Titularidad del derecho a huelga

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El jueves pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación debatió sobre la titularidad del derecho de huelga. Fue en el contexto de una audiencia pública para discutir en torno del expediente del caso Orellano vs Correo. La jornada fue presidida por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. A su vez, participaron como “amicus curiae” (amigos del Tribunal) el director del Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Ricardo Cornaglia; el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Julio Fuentes; el secretario general de la CTA-Autónoma, Pablo Micheli; uno de los representantes legales de la CTA-De los trabajadores, Alejandro Ferrara; el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, León Piasek y la representante de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Liliana Constante.

“La Corte lo que está por decidir, habría que ver cuándo, es un expediente donde tiene que resolver si el derecho de huelga está en cabeza de los trabajadores en sí como colectivo o si solamente está previsto que la huelga sea convocada los sindicatos como organización jurídica colectiva de los trabajadores” dijo a FM De la Calle el abogado y miembro del Taller de Estudios Laborales, Guillermo Pérez Crespo.

“Es un tema bastante complejo de consecuencias que pueden llegar a ser muy importantes para los trabajadores y donde lamentablemente gran parte del movimiento sindical ha estado ausente, ha mirado para otro lado”, advirtió.

Si bien el debate se llamó por el caso mencionado, “la Corte tiene cuatro expedientes similares por despidos por una huelga en el Correo (Argentino). Tres los tiene por recurso extraordinario con respecto a sentencias que han sido favorables a los trabajadores. Y un cuarto expedientes es de la Sala 4 y el fallo sostuvo la ilegalidad de la huelga por no haber sido convocada por el sindicato. La Corte cuando resuelva, si bien convocó a uno, va a resolver para los cuatro”.

Detrás del expediente

“El tema tiene un trasfondo político de intereses muy fuertes. La Constitución Nacional en el artículo 14 bis habla del derecho de huelga en cabeza de los gremios pero en el sentido tradicional y antiguo de la palabra gremio como trabajadores de un mismo oficio, no como sindicatos. Es más, en las actas constituyentes del año 57 están las discusiones alrededor del tema, y varios de los convencionales, entre ellos Bravo, Alfredo Palacios, explican que ellos ponen la titularidad del derecho de huelga en cabeza de los gremios para dejar expresamente sentado que no está en cabeza de los sindicatos. Ellos hacen la diferenciación”, explicó el abogado.

Sin embargo, “como la palabra gremio se presta a distintas interpretaciones, no pasó mucho tiempo cuando empezaron a aparecer algunos jueces que, con cierta picardía, identificaron gremios con sindicatos y decidieron desconocer el derecho de huelga a los trabajadores. Es un tema que se viene discutiendo hace muchísimo tiempo”.

En este sentido, la jurisprudencia no es homogénea y existen diferentes posiciones. “La Corte de la Nación en sus distintas integraciones tuvo posiciones ambiguas y vacilantes. En algunos momentos se les reconoció a los trabajadores y en algún otro momento, sobre todo en tiempos de dictadura, se les reconoció a los sindicatos”.

Los datos

Uno de los argumentos centrales de quienes defienden a los sindicatos burocráticos que ahogan la participación de las bases es que Argentina cuenta, comparativamente, con un número importante de delegados por empresa en relación a otros países de América Latina. Si bien es cierto que en países como Chile o Brasil las comisiones internas son impensadas, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo “el total de empresas con delegados es sólo de un 12%”.

En este sentido, Pérez Crespo sostuvo que “según el Ministerio de Trabajo en su último estudio, en Capital Federal, Gran Buenos Aires y las principales ciudades del país, en establecimientos de más de 20 trabajadores, apenas si llega al 30 % la cantidad de trabajadores afiliados en el país. Si tomamos a todos los establecimientos, si tomamos los trabajadores en negro y en blanco en todo el país, es probable que no lleguen al 20 %. Decidir que el derecho de huelga esté en cabeza de los sindicatos significa excluir del ejercicio del derecho de huelga a casi el 80 % de los trabajadores en nuestro país”.

En otras palabras, “más del 70 % de las huelgas que se hacen en realizan en nuestro país de hace muchos años son convocadas por trabajadores en forma colectiva espontanea o por comisiones gremiales o por seccionales que no son propiamente sindicatos. Con lo cual eso significaría ilegalizar a la inmensa mayoría de las huelgas. ¿De qué estamos hablando? Estamos discutiendo si el 70 % de las huelgas en este país son ilegales”.

La Corte

Consultado acerca de la orientación política que puede inferirse a raíz de la conformación actual de la actual Corte respecto del tema, el abogado del TEL digo que tiene mucha preocupación “por dos motivos. El primero es que no es un momento de avance de los trabajadores en esta etapa. Desde hace un tiempo a esta parte ha habido un cierto retroceso y hay una ofensiva empresaria importante. Y porque la Corte ha perdido a dos de sus principales doctrinarios cercanos a los intereses de los trabajadores como eran (Enrique) Petracchi que falleció y (Eugenio) Zaffaroni que se jubiló. Ha quedado una mayoría distinta en la Corte”.

“Por otro lado, llamó mucho la atención que el expediente que eligió la Corte para discutir esto es un expediente que por características muy particulares y muy difíciles de explicar es de los peores supuestos para discutir la titularidad del derecho de huelga. Es uno de los expedientes que más le conviene discutir a la parte empleadora”, explicó.

De esta forma, “el expediente elegido por la Corte fue un toque de alarma. Ni si quiera necesitaba la Corte haber convocado en este expediente a esta discusión porque en realidad lo que hay en este expediente son despidos discriminatorios no por huelga sino por asamblea. Con lo cual hay una mezcla muy rara que ha llamado a preocupación a varios de los organismos”.

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“Las denuncias encuadrarían en delitos de lesa humanidad”

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La presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, dijo esta mañana por FM De la Calle que las denuncias contra Néstor Luis Montezanti “cuanto menos encuadrarían en delitos de lesa humanidad” y no corresponden con “los valores democráticos y de defensa de los derechos humanos que debiera tener un juez de la Nación”.

El órgano judicial resolvió ayer suspender preventivamente al titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca e iniciar un proceso de remoción conformando un jury de enjuiciamiento. En un lapso de 180 días, los consejeros Héctor Recalde y Miguel Piedecasas deberán fundamentar la acusación y el jurado decidir si existió o no mal desempeño en sus funciones.

Al camarista se le reprocha su vinculación con la Alianza Anticomunista Argentina, haber pertenecido como personal civil al Destacamento de Inteligencia 181 durante el terrorismo de Estado, promover la pena de muerte y reiteradas denuncias de autoritarismo y violencia laboral contra trabajadorxs judiciales.

Además del proceso aprobado en las últimas horas, Montezanti afronta una imputación en la causa penal que investiga 22 homicidios cometidos por la Triple A y un juicio académico en la Universidad del Sur que motivó su suspensión como docente del Departamento de Derecho.La dra. Gabriela Vázquez destacó el acuerdo alcanzado en el plenario por las representaciones del Poder Ejecutivo, el oficialismo y la oposición del Congreso, y de las matrículas de abogadxs de las provincias y la Capital y lamentó que sus colegas jueces, Leonidas Moldes y Luis Cabral, “no hayan acompañado porque este es un tema muy grave”.

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“Más allá de las calificaciones del derecho penal internacional de las conductas que se le atribuyen al dr. Néstor Montezanti, las conductas son graves y cuanto menos encuadrarían en delitos de lesa humanidad, lo cual hace todo imprescriptible y por eso ha sido llamado a indagatoria por el juez federal subrogante Alejo Ramos Padilla por la presunta participación en delitos como parte de la Triple A y demás.

