La Comisión Directiva Departamental de Bahía Blanca informó que el día viernes 12 de febrero desde las 8 de la mañana se llevará a cabo una Asamblea informativa en el Hall del Palacio de Tribunales (Estomba 34).

Por su parte, a nivel provincial “como respuesta al incumplimiento del compromiso asumido por la gobernadora Vidal durante la reunión mantenida el pasado 23 de diciembre, la AJB declaró el estado de alerta y movilización y convocó a los judiciales a debatir en asambleas la respuesta gremial en caso de mantenerse esta situación”.

Según la organización gremial, “el gobierno provincial asumió el compromiso de iniciar las mesas técnicas con todos los sectores de estatales en el mes de enero, para dar inicio a las negociaciones paritarias durante febrero”.

El 26 de enero, la entidad gremial presentó una nota al Ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, solicitando al gobierno el urgente llamado a mesas técnicas.

El mandato paritario

El Congreso de la AJB, realizado en La Matanza el 18 de diciembre pasado resolvió, a partir de los mandatos de las asambleas departamentales realizadas días antes, reclamar en la negociación paritaria los siguientes puntos:

– Aumento salarial, entre un 45 y un 50%.

– Sanción de la ley de paritarias y de la ley que restituye el 3% de antigüedad.

– Bloqueo de título para los peritos.

– Pase a planta permanente de contratados, pasantes y tercerizados de limpieza.

– Incremento al 40% de la Bonificación Especial y Compensación Funcional.

– Transformación automática de Auxiliar 3º a 1º al año de antigüedad.

– Sanción de la ley de licencia por violencia de género.

– Universalización del cargo de Jefe de Despacho.

El próximo jueves 3 de marzo a las 12 el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación resolverá si remueve o no al camarista Néstor Luis Montezanti por mal desempeño de sus funciones. Este miércoles culminaron los alegatos de la acusación, a cargo del presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, y de la defensa encabezada por el abogado Ignacio Irigaray.

El ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca fue suspendidoen septiembre por el Plenario del Consejo por sus vínculos con la Triple A y su pasado como personal civil en el Destacamento de Inteligencia 181 durante el terrorismo de Estado.

El dictamen de la Comisión de Acusación y Disciplina le reprochaba “mal desempeño en sus funciones”, “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los Derechos Humanos”, “falta de idoneidad moral y de vocación democrática” y el hecho de “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes”.

Más de treinta testigos declararon en el debate que comenzó a fines de 2015 y se reanudó tras la feria judicial. El tribunal está presidido por el magistrado Miguel Ángel Caminos, e integrado por el juez Otmar Osvaldo Paulucci, las senadoras Silvia Beatriz Elías de Pérez y Sigrid Elisabeth Kunath, lxs diputadxs Alejandro Abraham y María Soledad Carrizo y el abogado neuquino Santiago Pini.

Durante su declaración Montezanti denunció una “operación concertada” en su contra. Según publica La Nación, el ex PCI manifestó que “quedó acreditado aquí a través del legajo pedido por la acusación que mi tarea como contratado puntual del Ejército se limitó a asesoramiento jurídico en temas de derecho internacional” y que “quedó desvinculado ‘con recomendación interna del Ejército’ de no volver a ser contratado ‘en ninguna área del Estado’”.

“Según Montezanti, las acusaciones que presentó contra él el gremio judicial se particularizaron en su contra a pesar de que habían sido adoptadas por los cinco miembros de la Cámara cuando él ni siquiera la presidía. ‘Defendí a Pilato, de un sindicato de izquierda. Pero también fui abogado de gremios de derecha. Desde que entré a la Cámara, los hábeas corpus pasaron a resolverse en el día’, dijo”, sostiene la vieja “tribuna de doctrina”.

Tanto La Nación como LaNueva. de Bahía Blanca, ambas empresas con sus propietarios imputados por crímenes de lesa humanidad, fueron las páginas elegidas por Montezanti para intentar desvirtuar las acusaciones en su contra que incluso derivaron en una investigación penal en la causa Triple A que tramita el juzgado federal bahiense. El diario de los Mitre lo incluyó en su repudiada editorial “No más venganza” calificando el jury como “otro claro intento oficialista de desarticular la investigación de causas que involucran a la familia presidencial”.

Exactamente en un mes, se sabrá si para el Jurado haber pertenecido a la inteligencia del Ejército genocida y estar vinculado a la Alianza Anticomunista Argentina, que sólo en Bahía Blanca masacró a más de cuarenta personas, son obstáculos suficientes para integrar el máximo órgano judicial local en tiempos democráticos o se suma a los vientos políticos que prometen alegremente impunidad.

Al momento de su detención, durante un operativo policial, el dirigente se encontraba movilizando junto a sus compañerxs frente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO). Estaban reclamando por la reincorporación de 12 trabajadorxs tercerizadxs de la empresa de limpieza Litoral Cleaning, que fueron despedidos en diciembre.

El dirigente Rodolfo Aguiar se encuentra alojado e incomunicado en la Comisaría 31 de Roca, mientras trabajadorxs de ATE y la CTA reclaman su liberación en las puertas de esa institución policial ante la presencia de más de 70 efectivos que rodean la comisaría.

En tanto, dos militantes de la CTA también fueron privados de su libertad y reprimidos, “por el sólo hecho de querer conocer los motivos de la detención de Aguiar”. Todos ellos se encuentran incomunicados y esposados en una oficina.

Desde la CTA Autónoma exigen “la liberación de los detenidos y el cese de la criminalización de la protesta social. Asimismo nos solidarizamos con los trabajadores en lucha por su inmediata reincorporación”.

Repudio absoluto de ATE Río Negro a la detención del Secretario General de los trabajadores

“ATE repudia y denuncia la injustificada y violenta detención del Secretario General de ATE y CTA-A, Rodolfo Aguiar, en un ejemplo más del avasallamiento hacia la libertad de la protesta y el reclamo”.

Según informó la organización, “alrededor de las 11.30 horas, y en un claro hecho perpetrado entre el responsable de la empresa Litoral Cleaning SRL, Santiago Fernández, y la policía, el máximo representante de ATE fue detenido y esposado de manera violenta por efectivos policiales de la Comisaria 31, sita en Paraná y Panamá. Dos trabajadores, militantes ambos de la CTA, también fueron privados de su libertad y reprimidos, por el solo hecho de querer conocer los motivos de la detención de Aguiar. Todos ellos se encuentran incomunicados y esposados en una oficina”.

“Repudiamos desde ATE este claro ejemplo de adoctrinamiento que pretenden, tanto las fuerza policiales como políticas, estamos recordando viejas épocas nefastas y oscuras de nuestro país, hoy más que nunca saldremos con firmeza y convicción a defender lo que por derecho nos corresponde aseguró Aldo Capretti, Secretario Adjunto de ATE y CTA Río Negro. Exigimos la inmediata liberación de nuestro Secretario General y no nos pararán hasta conseguirla”, sentenció Capretti.

Fuente: Acta

Lo hizo a través de un comunicado de prensa emitido ayer. De esa forma, lxs trabajadorxs de la salud organizadxs sostuvieron que “los hechos sucedidos en los últimos días suman nuevos elementos que confirman la caracterización y la dinámica del gobierno, contrarias a las necesidades de los trabajadores, tanto en el ámbito nacional como en nuestra provincia#”.

“El conflicto del hospital San Martín resume los problemas estructurales pendientes en Salud en toda la provincia y las respuestas del Ministerio, forzadas por la movilización, son francamente desalentadoras. La reunión reclamada con la ministra Ortiz sigue pendiente de confirmación”.

Según el gremio, “la crisis política que postergó el tratamiento del presupuesto en la Legislatura provincial no derivó en un cambio favorable; se resolvió con negociaciones de acuerdo a los intereses partidarios de los distintos sectores y a algunos fondos para uso discrecional de los intendentes”.

“Repitiendo la lógica de los últimos años, el oficialismo y el grueso de la oposición votaron juntos y a mano alzada un presupuesto de ajuste. Partidas sociales a la baja, endeudamiento récord, sin asignaciones para nuevos nombramientos ni para aumento salarial y una ley tributaria que mantiene el esquema regresivo forman parte de lo aprobado”.

Ya con el presupuesto de la provincia de Buenos Aires aprobado, al mismo tiempo que la organización manifiesta su rechazo y continúa reclamando una partida de emergencia en salud “ahora jerarquizamos la demanda para una urgente convocatoria a paritarias, tanto general como sectorial. Tendremos que actualizar el pliego, precisando el aumento a reclamar, los temas de condiciones de trabajo y los puntos pendientes”.

Por otra parte, “producto de la reacción gremial contra el decreto reaccionario de la gobernadora Vidal que suspendía por 180 días la aplicación de la nueva ley marco municipal, se produjo un retroceso parcial por parte de las autoridades”.

Si bien no se anuló el decreto, la suspensión de la ley 14656 sería parcial, sin reinstalarse la 11757 y habilitando potencialmente a la realización de las negociaciones colectivas.

Desde CICOP reclaman “la anulación del decreto y la inmediata convocatoria a paritarias en los municipios con participación de nuestro sindicato”.

(Por José Rigane*) La declaración de la “emergencia energética” por el gobierno de Macri y la anunciada quita de subsidios y aumento de tarifas, junto al incremento del costo de vida producto del fuerte shock devaluatorio y el nuevo impulso inflacionario, imponen la necesidad de implementar una Tarifa Social.

La Tarifa Social nació en nuestro país a finales del año 1999 en la ciudad de Mar del Plata, al calor de la lucha popular y donde nuestra organización, el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, junto a las agrupaciones barriales, fomentistas y de desocupados de Mar del Plata, desafiamos a las multinacionales Camuzzi y United Utilities para lograr la implementación de una iniciativa que discutiera la lógica de las ganancias empresarias plenas impuesta desde la privatización de los servicios.

La Tarifa Social es Ley de la Provincia de Buenos Aires. Lleva el número 12.698 y es uno de los primeros reconocimientos legislativos a las luchas de los desocupados y pobres por recuperar su derecho a ciudadanía.

La Tarifa Social, con metas de quitas hasta del 50% del valor final, es un paliativo concreto para el desangrado de los bolsillos de las familias populares, pero también es un pilar en el reconocimiento de la energía como un derecho humano. Nadie puede estar privado de un servicio esencial para la vida en nuestras sociedades contemporáneas como es la energía.

La Tarifa Social es el precio diferenciado para el uso de los servicios públicos esenciales (agua y cloacas, electricidad y gas) dirigido a la población de escasos recursos. Supone, además, el no corte de los servicios ante la comprobación manifiesta de incapacidad de pago de las facturas y facilidades financieras para saldar las deudas.

Aranguren, ministro de Energía y Minería del actual gobierno de Macri, ya adelantó sin demasiadas precisiones que con el nuevo esquema de quita de subsidios se prevé como contraparte la implementación de una “tarifa social”, que seguramente se intentará aplicar como un servicio a la demanda, depositando el dinero (un porcentaje del valor final) en las cuentas del beneficiario como ya se ha hecho, por ejemplo, con el gas en garrafa.

