El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, rechazó ayer los cargos que le reprochan siete denuncias unificadas en un pedido de juicio político que analiza la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura.

Su vinculación con la Triple A, haber integrado los servicios de inteligencia del terrorismo de Estado como personal civil, la reivindicación de la pena de muerte y el maltrato a empleadxs judiciales son algunos de los motivos de las reiteradas quejas en su contra.

El primero de ellos le valió un llamado a indagatoria en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad de la banda parapolicial que deberá concretarse mañana a las 11 ante el juez Alejo Ramos Padilla. El segundo, fundamentó su suspensión preventiva como docente de la UNS y la realización de un juicio académico.

El camarista evitó la exposición y volcó su descargo en un extenso escrito. Calificó como “calumniosas” las imputaciones de una supuesta “brigada acusadora” y aseguró que “se da una triple identidad de persona, objeto y causa entre las aquí planteadas, tanto respecto de la supuesta pertenencia del firmante a la Triple A, como de su breve desempeño, treinta y cuatro años atrás, como ‘asesor universitario’ en calidad de personal civil de inteligencia”.

Para comenzar el juicio político se necesitan dos tercios del plenario del Consejo de la Magistratura. Aunque antes, el trámite deberá obtener el respaldo de la mayoría absoluta de la Comisión de Acusación y Disciplina presidida por el académico Jorge Candis e integrada por los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes, el representante del Poder Ejecutivo Julián Álvarez, Adriana Donato por lxs abogadxs de la matrícula federal y los senadores Ruberto Godoy y Ángel Rozas.

“Se ha demostrado, con el fallo judicial pertinente, que la infame acusación de pertenencia a la Triple A, ya ventilada en esta sede, fue objeto de sentencia judicial luego de exhaustiva investigación, con total rechazo. También se destacaron las insalvables contradicciones del testigo (Juan Pedro) Tunessi respecto de  un supuesto diploma de la organización ilícita, entre lo declarado en sede judicial y ante este organismo”, sostiene Montezanti.

Por su presunta participación en la Alianza Anticomunista Argentina y su complicidad en el plan criminal que se implementó entre 1976 y 1983 los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani pidieron su indagatoria, ordenada por el juez Ramos Padilla para este jueves a las 11. Tiempo atrás, la justicia correccional identificó al camarista junto a los matones del ex diputado nacional Rodolfo “Fito” Ponce que tomaron la UTN en 1974. Fue en el fallo de una querella que el ex PCI entabló contra el militante Alberto Rodríguez, quien lo denunció durante una sesión del Consejo Superior de la Universidad del Sur.

La semana pasada, el mismo órgano universitario aprobó por unanimidad la suspensión preventiva del docente del Departamento de Derecho hasta que culmine un juicio académico solicitado casi cuatro años atrás. “Clon de la acusación obtenido por la brigada acusadora de siempre, se ha señalado que está en curso sin haberse establecido siquiera tribunal, en sede distinta, sin que puedan influirse ambas causas, y se ha pedido prueba al respecto de los descargos, para equilibrar la expuesta en el texto en conteste”, rezongó su señoría.

Las doctrinas que propiciaba el abogado en sus escritos solían destacar el “altísimo valor moral y preventivo” de la pena de muerte como “un instrumento más de los muchos de que la sociedad dispone para neutralizar a la delincuencia” y que “la derogación formal de la pena capital introduce un proceso regresivo en la sociedad, tornando cobardes y pusilánimes a los magistrados”.

En su descargo manifiesta su supuesta evolución ideológica, paradójicamente proponiendo la muerte de la pena de muerte e invita al consejero y autor del dictamen, Julián Álvarez, a leer su “producción en los últimos 35 años y otros textos que ponen en su lugar esta peregrina acusación”.

¿Fobia antisindical?, se pregunta más adelante el juez y se responde que es una “palmaria falsedad” considerada en su mayor parte en una causa anterior “usada, ajada y abusada como todas las propuestas” en el dictamen que propone su enjuiciamiento y que configura una “ofensa al decoro”.

“Se ha señalado el tono y estilo de Gran Inquisidor ideológico que prevalece en el texto en conteste, que acusa al firmante hasta de ‘procacidad’, como solía ocurrir con los impíos sometidos al processus inquisiotionis, inadmisible en esta sede”, mencionó antes de pedir el rechazo “de plano” del juicio político.

Para “derrumbar el tinglado acusatorio” ofreció como testigos a las secretarias Previsional de la Cámara Federal, Marianela Abrieu, y penal del Juzgado Federal Nº2 Rosana Noemí Peti; a la jefa de despacho de la Cámara Federal Julieta Mateos; a la empleada pública provincial Magdalena Cizler y al jubilado Francisco Gastañaga.

Mañana habrá elecciones en la Asociación Judicial Bonaerense. La Departamental de Bahía Blanca comprende desde Gonzales Chaves hasta Carmen de Patagones. El candidato a Secretario General por la Lista Azul n°5, Néstor ‘Chacho’ Alende, dijo a FM De la Calle que tienen “una gran expectativa. Hemos trabajado bastante en esta campaña. Hemos recorrido la mayor cantidad de dependencias, teniendo en cuenta que tenemos el tiempo acotado”.

La agrupación, que es oficialismo en la provincia y oposición en la ciudad, propone un “modelo de gremio que aspira a poder cubrir las necesidades en cuanto al respaldo a los compañeros en las situaciones de violencia laboral y de postergación. Vemos sobre todo en el Ministerio Público que hay muchísima presión. Tenemos que volver a las asambleas masivas donde se discutía, se resolvía y lográbamos los puntos que nos proponíamos. Queremos un gremio de puertas abiertas donde el afiliado se sienta perteneciente al gremio y por lo tanto que participe”.

Apuntado al personalismo en las conducciones sindicales, el trabajador judicial adelantó que “en la comisión directiva, si bien alguien tiene que encabezarla, vamos a trabajar en equipo. Decidiremos las cosas en base a los debates. Hemos conformado un equipo con gente que venimos trabajando hace muchos años, con otros nuevos. A su vez formar nuevos dirigentes para futuros mandatos”.

Otro aspecto señalado fue la situación edilicia en que desempeña sus tareas el sector que aspira a representar. “Hay oficinas donde se trabaja en condiciones de absoluto hacinamiento, rodeados de causas, a veces hasta cuesta caminar por entre ellas, y ojalá nunca caiga un fósforo prendido, porque será muy difícil la posibilidad de salir de algunas oficinas. Esto no es de ahora. Lleva muchos años y no se abordó el tema. Si ganamos nos vamos a encontrar con un motón de situaciones y esperamos que nos traigan. Va a costar mucho remontar porque hay situaciones que viene de muchísimo tiempo. Pero la cuestión es empezar”, finalizó Alende.

