El primer encuentro sera a las 18 en el salón de actos de la UNS en Alem 1253. Abordarán el recorrido histórico del movimiento feminista en la lucha por la legalización del aborto.

Griselda Cifuentes, integrante de Socorristas en Red, señaló a FM De la Calle que “nos parece importante poder arrancar con un recorrido histórico del movimiento feminista”.

“La diferencia de este año con el anterior, por lo menos lo que nos propusimos, es darle una mirada más integral. Son seis encuentros y en cada uno hay una cuestión específica. Esta vez un abordaje legal y de derecho, va a haber dos encuentros de educación sexual integral y, además, vamos a estar desde el socorrismo cerrando la cátedra con una socióloga”.

“Estamos con ganas de poder encontrarnos, de poder ir disputando sentido, sobretodo en estos lugares que son los que principalmente se oponen.  La invitación es abierta a toda la comunidad, incluso a personas que también hayan pasado por esta situación. Es importante que las profesionales podamos empezar a escuchar estas demandas”.

Esta tarde se realizará una nueva movilización contra los femicidios frente al Municipio.

La integrante de Desbandadas, Verónica Bajo, dijo a FM De la Calle que “ha habido como un recrudecimiento según se puede ver por las estadísticas. Muchos femicidios, muy seguidos y con características muy atroces. Hay una escalada, hay 230 femicidios en lo que va del año. A este ritmo seguramente va a pasar los promedios que se vieron en los últimos años”.

“El rol de las políticas públicas es más que deficitario, no hay ninguna intención de hacer prevención de la violencia machista. El presupuesto nacional es de 11 pesos por mujer. No quiere decir que solo con política pública se vaya a revertir, es una cuestión estructural pero el presupuesto es fundamental para comenzar a cambiar la realidad”, agregó.

El INDEC informó que se registró un considerable incremento de la desocupación en el aglomerado Bahía Blanca-Cerri durante el segundo semestre del año.

14 mil personas de 151 mil económicamente activas no encontraron empleo. 21 mil que lo tenían pretendían trabajar más y otras 16 mil trabajaban menos de 35 horas semanales y hubiesen aceptado hacerlo por más tiempo.

Los datos son negativos tanto si se comparan con los del mismo trimestre del año pasado como con los de trimestres inmediatamente anteriores. El Boletín de Estadísticas Laborales de Bahía Blanca-Cerri que dirige Gustavo Burachik advierte que habría que remontarse a 2014 para encontrar una tasa superior a 9%.

El informe destaca que la ciudad “está experimentado niveles históricamente elevados de empleo, participación laboral (tasa de actividad) y desocupación, simultáneamente”.

“Probablemente, por la disminución de los salarios reales y de los ingresos de la familia y del poder de compra, mucha más gente que estaba sin trabajar se está volcando al mercado de trabajo a buscar alguna ocupación. Esa presión es muy superior a las oportunidades de trabajo que pueda haber. Hay una desocupación que crece a pesar de que no hay una caída del empleo”, explicó el economista de la UNS.

Agregó que “esto revela que hay un montón de desempleo oculto, gente que estaría en condiciones de trabajar pero no sale a buscar trabajo, tal vez porque no ve oportunidades interesantes, en blanco, estables, con un ingreso razonable, con un nivel de exigencia de calificación acorde a su nivel educativo. Muchas personas permanecen sin empleo y, al mismo tiempo, no lo buscan por falta de expectativas de encontrarlo”.

La desocupación de 9,5% registrada en BBC se sitúa en un nivel intermedio en el panorama de los aglomerados urbanos del país. Se encuentra a mitad de camino entre el casi 12% del Gran Buenos Aires y el 9,1% de los aglomerados del interior.

Más mujeres, menos hombres

En cuanto a las tasas laborales por género y edad se evidenció un crecimiento del empleo femenino -casi exclusivamente en jóvenes de hasta 29 años- y cayó el de los varones.

“Hubo muchas chicas jóvenes que salieron al mercado de trabajo y encontraron oportunidades. Probablemente -esto es solo una conjetura porque los datos para afirmarlo todavía no están publicados- dos actividades donde las mujeres normalmente encuentran mayor ocupación, yo diría son las dos actividades de empleo femenino más importante en la ciudad, que son servicio doméstico y enseñanza”, comentó Burachik.

El caso de los varones jóvenes podría relacionarse “con la crisis porque está atravesando actividades económicas dominadas por el empleo masculino como la construcción, la industria, el transporte y almacenamiento. Lo sabremos cuando el INDEC publique los microdatos”.

¿De qué vivimos?

El Boletín destaca que “más de 70% del empleo asalariado bahiense se concentra actualmente (2017/18) en siete actividades principales”.