La cuestión que se impone es preguntarnos quién va a poner estos aportes. ¿Serán nuevamente los trabajadores los que respondan, a través del estado y sus recursos, garantizando las ganancias a las empresas que supuestamente iban a solucionar la crisis de energía en Argentina? ¿Qué van a poner las empresas que han amasado fortunas desde 1999 hasta la actualidad? ¿Continuaremos en la senda de garantizar las ganancias a las multinacionales como lo venimos haciendo con el sistema eléctrico o con el precio de barril “criollo” de petróleo, donde el gobierno le garantiza a fuerza de subsidios de más de 12 millones de dólares por día un precio de u$s 60 el barril cuando en el mundo está debajo de los u$s 30?

La crisis actual en energía y el cambio de gobierno nacional habilita a repensar y revisar las condiciones con las cuales se viene desarrollado el sistema privado en materia de energía.

La tarifa social debe ser responsabilidad de las empresas y no del Estado.

Para conocer más sobre la tarifa social, su lucha para convertirla en Ley y los textos legales presentados para crear un Proyecto Nacional de Tarifa Social pueden visitar el siguiente URL

* José Rigane es Secretario Adjunto de CTA Autónoma y Secretario General de la FeTERA

(Por José Rigane*) A un mes de asumir, el gobierno del presidente Mauricio Macri comienza a dejar en claro con hechos -no sólo con palabras- la política económica y social que quiere llevar adelante en Argentina. Por un lado, intenta hacernos creer a través de ministros como Triaca o Prat Gay que hay un retroceso del proceso inflacionario, con lo cual no reconoce la devaluación provocada con la quita del cepo en diciembre ni del aumento disparado de los precios de los alimentos a fin de 2015.

Desde el gobierno nacional se hace hincapié en el “dialogo social” (aunque avanza en realizar masivos despidos en distintos organismos estatales). Se reivindica desde el ejecutivo nacional a este acuerdo social como una meta a alcanzar y se remarca que participarán los gobernadores provinciales y algunos dirigentes políticos. También se reivindica el proceso de unidad de los dirigentes sindicales, sobre todo de la CGT.

Pero, por otro lado, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, les pide a los dirigentes sindicales “responsabilidad” a cambio de las paritarias y de quitar algunas presiones tributarias a los trabajadores como ganancias (impuesto al salario). Es decir, desde el gobierno dicen que podrían modificar el sistema de ganancias pero amenazan con que las demandas de los trabajadores para las paritarias tengan “responsabilidad”.

Sobre este tema Prat Gay fue el más claro del gobierno nacional cuando dijo que “cada gremio sabrá hasta dónde arriesgar empleos a cambio de salarios”. Es decir, que los trabajadores vamos a tener que optar entre “salario o empleo”.

Prat Gay directamente nos está amenazando a los trabajadores diciéndonos que si reclamamos aumento de salario en las paritarias se van a “venir” despidos masivos. Además, dijo que la inflación no va a superar el 20 o 25% y, por lo tanto, las paritarias no tienen que superar de ninguna manera esa cifra. Es decir, Jorge Triaca y Alfonso Prat Gay le están poniendo un cepo a las paritarias.

Esto es una verdadera extorsión porque en realidad de lo que se está hablando es algo que los trabajadores ya conocemos en Argentina, como ocurrió en la época de Martínez de Hoz o con Domingo Cavallo.

Es decir, lo que el gobierno busca es “competitividad” para los empresarios y los trabajadores sabemos que esto significa bajar salarios y cambiar el régimen laboral. Es decir, significa una gran pérdida del poder adquisitivo de los asalariados. Esto no siempre le resulto efectivo al poder en nuestro país, porque se encontraron con la presencia de los trabajadores en la calle. Nuestro pueblo tiene una rica experiencia en enfrentar estas políticas.

Pero Jorge Triaca continua diciendo que “tenemos que recuperar competitividad y los dirigentes sindicales son concientes de esto”. Y sigue: “en los últimos tiempos hubo desorden en el ámbito del trabajo, hubo fallos que modificaban el modelo sindical, otorgaron personería gremial, etc. y esto requiere un reordenamiento, una modernización”.

Esto los trabajadores también sabemos qué significa: ajuste para los trabajadores y más ganancia para los empresarios (garantizada por el gobierno).

Como venimos diciendo desde la CTA Autónoma, evidentemente no queda otro camino que ganar la calle. No queda otra opción que organizarnos más y mejor para desarrollar poder propio. Pero no hay que ganar la calle de cualquier manera: hay que recordar que parte de esta situación que vivimos hoy se genera en un pasado donde no se quiso, no se pudo o no se tuvo la voluntad política en avanzar en tomar las medidas políticas, gremiales y sociales que se requerían para profundizar a favor del pueblo y los sectores populares. Es decir, que no todo es responsabilidad de lo que genera este gobierno de Macri en la actualidad.

Los trabajadores tenemos que defender nuestros intereses, gobierne quien gobierne. Los trabajadores debemos organizarnos y discutir cuál es la mejor forma de enfrentar este nuevo ataque a nuestros bolsillos. Los trabajadores tenemos que discutir y debatir, pero pongamos por delante la organización y la unidad para salir nuevamente a la calle a luchar, como siempre lo hicimos.

(Sec. Adjunto de la CTA Autónoma y Sec. Gral. de la FeTERA)

Fuente: Fetera

La CTA Autónoma de la Provincia de Buenos lleva adelante una medida de fuerza con un acto central en la bajada de la Autopista, en La Plata

A su vez, la Central presentó un recurso de amparo y participó de la movilización de ayer frente a la Municipalidad Platense, en repudio a la represión del viernes pasado y por el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados. Exige además mayor presupuesto para las Áreas de Políticas Sociales y repudia los despidos en el Sector Privado.

Durante la jornada de ayer el Secretario General de la CTA Provincia, Oscar de Isasi, dijo en conferencia de prensa que las razones del conflicto se deben a que “la Gobernadora ha decidido de manera anticonstitucional, por un decreto, suspender la Ley de Paritarias Municipales por 180 días. Y con la misma excusa de que no hay presupuesto, decidió suspender la negociación paritaria que habían comprometido se iba a realizar en enero.”

“Entendemos que ese decreto también intenta cercenar derechos construidos por consenso por el conjunto de los trabajadores municipales, como el salario Mínimo, Vital y Móvil, el derecho a que las plantas de personal tengan Estabilidad Laboral, el derecho a la Licencia por Violencia de Género, Maternidad y Paternidad. No solo intentan quitarnos todo eso sino que además lo hacen de una manera autoritaria y anticonstitucional”, agregó.

Por su parte, la seccional de ATE Bahía Blanca lleva adelante un paro por 24 horas en reclamo de “aperturas de paritarias, contra los despidos y la represión, pase a planta de los trabajadores precarizados y por vigencia de la Ley de Paritaria de los Municipales”.

La CTA Bahía Blanca – Crel. Dorrego manifestó hoy su rechazo a “la ola de despidos que se están produciendo en la administración estatal nacional, provincial y municipal” a través de un comunicado de prensa.

“El decreto 254 del gobierno de Mauricio Macri ordenaba revisar  los concursos y los contratos de todas las áreas en un plazo de tres meses. Ahora están echando directamente, ni siquiera respetan su propio decreto que ya estaba marcando la política de avanzar sobre los puestos de trabajo. Los trabajadores despedidos hasta el momento son: Estado nacional 3340 (gobierno Cambiemos), Santa Cruz 1000 (gobierno FpV),Salta 195 (gobierno FpV), Tierra del fuego 1000 (gobierno FpV), La Rioja 800 (gobierno FpV), Pcia de Buenos Aires 7397 (gobierno Cambiemos), Catamarca 832 (gobierno FpV), Mendoza 1600 (gobierno Cambiemos)”

Según la central obrera, “en total son 16164 en menos de 30 días”.

Por otra parte, “en el ámbito privado se dan situaciones similares (Cresta Roja, Cerámica San Lorenzo etc), alentadas además por el ejemplo de lo que ocurre en el Estado,s in alcanzar todavía esos números, pero sí avanzando sobre las condiciones y la intensidad de los trabajos”.

Sumado a esto, la CTA enumeró que “en la provincia de Buenos Aires a todo esto se agrega al decreto de la gobernadora para suspender la paritaria de los trabajadores municipales en toda la provincia”.

Lxs dirigentes sindicales también analizaron la situación en Bahía Blanca. “A nivel local en tanto se quita el subsidio de 2 mil pesos a los cartoneros mientras se suman nuevos cargos políticos y el intendente cobra 163 mil pesos por su trabajo”.

“No hay casualidad en estos números. Se trata de una política deliberada que merece una respuesta inmediata desde nuestro lugar de clase trabajadora”.

El otro relato

El argumento central desde los distintos estamentos gubernamentales es que las personas despedidas “no trabajan”, “son militantes” o simplemente “ñoquis”.

En este sentido, la organización sostuvo que “no defiende a quien cobra sin trabajar ni el clientelismo de última hora para realizar nombramientos, pero sí decimos rotundamente que la inmensa mayoría de los puestos de trabajo en el Estado tiene que ver con la atención de derechos sociales como la salud, la educación, el trabajo, la previsión y la seguridad social, la vivienda, las jubilaciones  etc. Los trabajos de hombres y mujeres en el Estado son socialmente necesarios en tanto están dirigidos a la atención de esos derechos y necesidades”.

En consecuencia rechazan “por mentiroso y manipulador el intento de construir un sentido común que asocia a todo trabajador/a estatal con un vago o un ñoqui” y sostienen también “que la oleada de despidos está siendo facilitada por algo  que nuestra CTA vino denunciando como política de las patronales, que el  gobierno anterior convalidó: la gran extensión de la precarización laboral tanto en el trabajo público como en el privado. El ajuste sobre el empleo está pavimentado por la alta vulnerabilidad  de todos quienes trabajan bajo las distintas formas de la precarización”.

Continuando con el análisis, la central sostiene que “con el discurso de dar de baja a los ñoquis se encubren los verdaderos objetivos de los despidos masivos” que enumeraron de la siguiente forma:

  • “ajustar la inversión pública utilizando como variable principal el empleo”;
  • “disciplinar no solo a estatales sino al movimiento obrero en su conjunto en el período previo a las paritarias. Cuando el ministro Prat Gay ha dicho como mensaje a los sindicatos ‘fíjense hasta que punto pueden arriesgar salario a cambio de empleo’ cierra toda la ecuación: el imperativo es aceptar la baja de salarios o ponerse  bajo riesgo de perder el trabajo”;
  • “una forma de proclamar lo que son intereses propios (los de quienes ganan fortunas con remarcaciones y devaluaciones y otras yerbas) como si fueran intereses colectivos. Dicho de otra manera: de intentar disfrazar como de interés colectivo (de todos los trabajadores) lo que es interés específico de una minoría de grandes empresas que solo piensan en incrementar su tasa de ganancia”.

