“A  la víctima se le infunde terror y es lógico, más aun con un Estado ausente, que esa víctima se pierda, se extravíe para el sistema, posiblemente en alguna nueva victimización en otra parte del país”, dijo Franco Di Santi tras conocer el fallo que revocó las absoluciones de la causa Iglesias.

La Cámara de Casación ordenó al tribunal oral que reconsidere la sentencia respecto a Víctor Hugo Iglesias y Eduardo Horacio Gutt.

Di Santi, integrante de Bahía contra la Trata, afirmó que “no haber considerado la declaración de las víctimas había sido uno de los elementos por lo que se los absolvió y Casación marca que deben ser tenidas en cuenta, tener en cuenta las escuchas, los antecedentes que iban manteniendo una línea de que se dedicaban a explotar personas y tratar a las mujeres como cosas o como si nada valiera”.

“Es muy difícil de reparar el daño porque son personas que no tienen nombre, no solo en la resolución judicial, tanto para el Estado que habilitaba esos lugares, para varones prostituyentes y para los explotadores también. Si llega algo de justicia por la persecución de algo que puede entrar dentro un expediente, contribuye a que no se repita. Si del otro lado miden que es una práctica muy redituable y con baja probabilidad de ser juzgado es más factible de realizar”, dijo.

El fallo de Casación revocó, además de las absoluciones, el rechazo al decomiso de los bares Broadway y Kaos.

De Santi destacó en ese sentido que “hay una sentencia de la semana pasada en un cabaret de Palermo donde hubo una reparación de más de 16 millones de pesos, con embargos de inmuebles, cuentas, etcétera”.

“Se tiene que reparar a las víctimas y el decomiso es una forma de hacerse de los bienes para generar ese recurso y en el caso de ser un sobrante que vaya a un fondo de asistencia para víctimas. No es una práctica tan habitual porque era parte de la invisibilización de las mujeres como víctimas, no se las veía como sujeto de derecho que debiera ser reparado. La sentencia de capital es un cambio en ese sentido”.

La Cámara de Casación Penal ordenó dictar un nuevo fallo en el juicio por facilitación de la prostitución y trata de mujeres que se realizó contra el ex presidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, el prefecto Eduardo Horacio Gutt y el administrador del bar Broadway Alfredo García.

En octubre de 2018 el Tribunal Oral había absuelto a Iglesias y a Gutt y condenado a cuatro años y seis meses de prisión a García. También se revocó el rechazo al decomiso de los bares “Broadway” y  “Kaos” y su restitución a Iglesias.

Ayer, la Sala IV de Casación afirmó que la sentencia de los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu fue “arbitraria” por haber valorado la prueba de manera “fragmentada y aislada”.

El fiscal Santiago Roldán había apelado el fallo por no haberse incorporado por lectura las declaraciones de seis mujeres rescatadas en diversos operativos, quienes no pudieron ser ubicadas para presentarlas en el debate oral.

El juez Gustavo Hornos sostuvo que el tribunal “restringió arbitrariamente la producción de prueba” y que ante el compromiso del Estado de proteger a las víctimas bastaría con una sola declaración.

Además, cuestionó que no hayan sido tenidas en cuenta escuchas telefónicas que probaban los vínculos entre los imputados y la participación de Iglesias y Gutt en los delitos del condenado García. Las defensas plantearon que las grabaciones demostraban que eran “clientes” del proxeneta.

Hornos advirtió que el tribunal no explicó “por qué la omisión de Gutt de denunciar la actividad de facilitación de la prostitución de la cual asertivamente tuvo conocimiento o, incluso, la conducta de comunicarse con el autor del delito para brindarle información sobre procedimientos que lo involucraran, no son acciones que objetivamente aporten al delito de García”.

En cuanto a Iglesias, el juez de Casación mencionó que el tribunal probó que en el Bar Broadway no había “comercio sexual” aunque estaba ubicado en una zona donde sí lo había.

El fiscal aportó “copiosa prueba de cargo que no fue ponderada por el Tribunal” para demostrar que en el local “funcionaría como un espacio de encuentro entre las presuntas víctimas de la promoción de la prostitución que García coordinaba”, tal como confirmó la sentencia revisada.

De la prueba descartada por los jueces en Bahía Blanca, Hornos rescató: la que ubica a Iglesias como responsable del local alquilado a García y conversaciones entre los imputados en las cuales “surge sin duda que hablan de mujeres para hacer ‘shows’ aparentemente en el bar Broadway y del monto que requerían para tal actividad”; “refieren a clientes y a hacer ‘pases'”; “se refieren a presuntos clientes y que necesitan mujeres para ofrecerles”.

