A partir del análisis de medios gráficos y digitales, el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” dio a conocer las cifras de femicidios en Argentina entre el 1 y el 31 de enero de 2021.

Las estadísticas contabilizan 33 femicidios desde que comenzó el año, lo que da como resultado un femicidio cada 23 horas.

Agregan que el 66,7% de los femicidios fue cometido por parejas y ex parejas de las víctimas y el 36,4% ocurrió en la vivienda de la víctima. Hay al menos 27 niñes huérfanes.

“Continuamos viendo con preocupación la actuación y, en ocasiones, la omisión de la Justicia y las Fuerzas de Seguridad”, señalan desde el Observatorio.

Seis víctimas del total habían realizado al menos una denuncia y sólo tres tenían medidas de protección y, sin embargo, las asesinaron.

Por otro lado, en tres de los crímenes contabilizados el agresor pertenecía a una fuerza de seguridad. “En este sentido, no sólo es fundamental la formación en perspectiva de género en las fuerzas, también es vital retirar el arma reglamentaria a miembros de que tengan denuncias de violencia machista”.

En tanto, en los primeros 31 días del año registraron dos trans/travesticidios. ¿Esa cifra implica que no ocurren? “Definitivamente no. Los asesinatos por razones de género a diversidades están presentes en nuestro país pero los medios de comunicación invisibilizan a estas víctimas”.

“Desde los discursos y mensajes mediáticos se construye sentido y se ejerce violencia. Es urgente romper el pacto mediático patriarcal. Exigimos la aprobación de la Ley de Equidad en Medios para tener una mirada de género transversal así como la participación de otras voces”, finaliza la presentación del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven.

La segunda Encuesta Nacional de Creencias y Actitudes Religiosas de la Argentina concluyó que “alrededor del 79 por ciento de las personas está de acuerdo con el aborto en alguna de las circunstancias”.

“Cuando se trata del inicio o el fin de la vida las religiones tienen algo para decir. Si nos preguntamos quiénes son los que hablan, suelen ser los líderes, los dirigentes. Más allá de esa postura institucional de las iglesias, en los creyentes encontramos posiciones distanciadas de las jerarquías”, dijo a FM De la Calle Verónica Giménez Béliveau, doctora en Ciencias Sociales de la UBA y coordinadora del programa Sociedad, Cultura y Religión del CONICET.

Comentó que “una de las opciones de la encuesta era el aborto legal como derecho de las mujeres, otra que debería estar despenalizado en algunas circunstancias y la tercera opción señalaba que debe estar prohibido siempre”.

La socióloga mencionó que: “Tres de cada diez argentinos consideran que es un derecho de las mujeres, dos de cada diez consideran que debe estar prohibido siempre y cinco de cada diez consideran que debería estar permitido en algunas circunstancias. Si sumamos la primera y la tercera, llegamos al numero de casi el 80 por ciento está a favor de algún grado de despenalización”.

Según la adscripción religiosa, quienes opinan mayoritariamente a favor del aborto como derecho de la mujer son las personas sin filiación religiosa; quienes más firmemente apoyan la prohibición son los/as evangélicos/as; y quienes están a favor de la despenalización en algunas circunstancias son los/as católicos/as.

La primera encuesta se realizó en 2008 y en comparación con la de 2019 “observamos que sobre este tema hubo un crecimiento de casi el doble de las personas que consideran que el aborto es un derecho de las mujeres. La puesta en escena de la discusión pública en la Cámara de Diputados y el Senado en 2018 sirvió para que las personas se enteraran, profundizaran y muchas veces cambiaran su opinión”.

Consultada sobre la influencia de los medios de comunicación, Giménez argumentó que “se hacen eco y circulan cosas que pasan en la sociedad. Pedirle verdad a los medios estaría bueno pero no es lo que pasa, la circulación de fake news o discursos o creencias que no están probados científicamente se dan cuando hay disputa, pasó con el aborto y con los intentos el darle sentido a hechos que alteran la vida como el covid y las decisiones políticas que se tomaron para paliar las consecuencias”

“Lo que pasa en general cuando se aprueban determinadas legislaciones que amplían derechos es que las sociedades se los van apropiando y se vuelven ‘normales’, pasan a ser parte de la forma en la que la sociedad se piensa y se caracteriza. Así como antes del matrimonio igualitario la homosexualidad era mirada con más crudeza, hoy gracias a la ley hay una mayor apertura, sobre todo de las generaciones jóvenes, tienen una relación completamente diferente con la diversidad sexual, creo que con el aborto pasará algo similar va a pasar a ser un derecho adquirido”, concluyó.

