Durante la tarde del lunes, autoridades de la Secretaría de Cultura de Provincia de Buenos visitaron Bahía Blanca. Tenían pautadas una serie de reuniones con los directores de los cuerpos estables de los Organismos Artísticos del Sur en las oficinas ubicadas en el edificio del Mercado Municipal (Ex Concejo Deliberante) y con delegadxs gremiales.

Sin embargo, a último momento comunicaron que las reuniones se realizarían en las oficinas del Instituto Cultural de Bahía Blanca, es decir, la esfera municipal.

Luego de las reuniones formales correspondientes, delegados de base y por los sindicatos se presentaron para ser escuchados. Por iniciativa de Luis Rojas, delegado de ATE por la Orquesta Sinfónica, asistieron legisladoras del Congreso Nacional y la edil local, Betiana Gerardi.

Por otra parte, con la intención de participar de este primer contacto de las autoridades con la realidad cultural de la región en materia de los Organismos Artísticos del Sur, estuvieron presentes la secretaria general de lxs estatales en la región, Viviana Marfil; el Secretario General de UMSur, Astor Vitali; el Sub Secretario del Interior Zona Sur de UPCN, Gustavo García.

Lamentablemente, la sub Directora de Cultura de la provincia de Buenos Aires, Alejandra Ramírez, dijo a lxs presentes que sólo iban a atender a las personas que tenían en agenda.

Contrariamente a lo que trascendió en diferentes medios, entre ellos el diario local que tituló “Cultura: desde La Plata llegaron certezas”, las autoridades se atuvieron a escuchar a las personas que tenían agendadas, no abrieron su agenda a legisladores nacionales y locales que vienen trabajando en problema de un establecimiento propio para los cuerpos y no confirmaron presupuesto ni programación a esta altura del año.

Ante el planteo de la necesidad de reformar el decreto 47/16, que pone en una situación administrativa y orgánica inferior a la anterior a los Organismos Artísticos del Sur, Ramírez sostuvo que la norma “es inamovible”.

Frente este panorama, se hace inminente la profundización de la organización de los cuerpos y el reclamo de que se abra un canal de diálogo que escuche los reclamos concretos en torno de la reforma del decreto y la necesidad de un establecimiento propio.

Mientras, pocos días atrás, la gobernadora Vidal anunció inversiones por 590 millones de pesos en dos teatros de La Plata, Bahía sigue sin novedades.

Fuente: UMSur

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Si bien “es un ejercicio nuevo para este poder ejecutivo” el encuentro de ayer “no fue una reunión óptima y estuvo muy lejos de nuestras pretensiones” dijo a FM De la Calle el titular del Sindicato de Trabajadorxs Municipales, Miguel Agüero.

De esta forma, el mandato de más de “150 delegados” no tuvo eco en oferta que acercó el poder ejecutivo. La misma consta de un “11% en el mes de marzo y un 7 % en el mes de julio. Para nosotros es totalmente insuficiente”.

Por otra parte, el gremialista explicó que “se tomó la modalidad de hacer una paritaria corta. Esto estaría contemplando únicamente el primer semestre de este año”.

“Estamos terminando un trimestre con casi un 12 %” del aumento en el IPC, 1 punto por arriba de la oferta del gobierno municipal.

“Ayer el señor presidente salió a decir que si no se arregla con los holdouts terminábamos en una hiperinflación o un hiper ajuste. Yo no puedo cerrar una paritaria pensando en diciembre de 2016 por más que tenga clausura gatillo y paritaria: sería casi un suicidio”, agregó.

El año pasado el sindicato pidió el 40 % de aumento y obtuvo un 37. Este año, desde la organización gremial, llevaron la demanda del 42%.

A su vez, Agüero agradeció “la postura que ha tomado Héctor Gay al no haber despidos masivos” pero solicitan “que aumente la cantidad de pases a planta”.

El SUTEBA local, mediante un comunicado, dijo que ayer tomaron conocimiento de que “en Bahía Blanca se recortó el cupo en los comedores escolares 30%”.

Se trata de “un número frío, pero que detrás esconde niños/as y jóvenes que se quedan sin comer. Aún no sabemos a ciencia cierta cuantos alumnos bahienses se verán afectados por esto, pero seguramente son muchos que, necesitando hacerlo, dejaran de recibir un plato de comida”.

A su vez, la organización calificó la medida como “una decisión inhumana, que no corresponde a ningún relevamiento previo, por lo tanto también arbitraria”.

“El Estado Provincial paga solo $6,30 por alumno en concepto de almuerzo y 2, 60$ por desayuno o merienda. Este monto no se ha aumentado desde el 2014”.

La organización informó que “este año iniciamos las clases con un panorama donde muchas familias de los sectores populares no han podido adquirir útiles y zapatillas para que sus hijos concurran a clases. En los comedores los chicos pedían repetir las raciones porque se evidenciaba que tenían hambre”.

“En este contexto, sin consulta alguna, la Dirección del Servicio Alimentario Escolar (SAE), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, tomó esta decisión. O sea, se ‘ahorra’ (mejor dicho AJUSTA), sobre quienes menos tienen”.

Desde SUTEBA rechazaron la medida y exigen que o haya “ningún recorte en los comedores, incremento en las partidas por cupo y aumento de los cupos en los comedores”.

(Por Jorge Cardelli y Julio C. Gambina)

I

El ataque a los derechos de los/as trabajadores/as es una política explícita y deliberada del gobierno Macri, en los marcos de la profundización de la dependencia, por lo que es necesario discutir qué tipo de Central necesitamos.

A más de dos meses, las medidas anunciadas son claramente a favor de las empresas más concentradas y monopólicos: devaluación que no cesa y por ahora en torno a los 16 pesos por dólar (70% desde los 9 pesos por dólar); quita de retenciones que favorece a los exportadores y agrava el déficit fiscal; acuerdo con los fondos buitres en camino y con incremento de la deuda pública por lo menos en 15.000 millones de dólares; sumados a otros préstamos por 5.000 millones de dólares.

Parte de las medidas son los despidos de estatales y la habilitación a cesantías y suspensiones en el sector privado; la burla de actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y tirar las reformas impositivas hacia adelante; desfinanciamiento del Estado para agravar la crisis fiscal y así fundamentar el ajuste. Situación agravada con la presentación y aplicación del protocolo de represión en el marco de la vigencia de la ley antiterrorista y la criminalización de la protesta.

La inflación en curso es expresión de la impunidad de los fijadores de precios y la respuesta del gobierno se concentra en política monetaria restrictiva ejercida desde el BCRA y búsqueda de deuda pública por el Ministro de Economía. Mientras tanto, la carestía la sufren los de abajo, los sectores de menores ingresos que somos la mayoría de la sociedad. El tarifazo energético es expresión del traslado de la crisis inflacionaria sobre el pueblo.

Para nosotros, compañeros afiliados a la CTA Autónoma, es un momento para profundizar nuestro carácter de Central clasista, anticapitalista y antiimperialista.

Es un momento para más unidad y más  debate fraterno sobre el momento y los desafíos políticos. El mayor desafío que tenemos es promover la unidad del Movimiento popular. Para esto es clave la unidad de nuestra Central. Por eso sostuvimos el paro de ATE y otras organizaciones sindicales del 24/2 y promovimos la máxima unidad de acción posible para enfrentar el ajuste en la nueva situación generada desde el gobierno Macri.

Las/os trabajadoras/es somos los creadores de la riqueza social que es apropiada fundamentalmente por los sectores más concentrados del capital local y por el capital imperialista. Por lo que no solo se trata de disputar las orientaciones políticas al gobierno Macri, sino al poder económico, político y social de las estructuras del capitalismo mundializado de los monopolios.

II

Resulta imprescindible discutir el modelo de organización de las/os trabajadoras/es. El régimen capitalista se ha modificado sustancialmente en el último tiempo, desde la ofensiva neoliberal de los centros imperialistas del capitalismo a partir de la crisis mundial de los 70´. En nuestro país promovió la Dictadura Genocida del 76 cuyas consecuencias se proyectan hasta nuestros días, por lo que ante este 40° aniversario del golpe promovemos la organización de iniciativas de movilización unitarias que articulen al movimiento popular.

El principal motivo del terrorismo de Estado apuntó a debilitar al movimiento obrero, su lucha y su organización. La propuesta era desorganizar y desarticular al movimiento gestando salidas individualistas, acompañadas de flexibilización laboral, salarial, precariedad y variados procesos de tercerización y fragmentación de la condición laboral.

Este proyecto continuó con el menemismo en los 90 y contó con la complicidad de muchos dirigentes sindicales. Ante eso nos propusimos responder en 1990 con un nuevo modelo sindical y no dudamos en confrontar con el unicato hegemónico de la CGT. Fuimos por la organización de una nueva Central, que además de desafiar los límites del posibilismo y el sindicalismo de negociación, tuviera como horizonte la autonomía y la libertad y democracia sindical.

El posibilismo fracasó en todo el mundo y destruyó la rica tradición combativa del movimiento obrero, subordinando la estrategia de la clase obrera a la ofensiva capitalista.

Más que nunca debemos orientar nuestro accionar desde los intereses y las necesidades de las/os trabajadoras/es, rompiendo las fronteras de lo posible e imaginando las condiciones de unir al conjunto de la clase, gran parte de la cual está fuera de los sindicatos.

Nuestra respuesta fue y es hacia el conjunto de las/os trabajadoras/es y por eso no somos Central sindical y si una Central de trabajadoras y trabajadores.

III

Necesitamos discutir porqué ganó Macri y su coalición para entender la etapa que nos toca enfrentar.

El gobierno obtuvo votos sustentados en el deterioro del consenso electoral al kirchnerismo, y que este espacio político no reconoce ni errores ni limitaciones de su proyecto que abrió las puertas al gobierno Macri.

Más aún, algunos buscan chivos expiatorios en quienes fuimos críticos en estos 12 años previos, desde la lucha por la democracia y la libertad sindical, en la búsqueda de la construcción de un nuevo modelo sindical que imaginamos con la CTA en su fundación.

Por eso es que el momento actual acrecienta nuestra definición por un nuevo modelo sindical, sustentado en la libertad y la democracia en nuestras organizaciones, que tienen que abrir las puertas a todas y todos las trabajadoras y trabajadores, inclusive a los movimientos sociales, a Pueblos originarios y organizaciones de defensa de derechos ambientales, civiles, de consumidores, etc.,  y no cerrarse corporativamente como reclama el viejo sindicalismo.

Pensamos que es momento de fortalecer al sindicalismo y especialmente a la Central en el carácter de expresión necesaria de la convocatoria a las/os trabajadoras/es en momentos de extensión de la informalidad y la súper explotación de la fuerza de trabajo.