“Lo grave que significa que un juez de la Nación argentina presuntamente haya participado como servicio secreto o como servicio de inteligencia en la época de la dictadura cívico militar. Eso es muy grave y no responde a los valores democráticos y de defensa de los derechos humanos que debiera tener un juez”, opinó la magistrada.

Respecto a las denuncias del gremio de judiciales sostuvo que “como jueza de la Cámara Nacional del Trabajo me parecen muy graves los hechos que se le imputan y que están en cierto modo acreditados, que es la violencia laboral que se ejerce que ha llegado hasta violencia física a través de rapapolvos, que son como golpes en el cuello, y también ha tenido conductas propias de personal castrense o civil de inteligencia que es mandar informantes a las distintas dependencias, lo cual es inadmisible en cualquier ámbito laboral y mucho menos en el de la justicia”.

Vázquez mencionó la existencia de cuestionamientos vinculados a la “desarticulación” de la Secretaría de Derechos Humanos de la Cámara Federal y consideró que hay “todo un conjunto de elementos indicativo de que no se trata de un magistrado comprometido con los valores democráticos y con la defensa de los derechos humanos”.

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Al ser consultada sobre los fueros del suspendido que lo cubrieron de la detención en la causa Triple A y ampararon sus faltazos a tres citaciones a indagatoria, la magistrada afirmó que “el juez Ramos Padilla remitió un pedido de desafuero a los efectos de ejercitar las facultades jurisdiccionales. El dr. Montezanti está suspendido, con lo cual en principio no tendría las inmunidades”.

Igualmente, la presidenta del Consejo subrayó que Montezanti “tiene que ir a declarar, por más que sea juez no puede no ir a declarar cuando lo cita otro juez. La renuencia a ir a la citación ha sido objeto de una nueva denuncia”.

Una de las opciones que tendrá el ex titular de la Cámara Federal es presentar su renuncia. En ese caso correspondería a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, aceptarla o rechazarla. “Si no la acepta el proceso sigue. Si la acepta, el jury ya no puede continuar porque si el juez ya no es juez no se lo puede remover, el objetivo de un jury es la remoción o la absolución, la continuidad”.

En cuanto al futuro de la Cámara Federal local, Vázquez destacó que de cinco miembros solo estaban designados Pablo Candisano Mera y el ahora suspendido Montezanti. El jubilado Ricardo Planes fue convocado pero está con licencia por problemas de salud. “Hay que integrarla con jueces subrogantes hasta tanto termine el concurso que hoy se vence el plazo para la inscripción y pienso que en el Consejo no va a durar más de seis meses”.

La Comisión de Selección, “a fin de resolver dicha situación anómala y de garantizar la eficaz administración del servicio de justicia”, aconsejó al Plenario la designación como magistrados subrogantes de la Alzada bahiense de los camaristas Alberto Agustín Lugones (San Martín), Alejandro Aníbal Segura (San Justo), Roberto Agustín Lemos Arias (La Plata) y Jorge Ferro (Mar del Plata).

“La minoría proponía que se designaran en la Cámara a jueces del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, al dr. (Leopoldo) Velázquez, al dr. (José) Triputti, que en realidad es del Tribunal Oral de Santa Rosa pero ocurre que eso es muy inconveniente porque cuando uno designa como subrogantes a jueces de tribunal oral que están interviniendo en la misma jurisdicción, luego cuando actúan como jueces de Cámara adelantan opinión y no pueden intervenir en el juicio oral. Lo más conveniente es convocar a jueces que tienen acuerdo del Senado que sean camaristas”, explicó Vázquez.

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Montezanti suspendido y a juicio político

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El plenario del Consejo de la Magistratura suspendió y envió a juicio político al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti. Está acusado de haber pertenecido a la Triple A y de haberse desempeñado como agente de inteligencia durante la última dictadura. Los únicos que votaron en contra de la resolución fueron los jueces Leonidas Moldes y Luis Cabral. El abogado Miguel Piedecasas y el diputado Héctor Recalde oficiarán de acusadores en el juicio.

Al plenario llegó un dictamen de 88 páginas que proponía el inicio del jury por “mal desempeño en sus funciones” y que fue impulsado por el Secretario de Justicia, Julián Álvarez, y aprobado por la Comisión de Disciplina y Acusación la semana pasada. El dictamen, que también propone suspenderlo al magistrado en sus actividades hasta que se realice el juicio, le endilga “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los Derechos Humanos”.

Además de una “falta de idoneidad moral y de vocación democrática” y el hecho de “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes” e incluso con los consejeros.

La acusación por mal desempeño de sus funciones fueron expuestas por el presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, Daniel Candis, por considerar que el ahora acusado ha desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos, y que evidencian la falta de idoneidad moral y de vocación democrática, ambas condiciones indispensables para el desempeño de su cargo de magistrado del Poder Judicial de la Nación y por haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes, e incluso respecto a consejerxs del cuerpo.

El consejero Héctor Recalde sostuvo que “fueron muchos los trabajadores que sufrieron la persecución en Bahía Blanca” y por ellos es necesario “conocer la verdad y que se haga justicia”, conceptos que con distintas expresiones fueron compartidos por la mayoría de los consejeros presentes. Por su parte, Leónidas Moldes expresó su opinión desfavorable, la cual contó con la adhesión de Luis María Cabral.

Se encontraban presentes en el Salón del Plenario integrantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), y de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), quienes celebraron el temperamento adoptado.

En Bahía Blanca, Montezanti enfrenta investigaciones por delitos de lesa humanidad y la semana pasada el juez federal subrogante de Bahía Blanca, Alejo Ramos padilla lo declaró en rebeldía después que el ex agente de Inteligencia del Ejército no se presentara a dar declaración indagatoria por tercera vez.

Fuente: Consejo de la Magistratura e Infojus..

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“Nos va mantener la autonomía de las patronales y del gobierno”

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Mañana y pasado las asociaciones de base de la CONADU HISTÓRICA elegirán a lxs congresales que participarán el 18 de septiembre en las elecciones para renovar la Mesa Ejecutiva y la Comisión Revisora de Cuentas de la federación universitaria. En Bahía Blanca, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur distribuyó cinco mesas en la UNS y sus Escuelas Medias.

La organización nacional informó este martes que “tras el intento de impugnación que realizará la Lista 1 en el marco de las elecciones de CONADU Histórica, el Ministerio de Trabajo desestimó el pedido y ratificó lo dispuesto por la Junta Electoral de la Federación. De esta manera se reafirmó la autonomía sindical como una de las dimensiones fundamentales en las que se expresa el aspecto colectivo de la Libertad Sindical”.

La Lista Nº1, Frente de Trabajadores Docentes “1ro. de Julio”, tiene como referentes de ADUNS a Sergio Zaninelli como candidato a secretario adjunto y Liliana Granero candidata a secretaria de Niveles Preuniversitarios suplente. En tanto, la Lista 4 “Unidad de los Trabajadores Docentes de las UUNN” propone como referentes bahienses a Juan Cappa, candidato a secretario de Relaciones Internacionales suplente, y Eugenia Fermento quien competirá como tercera Revisora de Cuentas titular.