El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo del gobierno nacional incluye la objeción de conciencia (OC) de profesionales de salud. La abogada e investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Agustina Ramón Michel, analizó en FM De la Calle los alcances de la medida.

“Hay un mal uso y abuso de la OC, por eso no la incluyó la Campaña en su proyecto. El dictamen de 2018 la incorporó de manera individual y prohibía la institucional. El cambio respecto a esa media sanción es que (la propuesta del Ejecutivo) no prohíbe explícitamente la objeción de conciencia institucional pero tampoco la permite. No parecería ser tan problemático que no la prohíba, lo importante es que no la permitan”, explicó.

La docente sostuvo que “la objeción de conciencia es la posibilidad de no cumplir con una obligación jurídica, en este caso el profesional de la salud está obligado a realizar una IVE, la OC es la posibilidad de negarse a cumplir la obligación alegando razones morales o religiosas”.

“Puede ocurrir que todos los profesionales de una institución aleguen objeción de conciencia. Eso podía pasar también con lo que se aprobó en 2018, la institución no dice soy objetora sino que van todas las personas. Sería una OC institucional informal. Una de las cosas más importantes es ver que se precisen los deberes que tienen quienes objetan, no es admisible que una persona que tiene creencias morales o religiosas diga no voy a cumplir con mi deber de atender a una mujer y además le restrinja la información o no la derive o que objete en el hospital y no en su consultorio”, comentó.

De acuerdo a una investigación de CEDES, les profesionales de la salud “no solo objetan por razones morales o religiosas, en muchas oportunidades tienen miedo al estigma de ser ‘aborteros’ en pueblos pequeños o recibir repudio de otros colegas. Ahí hay mucho por trabajar a través de capacitación, de redes, y con eso vamos a reducir la cantidad de objetores/as”.

Registro: ¿sí o no?

Michel dijo que “a veces un registro de objetores parece ser la forma de resolver este problema pero lo cierto es que no lo es”.

Destacó la experiencia de Santa Fe: “Se trataba de una gestión que había tomado la decisión de dar acceso al aborto por causales y quería usar un registro para entender cuál era la situación en el servicio de salud, cuántos eran los objetores y por qué razones. Con esa información fueron a trabajar a los centros de salud. Algunos objetaban para dar la píldora de emergencia porque decían que era abortiva, el Ministerio hizo una capacitación para mostrar que no era abortiva sino anticonceptiva. Después de las capacitaciones la cantidad de objetores se redujo un 35%”.

“Imaginemos este registro en la provincia de Chaco o Tucumán donde no hay ley de salud reproductiva, ni protocolo ILE, donde la ministra dice llamarse celeste. Se va a abrir ese registro diciendo anotesé quien quiera, se van a anotar el 80% del personal por reaccionario, otros por devotos, otros por miedo a quedar fuera y ser señalados como ‘aborteros'”, enfatizó.

Insistió en que “el registro en provincias que no tienen políticas de acceso al aborto es un arma de doble filo. De afuera parece una forma de tener cierto control pero en mi opinión no es la solución”.

Tierra fértil para el acceso a la salud sexual

“Si esta ley sale, no llega a tierra árida donde está todo por hacerse, ya se viene trabajando en los centros de salud el acceso a la ILE. En todas las provincias hay uno o cientos de profesionales que lo garantizan. A quien objete tenemos que hacerle seguimiento, la institución tiene que insistir y exigir que cumpla con las obligaciones”, comentó Michel.

Subrayó que “hay que poner en el centro el acceso, armar espacios para conversar, capacitar, todavía hay profesionales que se imaginan el aborto como algo complejísimo porque se imaginan lo que conocen desde la universidad y no se actualizaron”.

“El de 2018 fue el debate legislativo más pedagógico de la historia argentina. No hay dudas de que la despenalización social empezó ahí”, concluyó la abogada.