En ese marco, sostenemos que la unidad de acción no es nueva, ni de la última etapa, sino histórica en el movimiento obrero local y mundial. Ahora debe privilegiar articulaciones de nuestra Central con otras organizaciones sindicales y con los movimientos populares. La unidad propuesta con la CTA de los trabajadores es en la lucha y no supone planteos de unidad orgánica.

La unidad de acción tiene años de existencia y no se la puede apropiar nadie y menos expropiando el contenido decidiendo arbitrariamente a quienes se excluye y a quienes no de la actividad unitaria.

Nuestros debates en la CTA están asociados a la caracterización del presente, pero también a un balance de estos 12 años, de la crisis del 2001 y en definitiva de la ofensiva de los centros imperialistas del capitalismo en 40 años desde el golpe de la dictadura genocida. En año del bicentenario de la independencia recuperamos la lucha de los pueblos originarios y de todas las generaciones que propusieron alternativas soberanas contra toda forma de dominación.

Somos conscientes que los motivos que nos convocaron a conformar la CTA siguen vigentes y que no es tiempo de refugiarse en las organizaciones sindicales, por muy grandes que ellas sean o crean ser. Lo estratégico es la CTA, su nuevo modelo sindical y la pretensión de articular un bloque popular amplio en la perspectiva histórica de la lucha por la emancipación social.

IV

El gobierno Macri promueve la función esencial del Estado capitalista por las ganancias, la acumulación y la dominación en condiciones de crisis mundial del capitalismo, que integra las diferentes dimensiones: alimentaria, energética, medio ambiental, económica, financiera, civilizatoria.

Por eso el gobierno Macri se muestra amigable con el imperialismo y los principales jefes de Estado del capitalismo mundial, tanto como con los principales dueños y ejecutivos de las transnacionales de la producción y los servicios, especialmente la banca, a quien se le apunta como muleta para sustentar este momento crítico del capitalismo local y global.

Su propuesta se asienta en los cambios regresivos construidos desde hace 40 años y no modificados esencialmente en tiempos constitucionales, aún con el discurso crítico al neoliberalismo de estos últimos años. Por eso alentamos una gran movilización unitaria para este próxima 24/3 en repudio al golpe genocida y sus consecuencias sobre nuestro pueblo, y muy especialmente contra la ley antiterrorista y el protocolo de la represión.

Desde la concentración y extranjerización construida en estos años y profundizada en la actualidad, pretenden ir por más en la consolidación del modelo productivo, de desarrollo y consumo, basado en el agro-negocio, saqueo de nuestros recursos naturales y súper-explotación de los trabajadores. Ello nos convoca a discutir y disputar consenso sobre otro modelo productivo y de desarrollo, para lo que es imprescindible la fuerza de los trabajadores y en consecuencia alentar el nuevo modelo sindical propuesto de nuestra CTA. Nuestro programa es el de la soberanía popular y ante la crisis alimentaria y energética sostenemos la propuesta de la soberanía alimentaria y energética, por los derechos a la alimentación y la energía.

La cuestión no es macrismo vs. kirchnerismo como estas fuerzas pretenden instalar. El Kirchnerismo se asume como el límite de lo posible y el macrismo como el “gran cambio”. Así se constituyen como par binario que disputa todo el espacio político. Nosotros pretendemos ir más allá, construir una verdadera propuesta política alternativa e irrumpir con decisión y voluntad en la disputa del espacio político.

Nuestro desafío es la autonomía del movimiento obrero, por eso la unidad de acción contra el ajuste y la promoción de la lucha anticapitalista. La autonomía es uno de los pilares en materia de principios desde la fundación de la CTA. Es autonomía de los gobiernos, de las empresas y de los partidos políticos.

Estamos desafiados a romper ese carácter binario de la política institucional expresado en las elecciones de noviembre del 2015. El proyecto alternativo emerge más allá de la polaridad macrismo y kirchnerismo.

Pretendemos partir de lo reivindicativo concreto para disputar consenso social para otra sociedad contra y más allá del capitalismo y sus estructuras de dominación imperialista.

Nos proponemos la participación activa de la Central y el movimiento popular en la toma de decisiones, en el Consejo del salario, el empleo y la productividad, que sigue siendo un objetivo fundamental de nuestra CTA Autónoma la lucha por un Pueblo sin Hambre y sin Pobreza; la recuperación de las instituciones de la seguridad social y previsional, así como el protagonismo en todos los espacios que están asociados a la vida de las/os trabajadoras/es y de los pueblos originarios.

Aspiramos a una sociedad que privilegie el interés de la mayoría contra todo intento de reposicionar el libre comercio, aspiración sostenida desde el derrotado ALCA y que ahora se manifiestan en los acuerdos del Mercosur con Europa o la Alianza del Pacífico. Son todas formas de privilegiar el interés de los grandes capitales hegemónicos del sistema mundial.

Nosotros estamos por instalar la consigna de que otro mundo es posible, y por eso luchamos y nos organizamos por la reforma agraria, la defensa y promoción del hábitat asociado a la autogestión, como a todas las demandas sustentadas desde el movimiento popular.

Sustentamos la iniciativa de luchar por construirnos como sujetos para el cambio y al mismo tiempo construir el programa articulador de todas las proposiciones que constituyen al movimiento popular. Será esa nuestra contribución a la construcción de alternativa.

Desde la reivindicación por la participación en la toma de decisiones y nuestra convicción por discutir el modelo productivo de consumo y de desarrollo, es que nos proponemos ir más allá en la disputa del poder.

V

Convocamos a recuperar los sueños y la imaginación creativa de los 90´, que nos otorgó en la CTA la mística de la disputa del poder y nos presentó en sociedad como expresión de una nueva institucionalidad popular.

Debemos analizar críticamente lo que hace dos décadas nos permitió romper con el unicato sindical y luego, con la iniciativa del poder se promovió la división política y orgánica de la Central.

Hoy estamos desafiados, como en los inicios de los 90´ para pensarnos críticamente y definir una amplia política de alianza en la lucha contra el Estado capitalista y el poder empresario del capitalismo, siempre desde la autonomía de gobiernos, patrones y partidos.

No se trata solo de un análisis nacional o local, sino que es un desafío mundial y que también discute el movimiento obrero. Están los que defienden el viejo modelo sindical desde la lucha por lo posible y los que se definen en una amplia unidad de acción para intentar lo imposible en la lucha de la clase obrera contra el capitalismo y el imperialismo.

Debemos continuar y profundizar nuestra política de unidad y lucha con diferentes organizaciones y movimiento sociales en un sentido multisectorial. Y en este plano ratificar la vigencia del programa de los 33 puntos elaborados  por la Multisectorial que integra nuestra Central.

Por eso debemos retomar el espíritu originario de la Central, relativo a la autonomía de todas las centrales internacionales del movimiento obrero y promover sólidos vínculos con todas las centrales y sin la asociación a una en especial, lo que se manifiesta en el espíritu que compartimos en el Encuentro Sindical Nuestra América, ESNA.

La agresión del gobierno Macrí es fuerte. Es tiempo de respuesta en unidad de un amplio movimiento popular que fortalezca a la CTA como núcleo organizador de la ofensiva que necesitamos para superar el momento y construir el poder del pueblo.

Los dos sectores en que se expresa la CGT en Bahía Blanca llegaron a un acuerdo respecto de que “el próximo titular de la Delegación del Ministerio de Trabajo en nuestro medio, debe provenir de las filas sindicales”.

A través de un comunicado, esta central obrera informó que solicitaron “una urgente reunión al intendente Héctor Gay para terminar de definir al sucesor de Carlos Moreno”.

El abogado y dirigente de La Bancaria, Walter Larrea, es una de los dirigentes “de consenso” que estas organizaciones sindicales proponen para ocupar el cargo.

Al respecto, Larrea dijo a FM De la Calle que “es un espacio de contención y de garantía de los derechos de los trabajadores en el marco de la conflictividad y me atrevería a decir inclusive de la prevención ante las eventuales diferencias que pudieran surgir. Llegado al caso del conflicto el Ministerio tiene la función de velar por el sector más desprotegido”.

“El tema es que desde los gremios estamos planteando que, por esta características de la naturaleza de la delegación ministerial, no es lo mismo la presencia de un funcionario, profesional o no, que se erija como una suerte de tercero imparcial” a que el lugar sea ocupado “por una persona representante de los sindicatos”.

Así lo informó Oscar de Isasi, Secretario General de ATE Y CTA Autónoma bonaerenses. Participarán de la jornada de protesta las organizaciones gremiales de trabajadorxs del estado que se encuentran dentro de esa central.

El paro convocado por ATE, AJB y CICOP, y al que adhieren trabajadorxs de la legislatura y docentes, rechaza de plano el 15% (5% + 10%) de aumento propuesto por el gobierno provincial, pide por el fin de los despidos, el pase a planta permanente de los precarizados y la reincorporación de los trabajadores.

“Para las mayorías de las organizaciones sindicales sigue el conflicto por la disputa salarial, ya que hemos rechazado de plano la última propuesta hecha por el gobierno provincial, que ronda el 15% en el mejor de los casos de marzo hasta junio, pero todavía está muy lejos del porcentaje para recuperar el nivel adquisitivo del salario. Además, sobre las categorías más bajas es menor a ese 15%, unos 1000 pesos de aumento, que rompen con esa equidad que habíamos conseguido fruto de la lucha, con los salarios más bajo de los trabajadores ingresantes de distintas leyes. Además, discrimina sustancialmente al conjunto de los trabajadores estatales del aumento que se les dio a los docentes”, dijo el dirigente al servicio de prensa oficial de la entidad gremial.

Por su parte, la titular de ATE Bahía Blanca, Viviana Marfil, ratificó la medida y dijo a FM De la Calle que “esto es totalmente insuficiente. Los trabajadores estatales, la línea más baja que representa al 70 % de los trabajadores, están bajo la línea de pobreza según un estudio de mercado de Bahía Blanca que dice que el sueldo debería ser de $9000”.

Respecto de las condiciones de trabajo y el estado de las negociaciones en tal sentido, Marfil sostuvo que “no hubo ningún tipo de modificación. Las escuelas siguen en el mismo estado. No siguen el protocolo que corresponden. En el Hospital Penna lo único que se está haciendo es arreglar la sala donde se encuentra el tomógrafo pero todavía no se puso mano en el tomógrafo y en todos los otros ámbitos del estado está pasando lo mismo”, finalizó.

Foto: ATE Buenos Aires

El Secretario de Finanzas de la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Guillermo Molina, habló con FM De la Calle sobre la problemática de los sectores industriales y obreras de la ciudad.

“Tuvimos un par de reuniones interesantes en el municipio. El intendente, Héctor Gay, nos explicó las intenciones de realizar obras públicas, cosa que nos parece muy bueno. Pero la realidad sabemos que no es definitivo: el problema es el salario de la gente que repercute directamente en nosotros”, remarcó.