Para el magistrado, tampoco se tuvo en cuenta una escucha entre Iglesias y un tal Toto  en la cual le ofrecía el local “La playa” para poner un prostíbulo, el cual finalmente fue utilizado por García para montar el Broadway. “Yo ando con ganas de abrir algo acá porque tengo muchas mujeres desparramadas viste”, decía Toto.

A su vez, destaca Casación que el tribunal probó que Iglesias administraba sociedades de su familia y varios prostíbulos y tenía contactos policiales como el comisario Marcelo De la Rosa. Además, no valoró el testimonio de la asistente social de la Fiscalía que entrevistó a las víctimas y dio cuenta de su situación de vulnerabilidad.

Hornos concluyó que Salas, Aguerrido y Albrieu absolvieron “con una visión fragmentada del acervo probatorio y con argumentos que no se correspondían con las premisas acreditadas ni con las constancias recopiladas durante el debate oral”.

Por otra parte, respecto a la absolución de Iglesias por el delito de trata, la defensa sostuvo -y el tribunal aceptó- que el imputado no había sido indagado ni procesado por el caso de la víctima L.R.P..

Sin embargo, el juez de Casación demuestra que “este hecho le fue imputado a Iglesias en todas las ocasiones y que incluso esta cuestión fue motivo particular de tratamiento por la Cámara Federal”. Repite: “No hay una mirada global de toda la prueba sino una ponderación fragmentada y aislada”.

El voto de Hornos contó con la adhesión de los otros dos integrantes de la Sala IV, Mariano Borinsky y Javier Carbajo.

El fiscal federal Antonio Castaño analizó en diálogo con FM De la Calle, la resolución de la Cámara de Casación que anuló las absoluciones de Víctor Hugo Iglesias y Eduardo Horacio Gutt.

El funcionario investigó a la red de trata y explotación sexual de mujeres de Ing. White e intervino hasta la elevación a juicio.

Destacó que el órgano revisor “habla de arbitrariedad, de auto-contradicciones, de una situación de evidente falta de sentido común por parte del tribunal, de que no ha evaluado como corresponde y ordena la reedición en lo referente a las absoluciones de Iglesias y Gutt”.

“El tribunal de Casación hizo una labor muy exhaustiva y un desarrollo punto por punto de todo el expediente y llegó a la conclusión que quedó firme la sentencia contra García por facilitación de la prostitución y mandó a reeditar, en base a los argumentos que exponen, en función de que no ha sido evidentemente evaluada toda la prueba que debiera”, dijo.

-¿En la práctica qué significa? ¿Puede intervenir la misma composición del tribunal?

No creo que tenga que ser otra composición del tribunal. El tribunal que en su momento absolvió, de acuerdo a lo que ordena Casación, tiene que condenar a Gutt e Iglesias por facilitación a la prostitución ajena agravada por mediar situación de vulnerabilidad de las víctimas y, en relación a Iglesias, por trata de personas en relación a una de las victimas.

No se tuvo en cuenta en ese entonces, cuando se había propuesto por parte del Ministerio Público Fiscal, dar lectura a las declaraciones de las víctimas. La defensa se opuso y el tribunal hizo a lugar. Eso es una cuestión de sentido común, independiente de las disposiciones internacionales y nacionales con respecto a las víctimas.

-No se comprende cómo el tribunal, en el caso de la víctima L.R.P., acepta lo que dice la defensa respecto a que nunca se lo habría acusado a Iglesias por el hecho.  Casación muestra lo contrario, ¿cómo llega a pasar eso?

Nosotros elevamos la causa a juicio cuando tenemos todo y después cuando llega al tribunal prácticamente la perdemos y nos enteramos a las perdidas si hubo o no hubo sentencia y cuál fue. De hecho, cuando empecé a leer me entero que el fiscal (Santiago Roldán) había pedido por facilitación de la prostitución a todos los imputados y yo había pedido por trata. Es menor la condena en caso de facilitación.

Se pidió trata con relación a una de las víctimas y en relación a las demás, tanto para Iglesias como a Gutt, facilitación de la prostitución ajena agravada por la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

-¿Pero es habitual que un tribunal tenga este tipo de resoluciones?

Normalmente no. Pero tengamos en cuenta que -no es cuestión menor- el Tribunal Oral Federal hoy son subrogantes que vienen desde otro lado, no hay un tribunal fijo, están todos en vacante. Hubo propuestas de tres que podrían integrar y eso está todo parado. Antes había un solo camarista, no teníamos un antecedente firme para decir la Cámara resolvió de esta manera, ahora sí tenemos y sabemos qué criterio tiene o cómo resuelve. Ya hay una jurisprudencia. En el caso del Tribunal no tenemos ese criterio.

