“Nuestro pueblo debe saber lo que pasó con sus soldados en Malvinas”

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Cuatro militares serán indagados por primera vez por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército Argentino contra sus propios soldados durante la guerra de Malvinas.

“Esto necesita celeridad, en esta primera etapa se están investigando hechos que ocurrieron geográficamente en la isla Gran Malvina, en Puerto Yapeyú, en el Regimiento 5 en Corrientes y la Compañía de Regimiento 3. Son estaqueamientos, enterramientos, soldados que murieron bajo fuego enemigo estando estaqueados”, dijo a FM De la Calle Ernesto Alonso.

El secretario de Derechos Humanos del Centro de ex combatientes de Islas Malvinas — La Plata (CECIM) afirmó que “no fueron hechos aislados, hubo órdenes y una práctica que ya venía desde el servicio militar obligatorio” y subrayó que “la búsqueda de verdad, memoria y justicia no está en contra de la soberanía sobre las Malvinas”.

La instrucción judicial que se inició en 2007 tiene 95 imputados y 120 denuncias. En mayo de este año el juez federal subrogante de Río Grande, Federico Calvete, citó a declaración indagatoria a 18 militares y amplió el requerimiento de medida a otros seis imputados.

“Las indagatorias se deberían haber tomado a mediados de año y cuando asume la nueva jueza (Mariel Borruto) la suspende, por motivos injustificados, por falta de personal y de espacio físico”, explicó Alonso.

Los militares están acusados de torturas, estaqueamientos, inmersión de soldados desnudos en agua helada, enterramiento de soldados hasta el cuello, picanas con teléfonos de campaña, golpes y violencia sexual, entre otros padecimientos físicos y psicológicos.

El 5 y 6 de diciembre, los militares Miguel Gardé, Belisario Affranchino, Eduardo Gassino y Gustavo Calderini deberán presentarse ante la justicia y responder por sus crímenes. Hay otros 20 imputados con pedido de declaración indagatoria.

 

“Estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 37 años, hay víctimas. Nos estamos enfrentando a un sistema negacionista, nos preocuparon mucho las declaraciones del jefe del Ejército Claudio Pasqualini el 27 de mayo. Habló de pseudoimputaciones que quieren enlodar la cuestión patriótica. Esa persona no puede estar más en el Ejército”, reclamó Alonso.

El ex combatiente agregó que días atrás el ministro de Defensa, Oscar Aguad, “abrió una nueva oficina y puso al coronel (Jorge) Zanella, que es otro negacionista. La película ‘Ilumniados por el fuego’ está basada en el libro que escribió un compañero, Edgardo Esteban, que puso a la vista cosas que no se habían contando. Fue el propio Zanella el que salió a apretarlo por lo que había publicado”.

El querellante comentó que el avance judicial “permite que muchos compañeros se animen a hablar, la política de amedrentamiento que estableció la dictadura causó horrores en muchos de ellos”.

Consultado por las causas de la represión de los militares argentinos a sus propios soldados, Alonso opinó que “es por una cuestión de la formación durante la dictadura, de la fuerzas armadas. No podemos olvidar la cantidad de conscriptos desaparecidos, son más de 200. Nosotros éramos jóvenes que teníamos que cumplir el servicio militar obligatorio, después de lo que pasó con el soldado Carrasco ya en democracia tuvieron que suspenderlo”.

“Esa caracterización de jóvenes que para los militares de ese momento eran los dueños de la vida y de la muerte, ni qué hablar de los casos de soldados judíos, en el Regimiento 3 en La Tablada fueron torturados por el solo hecho de ser judíos”.

La Comisión Provincial por la Memoria celebró el avance judicial como “un reconocimiento a la lucha histórica del CECIM y las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad” y como organismo querellante reclamó “que se tomen todas las medidas necesarias para que estas indagatorias efectivamente se concreten. En ese sentido, el organismo señala su preocupación por la situación de Gustavo Calderini que, en estos momentos, está en Europa, en un viaje que fue autorizado por la misma jueza”.

LOS ASESINOS DE AYER NO FUERON NI SERÁN HÉROES
VERDAD, JUSTICIA, MEMORIA Y SOBERANÍA

Este listado incluye los nombres de algunos de los imputados, procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad en el continente que integraron las fuerzas movilizadas a las Islas Malvinas.

Almirante Carlos Alberto Busser | Cabo principal Juan Lorenzo Barrionuevo | Cabo segundo Carlos Alberto Díaz | Cabo segundo Eduardo Francisco Sieber | Cabo segundo José Mario Santillán | Capitán Carlos Esteban Pla | Capitán de corbeta Alberto Raúl Lorenzo | Capitán de corbeta Eduardo Rodolfo Lambí | Capitán de corbeta Ernesto Proni Leston | Capitán de corbeta Francisco Gerardo Sonvico | Capitán de corbeta Hugo Enrique Damario | Capitán de corbeta Pascual Pellicari | Capitán de corbeta Ricardo Guillermo Corbetta | Capitán de fragata Basilio Benito Pretiné | Capitán de fragata Enrique Carlos Isaola | Capitán de fragata Jorge Eduardo Acosta | Capitán de fragata Luis Nicolás D’Imperio | Capitán de fragata Néstor Santiago Barrios | Capitán de navío José Julio Sarcona | Capitán de corbeta Aristóbulo Nicanor Moreira | Capitán de corbeta Daniel Eduardo Robelo | Capitán de corbeta Horacio Carlos Michelis | Capitán de corbeta Juan Carlos Rolón | Capitán de corbeta Julio César Fulgencio Falcke | Capitán de corbeta Miguel Ángel Domingo Parola | Capitán de corbeta Roberto Guillermo Sosa Amaya | Capitán de fragata Carlos Hugo Robacio | Capitán de fragata Hernán Lorenzo Payba | Capitán de fragata Julio César Binotti | Capitán de navío Carlos Eduardo Daviou | Capitán de navío Guillermo Félix Botto | Capitán de navío Jorge Enrique Perren | Capitán de navío Jorge Raúl Vildoza | Capitán Gonzalo Gómez Centurión | Carlos Rodolfo Doglioli | Coronel Carlos Carrizo Salvadores | Coronel César Amadeo Fragni | Coronel Ernesto Alejandro Repossi | Coronel Ernesto Hugo Kishimoto | Coronel Osvaldo César Quiroga | Coronel Rafael Julio Manuel Barreiro | Coronel Ricardo Guillermo Reyes | Coronel Ricardo Jaureguiberry | Comodoro José María Insúa | Comodoro Juan Carlos Hrubik | Comodoro Alcides José Cerutti | Comodoro Danilo Alberto Sambuelli | Comodoro José Carmen Beccio | Contralmirante Edgardo Aroldo Otero | Contralmirante Walter Oscar Allara | Coronel Alberto Luis Devoto | Coronel Carlos Tomás Macedra | Coronel Horacio Losito | Coronel Pedro Adolfo López | General de brigada Juan Ramón Mabragaña | General de Brigada Mario Benjamín Menéndez | General de Brigada Omar Edgardo Parada | General de División Osvaldo Jorge García | Guardiamarina Miguel Ángel Torra | Mayor Carlos del Señor Hidalgo Garzón | Mayor Higinio Rafael Robles | Mayor Jorge Alberto Benitez | Mayor Juan Carlos Ponce | Mayor Nelson Humberto Godoy | Pablo Santiago Llanos | Prefecto Francisco Martínez Loydi | Prefecto Alejandro Domingo D’Agostino | Roberto Berazay | Sargento Carlos Alberto Vega | Sargento Hugo Luis Álvarez | Sargento primero Rodolfo Daniel Brovarone | Sargento Juan Carlos Camicha | Suboficial Antonio Oscar Pereyra | Suboficial mayor Adalberto Osvaldo Bonini | Suboficial mayor Carlos Alberto Martínez | Suboficial mayor Jesús Roberto Toro | Suboficial mayor Juan Carlos Lujan | Suboficial mayor Vicente Alfredo Flores | Teniente coronel Adolfo Ernesto Moor | Teniente coronel Delsis Ángel Malacalza | Teniente coronel Guillermo Alberto Domínguez Matheu | Teniente de fragata Carlos María Robbio | Teniente de navío Juan Arturo Alomar | Teniente de navío Julio Carrilaf | Teniente primero Julio Manuel Santamaría | Teniente primero Carlos Alberto Arroyo | Teniente primero Eduardo Enrique Barreiro | Teniente primero Enrique Stel | Teniente primero Raúl Esteban Andrés | Teniente coronel Alfredo Francisco | Teniente coronel Anselmo Pedro Palavezzati | Teniente coronel Daniel Alejandro Délfor Polano | Teniente coronel Enrique Roberto Fader | Teniente coronel Ítalo Ángel Piaggi | Teniente coronel José Félix Aguiar | Teniente coronel José Tadeo Betolli | Teniente coronel Luis Alberto López | Teniente coronel Norberto Ricardo Villegas | Teniente de fragata Luis Ambrosio Navarro | Teniente de fragata Rodolfo Alberto Bogado | Teniente de navío Alfredo Astiz | Teniente de navío Alois Payarola | Teniente de navío Antonio Pernías | Teniente de navío Francisco Armando Di Paola | Teniente de navío Francisco Lucio Rioja | Teniente de navío Horacio González Llanos | Teniente de navío Hugo Berrone | Teniente de navío Hugo Roberto Ortiz | Teniente de navío Miguel Ángel García Velasco | Teniente de navío Raúl Damián Pueyrredón | Teniente de navío Rodolfo Oscar Cionchi | Vicealmirante Juan José Lombardo | Vice comodoro Ángel Ricardo | Vice comodoro Miguel Ángel Lucero.