La más importante es el comercio, con 17.000 personas asalariadas que corresponden al 18% del total y le sigue un conjunto de seis ramas, cada una de las cuales emplea entre 6.000 y 12.000 trabajadoras y trabajadores. En estas actividades, entre las que se destacan la enseñanza y la industria, se concentra un 54% de los asalariados.

El servicio doméstico, mayoritariamente feminizado, alcanza al 10% y el empleo público, “contrariamente a lo que se sostiene, no está entre los de mayor categoría, solamente el 8%. Otro rubro es el de la construcción, tiene solamente el 7% del empleo asalariado”.

Estrategias de supervivencia

Por último, el cuentapropismo gana participación mientras se contrae el trabajo asalariado.

“¿En qué medida el cuentapropismo es creación de empleo? Hay muchos economistas que acríticamente lo consideran como una forma de empleo, precario pero empleo. En mi opinión es una estrategia desesperada de las personas que no logran ingresar al mercado de trabajo, de generación de ingresos, pero de ninguna manera en la mayoría de los casos el autoempleo, el cuentapropismo, el manterismo, pueden ser consideradas razonablemente como puestos de trabajo”, afirmó Burachik.

Concluyó que “puede haber un porcentaje ínfimo de empleos cuntapropistas que corresponda a empleos personales o profesionales independientes. Pero cuando uno ve del orden de los 10 mil, 20 mil ocupados, no puede deberse a que aumentaron los contadores públicos y los abogados o nuevos emprendedores que salen a ofrecer ideas geniales sino más bien refiere a fenómenos que vemos por las redes sociales: personas que transportan a otros en sus autos, que hacen tortas para cumpleaños o empanadas y las venden por las redes”.

Micaela Espinoza denunció a su ex pareja Martín Rastelli luego de que en abril la golpeara hasta dejarla inconsciente en la vereda de su casa. Este lunes se realizó una audiencia preliminar donde la víctima rechazó un acuerdo económico y avaló llevar el caso a juicio.

“Tuve una discusión con él y me tiró por las escaleras, por suerte los vecinos de la calle Bravard me ayudaron un montón, me escriben para ver cómo estoy. Pedí auxilio y me ayudó una vecina. Acudí a la policía y después me ayudaron un montón las chicas de CAP de calle Berutti”, comentó Espinoza.

Agregó que el agresor “quiere arreglar por cinco mil pesos pero por más que me ofrezca un millón mi vida no vale plata. Él está libre, anda suelto, cuando pasó eso tuve la medida cautelar en seguida y, a la semana, él tenía prohibido pasar por donde trabajo, pasó y ahí otra denuncia, me lo he cruzado cerca de mi casa. Tengo pruebas, tengo fotos”.

Por último, comentó que Rastelli había sido violento con una pareja anterior: “La chica se contactó conmigo, me contó lo que le había pasado, me dijo que no estaba sola, me pidió disculpas de mil maneras porque nunca denunció nada, no pensó que iba a llegar a esta instancia. Es una persona violenta”.

“Como espíritu del protocolo está el sentido de la prevención y la formación, no tiene un carácter netamente punitivista”, comentó a FM De la Calle la subsecretaria de Derechos Humanos de la UNS,  Andrea Montano, respecto al “Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género” que se pondrá en marcha en los próximos meses.

Comentó que están en la búsqueda y selección de personas para conformar los órganos de ejecución del proceso.

“La idea es que cualquiera sea la situación, haya un ámbito donde presentarla, el Comité de Actuación tomará las medidas inmediatas y luego analizará si esas medidas deben sostenerse en el tiempo o si requieren que se aplique sanciones. Pero el foco está puesto en la prevención”, señaló.

La medida abarca a toda la comunidad universitaria y a todos los ámbitos donde se desarrolla alguna relación laboral o educativa, puede ser un aula, cualquier dependencia o la plataforma virtual.

“Hasta ahora las situaciones las viene atendiendo al Secretaría de Derechos Humanos con lo que tenemos. Es todo muy a pulmón, ni siquiera estaba iniciado el canal directo para hacer las presentación y se hacía o en el centro de estudiantes o en el departamento y después llegaba a nosotros. Desde febrero, cualquier problemática vinculada debe presentarse en la Secretaría, eso allanó el camino. Ahora habrá un único camino institucional con personas capacitadas en materia de género”.

Montano señaló que están en la búsqueda de profesionales para cubrir tres cargos del Comité de Actuación: “Ya está en marcha la convocatoria para conformar el Comité que va a recibir las denuncias y a poner en marcha el procedimiento. Lo pensamos conformado por profesionales con experiencia específica”.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la UNS llama a inscripción de postulantes para cubrir tres cargos del Comité de Actuación creado en el “Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género”.

Son requisitos ser profesional en el campo de la abogacía, la psicología, el trabajo social y/o especialidades o profesiones afines, acreditar formación en perspectiva de género y experiencia en proyectos y/o actividades orientadas a promover la igualdad de género, el respeto por la diversidad sexual y/o la prevención y erradicación de la violencia de género.