Respuesta de lxs trabajadorxs

La CTA señala “la necesidad de esclarecer los verdaderos objetivos de esta escalada de despidos y remarcaciones  de precios a los que se acompaña con represión como ocurrió en La Plata, en Neuquén y antes en Cresta Roja. Y  de organizarnos desde cada lugar de trabajo para resistir este avance sobre nuestros derechos. El segundo paso necesariamente será unir los reclamos y darle una expresión unificada, porque los de arriba apuestan a dividirnos. Saben que la fragmentación impide luchar con la fuerza necesaria para frenar el ajuste y cuentan para ello lamentablemente con la ayuda de buena parte de quienes deberían representar los intereses de los trabajadores y están encaramados y atornillados a los cargos sindicales”.

Finalmente, reclamaron “ningún trabajador/a despedido, la reincorporación inmediata de todos/as los que trabajan, la inmediata convocatoria a paritarias libres, rechazo al al chantaje para no otorgar los aumentos salariales que correspondan, salario  mínimo igual al costo de la canasta familiar, el aumento de emergencia a los jubilados y la no a la criminalización de la protesta”.

Siempre hay que apostar a la esperanza, sobre todo a los jóvenes, transmitirles que la vida es maravillosa. Esto me conmueve un poco porque lo asocié directamente con la frase que dijo mi padre el día antes de morir: ‘Qué bella que es la vida, qué hermosa que es la vida’. Eso me lo llevo grabado también. Uno debe aferrarse a la vida“, dijo años atrás Hugo Omar Cañón en los estudios de la FM De la Calle.

El militante y ex fiscal general de Bahía Blanca murió este domingo en el Partido de Olavarría, tras un choque de autos en el que también fallecieron su nieto Santiago y otras dos personas. Desde el Colectivo de FM De la Calle realizamos el programa especial que aquí compartimos como homenaje y agradecimiento por su vida.

La Comisión Provincial por la Memoria informó que despedirá a quien fuera uno de sus fundadores este martes, entre las 8 y las 16, en la sede del organismo (calle 54 nº 487, e/ 4 y 5, ciudad de La Plata). “Esta casa que se convirtió en un símbolo de la memoria y la defensa de los derechos humanos, es el lugar que elegimos para esta triste y dolorosa despedida, recordando su compromiso, sus convicciones y su lucha que nos seguirán guiando”.

La escritora y profesora Alicia Partnoy recordó ayer su primer contacto con Cañón y el comienzo de las investigaciones sobre los crímenes del V Cuerpo de Ejército. “Me impresionó su profesionalismo y su valentía porque en aquel momento todavía la gente tenía mucho miedo”, aseguró desde Estados Unidos la sobreviviente de La Escuelita.

“A nivel humano era una persona extraordinaria, tuvimos una conexión extraña en un momento, lo que yo llamo marxismo mágico. Esta iniciativa de incluir el libro La Escuelita como evidencia en los juicios, allá por los Juicios por la Verdad en el año 99, fue algo visionario. Yo pensé que estaba loco realmente. Nunca me voy a olvidar la mirada de los jueces cuando él pidió incorporar un relato de La Escuelita como evidencia, me acuerdo que dijeron ‘bueno, si es relevante’ y él dijo: ‘es relevante'”.

El camarista mandato cumplido, Luis Alberto Cotter, advirtió que “desde que me enteré de este trágico suceso estuve pensando qué palabras se podrían utilizar para que realmente representen lo que uno está viviendo ante la pérdida de un hombre como Cañón. No las he encontrado”. “Cañón era un hombre de convicciones arraigadas, cuando él ubicaba el camino que consideraba que era el correcto era difícil separarlo del mismo”.

“Recuerdo que en la oportunidad de la iniciación de los juicios de los comandantes, los jefes supremos de la dictadura sangrienta que sufrió el país, la mayoría del Poder Judicial, por conveniencia, por cobardía, o por afinidad tal vez con los dictadores, pensaban que ahí había que terminar la cuestión si no la democracia iba a caer o se iba a debilitar o no se iba a poder gobernar. Cañón sostenía en esa época contra todos que, al contrario, se fortalecía la democracia si se castigaba hasta el último de los autores de estas atrocidades. Era la única manera en que no se iban a volver a repetir estos episodios”, manifestó sobre “el único fiscal, repito, el único fiscal federal de todo el país que planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida”.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel destacó en diálogo con FM De la Calle que “fue un compañero, un hermano apreciado en todo el trabajo que veníamos realizando juntos y con su personalidad tiene una pérdida muy grande no solo la Comisión Provincial por la Memoria, (también) Bahía Blanca, que era su lugar de residencia y actividad como fiscal durante 23 años. Un hombre que tuvo posiciones muy claras de los juicios y los crímenes de lesa humanidad buscando la Verdad, la Justicia, la represión del daño hecho y que nunca más vuelva a ocurrir”.

Pérez Esquivel compartió la copresidencia de la CPM con Cañón desde su fundación y por casi 15 años. “Siempre fue un hombre que aportó desde su experiencia jurídica fundamentalmente pero también su gran compañerismo y aportes que hizo en el trabajo que la Comisión hace en cárceles y comisarías, los crímenes de lesa humanidad, él siempre estaba atento a todo eso como a Jóvenes y Memoria, que en el último encuentro que tuvimos en Chapadmalal en noviembre participaron 12 mil jóvenes”.

“Nos cuesta pensar que Hugo Cañón no está. Casi creo que mejor pensemos que fue un compañero que se fue antes y nos queda un legado enorme, un legado inmenso”, dijo el dirigente de CTA Bahía Blanca y Suteba, Enrique Gandolfo, y agregó que “es cierto que la Historia se construye entre muchos, pero hay veces que algunos hombres juegan un rol determinante, creo que no se puede hablar de la historia de los derechos humanos y del juicio y castigo a los culpables en Bahía Blanca sin mencionar el rol principalísimo que ha jugado Cañón”.

Para cumplir un rol de esa magnitud “los hombres necesitan algo de sapiencia, algo de tozudez y también algo de locura, de locura de la buena, de esa locura que hace que uno pueda seguir andando cuando parecería que toda la situación empuja para atrás”.

Finalmente, el secretario general de la Federación Judicial Argentina, Víctor Mendibil, comentó la militancia sindical de Cañón al rememorar cómo “se sumó a la organización del gremio y trabajó intensamente, con una decisión, con un compromiso, con una pasión, con una intransigencia, con una capacidad de organización que acompañó los pasos fundantes de la Asociación Judicial Bonaerense”.

“En la huelga del año 71, cuando el onganiato reprimió una lucha por reivindicaciones muy puntuales que estábamos llevando los judiciales de la provincia, la primera gran huelga, se deja cesante a tres secretarios que en aquel momento acompañaron la lucha. Y en esa situación es que Hugo redobla su compromiso en la vida gremial, es más, con otros compañeros lleva adelante una huelga de hambre una cantidad de días en la sede de nuestro gremio en calle 13 frente a Tribunales, 13 y 48, y posteriormente la lucha continúa y a consecuencia de esa perseverancia, de esa capacidad de indignarse todos los días contra la desigualdad, contra el autoritarismo o contra la violación de los principios y normas constitucionales hizo que esa pelea” diera frutos durante el gobierno de Cámpora.

“En la vida no hay que tener metas para aferrarse a lograr o llegar a un destino determinado. Creo que como dice Machado el camino se hace al andar y el objetivo está en andar y correr detrás de la utopía también. Qué sentido tendría llegar a la estación y terminar la carrera. Lo importante es el andar, el hacer cosas, el brindarse y tratar de resolver. Y si no puedo hacerlo o me veo agobiado o es tal la imposibilidad me dedicaré a otra actividad. (…) Siempre buscando resolver algo y ayudar a los demás. En el fondo uno trata de ayudar a los demás pero también se ayuda a sí mismo porque uno se salva a sí mismo en la medida que actúa desde acá. Si uno actúa desde el odio, desde la venganza, desde el rencor, se autodestruye. Eso es indudable”.

Hugo Cañón tras conocerse su candidatura a diputado provincial por Nuevo Encuentro.

Programa Pensemos Juntos la Vida (IEMA), FM De la Calle, 2009.

Desde las redes de medios comunitarios, cooperativos y populares, y de carreras de comunicación rechazamos el nuevo avasallamiento institucional, político y legal perpetrado hoy por el gobierno, a partir del anuncio de otro Decreto de Necesidad y Urgencia, que terminaría de barrer en los hechos con la Ley más debatida, de mayor consenso y participación popular desde el regreso de la democracia.

La medida se justificó en un curioso concepto formulado por el Jefe de Gabinete Marcos Peña: “la desconcentración o no, no puede ser el objetivo, sino la pluralidad”.

Nos vemos en la necesidad de reafirmar una vez más lo obvio: la concentración de la palabra en pocas manos es el mayor obstáculo para la pluralidad de voces, y que sin desconcentración en la propiedad de los medios no es posible la democracia.

Las redes abajo firmantes, junto a innumerables organizaciones sociales, académicas, sindicales, profesionales y los más renombrados especialistas en Derecho de la Comunicación, fuimos activos constructores y partícipes de la ley vigente, concebida como una herramienta indispensable para una comunicación más democrática y plural, así como hemos sido permanentes custodios y demandantes de su aplicación total y efectiva, sistemáticamente saboteada por maniobras judiciales que pretendieron –y lograron- evitar justamente eso que hoy se pretende relativizar en el discurso pero evidentemente es prioritario para los impulsores de este nuevo DNU: la desconcentración de la propiedad de los medios en pocas manos. Todo el proceso de debate y sanción de esta norma fue impulsado y acompañado por un amplio abanico de sectores que excedió largamente al gobierno saliente, incluyendo a expresiones que estaban en su oposición, por lo que repudiamos que se nos insulte y trate como a simples peones de una “guerra entre el gobierno y Clarín” como excusa para anularla por decreto y a contramano de derechos y tratados internacionales.

Nos preguntamos de qué manera es posible resguardar la vigencia y aplicación de las leyes actuales mientras se debate una nueva, como prometieron los ministros, cuando en la práctica siguen anulando sus competencias y disolviendo las instituciones por ellas creadas a través de decretos.

Rechazamos las definiciones del ministro Aguad orientadas a que “el mercado” sea el único árbitro de la actividad de los medios, porque la historia nos enseña de sobra que impera la ley del más fuerte detrás de las invocaciones a la “libre competencia”, y porque desconocen toda la legislación con rango constitucional que define el acceso a la comunicación e información como derecho humano, y no como mercancía.

Rechazamos la eliminación de nuestros representantes en el Directorio del organismo y otros espacios, que nos permitían algún grado de injerencia y representación en el diseño de las políticas comunicacionales.