Listado en construcción realizado por el CECIM La Plata y la Comisión Provincial por la Memoria. Abril de 2018

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“Falta autonomía de las mujeres para salir de la situación de violencia”

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El presidente Macri anunció “medidas extraordinarias contra la violencia de género”. Propone la investigación automática y habilita la denuncia de terceros.

Anunció además la centralización de la información de las líneas 144 y 911, actuar desde la primera alerta y capacitar a la policía.

Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, señaló a FM De la Calle que el principal obstáculo es la perspectiva con la cual se abordan estas políticas: “Falta autonomía de las mujeres para salir de la situación de violencia. Es una problemática más multidimensional y compleja que la de una perspectiva de seguridad”.

El primer punto habla de la posibilidad de que las mujeres no tengan que ratificar la denuncia. Gherardi comentó que “esto ya sucede en muchas jurisdicciones y si no sucede es un problema de la práctica más que de una reforma que haya que hacer. Si una va a la Fiscalía es suficiente para que empiece una investigación y si nos piden que vayamos a declarar repetidamente es una práctica de revictimización. Lo mismo en las comisarías, que son lo que tenemos más a mano, tienen la obligación de remitirlo a la Fiscalía”.

En segundo lugar, la medida contempla las denuncias de terceros. “En la gran mayoría de los delitos -lesiones graves, amenazas o tentativa de femicidio- una tercera persona ya puede hacer la denuncia”.

¿Es recomendable promover que eso se haga? “Para nosotras no porque imponerle a una mujer adulta, en una situación de violencia, un proceso penal para el que no está preparada emocional o materialmente, la puede dejar más desamparada de lo que estaba. Está bueno que nos involucremos y que lo haga el Estado pero no mediante una denuncia sino acercándonos y apoyando para que cuando pueda haga la denuncia y lleve adelante el proceso. La denuncia es el punto de partida de otro proceso, largo, difícil, que tiene sus vueltas”, señaló Gherardi.

Respecto a la centralización de la información, opinó que “es potencialmente muy interesante. Es complejo pero hay que pensar que las comisarías, las Fiscalías, los juzgados de familia puedan compartir la información”.

“Es muy compleja su implemetación, es un esfuerzo que está en marcha desde hace muchos años en el registro de violencia contra la mujeres pero no es un registro en tiempo real, me pregunto si es prácticamente realizable”.

En cuanto a “actuar ante la primera alerta”, Gheradi dijo que “eso ya es una obligación, el Estado debe tomarse en serio las denuncias y la rendición de cuentas. Eso no quiere decir solamente ver si le mandan la policía o no, sino qué dispositivos de políticas sociales se ponen en marcha para ver las desigualdades estructurales. Prevenir los femicidios y abordar la estructura de violencia extrema requiere abordar la desigualdad”.

Finalmente apuntó que el desafío es “la articulación y el compromiso de los niveles provinciales y municipales. Hacemos bien en poner la mirada en lo nacional pero muchos de estos programas deben ejecutarse en otros niveles y ahí tenemos muy poca información. Creo que esa es una cuenta pendiente de mayor transparencia y visibilidad para tener mayor posibilidades de monitorearlo”.

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Sí se puede: la familia Saccoccia quiere que la escuchen

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Santiago Saccoccia y Andrea Pais reclamaron una vez más al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal que les escuchen. Lo reclamaron ante el acto que realizará Cambiemos este viernes en Bahía Blanca.

Son el papá y la mamá de Facundo, adolescente fallecido luego de ser atropellado por Alexis Yuri Sturzenergger.

Según comentó Saccoccia a FM De la Calle, desde la Casa Rosada les informaron que habían recibido el pedido y que “no me pueden asegurar una charla pero que si me acerco al lugar, Macri está dispuesto a recibirme”. 

“Lo primero que queremos es seguir reclamando la exoneración de Sturzenegger de la función pública. Aunque ellos dicen que es porque la condena no está firme. Facundo falleció en el acto, la condena judicial es otra cosa, no hay una presunción de inocencia. Después, si le dan 4 o 9 años es aparte. Tienen la potestad de hacerlo pero no quieren poner la firma” comentó.

El 10 de marzo de 2018 Sturzenegger, en estado de ebriedad, atropelló y mató a Facundo. Fue condenado a 9 años de prisión aunque continúa en libertad y ejerce tareas administrativas en el municipio de Coronel Rosales. El Concejo Deliberante puntaltense se negó a declararlo “persona no grata”  y a separarlo del cargo. 

“El es empleado de planta permanente, fue concejal. No trabaja,  siempre está escondido en una oficina haciendo nada. Tengo entendido que la licencia que había sacado se le terminó, le empezaron a pagar menos horas, necesitaba el sueldo y tuvo que volver a trabajar. Cualquiera que va preso pierde el trabajo, entonces acá lo que tiene que hacer es tomar la decisión política y echarlo ahora”.

“Cuando vinieron a inaugurar los molinos de Pehuen Co, Mariano Uset le entregó una nota en mano a Vidal,  tuvimos una respuesta de alguna abogada de alguna oficina, una respuesta para nada buena. Nos trató de ignorantes y nos dijo cuales eran los caminos para sancionar una ley. Eso ya lo sé, por eso recurro a la gobernadora. Eso está frenado, Diputados no sesiona hace no sé cuánto tiempo, eso quedó archivado”.

En el ámbito local la familia Saccoccia impulsó una ordenanza de Tolerancia Cero al volante aunque “no hemos tenido respuesta: el Concejo nos atendió, mandaron a pedir el informe técnico al Ejecutivo y es lo que no vuelve para que puedan tomar una determinación. Presenté en enero un proyecto de ordenanza de tres carillas. De última que digan que no”.