Foto: CTA Buenos Aires

Pablo Curino, vicepresidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal, expresó en el programa En Eso Estamos de FM De la calle que el nosocomio está falto de camas e insumos. También se pronunció sobre la nueva legislación bonaerense que beneficia a lxs trabajadorxs del área en materia de jubilación.

Hace tiempo que el personal de salud, nucleado en la asociación, viene exigiendo la implementación de un servicio integral. “Más que nada a esta altura del año, que hay un aumento de las enfermedades efectocontagiosas. Las dos salas principales que tenemos están completas casi al 100% y eso genera que no se puedan descargar pacientes de terapia, por lo tanto, las cirugías no se pueden realizar y, en la guardia tampoco se pueden recibir nuevas emergencias”.

El presupuesto en salud es escaso y esto se asocia con el desgaste laboral. “En América Latina, es la profesión que más vinculada está con los divorcios, con las enfermedades mentales, inclusive con los suicidios. CICOP logró esta normativa después de mucho tiempo. Acá vamos viendo personas que ingresaron para asumir un cargo pero terminan pidiendo otro, es un trabajo desgastante, no podemos tener errores y termina siendo un trabajo particular”.

“Lo del desgaste laboral salió ahora. Empezamos una ronda de charlas con la Secretaría de Salud, y la comisión de salud del HCD. Esperamos una reunión con el intendente, pero aún no hemos tenido novedades. Proponemos que los municipios adhieran a la normativa provincial de la jubilación a los 50 años, con 25 años de servicio, en forma progresiva”, informò.

“Antes existía un régimen jubilatorio especial sólo para quienes se desempeñan en áreas consideradas insalubres, como los laboratorios de rayos o aquellos donde se trabaja con sustancias químicas. Al modificarse el concepto de base de “insalubridad” por el de desgaste profesional o agotamiento prematuro, se contextualizan todas las tareas sanitarias con las actuales condiciones de asistencia a la población”, explicó, por su parte, Comisión Directiva de la asociación a través un comunicado.

Durante las campañas publicitarias de las PASO, fue evidente que la salud no fue ocupó para la mayoría de las fuerzas políticas una problemática relevante. “Puede ser que el sistema se ve compensado por el esfuerzo de todo el personal del salud, que pone mucho de sus propio empeño. Pero hay que tener en cuenta que esto propicia el error”.

El gremio escribió un documento destacando la rápida aprobación que los miembros del HCD local realizaron sobre el Decreto Provincial 598/2015, que lleva la firma Daniel Scioli, y establece que los profesionales y trabajadorxs del sector público de salud, puedan jubilarse a los 50 años de edad si cuentan con 25 años de servicio. Al mismo tiempo, valorizó la incansable lucha de CICOP para dar este histórico paso, convirtiendo a la provincia de Buenos Aires en pionera a nivel nacional.

En el Hospital Municipal se están realizando dos obras en simultáneo, en el sector de consultorios externos y el proyecto de terapia y quirófano: “estas nuevas construcciones implicarían un aumento de camas y sería necesario que vaya acompañado de un aumento de personal”.

Con respecto a la batería de leyes que recientemente aprobó la legislatura de la provincia de Buenos Aires, Curino se posicionó sobre el artículo que garantiza la presencia de payamédicos en las instituciones de la salud públicas, afirmando que “el rol que realizan es admirable. Además, fueron adecuando la sala de pediatría para lxs niñxs. El error sería que falten pediatras y se contraten payamédicos”.

La legislación provincial recientemente aprobada obliga a los servicios de terapia pediátrica de los hospitales públicos a contar con especialistas en el arte del clown o payasos hospitalarios. Buscan contribuir a la salud emocional del paciente hospitalizado. La normativa establece que no deben trabajar ad honorem.

El boletín oficial también incluyó una modificación del sistema de licencias de la administración pública bonaerense para incorporar un día destinado a hacer exámenes ginecológicos. La norma incorpora a la ley 10.430 el siguiente artículo: “El personal femenino gozará de licencia un día al año con goce íntegro de haberes a efectos de facilitar su concurrencia a realizarse el examen de papanicolau y/o radiografía o ecografía mamaria, presentando certificado médico”.

Trabajadores y trabajadoras de la Agrupación de Acompañantes Terapéuticos de Buenos Aires (A.A.T.B.A.) movilizaron el pasado viernes 7 a la prestataria IOMA, para denunciar irregularidades con la aprobación de tratamientos a pacientes y el pago de sus remuneraciones.

Dulce Pallero, es integrante de la AATBA y ATE. En una entrevista para el programa ‘En eso Estamos’ de FM De la Calle expresó que este problema es histórico. “Lo que hace IOMA es demorarse entre 3 y 6 meses para aprobar los planes de acompañamiento terapéutico. Y una vez que se aprueba, a los acompañantes se nos demora el pago de los meses trabajados otro montón de meses. Hay compañeros que hace un año que no cobran”.

Desde principios de año no reciben respuestas desde el Instituyo Agrosocial. La medida de fuerza logró que dos directivos los recibieran y pudieron pautar una reunión para discutir una agenda de temas.

Los acompañantes terapéuticos trabajan en dispositivos interdisciplinarios de atención en salud. “En caso de niños, apuntamos a la integración escolar; en el caso de los adultos, trabajamos con quienes recibieron internaciones prolongadas y sufren de algún padecimiento mental. Se busca la reinserción en la comunidad con personas mayores que pueden tener Alzhéimer, patologías graves o algún tipo de demencia. Buscamos retrasar el deterioro, apuntalando la inserción de esa persona y a la posibilidad de garantizarle sus derechos”, especificó la trabajadora de la salud.

“Los psicólogos y psiquiatras son los profesionales de la salud que nos dan las indicaciones y nosotros lo que hacemos es desarrollar las tácticas., pensamos la salud como comunitaria, evitar las internaciones y que la persona tenga derechos”, amplió Dulce, haciendo alusión al paradigma de salud mental que los ampara.

Existen más de 1000 acompañamientos terapéuticos en la provincia de Buenos Aires y esta situación está repercutiendo desfavorablemente en la calidad de vida de lxs afiliadxs, al no contar con los tratamientos que necesitan o verlos interrumpidos.

Dos nuevas detenciones se produjeron en el marco de la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por las bandas de la Triple A en Bahía Blanca. Esta vez fue el turno del militante justicialista Osvaldo Omar Pallero y el ex corredor de motos Juan Carlos Curzio. Por estas horas los reos son interrogados por el juez federal Alejo Ramos Padilla. Completan la lista de represores capturados en la misma causa: Héctor Ángel Forcelli, Héctor Oscar Chisu y Raúl Roberto Aceituno. En tanto, el presidente de la Cámara Federal, Néstor Luis Montezanti, será indagado el próximo 27.