Hasta el momento se realizaron dos reuniones. “En la primera concurrieron por el ejecutivo el secretario de obras públicas, Manrique, un concejal en representación de la comisión de obras del Consejo Deliberantes, colegios, gremios y empresas. Ya en la segunda, además de estas personas, se convocó a los legisladores de los tres niveles con pertenencia territorial a Bahía Blanca y a la sección”, explicó.

Además destacó que “hay interés que definen las condiciones de trabajo. El intendente dejó de entrever algún anuncio de obra para la ciudad en un largo plazo”.

Con respecto a esta problemática señaló el trabajo de seguimiento que lleva a cabo el gremio, “más allá de los números que arrojamos, hay un gran párate”, haciendo referencia al peligro de unos 1500 puestos laborales en la región.

El secretario gremial resumió la situación con los empresarios locales. “De las empresas y de la cámara se sumaron al debate, a nadie le conviene esta mala situación. La ventaja que tienen los empresarios es que pueden abaratar costos, tienen muchas maneras. Ahora, el trabajador si no trabaja no gana plata, si no tiene plata no come. Se está intentando crear un ámbito para tratar el tema de la desocupación”.

Respecto de la inminente designación de un delegado en el Ministerio de Trabajo, el dirigente obrero reconoció que se trata de “puestos políticos” pero que, desde hace algunos años “se ha logrado que este un trabajador en el puesto de delegado y esto nos encuentra en buena posición porque las cosas se nos hace más ágiles. Arrigoni y ahora Moreno están realizando una excelente tarea”.

A la espera de una resolución, la CGT advirtió que espera ser consultada.

“Nosotros desde el gremio estamos en permanente alerta y preocupación. Estamos empezando a ver este espiral diabólico: es la resultante de la desocupación, la falta de obras y la pérdida del poder adquisitivo. Sabemos que comenzó a bajar y las consecuencia que puede pasar con esto”, finalizó.

Texto: Diego Garcia

 

 

 

Así definió la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego al fallo del juzgado en lo Correccional Nº3 de Bahía Blanca, a cargo de la Jueza Susana Gonzalez La Riva, en el marco del juicio oral contra 5 trabajadores que tomaron en 2012 el frigorífico Villa Olga.

“Se consumó un atropello contra el legítimo derecho a la protesta social de los trabajadores. En la sentencia se condena a uno” de ellos, “Hugo Cartagena y se absuelve a los otros cuatro acusados. Se le imputa al trabajador el delito de ‘usurpación’, al tiempo que se restituye la propiedad del frigorífico a la familia Siracusa”.

Para el abogado de dos de los trabajadores criminalizados, Claudio Lofvall, el juicio “nunca debió haber llegado al ámbito penal ya que se trata de un conflicto que debía dirimirse en la justicia laboral”.

A través de un documento, la CTA recordó que “en el 2012 la legislatura bonaerense votó una ley que lo declaraba de ‘utilidad pública sujeto a expropiación´. En aquel momento se hizo un acto en las puertas del frigorífico con la presencia de los diputados del FpV Sonia Larraburu y Marcelo Feliú y se hicieron promesas de reactivación. Las mismas nunca se efectivizaron ni tampoco se concretó la expropiación. Ahora bien, en todo esto, los trabajadores no tienen responsabilidad alguna. Llama la atención que nadie del sector político que impulsó la ley estuviera en el juzgado”.

Criminazliación de la proyesta

Para la CTA, “la sentencia sienta un precedente en tanto criminaliza la decisión de 187 trabajadores despedidos en el 2012 de defender sus puestos de trabajo ante el vaciamiento patronal”. Además, el texto expresa que “en un momento en que se producen despidos tanto en el ámbito estatal como el privado, la justicia produce un fallo por el cual inclina claramente la balanza a favor de las patronales”.

Para la fiscal Olga Herro, según se puede escuchar en el audio extraído de una entrevista otorgada a este medio, no había ningún conflicto laboral que justifique la toma y se mostró únicamente abocada a observar el delito de usurpación sin contemplar el contexto en el que se llevó adelante la medida de fuerza. En este sentido, la central sostuvo que “usurpación es apoderarse injustamente y de forma violenta de una propiedad o de un derecho que pertenece a otra persona. Los trabajadores no se apoderaron de nada ni utilizaron la violencia. Frente a una patronal que primero los explotaba obligándolos a asociarse a una cooperativa fraudulenta y luego los despedía y comenzaba a llevarse las máquinas de trabajo para vaciar la planta acordaron conjuntamente la defensa del trabajo”.
Enrique Gandolfo, referente de la CTA regional, dijo a FM De la Calle que “nosotros hablamos de una justicia direccionada en este caso desde la fiscalía y convalidad por la jueza en el sentido de que hay una justicia que se saca la venda, abre bien abiertos los ojos y decide con una mano premiar a los empresarios, le devuelve la propiedad que había sido declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación y por otro lado castiga a los laburante”.

“La fiscal, cuando habla de los trabajadores, habla de esta gente. No es gente como ella”.

Reforzando lo antedicho, el dirigente que estuvo presente en los pasillos palaciegos contó que, mientras esperaban la lectura del fallo, “a dos metros de los trabajadores estaba la familia Siracusa (dueños de la firma). Pasa la fiscal: abrazos, besos con la familia, con la abogada. Un rato después la sentencia le da la razón a la patronal”.



Durante la tarde de ayer, la Unión de Músicxs del Sur realizó una asamblea extraordinaria en la que definió adherir y convocar al Paro Nacional y la movilización que se llevará a cabo en el día de hoy. A partir de las 9:30 concentrarán en la Plaza Rivadavia e invitanron a sus afiliadxs a participar de la acción conjunta de lxs trabajadorxs de los Organismos Artísticos del Sur, interpretando el Himno Nacional.

A su vez, cuestionaron “la falta de comunicación oficial respecto a los cambios institucionales acaecidos a nivel de la Provincia de Buenos Aires, a través de la promulgación de la Ley Nº 14.803 y su decreto reglamentario 47/16, por el cual desaparece el Instituto Cultural de la Provincia, transfiriendo sus dependencias, entre ellas los Organismos Artísticos del Sur, a la nueva Secretaría de Cultura”.

Según la organización “esto pone a sus trabajadorxs en una situación de inseguridad institucional y que ello se ve agravado por la falta de definiciones acerca de los lineamientos de trabajo y programación a la fecha, además de que en la nueva estructura, los Organismos Artísticos del Sur quedan en una Dirección Provincial diferente, perdiendo rango jerárquico respecto a sus pares del Teatro Argentino de La Plata, denunciamos que todo esto implica un maltrato laboral flagrante”.

En este sentido, convocaron poner en marcha una mesa intersindical para tratar la promulgación de la Ley N°14.803 y su decreto reglamentario 47/16, “entendiendo la necesidad de profundizar los lazos entre l♪s trabajador♪s y sus organizaciones, desechando cualquier tipo de mezquindad ante tamaños cambios de estructura y articulando las voluntades para llevar adelante un sólido trabajo que revierta la situación, sumado a los actos y movilizaciones públicas”.

A su vez, se solidarizaron con lxs trabajadorxs de la administración pública despedidos “rechazando la modalidad adoptada, que implica la masividad de la medida sin ningún tipo de garantías de debido proceso administrativo para quienes han sido afectados por la misma”. Además, denunciaron “que esta política responde al objetivo explícito de achicamiento del Estado”.

En el contexto de reclamos contra políticas de ajuste, la organización rechazó el “Protocolo de Seguridad recientemente aprobado por el Consejo de Seguridad Interior, violatorio de derechos reconocidos tanto constitucionalmente como en la suscripción nacional a tratados internacionales”.

Leé el comunicado completo

Desde el lunes se realiza el juicio oral por el delito de usurpación del frigorífico. Ayer declararon los testigos de la Fiscalía, encabezada por la dra. Olga Herro, y hoy lo hicieron los de la defensa patrocinada por el dr. Claudio Lovfall. Cinco son los imputados en la causa: Hugo Cartajena, Enrique Orlando Garaggiola, Hugo Almada, Daniel Wenderlich y Pablo Cañiuqueo. Mañana serán los alegatos.

Entre las personas que prestaron testimonio este martes se encontraba el ex presidente del Concejo Deliberante, Carlos Alberto Moreno Salas, actualmente titular de la delegación bahiense del Ministerio de Trabajo. El ex edil afirmó que la cooperativa habría sufrido un “fraude laboral”, porque “los trabajadores no tenían acceso a la contabilidad de la cooperativa, ya que eran socios”, “ni cobertura social ni recibo de sueldo” y agregó que “era una relación de dependencia encubierta”.

Posteriormente se sometió a un careo con Silvio Siracusa, el dueño del frigorífico convocado por la Fiscalía. Discutieron los puntos de un acta acuerdo firmada en septiembre del 2011. El pacto entre el municipio y la cooperativa Fortín Cuatreros planteaba que Siracusa debía pagarle 500 pesos a cada trabajador y comprometerse a seguir faenando para reactivar el frigorífico. Además, hablaron sobre una supuesta cifra propuesta por el SENASA para poner en marcha la producción nuevamente. Según Moreno Salas, este acuerdo nunca se cumplió y la cifra del SENASA nunca fue aceptada, por eso debió intervenir la municipalidad otorgándo un subsidio.

Luego testificaron dos trabajadores. Jorge Mario Cabrera fue el primero, expuso que tuvo un juicio laboral contra la cooperativa porque su hijo falleció electrocutado en las inmediaciones de Villa Olga. “Me pagaban si yo no demandaba al frigorífico”, denunció.

En último lugar, declaró Perrone, quien mantiene un juicio laboral contra Fortín Cuatreros por haber tenido un accidente por el cual posteriormente fue despedido.

Mañana a partir de las 9:30, en Estomba 32, el Juzgado Correccional Nº 3, declararán los cinco acusados y comenzaran los alegatos.

Cobertura: Giuliana Crucianelli – FM De la Calle.

Consejeras y consejeros del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur presentaron una nota a la gobernadora María Eugenia Vidal en la cual piden la implementación del boleto estudiantil gratuito en la provincia de Buenos Aires. Pretenden “contribuir con los derechos de los jóvenes” bonaerenses “para que no encuentren vedado su derecho a recibir una educación plena, y en este caso, gratuita”.