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Explosión en Dow: sin sanciones, la empresa reanuda su producción

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A las 9:21 de este viernes Dow Argentina informó que, 39 minutos después, iniciaría el proceso de puesta en marcha de su planta de Ing. White. Mañana se cumplen tres meses de la explosión que alarmó a la ciudad la madrugada del 28 de junio. Fuera del complejo, todo sigue igual.

Según el escueto comunicado firmado por Guadalupe De Latorre, el proceso tendrá una duración aproximada de 96 horas. “La luminosidad en antorchas y el eventual aumento en el nivel del ruido son circunstancias propias en este tipo de maniobras. Las autoridades municipales, provinciales y nacionales están debidamente informadas como es habitual y requerido en estos casos”.

No es el caso de la población bahiense, la cual no recibió una explicación directa ni ninguna otra información por parte de la multinacional desde el 30 de junio.

Para el Municipio y el OPDS la explosión no mereció ni una infracción. La justicia aun no informó si hubo delito.

Cuando habían pasado veinte minutos del viernes 28 de junio, la población bahiense escuchó una fuerte explosión. La falta de información oficial permitió que se viralizaran rápidamente noticias faltas e imágenes de incendios ocurridos en otros lugares y aumentara el temor y la incertidumbre.

Martín, del barrio 26 de Septiembre, relató entonces a FM De la Calle que “la explosión fue muy fuerte, estaba justo afuera, te puedo decir que hasta temblaron los vidrios. Nos enteramos en el barrio que fue en una de las plantas, no sabemos nada, no sabemos si hay un escape, no se sienten sirenas, no sabemos dónde estamos”.

49 minutos después la oficina de prensa municipal difundió un comunicado del CTE: “Sucedió una explosión en el craker de lhc2 de empresa DOW, NO HAY HERIDOS, están verificando las causas. No se accionó la sirena de planta. Se activó el PRET nivel 1”.

El domingo 30 una delegación judicial recorrió el lugar e inició una investigación para determinar si “hubo o no riesgo cierto, no potencial, de afectación de bienes y personas”.

El perito Santiago Maiz dijo que “en los procedimientos de puesta en marcha, se omitió o se salteó algún paso, lo que produjo que aumentara considerablemente la presión de vapor dentro de ese recipiente y, al no contar con ninguna válvula o alivio de presión, lo que hizo fue que explotara”.

Días después, el intendente Héctor Gay se refirió al tema superficialmente ante la pregunta de un periodista en una conferencia de prensa junto a un ministro provincial. Pidió actuar “con prudencia” y afirmó que se cumplió el protocolo de emergencias aunque “hay cosas que mejorar”. Destacó la instalación de un comité de crisis y se quejó por la circulación de  noticias falsas. Dijo que su capacidad de intervención es “limitada”.

El concejal Marcelo Feliú le respondió que un decreto provincial lo habilita a clausurar preventivamente a la empresa ante riesgos para la población o el ambiente.

Dow informó a principios de agosto que una válvula de operación manual cerrada en la cañería de salida del recipiente V-907 impidió liberar la sobrepresión y provocó el “sonido explosivo”. Fue un error humano. Para el CTE fue suficiente.

La conclusión de cuatro peritos de la UNS convocados por el fiscal Aguilar fue que el hecho ocurrió por deficiencias en el cierre de las válvulas y en el diseño del procedimiento de puesta en funcionamiento del recipiente estallado y, además, por la ausencia de una válvula de seguridad.

En el Concejo Deliberante se aprobaron pedidos de informes y se convocó a la subsecretaria de Gestión Ambiental, Sandra Pérez y los coordinadores del CTE y el Proceso APELL, César Pérez y Daniel Ayala. No fue nadie ni se contestaron las preguntas planteadas.

La Comisión Asesora Ambiental, por ordenanza, debe mantener una reunión mensual. Fue desactivada por parte de Cambiemos: la última convocatoria que realizó su presidente, Leandro Santomassimo, fue en noviembre de 2018. La oposición promovió un llamado extraordinario. Nunca se concretó.

La subsecretaria de Gestión Ambiental, Sandra Pérez, dialogó con FM De la Calle el día del aniversario de los escapes de Solvay del año 2000. Consultada por lo ocurrido en Dow aseguró que “se están revisando los procedimientos a ver si hay algo que cambiar. Eso se está haciendo ahora”. ¿Por ejemplo? “Bueno, por ahora no lo voy a adelantar porque no son modificaciones definitivas las que todavía se han determinado”.

A principios de septiembre inspectores del CTE recorrieron el lugar de la explosión, pidieron documentación a la empresa e invitaron a sus autoridades a explicar las reparaciones en la próxima reunión del Comité de Control y Monitoreo.

En dicho encuentro Dow ratificó la futura puesta en marcha de la planta sin la recuperación de condensado de hornos, los cuales “se descargarán en una pileta de tratamiento” hasta finalizar “la fase 3 con el completamiento mecánico y funcional total del sistema” previsto para fines de noviembre.

El 17 de septiembre, el secretario de Gobierno, Fernando Compagnoni, renunció a Sandra Pérez. “Motivos personales, tiene otras obligaciones que atender”, dijo. Al día siguiente la remplazó un joven investigador del IADO, Matías Insausti.

El intendente dispuso que desde el martes el flamante funcionario traslade su oficina a la delegación de Ing. White junto al CTE para “tener un contacto más cercano con vecinos e instituciones de la localidad”.

Ningún organismo público informó en qué condiciones se reanuda la actividad en la planta de Dow ni cuáles son las garantías de que no volverá a ocurrir una explosión como la del 28 de junio. O un incendio como el de noviembre de 2015. O algo aún peor.

/por

Caso Solano: otro fallo contra los policías condenados

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El Superior Tribunal de Rio Negro rechazó un recurso solicitado por  la defensa de siete policías condenados por el homicidio de Daniel Solano para que la Corte Suprema revise la sentencia y las pruebas.

El abogado querellante, Leandro Aparicio, adelantó que pedirá la detención de los condenados. “No tienen más recursos de apelación, tienen recursos de queja. No hay voluntad política de detenerlos si no el mismo Tribunal  les hubiese dicho que vayan presos”.

En diciembre del año pasado siete efectivos de la policía rionegrina fueron condenados a prisión perpetua por ser autores materiales del “homicidio agravado por alevosía” del trabajador golondrina desaparecido en 2011 en Choele Chole. Sin embargo no solo continúan en libertad sino que también se encuentran en funciones dentro de la fuerza.

“Lo nuevo es la denegatoria del recurso extraordinario de inconstitucionalidad que interpusieron los abogados de los policías condenados a perpetua. De millones de causas, una llega a la Suprema Corte”, comentó el abogado.

Agregó: “Pedí la detención y anticipo que la Suprema Corte no me la va a dar. Ya tienen dos sentencias, ¿te imaginás un docente que sea acusado de pegarle una cachetada a un pibe y siga dando clases y nunca tenga una sanción?”.

“En Rio Negro la droga viene con custodia, acá hay una cuestión de narcotráfico asociado con trata de personas en el cual todos los gobierno han tenido que pactar con distintos policías. Hubo un caso en el que un policía, Muñoz, estuvo desaparecido un mes y después fue ejecutado. Vega, Chazarreta e Irusta eran los que investigaban la desaparición de Solano en la primera etapa. Irusta es la persona que fue a limpiar el departamento de Muñoz”, finalizó Aparicio.

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Emergencia en niñez: denuncian a funcionarios municipales por “abandono de persona”

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Una mujer denunció penalmente la violación de derechos de sus seis hijos -de entre ocho y 17 años- por parte de las autoridades de la Secretaría de Políticas Sociales y de coordinadores e integrantes de un servicio local.