La actual secretaria adjunta y candidata a ocupar la Secretaría Gremial por la Lista 4, Claudia Baigorria, visitó Bahía Blanca días atrás y dijo en los estudios de la FM De la Calle que la “propuesta es totalmente pluralista, se trata de una ratificación, una reivindicación de lo que es la historia de lucha que ha caracterizado a nuestra Federación. Una Federación que tiene su complejidad, que no es ni apéndice de ningún aparato estatal ni de ningún aparato rectoral de ninguna universidad”.

“Hemos elegido el debate y la asamblea como método cotidiano para la definición de nuestros posicionamientos y después ser consecuentes con ellos y si las asambleas de pronto nos mandatan con algún tipo de medida de fuerza las hemos impulsado, nunca de arriba para abajo, siempre esto ha sido absolutamente de abajo hacia arriba, las últimas medidas de fuerza que hemos hecho este año, el paro de una semana, fue precisamente a propuesta de la asamblea de ADUNS”, afirmó junto al dirigente local Dante Patrignani.

Baigorria agregó que “lo que tenemos son matices o miradas, me cuesta hablar de oposición porque en nuestra Federación tenemos mayorías y minorías, como decía Perón ‘el que gana gobierna y el que pierde acompaña’, de eso se trata. Hay que pasar la elección simplemente, no nos va la vida, nos va sí el fortalecimiento de nuestra Federación, sí nos va el tema de mantener la autonomía de las patronales y del gobierno nacional o de los rectores, sí nos va el saber y ser conscientes de que hay una embestida muy fuerte por parte del gobierno nacional que no es ajena a nadie”.

“Ya lo padecimos con la fractura de la CTA donde hubo una directa intervención del oficialismo nacional por querer cooptar esta central obrera, no pudiéndolo hacer lo que hizo fue dividirla. No es novedoso, no es que ‘uy que malos que son los kirchneristas’, lo intentaron todos los gobiernos”, concluyó.

Escuchá la entrevista completa y conocé los temas prioritarios para la Lista 4:

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Elecciones en ATE en medio de fuertes disputas internas

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(Notas.org) Desde las seis de la mañana y hasta las 20, en todo el país se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) durante el período 2015-2019. Más de 250 mil afiliados están habilitados para votar y lo harán en 2880 urnas distribuidas a lo largo y ancho de la Argentina. Delegados internacionales, que representan a distintas centrales sindicales de América Latina, el Caribe y Europa, actuarán como observadores de todo el proceso.

Esta elección es crucial en muchos aspectos. Para empezar se trata de un sindicato histórico – fue fundado en 1925 y tiene la personería gremial número dos – y de una magnitud en términos de afiliación que vuelve al proceso electoral un hecho relevante en sí mismo, sea cual sea el desenlace. Por otra parte, el elemento distintivo en esta ocasión pasa por una ruptura al interior de ANUSATE, la agrupación que viene hegemonizando la vida de ATE desde la recuperación democrática en 1984.

Las diferencias públicas entre Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma, y Víctor De Gennaro, referente histórico del gremio y reciente pre-candidato presidencial por el Frente Popular (que no superó las PASO) son lo que más ha resaltado mediáticamente en este escenario que se ha configurado en el plano nacional.

A su vez, el cambio de etapa que se avecina en el país tras 12 años de kirchnerismo es un dato no menor para un sector de trabajadores y trabajadoras que ha crecido sustancialmente en esta larga década, pero que también ha estado expuesto a altos niveles de precarización laboral y a salarios que, en la foto actual, no recuperan lo perdido tras la gran crisis de principios de siglo.

En 1984, con el retorno de la democracia, los sindicatos retomaron su vida activa y ATE, que durante la dictadura se mantuvo en manos de Juan Horvath, un colaboracionista del régimen, no fue la excepción. ANUSATE (Agrupación Nacional de Unidad y Solidaridad de ATE), que se forjó en esos tiempos de oscuridad, se impuso en los comicios de ese año y lo siguió haciendo, siempre con la vinculación al color verde, hasta la fecha.

En aquella oportunidad Víctor De Gennaro fue electo secretario general del Consejo Directivo Nacional y Germán Abdala del Consejo Directivo Provincial. Tiempo después, serían dos de los principales impulsores (y ATE en su conjunto) de la fundación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en 1991. Esa fue una de las páginas más importantes en las que inscribió su sello ATE, un sindicato reconocido por su nivel de democracia y pluralidad y que sobre todo durante la década del 90 tuvo un rol destacado en las luchas contra la privatización en diferentes esferas del ámbito público.

Los datos de la última elección continuaron con la tendencia de los 25 años precedentes y marcaron un triunfo abrumador de la Lista Verde, que obtuvo el 90% en todo el país. El panorama de la elección de este miércoles dista mucho de esa contundencia.

Hugo “Cachorro” Godoy (Provincia de Buenos Aires) y Julio Fuentes (Neuquén) enrocan sus actuales cargos (adjunto y general) y se presentan por la lista Verde ANUSATE, con el aval de la figura de Víctor De Gennaro. Nando Acosta, secretario general de ATE-Jujuy y Miguel Pelandino, con el mismo cargo pero en Entre Ríos, se referencian en la Lista Verde y Blanca y expresan un armado que es afín al kirchnerismo, a pesar del buen vínculo entre Acosta y Pablo Micheli, y cuyo impulso está dado por el actual diputado nacional Edgardo Depetri, que se presenta como vocal.

Las otras tres listas que se presentan son La Bermellón, encabezada por Raquel Blas (secretaria general de Mendoza) y donde se nuclean diferentes expresiones de la izquierda tradicional e independiente; la Naranja-Lila y la Gris, también con identidades a la izquierda.

Hasta el momento el favoritismo parece estar del lado de Godoy, aunque se vislumbra una elección pareja y muy disputada en varias seccionales. Lo que ha cruzado la previa son variadas denuncias de irregularidades, principalmente vinculadas a la confección de los padrones, que han sido desestimadas por el juzgado laboral número 3.

Además de la disputa nacional, se renovarán los 23 Consejos Directivos Provinciales, el Consejo Directivo de la Capital, las 152 Seccionales, el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados, los 22 Centros de Jubilados y Pensionados provinciales y los 41 Centros de Jubilados y Pensionados locales. Asimismo, cada provincia elegirá Congresales Nacionales y Provinciales de acuerdo a su número de afiliados.

De todo lo antedicho, que implica nada más ni nada menos que 6315 cargos electivos, resalta la disputa del Consejo Directivo de Capital, aún más feroz que la Nacional. Allí La Verde va dividida en tres listas.

Una de ellas la encabeza el actual secretario general José Luis Matassa y se presenta con boleta corta, sin anclaje nacional pero con el apoyo decidido de Pablo Micheli. En tanto Rubén Mosquera, actual paritario de ATE, y Rodolfo Arrechea (ex secretario adjunto de ATE Capital) van con el sello de La Verde, Celeste y Blanca, que va pegado a Godoy. Finalmente, Daniel Catalano y Juan Manuel Sueiro representan a La Verde y Blanca, el armado kirchnerista en Capital, lógicamente vinculado a Nando Acosta. El posible resultado es incierto y desde varios sectores incluso hablan de “triple empate”. La Bermellón también tendrá expresión porteña con la candidatura de Mariano Skliar, de Promoción Social, como secretario general.

Para los y las estatales nucleados en ATE será un día más que importante. Para la lista ganadora, sea quien sea, todavía más. Tendrá la tarea de reconstruir un sindicato tan importante como debilitado en los últimos años, entre las diversas disputas internas que lo han erosionado. La condición actual de los trabajadores y trabajadoras del Estado y el escenario que se avecina amerita una herramienta gremial fuerte, con capacidad de conquistar avances y profundizar organización en cada sector de trabajo.