Curzio fue señalado como integrante de la patota del ex diputado nacional del Frejuli Rodolfo “Fito” Ponce por ex trabajadores del rubro de la construcción que lo padecieron en el marco de las internas gremiales de la UOCRA a principios de los setenta. Luego fue contratado por la Universidad Nacional del Sur para reforzar la represión estudiantil bajo el mando del interventor Remus Tetu y el suboficial Jorge “Moncho” Argibay.

Pallero integró, a partir del 17 de marzo de 1975, la primera tanda de dicho “personal de vigilancia y seguridad” conformado, según afirmó el propio Tetu, por matones que habían enfrentado los “problemas subversivos” en la UTN y que se habían postulado “espontáneamente” para cumplir la misma tarea en la UNS.

Los organismos de inteligencia lo identificaron en la época de los hechos como miembro de la Junta Nacional de Granos y de la Juventud Sindical Peronista. Como tal fue parte de los grupos de choque que, a instancias de Ponce, tomaron la UTN en defensa del rector Emilio Garófoli.

Junto al fallecido Miguel Ángel Chisu, Pallero viajó a Santa Fe en 1975 con la misión de “detectar a posibles elementos de izquierda que actuaran dentro de la Comisión Directiva y resto del personal de la Junta Nacional de Granos”.

Los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia solicitaron en abril la investigación de un grupo de civiles acusados de conformar una asociación ilícita con el objetivo de llevar adelante la “erradicación y eliminación, mediante el uso de la violencia y la intimidación, de toda expresión de activismo político, estudiantil, laboral y gremial contraria a sus ideas”.

En su requisitoria los funcionarios incluyeron 22 homicidios perpetrados por parte de grupos paramilitares entre 1974 y 1975, en la etapa del terrorismo de Estado inmediatamente anterior al golpe del 24 de marzo, “en los ámbitos históricamente más propensos a la movilización político-social: los sectores gremiales y estudiantes”.

Sostuvieron que todos los casos bajo estudio evidencian “los requisitos típicos del crimen de lesa humanidad, toda vez que estamos hablando de asesinatos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, siendo su carácter más notorio la actuación de grupos paraestatales, “bajo la dirección de blancos y medios y/o el amparo de la estructura estatal”.

Fuente: www.juiciobahiablanca.wordpress.com

Suteba cumple hoy su primera jornada del paro por 48 horas resuelto en la asamblea previa al receso invernal. En una reunión docente, esta mañana decidieron convocar a una nueva Marcha de los Guardapolvos Blancos junto a otros gremios para unificar las demandas en torno a la salud y la educación. Será el próximo viernes a las 18.

Las y los maestros bahienses llevarán mañana al plenario de seccionales opositoras de Suteba la intención de continuar denunciando las falencias que presenta el sistema educativo provincial en “la mayor unidad posible con el resto de los trabajadores estatales”, aseguró Gabriela Delfino por FM De la Calle.

“De cara a las elecciones de las PASO donde hay un gobernador que muy probablemente sea el próximo presidente, la situación de la educación y de la salud públicas en la provincia de Buenos Aires no ha variado y ese es el modelo que se propone para todo el país”, agregó la secretaria general.

La dirigente destacó que durante la asamblea una docente propuso “hacer una marcha de los guardapolvos blancos y de antorchas denunciando la situación de precarización de la educación pública, esa precarización implica infraestructura, falta de cargos, pero sobre todo un proyecto político que tiende a que los chicos aprendan poco y favorece el gran negocio de la educación privada sosteniendo desde el sector público a las escuelas de gestión privada. Nos parece bárbaro hacer una marcha de los guardapolvos blancos fuera del horario escolar, el viernes a las 18”.

Consultada sobre la existencia de algún diálogo con el gobierno durante el receso, Delfino afirmó: “No, ni lo tenían pensado, por supuesto. En eso también tiene que ver la posición que toma la conducción provincial, frente a todo esto lo único que hizo (Roberto) Baradel fue presentar un reclamo ante la justicia, que no me cabe ninguna duda que lo presenta por todo el movimiento y las acciones que hemos realizado desde las seccionales del conurbano, por ejemplo por el tema del no cobro. Pero es algo que podría haberse solucionado tranquilamente el año pasado o el anterior en el marco de un paro que tenía una adhesión masiva y no lo hizo”.

“Esta conducción sindical está aliada con este gobierno, dice públicamente que está con este proyecto, y las consecuencias son dejar de lado lo más básico que es la defensa de los trabajadores”, concluyó.

El delegado de la Línea 60 Santiago Menconi dialogó ayer con FM De la Calle luego de la represión de Gendarmería en la Panamericana y comentó el conflicto gremial que tienen con la empresa MONSA.

“Cuando llegaron los compañeros ya estaba la Gendarmería, los encerraron contra el alambrado y casi se caen al vacío. Comenzaron a tirar balas de goma a un metro de distancia, utilizaron gas lacrimógeno y palos. También cuando desconcentramos siguieron con la represión, pudo ser una masacre”, narró el delegado.

Menconi  contó que dos compañeros estaban internados y uno en estado es grave. “José Barreiro está en estado crítico, entró en terapia intensiva con fuertes golpes en la cabeza. Estuvo seis horas demorado en esa condición”, sintetizó.

El conflicto gremial se agudizó y los trabajadores están con un plan de lucha: “Estamos en problemas, (el ministro de Trabajo Carlos) Tomada, (el jefe de Gabinete) Aníbal Fernández, algunos medios y los ministerios están tratando de correr el eje de lo que pasa.  La empresa está dispuesta y quiere romper con el cuerpo de delegados porque somos los únicos que hacemos cumplir el convenio colectivo de trabajo. Por eso nos persiguen con patotas”.

La pelea  por los despidos está en un momento crítico, el gremialista explicó que “son 53 los compañeros en esa condición,  mienten cuando dicen que los incorporaron, el sábado expulsaron a 47 y el día lunes siguieron haciendo lo mismo. Además estamos pidiendo el pago de los días caídos porque fuimos a trabajar y que cese la persecución gremial”.

Menconi afirmó que van a seguir con las medidas de fuerzas, “el domingo en asamblea rectificamos el plan de lucha, en estos momentos tenemos una mesa negociadora con (el ministro de Seguridad provincial) Alberto Granados y una audiencia con él y la empresa”.

El delegado Iván Iza, según informó esta tarde Télam, aseguró que los choferes se reunieron con el ministro Tomada y acordaron un cuarto intermedio en las negociaciones hasta mañana a las 11.

“Unidad y lucha como respuesta”

La CTA Bahía Blanca – Cnel. Dorrego manifiestó su solidaridad con la lucha de los tabajadores de la línea 60 y el más enérgico repudio a la brutal represión estatal a través de la Gendarmería, que dejó varios heridos y 7 detenidos.