Las personas designadas serán retribuidas con un estipendio equiparable a un cargo de Asistente de Docencia con dedicación simple (10 horas semanales). En el caso de profesionales externos a la UNS será necesaria la inscripción como monotributista para realizar la factura correspondiente. La designación será por dos años y podrá ser renovable.

Según el “Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género”, las funciones del Comité de Actuación son:

1) Recibir consultas y/o denuncias.
2) Asesorar, brindar información y acompañar a quien denuncia en todo momento.
3) Informar de la denuncia al Consejo Asesor y de Intervención.
4) Intervenir en el procedimiento de acuerdo con lo establecido en el Art. 12º del Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género.
5) Efectuar las investigaciones correspondientes pudiendo citar a terceros/as a ofrecer testimonio.
6) Elaborar y elevar al Consejo Asesor y de Intervención el informe con todas las actuaciones y la denuncia para su resolución.
7) Proponer al Consejo Asesor y de Intervención mediante dictámenes fundados, la aplicación de medidas de protección o la apertura del procedimiento sancionatorio cuando correspondiere.
8) Disponer la aplicación de medidas de protección urgentes en los casos previstos en este protocolo.
9) Tramitar la ejecución de las medidas de protección que disponga el Consejo Asesor y de Intervención ante quien corresponda (Rectorado, Decanatos, Direcciones, etc).
10) Registrar las consultas y denuncias recibidas y realizar un relevamiento sistemático de los datos a los fines estadísticos, garantizando siempre la 11) confidencialidad de las actuaciones y la preservación de la identidad de las personas denunciantes.
12) Facilitar la consulta de expedientes bajo su custodia a quienes tengan derecho a hacerlo.
Los interesados deben enviar un CV con valor de Declaración Jurada al correo institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la UNS: [email protected]

Las postulaciones serán  recibidas entre el 16 y el 27 de septiembre de 2019 hasta las 17 hs. Por consultas dirigirse a [email protected]

El Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género, puede verse ingresando aquí

Fuente: Prensa UNS

(Comisión Provincial por la Memoria) Ayer se cumplió un nuevo aniversario del femicidio de María Soledad Morales. Tenía 17 años y estudiaba en un colegio religioso de Catamarca. El 8 de septiembre de 1990 desapareció y su cuerpo fue encontrado dos días después en un basural a 7 km de la ciudad.

Sus compañeras organizaron marchas del silencio para reclamar justicia, que pronto se replicaron de forma coordinada por todo el país. Gracias a ellas no fue el asesinato de una mujer más, a los que estaba acostumbrada la provincia.

La movilización social logró dar visibilidad al crimen y puso en cuestión a los poderosos y sus tramas de impunidad patriarcal. La justicia llegó parcialmente tras el juicio realizado en 1998, en el que se sancionó a los perpetradores pero no se llegó a los cómplices y encubridores.

Por entonces, los asesinatos de mujeres producto de la violencia machista no se reconocían como tales. Su femicidio fue nombrado simplemente como “el crimen de María Soledad Morales”. Los reclamos de justicia que recorrieron el país, fueron visibilizando y sumando a su paso los nombres de muchas otras mujeres asesinadas por la violencia machista. Aquellas primeros gritos de justicia también exigían #NiUnaMenos.

La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), cuyas funciones fueron el espionaje, seguimiento, registro y análisis de información con fines de persecución política e ideológica, también siguió de cerca las movilizaciones surgidas a partir del femicidio de María Soledad.

El informe de inteligencia que compartimos es del 13 de abril de 1990 y expone la vigilancia de la Dirección de Inteligencia sobre las manifestaciones públicas en repudio al femicidio de María Soledad Morales (Legajo 256, Mesa A -“Factor estudiantil – Entidades Estudiantiles”-).

“A  la víctima se le infunde terror y es lógico, más aun con un Estado ausente, que esa víctima se pierda, se extravíe para el sistema, posiblemente en alguna nueva victimización en otra parte del país”, dijo Franco Di Santi tras conocer el fallo que revocó las absoluciones de la causa Iglesias.

La Cámara de Casación ordenó al tribunal oral que reconsidere la sentencia respecto a Víctor Hugo Iglesias y Eduardo Horacio Gutt.

Di Santi, integrante de Bahía contra la Trata, afirmó que “no haber considerado la declaración de las víctimas había sido uno de los elementos por lo que se los absolvió y Casación marca que deben ser tenidas en cuenta, tener en cuenta las escuchas, los antecedentes que iban manteniendo una línea de que se dedicaban a explotar personas y tratar a las mujeres como cosas o como si nada valiera”.