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ConaduH renueva autoridades

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La semana próxima las asociaciones de base de la CONADU HISTÓRICA elegirán a lxs congresales que participarán el 18 de septiembre en las elecciones para renovar la Mesa Ejecutiva y la Comisión Revisora de Cuentas de la federación universitaria. En Bahía Blanca, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur resolvió llevarlas a cabo los días miércoles 9 y jueves 10 en cinco mesas distribuidas entre la UNS y sus Escuelas Medias.

ConaduH llamó a la docencia universitaria y preuniversitaria a participar activamente “en aras de su fortalecimiento como verdadero espacio pluralista, democrático, antiburocrático y respetuoso de las soberanas decisiones del movimiento docente. Herramienta imprescindible – al igual que lo es la CTA para el conjunto de la clase trabajadora – para continuar la lucha por la recuperación de los derechos que nos resta conquistar y poner de pie a las UUNN, hoy entregadas a las políticas mercantilistas”.

Lxs afiliadxs podrán optar entre dos listas. La Nº1, Frente de Trabajadores Docentes “1ro. de Julio”, tiene como referentes de ADUNS a Sergio Zaninelli como candidato a secretario adjunto y Liliana Granero candidata a secretaria de Niveles Preuniversitarios suplente.

En tanto la Lista 4 “Unidad de los Trabajadores Docentes de las UUNN” propone como referentes bahienses a Juan Cappa, candidato a secretario de Relaciones Internacionales suplente, y Eugenia Fermento quien competirá como tercera Revisora de Cuentas titular.

Las Mesas de votación que estarán habilitadas en Bahía Blanca serán las siguientes:

MESA 1: EMUNS – 11 de Abril 445 -de 8 a 20- Votan docentes EMUNS (excepto EAyG) y totalidad jubiladxs EMUNS. Ver padrón aquí.

MESA 2: Escuela de Agricultura y Ganadería -de 8 a 18- Votan docentes EAyG. Ver padrón aquí.

MESA 3: Complejo Alem – Hall Central Alem 1253 -de 8 a 18- Votan docentes de los departamentos de: Biología, Bioq. y Farmacia, Ciencias de la Salud, Ciencias e Ingeniería de Computación, Física, Geología, Ingeniería, Ingeniería Eléctrica y de Computadoras, Ingeniería Química, Matemática y Química. Ver padrón aquí.

MESA 4: Edificio 12 de Octubre -de 10 a 20- Votan docentes de los departamentos de: Humanidades y Geografía. Ver padrón aquí.

MESA 5: Complejo Altos de Palihue -de 8 a 18- Votan docentes de los departamentos de: Agronomía, Economía, Ciencias de la Administración y Derecho. Ver padrón aquí.

El 18 de septiembre se elegirán los/as integrantes de la Mesa Ejecutiva (Secretaría General y Adjunta más 9 Secretarías Titulares y 9 Suplentes) y Comisión Revisora de Cuentas (3 Titulares y 3 Suplentes) de la Federación para el período 2015-2018. Esta será la tercera elección nacional desde la obtención de la Personería Gremial en el año 2008 y la quinta desde la fundación de la entidad.

Finalizado el acto, la Junta Electoral pondrá en posesión de sus cargos a la nueva conducción, asegurando la representación de las minorías mediante la distribución de los cargos de la Mesa Ejecutiva y la Comisión Revisora de Cuentas según el Sistema D’Hont. Las Secretarías General y Adjunta se adjudicarán a la Lista que haya obtenido más votos en el Congreso.

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Plenario por el edificio propio para el ISEF 86

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Alumnxs del Instituto de Formación Docente Nº86 continúan reclamando la construcción de un edificio propio para desarrollar las actividades que hoy se reparten en distintas sedes. Una de ellas, el Club Liniers donde se realizan prácticas de la carrera de profesorado de educación física, fue motivo de polémica meses atrás por atrasos en los pagos convenidos con la provincia.

Días atrás se realizó un plenario de comisiones en el Concejo Deliberante en el cual se informó que si bien existe un espacio asignado en D’Orbigny y 14 de Julio, en el lugar funciona una escuela de fútbol y el terreno se redujo sensiblemente en su capacidad. La búsqueda se centra en un área cercana al Parque de Mayo, o en el interior del mismo, ya que facilitaría el traslado de las y los estudiantes.

“Para delimitar la zona de Parque de Mayo el municipio extravió un expediente que tiene que ver con un pedazo cedido a la provincia para la construcción de la Secundaria 24 y teníamos un problema con la delimitación. Se coordinó una reunión para el viernes 11 a las diez de la mañana cuando, en teoría, ya desde la Muni nos podrían decir cuál sería el área que nos pueden destinar para construir”, dijo a FM De la Calle la presidenta del centro de estudiantes Lucía Mérida.

Una vez resuelto el conflicto dominial del terreno, el Concejo Deliberante podría disponer una partida del Fondo Educativo para comenzar la construcción del edificio.

Además del centro de estudiantes, de la reunión participaron concejalxs integrantes de las comisiones de Educación, Cultura y Acción Social; de Interpretación, Asuntos Legales, Derechos Humanos y Garantías; y de Obras Publicas Urbanización y Vivienda; el secretario de la Agencia Urbana, Alberto Carimati: la presidenta del Consejo Escolar, Liliana Aglietti y autoridades del I.S.F.D. N°86.

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Juicio Armada: Massot cara a cara con Heinrich y Loyola

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Las actas labradas por las autoridades de La Nueva Provincia para apretar a sus trabajadores durante el más duro conflicto sindical de su historia, fueron expuestas esta semana en el alegato de la Fiscalía sobre los casos de los secuestros y asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

El tribunal oral de Bahía Blanca juzga a más de veinte represores que actuaron durante el terrorismo de Estado bajo control operacional de la Base Naval Puerto Belgrano de la Armada Argentina. El alegato de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani se extenderá por dos audiencias más, el martes y el miércoles próximos, en Colón 80.

“Estas actas confeccionadas para entregárselas a la Inteligencia de la Prefectura y para perseguirlos de manera laboral y echarlos sin pagar la indemnización, paradójicamente hoy nos sirven como prueba en la reconstrucción precisa hasta del detalle horario de la historia”, afirmó Palazzani.

El representante del Ministerio Público aseguró que el contexto del caso de los obreros muestra los componentes militares del terrorismo de Estado y “atraviesa horizontalmente toda la traza de complicidad civil en Bahía Blanca. No solamente la complicidad empresarial sino también vamos a ver que los familiares peregrinaron por los tribunales provinciales, los federales y por altos estamentos de la Iglesia Católica”.

Aquellos secuestros, torturas y homicidios calificados tuvieron “su génesis en el conflicto gremial con la patronal del grupo empresario Massot-La Nueva Provincia”. Fueron precedidos “por un período de varios meses de persecución como correlato directo de la actividad gremial desarrollada y los conflictos laborales existentes desde 1973, entre los trabajadores sindicalizados y los propietarios y directivos de la empresa. Resulta acreditado por un sinnúmero de documentos la existencia del conflicto y las negociaciones entre los representantes sindicales y los miembros de la familia Massot”.