Convocamos a los legisladores nacionales para intervengan y soliciten una reunión urgente con el presidente y una convocatoria a Sesiones Extraordinarias del Congreso en defensa de las instituciones y el funcionamiento democrático, para frenar este nuevo atropello que pretende acallar y limitar las voces y posibilidades del pueblo y sus organizaciones para expresarse por sus propios medios.

Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la República Argentina (REDCOM) – Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) – Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) – Red de cooperativas de comunicación (Red Colmena) – Asociación de Revistas Culturales Independientes (ARECIA) – Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADICCRA) – Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) – RED PAC (Productoras Audiovisuales Comunitarias) – Barricada TV – Pares TV – Urbana TV

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El juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, dictó hoy una medida precautelar mediante la cual ordenó al Ejecutivo nacional que “se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca)”.

Arias tomó la decisión judicial tras recibir hoy un planteo del delegado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) de la Región La Plata, Guillermo Luis Guerín, en la que se solicitaba la “nulidad absoluta” del Decreto N°236/15, que resolvió la intervención de la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En este sentido, Arias dictó una medida precautelar en la que ordenó “la prohibición de innovar y de alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante todo acto o reglamento que implique una modificación a cualquiera de las previsiones contenidas en la Ley 26.522”.

Al mismo tiempo, el magistrado declaró “la incompetencia de la justicia provincial para dirimir la contienda de autos” y remitió las actuaciones “al juzgado federal competente para su intervención”.

Arias dijo que la resolución “afecta todas las medidas que se tomen del 29 de diciembre en adelante (fecha de la presentación del pedido de nulidad)” y señaló que la acción se realizó “en favor del derecho colectivo a la información y la libertad de expresión”, al tiempo que explicó que “es una medida preventiva para que no haya nuevo actos que agraven la situación”.

En el fallo, el magistrado sostuvo que si bien la materia es competencia de la justicia federal, actúa en las facultades que le otorga “el sistema de control constitucional difuso por el cual todos los jueces están llamados a defender la vigencia irrestricta de la Constitución nacional frente a los embates por parte de las autoridades públicas que detentan el poder político”.

“Estas razones fundamentan la posibilidad de los jueces de disponer medidas cautelares aún en causas ajenas a su competencia jurisdiccional, potestad que se encuentra prevista en los ordenamientos procesales, tanto de la Nación como de la provincia de Buenos Aires”, graficó.

Por ello, resolvió que “en ejercicio de la competencia transitoria en materia cautelar se dispone –con carácter precautelar- la prohibición de innovar ordenando al Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

Arias explicó que la medida rige a partir del 29 de diciembre “por lo que además deja sin efecto todas las medidas adoptadas por la Intervención de la Entidad y/o el Poder Ejecutivo Nacional a partir de esa fecha”.

La medida precautelar fue dictada en el mismo día que el poder Ejecutivo, a través del jefe de Gabinete Marcos Peña, anunció la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que absorberá las funciones de la Afsca y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, junto al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el interventor de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Miguel de Godoy, anunció la eliminación de este organismo y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Asimismo anunció la propuesta de un debate en el Congreso para una nueva ley que regule la comunicación.

Luego de una introducción en donde habló de una “guerra contra los periodistas” llevada a cabo por decisión de la ex presidenta Cristina Fernández, destacó que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 fue motivada por una “visión cerrada de la democracia, una visión autoritaria que planteaba que aquel que no se disciplinaba era alguien que debía ser combatido, marginado, perseguido por el Estado”. Agregó además, que es una “ley vieja, concebida en una visión de la comunicación del siglo XX”.

Posteriormente, habló de la AFSCA, refiriéndose al organismo como una herramienta kirchnerista para imponer su pensamiento y controlar a los medios, a la vez que lo criticó porque “la mayoría de los objetivos de la ley no fueron llevados adelante”. Consideró también que la ley de telecomunicaciones (regulada por la AFTIC) tiene un espíritu controlador.

Retomando los tres objetivos que el Gobierno nacional viene planteando en su discurso, hizo referencia al de la “unión de los argentinos” para enmarcar el anuncio del DNU que saldrá en el Boletín Oficial el día 31 de diciembre de 2015.

“Hoy estamos firmando un DNU que tiene tres líneas principales: creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), presidido por Miguel de Godoy, que absorberá al AFSCA y el AFTIC, que desaparecen a partir de mañana”, afirmó. El segundo punto del decreto, según el funcionario, será que “se van a sacar los cepos a la industria para la necesidad de inversiones”. Por último, anunció la creación de una comisión bicameral del Congreso “con el mandato de discutir una nueva ley de comunicaciones que integre las dos leyes: la ley de medios y la ley de telecomunicaciones”.

Cuando el funcionario fue consultado sobre los objetivos de la nueva ley que pretenden proponer, haciéndose referencia al espíritu desconcentrador de la ley 26.522, respondió: “La desconcentración no tiene que ser el interés central; el objetivo tiene que ser la pluralidad, la competencia, la libertad, la apertura, y al mismo tiempo la inversión y la mejora de servicios. Es una visión distinta. El discurso de la desconcentración era un eufemismo para un disciplinamiento”.

Agregó además que “hay que sacarle dramatismo y tensión a esta cuestión de la comunicación. No es tan determinante al final del día si el medio de comunicación altera o no altera la realidad. La realidad es la realidad”.

Finalmente, le consultaron si tendría en cuenta medidas concretas respecto de los medios más chicos, a lo que aseguró que eso “es parte de la política del Estado, es parte de la ley de medios, ya lo hemos hecho en la Ciudad”.

Con respecto a este punto, el ministro Aguad aseguró: “Vamos a ayudar a los medios más chicos, a los que tienen dificultad para expresarse. También para conectarlos a Internet. Los recursos de la AFTIC, en alguna medida, van a ser utilizados para eso. Queremos que todas las voces se puedan escuchar y que todos los ciudadanos tengan el derecho a escuchar las voces que se quieren pronunciar”.

Para cerrar, resaltaron la importancia de las redes sociales y de las nuevas maneras de comunicar, y anunciaron que habrá dos años para la convergencia, “para que todos los actores puedan hacer todo, y romper con los compartimentos estancos”.

Fuente: Notas.org

Hoy se escucharán los alegatos del proceso de remoción contra el suspendido presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, denunciado por el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en sus funciones. Según informó ayer la secretaría del Jurado de Enjuiciamiento, la audiencia fue convocada 8:30 para escuchar al ex fiscal Hugo Cañón, al imputado y a los representantes de la acusación y la defensa.

Más de treinta personas brindaron testimonio la semana pasada ante el tribunal para referirse a los vínculos del magistrado con la Triple A bahiense, su pertenencia al Destacamento de Inteligencia 181 como personal civil durante la dictadura, su militancia en favor de la pena de muerte y la persecución y maltratos hacía el alumnado en la Universidad del Sur y a trabajadores y trabajadoras judiciales.

Una de las imputaciones que podrá detallar este martes Cañón comenzó a ser expuesta, entre otrxs, por el funcionario de la Fiscalía General Dino Berdini, quien dijo a FM De la Calle que la acusación “ha sido demostrada en el sentido que no hay objeción hacia la prueba, simplemente ahora pasará a ser una decisión política en manos del jury exclusivamente”.

La audiencia es pública y se realizará en el tercer piso del Consejo de la Magistratura, Libertad 731 de Capital Federal. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre e HIJOS Capital llamaron a acompañar el encuentro. 

Dino Berdini recordó en diálogo con el programa En Eso Estamos que la Fiscalía comparte con la Cámara Federal la sede de Mitre 60, “estamos en un espacio acotado en la parte de atrás del edificio grande de la Cámara y a raíz de ciertas actuaciones a cargo de la presidencia de Montezanti vimos aún más achicado nuestro lugar, nuestro espacio de movimiento. Fueron desde resoluciones nimias como restricción a circular por pasillos, no utilización de la cocina -eso implicó quedarnos sin agua y sin gas para calentar agua-, restricciones en el modo de utilizar la biblioteca, teníamos que estar sometidos a anotar los libros previamente y nos asignaban un espacio exclusivo para la lectura del cual no nos podíamos mover, hasta cuestiones graves como el desalojo de nuestro archivo”.

“Teníamos un archivo, un lugar ya asignado hace muchísimos años, y por una decisión unilateral nos dijeron ‘tienen 24 horas para desalojarlo’. Necesitábamos un nuevo espacio y se pidió mayor tiempo, como no cumplimos las 24 horas, de facto, nos dejaron todo a la intemperie. Más que un inconveniente desde lo funcional era una cuestión grave institucional porque ya es meter mano en cosas de otro”, agregó.

Luego comenzaron persecuciones para “expulsar” a la Fiscalía del inmueble. “El Ministerio Público a partir del ’94 con la reforma constitucional dejó de pertenecer al Poder Judicial y esa fue la separación, podríamos ponerlo en términos de matrimonio, pero nunca se hizo la división de bienes, ‘esto es tuyo y esto es mío’. Eso nunca se hizo y no lo tiene que hacer ni la Cámara ni la Fiscalía, lo hace la Corte Suprema o el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público a través de la Procuración. ¿Pasaron veinte años? Es verdad, pero no somos nosotros los que decidimos de acá ni tampoco tenemos que ser las víctimas de esta pelea”.

En ese contexto, el clima laboral y las relaciones entre trabajadorxs de los dos organismos fueron empeorando al ritmo del avance de Montezanti. “Había hasta gente con miedo de venir a hablar con nosotros porque éramos las personas con las que no se podía hablar”.

Respecto a la posible vinculación del accionar del camarista suspendido con el reinicio de las causas de lesa humanidad, Berdini aseguró que “sobre todo en la gestión del dr. Cañón las causas estaban en sus comienzos, este tipo de persecuciones por delitos de lesa humanidad, y esto iba formando lo que después fue la Unidad por Violación de Derechos Humanos que funciona en calle Sarmiento. Seguramente el dr. Cañón el día de mañana cuando tenga que prestar declaración se explayará en estos motivos, pero concretamente este tipo de actuaciones se vieron reflejadas en ese contexto”.

El testigo mencionó además la “persecución directa” sufrida por la secretaria general de la Regional III de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Graciela Diez Paz y la delegada Sandra Martínez Borda, quien fue trasladada compulsivamente por Montezanti.

“La expulsó del lugar natural de trabajo diciendo que era inconveniente para trabajar allí cuando era y sigue siendo una empleada excelente y simplemente porque era molesto que estuviese una representante gremial en el edificio de la Cámara, era una manera de adoctrinar a todas las personas, si me meto con los representantes gremiales puedo hacer cualquier cosa. Eso es lo que ha llevado a presentaciones judiciales y una gran oposición del gremio y denuncias del secretario general de la Unión, que es Julio Piumato, ante el Consejo de la Magistratura que son estas denuncias que hoy terminan en jury”, afirmó.