“Es muy difícil de reparar el daño porque son personas que no tienen nombre, no solo en la resolución judicial, tanto para el Estado que habilitaba esos lugares, para varones prostituyentes y para los explotadores también. Si llega algo de justicia por la persecución de algo que puede entrar dentro un expediente, contribuye a que no se repita. Si del otro lado miden que es una práctica muy redituable y con baja probabilidad de ser juzgado es más factible de realizar”, dijo.

El fallo de Casación revocó, además de las absoluciones, el rechazo al decomiso de los bares Broadway y Kaos.

De Santi destacó en ese sentido que “hay una sentencia de la semana pasada en un cabaret de Palermo donde hubo una reparación de más de 16 millones de pesos, con embargos de inmuebles, cuentas, etcétera”.

“Se tiene que reparar a las víctimas y el decomiso es una forma de hacerse de los bienes para generar ese recurso y en el caso de ser un sobrante que vaya a un fondo de asistencia para víctimas. No es una práctica tan habitual porque era parte de la invisibilización de las mujeres como víctimas, no se las veía como sujeto de derecho que debiera ser reparado. La sentencia de capital es un cambio en ese sentido”.

La Cámara de Casación Penal ordenó dictar un nuevo fallo en el juicio por facilitación de la prostitución y trata de mujeres que se realizó contra el ex presidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, el prefecto Eduardo Horacio Gutt y el administrador del bar Broadway Alfredo García.

En octubre de 2018 el Tribunal Oral había absuelto a Iglesias y a Gutt y condenado a cuatro años y seis meses de prisión a García. También se revocó el rechazo al decomiso de los bares “Broadway” y  “Kaos” y su restitución a Iglesias.

Ayer, la Sala IV de Casación afirmó que la sentencia de los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu fue “arbitraria” por haber valorado la prueba de manera “fragmentada y aislada”.

El fiscal Santiago Roldán había apelado el fallo por no haberse incorporado por lectura las declaraciones de seis mujeres rescatadas en diversos operativos, quienes no pudieron ser ubicadas para presentarlas en el debate oral.

El juez Gustavo Hornos sostuvo que el tribunal “restringió arbitrariamente la producción de prueba” y que ante el compromiso del Estado de proteger a las víctimas bastaría con una sola declaración.

Además, cuestionó que no hayan sido tenidas en cuenta escuchas telefónicas que probaban los vínculos entre los imputados y la participación de Iglesias y Gutt en los delitos del condenado García. Las defensas plantearon que las grabaciones demostraban que eran “clientes” del proxeneta.

Hornos advirtió que el tribunal no explicó “por qué la omisión de Gutt de denunciar la actividad de facilitación de la prostitución de la cual asertivamente tuvo conocimiento o, incluso, la conducta de comunicarse con el autor del delito para brindarle información sobre procedimientos que lo involucraran, no son acciones que objetivamente aporten al delito de García”.

En cuanto a Iglesias, el juez de Casación mencionó que el tribunal probó que en el Bar Broadway no había “comercio sexual” aunque estaba ubicado en una zona donde sí lo había.

El fiscal aportó “copiosa prueba de cargo que no fue ponderada por el Tribunal” para demostrar que en el local “funcionaría como un espacio de encuentro entre las presuntas víctimas de la promoción de la prostitución que García coordinaba”, tal como confirmó la sentencia revisada.

De la prueba descartada por los jueces en Bahía Blanca, Hornos rescató: la que ubica a Iglesias como responsable del local alquilado a García y conversaciones entre los imputados en las cuales “surge sin duda que hablan de mujeres para hacer ‘shows’ aparentemente en el bar Broadway y del monto que requerían para tal actividad”; “refieren a clientes y a hacer ‘pases'”; “se refieren a presuntos clientes y que necesitan mujeres para ofrecerles”.

Para el magistrado, tampoco se tuvo en cuenta una escucha entre Iglesias y un tal Toto  en la cual le ofrecía el local “La playa” para poner un prostíbulo, el cual finalmente fue utilizado por García para montar el Broadway. “Yo ando con ganas de abrir algo acá porque tengo muchas mujeres desparramadas viste”, decía Toto.

A su vez, destaca Casación que el tribunal probó que Iglesias administraba sociedades de su familia y varios prostíbulos y tenía contactos policiales como el comisario Marcelo De la Rosa. Además, no valoró el testimonio de la asistente social de la Fiscalía que entrevistó a las víctimas y dio cuenta de su situación de vulnerabilidad.

Hornos concluyó que Salas, Aguerrido y Albrieu absolvieron “con una visión fragmentada del acervo probatorio y con argumentos que no se correspondían con las premisas acreditadas ni con las constancias recopiladas durante el debate oral”.

Por otra parte, respecto a la absolución de Iglesias por el delito de trata, la defensa sostuvo -y el tribunal aceptó- que el imputado no había sido indagado ni procesado por el caso de la víctima L.R.P..