El texto lleva las firmas de Dorina Linda Perez, Carolina Jesica Orieta, Nicolás Alan Paggi y Matías Barrón, integrantes de Grupo Académico, y advierte “sobre la falta de reglamentación de la Ley 14.735, que expresa que desde el ciclo lectivo 2016 el boleto inicial, primario, secundario, terciario y universitario debe ser gratuito en toda la provincia. La historia del boleto gratuito, que en los momentos más oscuro de nuestros país se llevó la vida de muchos compañeros, hoy nos exige no conformarnos solo con la APROBACIÓN DE LA LEY sino trabajar firme y mancomunadamente para transformarlo en una realidad efectiva. Esto requiere la participación activa de nosotros, los estudiantes, para que este reclamo no sea invisibilizado”.

“La reglamentación de dicha ley permitiría que los estudiantes de diversas clases sociales puedan a acceder a la educación, derecho que nuestra Constitución Nacional se encarga de reconocer y proteger, eliminando barreras de tipo económico que impiden el pleno acceso a la misma. Por eso, creemos que de no ser reglamentada antes del inicio del ciclo lectivo de este año no podría ser implementado en la totalidad del territorio provincial, causando grandes perjuicios a la población estudiantil”, agrega la carta.

Carolina Orieta aseguró esta mañana en FM De la Calle que el financiamiento “ya está dispuesto porque en el presupuesto del año pasado se estableció una partida”.

“Actualmente nos estamos comunicando con distintas agrupaciones de la provincia, donde ellos en La Plata teniendo la posibilidad de tener un contacto más directo con las autoridades están formando una mesa de trabajo con el secretario para poder reglamentar o establecer os parámetros básicos para lograr la reglamentación”, manifestó.

Desde abril de 2012 trabajadorxs de esa planta tomaron posesión de las instalaciones, ante el incumplimiento de un acuerdo de reinversión por parte de la empresa. Luego, según el abogado Claudio Lofvall, la propiedad fue determinada a favor de lxs manifestantes por “una ley de expropiación de la Cámara de Diputados que le otorgó propiedad del frigorífico a la Cooperativa Fortín Cuatreros”.

Como trasfondo del conflicto, “lo que se debate a partir del lunes es si la conducta de esos trabajadores constituye el delito de usurpación o se trata de una conducta que apuntaba a ejercer un derecho o a defender la fuente de trabajo o el derecho a manifestarse, a protestar”.

De esta forma, “es un conflicto netamente del derecho laboral. Es un reclamo sindical. El derecho penal es la última alternativa si el derecho administrativo, civil o laboral no lograron encontrar solución al conflicto. En el terreno laboral esto se hubiera resuelto hace rato”.

“La discusión se da ahora en terreno penal porque evidentemente en el derecho penal los poderosos sí tienen más chance de ganar. Seguramente en el derecho laboral el derecho a huelga amparado constitucionalmente hubiera tenido otra acogida”.

Para Lofvall, “cuando dos derechos se enfrentan prima el mayor jerarquía. En este caso y siempre, cuando un derecho que es más importante que el derecho de la propiedad se enfrenta con el derecho a la propiedad existe un remedio legal que es, justamente, una ley de expropiación por utilidad pública”.

“Eso no lo hace la justicia sino la Cámara de Diputados que dice: ‘mire por estas razones, para mantener las fuentes de trabajo y habiendo constituido una cooperativa, ahora expropiamos la propiedad y se la damos a la cooperativa conformada por los trabajadores’. Eso es lo que sucedió”.

“Ahora debatiremos, a partir del lunes, si estos trabajadores, que nunca de debieron haber necesitado un abogado penalista porque con un planteo laboral les hubiera alcanzado, van a hacer valer el derecho que por ley les corresponde (Ley 15505) o se va a aplicar el derecho penal para criminalizar la protesta y se los va a meter presos y se les va a sacar el frigorífico que por ley les corresponde”.

El contexto

El abogado de los trabajadores acusados de usurpación recordó que “en el año 2011 disminuyó la faena del frigorífico. En septiembre la firma decide cerrar y despedir a 187 trabajadores. Los obreros se plantan en la puerta. Se plantea el conflicto social. Entonces intervienen la política, la municipalidad, el Concejo Deliberante, legisladores, el Ministerio de Trabajo y finalmente se hace un acuerdo de paz social. En él se comprometían a poner en marcha el frigorífico, la municipalidad iba a ayudar, la provincia iba a poner una plata y mantener a las familias que estaban tomando las instalaciones manifestando de ese modo. El convenio no se cumplió. Sí la provincia y la municipalidad cumplieron pero el frigorífico no se puso en marcha sino que, por el contrario, empezó a haber un movimiento de camiones donde empezaban a sacar máquinas balanzas, todos los elementos de trabajo”.

En este contexto, “en abril de 2012 los trabajadores dijeron: no saquen nada más. Tomaron la planta. En realidad no entraron a las oficinas. Se quedaron en una galería y las oficinas del frigorífico estuvieron siempre cerradas hasta que salió esta ley de la Cámara de Diputados que le otorgó la propiedad”.

¿Qué es lo que dirimirá el juicio oral?

Hasta el día miércoles, “la discusión se circunscribe a ver si hubo usurpación en ese período en que ingresaron al hall (y no a las oficinas) en 2012 y el momento en que la ley les reconoce la propiedad”.

Sin embargo, Lofvall cree “que se está queriendo criminalizar la protesta social y mandar un mensaje a toda la sociedad: que las paritarias tienen techo y que ‘si protestan los hecho’ y si hacen lío los meten preso. Creo que es una revancha política”.

En este sentido, el abogado recalcó que “la fiscal dice por los medios que van a pedir la condena y la restitución del frigorífico. Realmente eso es lo que les interesa”.

En el ámbito político, también cuestionó que “antes de que este juicio suceda y de que haya una sentencia ya las nuevas autoridades municipales se sacan foto en el frigorífico anunciando que se va a abrir con nuevos inversores. No podría hacerse esto sin que haya una sentencia”.

Foto: Telam

La normativa anti-piquetes que legaliza la represión y criminalización de la protesta social, presentada la semana pasada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y aprobada por el Consejo de Seguridad Interior con el pomposo nombre de “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”, comenzó a recibir sus primeros rechazos y repudios por parte de organismos de derechos humanos y organizaciones gremiales.

El Centro de Estudios Legales y Sociales salió inmediatamente a cuestionar la iniciativa tildándola de “antidemocrática” y advirtiendo que “uno de los aspectos más graves de la resolución es que no prohíbe de manera explícita que los policías que intervienen en las manifestaciones utilicen armas de fuego, ni tampoco que usen balas de goma para dispersar. (…) El gobierno nacional, en lugar de regular la actuación de las fuerzas de seguridad y el uso de la fuerza, amplía sus facultades para reprimir y criminalizar. La ministra respondió que “el CELS no sabe leer, lee lo que le conviene y tiene una actitud beligerante y de obstrucción. (…) Desde que nosotros somos gobierno, ellos y los que pertenecen al gobierno anterior lo único que hacen es hacer cada día más cortes de rutas, más piquetes”.

Desde el organismo no tardaron en retrucar afirmando que “la protesta social y las manifestaciones públicas son parte de la vida democrática, son el megáfono de las demandas sociales. En nuestro país han sido inseparables de transformaciones sociales que ampliaron derechos. Frente a estas demandas, los gobiernos pueden priorizar la resolución política de los conflictos a través de mecanismos no represivos o pueden hacer prevalecer el orden público y la represión. Pueden dar el mensaje de que van a controlar la actuación policial o el de que van a dejar que actúen con sus propios criterios. Este es un debate político de fondo en el que están en juego derechos fundamentales”.

La Comisión Provincial por la Memoria rechazó la “criminalización de la protesta social” que propone el nuevo protocolo “en un escenario de conflictividad social” en el cual “la represión de la protesta termina con situaciones de violencias generalizadas, no aporta a la resolución de los conflictos, vulnera las garantías constitucionales y degrada el sistema republicano y democrático”.

“Amparándose en el derecho a transitar y mediante la utilización de términos ambiguos y laxos, la nueva legislación delimita de manera arbitraria el derecho fundamental de la ciudadanía a manifestarse y peticionar ante las autoridades y, al mismo tiempo, permite la discrecionalidad de las fuerzas de seguridad para intervenir en las manifestaciones públicas”.

Por otra parte, el organismo repudió “las limitaciones impuestas a la participación de los medios de comunicación, que siempre funcionaron como un reaseguro de la legalidad de las intervenciones de las fuerzas de seguridad. (…) Cualquier limitación al trabajo de los medios de comunicación resulta también inconstitucional en tanto vulnera la efectiva libertad de prensa. Además, con el pretexto de evaluar la actuación de las fuerzas de seguridad, se permite tomar registro fílmico y fotográfico de las manifestaciones. Sin embargo, existen innumerables antecedentes en donde este tipo de información pasa a engrosar los archivos de inteligencia”.

Para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional el protocolo es “un dispositivo ideológico que tiende a restringir las libertades públicas, al tiempo que consolida el proceso creciente de exclusión social, y estigmatiza y moldea la opinión pública, allanando el camino para que gobiernen en contra de las clases subalternas. No se diferencia sustancialmente de otros intentos, como el del anterior gobierno, con el consenso de todos los partidos patronales, a partir del discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso el 1º de marzo de 2014”.

En cuanto a los registros audiovisuales que deberán realizar las propias fuerzas de seguridad para ser utilizadas en sede judicial, CORREPI sostiene que es “una clara reedición del Proyecto X del anterior gobierno”. “De este modo, y considerando que en otro punto se vincula la protesta con la infracción a varios delitos del Código Penal (art. 183, daño; art. 194, corte de calles, etc.), se habilita la filmación de reuniones previas, o la identificación de los organizadores, con la excusa legal de prevenir o evitar la comisión de esos delitos”.

“Criminalizar la protesta, devaluar el derecho a ejercerla, rebajando incluso su trascendencia al asimilarla al derecho al libre tránsito de las calles, importa propiciar un verdadero estado policíaco que la clase dominante necesita, porque se trata de enfrentar el peligro que para esa clase implica su ejercicio. Niveles inflacionarios devastadores del bolsillo de los trabajadores y del pueblo, techo a las paritarias, tarifazos, despidos masivos, impuesto al salario, cortes de luz, persecución política y social, represiones varias, son la contracara de las enormes ganancias transferidas a los más ricos en los últimos dos meses”, agrega el comunicado y convoca a la clase trabajadora a “tomar nota de esta amenaza concreta y disponerse a enfrentarla con redoblados esfuerzos organizativos para no dejar las calles”.

El secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma y secretario general de la Federación Judicial Argentina, Hugo Blasco, opinó que el gobierno está interpelando el modelo democrático argentino: “Tenemos una larga tradición de más de 20 años, recordemos los piquetes del del ’94, ’95, de desocupados que inclusive significaron el asesinato de compañeros y compañeras. Hay una larga tradición respecto a la movilización popular, al corte de calle, al corte de rutas, cuando hay toda una instancia previa que no ha sido atendida por el Gobierno, por el Estado como trabajadores despedidos de un día para el otro, trabajadores que no cobran el salario hace 3, 4, 5 meses, poblaciones enteras que se ven afectadas en su calidad de vida por la contaminación ambiental y no tienen ninguna respuesta ni solución”.