-¿Puede repercutir este fallo en la libertad de los imputados?

Es el Dr. (Gabriel) González Da Silva, que es el fiscal de juicio, el que evaluará la posibilidad de pedir la detención y, en todo caso, el tribunal resolverá.

En Uruguay un prerreferéndum contra la Ley Integral para Personas Trans no obtuvo los votos del 25% del padrón electoral, por lo cual no habrá consulta para derogar la norma.

En Bahía, la concejala del Unidad Ciudadana Gisela Ghigliani presentó en marzo de 2018 un proyecto de ordenanza estableciendo el “Programa de Inclusión Laboral Trans” el cual propone un cupo en el ámbito local. A casi un año y medio de su presentación, todavía no se trató en el Concejo Deliberante.

Saira Millaqueo, activista trans y candidata a concejala por el Frente de Tod@s comentó a FM De la Calle que “estamos esperando la respuesta del oficialismo y que generen alguna propuesta. El proyecto ya está. Piden la modificación de una serie de puntos, estamos esperando que se presenten por escrito”.

“Los estatutos plantean ciertos requisitos para la incorporación de personas en la planta de municipios, planteamos que estos requisitos no sean excluyentes y que se plantee un régimen que acompañe la capacitación de las compañeras. Lo puntual que hay que saber es que la comunidad travesti-trans ha progresado, y que tenemos la idoneidad y capacidad para afrontar cualquier situación”.

Dentro de los considerandos, la ordenanza señala que “en septiembre de 2015 se aprobó la ley N°14783 que estable el cupo laboral trans en las reparticiones de la provincia de Buenos Aires. Que contempla que el 1% de los puestos laborales de la órbita estatal –incluyendo los municipios– sean reservados para personas transexuales, transgénero y travestis” y que ” la comunidad travesti, transexual y transgénero de Argentina se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente”.

Millaqueo dijo que “el cupo en Bahía es necesario, es una problemática que el municipio y el cuerpo deliberante debe afrontar de suma urgencia, sabemos que vivimos una situación problemática para todos los sectores de la sociedad, para una de las poblaciones más vulnerables como es la población travesti trans es una herramienta para que se genere una política pública”.

El Consejo Superior Universitario creó un “Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género” que se produzcan en el ámbito de la UNS y en otros espacios donde sus miembros realicen tareas educativas, científicas, de extensión, deportivas o culturales, entre otras.

Alcanza a “cualquier hecho que implique violencia de género hacia las mujeres y hacia personas del Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgénero, Intergénero y Queer (LGBTTTIQ) que rige para toda relación laboral y/o educativa en el ámbito de la UNS”, y contempla formas de violencia física, sexual, psicológica, simbólica y económica.

La nueva norma alcanza a autoridades, docentes y no docentes, estudiantes de la UNS y a otras personas que tomen o presten servicios, permanentes o temporales en dependencias de la casa de altos estudios.

Incluye medidas de protección y acompañamiento de las víctimas, instancias de descargo del o los acusados y acusadas para que puedan ejercer su derecho de defensa, y facultades para realizar campañas de educación y prevención.

El flamante protocolo está basado en principios rectores como la celeridad, el respeto y la privacidad, la no revictimización, el consentimiento informado y el asesoramiento, la contención y la confidencialidad.

Prensa UNS.

Se cumplen hoy cuatro años de la desaparición de Andrea Esnaola (47), portera de la Escuela N°18 “Narciso Laprida” de Pehuen Co. Desbandadas realizará actividades de reflexión durante toda la semana en la localidad rosaleña.

“No hay que olvidarnos que hay una mujer desparecida en Pehuen Co y no sabemos que pasó. No sabemos en qué estado está la causa porque las últimas veces que averiguamos no había tenido movimientos, lo único que podíamos hacer era visibilizar y concientizar”, dijo a FM De la Calle Silvia Palumbo.

Agregó que “este año vamos a hacer una semana porque nada alcanza, hay mucho silencio, es un pueblo muy particular, hay poca movilización con respecto a este y otros temas”.

“Empezamos a construir una simbología de Andrea Esnaola el año pasado. Olga Corrales hizo una escultura y logramos que la escuela donde trabajaba Andrea nos diera permiso para emplazarla”, afirmó.

Palumbo señaló que “no prende el tema en la comunidad, estamos en un retroceso desde hace algunos años. Tenemos poco acompañamiento, la gente tiene temores, miedos, apatías, hay una decisión política de no acompañar esto. La respuesta es necesaria porque es un derecho humano, ni siquiera así hay un acompañamiento del gobierno. Este año creemos que va a haber más movimiento por todo lo que estamos tratando de hacer”.