Sin embargo, el juez de Casación demuestra que “este hecho le fue imputado a Iglesias en todas las ocasiones y que incluso esta cuestión fue motivo particular de tratamiento por la Cámara Federal”. Repite: “No hay una mirada global de toda la prueba sino una ponderación fragmentada y aislada”.

El voto de Hornos contó con la adhesión de los otros dos integrantes de la Sala IV, Mariano Borinsky y Javier Carbajo.

El fiscal federal Antonio Castaño analizó en diálogo con FM De la Calle, la resolución de la Cámara de Casación que anuló las absoluciones de Víctor Hugo Iglesias y Eduardo Horacio Gutt.

El funcionario investigó a la red de trata y explotación sexual de mujeres de Ing. White e intervino hasta la elevación a juicio.

Destacó que el órgano revisor “habla de arbitrariedad, de auto-contradicciones, de una situación de evidente falta de sentido común por parte del tribunal, de que no ha evaluado como corresponde y ordena la reedición en lo referente a las absoluciones de Iglesias y Gutt”.

“El tribunal de Casación hizo una labor muy exhaustiva y un desarrollo punto por punto de todo el expediente y llegó a la conclusión que quedó firme la sentencia contra García por facilitación de la prostitución y mandó a reeditar, en base a los argumentos que exponen, en función de que no ha sido evidentemente evaluada toda la prueba que debiera”, dijo.

-¿En la práctica qué significa? ¿Puede intervenir la misma composición del tribunal?

No creo que tenga que ser otra composición del tribunal. El tribunal que en su momento absolvió, de acuerdo a lo que ordena Casación, tiene que condenar a Gutt e Iglesias por facilitación a la prostitución ajena agravada por mediar situación de vulnerabilidad de las víctimas y, en relación a Iglesias, por trata de personas en relación a una de las victimas.

No se tuvo en cuenta en ese entonces, cuando se había propuesto por parte del Ministerio Público Fiscal, dar lectura a las declaraciones de las víctimas. La defensa se opuso y el tribunal hizo a lugar. Eso es una cuestión de sentido común, independiente de las disposiciones internacionales y nacionales con respecto a las víctimas.

-No se comprende cómo el tribunal, en el caso de la víctima L.R.P., acepta lo que dice la defensa respecto a que nunca se lo habría acusado a Iglesias por el hecho.  Casación muestra lo contrario, ¿cómo llega a pasar eso?

Nosotros elevamos la causa a juicio cuando tenemos todo y después cuando llega al tribunal prácticamente la perdemos y nos enteramos a las perdidas si hubo o no hubo sentencia y cuál fue. De hecho, cuando empecé a leer me entero que el fiscal (Santiago Roldán) había pedido por facilitación de la prostitución a todos los imputados y yo había pedido por trata. Es menor la condena en caso de facilitación.

Se pidió trata con relación a una de las víctimas y en relación a las demás, tanto para Iglesias como a Gutt, facilitación de la prostitución ajena agravada por la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

-¿Pero es habitual que un tribunal tenga este tipo de resoluciones?

Normalmente no. Pero tengamos en cuenta que -no es cuestión menor- el Tribunal Oral Federal hoy son subrogantes que vienen desde otro lado, no hay un tribunal fijo, están todos en vacante. Hubo propuestas de tres que podrían integrar y eso está todo parado. Antes había un solo camarista, no teníamos un antecedente firme para decir la Cámara resolvió de esta manera, ahora sí tenemos y sabemos qué criterio tiene o cómo resuelve. Ya hay una jurisprudencia. En el caso del Tribunal no tenemos ese criterio.

-¿Puede repercutir este fallo en la libertad de los imputados?

Es el Dr. (Gabriel) González Da Silva, que es el fiscal de juicio, el que evaluará la posibilidad de pedir la detención y, en todo caso, el tribunal resolverá.

En Uruguay un prerreferéndum contra la Ley Integral para Personas Trans no obtuvo los votos del 25% del padrón electoral, por lo cual no habrá consulta para derogar la norma.

En Bahía, la concejala del Unidad Ciudadana Gisela Ghigliani presentó en marzo de 2018 un proyecto de ordenanza estableciendo el “Programa de Inclusión Laboral Trans” el cual propone un cupo en el ámbito local. A casi un año y medio de su presentación, todavía no se trató en el Concejo Deliberante.

Saira Millaqueo, activista trans y candidata a concejala por el Frente de Tod@s comentó a FM De la Calle que “estamos esperando la respuesta del oficialismo y que generen alguna propuesta. El proyecto ya está. Piden la modificación de una serie de puntos, estamos esperando que se presenten por escrito”.