Por último, advirtió que “un jury es un juicio político, uno no tiene que verlo en términos de justicia judicial -pongámoslo en esos términos- de saber si es culpable o inocente. Aquí se han ventilado conductas de diverso tipo, persecuciones en la universidad, en lo que es la justicia, la desclasificación de los archivos que determinaron que fue Personal Civil de Inteligencia y esa suma de elementos el jury tendrá que determinar si cumplen la imputación o no y si merece seguir en su cargo, pero la realidad ha sido demostrada en el sentido que no hay objeción hacia la prueba, simplemente ahora pasará a ser una decisión política en manos del jury exclusivamente”.

Una semana de testimoniales pasó en el proceso de remoción contra el camarista Néstor Luis Montezanti que realiza el Jurado de Enjuiciamiento de la Nación en la Capital Federal. Las declaraciones terminarán el martes desde las 11:30 cuando se presente el ex fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Omar Cañón. Luego hablará el imputado y se desarrollarán los alegatos de la acusación y la defensa. La sentencia se conocería en febrero.

“Los testimonios de estos juicios no son solo jurídicos sino que son éticos, culturales y políticos, y desde ese punto de vista creo que uno ha asistido a una demostración de hidalguía, de dignidad, de coherencia y de compromiso realmente conmovedor”, dijo el secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, tras escuchar la intervención de Alberto Rodríguez. El ex estudiante subrayó que “evidentemente no puede ser juez una persona que colaboró con la dictadura”.

La acusación contra Montezanti apunta a comprobar el “mal desempeño en sus funciones” por “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y la “falta de idoneidad moral y de vocación democrática”. Además, se le endilga “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes”.

“Las compañeras sobre las cuales se ejerce una violencia terrible obligándolas a vender su cuerpo, encima tienen que sufrir una terrible y autoritaria violencia por parte de un representante del Poder Judicial, con la expresión esa tan macabra que repite que las putas son las cloaca de la sociedad, necesarias para que la mierda no nos tape”, manifestó Hilda Abad en relación a un fallo del camarista que desprocesó a un intendente y un subcomisario pampeanos en un juicio por trata.

¿Quiénes declararon?

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Este viernes fueron convocados Marcos Canova, Hilda Abad, Magdalena Adriana Cisner, Horacio Cavalaro, Néstor Alberto Giorno, Andrés Bouzat, Raúl Carlos Ciccola y Juan Pedro Tunessi. Un día antes, Miguel Pereyra, propuesto por la acusación; y por la defensa Augusto Enrique Fernández, María Alejandra Santantonin, Marcela Lía Beilison, Mariana Costa, Julieta Carolina Mateos, Rosana Noemí Teti y Marianela Albrieu quienes manifestaron que Montezanti se excusaba en las causas entrantes vinculadas a delitos de lesa humanidad.

El miércoles fue el turno de un grupo de ex empleados de la Cámara, quienes coincidieron en que el clima laboral era violento y de persecución, generando así una situación de temor constante, que era infundida por el juez. Sandra Martínez Borda dijo que el trato hacia las empleadas mujeres era en especial de discriminación y desprecio. Recordó el caso del 2007 en el que realizó un pedido de certificación de horas extras para cobrarlas o compensarlas, y el magistrado le respondió: “Si empezamos a los tiros, terminamos a los tiros”.

También dieron su testimonio Alberto Rodríguez, Dino Berdini, Graciela Mirta Diez Paz, Miguel Tohmé, Ricardo Serafini, José Manuel Saez, y Marcos Fernández Peña. Por otra parte, la secretaría del tribunal dejó constancia que la testigo María Inés Colantuono no pudo ser notificada.

FM De la Calle registró los dichos de la ex alumna y dirigente estudiantil Yamile Yauhar, la vicerrectora de la Universidad del Sur, Claudia Legnini, y los militantes Dante Patrignani y Juan Larrea. También fueron consultados Eduardo Hidalgo, José Luis Centurión, Luis María Esandi, Aldo Luis Buffa y Francisco Alfredo Gastañaga.

“Que la justicia se ponga en manos de jueces probos”

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Alberto Rodríguez declaró por cuarta vez sobre los crímenes de la Triple A en Bahía Blanca, el asesinato de su compañero David “Watu” Cilleruelo y la vinculación del suspendido presidente de la Cámara Federal local, Néstor Luis Montezanti, con la banda parapolicial. Esta vez fue ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en el procedimiento de remoción que se sigue al ex espía del Destacamento de Inteligencia 181.

“Pude decir todo aquello que me preguntaron y ampliarlo respecto a su participación en la toma de la UTN, su nombramiento primero como profesor de la misma y después como organizador de los matones en la toma, como un actor intelectual más que un matón. La participación del secretario de la CGT, Rodolfo Ponce, la Juventud Sindical Peronista, emitió un comunicado en la misma época que esa universidad se tomaría de cualquier manera y con las armas que tuvieran a su mano”, comentó a FM De la Calle.

Luego habló del comportamiento del imputado como profesor, “lo que ha sido su persecución y acoso a sus alumnos, muchos de ellos abandonaron la carrera hace algunos años por sus formas de perseguir o presionarlos; las resoluciones que ha tomado en cuanto a declarar que las prostitutas son cloacas de la sociedad para evitar que la mierda nos tape; lo dicho en el juicio que me realizó cuando se enloqueció en el 2007 y empezó a hablar de que lo que estaba pasando era la lucha del imperio soviético contra el movimiento nacional justicialista. Cosas que evidentemente necesitaría un psiquiatra antes de seguir siendo juez. Evidentemente no puede ser juez una persona que colaboró con la dictadura, por haber sido integrante PCI de los servicios de informaciones y todo lo que ya he comentado en la radio también”.

Rodríguez aseguró que la defensa lo interrogó sobre los fundamentos de sus dichos sobre el docente y aclaró que fue su alumno en dos materias. “Empezaron a preguntarme en qué podía diferenciar a un profesor que daba Derecho Civil, qué quería discutir con el código en la mano como si no se pudiera discutir sobre las leyes, cosa que sí hacíamos en los años 70 con docentes de Economía que leíamos desde Smith, Marx, a los desarrollistas de los años 60 o a Keynes de los años 40, eso era normal en esta universidad donde todo se debatía, excepto cuando un docente de militancia fascista no lo permitía”.

El testigo informó que durante la exposición se detuvo en la denuncia de algunos de los crímenes de la Triple A bahiense y en la promoción de la pena de muerte por parte del camarista. “Y fue emocionante porque al final pedí que la justicia se ponga en manos de jueces probos y no de jueces que tenían condiciones de soplones del Ejército en la dictadura y militante fascista en la realidad”.

En cuanto al resultado del proceso de remoción, Rodríguez manifestó que tiene “un mínimo de expectativa positiva” porque “el jury no lo pueden cambiar, son los mismos jueces que comenzaron los que tienen que terminar”. Más allá del contexto político “depende de nosotros, de la calle, no quedarnos encerrados, salir y pelearla, porque las batallas no se pierden discutiendo en un café sino cuando el pueblo no activa y no sale. Es la única manera de seguir adelante con los juicios de lesa humanidad y avanzar en el juicio de la Triple A que seguramente también va a quedar detenido a partir de que el juez Ramos Padilla termine (su subrogancia) en diciembre”.

Minutos después de presenciar la declaración del actor, el secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, dijo a FM De la Calle desde la sede del Jurado de Enjuiciamiento que “los testimonios de estos juicios no son solo jurídicos sino que son éticos, culturales y políticos, y desde ese punto de vista creo que uno ha asistido a una demostración de hidalguía, de dignidad, de coherencia y de compromiso realmente conmovedor”.

“Alberto terminó su alegato explicando que no tenía ningún interés personal en la causa como le habían preguntado, explicando que había adquirido una profesión que le hubiera permitido tener ‘una vida tranquila’ pero que decidió atenerse a las consecuencias de ser coherente con la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia” y resaltó “la distancia sideral que hay entre una basura humana como Montezanti, que habla de que las prostitutas son la cloaca de la ciudad y un militante de la Verdad que ha expuesto durante años, muchas veces en soledad y ahora acompañado, creo que no hay jurado en el mundo que pueda declarar inocente a Montezanti después de lo que vivimos hoy”.

Schulman se refirió a las provocaciones de la defensa y aclaró que no cree en “la neutralidad de los abogados, los fascistas defienden fascistas y la gente buena defiende a la gente buena, no conozco ningún abogado de buena vida, de buena idea, que defienda a un nazi como Montezanti. Los que defienden a Montezanti son tan hijos de puta como Montezanti y así se portan en el juicio”.

“La vida es así de contradictoria, en el momento en que los amigos de Montezanti llegan al gobierno, él irá a parar fuera del Poder Judicial. Alguna condena tendremos y supongo que como una rata escapará de la cárcel con algún artilugio”, sostuvo en relación a la imputación penal que pesa sobre el camarista en la causa que investiga más de una veintena de asesinatos cometidos por la banda criminal. “El Watu está presente”, culminó.

Autoritario y misógino

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Por su parte, Hilda Abad describió al jurado el momento político en el cual comenzó sus estudios en la UNS en 1974: “Fue un momento visagra en el cual se empezó a usar la represión hacia los estudiantes y los docentes, así que ya empecé a tener participación estudiantil en un momento de muchísima ebullición y disputa política”.

“Me preguntaron de dónde lo conocía a Montezanti y expliqué que a poquito de iniciar mi participación estudiantil, que iba a los cursos con compañeros a hablar de la problemática estudiantil, que levantábamos los cursos, había tenido problemas con tres profesores, uno de ellos fue Montezanti, quien nos insultó, no nos dejó entrar al curso y demás y por eso cuando lo vi en la UTN con todos los matones armados en una señal de clara camaradería no fue una sorpresa, sabía de quién se trataba”, agregó en diálogo con FM De la Calle al concluir su testimonio.

Por fuera de lo hechos de la década del 70, Abad aseveró que “como militante feminista que soy quería plantear el tema de la trata de personas”: “Pude decir que me sentía muy contenta de poder haber aportado un pequeño granito de arena y reivindicaba la memoria de Watu, del Negrito García, de todos los compañeros asesinados por la Triple A, de tantas compañeras y compañeros laburantes y estudiantes que han sido maltratados por este sujeto y que mi capacidad de asombro ya no tenía espacio -porque no solo lastimaba los derechos humanos del pasado- sino que en el presente había sido partícipe, e hice mención al fallo de trata con respecto al local de Lonquimay”.

“Las compañeras sobre las cuales se ejerce una violencia terrible obligándolas a vender su cuerpo, encima tienen que sufrir una terrible y autoritaria violencia por parte de un representante del Poder Judicial, con la expresión esa tan macabra que repite que las putas son las cloaca de la sociedad, necesarias para que la mierda no nos tape. Realmente vergonzoso y nefasta la coherencia que tiene este hombre, autoritaria y misógina”, cerró.