La Comisión de Género, Sexualidades e Identidades Disidentes del Colegio de Trabajadores/as Sociales repudió el acoso sexual padecido por una de sus colegas por parte del delegado de Noroeste Juan Campos.

El viernes trascendió que una trabajadora social de la Delegación realizó la denuncia judicial y horas después el delegado solicitó una licencia al intendente.

“Exigimos que se destituya de forma inmediata a este funcionario público que claramente evidencia un actuar misógino y violento. Siendo sumamente importante sentar precedente ante futuras situaciones de acoso laboral y abuso de poder en todos los espacios”, señalan en el comunicado.

La titular de la Comisión, Fernanda Orozco, declaró a FM De la Calle que “debe haber un cumplimiento de la ley 26.485 -de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género- que no debe dejarse a la buena voluntad de los funcionarios sino que deben generarse protocolos en los espacios públicos”.

Desde el Colegio también repudiaron el accionar de los medios de comunicación: “Insistimos en que los medios aun continúan reproduciendo machismo a la hora de comunicar hechos que tengan como víctimas a mujeres y disidencias”.

“Este tipo de situaciones se dan a diario y las víctimas muchas veces no se animan a denunciar, los tiempos han cambiado y con ello la impunidad con la que siempre se han manejado. Es una responsabilidad de todos/as vivir en un sociedad sin ningún tipo de violencias”.

Orozco señaló que “debe generarse un espacio donde se pueda realizar la denuncia sin ningún tipo de implicancia laboral, en este caso un trabajador en cualquiera de todas las formas laborales, sabemos que el Estado tiene muchas personas en situación de precarización”.

La columnista de Economía Feminista de FM De la Calle,  María Julia Eliosoff, analizó los índices del desempleo difundidos por el INDEC y destacó su particular impacto en las mujeres. “El desempleo alcanzó el 10,1%, más de un millón de personas desocupadas”.

“Estos informes muestran que el mercado laboral es un lugar clave donde las brechas de género se profundizan. Lo que llama la atención es que el 52% de las personas desocupadas son mujeres de hasta 29 años”, señaló.

“En Bahía Blanca el desempleo es de 8,4%,  por debajo del promedio nacional. Aún así, para las mujeres es del 9,5%. Y para las mujeres de hasta 29 años, es de 20 puntos porcentuales, es menor que el dato nacional -del 23%- y para los varones es el 22%.  Ser joven en el mercado laboral es problemático, pero ser mujer y joven aún más. Por lo general, se asocia a las mujeres con la maternidad”.

La economista mencionó lo que ocurre con la tasa de actividad en las mujeres: “En general ha ido incrementándose en las últimas décadas, las mujeres han podido ingresar al mercado laboral pero se ha estancado en el último tiempo. Esto tiene que ver con el reparto de tareas no remuneradas, si yo trabajo más pero mi pareja no se hace cargo de las tareas no remuneradas no puedo seguir tomando horas de trabajo”.

“En momentos de recesión como este, la tasa de actividad aumenta por la autoexplotación que las mujeres hacen para sostener el ingreso. La tasa de actividades va a aumentando y esto tiene que ver con que son las mujeres las que salen de manera muy precaria a conseguir trabajo. Los varones se quedan sin trabajo y las mujeres salen a bancar, generalmente se emplean en tareas domésticas o gastronómicas que tienden a ser las más precarias”, finalizó Eliosoff.

Marina Benítez Demtschenko vivió en carne propia los vacíos de la ley ante delitos informáticos, una pesadilla a la que tuvo que enfrentarse cuando su ex pareja difundió material íntimo sin su consentimiento.

Desde ese entonces viró su profesión, la abogacía, hacia la defensa de los derechos de las mujeres ante delitos de violencia machista en internet y creó la organización “Activismo Feminista Digital”. Diserta esta tarde en la Cátedra de Violencia de Género de la UNS.

“Tomé conocimiento de todo un sistema disfuncional desde el Estado para el abordaje de esta problemática, a partir de ahí empecé a estudiar y me comprometí con un proyecto de ley para la penalización de toda agresión digital dentro de la violencia machista”, comentó en diálogo con FM De la Calle.

La violencia machista online no solamente apunta a la difusión de material íntimo sino también “al acoso virtual,  comprende el acecho, el hostigamiento por cuentas conocidas o anónimas, o hackeo de redes sociales. Todas estas facetas de violencia machista vulneran un montón de derechos fundamentales de las mujeres”.