“Recordamos que el conflicto se inició cuando la patronal responde con un despido a reclamos que se hacían sin producir paros en el servicio de transporte. Ante ello, los trabajadores decidieron seguir trabajando sin cobrar boleto hasta que se produjera la reincorporación. La empresa respondió con 48 nuevos despidos y con un lock out patronal retirando todos los colectivos. Vale destacar el rol de complicidad del ministerio de Trabajo para con una empresa que cobra subsidios millonarios del Estado y también el de la conducción de la UTA que quitó el apoyo a la lucha”, manifestaron desde la central.

Agregaron que “cuando el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, la empresa lo incumplió y comenzó con el ‘lock out’ sin permitir la salida de los coches. A la falta de coches, falta de mantenimiento, esperas prolongadas, viajes repletos, frío en invierno, calor en verano. A todas estas dificultades diarias, los dueños de la empresa MONSA, propietarios de la LÍNEA 60 de colectivos, sumaron un ‘lock out’ patronal: vaciaron las terminales de Maschwitz, Tigre y Constitución impidiendo la salida de los coches, a pesar que los trabajadores se encuentran en sus puestos de trabajo y dispuestos a trabajar”.

 Texto: Diego García. Foto:DyN/Alberto Raggio.

La Asociación Sindical de Trabajadores Mensajeros Y Cadetes comenzó hoy una campaña de afiliaciones tendiente a obtener la personería gremial. “Necesitamos treinta compañeros que estén bajo relación de dependencia”, aseguró esta mañana Joni Landa en FM De la Calle.

“Van a andar los compañeros por los diferentes lugares de trabajo poniéndole un broche a lo que han sido estos dos años de desarrollo en los que fuimos trabajando en esto que es prueba y error constantemente para los trabajadores que no tenemos experiencia en cuanto al tema de organización”, agregó.

Landa afirmó que están “muy entusiasmados, entendiendo que el panorama que viene a futuro va a ser muy complejo para todo el movimiento obrero precarizado, siempre el fusible ante las crisis, son los primeros que sufren las consecuencias”.

La actividad presenta un “altísimo nivel de empleo en negro, eso hace que se complejice la situación de conformar la herramienta sindical, una cuestión que vemos como una trampa, cuando te vas metiendo en estas cuestiones decís ‘claro, los que peor están, menos posibilidades de organizarse tienen”.

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El Concejo Deliberante destituyó esta noche al concejal por el Frente Renovador, Ricardo Pera. La resolución fue tomada por el cuerpo en Sesión Especial, luego de aprobar por mayoría, en lo general y de manera nominal (16 votos afirmativos contra 7 votos negativos) el despacho por el que se dispuso aplicarle la sanción de destitución prevista en el art. 254 inciso 3) de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

El titular de la Unión Tranviarios Automotor, quien asumió el cargo en representación del Frente para la Victoria y luego pasó al bloque del massismo, estuvo ausente durante la jornada y fue representado por su abogado Carlos Alberto Andreucci. Adelantaron que apelarán la medida ante la justicia.

La mayoría de los y las legisladoras presentes calificaron como “graves” los hechos que involucran al ahora ex edil contra el vecino Marcelo Águila y el concejal Nicolas Vitalini; y como “gravísimos” los hechos en los que resultaron afectados Irma Rosa Díaz, abuela de Daiana Herlein, joven fallecida por la caída de una rama en el Parque de Mayo, y los concejales Sergio Massarella y Gustavo Mandará del FpV 27 de Octubre.

El deliberativo desestimó, en primer término, la recusación pretendida contra los concejales Gustavo Mandará, Manuel Mendoza, Sergio Massarella, Raúl Woscoff, Nicolás Vitalini, Raúl Ayude, Elisa Quartucci, Soledad Espina y Ramiro Villalba. Asimismo, se rechazó el planteo de nulidad del decreto del Honorable Concejo Deliberante de fecha 15 de enero de 2015, así como del Decreto de Presidencia nº 91 de fecha 29 de enero de 2015.

También fue rechazado el planteo de nulidad relacionado con el encuadramiento de las conductas dentro del art. 249 inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Por otra parte, se aprobó la actuación llevada a cabo por la Comisión Investigadora, dando por válida su conformación, y desestimando la nulidad pretendida.

La audiencia comenzó con un par de horas de demora en un edificio vallado y con control policial en la calle. Solo pudieron ingresar empleadxs del Concejo y medios de prensa acreditados.

La semana anterior el titular de la CGT, Miguel Aolita, intentó sin éxito desde la Banca 25 que se permita el ingreso de militantes de la central obrera y el gremio de colectiveros.

El órgano reactivado en el año 2004 sesionó fijando el Salario Mínimo, Vital y Móvil, con la presencia de las CGT y CTA oficialistas, la UIA y otras cámaras empresarias. El Ministerio de Trabajo decidió no convocar a las centrales sindicales críticas. La definición del encuentro fijó un aumento en dos etapas: 18,5 por ciento a partir de agosto y el 10 por ciento restante desde enero de 2016, momento en que alcanzará los $ 6060 mensuales.

El Secretario Adjunto de la CTA Autónoma, José Rigane, dijo a FM De la Calle que “es una historia repetida, lamentablemente. El gobierno sólo habla con los amigos y con los que le dicen a todo que sí. Tiene incapacidad para llevar a la práctica lo que a veces dice en la tribuna de que hay que hablar con todo el mundo, respetar a todo el mundo y escuchar todas las opiniones. Este gobierno nunca lo hizo, y esta es una nueva demostración de que no está dispuesto a sentarse en una misma mesa con aquellos que no comparten o que le discuten distintas problemáticas. Hablemos de salario, hablemos de precarización, hablemos de modelo productivo, hablemos de soberanía o cualquiera de los temas que interesan, preocupan y hacen a la esencia de nuestra sociedad y sobre todo de los sectores populares”.

Hoy a las 16 horas las centrales opositoras ofrecieron una conferencia de prensa ante la imposibilidad de participar del Consejo del Salario dada la decisión del gobierno argentino involucrar sólo a las entidades mencionadas. “¿Con quién se sentó? Con los gremios que están de acuerdo con que el aumento del año no supere el 28 o el 28,5 por ciento que es la base que terminó aceptando el gobierno. Y se sentó con los que se viene sentando todos estos años que rápidamente se ponen de acuerdo para establecer el salario mínimo vital y móvil: la UIA, los bancos, el sector agrario. O sea que en la tribuna aparece confrontando con estos sectores y a la ahora de acordar el salario mínimo, vital y móvil no necesita más que cinco minutos para ponerse de acuerdo y establecer, precisamente, un salario que no alcanza para vivir con dignidad, un salario que no te alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria imprescindible para una familia tipo, un salario que además se va a cobrar en dos etapas. Por lo tanto, digamos que no hay nada nuevo bajo el sol, más allá de que uno reivindica, rescata y reconoce la puesta en marcha del Consejo del Salario, pero el Consejo del Salario no es esto. Es mucho más amplio por ley, mucho más significativo y ojalá que las nuevas autoridades nacionales no sólo mantengan sino que lo pongan en otro nivel”.

