista Virginia Pascual comentó a FM De la Calle que lo que más le impactó del encuentro con sus compañeras en la Red fue que “las más grandes compartíamos las mismas vivencias con las que recién empiezan: desde violencia física, como que te toquen la cola o que te digan frases desafortunadas al aire, como estereotipos o cosificación, a cosas lamentablemente propias de los medios como el tratamiento de los temas”.
“Justo ese día no había movileros y eran todas mujeres las que preguntaban. El cierre de las salas es algo que golpea efectivamente a las mujeres porque no solo se vulneran los derechos de niños y niñas sino que recarga los roles de cuidado. Esas preguntas estuvieron porque había mujeres con perspectiva de género”.
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“Esta situación obliga a pensar los cuidados de manera privada ya que son las mujeres más pobres quienes toman esta decisión. Además que entorpece la posibilidad de que dediquen tiempo a otras cosas”, comentó la economista feminista María Julia Eliosoff.
La columnista del programa En Eso Estamos explicó que “los hogares pertenecientes a diferentes estratos económicos, tienen diferentes grados de libertad porque hay algunos dispositivos privados que son imposibles de acceder. Es imposible que salgan al mercado a buscar cuidado”.
“O tienen que recargar sus jornadas laborales participando del mercado de trabajo y después volver a cuidar a sus hijos o pueden acceder a los dispositivos del Estado. Si el Estado se empieza a correr de estas tareas está imposibilitando a estas mujeres a acceder otro tipo de actividades (estudiar, empleos mejores) que no sea quedarse en la casa cuidando a sus hijes”, argumentó Eliosoff.
“Esta distribución de los cuidados es un vector de profundización de la desigualdad de género y pobreza”, concluyó.
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“A Lucía la mataron dos veces. Hay momentos en los que me puse a pensar si estaba equivocada. Yo llegué a dudar de mi misma, ¿qué estoy viendo? ¿qué me están contando? Si toda esta evidencia está y no ven la muerte de Lucía”, dijo a FM De la Calle Marta Montero, madre de Lucía Pérez.
El Tribunal Oral de Mar del Plata absolvió a los tres imputados por el femicidio de la adolescente ocurrido en 2016.
Los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas condenaron a Matías Farías y a Pablo Offidani a ocho años de prisión por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Alejandro Maciel fue absuelto.
El femicidio de Lucia motivó el primer Paro de Mujeres.
El fallo fue duramente criticado por sus fundamentos patriarcales. “La parte de la muerte no está presente, o sea, para ellos Lucía murió porque quería morir”, dijo Montero.
Señaló que “los peritos dicen que mi hija tenía escoriaciones en la parte vaginal porque algunas mujeres tenemos relaciones torpes y duras, entonces podemos estar lastimadas. Dicen que hay mujeres que después de tener relaciones quedan lastimadas. Esa fue la Junta Médica que puso la Fiscalía”.
“Te pasó esto y bueno, te lo buscaste. Esa es la mirada retrógrada y machista que tienen los jueces de Mar del Plata”, dijo Montero.
Luego de la sentencia, una multitud que esperaba la resolución del juicio en la puerta del Tribunal marchó por la ciudad balnearia para pedir Justicia.
“Eso hubiese querido Lucía, pidan justicia por mí”, afirmó su mamá.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2018/11/luciaperez.jpg?fit=1256%2C620&ssl=16201256FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2018-11-28 08:03:142018-11-28 08:03:14“A Lucía la mataron dos veces”
La Cámara de Diputados bonaerense aprobó la ley de Identidad de Género en el deporte. A partir de ahora, los clubes, ligas, asociaciones y federaciones deportivas que impidan la participación de deportistas o realicen su inscripción en un género distinto al auto percibido serán sancionados”.
“Más que feliz de esta nueva conquista que amplía en derechos consagrados como la ley de identidad de género, garantizando que se respete y que nadie sufra imposibilidades para acceder a los ámbitos deportivos”, manifestó la activista trans y deportista bahiense Saira Millaqueo.
La norma, presentada por el senador Federico Susbielles, establece que “a los fines de la registración, inscripción, participación y competición en el marco de las actividades deportivas, de una liga, federación o confederación en el territorio provincial, sea de carácter amateur o profesional, se entenderá por género a aquel que fuera auto percibido por la persona deportista”.
En su fundamentación, se destaca que “los discursos biológicos sobre las diferencias corporales carecen de toda validez puesto que la ley nacional (…) cancela su pertinencia” y define “al género, por fuera de las construcciones sexuales, como ‘la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo’”.