“Los estatutos plantean ciertos requisitos para la incorporación de personas en la planta de municipios, planteamos que estos requisitos no sean excluyentes y que se plantee un régimen que acompañe la capacitación de las compañeras. Lo puntual que hay que saber es que la comunidad travesti-trans ha progresado, y que tenemos la idoneidad y capacidad para afrontar cualquier situación”.

Dentro de los considerandos, la ordenanza señala que “en septiembre de 2015 se aprobó la ley N°14783 que estable el cupo laboral trans en las reparticiones de la provincia de Buenos Aires. Que contempla que el 1% de los puestos laborales de la órbita estatal –incluyendo los municipios– sean reservados para personas transexuales, transgénero y travestis” y que ” la comunidad travesti, transexual y transgénero de Argentina se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente”.

Millaqueo dijo que “el cupo en Bahía es necesario, es una problemática que el municipio y el cuerpo deliberante debe afrontar de suma urgencia, sabemos que vivimos una situación problemática para todos los sectores de la sociedad, para una de las poblaciones más vulnerables como es la población travesti trans es una herramienta para que se genere una política pública”.

El Consejo Superior Universitario creó un “Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género” que se produzcan en el ámbito de la UNS y en otros espacios donde sus miembros realicen tareas educativas, científicas, de extensión, deportivas o culturales, entre otras.

Alcanza a “cualquier hecho que implique violencia de género hacia las mujeres y hacia personas del Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgénero, Intergénero y Queer (LGBTTTIQ) que rige para toda relación laboral y/o educativa en el ámbito de la UNS”, y contempla formas de violencia física, sexual, psicológica, simbólica y económica.

La nueva norma alcanza a autoridades, docentes y no docentes, estudiantes de la UNS y a otras personas que tomen o presten servicios, permanentes o temporales en dependencias de la casa de altos estudios.

Incluye medidas de protección y acompañamiento de las víctimas, instancias de descargo del o los acusados y acusadas para que puedan ejercer su derecho de defensa, y facultades para realizar campañas de educación y prevención.

El flamante protocolo está basado en principios rectores como la celeridad, el respeto y la privacidad, la no revictimización, el consentimiento informado y el asesoramiento, la contención y la confidencialidad.

Prensa UNS.

Se cumplen hoy cuatro años de la desaparición de Andrea Esnaola (47), portera de la Escuela N°18 “Narciso Laprida” de Pehuen Co. Desbandadas realizará actividades de reflexión durante toda la semana en la localidad rosaleña.

“No hay que olvidarnos que hay una mujer desparecida en Pehuen Co y no sabemos que pasó. No sabemos en qué estado está la causa porque las últimas veces que averiguamos no había tenido movimientos, lo único que podíamos hacer era visibilizar y concientizar”, dijo a FM De la Calle Silvia Palumbo.

Agregó que “este año vamos a hacer una semana porque nada alcanza, hay mucho silencio, es un pueblo muy particular, hay poca movilización con respecto a este y otros temas”.

“Empezamos a construir una simbología de Andrea Esnaola el año pasado. Olga Corrales hizo una escultura y logramos que la escuela donde trabajaba Andrea nos diera permiso para emplazarla”, afirmó.

Palumbo señaló que “no prende el tema en la comunidad, estamos en un retroceso desde hace algunos años. Tenemos poco acompañamiento, la gente tiene temores, miedos, apatías, hay una decisión política de no acompañar esto. La respuesta es necesaria porque es un derecho humano, ni siquiera así hay un acompañamiento del gobierno. Este año creemos que va a haber más movimiento por todo lo que estamos tratando de hacer”.

La Comisión de Género, Sexualidades e Identidades Disidentes del Colegio de Trabajadores/as Sociales repudió el acoso sexual padecido por una de sus colegas por parte del delegado de Noroeste Juan Campos.

El viernes trascendió que una trabajadora social de la Delegación realizó la denuncia judicial y horas después el delegado solicitó una licencia al intendente.

“Exigimos que se destituya de forma inmediata a este funcionario público que claramente evidencia un actuar misógino y violento. Siendo sumamente importante sentar precedente ante futuras situaciones de acoso laboral y abuso de poder en todos los espacios”, señalan en el comunicado.

La titular de la Comisión, Fernanda Orozco, declaró a FM De la Calle que “debe haber un cumplimiento de la ley 26.485 -de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género- que no debe dejarse a la buena voluntad de los funcionarios sino que deben generarse protocolos en los espacios públicos”.

Desde el Colegio también repudiaron el accionar de los medios de comunicación: “Insistimos en que los medios aun continúan reproduciendo machismo a la hora de comunicar hechos que tengan como víctimas a mujeres y disidencias”.

“Este tipo de situaciones se dan a diario y las víctimas muchas veces no se animan a denunciar, los tiempos han cambiado y con ello la impunidad con la que siempre se han manejado. Es una responsabilidad de todos/as vivir en un sociedad sin ningún tipo de violencias”.