Juan Larrea declaró ante el tribunal que juzga al ex presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, por mal desempeño en sus funciones, por su vinculación con la Alianza Anticomunista Argentino y por su pertenencia como personal civil de la inteligencia genocida.

El testigo milita en el Partido Comunista desde su juventud y es diputado provincial de San Luis por el Frente para la Victoria. Aseguró que desde principios de la década del sesenta el juez “estaba organizado dentro de las ideas antisemitas” en las filas de la Guardia Restauradora Nacionalista promovida por el cura Julio Meinvielle. “Una especie de pogroms criollos” que acosaban a jóvenes judíos en la ciudad.

Larrea ratificó que, ya en los setenta, Montezanti participó en la toma de la UTN junto a los sicarios de la Triple A y continuó su tarea como agente del Destacamento de Inteligencia 181. “Dice que en la época de él no hubo desaparecidos ni muertos. Por empezar habría que definir cuál es la época de él, lo que sí podemos asegurar es que se actuaba en el espionaje al interior de la universidad y que él era un espía dentro de la universidad”, dijo a FM De la Calle.

-Su conocimiento de Montezanti, viene desde que eran muy chicos, ¿eran vecinos?

No solamente éramos vecinos, nuestro padres eran suboficiales de la Armada Argentina, formaban parte de la Base Aeronaval Comandante Espora, entonces tenemos un conocimiento anterior a la propia existencia política de Montezanti o mía.

-¿Eso le permitió saber de algunas intervenciones previas a la vinculación más conocida con la Triple A, con organizaciones que usted calificó como antisemitas?

Precisamente le indiqué al tribunal que este hombre, Montezanti, estaba organizado dentro de las ideas antisemitas, participaba activamente los primeros años de la década del sesenta de la Guardia Restauradora Nacionalista que se dedicaba a acosar, eran como una especie de pogroms nativos, criollos, de acá de Bahía Blanca, que llevaban adelante contra los jóvenes estudiantes de origen judío.

Esto a mí me causaba un impacto realmente terrible, nunca pude tolerar las agresiones a quienes ellos consideraban más débiles. Y sobre mí esto actuaba en forma puntual porque, al ser hijo de un militar y también ellos lo eran en general, reclamaban de mí una posición como la de ellos, o sea de carácter antisemita, cosa que por supuesto nunca pasó por mi mente.

De ahí ya empezaron a ser notables estas acciones de Montezanti como un hombre organizado desde el punto de vista del antisemitismo. Y después fue progresando rápidamente, porque como dice Bertold Bretch, empiezan con los judíos, siguen con los comunistas, después vienen por uno y ya es demasiado tarde.

El cura antisemita Julio Meinvielle fundó la Guardia Restauradora Nacionalista como desprendimiento de Tacuara.

El cura antisemita Julio Meinvielle fundó la Guardia Restauradora Nacionalista como desprendimiento de Tacuara.

-¿Cómo lo vincula con la Triple A?

Montezanti se va de la ciudad de Bahía Blanca. Va a estudiar a otro lado, supongo que a La Plata, no me he detenido a revisar su vida. Pero él ya regresa a principios de los años setenta y su presencia es notable en un principio en lo que fue la intervención del profesor Emilio Garófoli en la delegación de la UTN que está en Bahía Blanca.

Ya estaban trabajando en ese momento junto con la banda que capitaneaba el Moncho Argibay. Nosotros lo conocíamos desde el año 70 porque Argibay intenta interrumpir un acto que estábamos realizando en el Salón de los Deportes con la presencia de Héctor Agosti, conocido dirigente comunista, en aquel momento al frente del Encuentro Nacional de los Argentinos.

Y la conjunción se hace efectiva más precisamente cuando los compañeros estudiantes de la UTN -ahí estaba dirigiendo el centro de estudiantes el hijo de nuestro querido camarada Sosa- nos piden ayuda solidaria y nosotros desde la UNS marchamos. Cuando llegamos, encontramos que estaba en la puerta de la UTN este grupo armado y este hombre Montezanti al lado de Argibay. Y Argibay siempre estaba con una pistola ametralladora PAM colgando del hombro. Ahí estaba él, con esta exhibición de armas invitando a que entráramos para producir una masacre. Por supuesto que seguimos de largo.

Ya se manifestaba Montezanti activamente como un dirigente, no solo en su adolescencia de la GRN, sino en este caso también de la Triple A, organización montada por López Rega que en el orden local contó entre sus principales dirigentes y organizadores a Néstor Luis Montezanti.

-¿Usted sufrió previamente un atentado en su casa?

Bueno, eso se produjo después del atentado que fue el 15 de febrero del 74. A la madrugada se produjeron una serie de atentados con bombas al local del Partido Comunista, al local de la Caja de Crédito, a la casa del rector de la universidad -en aquel momento Víctor Benamo- y en mi casa.

Por supuesto, sí, ya estábamos señalados claramente. La Triple A actuó con precisión en este sentido y, como manifesté, una de las personas que conocía originariamente de alguna manera el dispositivo, la ubicación de mi casa, que no era una cosa secreta pero que al vivir en el barrio, al tener algunos elementos como el propio (Juan Carlos) Curzio que formaba parte de la banda, un hombre que corría en motos y está mencionado entre el listado de los empleados de la universidad que cumplía esta función de “seguridad” y era uno de los asalariados de la Triple A.

Este hombre tenía un taller a media cuadra de mi casa, algo así como Alvarado 650. En una ciudad chica como en aquel momento, todos nos conocíamos y sabíamos dónde estábamos y qué hacíamos. También los que tengan memoria y algunos años tienen que recordar perfectamente las actividades de Montezanti.

monte infobaeDespués él progresa en todo esto, porque se desarrolla en la propia universidad. Allí cumple una doble función. Montezanti es funcionario en la UTN y se vincula a la “gestión”, a la intervención sangrienta de Tetu en la Universidad (del Sur) que tiene uno de los primeros y más terribles sucesos ocurridos en una universidad pública argentina que es el asesinato de un alumno en su interior, el querido amigo Watu. Yo en aquella época ya estaba preso, los sucesos me son informados, no los conozco en forma directa.

Pero él después tiene una actuación muy significativa donde se manifiesta el grado de desparpajo. Él se introduce dentro de la organización de la comunidad de la Inteligencia, respondiendo en particular al Ejército. Funcionaba en Bahía Blanca desde el golpe de Estado, actuaban en algo que se denominaba “el cónclave”.

Este cónclave funcionaba todos los días jueves en el Comando V Cuerpo de Ejército y ahí se decidía vida, muerte, prisión o libertad de aquellos que estaban detenidos o secuestrados. Quien informaba a las familias de esto era el entonces mayor Mario Hugo Delmé.

Esta actividad era apoyada desde el punto de vista de la investigación criminal -porque obviamente los delincuentes subversivos para esta gente eran considerados criminales-, por personal de investigación entre el cual se encontraba Montezanti. Estos son hechos que uno se entera después cuando se publican las listas con los integrantes.

Además hay otra información que es muy importante que es la que aportan los archivos de la DIPPBA. Ahí hay más de 500 mil carpetas de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que a lo largo de los años, desde la década del 30, desde la época de la Sección Especial en adelante, han sido investigados hasta principios de los años 90. Entre esas carpetas está la mía, son 282 hojas, y si bien es cierto que tachan los nombres que no sean el del titular de la carpeta, a veces tachan mal o se olvidan de tacharlo.

Entonces, hay un relato de cómo funciona en la década del 70 -en particular 78, 79, 80- el cónclave. En particular con los alumnos que han intentado reincorporarse a los estudios, es mi caso, que son cesanteados en función de sus antecedentes políticos. En esta labor participaban los delegados de la universidad, ahí el interventor Lucero lo menciona, me parece que fue decano y es un elemento de ellos.

Y me parece importante porque en ese escrito terminan reconociendo el éxito del alumno Larrea que logra la reincorporación en un fallo final de la Corte Suprema de Justicia y que había que encontrar los sistemas “legales” para evitar que eso se repitiera. Eso se repitió y hubo una gran cantidad de alumnos que habían sido cesanteados que pudieron terminar de estudiar, entre ellos, (Dante) Patrignani.

Ahí se ve la actividad de Montezanti, él dice que en la época de él no hubo desaparecidos ni muertos. Por empezar habría que definir cuál es la época de él, lo que sí podemos asegurar es que se actuaba en el espionaje al interior de la universidad y que él era un espía dentro de la universidad.

-¿Quién es o fue Diógenes Salazar?

Diógenes Salazar, yo lo menciono porque fue precisamente el que en una conversación me transmitió el suceso en el cual (el jefe de la UOM) Albertano Julián Quiroga, del cual era asesor Montezanti, asesina a una persona desde las oficinas y el imputado en este caso -Montezanti- fue testigo.

No sé si esta persona está viva o muerta, era el secretario general del sindicato FOETRA Bahía Blanca y tenía funciones a nivel nacional también. Estamos hablando más o menos del año 85. Estos fueron relatos que yo transmití al tribunal. Hay cosas que no me constan sino que transmito para que en todo caso si son de interés del tribunal se cite a quiénes me informan de tal asunto.

Foto Larrea: Facebook Prensa Comunista San Luis.

Horas antes que se conociera el acuerdo entre Mauricio Macri y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para postergar la jura de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, designados por decreto para integrar el máximo tribunal, FM De la Calle dialogó con el ex camarista bahiense Luis Alberto Cotter, quien destacó el rechazo de la opinión pública porque “es elemental que quien es designado por decreto tiene una estabilidad muy débil y que puede ser revocada en cualquier momento”. Por otra parte, aseguró que en el juicio político contra Néstor Luis Montezanti hay un “cóctel bastante grave” de acusaciones.

– (…) Estamos viendo esta extraña forma de interpretar el diálogo y el consenso que ha mostrado el Poder Ejecutivo Nacional al tomar esta decisión que no tiene muchos antecedentes judiciales, ¿no?

No, no tiene antecedentes judiciales a nivel de Corte. Podríamos invocar un antecedente en el gobierno de Alfonsín pero fueron de jueces de primera y segunda instancia con un objetivo muy claro que era democratizar la justicia saliendo hacía poco tiempo de la dictadura que sufrió el país.

Después hay que remontarse, según tengo entendido, a mil ochocientos y pico por el gobierno de Bartolomé Mitre. Ahí se dan una serie de circunstancias especiales y Mitre también por decreto integró la Corte Suprema.

-¿El trámite hubiese sido mandarlos al Congreso y lograr su aprobación?

Ese es el trámite normal que exige la Constitución Nacional además de afianzar lo democrático y republicano del país. Mandar el candidato al Senado, que se discuta, que se lo entreviste, que averigüen bien sus antecedentes y si está en condiciones de acceder a un puesto de tanta jerarquía y responsabilidad.

-¿De qué manera condiciona o influye a estos jueces la forma en la que acceden a los cargos?