“Ahora la respuesta del Estado es la represión porque en definitiva en esta democracia que no es tal, no es la que pretendemos los trabajadores, siempre se nos dice, desde los medios de comunicación fundamentalmente y de toda la catarata ideológica liberal que hay que garantizar los derechos de todos como la libre circulación ahora los otros derechos que son vulnerados y que son gravísimos, porque yo puedo tener una demora un día siendo automovilista, puedo tomar por otra calle que me signifique llegar más tarde a donde tengo que ir, ahora el que no tiene para comer, no tiene para comer, el que perdió el empleo, perdió el empleo y eso no lo resuelve caminando tres cuadras más o una hora por un embotellamiento de tránsito”.

Victorio Paulón, titular del área de Derechos Humanos de la CTA que conduce Hugo Yaski, dijo que el plan de Bullrich “es un enorme retroceso respecto a todo lo que se había construido en los últimos años no solamente en la sociedad civil, en el propio parlamento. El Acuerdo de Seguridad Democrática había establecido un claro protocolo en el que estaba prohibida la portación de armas a los agentes de seguridad, la obligación de la mediación y generar espacios de negociación que permitieran abordar los motivos del conflicto y todo esto de un plumazo es borrado por la ministra de Seguridad y volvemos al viejo esquema de un emplazamiento de pocos minutos para desalojar la calle, caso contrario la represión”.

“En términos históricos es un retroceso de una década, en términos prácticos esta es la antesala de que empecemos a contabilizar heridos, detenidos, procesados y por qué no también algún muerto como consecuencia de la represión. Esto es reiterativo. Kosteki y Santillán siguen presentes en la memoria colectiva, en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en los organismos de derechos humanos, y lo que hace este protocolo es generar exactamente el mismo escenario que teníamos en aquel momento”.

La Asociación de Reporteros Gráficos se opuso al “corralito periodístico” y argumentó que “una cobertura periodística callejera no puede realizarse de ningún modo desde ‘una zona determinada’ por la policía, y que esta solo sirve para ocultar un accionar que se presupone así represivo cuando no ilegal”.

“No es necesario tampoco abundar en ejemplos donde la cobertura periodística justamente desnudó y ayudó a castigar ese accionar abusivo o ilegal de las fuerzas de seguridad. Fotos icónicas de la Matanza de Tlatelolco o de la universidad de California lo demuestran, y las fotos de nuestros colegas que cubrieron y denunciaron y facilitaron el castigo de los asesinatos de Kosteki y Santillán lo confirman”, afirmaron y responsabilizaron al gobierno nacional “por la integridad física de los trabajadores de prensa que cubren la protesta social” exigiendo que “se les permita cubrir los hechos con la libertad de movimiento y perspectiva que corresponde a una prensa libre y responsable”

En el mismo sentido, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM) mostró “particular preocupación” por “la limitación del trabajo de periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de la comunicación. La historia también nos ha dejado la lección de que muchos episodios de abuso policial y represión criminal han sido juzgados gracias a los registros fotográficos y audiovisuales realizados por comunicadores”.

“La prescripción de una ‘zona de ubicación determinada’ para los trabajadores de la comunicación implica un condicionamiento de la línea editorial de los medios y garantiza la impunidad para los agentes de seguridad que violen los derechos humanos de los manifestantes”.

Este lunes, en el marco de reanudación del juicio Escuelita IV en Neuquén, los organismos de derechos humanos de la región adherirán al proyecto de repudio al protocolo presentado en la legislatura provincial por el diputado del PTS-FIT, Raúl Godoy. Natalia Hormazabal, del CeProDH, expresó que el proyecto del gobierno “resulta ilegítimo e ilegal desde todo punto de vista, y que constituye un gravísimo avance en la criminalización de la protesta. Es escandaloso que se brinde poder ilimitado a las fuerzas de seguridad dejándoles la potestad de definir qué protestas permiten y cuáles no. Asimismo, el hecho de que bajo la argucia de la ‘flagrancia’, las fuerzas encargadas de la represión y el Ministerio de Seguridad puedan definir arbitrariamente quién comete delitos, juzgado ‘in situ’ sin intervención judicial, basándose en el artículo 194 del Código Penal impuesto por el general Onganía, constituye un real ataque a las más amplias libertades democráticas”.

“Amnistía Internacional considera de suma importancia que se desarrolle un debate serio informado y participativo en torno al derecho a manifestarse y expresarse. Es imperioso examinar el marco jurídico actual que impacta en el ejercicio de este derecho”, señaló la organización en una carta que su directora ejecutiva, Mariela Belski, le envió a la ministra Bullrich tras al anuncio del protocolo.

Finalmente, la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada aseveró que “mientras el pueblo se encuentra abocado a preparar los actos de repudio al golpe de Estado genocida de 1976, reivindicando las 30.000 compañeras y compañeros detenidos – desaparecidos y la lucha antidictatorial, el gobierno de Mauricio Macri ha decidido reivindicar el accionar de esa dictadura genocida. Así, el nombramiento de funcionarios ligados a la dictadura militar, la reunión del secretario de DDHH Carlos Avruj con la ONG CEITYV, el negacionismo del ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido y el proyecto elaborado en el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, es una muestra inequívoca que el gobierno nacional a poco de cumplirse los 40 años del golpe genocida, se coloca claramente junto a los represores que tiñeron de sangre la historia de nuestra tierra”.

Oscar de Isasi, secretario general provincial de ATE y la CTA Autónoma, dialogó con FM De la Calle sobre los despidos masivos de trabajadorxs del Estado, el contexto político y económico y el plan de lucha gremial para enfrentar el ajuste.

-¿Qué sectores fueron los más afectados por los despidos y cuántas personas han sido cesanteadas?

Los despidos más masivos fueron en los municipios, alrededor de ocho mil o nueve mil. Algunos fueron reincorporados porque son empleados hechos y derechos y también, por la presión de nuestra organización sindical.

-¿Y en provincia de Buenos Aires?

En la provincia, de los que nosotros hemos detectado, ha habido entre 200 y 300 despedidos, el pico fue en la Dirección de Escuelas donde tenemos 29 trabajadores con probadas condiciones laborales, no tienen con qué darle con el tema de ñoquis pero al día de hoy no han sido reintegrados. Estuvieron ocupando el organismo de manera pacífica para ir a una negociación que esperamos tenga el resultado que tenga que tener, que los trabajadores que trabajan tienen que seguir trabajando y cobrando su sueldo.

-Hay preocupación respecto a lo que pueda suceder a fines de marzo, ¿no?

Sí, porque en realidad lo que uno olfatea es que a fines de marzo se intente una nueva ofensiva en ese sentido. Estamos convencidos de que el gobierno nacional e irradiando a los gobiernos provinciales y municipales más allá de su signo político, porque también hay despidos en Santa Cruz donde gobierna Alicia Kirchner, algunos diciendo no me queda otra y otros de manera entusiasta, lo que se está haciendo es descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables.

Si uno observa el presupuesto de la provincia de Buenos Aires uno va a ver como vuelve a reducirse la partida de salud, de desarrollo social, de niñez. ¿Quiénes son los que más necesitan las áreas sociales? Son los que menos tienen, que necesitan que se recupere a través del Estado el circuito de vida digna. Se ha reducido esas partidas, se ha precarizado las condiciones laborales, ni siquiera hay un cargo nuevo en el Estado provincial, más allá del operativo mediático que se hizo diciendo que iba a haber 40 mil cargos nuevos, lo cierto es que lo que hicieron fue blanquearlos. O sea, congelamiento de vacantes reales, sobrecarga de trabajo.

Estos dos datos duros hablan de que hay un desfinanciamiento en las áreas que más necesitan los que menos tienen y que hay un desfinanciamiento en el tema de los trabajadores. Si uno tiene en cuenta que la última oferta salarial es del 22.8 en cuatro cuotas, que termina siendo 14.7 anualizado y que no merece ni siquiera reflexionar sobre eso, uno se da cuenta que quieren que haya un aumento salarial muy por debajo de lo que fue la devaluación de los salarios. Los despidos son parte de este combo. En nombre de los ñoquis, están generando un fantasma, lo que se hace en realidad es trata de achicar el Estado en materia del número de trabajadores y se lo hace generando la sensación de que sobra personal y que esos son todos vagos.

Los números duros no mienten, Buenos Aires es una de las provincias que más necesita de la participación del Estado, porque hay miles de trabajadores sin trabajo que están por debajo de la línea de pobreza asentados en el conurbano bonaerense y al costado de las grandes ciudades del interior y además porque es uno de los Estados que tiene menor cantidad de trabajadores por habitante.

Cuando uno habla del Estado y de las áreas sociales y dice que es necesario más presencia en educación, salud, alimentación, uno no habla de robots, no puede reemplazar a un médico, un enfermero o un trabajador social por un robot, habla de privilegiar la incorporación de recurso humano para que los trabajadores sociales hagan encuesta en las barriadas, para que los médicos generalistas estén en las unidades sanitarias, para que los enfermeros en lugar de trabajar 14 o 16 horas para sacar un manguito más, solo por la falta de personal, estén trabajando seis horas con cuatro pacientes a cargo y puedan brindar mayor cantidad de atención.

-Más allá del 22.8% ofertado en la paritaria, ¿con qué demandas habían llegado?

Veníamos planteando que es necesario abordar políticas de recuperación del poder adquisitivo. Por un lado, hay que abordar la urgencia, lo que hemos perdido. En 2014 y 2015 con la carrera inflacionaria donde hemos perdido un 12% y contemplar una proyección inflacionaria mínima del 33 %, eso nos da el 44% de bolsillo que deberíamos recuperar. La mayoría de nuestros representados cobra 7300 pesos a partir de septiembre porque el último aumento fue en cuotas, la canasta básica, la que te pone por encima de la línea de pobreza, no la que te hace feliz, según la ciudad de Buenos Aires -o sea que no merecería discusión porque son del mismo signo político- está en 15600 pesos. Un salario mínimo en la provincia de Buenos Aires puede comprar el 48% de la canasta para sobrevivir, entonces un 44% de aumento sobre ese salario todavía nos pone por debajo. A finales del 2007, el salario mínimo de un empleado de Provincia era igual a la canasta básica, esto lo ponía sobre la línea de pobreza.

-¿Cómo viene la construcción de la medida de fuerza del próximo miércoles y el camino que empieza a recorrerse en forma conjunta con la Central de Trabajadores de la Argentina que conduce Yasky? ¿Es posible empezar a ver la unidad con la Central Autónoma en la calle?