“Los varones lo sufren en un mínimo porcentaje, por eso reconocemos que es violencia machista, somos más víctimas nosotras porque hay un sistema que no acompaña, una sociedad que culpabiliza, que nos condena. Lo que pasa con el resto de las violencia pasa en Internet porque allí también se refleja el machismo”.

Desconocimiento en organismos estatales

“El gran problema radica en la falta de preparación del personal del Estado, estamos combinando no solo la perspectiva de género, que es tan compleja para incorporar, adicionado al conocimiento de cómo operan las tecnologías”.

“Por eso es que desde la organización proponemos la alfabetización digital de las usuarias, que comprendan cómo deben llevar adelante la autogestión de las plataformas, que conozcan sus derechos digitales. Y, además, la capacitación a agentes del Estado”.

“Más que cuidarnos nosotras lo que decimos es que pongamos el foco en los agresores. Esto no está bien. También exigirle a los varones que dejen de normalizar la exposición de la intimidad de las mujeres y que entiendan que estas tecnologías les permiten impunidad. Que no sea un delito no significa que no cause daño. Estas prácticas son delitos en otras partes del mundo, hay que generar concientización muy fuerte sobre los varones porque el grupo del fulbito o de los pibes del barrio está lleno de material no consentido de mujeres en la intimidad”.

La libertad de expresión como uno de los derechos más socavados por la violencia machista

“El machismo en internet es censura porque desacredita, humilla y, como efecto colateral, hace que llames vos a la autocensura para no recibir violencia en los niveles que recibimos. Para evitar eso cierro las cuentas, no hablo, no participo. Así opera el machismo que no quiere que estemos presentes en los espacios digitales”.

“Estamos hablando de apologías de femicidios, cosas muy bravas, por eso tratamos de apuntar a la alfabetización de las usuarias en el plano legal. Esto es un delito. Queremos incentivar a la denuncia porque permite el reflejo en estadísticas para luego realizar políticas públicas”.

Qué reproducir en los medios y qué no

“La falta de terminología adecuada. Vemos noticias sobre pornovenganza que como término tiene un corte sexista porque no es porno ni venganza, es material íntimo lesionando la intimidad y privacidad de una mujer”.

“Por otro lado se juega mucho con el morbo de `te voy a mostrar este material´ y se continúa con la viralización. Lo mejor que podemos hacer es inhibir la continuidad de esa circulación. Ir contra lo que efectivamente genera el click, contra el morbo para la atención publica. La vida íntima de las mujeres motiva la atención pública y se utiliza como producto”.

Por cuarto año consecutivo la Asamblea de mujeres, lesbianas, trans y no binaries de Bahía Blanca convocó a la movilización Ni Una Menos.

Será desde las 17:30 en la Plaza Rivadavia bajo las consignas “Ni Una Menos por femicidios, transfemicidios, travesticidios. Ni Una Menos por abortos clandestinos. Ni Una Menos por redes de trata. Ni Una Menos por políticas de ajuste, cierre de fábricas y quita de jubilaciones”.

“En un gobierno neoliberal estamos atravesando una política de ajuste, colonización económica y nos afecta más a las mujeres, sumado a la quita de la Ley de Moratoria. Es un Ni Una Menos particular, dijo a FM De la Calle Sabrina García Díaz, integrante de la agrupación La rebelión de las Evas.

Agregó que en materia de violencia machista “hay una subejecución del presupuesto del municipio, sabemos que con respecto a la violencia de género, no se ha asignado recursos, es muy bajo”.

 

(Por Red de Comunicadoras Bahía Blanca) Este 3 de junio quienes integramos la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca sostenemos nuestro convencimiento de que no hay NI UNA MENOS sin comunicación con perspectiva de género; por ello hoy volvemos a denunciar:

• Que en nuestro país donde se cometen femicidios a diario, los dueños de los medios también son responsables por la difusión de mensajes de odio contra las mujeres e identidades disidentes, así como de la reproducción de noticias basadas en estereotipos y roles funcionales al sistema patriarcal.

• Que pese a que las mujeres representamos a más del 50 por ciento de la población, en los medios de comunicación no llegamos siquiera a constituir un 30 por ciento.

• Que las mujeres e identidades disidentes protagonizamos apenas el 21 por ciento de las noticias; en parte porque no somos la primera opción a la hora de consultar fuentes periodísticas y porque se nos relega y se nos arrebata la posibilidad de construir agendas propias. En cambio cuando sí ocupamos los titulares es porque se trata de casos de extrema violencia contra nuestros cuerpos siendo sometidas al juzgamiento y a la exposición pública.