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(Por Facundo Muñoz) Silvia Piceda y Sebastián Cuattromo hablan con un lenguaje claro y simple. Se presentan contando sus historias y relatan con crudeza -pero sin morbo- cómo fueron abusadxs. Sus historias no son sólo la carta de presentación que utilizan en las charlas que dan a lo largo y ancho del país sino que también son una puerta para visibilizar una problemática latente en nuestra sociedad.
Ayer se conmemoró el Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil.
Cuando se les pregunta cómo deciden formar la ONG Adultxs por los derechos de la infancia y cómo trabajan, Silvia responde: “Los dos veníamos de nuestros caminos de lucha. Yo venía como madre protectora, Sebastián venía de su juicio y habiendo podido poner en la cárcel al que fue su agresor. Y los dos teníamos la visión de que este delito no tiene que ver con la vida privada de las personas, no tiene nada que ver con la intimidad, tiene que ver con un comportamiento social”.
“Había que hacer público esto, porque esto es un problema de toda la sociedad y es la sociedad adulta la que lo va a resolver. Entonces, por un lado tenemos el grupo de ayuda de pares, que era lo que yo venía haciendo con otro grupo de madres, que es, evidenciar el poder sanador de la palabra. Y por otro lado la visibilización que es esto, ir a todos los lados en los que nos llaman para contar esto, en base a nuestros testimonios, nosotros no hablamos como científicos sino desde nuestros testimonios”, asegura.
Paradigmas y retóricas
Una revolución se produce cuando se encuentran anomalías que no pueden ser expresadas por el paradigma universalmente establecido y aceptado. El paradigma no es simplemente la teoría vigente sino la cosmovisión dentro de la cual existe y sus implicancias. En todos hay anomalías que se descartan como niveles de error aceptables o simplemente se ignoran.
Vivimos bajo un paradigma sobre el cual Silvia sostiene que “desde la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional, la Ley de ESI (Educación Sexual Integral) y demás, todo habla de que el niño es reconocido como sujeto de derecho. Eso antes no existía porque la infancia, en verdad, no era reconocida como una instancia particular de la vida del humano. En algún momento se empieza a reconocer a la niñez, ese es el paradigma. El tema es que cuesta muchísimo que ese paradigma pase del papel donde están puestos y acordados los derechos, que pasen a la vida cotidiana cuando tenés que defenderlos”.
Existen retóricas hipócritas de las cuales nos sostenemos para poder seguir avalando el paradigma de los derechos de lxs niñxs. Silvia comenta que tienen que ver con que “Occidente es el defensor de los derechos de infancia o es el defensor de los derechos humanos y eso es una retórica que no es real. Porque vemos que en Estados Unidos, Europa, acá y demás, la infancia no es defendida”.
“Esta sociedad además de patriarcal y machista es adultocéntrica. Todo gira alrededor de las necesidades, tranquilidades y objetivos de los adultos. No es real que el niño en la infancia sea tenido en cuenta, ni siquiera para generar políticas. Porque vos pensá cuando vas a votar a las múltiples personas que se presentan: ¿alguno de nosotros le preguntamos cuál es su programa de infancia? A nadie le importa”.
El Estado que siempre falla
El sistema de 0800 del programa “Las víctimas contra las violencias”, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en 2016 se registró que las niñas mayores de 5 años son las principales víctimas.
El 53% de los casos ocurre en los hogares de las víctimas y el 18% en el hogar del agresor. Este dato se condice con la estadística que demuestra que el 75% de los agresores son familiares: el 40% de ellos son padres de las víctimas.
La estadística se registró entre el 19 de noviembre de 2017 y el 19 de diciembre de 2016. Vale destacar que estas cifras existen porque hubo denuncias. ¿Qué pasa con aquellos casos que no son denunciados? ¿Y con aquellos que tienen como víctimas a niñxs institucionalizados? ¿Dónde está el Estado protector en ese momento?
Silvia Piceda comenta: “El Estado no es protector de la infancia. Una figura del Estado es el Poder Judicial. Y si vos tenés un Poder Judicial que en lugar de reconocer que el abuso existe, que es muy frecuente, que los abusadores en la mayoría de los casos son adultos y que en verdad tenés que buscar al responsable y lo que hacen es todo lo contrario, tratando de demostrar que todas las denuncias son falsas, en verdad el Estado esta faltando en la protección de los derechos de la infancia”.
A eso hay que sumarle que “falta capacitación en todos los niveles. En el Poder Judicial, en Salud, en trabajadores sociales, en psicólogos, a todos los que trabajamos en lo que tiene que ver con el trato con seres humanos, nos falta formación en temas específicos graves, por ejemplo, el abuso sexual contra la infancia”.