La demanda apunta a la “falta de asistencia apropiada para la integridad física, psíquica y moral” de los tres adolescentes, uno de los cuáles murió el 10 de septiembre “a causa de la falta de asistencia del Estado en el tratamiento de sus adicciones”.

La investigación de los delitos de abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público recayó en la UFI Nº2 a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín.

“Me acerqué a hacer una denuncia contra el Estado y contra quienes son responsables, más allá de que los padres somos responsables también. A veces hay cosas que se nos van de las manos y se supone que existe un sistema, el cual no está funcionando”, dijo Andrea en FM De la Calle.

La denunciante comentó que su familia ingresó al sistema social municipal hace catorce años a partir de una situación de violencia de género. Hace cuatro años la pareja se separó y los tres hijos mayores decidieron quedar a cargo del padre.

“Si hubiera habido un control o seguimiento esto no hubiera pasado”, afirmó sobre la muerte de su hijo Dilan. “Cuatro años de abandono tuvieron mis hijos, sin educación, sin documentación, sin control de salud, sin nada prácticamente, sobreviviendo con lo que podían y con lo que tienen a su alcance como las adicciones, la delincuencia. Los funcionarios públicos, el sistema sabe muy bien lo que está pasando pero hacen oídos sordos, no quieren ver”.

“El contacto con mis hijos siempre fue de mi parte, de la manera que pude. No tener un pasaje no me permitió acercarme hasta donde ellos viven. En otras situaciones ellos se iban, se escondían. Desde que se fueron con su papá la relación siempre estuvo rota, el vinculo se rompió y no me ayudaron tampoco a restaurarlo. Cuando decía que necesitaba ayuda, desde el servicio local me decían ‘y bueno, si ellos no se acercan no podemos hacer nada, si no les conocemos la cara’. Son niños en adicciones, no van a tener mucha voluntad de acercarse. Hay que buscar la manera”, contó.

El Consejo Local de Niñez y Adolescencia reclamó que se declare la emergencia

 

Andrea recurrió a todo tipo de instituciones: “Jardines, escuelas, guardería, servicio local, servicio zonal, municipio, cada oficina, políticas sociales, servicio social, acción comunitaria. Sí hay en algunos sectores gente que trabaja con vocación y humanamente. Yo denuncié particularmente a cada uno de los funcionarios que estaban dentro del sistema y que en alguna oportunidad me han atendido, incluso de muy mala manera”.

“Cuando fui a pedir a gritos ayuda en una oportunidad, uno de los funcionarios con una de las cabezas de Niñez me atendieron de muy mala manera, con apuro, parada en hall del municipio”.

“Por todos lados fui a buscar ayuda. Escapándome de barrio en barrio para que mis hijos dejen de correr riesgo, para que dejen de hacer lo que hacían y nadie me ayudó. Son catorce años dentro de este sistema y el equipo local, en especial Las Villas Oeste hacen muy mal su trabajo”, afirmó.

“Si vos a estos pibes les das herramientas y trabajo estos pibes salen, cambian”

“Dilan era un niño especial, iba a escuela especial, tenía 15 pero su cabecita era la de un niño más pequeño, hizo muchísimos talleres. Él quería hacer una panadería. Decía que su hermano mayor se iba a encargar de amasar y hacer la elaboración y que su otro hermano se iba a encargar de la caja porque es bueno para las matemáticas”.

Por último, Andrea comentó que hay varios adolescentes en El Saladero que padecen la misma situación que Dilan: “Son más de 20 que están en riesgo, sin ayuda, sin herramientas. Mamás que no tienen la facilidad de poder acercarse, de pedir auxilio. Cuando lo hacen, las tratan de ignorantes, no les dan las herramientas. Son pibes que necesitan muchísima ayuda, la están pidiendo a gritos y no se las dan”.

“El barrio El Saladero está olvidado, hay corazones inmensos, madres de fierro, que sin el municipio y sin el sistema te sacan un chico de la calle, lo levantan y con lo que tienen se lo llevan a la casa y le dan de comer. Dilan llegó a ganarse el corazón del barrio, incluso ellos le hicieron un mural para no olvidarse, para concientizar a otros de no hacer eso”, aseguró.

/por

40 millones de dólares al año en perejiles

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Argentina gasta más de 40 millones de dólares al año en la persecución de personas que usan drogas. El dato fue aportado por una investigación de RESET Política de Drogas y Derechos Humanos.

“El Estado gastó alrededor de 122 millones de dólares en tres años. Habría que sumarle el gasto de las fuerzas de seguridad en la vía pública, el gasto en comisarías y prisiones, los recursos que se implementan para enjuiciar y los que se erogan para establecer medidas educativas”, dijo Mariano Fusero.

Agregó que las autoridades “simulan estadísticas de persecución al narcotráfico básicamente enjuiciando a perejiles”. Este fin de semana, 28 organizaciones de cultivadores y usuarios de cannabis y distintas ONGs presentaron un “Acuerdo para la Regulación Legal del Cannabis”.

“Esto llevará un proceso legislativo, con la sociedad civil, para que surja un abordaje parlamentario para que lleguemos a una política respecto del mercado del cannabis”, explicó.

Fusero afirmó que “hoy está en manos de las redes ilegales, no repara a quién le vende, si le vende a un menor en la puerta del colegio, si hay efecto góndola que es cuando una persona quiere acceder al cannabis y el dealer le vende o le ofrece otras sustancias”.

“El cannabis es mucho menos dañino que otras sustancias, separarlo, regularlo, darle licencias, quién produce, en qué cantidad, la trazabilidad, hasta el último eslabón de la venta minorista. Todo lo que no estamos haciendo en las políticas anacrónicas, que es combatir a partir de la criminalización, un mundo sin drogas que queda viciado de una demagogia punitiva”.

Según el relevamiento de RESET, en relación a los delitos de tenencia simple y tenencia para consumo personal el Estado Nacional gastó entre 2016 y 2018 “alrededor de 1641 millones de pesos (USD 84 millones)”.

“En promedio, cada una de las 30185 causas por delitos de tenencia simple o para consumo tramitadas por el MPF durante 2016, 2017 y 2018, le ha significado una erogación aproximada de 55 mil pesos argentinos o 2 mil dólares estadounidenses -tomando como referencia el valor promedio de esta moneda en 2018-“.

Por otro lado, en relación al delito de cultivo, siembra o guarda de semillas o materias primas, el Estado gastó en estos tres períodos 39 millones de pesos (USD 2 millones)”.

“Finalmente, entre los años 2016 y 2018, podemos observar cómo el Estado Nacional gastó la suma total aproximada de 2.400 millones de pesos (USD 122 millones), en la persecución de las personas que consumen drogas”.

Fusero recordó que “estas causas en general terminan en la nada porque se aplica el antecedente de la Corte y, eventualmente, se les tendrá que pedir disculpas por haberlos hecho pasar por un proceso innecesario”.

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Funcionario de Vidal defendió a Caramelli y Pombo

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Marcelo Caramelli y Leonardo Pombo fueron nuevamente condenados esta semana por el delito de extorsión. Esta vez recibieron penas de 7 años de prisión, 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos y 50 mil pesos de multa por apretar y coimear albañiles para permitirles trabajar en el cementerio.

Los ex funcionarios de los intendentes bahienses Cristian Breitenstein y Gustavo Bevilacqua ya habían sido castigados por un caso similar contra un comerciante del Parque de Mayo y, en el caso de Caramelli, también por el homicidio de Daiana Herlein.