En primer lugar, el paro y movilización a la Plaza de Mayo que vamos a hacer el día 24, que va a ser masivo, que vamos a construir un dato que entendemos que debería hacer reflexionar a Macri y los gobernadores, es un paro de los gremios estatales de la CTA Autónoma y otros gremios también estatales que han decidido transitar el camino de la lucha por los salarios dignos, por la reincorporación de los despedidos, contra la criminalización de la protesta y exigiendo la libertad de Milagro Sala y por la defensa de la seguridad social. Hay algo que no se habla pero en Córdoba y en Tierra del Fuego se está desguazando en pocos días de gestión.

Han adherido las centrales sindicales y muchos otros gremios y organizaciones sociales están dispuestas a solidarizare marchando con los gremios estatales. Ese va a ser un paro de estatales en construcción a lo que creo yo necesitamos que es un paro de las centrales si esto no cambia.

La unidad, lo que vos referías a las dos CTA que también podría ser aplicable a otras centrales, no se hace por arriba con dos dirigentes, hay que construirla por abajo, hay que trabajar con los compañeros docentes, estatales, empezar a hacer asambleas conjuntas que nos permitan fortalecer la unidad por arriba pero que no sea una unidad de supervivencia de algunos sino una unidad sólida donde en cada escuela, en cada hospital, en cada organismo, se tenga la fortaleza para poder sostener esa unidad en función de lo que necesitamos que es la masividad y la contundencia para parar el ajuste y para ir por una más justa distribución de la riqueza en un país donde el destino no es ser pobre sino un país inmensamente rico cuyo problema es que la riqueza está concentrada en pocas manos.

Texto: Diego García.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó al Consejo de Seguridad Interior los alcances del “protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”. “No vamos a tolerar la extorsión”, advirtió la funcionaria tras su aprobación.

La iniciativa considera manifestaciones públicas a las “concentraciones pacíficas de personas, que se expresan con un fin o motivo en común, las que podrán ser programadas o espontáneas, y que se desarrolla por un período limitado de tiempo”.

En el caso de las programadas, las autoridades de seguridad jurisdiccionales deberán tomar “contacto con los líderes de la manifestación, a fin de que se encauce la misma en el marco del presente Protocolo y las leyes vigentes” y coordinar la protesta “de acuerdo a las características para establecer su recorrido, tiempo de duración y realización, dando aviso a la justicia”.

El protocolo establece que las fuerzas de seguridad “deben garantizar la libre circulación de personas y bienes –sea en calles, avenidas, autopistas, rutas nacionales, corredores de transporte público y de los principales accesos y avenidas centrales de los ejidos urbanos y rurales”, enumera como ejemplo aunque deja a “criterio” de los uniformados “la táctica a utilizar” sugiriéndoles “atención preferencial” hacia niñxs, adolescentes, mujeres embarazadas, adultxs mayores y personas con discapacidad.

El procedimiento propuesto por el macrismo comenzará con el aviso a las autoridades políticas por parte de las fuerzas de seguridad y el establecimiento de “un espacio de negociación para que cese el corte”, seguido por el aviso judicial.

Más allá del resultado de la “negociación”, se escucharán las “frases cortas y claras” del jefe del operativo de seguridad “a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz” ordenando a lxs manifestantes “desistir de cortar las vías de circulación de tránsito”, “retirarse” y “ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales”. “El personal de las fuerzas de seguridad no deberá reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes”.

Si la protesta persiste, se habilitará la criminalización mediante el art. 194 del Código Penal que promete de tres meses a dos años de prisión a quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

 “Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en los Códigos de procedimiento Penal de cada jurisdicción, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación”, amenaza el protocolo.

 Tras el acuerdo o la represión, las autoridades políticas de la jurisdicción designarán personal para “establecer una instancia de negociación con el líder o representante del grupo de manifestantes, a los fines de canalizar sus reclamos a las áreas que correspondan”.

 Quienes “inciten a la violencia” o “porten elementos contundentes y/o armas de cualquier tipo, o utilicen fuego, combustibles, elementos explosivos o inflamables, agentes químicos, pirotecnia, o cualquier otro artículo que pudiere dañar la integridad de las personas”, bienes o “el medioambiente”, serán “identificados” y “aislados”.

Si existiesen daños durante la manifestación, se detendrá a sus autores y se accionará civilmente en su contra, así como la de “la entidad con personería jurídica o gremial a la que pertenezca, sus representantes legales o administradores de hecho y/o contra quien corresponda”.

A contramano de lo actuado en sus dos meses de gestión, durante los cuales hubo balas y golpes tanto para trabajadorxs despedidos como para niñxs murgueros, el gobierno sostiene que “el uso de la fuerza” y de “armas no letales” debe limitarse siempre al mínimo posible”, inspirados en los principios de “legalidad”, “oportunidad”, “último recurso frente a una resistencia o amenaza” y “gradualidad”. En tanto, la prensa será ubicada en una zona determinada “donde se garantice la protección de su integridad física y no interfiera con el procedimiento”. Ya de filmar y fotografiar a lxs militantes deberán encargarse los uniformados, que para eso tienen experiencia.

La periodista Maru Ludueña, vicedirectora de la agencia Infojus Noticias desde su fundación hasta su reciente desplazamiento por parte del gobierno macrista, se refirió en FM De la Calle al borrado de notas ordenado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Trata de personas, violencia de género, nietos restituidos, lavado de dinero, fondos buitre, justicia federal, Tragedia de Once y violencia institucional fueron los temas centrales de los más de once mil artículos ocultados uno por uno.

La censura de la cobertura del juicio político contra el suspendido vocal de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, acusado por su pasado como espía de la dictadura y sus vínculos con la Triple A, fue una de las principales preocupaciones de las nuevas autoridades. “Los primeros días yo fui la encargada de hacer un sumario de notas que debían ser consensuadas, no me parecía mal, lo que me parecía mal era que la mayor parte de las notas no estuvieran siendo aprobadas”.

“Siendo parte de una política pública de acceso a la justicia con el caso de Montezanti estamos cumpliendo un rol importante porque hay mucha gente que no sabe lo que es un jury, el Consejo de la Magistratura, por qué se lo juzga a alguien que cumplió esas funciones. En estos temas que son tan complejos es muy importante ese tipo de estrategia periodística de hablar el lenguaje de la gente y no hacer creer que lo de Montezanti es un asunto como de un grupo o de una casta. Era muy grave que no nos dejaran hacer esas notas y si te fijás no hubo más notas de Montezanti en Infojus Noticias”, aseguró Ludueña.

Como ilustra Cosecha Roja, Infojus Noticias es una agencia creada por el Ministerio de Justicia y DD.HH. en marzo de 2013. Su lema fundacional fue: detrás de los expedientes hay personas. Desde el 19 de abril de ese año hasta el 10 de diciembre de 2015, sus periodistas publicaron 14.098 artículos, la mayoría de ellos de elaboración propia, además de cientos de videos, una decena de informes multimedia y varios ensayos fotográficos. El 10 de diciembre de 2015 asumieron las nuevas autoridades y desplazaron a la conducción de la Agencia. Luego despidieron a una decena de periodistas. En enero, con la agencia muy lejos de su producción habitual, las nuevas autoridades decidieron borrar el 83% del archivo, algo inédito en un medio de comunicación.

Según comentó Ludueña en el inicio de la octava temporada de En Eso Estamos, de comprobarse que las publicaciones fueron eliminadas definitivamente “se constituiría delito porque esas notas no solo son el patrimonio de Infojus Noticias sino de toda la ciudadanía porque se hizo desde una estructura del Estado, es información de un valor documental, testimonial, histórico fuerte, es construcción de memoria, más en los temas a los que nosotros nos dedicábamos que eran temas que en general no tienen demasiada resonancia en los principales medios masivos de comunicación”.

Cómo desmantelar Infojus Noticias

foto-infojus-680x365(Publicado por Maru Ludueña en Facebook el 10 de febrero) A diferencia de mis compañeros de Infojus Noticias, de cientos del ministerio y de tantos miles que trabajadores estatales que se enteraron de modo brutal de sus despidos, tuve el privilegio  de que me lo dijeran en la cara. Fue el 30 de diciembre, al final de la tarde. Ya casi no quedaba gente en la redacción, se venían los feriados de fin de año, y estaban por empezar mis vacaciones. Los detalles casi siempre me parecen importantes en los relatos.

El último día hábil del año, la nueva directora de la agencia donde trabajé desde su fundación (en marzo de 2013), me llamó a su despacho. Puso cara de circunstancias y dijo que no tenía buenas noticias.

-Pero hace poco, cuando asumiste al frente de Infojus Noticias, aseguraste a toda la redacción que nos quedáramos tranquilos. No iba a haber despidos- le recordé.

-Sí. Son cosas que me exceden. Los de arriba no quieren que la primera línea de la agencia se quede.

Cristian Alarcón, periodista, una de las personas más talentosas y humanas que conozco, generador de proyectos que crean laburo para muchos colegas, capaz de gestos de nobleza pocas veces vistos. Fue despedido sin que nadie se lo haya dicho. A esta altura solo queda pensar que nadie se atrevió a hablar cara a cara con el fundador de la agencia.

A Sebastián Hacher, jefe de redacción, compañero de largas noches cargando especiales de Infojus Noticias, capacidad insana de trabajo e innovación, lo despidieron el 29 de diciembre, antes de irse de vacaciones. Martín Ale, entonces director de Infojus Noticias -visión política aguda como su ojo editor- había renunciado cuando se anunció a la nueva directora.

Ella, Sabrina Santopinto, desembarcó en la oficina el 10 de diciembre, minutos antes de que Macri asumiera la presidencia, junto a otras tres personas: Alvaro Herrero de la Asociación por los Derechos Civiles (el más cortés, se reunió sólo con el director), Soledad Lladó de la Fundación Pensar y Pablo Actlas, mano derecha en comunicación del ministro de Justicia Germán Garavano. Del día del traspaso presidencial quedan anécdotas para compartir en talleres de periodismo y mesas entre colegas. Ya nos podremos reír. Todavía queda cerca, duele.

Aquel 10 de diciembre, tras una breve reunión con el director en su despacho, “la nueva gestión” se instaló en nuestra pequeña oficina. En el televisor Macri empezaba su discurso, y los tres nuevos nos impartían las órdenes con los modos secos, impertérritos con que los patrones tratan a sus súbditos.

-¡¿Por qué no hay buenas fotos de Mauricio?!

-Quiero las claves de acceso a todas las redes sociales.

-Me nombran administrador en las estadísticas.

-¿Cómo que no tienen una agencia privada que mida el flujo de visitas?

Observarlos era entender que ellos se habían conocido hacía poco, tenían su interna.