Sobre la política del Ministerio de Trabajo de no reconocimiento de la CTA Autónoma, Rigane sostuvo que “es la demostración del uso político de las facultades que establece la (Ley) 23551 respecto del poder del gobierno a través del Ministerio del Trabajo que hace lo que quiere por decisión política no por aspectos técnicos. Somos reconocidos, somos reconocidos a nivel internacional, en organismos internacionales de trabajo y tantas otras entidades internacionales. Y también estamos reconocidos por quienes forman parte de nuestra organización. Sin embargo, el que trata de ocultarnos y precisamente no darnos ninguna legitimidad es el gobierno. Y me parece que para esto no hay que demostrar absolutamente nada. Simplemente ver lo que sucede después de 23 años de existencia de la CTA”.

Consultado acerca de cuáles temas hubiera incluido esa central al debate dentro del Consejo, el dirigente dijo que “desde el 2006 que no se modifica el pago para un desocupado, que está en el orden de los $400. Otra de las cuestiones que hubiéramos planteado es la necesidad de estudiar a fondo es cuál es la canasta básica que necesita una familia tipo en la Argentina, que se dejó de hacer hace mucho tiempo. A partir de allí podríamos establecer los criterios del Salario Mínimo, Vital y Móvil”.

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Foto: stadaym.org

Hace más de diez días que los trabajadores de la fábrica PRIMA reclaman pago de salarios atrasados y de la liquidación final de 25 operarios despedidos, adeudadas desde hace un año. Los primeros días tomaron la fábrica. Sin embargo, una orden de desalojo llegó rápidamente. A partir de allí, decidieron acampar frente a las instalaciones de la empresa.

“Fuimos a la UOM Central (Buenos Aires) a plantear nuestros problemas. Nos manifestaron que no estaban al tanto de esto y que iban a tomar cartas en el asunto. Que les diéramos hasta el lunes o martes para tener una respuesta”, dijo a FM De la Calle el delegado Pablo Samuel.

Por otra parte, aseguró que “no tenemos nada del Ministerio de Trabajo. Habían dicho que hoy iban a venir por acá pero no se presentó nadie. Seguimos igual”.

Organizaciones y vecinxs se acercaron a Presbítero Biggio 1327, donde está ubicada la firma. En este sentido, Samuel destacó que “estamos muy agradecidos a la cantidad de vecinos que se acercan. Los muchachos de la universidad y los que aportan para pagar la luz o el gas. Los de SUTEBA, los del Banco Credicoop y el Banco Provincia que han venido a ofrecer su apoyo”.

Luciana Foulkles de la organización Pueblo en Lucha afirmó que no se trata de “un proceso que empieza ahora sino que viene de varios años. Pasaron de tener una planta de 100 trabajadores a las 14 que hay ahora. Es importante que el problema se visibilice. Desde la justicia y desde los funcionarios que se deberían hacer cargo de esta situación se está jugando al desgaste de los trabajadores”.

“Es un proceso de vaciamiento, porque la fábrica está en condiciones de seguir produciendo”, sostuvo.

Por su parte, el dirigente político e integrante de la CTA José Lualdi agregó que “esto se hace bajo la mirada del Ministerio de Trabajo que no toma las decisiones que debería tomar y del propio sindicato que está absolutamente borrado. Hay un conjunto de trabajos de los que la empresa ha tomado el adelanto financiero y no ha hecho nada. Se trata de un clásico proceso de vaciamiento”.

“Mientras los dueños y sus familias viven cómodamente, no pasan frío, no pasan hambre, no tienen penurias, los trabajadores están en la situación en que están”.

Finalmente, el bancario llamó la atención respecto de la acción sindical. “Que mal estamos desde el punto de vista de que la clase obrera organizada tiene dificultades para sostener un conflicto sólo de 14 trabajadores. No nos ha pasado así porque sí los 90. Hay que buscar no sólo sostener el conflicto sino buscar una salida. Si el Estado no actúa, si el Ministerio de Trabajo no obliga con su poder de policía, si el sindicato no actúa esto puede irse desgranando con el correr de los días. Quienes estamos del otro lado estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto no ocurra”.

Foto: Contrahegemonía UNS

El martes pasado, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), convocó a una nueva asamblea para definir los pasos a seguir sobre las condiciones de infraestructura en las escuelas públicas y los reclamos de los trabajadores de la educación.

La asamblea contó con la participación de alrededor 1.000 docentes e incluyó entre sus discusiones, qué hacer durante la visita del gobernador Daniel Scioli. El candidato a presidente por el Frente para la Victoria, visitará este viernes la Academia de Policías para poner en funcionamiento a 300 efectivos más.

Alejandra Pavón, integrante de la conducción del SUTEBA local, relató a FM de la Calle en qué estado se encuentran las negociaciones entre el gremio y el gobierno provincial.

Los problemas de infraestructura y el cobro irregular (que incluye el no cobro o, cobro con montos que no corresponden) ya tienen larga data. “No hemos tenido respuestas sobre los pagos en función de la demanda judicial que realizó el SUTEBA central, aún no hay fecha ni reconocimiento de quiénes son los docentes afectados y cuánto es el monto, hay compañeros que vienen arrastrando deudas desde hace 2, 3 años”, afirmó Pavón.

Por tales motivos, hay una perspectiva de no iniciar las clases después del receso invernal. La asamblea de la comunidad educativa resolvió un paro activo para el lunes 3 y martes 4 de agosto, que contará con una asamblea y movilización el día 3 y una clase pública el día 4.

Previendo la visita de Daniel Scioli a nuestra ciudad, los docentes organizaron una intervención pública para demostrar que siguen de pie, defendiendo la educación pública y las condiciones de trabajo de los maestros: “queremos expresarle nuestra bronca y nuestra disconformidad, aunque sea a la distancia, aclararle que no es bienvenido por los docentes de Bahía Blanca”.

Después del receso invernal y del paro activo de 48 horas, los docentes convocarán un plenario con las seccionales opositoras para discutir la reapertura de las paritarias. “También somos conscientes de que si la conducción central del sindicato no toma partido, conocemos las limitaciones de estas 9 seccionales. Obviamente una de las resoluciones fue solicitar a la conducción provincial que se ponga al frente de estos reclamos”, agregó Pavón.

La asamblea contó con la presencia de trabajadores de la Metalúrgica PRIMA que, desde el pasado lunes 6 de julio, vienen acampando en la puerta de la fábrica en reclamo de despidos, indemnizaciones no cobradas, sueldos atrasados y aportes sociales no realizados.

La asamblea -que se realizó en las instalaciones de la Escuela de Educación Técnica N°2-, afirmó su solidaridad con los familiares de Katherine Moscoso y, de Matías Muller y Katherin Ortiz, los dos últimos, atropellados en Punta Alta por un móvil policial.