• Que las mismas prácticas machistas que visibilizamos y repudiamos no nos son ajenas ya que muchas veces se reproducen en nuestros propios lugares de trabajo y cuando denunciamos las violencias a las que somos reducidas por parte de nuestros jefes y/o compañeros, la única respuesta que obtenemos es el despido como herramienta disciplinadora en un contexto hostil dejándonos en una posición doblemente vulnerable.

• También denunciamos que ni las representaciones sindicales, ni las empresas periodísticas garantizaron nuestro derecho de parar el último 8 de marzo; por el contrario eligieron una cobertura “maquillada” de dicha jornada de lucha donde el reclamo por nuestros derechos quedó invisibilizado.

No hay NI UNA MENOS si los gobiernos continúan subejecutando las partidas presupuestarias estatales destinadas a erradicar las violencias contra las mujeres y los medios resultan cómplices no contándole al conjunto de la población que esto está sucediendo.

No hay NI UNA MENOS si la pauta oficial destinada a garantizar pluralidad y equidad en el ejercicio de la comunicación, es otorgada a medios de comunicación que profundizan y/o avalan la violencia simbólica.

Somos conscientes de que el periodismo con perspectiva de género es una decisión política, y que su aplicabilidad resulta de una necesidad imperante de formación en la materia; por ello exigimos acciones concretas para alcanzar la igualdad en nuestros espacios de trabajo y en los contenidos que producimos.

Quienes integramos la Red de Comunicadoras Bahía Blanca nos queremos fuertes, libres y con voz propia. Nos queremos unidas, solidarias y con trabajo digno. Nos queremos valoradas y respetadas, también en el ejercicio de nuestra profesión sin empresas periodística que se apropien o condicionen nuestra libertad de expresión.

Una vez más y las que sean necesarias decimos que sin comunicación con perspectiva de género no hay NI UNA MENOS.

El Equipo de Antropología Forense peritará los restos de Johana Ramallo, joven desaparecida en 2017 en La Plata.  Su familia denuncia que  fue captada por una red de trata.

Marta Ramallo, la madre de la víctima, dijo a FM De la Calle que “el mes pasado fui citada por el juez Adolfo Ziulu quien me informó que los restos encontrados en agosto del 2018 pertenecen a mi hija y hoy, a casi un mes de esa noticia, no logramos tener imputados en la causa ni nos entregaron partes del cuerpo. A Johana la descuartizaron y la tiraron por partes”.

“El cuerpo de Johana está hablando, espero que lo diga todo, que la justicia meta en cana a todos los culpables, a los que me la desparecieron y a todos los que estén involucrados en esto”.

“Conseguimos que la causa sea investigada sobre una línea de trata de personas, de prostitución. Logramos que el fuero federal agarre la causa y así se mantuvo la búsqueda con pocos rastrillajes, con pocos allanamientos. Nosotros llevamos una búsqueda paralela, leíamos la causa y veíamos que no había progreso, íbamos a investigar por nuestra cuenta y llevábamos la información al juzgado luchando contra el poder judicial patriarcal”.

Marta destacó que la familia plantea la hipótesis de la red de trata de personas “por la forma en la que desapareció, por la zona en la que fue vista por última vez, por quienes estaban involucrados, por las amenazas que sufrió mi familia. Hubo una marcha que movilizó a La Plata y a la madrugada tirotearon mi casa con una escopeta. Lo único que sé es que fue el hermano de un cana. Recibí amenazas telefónicas que deje de hablar de la prostitución, de los narcos. Así los 22 meses desde su desaparición”.

“Se levantó el secreto de sumario y las novedades son las mismas que me comunicaron ese 30 de abril. Me sacaron a mi hija de la peor manera”, concluyó.

Se cumplen cuatro años del femicidio de Katherine Moscoso en Monte Hermoso. Su familia destacó que no hay avances en la investigación para encontrar a los culpables.

La prima de la joven, Wanda Banegas, comentó a FM De la Calle que “hubo cuatro fiscales en la causa en cuatro años. Nos sentimos como que nos tomaron el pelo y que esto no se sabe por cuestiones más grandes. Nos sentimos usados porque incluso llegamos a abrir las puertas de nuestras casas para que vinieran a investigar acá”.

“Hay uno que hizo bien las cosas que era Christian Long pero, lamentablemente, tuvo que salir de la causa y nos tocó (Mauricio) Del Cero y creo que fue todo peor porque todo lo que se investigó fue para atrás, no hizo nada, dejó la causa dormida en Fiscalía y hace un año atrás reclamábamos que se fuera del caso. Juntámos un montón de firmas, incluso fui a ver a Juan Pablo Fernández, me dio una reunión y con mi tío le presentamos la carpeta llena de firmas de un pueblo y la zona y este señor se fue del caso”.