Entre la abundante documentación de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) se destacan dos fichas a nombre de Loyola y tres correspondientes a Heinrich, informes sobre su actividad en la comisión directiva del Sindicato de Artes Gráficas, pedidos de intervención al Ministerio de Trabajo, el señalamiento de los obreros desde el “núcleo duro” del clan Massot hacia las fuerzas armadas y los domicilios de los cuales luego iban a ser chupados.

La Fiscalía destacó que “los asesinatos no son producto de ningún espasmo de la fuerza de seguridad” y desarrolló la reconstrucción paralela entre la militancia gremial de los trabajadores, su registro en informes de inteligencia y el “hostigamiento permanente” de La Nueva Provincia desde sus editoriales.

Leé la nota completa en www.juiciobahiablanca.wordpress.com 

 

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Montezanti se defendió por escrito

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El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, rechazó ayer los cargos que le reprochan siete denuncias unificadas en un pedido de juicio político que analiza la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura.

Su vinculación con la Triple A, haber integrado los servicios de inteligencia del terrorismo de Estado como personal civil, la reivindicación de la pena de muerte y el maltrato a empleadxs judiciales son algunos de los motivos de las reiteradas quejas en su contra.

El primero de ellos le valió un llamado a indagatoria en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad de la banda parapolicial que deberá concretarse mañana a las 11 ante el juez Alejo Ramos Padilla. El segundo, fundamentó su suspensión preventiva como docente de la UNS y la realización de un juicio académico.

El camarista evitó la exposición y volcó su descargo en un extenso escrito. Calificó como “calumniosas” las imputaciones de una supuesta “brigada acusadora” y aseguró que “se da una triple identidad de persona, objeto y causa entre las aquí planteadas, tanto respecto de la supuesta pertenencia del firmante a la Triple A, como de su breve desempeño, treinta y cuatro años atrás, como ‘asesor universitario’ en calidad de personal civil de inteligencia”.

Para comenzar el juicio político se necesitan dos tercios del plenario del Consejo de la Magistratura. Aunque antes, el trámite deberá obtener el respaldo de la mayoría absoluta de la Comisión de Acusación y Disciplina presidida por el académico Jorge Candis e integrada por los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes, el representante del Poder Ejecutivo Julián Álvarez, Adriana Donato por lxs abogadxs de la matrícula federal y los senadores Ruberto Godoy y Ángel Rozas.

“Se ha demostrado, con el fallo judicial pertinente, que la infame acusación de pertenencia a la Triple A, ya ventilada en esta sede, fue objeto de sentencia judicial luego de exhaustiva investigación, con total rechazo. También se destacaron las insalvables contradicciones del testigo (Juan Pedro) Tunessi respecto de  un supuesto diploma de la organización ilícita, entre lo declarado en sede judicial y ante este organismo”, sostiene Montezanti.

Por su presunta participación en la Alianza Anticomunista Argentina y su complicidad en el plan criminal que se implementó entre 1976 y 1983 los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani pidieron su indagatoria, ordenada por el juez Ramos Padilla para este jueves a las 11. Tiempo atrás, la justicia correccional identificó al camarista junto a los matones del ex diputado nacional Rodolfo “Fito” Ponce que tomaron la UTN en 1974. Fue en el fallo de una querella que el ex PCI entabló contra el militante Alberto Rodríguez, quien lo denunció durante una sesión del Consejo Superior de la Universidad del Sur.

La semana pasada, el mismo órgano universitario aprobó por unanimidad la suspensión preventiva del docente del Departamento de Derecho hasta que culmine un juicio académico solicitado casi cuatro años atrás. “Clon de la acusación obtenido por la brigada acusadora de siempre, se ha señalado que está en curso sin haberse establecido siquiera tribunal, en sede distinta, sin que puedan influirse ambas causas, y se ha pedido prueba al respecto de los descargos, para equilibrar la expuesta en el texto en conteste”, rezongó su señoría.

Las doctrinas que propiciaba el abogado en sus escritos solían destacar el “altísimo valor moral y preventivo” de la pena de muerte como “un instrumento más de los muchos de que la sociedad dispone para neutralizar a la delincuencia” y que “la derogación formal de la pena capital introduce un proceso regresivo en la sociedad, tornando cobardes y pusilánimes a los magistrados”.

En su descargo manifiesta su supuesta evolución ideológica, paradójicamente proponiendo la muerte de la pena de muerte e invita al consejero y autor del dictamen, Julián Álvarez, a leer su “producción en los últimos 35 años y otros textos que ponen en su lugar esta peregrina acusación”.

¿Fobia antisindical?, se pregunta más adelante el juez y se responde que es una “palmaria falsedad” considerada en su mayor parte en una causa anterior “usada, ajada y abusada como todas las propuestas” en el dictamen que propone su enjuiciamiento y que configura una “ofensa al decoro”.

“Se ha señalado el tono y estilo de Gran Inquisidor ideológico que prevalece en el texto en conteste, que acusa al firmante hasta de ‘procacidad’, como solía ocurrir con los impíos sometidos al processus inquisiotionis, inadmisible en esta sede”, mencionó antes de pedir el rechazo “de plano” del juicio político.

Para “derrumbar el tinglado acusatorio” ofreció como testigos a las secretarias Previsional de la Cámara Federal, Marianela Abrieu, y penal del Juzgado Federal Nº2 Rosana Noemí Peti; a la jefa de despacho de la Cámara Federal Julieta Mateos; a la empleada pública provincial Magdalena Cizler y al jubilado Francisco Gastañaga.

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Elecciones en la AJB

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Mañana habrá elecciones en la Asociación Judicial Bonaerense. La Departamental de Bahía Blanca comprende desde Gonzales Chaves hasta Carmen de Patagones. El candidato a Secretario General por la Lista Azul n°5, Néstor ‘Chacho’ Alende, dijo a FM De la Calle que tienen “una gran expectativa. Hemos trabajado bastante en esta campaña. Hemos recorrido la mayor cantidad de dependencias, teniendo en cuenta que tenemos el tiempo acotado”.

La agrupación, que es oficialismo en la provincia y oposición en la ciudad, propone un “modelo de gremio que aspira a poder cubrir las necesidades en cuanto al respaldo a los compañeros en las situaciones de violencia laboral y de postergación. Vemos sobre todo en el Ministerio Público que hay muchísima presión. Tenemos que volver a las asambleas masivas donde se discutía, se resolvía y lográbamos los puntos que nos proponíamos. Queremos un gremio de puertas abiertas donde el afiliado se sienta perteneciente al gremio y por lo tanto que participe”.

Apuntado al personalismo en las conducciones sindicales, el trabajador judicial adelantó que “en la comisión directiva, si bien alguien tiene que encabezarla, vamos a trabajar en equipo. Decidiremos las cosas en base a los debates. Hemos conformado un equipo con gente que venimos trabajando hace muchos años, con otros nuevos. A su vez formar nuevos dirigentes para futuros mandatos”.

Otro aspecto señalado fue la situación edilicia en que desempeña sus tareas el sector que aspira a representar. “Hay oficinas donde se trabaja en condiciones de absoluto hacinamiento, rodeados de causas, a veces hasta cuesta caminar por entre ellas, y ojalá nunca caiga un fósforo prendido, porque será muy difícil la posibilidad de salir de algunas oficinas. Esto no es de ahora. Lleva muchos años y no se abordó el tema. Si ganamos nos vamos a encontrar con un motón de situaciones y esperamos que nos traigan. Va a costar mucho remontar porque hay situaciones que viene de muchísimo tiempo. Pero la cuestión es empezar”, finalizó Alende.