También se propuso que la Comuna adhiera a la efectivización de la Ley por Boleto estudiantil gratuito aprobada a nivel provincial.

El gobernador Daniel Scioli envió a la Legislatura provincial el proyecto de Ley de Paritarias para las trabajadoras y los trabajadores del Poder Judicial. Durante años desde la Asociación Judicial Bonaerense se bregó por la aprobación de una norma que regule la relación laboral entre lxs judiciales y el Estado empleador.

El secretario general del gremio, Hugo Blasco, aseguró en FM De la Calle que el proyecto consensuado entre las partes “contempla la aplicación o vigencia del sistema autárquico en la provincia, es decir, el manejo, la administración de los recursos del Poder Judicial en exclusiva responsabilidad de la Suprema Corte. Hay un proyecto de ley de autarquía que está en la Legislatura desde fin del año pasado que contempla la puesta en práctica del modelo autárquico a partir del 1 de enero de 2016”.

“Somos el único sector que no tenemos este instrumento, los últimos en acceder a ello fueron los municipales, un ámbito mucho más difícil porque son 135 partidos, por lo tanto 135 intendentes, y sin embargo hubo capacidad para poder lograr la ley de paritarias”, agregó.

Respecto a la negociación, Blasco comentó que “en uso de nuestra responsabilidad, que es la de representar los intereses y derechos de los trabajadores judiciales, había cosas que no podíamos aceptar. Por ejemplo, el ámbito de representación, es decir, quiénes estarían representados en la negociación colectiva, la regulación del derecho de huelga que la Corte pretendía para sí, cosa que es una atribución exclusiva y competencia del Congreso Nacional, ni siquiera la Corte nacional puede regularlo, y después algunas cuestiones relacionadas con las facultades reglamentarias y un par de cosas menores pero que impedían avanzar en un acuerdo”.

“Reivindicamos esto como un triunfo porque el tema de por qué no hay negociación colectiva prácticamente en ninguna provincia para los judiciales, inclusive a nivel nacional, tiene que ver con una cultura predominante en los ámbitos judiciales en los cuales se puede ser democrático con todo el mundo menos con los trabajadores de la justicia”, manifestó.

“Que entre luz en tribunales”

Consultado acerca del debate judicial en torno a la Ley de Subrogancias y el rol del Consejo de la Magistratura en la designación de jueces y juezas interinxs, el gremialista recordó que estuvieron de acuerdo cuando el gobierno nacional impulsó proyectos para “supuestamente democratizar” al Poder Judicial. Sin embargo, “nos parecía que no era simplemente aprobar leyes a libro cerrado porque había que hacer un debate profundo convocando a los sectores interesados, no solamente a los legisladores y a algunos jueces”.

“Se intenta cambiar una corporación muy conservadora, reaccionaria en muchos de sus integrantes, por otra corporación que tampoco es una maravilla. Analizando quiénes conforman Justicia Legítima, hay gente que consideramos que es valiosa y no nos cabe ninguna duda, pero también hay jueces que son impresentables. Algunos fueron denunciados por nosotros por violencia laboral contra los trabajadores o por sacar sentencias que son verdaderamente una vergüenza”, sostuvo Blasco.

El dirigente agregó que “todos los mecanismos de designación de jueces, conjueces y demás, creo que debería ser debatida. Desde la Federación Judicial Argentina, desde la AJB, desde la CTA Autónoma siempre hemos impulsado la participación popular, incluso desligada de los partidos políticos en la responsabilidad de la selección de los candidatos para jueces, fiscales y defensores. (…) Hay que abrir la puerta, las ventanas, todo, que entre luz a tribunales”.

Un falso robo en el estudio jurídico y un ataque con brea sobre el frente de la casa del abogado Lucas Beier. Un intento de incendio del auto de Ricardo Pasquali, el más activo de los pescadores denunciantes. Una amenaza de sujetos armados para que Eduardo Mena se deje “de joder con la denuncia por contaminación”. Otros dos pescadores -que no intervienen en la causa- fueron amenazados con frases similares en el interior del puerto de Ing. White, uno de ellos recibió un palazo y una fuerte golpiza por parte de varios hombres.

“Es muy difícil desvincular estos atentados con estas causas, con la que tienen Arellano y Beier patrocinando a la Asociación de Pescadores y también esta acción civil para el saneamiento de la ría que tramita la justicia provincial”, aseguró el fiscal Alejandro Cantaro en FM De la Calle. Los abogados mencionados querellan contra las empresas del polo petroquímico y ABSA por la pérdida de la fuente laboral de los pescadores artesanales y exigen la reparación ambiental del estuario bahiense.

El funcionario recordó que los trabajadores presentaron otra denuncia el año pasado vinculando las causas ambientales y laborales con “la confusa reparación patrimonial que le dieron a los pescadores que tenían que dejar de pescar, en el marco de un convenio o acuerdo de reorganización pesquera donde se les ofrecía a los que querían seguir mejores lanchas para ir a pescar más lejos y a los que no, una indemnización. Los pescadores denuncian que esto fue turbio, que se pagó a quienes no correspondía, que se hicieron firmar recibos por más dinero del que percibían”.

La justicia federal entendió que se trataba de delitos ordinarios y derivó la investigación al fiscal provincial Rubén Álvarez. “Habría que ver también cómo es la cuestión tributaria, de dónde salió ese dinero, cómo se pagó, si es que el dinero recibido de la provincia a través del Consorcio fue a parar a quien tendría que haber ido a parar y en qué condiciones”, detalló Cantaro.

El aporte del gobierno provincial alcanzaba en principio los diez millones de pesos aunque “los pescadores dicen que podrían probar que fueron muchos más, en el orden de los sesenta millones”. El Consorcio de Gestión del Puerto se deslindó de la repartija y contrató a la empresa Estibadores S.R.L. de Amílcar Osores.

El fiscal calificó como “llamativo” que haya sido una empresa privada la que definió a quién y cuánto debía abonarse para la reconversión pesquera o la indemnización de quienes se apartaron de la actividad. “Es una empresa de estibadores, ni siquiera tiene que ver con la pesca. Le dieron el dinero y Estibadores S.R.L. tenía que rendirle cuentas. A los pescadores les llama la atención porque el socio gerente es de apellido Osores y en el directorio del Consorcio del Puerto hay otro Osores (Marcelo) que está en representación del SUPA”.

“El Consorcio pretendía hacer una extensión del dragado que después fue impedida pero que llegó a comenzar a hacerse. Con el refulado del estuario que se saca se van construyendo como islas que, cuando se asientan, deben ser base para construcción de empresas o para ampliación de lo que gestiona el puerto. Cuando ese refulado se saca, naturalmente todo ese material sedimentado con tóxicos peligrosos que están en el fondo y que fue lo que impidió que el dragado se extendiese, eso queda todo en la superficie y cuando se seca, vuela”, afirmó Cantaro y agregó: “No es paranoia, es una conexión que existe. Justamente es el Consorcio el que les da el dinero a los pescadores para que no pesquen pero a la vez, esta distribución se hace en una forma de asociación muy extraña para ver a quién le dan el dinero. Pensar que todo esto está conectado no es una locura, una fantasía, porque uno está buscando la quinta pata al gato. Hay una conexión real y vamos a insistir con eso”.