“Nos tocó Viego que hace bastante que tiene el caso y no ha hecho nada. Yo no lo conozco. Mi tío fue y la impresión que le dejó es triste porque le quiere echar las culpas a un muerto”, dijo Banegas en referencia a Josué González, nieto de “Canini” González, el hombre linchado horas después del hallazgo del cuerpo de Katherine.

“Todo nos lleva a una sola fase de la investigación y a que nos mintieron y nos tomaron el pelo. Ese momento no podés pensar pero ahora nos damos cuenta. Nos hacían buscar en un lugar que no estaba, el cuerpo apareció a metros de mi casa, donde ya habíamos buscado: no estaba el cuerpo de Kathy ahí”, comentó.

Banegas afirmó que “en Monte Hermoso no vamos a recibir ayuda, acá se está tapando un crimen, acá está prohibido. Si me preguntás qué pasó con Katherine: la mató el poder. Le pasó lo mismo que a María Soledad Morales. Le pasó lo mismo. Después de esto no quedás bien, no volvés a ser el mismo. Tu vida, incluso caminar por Monte, no es lo mismo. Hay mucha gente que está en silencio porque tienen miedo”.

“Hay muchas voces que hoy no están en el espacio público y tienen mucho para decirnos. ¿Cuántas veces encontramos las mismas voces, las mismas entrevistas, las mismas respuestas previsibles de los “opineitors” de turno? Es un laburo encontrarlas, es parte de nuestra tarea y desafío”.

Ana Cacopardo es periodista, documentalista y actualmente realiza el ciclo de entrevistas Historias Debidas que se emite por Canal Encuentro. Esta tarde participará de la Cátedra Libre de Violencia de Género de la UNS -a las 19 en Colón 80-. Antes, analizó en diálogo con FM De la Calle el lugar que ocupan las resistencias en los medios de comunicación.

“Me interesa pensar violencias y resistencias. Hace muchos años trabajo con entrevistas de fondo, con la voz testimonial, pensar qué ilumina la voz testimonial, qué nos trae para reflexionar, no solo las formas que asume la violencia y las formas de las resistencias”, comentó Cacopardo.

“Hay una cita de Italo Calvino que dice que en la comunicación el eslabón más importante es el de la escucha. Estamos en un tiempo donde escuchamos muy poco y siento que ese es el primer paso que hay que dar cuando laburamos con la voz testimonial de las víctimas, que no solamente nos vienen a traer un reconocimiento de la violencia sino también otras cosas, son sujetos políticos. Desde el dolor se han generado activismos que son resistentes, sujetos políticos que han ensanchado nuestra democracia”.

“¿Cómo visibilizamos violencias? Si no lo hacemos se naturalizan. ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, contar un femicidio no sea instalar en la voz pública la voz del femicida? Y, al mismo tiempo, cómo cuando trabajamos con las víctimas no las pensamos como eso nada más sino como sujetas políticas”, finalizó.

En 2017 el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra impidió que una joven de 19 años se realizara un aborto no punible por ser un embarazo producto de una violación. Actualmente, el médico enfrenta un juicio en Cipolletti por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Natalia Gherardi, integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, dijo a FM De la Calle que “este juicio es una oportunidad para mostrar que no es lo mismo una cosa que la otra, que obstaculizar el ejercicio de derechos de las mujeres tiene que tener consecuencias”.

“Tenemos mucho interés porque está en juego la responsabilidad de un profesional que se ha dedicado activamente a violar derechos. Está en juego el derecho de las mujeres a que se respete su decisión en lo que la ley contempla desde hace cien años”, comentó la abogada.

“El Estado tiene la obligación de garantizar un aborto no punible. Esta joven fue con un aborto en curso, ni siquiera lo que se le pedía es que realice el aborto sino que permitiera su finalización. Lo que él hizo fue en contra de la voluntad de esta mujer, suministrarle medicación para interrumpir ese aborto y obligarla a que continúe con esa gestación”.

“Lo que hizo fue muy problemático porque está mostrando una manera de ejercer la medicina que es desatendiendo a los pacientes, suministrándole medicación sin su consentimiento informado, manteniendo a una mujer casi privada de la libertad dentro de un hospital público para que se lleve adelante al decisión del médico y no de la mujer”.

La especialista destacó que “va a ser muy importante que la justicia reafirme el derecho a la salud y a la integridad de las mujeres. La pena no es muy elevada, lo más importante es la accesoria de habilitación para ejercer ese cargo y revisar su matrícula profesional porque, más allá de la terrible vulneración de los derechos de esta mujer, lo que muestra es un total desinterés por los derechos de los pacientes y eso es muy preocupante. “, finalizó Gherardi.