Yo creo que los condiciona, pero tenemos que examinar un elemento importante que es la opinión pública. La opinión pública en general se ha manifestado, por lo menos en las manifestaciones que yo he leído, en contra de esta designación porque es elemental que quien es designado por decreto tiene una estabilidad muy débil y que puede ser revocada en cualquier momento. Estamos hablando de integrantes de la Corte Suprema de la Nación que es el último tribunal que garantiza los derechos de los ciudadanos.

Así que la debilidad en principio es objetiva. Después si alguien lo va a presionar o no presionar, si le dicen ‘saco un decreto y te dejo cesante’ es otro tema pero objetivamente se puede dar esa circunstancia.

-Con la jubilación de Fayt la Corte quedó con tres miembros, ¿implicaba esto alguna dificultad en su funcionamiento?

Si hacemos pronósticos puede de alguna manera implicar algún inconveniente (que sean) tres miembros cuando son cinco. Habiendo una disidencia ya sería dos a uno, que no sería la mayoría de la Corte. Pero para resolver ese tema hay vías como son los subrogantes a los cuales siempre se ha echado mano cuando los jueces de la Corte se excusan uno u otro y no hay mayoría. Yo personalmente integré la Corte en dos oportunidades como presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca ante esa circunstancia, es decir, hay alternativas.

Los subrogantes son seleccionados incluso por el Senado y hay una lista de la cual se puede extraer aquel que puede definir una situación forzada en la Corte de no haber mayoría.

-Los subrogantes justamente fueron criticados muy fuertemente por la oposición que ahora es oficialismo, ¿tendrían una mayor legitimidad que jueces asumidos a través de un decreto?

Por supuesto, siempre estuvo previsto en los distintos tribunales -tanto de primera, segunda, o Casación o Corte-, hay listas de subrogantes que van integrando la Corte o el cuerpo judicial que corresponda de acuerdo a una selección previa que se ha hecho y un sorteo que garantiza cierta objetividad.

-Más allá de esta situación particular, ¿qué opina respecto a la conformación de la Corte en cuanto a su cantidad de miembros?

Yo creo que con cinco miembros la Corte puede funcionar perfectamente, lo que tal vez habría que modificar son los recursos que llegan a la Corte y los inundan de expedientes.

-¿Qué perspectivas ve en el Poder Judicial ante este nuevo gobierno tras los intentos frustrados del anterior de democratizarlo?

Si yo tomo como referencia este hecho de designar por decreto mi punto de vista no es muy optimista. De todas maneras el problema del Poder Judicial es muy serio y va a ser muy difícil resolver todos los casos que se plantean dentro de la estructura tanto del Ministerio Público como de la propia integración de los tribunales de la justicia federal. Está muy complicado el panorama, va a ser muy difícil, creo que es motivo de una discusión muy profunda no solamente del partido gobernante sino por parte de muchos sectores que están interesados en que la justicia actué de forma independiente. Eso es lo que yo advierto en principio.

-En el fuero federal local hay muchos subrogantes, el kirchnerismo aprobó una ley de Subrogancias que luego la Corte declaró inconstitucional afectando, por ejemplo, la tarea de Alejo Ramos Padilla en el Juzgado Nº1 quien, entre otras, había avanzado en las causas de lesa humanidad y terminó presentando su renuncia por falta de legitimidad. ¿Le parecía una norma potable o tenía cuestionamiento al respecto?

Pienso que para el momento que estaba transcurriendo y hasta que no se regularicen todas las vacantes que existen en los juzgados era una solución. Precaria pero solución al fin. Vimos que funcionó perfectamente el Juzgado Federal que cubría el dr. Ramos Padilla, funcionó bien la Cámara Federal que estaba integrada por camaristas de otras jurisdicciones. Para salir de este embrollo que se había planteado por renuncias, vacaciones o licencias por enfermedad, etcétera, era una respuesta. Pero bueno, eso con perspectivas que se resuelva en definitiva porque el Poder Judicial tiene que estar integrado por jueces inamovibles, que nadie dude de su imparcialidad, de su independencia. Todo eso se tiene que dar mediante este proceso que usted me preguntaba anteriormente.

-Caída esta ley, en el caso de la Cámara de Apelaciones hay un plazo de tres meses para que continúen los subrogantes actuales, ¿cómo debería reconformarse?

De acuerdo a mi opinión, también por subrogantes salvo que se hagan concursos, que son varios y no son muy breves. La lista de subrogantes tiene que ser seleccionada bien porque a veces mete la cola el diablo y vemos listas en las cuales ninguno de los subrogantes da las garantías necesarias para integrar una Cámara o un juzgado.

-Por último, quiero preguntarle por el juicio político a Montezanti, el cual después de muchas denuncias comenzó esta semana con muchas referencias a lo que eran sus actitudes autoritarias y arbitrarias en la Cámara que compartían.

Mire, mi situación en la época de Montezanti era muy difícil, de enfrentamientos. No enfrentamientos jurídicos, que hubiera sido lo elemental y lo natural. Eran enfrentamientos contra un bloque que se había constituido con Montezanti, (Augusto) Fernández y (Ricardo) Planes. Eran habituales, había otra serie de conductas no decorosas para lo que uno considera que tiene que ser la actitud de un juez y eso realmente ahora se va a ventilar y va a salir a la luz, como por ejemplo la persecución al personal, sanciones sin mucho fundamentos por caprichos personales, sin desconocer los otros cargos que son mucho más graves como haber pertenecido a los servicios de inteligencia y estar comprometido aparentemente con la Triple A.

-¿De ninguna manera comparte lo que planteaba la defensa al decir ‘es increíble que estemos aquí discutiendo unas mínimas cuestiones de orden que establecía Montezanti en la Cámara…’?

Bueno, esos son argumentos de la defensa sin ninguna duda, pero no era así. De alguna manera llegaron hasta el maltrato, reprimendas que no se justificaban, castigar a quién se le ocurriera apelar alguna resolución que postergaba los ascensos, que postergaba la línea que le correspondía a algunos empleados y ascendían otros, hay un coctel bastante grave en eso.

(FM De la Calle) “Montezanti no es el monstruo mitológico que la acusación ha fabricado ni el que van a pretender fabricar acá los testigos. Montezanti es un hombre de la academia, un hombre del derecho, un hombre que ha escrito, que ha traducido libros, que es titular de tres cátedras por concurso. No digo que no sea un hombre capaz de tomar acción en caso de ser necesario pero no es un hombre de acción”, dijo este lunes Ignacio Irigaray, defensor del suspendido camarista bahiense en el juicio político que se le sigue por mal desempeño de sus funciones.

Irigaray, el mismo que representó al fiscal de Saavedra José Campagnoli cuando se lo denunció por abuso de autoridad y por fotografiar a personas ilegalmente para luego inducir reconocimientos, agregó que Montezanti “por supuesto no es comunista, creo que no es anarquista, creo yo que no es socialista, creo que no es radical. También creo que no es fascista. Estuvo afiliado al Partido Justicialista en más de una elección, fue en listas del Partido Justicialista, fue convencional constituyente. Es un juez de la democracia designado por concurso que ganó por amplísimo margen”.

Al imputado se le reprocha mal desempeño en sus funciones y haber pertenecido a la Triple A y a la Inteligencia de la última dictadura cívico–militar. El tribunal está integrado por los jueces Miguel Caminos, del TOC Nº3 porteño, y Otmar Osvaldo Paulucci, del TOC Nº1 de Rosario; las senadoras Sigrid Elisabeth Kunath (FpV) y Silvia Elías de Pérez (UCR); lxs diputadxs Alejandro Abraham (FpV) y María Soledad Carrizo (UCR); y el abogado Santiago Pini.

Tras la presentación de la acusación por parte de los representantes del Consejo de la Magistratura Héctor Recalde (FpV) y Miguel Piedecasas (UCR), Ignacio Irigaray comenzó su exposición con el juez denunciado a su derecha.

Se vio “obligado” a constituirse en “un faro” para que “el jurado tenga presente en todo momento que el contexto histórico no son los hechos”, dado que “aquí van a desfilar una cantidad de testigos, algunos de ellos lamentablemente ya sabemos por lo menos parcialmente lo que van a decir porque ya lo han dicho en otros procesos, muchos de esos testigos con una activa militancia política en los años que muy bien describió el dr. Piedecasas, muchos de ellos víctimas directas o muy cercanas de la violencia genocida que pretendió terminar con cualquier manifestación y disenso político dentro de un plan genocida que está lo suficientemente desarrollado. La cuestión es que acá estamos juzgando a Montezanti y vamos a juzgar hechos y conductas realizadas por Montezanti”.

El letrado se quejó de “la utilización constante de eufemismos” en el dictamen que motivó el jury y ejemplificó: “Pasamos de la violencia paraestatal de la Triple A, de la pertenencia de un individuo a la Triple A, a la estrecha vinculación con individuos que pertenecerían a la Triple A”.

“No es inocente que el dr. Piedecasas y el dr. Recalde hayan iniciado su exposición con una, si bien breve, conocida elaboración acerca de la importancia que tenían los servicios de Inteligencia en el plan genocida y que más de una vez hayan hablado de delitos de lesa humanidad. Estamos en un tiempo de blancos y negros respecto de ciertos temas, cualquier convocatoria al gris, al pensamiento crítico de las cosas, parece una claudicación”, dijo.

Para Irigaray “la ventana de la idoneidad es utilizada para hacer ingresar en la valoración subjetiva del requisito para ser juez, consideraciones del orden social y político y de política agonal. Los jueces son idóneos moral y éticamente si tienen un comportamiento que comparte lo que es la base mínima de la convivencia que está en la Constitución, en las convenciones, pero esto no autoriza a convertir al órgano selector y al órgano juzgador en una especie de Gran Hermano orwelliano que viene a averiguar qué es lo que piensa un juez de cada cosa. Los jueces no deben pensar lo que piensa la mayoría ni deben pensar lo que nos guste a muchos o a pocos, me animaría a decir lo contrario”.

Al abordar la imputación vinculada a la probada pertenencia de Montezanti al Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca como personal civil durante el terrorismo de Estado, Irigaray reconoció la importancia que tuvo la comunidad informativa en la represión pero afirmó que “ese no es el hecho”.

“Los invito a que lean el listado completo desclasificado en el 2010 y van a encontrar que existen un montón de individuos individualizados como agentes de inteligencia y otro montón señalados de otra manera. Los Destacamentos de Inteligencia tienen mozos, tiene camareros, tienen choferes, tienen personal de logística. Alguien cambia lamparitas, alquilan lugares, contratan coches, compran -supongo- radios, handies, balas. Tienen problemas jurídicos”.

“Le estamos endilgando a Montezanti el marco, el Reglamento RC5-1. Cuidado, porque la norma del art. 36 de la Constitución no es ni puede ser la muerte civil de una persona, una responsabilidad objetiva. Estar contratado por un organismo previsto por la ley es una actividad lícita”, opinó.