Un nuevo episodio intimidatorio se sumó al contexto de la investigación judicial por contaminación del estuario bahiense. Tras el falso robo en el estudio del dr. Lucas Beier, el ataque con brea contra el frente de su casa y el intento de incendio del auto de uno de los denunciantes, otros dos trabajadores de la pesca fueron amenazados y golpeados en el interior del puerto de Ing. White.

La noticia fue confirmada por el abogado Luis Arellano, quien representa junto a Beier a la Asociación de Pescadores de la Ría de Bahía Blanca en la causa contra las empresas del polo petroquímico y ABSA.

Ayer por la tarde aseguró durante la emisión de Tarde Piaste que “a uno de nuestros clientes lo amenazaron con una referencia bien directa a que se dejara de joder con el juicio, así fue más o menos la expresión, y ayer a la noche otras dos personas también pescadores que no son clientes, no integran el grupo del juicio, tuvieron un altercado y uno de ellos recibió una paliza con referencias directas a las acciones judiciales”.

Dentro del área portuaria “se bajó una (persona) y le partió un palo en el cuerpo a la víctima que se defendió y como la defensa fue más fuerte que el ataque, bajaron el resto que estaba en el auto, cuatro o cinco, y entre ellos le propinaron la paliza”. El letrado afirmó que la justicia intervino de oficio y opinó que “es un camino errado tratar de resolver conflictos del modo violento”.

“Se está dejando pasar la oportunidad de afrontar de una vez por todas la problemática de la contaminación de la ría de Bahía Blanca -explicó Arellano-. Ese es el origen de todas estas causas, o sea, que hoy los pescadores no tengan más posibilidad de ejercer su industria, que hicieron en forma pacífica durante un tiempo larguísimo, familias enteras que de generación en generación se dedicaban a esto hoy han perdido su tren de trabajo, su forma de vida. Y ellos han sido quienes tomaron la iniciativa de defender un recurso que es de todos, la acción que están llevando a cabo es para beneficio de la comunidad toda, que se deba dejar de contaminar y tratar de hacer algo para sanear el estuario”.

Para el abogado, si la fuerza que se encamina hacia hechos violentos fuera “la misma voluntad de afrontar este problema, se apuntaría sobre las autoridades públicas para generar las normas” que permitieran el saneamiento, que son “posibles, no muy difíciles y no muy caras, sería mejor que esto de intentar tapar el sol con las manos”.

“De hecho hay empresas privadas que controlarían, recibirían el barro residual de la cloaca de Bahía Blanca a ABSA para limpiarlo y poder vender por lo menos el 30 por ciento del agua potable que consume el polo petroquímico para su ciclo productivo”, concluyó Arellano.

Trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional concluyen esta noche un paro por 48 horas en el marco de un plan de lucha ante la falta de respuesta de las autoridades de la emisora pública a las demandas salariales y por mejoras en las condiciones laborales.

El delegado de base y secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Carlos Saglul, comentó en diálogo con el programa Tarde Piaste de FM De la Calle, que la paritaria se caracteriza por maniobras dilatorias: “Fuimos a nada menos que cuatro audiencias donde la empresa no hizo ninguna propuesta. Imaginate que se hacen en Buenos Aires donde vienen compañeros de todo el país, es una falta de respeto ser citados a una reunión paritaria que no es tal porque la empresa no hace ninguna propuesta, no sé si es para desgastar o qué”.

Tras cuatro intentos fallidos la asamblea decidió iniciar la medida de fuerza e insistir este miércoles con las demandas. “La responsabilidad del paro, tiene que quedar en claro a los oyentes porque no nos permiten por primera vez difundir ni un comunicado, que no nos corresponde a nosotros que hemos tenido mucha paciencia y somos los que hemos mantenido históricamente la radio más allá de los funcionarios de turno”.

Saglul explicó que “hay una serie de problemas que para nosotros son muy graves como la situación irregular del personal contratado, no solo en Radio Nacional Buenos Aires, es más grave en el interior del país, en condiciones de irregularidad absolutas. Por otro lado, has tenido un gran número de concursos durante estos últimos meses pero los criticamos por la falta de transparencia”.

“Primero porque no sirve para que ingrese toda esta gente que está trabajando en la radio realmente y, por otro lado, no tienen control gremial, quien hace de jurado son tres o cuatro gerentes que bien podrían ponerse de acuerdo al no existir una auditoría de tipo gremial, no te asombres que haya amigos, familiares, primos, sobrinos y no realmente quienes  necesita la radio pública”, agregó.

El dirigente aclaró que el problema excede al Sindicato de Prensa y responde a una decisión de la dirección encabezada por Tristán Bauer, María Seoane y Vicente Muleiro de no recibir a ningún gremio. “Es como que los trabajadores no existieran, tienen un discurso muy piola al aire, nacional y popular, pero por dentro la otra cara es que ni siquiera reciben a los sindicatos. Es como que los trabajadores no tienen ni voz ni voto, nosotros somos delegados de base, no somos burócratas”.

Por último, Saglul informó que en la última asamblea fueron declarados personas no gratas lxs comunicadorxs Cinthia García, Roberto Caballero y Ari Lijalad: “Nos pareció una conducta muy reprobable el hecho de que el paro se iniciaba el lunes a las seis de la mañana y vinieron el domingo a la madrugada para simular que la radio está al aire. Muchos dicen que se debían a la audiencia y por eso lo hicieron, es estafar a la audiencia decir ‘esta mañana’ cuando vos no estás en el aire”.

“Por otro lado, si te debés a la audiencia es absurdo, porque es considerar que hay una sola radio en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina donde vos podés informarte. Estos comunicadores están además en varios medios donde podrían salir tranquilamente. Esta actitud es de rompehuelgas, no se puede justificar de ninguna manera, por eso la criticamos con dureza y también con dolor porque de alguna manera se trata de compañeros que, si bien al ser conductores cobran salarios o contratos mucho más altos, son compañeros, son periodistas”.

En reclamo de pago de salarios adeudados desde hace dos meses los 16 empleados de la firma decidieron tomar sus establecimientos. Según el sitio web oficial, “ha demostrado ser una de las líderes en el mercado” en construcción de silos.

Sergio Seguel, uno de los supervisores con 11 años de antigüedad, dijo a FM De la Calle que “hay trabajos ya tomados hace tiempo, pero no fueron entregados en su momento, no por falta del obrero sino por la mala gerencia de la patronal”.