“Por más que no haya sido la cantidad de años que pidió el fiscal estoy totalmente conforme”, dijo Lorena Zerneri a FM De la Calle y puso el foco en uno de los testigos de la defensa: Iván Budassi, ex diputado provincial y titular de ARBA y actual subsecretario de Gestión Gubernamental del Ministerio de Gobierno de María Eugenia Vidal.

“Lo que repetí es lo que dijo el dr. Sivo (defensor de Pombo) en el alegato. Le dijo al juez que había estado presente el ex funcionario, el dr. Iván Budassi, quien dijo haber caminado los barrios de Bahía, que en realidad los que tenían un coto de caza en el cementerio eran los albañiles, tratando de convertir a las víctimas en los culpables”, comentó.

Durante el período en el cual Caramelli y Pombo extorsionaban a los trabajadores en el cementerio, Budassi era secretario de Legal y Técnica de Breitenstein.

Dijo Zerneri: “Otro ex funcionario del mismo gobierno me planteó que cuando se hacían denuncias Budassi era el asesor letrado, algunas las hacía directamente él, otras cuestiones se hablaban con el intendente, me manifestó que estaba al tanto de todo esto”.

“Intentaron hacer una comparación de, por ejemplo, lo que hacen en otros lugares en los aeropuertos los taxis, que son un grupo cerrado y no permiten entrar a nadie de afuera. Hacían esa comparación. Nada de eso se comprobó, fue parte de la estrategia de Sivo con la colaboración de este caradura de Iván Budassi”, dijo la madre de Daiana.

Consultada sobre la negación de aquellas denuncias por parte de Budassi al declarar que Caramelli y Pombo eran “buenas personas”, Zerneri aseguró que “en estos cinco años no vi a nadie que haya sido juzgado por falso testimonio, no solo eso sino que me archivaron una causa donde teníamos fotografiado a Eduadro Hess y Liliana Gallego robándose el árbol que mató a mi hija. Por eso lo llamaron a declarar, mintió y archivaron la causa”.

“Me gustaría que la gobernadora tuviera conocimiento de lo que hizo su funcionario porque se jacta de que ‘en el 2015 dijimos basta con la corrupción’ y resulta que un funcionario del gobierno se presenta y dice estas cosas. son inescrupulosos que hay en todos los gobiernos pero me gustaría que estuviera al tanto”, afirmó.

/por

Violencia machista: “Mi vida no vale plata”

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Micaela Espinoza denunció a su ex pareja Martín Rastelli luego de que en abril la golpeara hasta dejarla inconsciente en la vereda de su casa. Este lunes se realizó una audiencia preliminar donde la víctima rechazó un acuerdo económico y avaló llevar el caso a juicio.

“Tuve una discusión con él y me tiró por las escaleras, por suerte los vecinos de la calle Bravard me ayudaron un montón, me escriben para ver cómo estoy. Pedí auxilio y me ayudó una vecina. Acudí a la policía y después me ayudaron un montón las chicas de CAP de calle Berutti”, comentó Espinoza.

Agregó que el agresor “quiere arreglar por cinco mil pesos pero por más que me ofrezca un millón mi vida no vale plata. Él está libre, anda suelto, cuando pasó eso tuve la medida cautelar en seguida y, a la semana, él tenía prohibido pasar por donde trabajo, pasó y ahí otra denuncia, me lo he cruzado cerca de mi casa. Tengo pruebas, tengo fotos”.

Por último, comentó que Rastelli había sido violento con una pareja anterior: “La chica se contactó conmigo, me contó lo que le había pasado, me dijo que no estaba sola, me pidió disculpas de mil maneras porque nunca denunció nada, no pensó que iba a llegar a esta instancia. Es una persona violenta”.

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Explosión en Dow: volverá a funcionar la planta

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El próximo domingo se reactivaría la planta LHC II BB de Dow donde se produjo la explosión del 28 de junio. Autoridades de la empresa informaron sobre el avance de las reparaciones al Comité de Control y Monitoreo.

“Volvería a operar sin la recuperación de condensado de hornos. Dichos condensados se descargarán en una pileta de tratamiento, hasta tanto se complete la fase 3 con el completamiento mecánico y funcional total del sistema de recuperación de condensado dañado en el evento, la cual se prevé finalizar el 30/11/19”, registró el CTE.

El titular de la Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, Hernán Zerneri, comentó a FM De la Calle lo conversado ayer en la reunión del organismo de control. Participaron autoridades de Dow y los peritos que intervienen en la causa judicial.

“Nos dijeron que entre una semana y dos va a estar llegando el recipiente nuevo. Lo fabricaron en Rosario según la normativa internacional. En manos de los peritos quedó realizar las preguntas técnicas. La empresa respondió todo lo que se le consultó, quedaron algunas dudas a despejar, por ejemplo, la pertinencia de la colocación de una válvula de seguridad que trabaje en forma independiente a la mano del ser humano”.

-¿Es la válvula que dijeron los peritos que debió estar desde la puesta en funcionamiento del recipiente?

Hay una divergencia porque la empresa dice que según la normativa ASME pueden colocar una válvula de bloqueo manual entre el equipo presurizado y la válvula de alivio porque dicen que, en el caso de tener que calibrar la válvula de alivio con una válvula de bloqueo, pueden trabajar tranquilamente.

Los peritos dicen que no, que esa válvula tiene que estar conectada directamente como sucede con cualquier recipiente a presión. Entendemos que las medidas que va a implementar Dow no solamente son en el V907 sino el V908, que es el que está al lado y cumple la misma función. Es un equipo que reúne el condensado de vapor de ciertos circuitos y luego hace una recuperación energética y redistribución en la planta. También van a aplicar el mismo mecanismo de seguridad aportando una válvula de alivio automática para poder enviar al panel de control de la empresa una serie de señales que lo que harían sería independizar el sistema de la decisión de alguna persona.

El Comité Técnico Ejecutivo recorrió el jueves pasado el sector donde ocurrió la explosión. Según consta en sus actas, la empresa aseguró que “al equipo afectado se le agregará una alarma por alta presión, una de muy alta presión con set a 5,5 barg con cierre automático de la válvula de ingreso al equipo, alarma por alto nivel, alarma por muy alto nivel con cierre automático de válvula de ingreso de condensado. Además se agrega la válvula de alivio de presión PSV 90701”.

“El 15/09 la planta volvería a operar sin la recuperación de condensado de hornos. Dichos condensados se descargarán en una pileta de tratamiento, hasta tanto se complete la fase 3 con el completamiento mecánico y funcional total del sistema de recuperación de condensado dañado en el evento”.

-¿Qué significa que la planta se reactive “sin la recuperación del condensado de hornos”?

A los efectos de la producción y funcionamiento de planta no implicaría una modificación. Podrían operar con la planta en funcionamiento, independientemente que no trabajen con estos equipos de recuperación de condensado. Es a los efectos de optimizar pero no hace al proceso en sí mismo. Van a bypassear el sistema y parte de ese condensado lo van a arrojar a unas piletas de tratamiento dentro de la misma planta. Según dijeron va a ser algo costoso para la planta porque el agua que recuperan es una agua tratada que circula dentro de las cañerías.

-Pero más costoso es tener la planta parada…

Exacto, más costoso es tener la planta parada.

-¿No hay ningún riesgo de seguridad?

No, no. Siempre hay un riesgo en la puesta en marcha de cualquier planta pero tomando los recaudos necesarios suponemos que no debieran tener inconvenientes. La propia representante del municipio se encargó de considerar esta cuestión de seguridad. Uno mínimamente tiene que tener la confianza en la empresa de que en la puesta en marcha no va a suceder nada.

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“Hay un sector en Harding Green al que le dicen Villa Pombo”

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Alejandro Herlein declaró días atrás en el juicio contra los ex funcionarios municipales Marcelo Caramelli y Leonardo Pombo, imputados por extorsionar albañiles para permitirles trabajar en el cementerio.