Foto: CTA Buenos Aires

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“Estamos pidiendo un plan sanitario”

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Pablo Curino, vicepresidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal, expresó en el programa En Eso Estamos de FM De la calle que el nosocomio está falto de camas e insumos. También se pronunció sobre la nueva legislación bonaerense que beneficia a lxs trabajadorxs del área en materia de jubilación.

Hace tiempo que el personal de salud, nucleado en la asociación, viene exigiendo la implementación de un servicio integral. “Más que nada a esta altura del año, que hay un aumento de las enfermedades efectocontagiosas. Las dos salas principales que tenemos están completas casi al 100% y eso genera que no se puedan descargar pacientes de terapia, por lo tanto, las cirugías no se pueden realizar y, en la guardia tampoco se pueden recibir nuevas emergencias”.

El presupuesto en salud es escaso y esto se asocia con el desgaste laboral. “En América Latina, es la profesión que más vinculada está con los divorcios, con las enfermedades mentales, inclusive con los suicidios. CICOP logró esta normativa después de mucho tiempo. Acá vamos viendo personas que ingresaron para asumir un cargo pero terminan pidiendo otro, es un trabajo desgastante, no podemos tener errores y termina siendo un trabajo particular”.

“Lo del desgaste laboral salió ahora. Empezamos una ronda de charlas con la Secretaría de Salud, y la comisión de salud del HCD. Esperamos una reunión con el intendente, pero aún no hemos tenido novedades. Proponemos que los municipios adhieran a la normativa provincial de la jubilación a los 50 años, con 25 años de servicio, en forma progresiva”, informò.

“Antes existía un régimen jubilatorio especial sólo para quienes se desempeñan en áreas consideradas insalubres, como los laboratorios de rayos o aquellos donde se trabaja con sustancias químicas. Al modificarse el concepto de base de “insalubridad” por el de desgaste profesional o agotamiento prematuro, se contextualizan todas las tareas sanitarias con las actuales condiciones de asistencia a la población”, explicó, por su parte, Comisión Directiva de la asociación a través un comunicado.

Durante las campañas publicitarias de las PASO, fue evidente que la salud no fue ocupó para la mayoría de las fuerzas políticas una problemática relevante. “Puede ser que el sistema se ve compensado por el esfuerzo de todo el personal del salud, que pone mucho de sus propio empeño. Pero hay que tener en cuenta que esto propicia el error”.

El gremio escribió un documento destacando la rápida aprobación que los miembros del HCD local realizaron sobre el Decreto Provincial 598/2015, que lleva la firma Daniel Scioli, y establece que los profesionales y trabajadorxs del sector público de salud, puedan jubilarse a los 50 años de edad si cuentan con 25 años de servicio. Al mismo tiempo, valorizó la incansable lucha de CICOP para dar este histórico paso, convirtiendo a la provincia de Buenos Aires en pionera a nivel nacional.

En el Hospital Municipal se están realizando dos obras en simultáneo, en el sector de consultorios externos y el proyecto de terapia y quirófano: “estas nuevas construcciones implicarían un aumento de camas y sería necesario que vaya acompañado de un aumento de personal”.

Con respecto a la batería de leyes que recientemente aprobó la legislatura de la provincia de Buenos Aires, Curino se posicionó sobre el artículo que garantiza la presencia de payamédicos en las instituciones de la salud públicas, afirmando que “el rol que realizan es admirable. Además, fueron adecuando la sala de pediatría para lxs niñxs. El error sería que falten pediatras y se contraten payamédicos”.

La legislación provincial recientemente aprobada obliga a los servicios de terapia pediátrica de los hospitales públicos a contar con especialistas en el arte del clown o payasos hospitalarios. Buscan contribuir a la salud emocional del paciente hospitalizado. La normativa establece que no deben trabajar ad honorem.

El boletín oficial también incluyó una modificación del sistema de licencias de la administración pública bonaerense para incorporar un día destinado a hacer exámenes ginecológicos. La norma incorpora a la ley 10.430 el siguiente artículo: “El personal femenino gozará de licencia un día al año con goce íntegro de haberes a efectos de facilitar su concurrencia a realizarse el examen de papanicolau y/o radiografía o ecografía mamaria, presentando certificado médico”.

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Denuncian que IOMA vulnera derechos laborales y de salud.

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Trabajadores y trabajadoras de la Agrupación de Acompañantes Terapéuticos de Buenos Aires (A.A.T.B.A.) movilizaron el pasado viernes 7 a la prestataria IOMA, para denunciar irregularidades con la aprobación de tratamientos a pacientes y el pago de sus remuneraciones.

Dulce Pallero, es integrante de la AATBA y ATE. En una entrevista para el programa ‘En eso Estamos’ de FM De la Calle expresó que este problema es histórico. “Lo que hace IOMA es demorarse entre 3 y 6 meses para aprobar los planes de acompañamiento terapéutico. Y una vez que se aprueba, a los acompañantes se nos demora el pago de los meses trabajados otro montón de meses. Hay compañeros que hace un año que no cobran”.

Desde principios de año no reciben respuestas desde el Instituyo Agrosocial. La medida de fuerza logró que dos directivos los recibieran y pudieron pautar una reunión para discutir una agenda de temas.

Los acompañantes terapéuticos trabajan en dispositivos interdisciplinarios de atención en salud. “En caso de niños, apuntamos a la integración escolar; en el caso de los adultos, trabajamos con quienes recibieron internaciones prolongadas y sufren de algún padecimiento mental. Se busca la reinserción en la comunidad con personas mayores que pueden tener Alzhéimer, patologías graves o algún tipo de demencia. Buscamos retrasar el deterioro, apuntalando la inserción de esa persona y a la posibilidad de garantizarle sus derechos”, especificó la trabajadora de la salud.

“Los psicólogos y psiquiatras son los profesionales de la salud que nos dan las indicaciones y nosotros lo que hacemos es desarrollar las tácticas., pensamos la salud como comunitaria, evitar las internaciones y que la persona tenga derechos”, amplió Dulce, haciendo alusión al paradigma de salud mental que los ampara.

Existen más de 1000 acompañamientos terapéuticos en la provincia de Buenos Aires y esta situación está repercutiendo desfavorablemente en la calidad de vida de lxs afiliadxs, al no contar con los tratamientos que necesitan o verlos interrumpidos.

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Triple A: Curzio y Pallero detenidos

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Dos nuevas detenciones se produjeron en el marco de la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por las bandas de la Triple A en Bahía Blanca. Esta vez fue el turno del militante justicialista Osvaldo Omar Pallero y el ex corredor de motos Juan Carlos Curzio. Por estas horas los reos son interrogados por el juez federal Alejo Ramos Padilla. Completan la lista de represores capturados en la misma causa: Héctor Ángel Forcelli, Héctor Oscar Chisu y Raúl Roberto Aceituno. En tanto, el presidente de la Cámara Federal, Néstor Luis Montezanti, será indagado el próximo 27.

Curzio fue señalado como integrante de la patota del ex diputado nacional del Frejuli Rodolfo “Fito” Ponce por ex trabajadores del rubro de la construcción que lo padecieron en el marco de las internas gremiales de la UOCRA a principios de los setenta. Luego fue contratado por la Universidad Nacional del Sur para reforzar la represión estudiantil bajo el mando del interventor Remus Tetu y el suboficial Jorge “Moncho” Argibay.