Editores, redactores, fotógrafos, equipos de video y redes, todos trabajamos con velocidad para producir los materiales que nos fueron pidiendo. Se habrán sorprendido, no éramos el cuco que esperaban, sino profesionales haciendo su trabajo. Ellos también lo hacían, aunque no podríamos asegurar que con criterios periodísticos:

-Bajá estas dos notas-, ordenó la que en pocos días más se convertiría en nuestra directora.

Las dos notas: “Cristina Fernández de Kirchner se despidió de la presidencia” y “Procelac denunció a la empresa que quiere cobrar bonos de la dictadura”. Qué curioso que fueran esas notas las elegidas: daban pistas. Qué curioso: no habían intervenido Télam, ni Radio Nacional, ni la TV Pública. Pero desde el minuto cero, cuatro enviados especiales tomaron el control de la agencia nacional  de noticias judiciales.

Cuatro veces la ahora directora de Infojus Noticias tuvo que pedir que bajáramos esos artículos. Hasta que apoyo su índice contra la pantalla de mi monitor. “Sacá esas notas”. Se quedó parada hasta que las oculté de la home, siguen online. Desde ese instante, la agencia que nos daba tanto orgullo no existió más. Retiramos las firmas y las iniciales de los que subíamos las notas, un sistema que visibilizó las tareas de cada quien.

Hoy recuerdo el traspaso presidencial como si lo hubiera visto desde la ventana de un submarino en el fondo del océano. Recuerdo a Macri diciendo ante la asamblea legislativa: “Queremos el aporte de todos”. Diciendo “pluralismo”. A Lombardi hablando de “enormes desafíos en materia de comunicación, que haya pluralidad respeto y tolerancia y calidad desde los medios públicos”. De “todas las voces en un tono de respeto”. Mientras Macri bailaba cumbia en el balcón de la Rosada, las claves del nuevo modelo comunicacional y gubernamental habían desembarcado en la agencia. Obsesión por las imágenes y las redes sociales, maltrato laboral, falta de libertad de expresión, desprecio por el Estado y un sentimiento bastante parecido a la revancha.

Al llegar, “la nueva gestión” pidió tranquilidad: no había nada que temer, la agencia les interesaba mucho, era muy valiosa, querían hacerla crecer. No tuvimos que esperar ningún despido para saber que no iban a cumplir.

Los primeros días me tocó hacer el sumario de notas que la nueva directora consensuaba con sus superiores del Ministerio de Justicia. Aceptaban alguna noticia de lesa humanidad pero rechazaban la cobertura de una muestra de fotos de Abuelas de Plaza de Mayo y el jury a Néstor Montezanti, presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, al que se le imputó mal desempeño en sus funciones, por “conductas incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” .

De golpe bajó el caudal de notas. Se terminaron las guardias de fines de semana. La nueva directora transfirió mis tareas a otros. En teoría, seguíamos siendo la jefatura de la agencia pero otra jefa nos había pedido desalojar la oficina. Seríamos los primeros, después vendrían por los demás. Con otros modos y objetivos, ya me había pasado.

A fines de diciembre de 2000, una docena de personas fuimos despedidas de un portal de internet de noticias para mujeres (obsidiana.com), con sede en México, Brasil y Estados Unidos, donde trabajé como editora. Un día, sin más, no pudimos entrar a las oficinas. Debimos retirar los objetos personales con custodia. El Chase Manhattan Bank, dueño del sitio que nos había capacitado en su sede de San Pablo, envió telegramas diciendo que pasábamos las horas “jugando al tarot”. Iniciamos una demanda contra el banco con sede en Nueva York. Nos negaron hasta que fuéramos periodistas (la mayoría de esas personas hoy son muy valoradas en sus ámbitos). Aprendí de esa experiencia. Y este diciembre lo vi venir.

Las semanas de transición resultaron desgastantes para todos los que trabajamos -trabajábamos- en la agencia. Nos reunimos en largas asambleas. Muchas veces no logramos ponernos de acuerdo, otras sí. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Para qué lo queremos? Estas crisis son como la maternidad o la vejez: exacerban lo que había. Y así fueron esos días, controvertidos y agitados. Desde que empezó el desmantelamiento de la agencia, cuando se la vació de contenido, algunos expresamos la necesidad de decir algo públicamente. Se votó esperar.

Un par de días antes de Navidad, la nueva jefa, Sabrina Santopinto me preguntó qué pensaba hacer (yo era subdirectora de la agencia).

-Me sorprendió que los jefes no renunciaran- deslizó con una sonrisa.

-Como el 90% de la gente necesito laburar. Pero soy periodista, quiero saber cómo continúa la agencia y mi tarea. Si habrá notas, si habrá pluralismo, como dijo el presidente el 10 de diciembre.

Me reía de mi, idiota: pidiendo permiso para el pluralismo. Ese día también le pregunté por qué al llegar se había autocensurado haciéndonos bajar dos notas: que CFK terminó la presidencia no es objeto de debate. Dijo que no iba a discutir. Sentí la necesidad de explicarle que mi camino periodístico no había empezado en el ministerio de Justicia. Me advirtió que sabía bien quiénes éramos. Y dijo, sin sonrojarse, que nos habían investigado por internet. Yo también la conocía: ella había colaborado con una nota en Infojus en una oportunidad, un editor le había rechazado con amabilidad una segunda, aún después de darle la chance de reescribirla. Ahora volvía con superpoderes. Quedamos en volver a hablar.

El último día hábil del año, a las seis y media de la mañana, me preparé el mate. Cada mañana, a las siete, tenía los principales títulos leídos, había sintonizado la tele y la radio. Y hablaba con Juan, el redactor que entraba más temprano, para pasar en limpio las primeras noticias del día, para después partir hacia Tandanor.

Esa mañana del 30 de diciembre, conservaba el ritual o la tara, no tenía que pasar ninguna información. La agencia había dejado de subir noticias temprano, mejor dicho: había dejado de subir noticias. Estaba reducida a la difusión de comunicados sobre lo que hizo o dijo el ministro o alguno de sus aliados, salvo excepciones.

Ni bien terminé el primer amargo del día, pispeé algo extraño en la yerba. Algo demasiado oscuro. Me acerqué: había una cucaracha adentro del mate que me acababa de tomar. Tarde para escupir. No supe qué hacer. Presentí que no me esperaba nada bueno.

Cuando llegué a Tandanor, había caras nuevas y muchas miradas atentas a la seguridad en la entrada al edificio. Pensé que vendría Macri, pero alguien comentó: “Viene el ministro”. Me pareció que el ministro no podía venir a Tandanor, una sede importante de su área, como si fuera un lugar ajeno. Al mediodía subí al último piso, donde está el comedor. Sí, era él, Garavano dirigía unas palabras a doscientas personas que sentadas a las mesas habían dejado de comer. Hablaba de fortalecer el acceso a la justicia y de que no tuviéramos miedo a los despidos, su gestión iba a poner orden. Dijo que se había encontrado con un ministerio caótico, donde las dependencias funcionaban desarticuladas, compartimentos estancos. ¿Con qué sentido un ministro se dirige así a los trabajadores cuando les habla por primera vez, y -ya que estamos-, el último día del año? Dudé en acercarme y decirle que los 40 que hacíamos Infojus Noticias funcionábamos como un reloj. Que sabía cómo trabajaban algunas oficinas, en diálogo con diversos sectores. Pero recordé que había desayunado un mate con cucaracha. Insectos que crecen en la oscuridad y son capaces de resistir a la radiación.

Ese día interminable, después de esperar horas, la nueva directora me anunció que estaba despedida. No pudo dar detalles: ni a partir de cuándo, ni cómo, ni cuánto. “Te mando un mail, copio a recursos humanos” (no lo hizo). Le deseé suerte con la agencia: “Cuidala. La hicimos con amor”. Se sorprendió, el día anterior, el jefe de redacción le había dicho lo mismo. La parte más picante fue cuando se ofreció a dar referencias a futuros empleadores, y a explicar que mi “salida” no se debió a nada en particular. Un mes después, en una reunión ante los siguientes diez despedidos, dijo que fue ella la que pidió que echaran a la jefatura.

Tampoco es la idea cargar las tintas contra la directora de Infojus Noticias, una mujer que se escabulle por las escaleras y fue incapaz de dar una respuesta a tantos colegas que la llamaron en los últimos días. Ocupa un puesto donde le toca esta parte horrible, el punto de contacto con los que sí saben cuáles son los objetivos de esta gestión que no para con sus provocaciones. Los que detentan el poder como si fuera un traje caro que se compra con su plata.

Me fui de vacaciones, sí.  Después de la muerte de mi padre y la pérdida de mi trabajo – ocurrieron casi sin intervalos entre sí-, sólo podía seguir el plan de rescate emocional y espiritual trazado con familia y amigos, al mismo paraíso secreto donde veraneamos hace años.

Cuando volvía, diez compañeros más fueron despedidos brutalmente. Algunos habían ido durante días a laburar sin saber que ya los habían echado. Hoy somos 14 los que nos quedamos sin trabajo (contando la renuncia del director). Con una editora muy valiosa “devuelta” en enero a la dependencia que había habilitado su pase. Es decir, quince personas menos. Pocos pidieron la reincorporación, los banco y espero puedan lograrlo. Imagino que para quienes continúan la situación es durísima. Aunque no tengo más que unas clases en la facultad, desde que me echaron aclaré no quería la reincorporación. Lo que me desvelaba era el sentido de la tarea. Lo que hubiera querido evitar es el desmantelamiento de la agencia, que se lee en consonancia con el resto de los despidos en otras áreas del Estado, afectando a políticas de Verdad, Memoria y Justicia, pero también de cultura, género, salud, cárceles.

Cuando nos desalojaron de la dirección, no tenía demasiadas cosas que llevarme: todo lo que había hecho era colectivo y estaba online. Me pregunté ¿por cuánto tiempo más? Aquella tarde, mientras cargaba por los pasillos de Tandanor un par de bolsas con papeles, el mate y el termo, pensé que sentía orgullo de esos tres años de agencia. Hundirla les llevó un día. Borrar la mayor parte de su archivo, unas semanas más.

El miércoles pasado, cuando empezó a correr la voz del borrado de notas de Infojus Noticias, comprobamos que lo estaban haciendo selectivamente y en tiempo real.  El archivo tenía más de 20 mil notas. Hoy sólo están accesibles menos del 10%. “No sólo nos preocupa la pérdida de nuestro trabajo de tres años, sino que muchas de las notas tenían un fuerte valor testimonial, documental e histórico” dice el comunicado de los trabajadores de la agencia.