“Somos nosotros los que tuvimos que ir a buscar las pruebas. Todo esto se origina en una taller de una herrería donde una persona me comenta lo que pasaba en el cementerio. Que se cobraban coimas, que se robaban mármoles, que hubo 238 tumbas rotas, que Caramelli los amenazaba con que les iba a llenar el auto de droga. Todos han declarado lo mismo, es muy difícil tapar la verdad”, dijo a FM De la Calle el padre de Daiana Herlein.

Adelantó que presentarán una nueva denuncia contra Pombo, ex delegado de Harding Green, por apropiarse ilegalmente de terrenos en el barrio Novaterra.

“Se les van a seguir sumando causas. Están todos (los testigos) diciendo lo mismo, tienen todas las pruebas. Un albañil me dijo que ya había hecho la denuncia en Fiscalía. Hablé con otra persona que me dijo que había trabajado 18 años en el panteón de los españoles, que porque se peleó con Caramelli se quedó sin trabajo, me decía que no tuvieron para comer por seis meses. Yo soy el dueño, decía Caramelli, como hacía en el parque”, comentó.

Por último, Herlein afirmó que “ahora estamos con los terrenos de Novaterra. Pombo fue delegado en Villa Harding Green y Novaterra es un barrio que hizo detrás de Punta Blanca donde él se quedó con muchísimos terrenos. Lo que hacía era censar a todo el barrio y saber qué terreno estaba desocupado y el que no estaba: adentro. Hay una parte en Harding Green a la que le dicen Villa Pombo”.

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Caso Maldonado: “Se abre la puerta para que se investigue a la Gendarmería”

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La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia reabrió la investigación y habilitó avanzar sobre el posible delito de “abandono de persona” en la causa de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado.

Sebastián Premici, periodista de Cadena del Sur y autor del libro “Santiago Maldonado, un crimen de Estado” dijo a FM De la Calle que “el fallo habla de un nexo de causalidad entre la muerte de Maldonado y la pertenencia  de agentes del Estado, es decir, Gendarmería. Por ende, se abre la puerta para investigarla, lo que no se hizo en ningún momento durante la instrucción”.

“Con este fallo queda claro que Maldonado no estaba solo sino rodeado de gendarmes, había dos grupos de gendarmes que estaban con él”, afirmó.

Premici destacó´que “el texto de la Cámara reseña la presentación del CELS y cita un informe de la PROCUVIN, que elaboró un trabajo detallado sobre cómo fue la represión ese 1º de agosto que estuvieron en el río. Ese informe fue ocultado por el procurador interino Eduardo Casal, el juez Lleral y la fiscal Silvina Ávila. Esta resolución abre las puertas a investigar el rol represivo de la Gendarmería, que fue lo que determinó la desaparición por 78 días de Santiago y su muerte”.

“La Cámara no se juega del todo a decir que fue 100% causalidad de Gendarmería, deja de lado la figura de desaparición forzada y da por válida la autopsia que dice que se ahogó. Yo sostengo que se muere ahogado pero lo más relevante fue entender el rol represivo de la Gendarmería”.

Culpables y testigos

Premici señaló que “hubo una secuencia de cacería y la causa está ahí. Por eso dan marcha atrás con Emmanuel Echazú. No porque sea el único, en mi investigación doy cuenta que además de Echazú lo corren otros dos, Darío Zoilán y Orlando Yucra. Un testimonio que va a tener que realizarse es el de Lucas Pilquiman, dice que cuando cruzan el río lo ve a Santiago agazapado y ve a los gendarmes desde el barranco disparando 9 mm y escopetas”.

La declaración de Pilquiman deberá tomarse nuevamente porque “Lleral lo tomó sin la presencia de las querellas, de un día para el otro, por una cuestión de control de las partes y para que sea todo lo relevante que es, se pide de nuevo. Se abre la posibilidad de que otros testigos vuelvan a declarar o que declaren quienes no declararon aun”.

Reconstrucción de los hechos

Otra de los puntos relevantes de la resolución es que ordena una reconstrucción, algo que nunca se había hecho hasta el momento. “No se sabe cómo fueron los hechos cronológicamente. Hay fragmentos que uno puede reconstruir, lo que hay que hacer es la reconstrucción in situ. La Cámara dice que tiene que ser virtual, utilizando el material fílmico, visual, fotográfico, hacer una suerte de realidad virtual y colocar a todos los actores en el territorio. Yo creo que es clave hacerlo en el territorio”.

“Sería la primera vez que se esboza cómo fueron los hechos y ahí tenés la última foto de Santiago. Es de las 11:32 de la mañana, veinticinco segundos después se ve que estaciona un Eurocargo y hay gendarmes en el territorio. Hay muchos elementos que permiten elaborar esa reconstrucción. Ahí no van a quedar dudas del rol clave de la Gendarmería en lo que fue una cacería, quiénes fueron quienes lo persiguieron y qué se investiguen otras hipótesis delictivas”.

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A 29 años del femicidio de María Soledad Morales

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(Comisión Provincial por la Memoria) Ayer se cumplió un nuevo aniversario del femicidio de María Soledad Morales. Tenía 17 años y estudiaba en un colegio religioso de Catamarca. El 8 de septiembre de 1990 desapareció y su cuerpo fue encontrado dos días después en un basural a 7 km de la ciudad.

Sus compañeras organizaron marchas del silencio para reclamar justicia, que pronto se replicaron de forma coordinada por todo el país. Gracias a ellas no fue el asesinato de una mujer más, a los que estaba acostumbrada la provincia.

La movilización social logró dar visibilidad al crimen y puso en cuestión a los poderosos y sus tramas de impunidad patriarcal. La justicia llegó parcialmente tras el juicio realizado en 1998, en el que se sancionó a los perpetradores pero no se llegó a los cómplices y encubridores.

Por entonces, los asesinatos de mujeres producto de la violencia machista no se reconocían como tales. Su femicidio fue nombrado simplemente como “el crimen de María Soledad Morales”. Los reclamos de justicia que recorrieron el país, fueron visibilizando y sumando a su paso los nombres de muchas otras mujeres asesinadas por la violencia machista. Aquellas primeros gritos de justicia también exigían #NiUnaMenos.

La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), cuyas funciones fueron el espionaje, seguimiento, registro y análisis de información con fines de persecución política e ideológica, también siguió de cerca las movilizaciones surgidas a partir del femicidio de María Soledad.

El informe de inteligencia que compartimos es del 13 de abril de 1990 y expone la vigilancia de la Dirección de Inteligencia sobre las manifestaciones públicas en repudio al femicidio de María Soledad Morales (Legajo 256, Mesa A -“Factor estudiantil – Entidades Estudiantiles”-).

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“Se dedicaban a explotar personas y tratar a las mujeres como cosas”

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“A  la víctima se le infunde terror y es lógico, más aun con un Estado ausente, que esa víctima se pierda, se extravíe para el sistema, posiblemente en alguna nueva victimización en otra parte del país”, dijo Franco Di Santi tras conocer el fallo que revocó las absoluciones de la causa Iglesias.

La Cámara de Casación ordenó al tribunal oral que reconsidere la sentencia respecto a Víctor Hugo Iglesias y Eduardo Horacio Gutt.

Di Santi, integrante de Bahía contra la Trata, afirmó que “no haber considerado la declaración de las víctimas había sido uno de los elementos por lo que se los absolvió y Casación marca que deben ser tenidas en cuenta, tener en cuenta las escuchas, los antecedentes que iban manteniendo una línea de que se dedicaban a explotar personas y tratar a las mujeres como cosas o como si nada valiera”.