Orozco señaló que “debe generarse un espacio donde se pueda realizar la denuncia sin ningún tipo de implicancia laboral, en este caso un trabajador en cualquiera de todas las formas laborales, sabemos que el Estado tiene muchas personas en situación de precarización”.

La columnista de Economía Feminista de FM De la Calle,  María Julia Eliosoff, analizó los índices del desempleo difundidos por el INDEC y destacó su particular impacto en las mujeres. “El desempleo alcanzó el 10,1%, más de un millón de personas desocupadas”.

“Estos informes muestran que el mercado laboral es un lugar clave donde las brechas de género se profundizan. Lo que llama la atención es que el 52% de las personas desocupadas son mujeres de hasta 29 años”, señaló.

“En Bahía Blanca el desempleo es de 8,4%,  por debajo del promedio nacional. Aún así, para las mujeres es del 9,5%. Y para las mujeres de hasta 29 años, es de 20 puntos porcentuales, es menor que el dato nacional -del 23%- y para los varones es el 22%.  Ser joven en el mercado laboral es problemático, pero ser mujer y joven aún más. Por lo general, se asocia a las mujeres con la maternidad”.

La economista mencionó lo que ocurre con la tasa de actividad en las mujeres: “En general ha ido incrementándose en las últimas décadas, las mujeres han podido ingresar al mercado laboral pero se ha estancado en el último tiempo. Esto tiene que ver con el reparto de tareas no remuneradas, si yo trabajo más pero mi pareja no se hace cargo de las tareas no remuneradas no puedo seguir tomando horas de trabajo”.

“En momentos de recesión como este, la tasa de actividad aumenta por la autoexplotación que las mujeres hacen para sostener el ingreso. La tasa de actividades va a aumentando y esto tiene que ver con que son las mujeres las que salen de manera muy precaria a conseguir trabajo. Los varones se quedan sin trabajo y las mujeres salen a bancar, generalmente se emplean en tareas domésticas o gastronómicas que tienden a ser las más precarias”, finalizó Eliosoff.

Marina Benítez Demtschenko vivió en carne propia los vacíos de la ley ante delitos informáticos, una pesadilla a la que tuvo que enfrentarse cuando su ex pareja difundió material íntimo sin su consentimiento.

Desde ese entonces viró su profesión, la abogacía, hacia la defensa de los derechos de las mujeres ante delitos de violencia machista en internet y creó la organización “Activismo Feminista Digital”. Diserta esta tarde en la Cátedra de Violencia de Género de la UNS.

“Tomé conocimiento de todo un sistema disfuncional desde el Estado para el abordaje de esta problemática, a partir de ahí empecé a estudiar y me comprometí con un proyecto de ley para la penalización de toda agresión digital dentro de la violencia machista”, comentó en diálogo con FM De la Calle.

La violencia machista online no solamente apunta a la difusión de material íntimo sino también “al acoso virtual,  comprende el acecho, el hostigamiento por cuentas conocidas o anónimas, o hackeo de redes sociales. Todas estas facetas de violencia machista vulneran un montón de derechos fundamentales de las mujeres”.

“Los varones lo sufren en un mínimo porcentaje, por eso reconocemos que es violencia machista, somos más víctimas nosotras porque hay un sistema que no acompaña, una sociedad que culpabiliza, que nos condena. Lo que pasa con el resto de las violencia pasa en Internet porque allí también se refleja el machismo”.

Desconocimiento en organismos estatales

“El gran problema radica en la falta de preparación del personal del Estado, estamos combinando no solo la perspectiva de género, que es tan compleja para incorporar, adicionado al conocimiento de cómo operan las tecnologías”.

“Por eso es que desde la organización proponemos la alfabetización digital de las usuarias, que comprendan cómo deben llevar adelante la autogestión de las plataformas, que conozcan sus derechos digitales. Y, además, la capacitación a agentes del Estado”.

“Más que cuidarnos nosotras lo que decimos es que pongamos el foco en los agresores. Esto no está bien. También exigirle a los varones que dejen de normalizar la exposición de la intimidad de las mujeres y que entiendan que estas tecnologías les permiten impunidad. Que no sea un delito no significa que no cause daño. Estas prácticas son delitos en otras partes del mundo, hay que generar concientización muy fuerte sobre los varones porque el grupo del fulbito o de los pibes del barrio está lleno de material no consentido de mujeres en la intimidad”.

La libertad de expresión como uno de los derechos más socavados por la violencia machista

“El machismo en internet es censura porque desacredita, humilla y, como efecto colateral, hace que llames vos a la autocensura para no recibir violencia en los niveles que recibimos. Para evitar eso cierro las cuentas, no hablo, no participo. Así opera el machismo que no quiere que estemos presentes en los espacios digitales”.