El mecanismo de la mala gestión estaría en “pasar presupuesto y no comprar los materiales necesarios. Después llama gente que ha comprado algún silo, galpón, no lo tienen en la fecha que ellos le prometieron, nos llaman y nos preguntan, ¿y el galpón? Y no sabemos qué decirle. Nosotros tenemos la buena predisposición de venir a trabajar pero a nosotros no nos cumple, es más, tenemos cortada la obra social por faltas de pago, no nos hacen los aportes, no tenemos seguro de ART, estamos a la deriva”.

En respuesta a las demandas de los obreros, los titulares espetan: “muchachos, no les gusta, váyanse. Si los tengo que echar, lo voy a hacer, pero no van a  ver un peso”.

Seguel afirmó que hicieron reclamos “al sindicato, al Ministerio de Trabajo, pero no nos han escuchado nada. Nosotros somos simples obreros que nos levantamos 5:30 de la mañana, hay compañeros que tienen hijos con necesidades especiales, otros alquilan, todos venimos por lo mismo. Queremos cobrar lo que honradamente nos ganamos, no estamos pidiendo algo fuera de lo convenido, pedimos lo atrasado”.

El conflicto se remonta a “septiembre del año pasado. Se ha despedido gente de más de treinta años de servicio, gente que ha llegado a arreglos en el Ministerio, todo legal, bonito, pero no les han pagado nada”.

“Hasta acá cumplimos, ahora tienen que arreglarse con el Ministerio y dan un paso al costado. No somos gente de hacer despiole, somos gente tranquila que queremos llevar el pan a nuestros hijos, queremos trabajar, nadie va a romper nada de lo que está acá, esto es fuente de trabajo, para nosotros y los que pueden llegar a venir a trabajar” sostuvo.

Por su parte, el secretario general de la UOM Bahía Blanca, Daniel Gómez, informó que “PRIMA tiene una larga y lamentable historia de incumplimiento. La planta tenía unos cien trabajadores de la UOM y ahora deben quedar algo de cuatro o cinco”.

De esta forma, “los dueños han hecho mucho daño tanto a los trabajadores como al sistema, hace un año y medio que no pagan aportes ni obligaciones a la seguridad social, la planta viene trabajando muy mal”.

Respecto a mediaciones anteriores, el dirigente sostuvo que “se han hecho los trámites correspondientes. La conducta de los dueños de PRIMA fue consecuente, lamentablemente. Antes la fábrica trabajaba mucho y aprovechaba beneficios del gobierno, pero nos hemos encontrado con situaciones que nos únicas pero que se siguen dando”.

Actualmente, “se dan situaciones de patrones ricos pero con empleados super pobres. Se los permite alguna legislación. Se agarran de eso para no cumplir obligaciones, incluso algunas que se decidieron en el Ministerio de Trabajo”.

Sumado a esto, “han hecho empresas paralelas que también están sucias. La otra empresa se llama SIMES, es común que las empresas hagan alguna otra dentro de las mismas plantas, con otro nombre. Muy común en las SRL, SA. Lo hemos tomado como una burla. Hoy la planta tiene más supervisores que obreros, uno siente que trabaja todo el mes y muchos muchachos se han ido y se sienten burlados”.

Sobre el estado de la negociación actual, Gómez aseguró que están “a la espera de un pedido de audiencia que se tramitó hace unos días en el Ministerio. Obviamente que acompañamos y apoyamos a los muchachos. Si bien hacemos conciliaciones nada nos da resultado”.

“Es difícil mantener la cordura cuando los que están del otro lado te tratan tan mal, vamos a intentar mantenernos dentro de la legalidad y la cordura pero se hace difícil”, dijo el dirigente en referencia a la toma como método lucha.

El sindicato ASIMRA es quien detenta mayor cantidad de afiliados. Consultada la oficina local, informaron que la “parte gremial se maneja desde Buenos Aires” por lo cual no estaban al tanto de la situación.

Tal como informamos ayer, la dirección del Hospital Penna decidió, sin dialogar con trabajadorxs ni profesionales, modificar la disposición de pacientes por grado de complejidad, en lugar de por servicios.

La secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Viviana Marfil, dijo a FM De la Calle que “es muy grave porque los fundamentos del doctor Comezaña, (director de la institución), son las necesidades de cama. Las mismas 20 habitaciones que venimos denunciando que están clausuradas hace más de tres años porque no arreglan sus baños. Ahí tiene las necesidades de las habitaciones”.

Además, la dirigente aseguró que “aparte (Comezaña) habla de cuidados progresivos. Se debe realizar en acuerdo con el personal médico, el de enfermería, el de limpieza. Y el único lugar que tiene el requisito de cuidados progresivos es la Patrulla. Es un lugar donde se atienden los pacientes inmunodeprimidos. Es un paciente oncológico, con HIV, trasplantado, entre otros. El trabajador tiene una capacitación muy importante”.

Por otra parte, preocupa el contexto en el que se anunció la medida. Según la titular de la organización sindical, “esto está pasando a cinco meses de terminar su gestión”.

ATE denunció hace dos años la presencia de asbesto. “Vino la Superintendencia de la Oficina de Trabajo y certificó lo que nosotros decíamos. Certificó lo que veníamos diciendo de los residuos patogénicos que es más grave, están depositados es bolsas rojas y se está generando un foco de contaminación ambiental para el propio hospital, para las escuelas de alrededor y para la comunidad”, finalizó Marfil.

Por otra parte, profesionales que desempeñan su labor en el nosocomio también manifestaron diferencias con la gestión saliente.

Pablo Acrogliano, de la Asociación de Profesionales del Hospital Penna, aseguró que “estos cambios están enmarcados en una decisión política tomada desde hace varios años por la dirección del Hospital. Una modalidad de atención que se llama de cuidados progresivos. Los pacientes dejan de pertenecer a los Servicios para ser atendidos por niveles de complejidad”.

Para lxs profesionales, “si uno lo mira, se sienta y lee lo que son los cuidados progresivos uno podría estar de acuerdo porque se optimiza, no sólo los recursos humanos, sino también el recurso edilicio y material del Hospital. La pregunta es si el hospital está en condiciones edilicias y de personal para poder sostener esto”.

Por otra parte, el neumonólogo explicó que “hemos vivido en carne propia esto cuando desarticularon el servicio de neumotisiología. El tema es que la transición se viene haciendo de una manera poco articulada. Más bien se impone. Ustedes piensen que cambiar una estructura de pensamiento cuesta mucho”.

Acrogliano sostuvo que “esto va más allá del servicio de Patrullas. Pasó con oncología y pasó con neumonología. La pregunta es si ediliciamente hoy el hospital está en condiciones de hacer esto. La respuesta es: basta venir y ver el hospital”.

Finalmente, el médico indicó que “no sirve tomar decisiones con un portazo. Esto hay que charlarlo. Hay que trabajar con el personal y con los enfermos (crónicos) que se ven totalmente desvalidos ante estos cambios bruscos”.