“Es muy difícil de reparar el daño porque son personas que no tienen nombre, no solo en la resolución judicial, tanto para el Estado que habilitaba esos lugares, para varones prostituyentes y para los explotadores también. Si llega algo de justicia por la persecución de algo que puede entrar dentro un expediente, contribuye a que no se repita. Si del otro lado miden que es una práctica muy redituable y con baja probabilidad de ser juzgado es más factible de realizar”, dijo.

El fallo de Casación revocó, además de las absoluciones, el rechazo al decomiso de los bares Broadway y Kaos.

De Santi destacó en ese sentido que “hay una sentencia de la semana pasada en un cabaret de Palermo donde hubo una reparación de más de 16 millones de pesos, con embargos de inmuebles, cuentas, etcétera”.

“Se tiene que reparar a las víctimas y el decomiso es una forma de hacerse de los bienes para generar ese recurso y en el caso de ser un sobrante que vaya a un fondo de asistencia para víctimas. No es una práctica tan habitual porque era parte de la invisibilización de las mujeres como víctimas, no se las veía como sujeto de derecho que debiera ser reparado. La sentencia de capital es un cambio en ese sentido”.

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Reabren la causa de Santiago Maldonado

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La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dejó sin efecto el sobreseimiento del gendarme Echazú y ordenó reabrir el expediente para cumplir las medidas de prueba que no se realizaron.

Lo resuelve la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, en un fallo que ordena también cumplir las medidas pendientes.

La abogada Verónica Heredia dijo que “es muy importante porque demuestra la arbitrariedad con que se cerró la causa”.

“Consideramos que se investigó una única hipótesis delictiva –aquí definitivamente descartada- sin que haya sido objeto de valoración y pronunciamiento algún posible nexo causal entre cualquier omisión de personal de Gendarmería o de quienes se introdujeron en el río con Maldonado”, dijo la Cámara.

Si bien descarta que haya existido el delito de desaparición forzada de persona, dejó abierta la posibilidad de que uno o más gendarmes hayan abandonado a Santiago en las aguas del río Chubut. Por eso, revocó el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú.

Comunicado de la familia 6.9.2019.

La Cámara de Apelación de Comodoro Rivadavia comunicó su decisión de reabrir la causa entendiendo que la investigación no está agotada y corresponde profundizar la misma a efectos de reconstruir con la mayor exactitud y prontitud las circunstancias que rodearon el suceso. La Cámara asimismo señaló que es contradictorio rechazar las medidas probatorias peticionadas por la querella en pos de “no demorar la respuesta judicial”, ya que lo que debe prevalecer es el “derecho a la verdad”.

La Cámara reconoce que no se hicieron pericias claves para determinar que sucedió, tal cómo la reconstrucción de los hechos, la ampliación de los puntos de pericia en la data de muerte, la presencia de polen en las prendas, el informe de diatomeas y la peritación del bastón y los billetes. Todos estos puntos fueron pedidos reiteradamente al Juez Lleral y en todos los casos fueron denegados.

Expresa asimismo: “nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos. De allí que corresponda ampliarse la investigación a efectos de verificar o descartar la existencia de alguna hipótesis delictiva”.

Finalmente la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia reconoce que existe una contradicción en la autopsia, que NO DICE ni cómo ni cuándo ni dónde murió Santiago Maldonado.

Seguiremos luchando para que haya justicia y verdad por Santiago Maldonado.

Gracias a todas las personas que nos acompañan y luchan junto a nosotros.

Fuentes: Sudestada y Justicia por Santiago Maldonado.

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Trata: revocaron absoluciones en la causa Iglesias

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La Cámara de Casación Penal ordenó dictar un nuevo fallo en el juicio por facilitación de la prostitución y trata de mujeres que se realizó contra el ex presidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, el prefecto Eduardo Horacio Gutt y el administrador del bar Broadway Alfredo García.

En octubre de 2018 el Tribunal Oral había absuelto a Iglesias y a Gutt y condenado a cuatro años y seis meses de prisión a García. También se revocó el rechazo al decomiso de los bares “Broadway” y  “Kaos” y su restitución a Iglesias.

Ayer, la Sala IV de Casación afirmó que la sentencia de los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu fue “arbitraria” por haber valorado la prueba de manera “fragmentada y aislada”.

El fiscal Santiago Roldán había apelado el fallo por no haberse incorporado por lectura las declaraciones de seis mujeres rescatadas en diversos operativos, quienes no pudieron ser ubicadas para presentarlas en el debate oral.

El juez Gustavo Hornos sostuvo que el tribunal “restringió arbitrariamente la producción de prueba” y que ante el compromiso del Estado de proteger a las víctimas bastaría con una sola declaración.

Además, cuestionó que no hayan sido tenidas en cuenta escuchas telefónicas que probaban los vínculos entre los imputados y la participación de Iglesias y Gutt en los delitos del condenado García. Las defensas plantearon que las grabaciones demostraban que eran “clientes” del proxeneta.

Hornos advirtió que el tribunal no explicó “por qué la omisión de Gutt de denunciar la actividad de facilitación de la prostitución de la cual asertivamente tuvo conocimiento o, incluso, la conducta de comunicarse con el autor del delito para brindarle información sobre procedimientos que lo involucraran, no son acciones que objetivamente aporten al delito de García”.

En cuanto a Iglesias, el juez de Casación mencionó que el tribunal probó que en el Bar Broadway no había “comercio sexual” aunque estaba ubicado en una zona donde sí lo había.

El fiscal aportó “copiosa prueba de cargo que no fue ponderada por el Tribunal” para demostrar que en el local “funcionaría como un espacio de encuentro entre las presuntas víctimas de la promoción de la prostitución que García coordinaba”, tal como confirmó la sentencia revisada.

De la prueba descartada por los jueces en Bahía Blanca, Hornos rescató: la que ubica a Iglesias como responsable del local alquilado a García y conversaciones entre los imputados en las cuales “surge sin duda que hablan de mujeres para hacer ‘shows’ aparentemente en el bar Broadway y del monto que requerían para tal actividad”; “refieren a clientes y a hacer ‘pases'”; “se refieren a presuntos clientes y que necesitan mujeres para ofrecerles”.

Para el magistrado, tampoco se tuvo en cuenta una escucha entre Iglesias y un tal Toto  en la cual le ofrecía el local “La playa” para poner un prostíbulo, el cual finalmente fue utilizado por García para montar el Broadway. “Yo ando con ganas de abrir algo acá porque tengo muchas mujeres desparramadas viste”, decía Toto.

A su vez, destaca Casación que el tribunal probó que Iglesias administraba sociedades de su familia y varios prostíbulos y tenía contactos policiales como el comisario Marcelo De la Rosa. Además, no valoró el testimonio de la asistente social de la Fiscalía que entrevistó a las víctimas y dio cuenta de su situación de vulnerabilidad.

Hornos concluyó que Salas, Aguerrido y Albrieu absolvieron “con una visión fragmentada del acervo probatorio y con argumentos que no se correspondían con las premisas acreditadas ni con las constancias recopiladas durante el debate oral”.

Por otra parte, respecto a la absolución de Iglesias por el delito de trata, la defensa sostuvo -y el tribunal aceptó- que el imputado no había sido indagado ni procesado por el caso de la víctima L.R.P..

Sin embargo, el juez de Casación demuestra que “este hecho le fue imputado a Iglesias en todas las ocasiones y que incluso esta cuestión fue motivo particular de tratamiento por la Cámara Federal”. Repite: “No hay una mirada global de toda la prueba sino una ponderación fragmentada y aislada”.

El voto de Hornos contó con la adhesión de los otros dos integrantes de la Sala IV, Mariano Borinsky y Javier Carbajo.

