Seleccionados por Adel Vilas, traidos a Bahia Blanca desde distintos puntos del país, fueron los verdugos de más de 300 personas secuestradas durante la última dictadura y componen la lista de imputados por crímenes de lesa humanidad.
El alegato fiscal detalló el rol de los imputados que se desempeñaron en las áreas que desplegaban las acciones psicológicas como parte indispensable del plan represivo.
La Unidad Fiscal de Lesa Humanidad se explayó en su alegato sobre rol que ocupó Osvaldo Lucio Sierra dentro de la estructura jerárquica de la Zona 5. La próxima sesión será este jueves desde las 9.
El fiscal Pablo Fermento junto a su par Paula Molini continuaron con los alegatos vinculados al rol de cada imputado dentro de la estructura jerárquica militar.
En la audiencia 101 la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad inició con la descripción de las funciones de cada imputado dentro del plan represivo desplegado en Bahía Blanca durante la última dictadura.
Los fiscales Miguel Ángel Palazzani, Pablo Fermento y Paula Molini relataron el contexto bajo el que se dio la represión. En las próximas sesiones comenzarán a detallar el rol de cada imputado dentro del plan de aniquilamiento.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata ratificó que la trabajadora social Betiana Seitz se desempeñó laboralmente en relación de dependencia en el área de Niñez del Municipio con modalidad contractual desde 2015 al 2022.
La medida fue impulsada por el titular de la Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez. “Para este fiscal y el juez, que no tienen ni idea de perros, Marcos mintió. No creo que sepan cuáles son las técnicas que se emplean”, dijo a FM De la Calle Leandro Aparicio, abogado de Herrero.
En la última audiencia continuaron los alegatos de la fiscalía en los que relataron la violencia sufrida por las víctimas del Centro Clandestino La Escuelita. La próxima sesión será el lunes desde las 9:30.
El fiscal Pablo Fermento destacó en su alegato la correlación entre los registros de inteligencia, los agrupamientos de militantes y los secuestros. “A través de la tortura se van dando las secuencias. Los aportes criminales no pueden aislarse a un caso sino que son aportes a totalidad a la empresa delictiva”, afirmó.
“Se refirió a los abusos sexuales sufridos en La Escuelita, contó que la desnudaron, la ataron a un elástico de cama, le colocaron una toalla en la boca y la torturaron con picana. Luego de su liberación, uno de los captores que apodaban ‘el Tío’ se presentó en su domicilio y le devolvió los documentos de identidad. Posteriormente, ‘El Zorzal’ y ‘Chamamé’ comenzaron a concurrir a su hogar con objetivo intimidatorio y dijo que se quedaban a cenar”, refirió el fiscal Pablo Fermento al alegar por uno de los más de 300 casos del juicio.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó el sobreseimiento de los gendarmes imputados por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Además, apartaron al juez federal Gustavo Lleral, quien había dictado esa medida y el cierre del expediente.
Entre los casos expuestos en el alegato fiscal, Paula Molini relató el secuestro de María Graciela Izurieta y el nacimiento de su bebé en cautiverio. Presentó la carta que la víctima logró enviar durante su cautiverio, última noticia que tuvo su familia sobre su paradero. Graciela aún continua desaparecida y su hijo apropiado.
Durante la audiencia 91 la Fiscalía alegó acerca de los casos de las víctimas cautivas en el Batallón de Comunicaciones 181 y comenzó a describir aquellas que pasaron por las comisarías, alcaldías y el penal de Villa Floresta durante la última dictadura. El juicio continúa este jueves desde las 9.
La Comisión Provincial por la Memoria había presentado un recurso de queja ante el organismo contra la primera jueza que investigó la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro. Marrón deberá dar explicaciones sobre su actuación. La medida se tomó ante su inclusión en una terna para integrar una sala de la Cámara Federal platense.
En la segunda jornada de los alegatos la Fiscalía describió los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que operaron bajo jurisdicción de la Subzona 51 durante la dictadura cívico militar. Hoy continúa la exposición.
Iniciaron los alegatos de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad en la causa que juzga a 36 represores por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. Las audiencias continúan el lunes y jueves de la semana próxima.
Este martes debían declarar las hijas de los obreros gráficos de La Nueva Provincia asesinados durante la dictadura. La Cámara Federal debe analizar la apelación al sobreseimiento del empresario.
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