La Cámara de Diputados aprobó el pedido de licencia de su presidente Manuel Mosca. El referente de Cambiemos fue denunciado por acoso sexual y si bien había solicitado también su desafuero, sus pares giraron el pedido a la Comisión de Asuntos Legales e Institucionales.

“Acompañamos la licencia porque no vamos a obligar a ningún diputado a que concurra si no puede hacerlo. Hay un trasfondo que es más complejo y es de carácter político.  Si hay un pedido de allanamiento o detención no hay un impedimento por los fueros a que curse un proceso judicial”, comentó el diputado Guillermo Kane del Frente de Izquierda.

El caso tomó notoriedad luego de que el propio diputado se presentara ante el fiscal Álvaro Garganta por ser víctima de una supuesta extorsión por una denuncia de acoso sexual. Luego de este hecho se supo que una militante del PRO de Necochea lo había denunciado ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte por hechos de violencia ocurridos durante la campaña electoral del 2015.

“Habría entre tres, cuatro o posiblemente seis mujeres con denuncias, y solo una de ellas fue la que se dirigió a la Corte. Según trascendidos de los mismos compañeros de Mosca, algunas otras mujeres se han sentido amedrentadas. Está la posibilidad de que el poder político y los recursos que maneja como presidente de la Cámara, hayan actuado para que varias denunciantes decidan no hacerlo, por eso planteamos que la Cámara debía suspenderlo hasta que se aclaren las cosas”, señaló Kane.

Por último, el diputado señaló que “el otro problema que ha quedado expuesto es que la interna en el oficialismo está llegando a niveles muy graves, hay una interna sorda con Vidal y está en duda la candidatura de Macri. Es fácil deducir que los meses que han tenido la denuncia en sus manos, han tenido una carta que jugar contra un hombre Vidal”.

El Gobierno Nacional impulsa un proyecto de reforma del Código Penal que, entre otras cosas, plantea restricciones al acceso a una Interrupción Legal del Embarazo.

Patricia Bustamante, integrante del grupo de trabajo de Feminismos y Justicia Penal del INECIP, calificó a la iniciativa como “regresiva” y comentó sus posibles efectos a FM De la Calle.

“Actualmente lo que más enfatiza la Corte es que no hay que judicializar, solo es necesario el consentimiento mediante una declaración jurada. El proyecto de reforma no aclara esto, solamente como causal pone abuso sexual”.

Bustamante resaltó que el proyecto crea dos figuras: “Habla del aborto culposo, que en este momento no existe en Argentina y sí existe en muy pocos países como El Salvador y Guatemala  que criminalizan el aborto”.

“También crea la figura de lesiones a la ‘persona por nacer’. Hoy el Código Civil, cuando habla del nacimiento de las personas, no le da entidad jurídica al feto. Esto le daría entidad jurídica y una tutela por fuera del cuerpo de la persona gestante. Es muy preocupante porque ni siquiera tomaron en cuenta los tratados internacionales ni la legislación interna”.

“Tenemos una Ley de Fertilización Asistida que en su decreto reglamentario habla de la criopreservación de los embriones. ¿Qué pasaría con esos embriones? ¿Sería un delito si están congelados? Es bastante disparatada además de criminalizadora”, dijo.

Respecto al acceso a la justicia, Bustamante destacó que “teniendo en cuenta las características del caso, el juez o la jueza decidirá las penas. Tenemos una justicia que es sumamente patriarcal, este proyecto le da más poder a los jueces sobre el cuerpo y la decisión de las mujeres”.

FM De la Calle presenta “Derechos y Reveses”, una serie microdocumental sobre el ejercicio y violación de derechos en Bahía Blanca. Podrá verse desde este martes en el canal de youtube: FMDELACALLETV.

El ciclo audiovisual es fruto de un proyecto ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces subsidiado por el ENACOM.

La difusión de los derechos y el seguimiento del ejercicio o violación de los mismos son prioridad de nuestro colectivo al momento de producir contenidos e incluyen un esfuerzo en la construcción de relatos que reconozcan las tensiones invisibilizadas por los medios masivos de comunicación.

La serie original proponía la producción de diez capítulos sobre derechos vinculados al trabajo, la salud, las identidades sexuales, el ambiente, la intimidad, entre otros, en una sociedad de características conservadoras.

La demora en el pago de los fondos del subsidio impidió afrontar los costos del proyecto original y es por eso que la serie se limitó a tres problemáticas: el derecho al trabajo y la destrucción de la pesca artesanal en la ría bahiense; la lucha contra el dragado en Gral. Cerri y la intención de ampliar el polo petroquímico en función de Vaca Muerta; y la marea verde por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la ciudad.