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Trata: “Tienen que condenar a Iglesias y a Gutt”

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El fiscal federal Antonio Castaño analizó en diálogo con FM De la Calle, la resolución de la Cámara de Casación que anuló las absoluciones de Víctor Hugo Iglesias y Eduardo Horacio Gutt.

El funcionario investigó a la red de trata y explotación sexual de mujeres de Ing. White e intervino hasta la elevación a juicio.

Destacó que el órgano revisor “habla de arbitrariedad, de auto-contradicciones, de una situación de evidente falta de sentido común por parte del tribunal, de que no ha evaluado como corresponde y ordena la reedición en lo referente a las absoluciones de Iglesias y Gutt”.

“El tribunal de Casación hizo una labor muy exhaustiva y un desarrollo punto por punto de todo el expediente y llegó a la conclusión que quedó firme la sentencia contra García por facilitación de la prostitución y mandó a reeditar, en base a los argumentos que exponen, en función de que no ha sido evidentemente evaluada toda la prueba que debiera”, dijo.

-¿En la práctica qué significa? ¿Puede intervenir la misma composición del tribunal?

No creo que tenga que ser otra composición del tribunal. El tribunal que en su momento absolvió, de acuerdo a lo que ordena Casación, tiene que condenar a Gutt e Iglesias por facilitación a la prostitución ajena agravada por mediar situación de vulnerabilidad de las víctimas y, en relación a Iglesias, por trata de personas en relación a una de las victimas.

No se tuvo en cuenta en ese entonces, cuando se había propuesto por parte del Ministerio Público Fiscal, dar lectura a las declaraciones de las víctimas. La defensa se opuso y el tribunal hizo a lugar. Eso es una cuestión de sentido común, independiente de las disposiciones internacionales y nacionales con respecto a las víctimas.

-No se comprende cómo el tribunal, en el caso de la víctima L.R.P., acepta lo que dice la defensa respecto a que nunca se lo habría acusado a Iglesias por el hecho.  Casación muestra lo contrario, ¿cómo llega a pasar eso?

Nosotros elevamos la causa a juicio cuando tenemos todo y después cuando llega al tribunal prácticamente la perdemos y nos enteramos a las perdidas si hubo o no hubo sentencia y cuál fue. De hecho, cuando empecé a leer me entero que el fiscal (Santiago Roldán) había pedido por facilitación de la prostitución a todos los imputados y yo había pedido por trata. Es menor la condena en caso de facilitación.

Se pidió trata con relación a una de las víctimas y en relación a las demás, tanto para Iglesias como a Gutt, facilitación de la prostitución ajena agravada por la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

-¿Pero es habitual que un tribunal tenga este tipo de resoluciones?

Normalmente no. Pero tengamos en cuenta que -no es cuestión menor- el Tribunal Oral Federal hoy son subrogantes que vienen desde otro lado, no hay un tribunal fijo, están todos en vacante. Hubo propuestas de tres que podrían integrar y eso está todo parado. Antes había un solo camarista, no teníamos un antecedente firme para decir la Cámara resolvió de esta manera, ahora sí tenemos y sabemos qué criterio tiene o cómo resuelve. Ya hay una jurisprudencia. En el caso del Tribunal no tenemos ese criterio.

-¿Puede repercutir este fallo en la libertad de los imputados?

Es el Dr. (Gabriel) González Da Silva, que es el fiscal de juicio, el que evaluará la posibilidad de pedir la detención y, en todo caso, el tribunal resolverá.

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Gloria Girotti: 40 años de impunidad

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“Se tapaba la nariz del olor que teníamos”. Era 1976, Rubén Bustos estaba secuestrado junto a muchos de sus compañeros en un centro clandestino del Comando V Cuerpo de Ejército. Lo habían puesto frente al juez federal Guillermo Federico Madueño. La que no registraba en actas las torturas era la secretaria, Gloria Girotti.

El Colegio de Abogados de Bahía Blanca acaba de entregarle a la doctora un diploma de “Reconocimiento al Ejercicio Profesional”. En la foto, posan a su lado el vicepresidente 1º Gabriel Enrique Peri y la vicepresidenta 2º Nerina Santarelli.

Bustos fue uno de los testigos que mencionó a la abogada ante el tribunal oral que juzga crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca.

Los genocidas de uniforme también la recordaron. Leonardo “Mono” Núñez fue detenido el 23 de junio de 2008 y murió procesado como partícipe necesario de secuestros y torturas. Era el enlace entre los campos de exterminio y la Unidad Penal Nº 4.

Asumió haber trasladado personas detenidas ilegalmente por el Ejército desde La Escuelita o el Batallón de Comunicaciones hacia la cárcel. Le dijo al juez: “No era mi función presentarme en los estrados judiciales para denunciar estos hechos, pero tengo conocimiento que jueces federales tenían conocimiento pleno de lo que pasaba en la Unidad 4 de Bahía Blanca porque en oportunidad de tener detenidos art. 189 bis, la secretaria del Juzgado N° 1 del dr. Madueño, la dra. Gloria Girotti, visitaba el pabellón de mujeres de la Unidad, porque tenían presas del juzgado ahí y las iba a ver”.

La defensa del represor consideró que las inspecciones que realizaban autoridades judiciales “lejos de justificar” la conducta de Nuñez “implicarían la responsabilidad penal de los funcionarios que, teniendo la obligación de denunciar las irregularidades en que incurría el Servicio Penitenciario en esta ciudad, no lo hicieron”.

Los jueces que condenaron a los primeros 17 genocidas que actuaron en la región, ordenaron en su sentencia abrir la investigación sobre el accionar de los secretarios judiciales durante el terrorismo de Estado.

La Cámara Federal de Apelaciones revocó semanas atrás el sobreseimiento en primera instancia de Girotti y el de su colega Hugo Mario Sierra.

Girotti asistió al juez Guillermo Madueño entre junio de 1972 y septiembre de 1979 y tramitó con sistemáticas respuestas negativas numerosos habeas corpus presentados a favor de personas secuestradas. Los familiares que se acercaban en busca de justicia, no sólo arriesgaban sus vidas sino que eran perseguidos para que paguen las costas correspondientes.

Solo algunos ejemplos de dicha acusación se reconocen en los habeas corpus presentados a favor de Daniel Carrá, Cora Pioli y Darío Rossi, secuestrados a fines de 1976. Carrá y Pioli siguen desaparecidos y Rossi fue fusilado en 1977.

La firma de Girotti acompaña también a la de Madueño en el cierre y archivo de las actuaciones judiciales de la puesta en escena que hizo el Ejército en la Masacre de Calle Catriel.

El 4 de septiembre de 1976 el V Cuerpo informó que “por la población” había tomado conocimiento de una “reunión de delincuentes subversivos” y que cuando fueron a detenerlos “se generó un tiroteo durante el cual fueron abatidos”. La justicia probó que los cuerpos de los militantes peronistas Pablo Fornasari, Juan Carlos Castillo, Zulma Matzkin y Manuel Tarchitzky fueron plantados en el lugar. Habían sido fusilados luego de varias semanas de cautiverio en La Escuelita.

Girotti se jubiló como docente del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Durante años se impulsó un juicio académico que el tribunal terminó diluyendo, al igual que sucedió con los que se iniciaron contra Hugo Sierra y Néstor Luis Montezanti.

Durante la primera etapa de la investigación judicial sobre su participación en el terrorismo de Estado se mostró deprimida y con problemas de salud. Hoy, la cuenta del Facebook del Colegio de Abogados bahiense la muestra festejando su trayectoria junto a sus pares.

¿Será justicia? Ya van 40 años de impunidad.

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