Pallero integró, a partir del 17 de marzo de 1975, la primera tanda de dicho “personal de vigilancia y seguridad” conformado, según afirmó el propio Tetu, por matones que habían enfrentado los “problemas subversivos” en la UTN y que se habían postulado “espontáneamente” para cumplir la misma tarea en la UNS.

Los organismos de inteligencia lo identificaron en la época de los hechos como miembro de la Junta Nacional de Granos y de la Juventud Sindical Peronista. Como tal fue parte de los grupos de choque que, a instancias de Ponce, tomaron la UTN en defensa del rector Emilio Garófoli.

Junto al fallecido Miguel Ángel Chisu, Pallero viajó a Santa Fe en 1975 con la misión de “detectar a posibles elementos de izquierda que actuaran dentro de la Comisión Directiva y resto del personal de la Junta Nacional de Granos”.

Los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia solicitaron en abril la investigación de un grupo de civiles acusados de conformar una asociación ilícita con el objetivo de llevar adelante la “erradicación y eliminación, mediante el uso de la violencia y la intimidación, de toda expresión de activismo político, estudiantil, laboral y gremial contraria a sus ideas”.

En su requisitoria los funcionarios incluyeron 22 homicidios perpetrados por parte de grupos paramilitares entre 1974 y 1975, en la etapa del terrorismo de Estado inmediatamente anterior al golpe del 24 de marzo, “en los ámbitos históricamente más propensos a la movilización político-social: los sectores gremiales y estudiantes”.

Sostuvieron que todos los casos bajo estudio evidencian “los requisitos típicos del crimen de lesa humanidad, toda vez que estamos hablando de asesinatos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, siendo su carácter más notorio la actuación de grupos paraestatales, “bajo la dirección de blancos y medios y/o el amparo de la estructura estatal”.

Fuente: www.juiciobahiablanca.wordpress.com

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El viernes vuelven a marchar los guardapolvos

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Suteba cumple hoy su primera jornada del paro por 48 horas resuelto en la asamblea previa al receso invernal. En una reunión docente, esta mañana decidieron convocar a una nueva Marcha de los Guardapolvos Blancos junto a otros gremios para unificar las demandas en torno a la salud y la educación. Será el próximo viernes a las 18.

Las y los maestros bahienses llevarán mañana al plenario de seccionales opositoras de Suteba la intención de continuar denunciando las falencias que presenta el sistema educativo provincial en “la mayor unidad posible con el resto de los trabajadores estatales”, aseguró Gabriela Delfino por FM De la Calle.

“De cara a las elecciones de las PASO donde hay un gobernador que muy probablemente sea el próximo presidente, la situación de la educación y de la salud públicas en la provincia de Buenos Aires no ha variado y ese es el modelo que se propone para todo el país”, agregó la secretaria general.

La dirigente destacó que durante la asamblea una docente propuso “hacer una marcha de los guardapolvos blancos y de antorchas denunciando la situación de precarización de la educación pública, esa precarización implica infraestructura, falta de cargos, pero sobre todo un proyecto político que tiende a que los chicos aprendan poco y favorece el gran negocio de la educación privada sosteniendo desde el sector público a las escuelas de gestión privada. Nos parece bárbaro hacer una marcha de los guardapolvos blancos fuera del horario escolar, el viernes a las 18”.

Consultada sobre la existencia de algún diálogo con el gobierno durante el receso, Delfino afirmó: “No, ni lo tenían pensado, por supuesto. En eso también tiene que ver la posición que toma la conducción provincial, frente a todo esto lo único que hizo (Roberto) Baradel fue presentar un reclamo ante la justicia, que no me cabe ninguna duda que lo presenta por todo el movimiento y las acciones que hemos realizado desde las seccionales del conurbano, por ejemplo por el tema del no cobro. Pero es algo que podría haberse solucionado tranquilamente el año pasado o el anterior en el marco de un paro que tenía una adhesión masiva y no lo hizo”.

“Esta conducción sindical está aliada con este gobierno, dice públicamente que está con este proyecto, y las consecuencias son dejar de lado lo más básico que es la defensa de los trabajadores”, concluyó.

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“Gendarmería reprimió con balas de goma y palos”

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El delegado de la Línea 60 Santiago Menconi dialogó ayer con FM De la Calle luego de la represión de Gendarmería en la Panamericana y comentó el conflicto gremial que tienen con la empresa MONSA.

“Cuando llegaron los compañeros ya estaba la Gendarmería, los encerraron contra el alambrado y casi se caen al vacío. Comenzaron a tirar balas de goma a un metro de distancia, utilizaron gas lacrimógeno y palos. También cuando desconcentramos siguieron con la represión, pudo ser una masacre”, narró el delegado.

Menconi  contó que dos compañeros estaban internados y uno en estado es grave. “José Barreiro está en estado crítico, entró en terapia intensiva con fuertes golpes en la cabeza. Estuvo seis horas demorado en esa condición”, sintetizó.

El conflicto gremial se agudizó y los trabajadores están con un plan de lucha: “Estamos en problemas, (el ministro de Trabajo Carlos) Tomada, (el jefe de Gabinete) Aníbal Fernández, algunos medios y los ministerios están tratando de correr el eje de lo que pasa.  La empresa está dispuesta y quiere romper con el cuerpo de delegados porque somos los únicos que hacemos cumplir el convenio colectivo de trabajo. Por eso nos persiguen con patotas”.

La pelea  por los despidos está en un momento crítico, el gremialista explicó que “son 53 los compañeros en esa condición,  mienten cuando dicen que los incorporaron, el sábado expulsaron a 47 y el día lunes siguieron haciendo lo mismo. Además estamos pidiendo el pago de los días caídos porque fuimos a trabajar y que cese la persecución gremial”.

Menconi afirmó que van a seguir con las medidas de fuerzas, “el domingo en asamblea rectificamos el plan de lucha, en estos momentos tenemos una mesa negociadora con (el ministro de Seguridad provincial) Alberto Granados y una audiencia con él y la empresa”.

El delegado Iván Iza, según informó esta tarde Télam, aseguró que los choferes se reunieron con el ministro Tomada y acordaron un cuarto intermedio en las negociaciones hasta mañana a las 11.

“Unidad y lucha como respuesta”

La CTA Bahía Blanca – Cnel. Dorrego manifiestó su solidaridad con la lucha de los tabajadores de la línea 60 y el más enérgico repudio a la brutal represión estatal a través de la Gendarmería, que dejó varios heridos y 7 detenidos.

“Recordamos que el conflicto se inició cuando la patronal responde con un despido a reclamos que se hacían sin producir paros en el servicio de transporte. Ante ello, los trabajadores decidieron seguir trabajando sin cobrar boleto hasta que se produjera la reincorporación. La empresa respondió con 48 nuevos despidos y con un lock out patronal retirando todos los colectivos. Vale destacar el rol de complicidad del ministerio de Trabajo para con una empresa que cobra subsidios millonarios del Estado y también el de la conducción de la UTA que quitó el apoyo a la lucha”, manifestaron desde la central.

Agregaron que “cuando el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, la empresa lo incumplió y comenzó con el ‘lock out’ sin permitir la salida de los coches. A la falta de coches, falta de mantenimiento, esperas prolongadas, viajes repletos, frío en invierno, calor en verano. A todas estas dificultades diarias, los dueños de la empresa MONSA, propietarios de la LÍNEA 60 de colectivos, sumaron un ‘lock out’ patronal: vaciaron las terminales de Maschwitz, Tigre y Constitución impidiendo la salida de los coches, a pesar que los trabajadores se encuentran en sus puestos de trabajo y dispuestos a trabajar”.