“Estamos hablando de apologías de femicidios, cosas muy bravas, por eso tratamos de apuntar a la alfabetización de las usuarias en el plano legal. Esto es un delito. Queremos incentivar a la denuncia porque permite el reflejo en estadísticas para luego realizar políticas públicas”.

Qué reproducir en los medios y qué no

“La falta de terminología adecuada. Vemos noticias sobre pornovenganza que como término tiene un corte sexista porque no es porno ni venganza, es material íntimo lesionando la intimidad y privacidad de una mujer”.

“Por otro lado se juega mucho con el morbo de `te voy a mostrar este material´ y se continúa con la viralización. Lo mejor que podemos hacer es inhibir la continuidad de esa circulación. Ir contra lo que efectivamente genera el click, contra el morbo para la atención publica. La vida íntima de las mujeres motiva la atención pública y se utiliza como producto”.

Por cuarto año consecutivo la Asamblea de mujeres, lesbianas, trans y no binaries de Bahía Blanca convocó a la movilización Ni Una Menos.

Será desde las 17:30 en la Plaza Rivadavia bajo las consignas “Ni Una Menos por femicidios, transfemicidios, travesticidios. Ni Una Menos por abortos clandestinos. Ni Una Menos por redes de trata. Ni Una Menos por políticas de ajuste, cierre de fábricas y quita de jubilaciones”.

“En un gobierno neoliberal estamos atravesando una política de ajuste, colonización económica y nos afecta más a las mujeres, sumado a la quita de la Ley de Moratoria. Es un Ni Una Menos particular, dijo a FM De la Calle Sabrina García Díaz, integrante de la agrupación La rebelión de las Evas.

Agregó que en materia de violencia machista “hay una subejecución del presupuesto del municipio, sabemos que con respecto a la violencia de género, no se ha asignado recursos, es muy bajo”.

 

(Por Red de Comunicadoras Bahía Blanca) Este 3 de junio quienes integramos la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca sostenemos nuestro convencimiento de que no hay NI UNA MENOS sin comunicación con perspectiva de género; por ello hoy volvemos a denunciar:

• Que en nuestro país donde se cometen femicidios a diario, los dueños de los medios también son responsables por la difusión de mensajes de odio contra las mujeres e identidades disidentes, así como de la reproducción de noticias basadas en estereotipos y roles funcionales al sistema patriarcal.

• Que pese a que las mujeres representamos a más del 50 por ciento de la población, en los medios de comunicación no llegamos siquiera a constituir un 30 por ciento.

• Que las mujeres e identidades disidentes protagonizamos apenas el 21 por ciento de las noticias; en parte porque no somos la primera opción a la hora de consultar fuentes periodísticas y porque se nos relega y se nos arrebata la posibilidad de construir agendas propias. En cambio cuando sí ocupamos los titulares es porque se trata de casos de extrema violencia contra nuestros cuerpos siendo sometidas al juzgamiento y a la exposición pública.

• Que las mismas prácticas machistas que visibilizamos y repudiamos no nos son ajenas ya que muchas veces se reproducen en nuestros propios lugares de trabajo y cuando denunciamos las violencias a las que somos reducidas por parte de nuestros jefes y/o compañeros, la única respuesta que obtenemos es el despido como herramienta disciplinadora en un contexto hostil dejándonos en una posición doblemente vulnerable.

• También denunciamos que ni las representaciones sindicales, ni las empresas periodísticas garantizaron nuestro derecho de parar el último 8 de marzo; por el contrario eligieron una cobertura “maquillada” de dicha jornada de lucha donde el reclamo por nuestros derechos quedó invisibilizado.

No hay NI UNA MENOS si los gobiernos continúan subejecutando las partidas presupuestarias estatales destinadas a erradicar las violencias contra las mujeres y los medios resultan cómplices no contándole al conjunto de la población que esto está sucediendo.

No hay NI UNA MENOS si la pauta oficial destinada a garantizar pluralidad y equidad en el ejercicio de la comunicación, es otorgada a medios de comunicación que profundizan y/o avalan la violencia simbólica.

Somos conscientes de que el periodismo con perspectiva de género es una decisión política, y que su aplicabilidad resulta de una necesidad imperante de formación en la materia; por ello exigimos acciones concretas para alcanzar la igualdad en nuestros espacios de trabajo y en los contenidos que producimos.

Quienes integramos la Red de Comunicadoras Bahía Blanca nos queremos fuertes, libres y con voz propia. Nos queremos unidas, solidarias y con trabajo digno. Nos queremos valoradas y respetadas, también en el ejercicio de nuestra profesión sin empresas periodística que se apropien o condicionen nuestra libertad de expresión.

Una vez más y las que sean necesarias decimos que sin comunicación con perspectiva de género no hay NI UNA MENOS.