El reclamo por una reforma judicial feminista encabezó las últimas expresiones del movimiento de mujeres e identidades disidentes ante el recrudecimiento de los femicidios y la ineficacia del sistema.
La Asociación Abogadas Feministas (ABOFEM) presentó ante el Consejo de la Magistratura un pliego de reclamos, entre ellos la impugnación de una lista de 52 jueces y juezas que no cuentan con las capacitaciones en perspectiva de género obligatorias por ley.
“El planteo de la reforma judicial ya no alcanza solo a lo referido a la administración de justicia y no concentración de poder en los fueros, sino a una lógica que tenga relación con que se aplique la perspectiva de género, de derechos, que haya paridad en los cargos. Y que, además, quienes se presenten, cumplan con la formación en género que exige el reglamento para que de una vez y por todas veamos sentencias judiciales que tengan perspectiva de género actualizadas y acordes a la realidad que estamos viviendo”, detalló a FM De la Calle, la abogada Melisa García.
La presidenta de ABOFEM mencionó que, respecto a la capacitación obligatoria en relación a la perspectiva de género, “el Consejo de la Magistratura se ha arrogado que la implantación total de estas normas será en 36 meses, pero por otro lado la misma normativa plantea que los jueces y juezas deben acreditar -aunque sea- haber comenzado un curso de género para presentarse a concurso”.
El femicidio de Ursula Bahillo conmocionó a la sociedad. La joven había denunciado en 17 oportunidades a su ex pareja quién finalmente la asesinó. A este hecho se le agrega la renuncia del juez de la causa por haber tenido un informe de peligrosidad que alertó que la vida de la joven corría peligro 12 días antes de su femicidio. ¿De qué depende la prioridad de una causa en una fiscalía o un juzgado?
“La situación deviene de no haber una formación, un seguimiento y una consecuencia para quienes toman las denuncias. El gran problema es que se abra lugar a la arbitrariedad, no entender cuál es la gravedad, pareciera que no hubiera ningún tipo de consecuencia. En una causa de violencia de género, cuando una mujer denuncia y menciona que está en peligro su vida no tiene que haber dilaciones, ni quién es el imputado, ni si es parte de una fuerza, o de la justicia, ni de ningún otro espacio”, comentó García.
“Se empezó a poner la mira en la ineficacia de la toma de las denuncias. La falla es sistemática y está en la falta de formación, en la falta de equipos interdisciplinarios, falta de evaluaciones de riesgo”.
En muchas oportunidades quienes alertan a los agentes policiales son personas cercanas a la víctima pero que, en determinado momento, se encuentran con los obstáculos del sistema que obliga a que la víctima ratifique la denuncia.
“Debería mínimamente poderse tomar una denuncia y hacer un mínimo seguimiento cuando denuncia una persona cercana a la violentada. Si se requiere una ratificación, que la persona violentada se pueda acercar a ratificar. Pero si una mujer está en situación de violencia no se le puede pedir que ratifique un proceso. Quizás no pueda salir de su casa, reciba amenazas, es ahí donde el Estado tiene que tener equipos especializados”.
La abogada señaló que “la Comisaría de la Mujer es una lógica que responde al derecho penal y si no va la víctima a ratificar se archiva. En el medio hay un montón de mujeres que mueren justamente por este tipo de abordaje, llegan a un femicidio porque el Estado no responde como corresponde”.
“Vivimos una gravedad respecto a los femicidios que hace que haya que pensar de otra manera y con perspectiva para auxiliar a las mujeres en peligro y no para cubrir al sistema que dice que si no se da de determinada manera no se puede seguir la causa”, finalizó García.
Foto: Notas Periodismo Popular