 Texto: Diego García. Foto:DyN/Alberto Raggio.

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Campaña de afiliación de Astramyc

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La Asociación Sindical de Trabajadores Mensajeros Y Cadetes comenzó hoy una campaña de afiliaciones tendiente a obtener la personería gremial. “Necesitamos treinta compañeros que estén bajo relación de dependencia”, aseguró esta mañana Joni Landa en FM De la Calle.

“Van a andar los compañeros por los diferentes lugares de trabajo poniéndole un broche a lo que han sido estos dos años de desarrollo en los que fuimos trabajando en esto que es prueba y error constantemente para los trabajadores que no tenemos experiencia en cuanto al tema de organización”, agregó.

Landa afirmó que están “muy entusiasmados, entendiendo que el panorama que viene a futuro va a ser muy complejo para todo el movimiento obrero precarizado, siempre el fusible ante las crisis, son los primeros que sufren las consecuencias”.

La actividad presenta un “altísimo nivel de empleo en negro, eso hace que se complejice la situación de conformar la herramienta sindical, una cuestión que vemos como una trampa, cuando te vas metiendo en estas cuestiones decís ‘claro, los que peor están, menos posibilidades de organizarse tienen”.

Para contactarte con Astramyc llama a los celulares 2914414388 o 2914407432 o visita su página de facebook.

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Destituyeron al concejal Pera

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El Concejo Deliberante destituyó esta noche al concejal por el Frente Renovador, Ricardo Pera. La resolución fue tomada por el cuerpo en Sesión Especial, luego de aprobar por mayoría, en lo general y de manera nominal (16 votos afirmativos contra 7 votos negativos) el despacho por el que se dispuso aplicarle la sanción de destitución prevista en el art. 254 inciso 3) de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

El titular de la Unión Tranviarios Automotor, quien asumió el cargo en representación del Frente para la Victoria y luego pasó al bloque del massismo, estuvo ausente durante la jornada y fue representado por su abogado Carlos Alberto Andreucci. Adelantaron que apelarán la medida ante la justicia.

La mayoría de los y las legisladoras presentes calificaron como “graves” los hechos que involucran al ahora ex edil contra el vecino Marcelo Águila y el concejal Nicolas Vitalini; y como “gravísimos” los hechos en los que resultaron afectados Irma Rosa Díaz, abuela de Daiana Herlein, joven fallecida por la caída de una rama en el Parque de Mayo, y los concejales Sergio Massarella y Gustavo Mandará del FpV 27 de Octubre.

El deliberativo desestimó, en primer término, la recusación pretendida contra los concejales Gustavo Mandará, Manuel Mendoza, Sergio Massarella, Raúl Woscoff, Nicolás Vitalini, Raúl Ayude, Elisa Quartucci, Soledad Espina y Ramiro Villalba. Asimismo, se rechazó el planteo de nulidad del decreto del Honorable Concejo Deliberante de fecha 15 de enero de 2015, así como del Decreto de Presidencia nº 91 de fecha 29 de enero de 2015.

También fue rechazado el planteo de nulidad relacionado con el encuadramiento de las conductas dentro del art. 249 inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Por otra parte, se aprobó la actuación llevada a cabo por la Comisión Investigadora, dando por válida su conformación, y desestimando la nulidad pretendida.

La audiencia comenzó con un par de horas de demora en un edificio vallado y con control policial en la calle. Solo pudieron ingresar empleadxs del Concejo y medios de prensa acreditados.

La semana anterior el titular de la CGT, Miguel Aolita, intentó sin éxito desde la Banca 25 que se permita el ingreso de militantes de la central obrera y el gremio de colectiveros.

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Consejo del Salario

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El órgano reactivado en el año 2004 sesionó fijando el Salario Mínimo, Vital y Móvil, con la presencia de las CGT y CTA oficialistas, la UIA y otras cámaras empresarias. El Ministerio de Trabajo decidió no convocar a las centrales sindicales críticas. La definición del encuentro fijó un aumento en dos etapas: 18,5 por ciento a partir de agosto y el 10 por ciento restante desde enero de 2016, momento en que alcanzará los $ 6060 mensuales.

El Secretario Adjunto de la CTA Autónoma, José Rigane, dijo a FM De la Calle que “es una historia repetida, lamentablemente. El gobierno sólo habla con los amigos y con los que le dicen a todo que sí. Tiene incapacidad para llevar a la práctica lo que a veces dice en la tribuna de que hay que hablar con todo el mundo, respetar a todo el mundo y escuchar todas las opiniones. Este gobierno nunca lo hizo, y esta es una nueva demostración de que no está dispuesto a sentarse en una misma mesa con aquellos que no comparten o que le discuten distintas problemáticas. Hablemos de salario, hablemos de precarización, hablemos de modelo productivo, hablemos de soberanía o cualquiera de los temas que interesan, preocupan y hacen a la esencia de nuestra sociedad y sobre todo de los sectores populares”.

Hoy a las 16 horas las centrales opositoras ofrecieron una conferencia de prensa ante la imposibilidad de participar del Consejo del Salario dada la decisión del gobierno argentino involucrar sólo a las entidades mencionadas. “¿Con quién se sentó? Con los gremios que están de acuerdo con que el aumento del año no supere el 28 o el 28,5 por ciento que es la base que terminó aceptando el gobierno. Y se sentó con los que se viene sentando todos estos años que rápidamente se ponen de acuerdo para establecer el salario mínimo vital y móvil: la UIA, los bancos, el sector agrario. O sea que en la tribuna aparece confrontando con estos sectores y a la ahora de acordar el salario mínimo, vital y móvil no necesita más que cinco minutos para ponerse de acuerdo y establecer, precisamente, un salario que no alcanza para vivir con dignidad, un salario que no te alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria imprescindible para una familia tipo, un salario que además se va a cobrar en dos etapas. Por lo tanto, digamos que no hay nada nuevo bajo el sol, más allá de que uno reivindica, rescata y reconoce la puesta en marcha del Consejo del Salario, pero el Consejo del Salario no es esto. Es mucho más amplio por ley, mucho más significativo y ojalá que las nuevas autoridades nacionales no sólo mantengan sino que lo pongan en otro nivel”.

Sobre la política del Ministerio de Trabajo de no reconocimiento de la CTA Autónoma, Rigane sostuvo que “es la demostración del uso político de las facultades que establece la (Ley) 23551 respecto del poder del gobierno a través del Ministerio del Trabajo que hace lo que quiere por decisión política no por aspectos técnicos. Somos reconocidos, somos reconocidos a nivel internacional, en organismos internacionales de trabajo y tantas otras entidades internacionales. Y también estamos reconocidos por quienes forman parte de nuestra organización. Sin embargo, el que trata de ocultarnos y precisamente no darnos ninguna legitimidad es el gobierno. Y me parece que para esto no hay que demostrar absolutamente nada. Simplemente ver lo que sucede después de 23 años de existencia de la CTA”.

Consultado acerca de cuáles temas hubiera incluido esa central al debate dentro del Consejo, el dirigente dijo que “desde el 2006 que no se modifica el pago para un desocupado, que está en el orden de los $400. Otra de las cuestiones que hubiéramos planteado es la necesidad de estudiar a fondo es cuál es la canasta básica que necesita una familia tipo en la Argentina, que se dejó de hacer hace mucho tiempo. A partir de allí podríamos establecer los criterios del Salario Mínimo, Vital y Móvil”.

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Foto: stadaym.org

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