La defensa presentó a Montezanti como “un especialista en la cuestión Malvinas” y abogado quien “terminó evacuando cuestiones jurídicas de cuanta persona sus jefes pedían que se le evacúen”. “Se fue porque lo sancionaron porque se había ido a Buenos Aires para presentarse como voluntario a Malvinas”, interpretó Irigaray.

Sobre la recomendación para entrar al centro neurálgico del genocidio realizada por el represor José Osvaldo “Balita” Riveiro explicó que el prófugo “coincidió” con el imputado en 1975: “Riveiro estaba en Mendoza y, como probaremos acá, Montezanti estaba en Bahía Blanca y no piso Mendoza en 1975. Aquí ocurrió lo que ocurre muchas veces, quien le consiguió este conchabo a Montezanti en esa época se ocupó de llenar los requisitos formales y sustanciales que se necesitaban para que lo contraten. Y por supuesto, seguramente era requisito en esa época mostrarse consustanciado con los principios, sus jefes, el arma, y por supuesto, jurar por los estatutos”.

jury 3 efemedelacalle chicaPara desvincularlo de su militancia en favor de la pena de muerte recurrió a Borges, quien “decía ‘no sé por qué me preguntan qué pienso de las cosas, no hay nada que valga menos en un hombre que su opinión de algo, nada es más maleable, nada cambia tan rápido’”. Irigaray agregó que, “en definitiva, la pena de muerte, con toda esta valoración peyorativa que le da el dr. Piedecasas, estuvo vigente en la Argentina democrática hasta el año 2008 en el Código de Justicia Militar” y que “se está planteando un delito de opinión”.

Según la defensa, la vinculación de Montezanti con la Alianza Anticomunista Argentina “es una anécdota de hace cuarenta años en la cual nos van a contar que un grupo de estudiantes se acercó a la universidad con motivo de una protesta, de una toma, y encontró que no podían acceder porque habían colocado una guardia de patoteros armados que ellos identifican con alguna patota sindical relacionada con el que era el secretario general de la CGT, Ponce. Montezanti estaba ahí, según ellos dicen, bien vestido, de traje, no como esta gente, sin ningún arma. Alguno va a decir acá que ni siquiera hacía señas y otros que parecía que hacía alguna seña y había hablado amablemente con alguno de ellos”.

La patota sindical no solo fue “identificada” por los testigos sino también por los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani y el juez federal Alejo Ramos Padilla al detener, indagar y procesar con prisión preventiva a cinco de ellos en la misma causa en la que el camarista está imputado penalmente, sin haber sido indagado por refugiarse en sus fueros aunque con la salida del país prohibida.

Para rechazar las denuncias por las “actitudes antisindicales” del magistrado, Irigaray recordó que fue asesor legal de gremios como UOM, ATUNS o SICHOCA. “No sé qué tipo de golpe en la cabeza tuvo que haber tenido para de pronto convertirse en una especie de monstruo que odia el sindicalismo”, afirmó.

Y respecto a su rol como docente en la Universidad del Sur sostuvo que “no debería ser relevante en el juicio político porque no tiene nada que ver con su desempeño como magistrado” y calificó como “menores” los planteos sobre la réplica de “una matriz castrense” con “pensamientos totalitarios” por parte del ex PCI.

El control de lo que leía el personal del Ministerio Público y la circulación de su personal y el desalojo de dependencias de la Cámara utilizadas por colaboradorxs del ex fiscal Hugo Cañón se debieron, según la defensa, a “un mínimo orden para saber dónde están los libros”, una decisión para “que los empleados no anden pululando por las salas” y la necesidad de contar con más espacios para computadoras por parte del órgano que presidía Montezanti.

Luego el acusado tuvo la oportunidad de declarar ante el tribunal aunque prefirió hacerlo luego de escuchar las testimoniales que se desarrollan esta semana en audiencias públicas en el tercer piso de Libertad 731 de Capital Federal.

(FM De la Calle desde Buenos Aires) Comenzó esta mañana en la sede del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación el jury contra el suspendido presidente de la Cámara Federal bahiense, Néstor Luis Montezanti. Durante la jornada, el diputado Héctor Recalde y el abogado Miguel Piedecasas expusieron la acusación en nombre del Consejo de la Magistratura e Ignacio Irigaray realizó las primeras manifestaciones defensivas.

Luego fue el turno de los testigos: el profesor Dante Patrignani, el diputado provincial de San Luis Juan Larrea, la ex consejera y graduada de Derecho Yamile Yauhar y la vicerrectora de la Universidad del Sur, Claudia Legnini. Mañana a las 9 se reanudarán las audiencias.

En esta primera entrega ofrecemos la reseña de la acusación contra el camarista por “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos, y que evidencian la falta de idoneidad moral y de vocación democrática, ambas condiciones indispensables para el desempeño de su cargo de magistrado del Poder Judicial de la Nación”. Además, le imputan “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes, e incluso respecto a los y las integrantes del Consejo”.

El actual presidente del cuerpo, Héctor Recalde, abrió la exposición acusatoria luego de sortear un intento de recusación en su contra planteado por Irigaray, a partir de la intervención de uno los miembros del Estudio Recalde en defensa de la trabajadora judicial Sandra Martínez Borda en un pleito contra Montezanti. El diputado retrucó que dicho letrado ya no pertenecía a su buffet y que igualmente él no había tenido ninguna participación en el expediente.

recalde piedecasas efemedelacalle“Acreditaremos que el dr. Néstor Luis Montezanti ha incurrido en mal desempeño en el ejercicio de su función”, prometió y agregó que también denunciarán el “incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, normas legales o reglamentarias, la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones y graves desórdenes” en la conducta del magistrado.

El diputado se detuvo en la pertenencia del acusado al Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca y al hecho de que haya sido recomendado, ni más ni menos, que por José Osvaldo “Balita” Riveiro, “un genocida condenado a 25 años de prisión en Francia por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor y prófugo de la justicia de nuestro país”.

“Esto fue a finales de 1975, cuando nuestro país vivía una situación de violencia muy particular con la participación de organismos paraestatales como la Triple A que fue una violencia inaudita, el preludio de la dictadura cívico militar que comenzó en 1976. Una función vital para la represión, para todos los delitos de lesa humanidad que se cometieron y fundamentalmente a partir de 1976, tuvo que ver con los servicios de Inteligencia”, dijo.

Recalde agravó la situación de Montezanti al subrayar su carácter de abogado ante el principio “de a mayor capacidad, mayor responsabilidad”. “Estas complicidades y tareas que tuvieron que ver con la violación de los derechos humanos, con desapariciones, con torturas, con la apropiación de bebés, etcétera, tuvieron un apoyo de los organismos de inteligencia fundamental. Haber participado de estos organismos de por sí descalificaría a una persona para ejercer la alta magistratura judicial”.

“Quiero aclarar además que el ocultamiento de esto cuando uno expresa sus antecedentes, su curriculum para ocupar algún cargo, también pone de manifiesto la mala fe o en todo caso la conciencia culpable. Nunca el dr. Montezanti, ni en el Consejo de la Magistratura, ni durante la sustanciación del concurso para ser camarista, ni en el Senado de la Nación para tener el acuerdo, ni en su rol de integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, reveló que fue agente de inteligencia durante la dictadura cívica militar”.

jurado efemedelacalleEl grueso de los planteos que se enrostran al camarista fue desarrollado por Miguel Piedecasas quien destacó que el Consejo de la Magistratura acreditó su vinculación con la Triple A y recordó “la aparición del ministro López Rega encaramado en una organización criminal con asiento sindical, político, extendida a lo largo y ancho del país”. “Estos delitos fueron calificados como de lesa humanidad, que es una cuestión que deberemos tener en consideración a lo largo de este enjuiciamiento de naturaleza política”, sostuvo.

Mencionó la intervención de Remus Tetu en la Universidad del Sur y “la muerte de un dirigente estudiantil, Watu Cilleruelo, particularmente dirigente de la Federación Universitaria y de la FJC de Bahía Blanca que muere a manos de los integrantes de esta organización criminal, Jorge Argibay, Chisu, y otros que formaban parte del personal de seguridad y vigilancia de Tetu”.

“En otro hecho, también concreto, que era la toma de la UTN en Bahía Blanca se observa al magistrado en enjuiciamiento en esa escena con estos señores Argibay, Chisu y los demás, participando en un escenario de pertenencia o vinculación”, sumó.

Respecto al desempeño de Montezanti entre el Personal Civil de Inteligencia del terrorismo de Estado, Piedecasas afirmó que ya “fue declarado jurídicamente inconstitucional, y por eso existe la cláusula constitucional del art. 36 que establece la inhabilidad absoluta para aquellos que de alguna manera hayan colaborado”.

“La inteligencia tuvo un rol clave -según la consideración que hace el Consejo de la Magistratura- en este proceso militar de base absolutamente inconstitucional y por la cual recibieron y siguen recibiendo condena aquellos que hayan participado”.

El consejero volvió sobre los avales morales recibidos por Montezanti para ingresar al Destacamento 181 y manifestó que si lo aceptaron fue “porque conocen su compromiso, su vida familiar, su pertenencia, y este es un elemento clave, quién es la persona que lo presta: José Osvaldo Riveiro. Así se estaría violando la idoneidad moral y la vocación democrática exigida por la Constitución a quienes ejercen la magistratura”.

“Esto se conoció con la desclasificación de los documentos en el año 2010 por un decreto, allí toma conocimiento la sociedad. El hecho es la permanencia -la pertenencia está acreditada- la permanencia de ese hecho en el tiempo produce efectos jurídicos muy especiales sobre la persona de un magistrado de la Nación argentina. El mantenimiento de la condición reservada, oculta o la omisión de manifestarla ante el Consejo, ante el Senado, pero también ante las partes -para que conozcan quién es el juez, cuáles son sus antecedentes, cuál es su personalidad, para saber si lo tiene que recusar-, hace a la caracterización de la idoneidad moral y de la vocación democrática del dr. Montezanti”, dijo.

Luego Piedecasas desarrolló la imputación sobre la réplica por parte del juez de “una matriz militar” tanto en la Cámara como en las aulas de la UNS. “Hay que entender que esto es lógico y aceptado desde una perspectiva democrática, porque hay empleados y funcionarios, pero nunca subordinados, pero nunca aquellos que deben obedecer ciegamente las órdenes. Justamente en el ámbito judicial donde los empleados y funcionarios por su capacidad, por su formación, tienen un discernimiento que impide esa obediencia de tipo castrense que el Consejo de la Magistratura encontró en la conducta del enjuiciado”.

Y finalmente, le reprochó que “sostener la pena de muerte significó atentar o tener una posición contraria al derecho a la vida, por la eliminación de la persona que ha cometido delitos, en esos trabajos de doctrina que tienen su antigüedad en el tiempo pero que no han sido desdichos por otros posteriores”.