Pedimos que todos los archivos vuelvan a estar disponibles en la agencia. Seguimos esperando una respuesta. Llegaron la solidaridad, el reconocimiento y el apoyo de colegas, lectores y referentes. “No se puede borrar la historia, es como querer borrar la memoria” dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, a Radio 10. Graciana Peñafort, en una nota en Cosecha Roja, explicó: “Cuando decidís borrar notas que han sido producidas por el Estado, es como quemarlas. No es ordenar tu escritorio, es destruir un patrimonio documental que pertenece a todos”. Peñafort dijo que se trata de una afectación grave del patrimonio documental. De comprobarse que las notas se borraron definitivamente, hay delito. Además de que eliminar estos archivos afecta el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública, también implica un incumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica.

Cuando empezamos a hacer un registro de las notas borradas, repasé algunos de los momentos más intensos y desafiantes. Imposible nombrar todos. El operativo obsesivo de buena parte de la redacción para localizar la tumba de Videla. Cómo nos temblaron las manos cuando dimos la primicia de que estaba enterrado en Pilar. La emoción de haber contado sentencias históricas en juicios por delitos de lesa en todo el país, pero también las historias de las víctimas. Algunas hablaban por primera vez, y en ese gesto el relato se convertía en memoria histórica.

Las restituciones de los nietos. El momento en que un fotógrafo captó el papelito donde Etchecolatz  escribió “Julio López”. La cobertura persistente de juicios y memorias de violencia institucional (Masacre de Carcova, Luciano Arruga, Julio López). La represión en el Borda. Los juicios a los que no iba casi ningún medio masivo, como el del crimen de Cristian Ferreyra en Santiago del Estero. El proceso por encubrimiento del atentado a la AMIA y de la represión 2001. Las notas sobre trata de personas, diversidades, nuevos derechos. La muerte violenta de Diana Sacayán. Las historias de los bomberos que murieron en el incendio de Iron Mountain, y las revelaciones sobre una red de complicidades. Conflictos como el de la imprenta Donnelley, la planta recuperada por los obreros. El juicio por el crimen de las turistas francesas en Salta, contado en la exquisita pluma de Ana Fornaro. Su cobertura desde Nueva York sobre la negociación con los fondos buitre, poniéndole ojos de cronista a los temás más ásperos.

Ese era nuestro trabajo: contar que detrás de los expedientes hay personas, detrás de las personas, historias y tramas complejas. Servir de insumo a los medios con las noticias judiciales, tanta veces encriptadas en el lenguaje para entendidos. Visibilizar las voces de las víctimas. Porque fuimos parte de una política de Estado de acceso a la justicia.

Algunos artículos hacían saltar los servidores y la adrenalina de la investigación periodística, como pasó con la restitución de la identidad de Ignacio Montoya Carlotto, a la que tampoco se pueda acceder. Otros cobraban vida a partir de un dato simple: la muerte de una médica del SAME, la “leona de ambo verde”, una de las más leídas. Y estaban esas que cuesta cubrir y leer, como la muerte de dos hermanitos en el taller clandestino de Flores, que Juan, un redactor, investigó obsesivamente.

¿Cómo contar la singularidad de cada historia, de cada proceso, de cada centro clandestino de detención, y dar cuenta al mismo tiempo de las tensiones en la que se inscribe la trama colectiva? ¿Cómo visibilizamos la compleja trama del lavado de dinero en Nordelta? ¿Y la complicidad económica con la dictadura? ¿Cómo hacemos para narrar que cada juicio a María Julia es diferente? Eran algunas de las preguntas que intentamos responder en esos tres años. Algunas de las respuestas están -estaban- en fotos, ilustraciones, videos y tuits que configuraron una identidad periodística. Cada temática era también un desafío doble: ¿cómo narrar desde el mismo Estado el atentado a la AMIA, las problemáticas de género, de violencia institucional y de discriminación? A las organizaciones y personas que activan las cuestiones que abordamos les debemos enorme agradecimiento por ayudarnos y más por desasnarnos.

Supimos tener colaboradores rápidos y agudos. Redactores y productores que llegaban de una entrevista y preguntaban qué se hace con ese dolor, como si tuviéramos algún conjuro. Quedan los aprendizajes y las batallas. Haber intentado eliminar para siempre el uso del potencial. Luchas por la construcción de una oración, por el uso de una palabra. Hicimos unos especiales por los que valió la pena laburar 20 horas seguidas, como en el caso de AMIA, que aún sigue online. Le pusimos todo lo que pudimos. En mi caso, no fue difícil: fue uno de los trabajos más hermosos que tuve. Me siento muy agradecida. Más allá de la exigencia que significó en mi vida personal: los malabares con mi hijo, mi esposo, mi madre y mi suegra todas esas veces que pasó “algo” y bancaron.

Los aciertos fueron colectivos, las equivocaciones también. Hubo errores, sí. Y fue de lo que más aprendimos. Con el más grave, pasamos noches sin dormir. Repasamos una y otra vez los procedimientos, dolidos y avergonzados. Al entonces director, Cristian Alarcón, le pidieron la lista de los compañeros involucrados en subir esa noticia. Se negó a darlos. Pagó el costo con su nombre, que a algunos medios les encanta ensuciar, y con su desplazamiento. Nos equivocamos, sí. Apenas lo supimos, pedimos disculpas y nos rectificamos. Esa es la diferencia entre el periodismo y la operación.

Hicimos un proyecto periodístico de calidad. No nos despidieron por nuestra capacidad ¿Por qué nos despidieron? ¿Por qué bajaron la mayor parte del archivo? ¿Por qué el ministro Garavano no pudo dar una respuesta consistente? Dijo al Buenos Aires Herald: “Algunos artículos pueden no estar disponibles, pero no fueron borrados” y anticipó que la agencia sufrirá cambios radicales: “no queremos una agencia de activistas”.  ¿Por qué quienes tantas veces se erigen en paladines de la retórica de la libertad de expresión siguen sin hablar de esto y publicaron notas que pretendieron ensuciarnos con datos falsos, quizás “preparando el terreno”?

Como decía Ryszard Kapuscinski , “para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, o una buena mujer: buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias”. Ya lo dijo el maestro en el libro donde está esa cita: los cínicos no sirven para este oficio.

Hace unos días fui a notificarme del despido. Mientras esperábamos junto a Cristian, delante nuestro había tres jóvenes de mamelucos viejos y con restos de pintura, derrumbados sobre los asientos. Eran empleados de mantenimiento, esperábamos lo mismo: que el guardia nos hiciera pasar a una ventanilla a firmar los despidos. Una señora de más de 50 que acababa de firmar el suyo salió caminando despacito y se secó las lágrimas en silencio. Volvió a largarse a llorar cuando nos contó que trabajaba en limpieza y se había enterado ese día. Por otra puerta, al mismo lugar, llegaban los nuevos: jóvenes de camisa y pantalón, que, así como nosotros hace tres años, ese día firmaban su incorporación. Transferencia de recursos. Pensé en la promesa de terminar con la pobreza y en los grandes planes de acceso a la justicia. En la cucaracha en el mate y en el cinismo.

Agustín Lecchi, delegado de TV Pública y secretario de Organización de SiPreBA, habló en FM De la Calle sobre los despidos sufridos por periodistas de distintos medios.

El caso más resonante es el que involucra a cerca de 800 trabajadorxs del Grupo 23. “Los están desmembrando, la primera venta fueron Radio América y Tiempo Argentino al Grupo M de Luxe que es de Martínez Rojas, empresario que  jamás tuvo algo que ver con los medios”.

“Hay compañeros que no cobran los sueldos desde hace más de tres meses, ni aguinaldos ni nada, pasaron las fiestas y el verano en esta situación que ya es un contexto de hambre”.

Los conflictos con el gremio de prensa se agudizaron en los últimos tiempos, “se han sumado varios sectores vendidos y algunos de los empresarios que adquieren medios son de procedencia desconocida para nosotros”.

El delegado de TV Pública se refirió a la posición de Sergio Szpolski: “Sabemos que recibió 40 millones de pesos de pauta oficial de este gobierno nacional, como tiempo atrás del kirchnerismo y también del gobierno metropolitano le dieron, y sumado a esto obtuvo pauta privada. (Sin embargo) este tema lo usan de excusa para echar gente”, sentenció.

Con respecto a la precarización laboral de lxs trabajadorxs de prensa, el secretario de Organización comentó el descrédito que tienen los empresarios de medios. “Ellos no cumplieron absolutamente nada de lo que prometieron. Nosotros planteamos que el Estado le saque la pauta oficial a estos empresarios  para solucionar la situación de los trabajadores, pero lo único que recibimos es un silencio cómplice”.

El saldo positivo fue la reunión con el ministro de Medios Públicos, Hernán Lombardi. “Logramos hacer una mesa con las diferentes federaciones y pudimos resolver las situaciones de conflicto que había en Radio Nacional. Las charlas con Lombardi fueron buenas”. “Por ahora no hay despidos de trabajadores de Canal 7 ni hay en vista tocar nada que esté relacionado a la fuente laboral ni a las condiciones de trabajo, solo hubo renovaciones lógicas que suceden cuando cambia la administración”.

Con respecto a la vida gremial, Lecchi manifestó que “teníamos armada una agenda más organizativa, tenemos elecciones en breve y no podemos desatender la situación; pero el conflicto nos llevó a la calle”.

Texto: Diego García.

La Comisión Directiva Departamental de Bahía Blanca informó que el día viernes 12 de febrero desde las 8 de la mañana se llevará a cabo una Asamblea informativa en el Hall del Palacio de Tribunales (Estomba 34).

Por su parte, a nivel provincial “como respuesta al incumplimiento del compromiso asumido por la gobernadora Vidal durante la reunión mantenida el pasado 23 de diciembre, la AJB declaró el estado de alerta y movilización y convocó a los judiciales a debatir en asambleas la respuesta gremial en caso de mantenerse esta situación”.

Según la organización gremial, “el gobierno provincial asumió el compromiso de iniciar las mesas técnicas con todos los sectores de estatales en el mes de enero, para dar inicio a las negociaciones paritarias durante febrero”.

El 26 de enero, la entidad gremial presentó una nota al Ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, solicitando al gobierno el urgente llamado a mesas técnicas.

El mandato paritario

El Congreso de la AJB, realizado en La Matanza el 18 de diciembre pasado resolvió, a partir de los mandatos de las asambleas departamentales realizadas días antes, reclamar en la negociación paritaria los siguientes puntos:

– Aumento salarial, entre un 45 y un 50%.

– Sanción de la ley de paritarias y de la ley que restituye el 3% de antigüedad.

– Bloqueo de título para los peritos.

– Pase a planta permanente de contratados, pasantes y tercerizados de limpieza.

– Incremento al 40% de la Bonificación Especial y Compensación Funcional.

– Transformación automática de Auxiliar 3º a 1º al año de antigüedad.

– Sanción de la ley de licencia por violencia de género.

– Universalización del cargo de Jefe de Despacho.