Cambiar la realidad de lxs niñxs y salvaguardar sus derechos debe ser un compromiso que la sociedad debe asumir para acabar con los abusos sexuales contra la infancia.
Pensar en nuevas formas de comunicarnos con lxs más chicxs y hacer de la igualdad una realidad. Entender que existen otras realidades posibles en las cuales primen los derechos de todos los sectores sociales debe ser nuestra forma de evolucionar hacia una sociedad que se haga cargo de sus problemas.
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Mirta Millan, integrante de la Comunidad Mapuche Urbana de Olavarría Pillan Manke participó de una Jornada Intercultural promovida por la UNS en la cual se presentó el libro “Buenos Aires Indígena”, editado por la Comisión Provincial por la Memoria. Además, pasó por los estudios de FM De la Calle.
Millán contó que el libro “es un material inédito, lo trabajamos con Inés Rosso, que es licenciada en Geografía. Empezamos a trabajar con mapeos desde nuestra propia lógica y desde nuestros territorios actuales porque los mapas que existen no dan cuenta de los pueblos originarios de la provincia de Buenos Aires. Logramos en varias etapas llevarlo concretamente a un libro bajo la posibilidad mancomunada de la UNICEN, la Comisión Provincial por la Memoria y la Mesa Autogestionada”.
La Mesa Autogestionada en Educación Intercultural fue fundada hace seis años y su carácter itinerante “es lo que le dió mucha vitalidad. No perder el foco que son las políticas públicas las que tienen que quedar para las generaciones actuales y las que vienen. (…) Es importante ver el pantallazo que se plantea en América Latina. Tenemos países que están a años luz de nosotros porque se están planteando, por ejemplo, como lengua en segunda instancia el castellano cuando nosotros perdimos nuestros idiomas originarios, es el caso de Panamá, de Ecuador”.
“En provincia de Buenos Aires recién es la visibilización, o sea, hablar que hay poblaciones originarias o afrodescendientes. Más allá de que acá exista normativa no se aplica. La interculturalidad está contemplada en normativas internacionales porque Argentina ratificó el convenio de la OIT, también en lo que es la Constitución Nacional y Provincial y la Ley de Educación Federal también lo contempla”.
Consultada sobre los cambios político-culturales luego del caso de Santiago Maldonado, Millán comentó que “sucedió lo que dijimos: Santiago Maldonado era un emergente de lo que iba a suceder a posterior, en función de las políticas represivas del Estado, la militarización de los territorios y la aplicación de la ley antiterrorista haciéndose eficaz a través de causas armadas a nuestros hermanos y hermanas”.
“Después sucedió lo de Rafael Nahuel, sucedió lo del allanamiento en el Pu Lof y en Vuelta del Río… Entonces, lamentablemente se dio lo que habíamos pensado y enunciado en un primer momento. Estamos viviendo un escenario político muy complejo, un escenario en el cual estamos viendo que los derechos han sido totalmente avasallados, sobre todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Hay intereses de trasnacionales, convenidos con el Estado nacional y provincial y es muy difícil poder llevar a cabo esos intereses si hay indígenas en el medio. Esta es la resistencia y creo que no sólo nuestra resistencia, sino que es en toda América Latina”.
La dirigente mapuche opinó sobre el debate que llevaron las mujeres originarias al Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew para darle el carácter pluricultural. “Sabíamos que iba a haber participación pero no tan masiva (…) en toda situación de fricción una puede quedarse con el mero relato pero, sin embargo, queríamos trascender. Se logró y la verdad que fue contundente. Y lo emocionante fue en la marcha, primero que tuvimos la posibilidad, solidariamente y a conciencia, que las compañeras de la Ola Verde nos cedieran el espacio para poder marchar y lo emocionante fue ver cómo nos esperaban gritando ¡este es territorio ancestral mapuche!”.
Respecto al reclamo del aborto legal, seguro y gratuito, Millán afirmó que como comunidad “asumimos el pañuelo verde entendiendo que es un contexto en el cual muchas mujeres mueren por aborto clandestino y son las más vulnerables y, entre ellas, nuestras propias hermanas en lugares como villas, Chaco, Salta o acá mismo en la provincia de Buenos Aires”.
“La verdad que eso lo asumimos y lo defendemos mas allá que desde el punto de vista de la salud de los pueblos originarios teníamos todo un conocimiento que teníamos que recuperar, que está, que es el cuidado con el cuerpo y el tema de tener medidas preventivas ante el embarazo que, a raíz de toda ésta colonización y consolidación del Estado, se prohibió”, concluyó.
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