Lucas “Titi” Schwaner (24) fue detenido ayer sospechado de ser el autor del disparo que mató al hincha de Olimpo Emanuel Castillo.

La jueza de Garantías Susana Calcinelli ordenó tres allanamientos para dar con el acusado: Thompson al 1400, Falcón al 2100 y Estados Unidos al 1400, donde finalmente fue hallado Schwaner y un arma envuelta en una bufanda escondida en el techo de la vivienda.

Esta mañana se realizó una conferencia de prensa de la cual participaron Viego, el fiscal general Juan Pablo Fernández y familiares de Castillo.

“Lo primordial fue el relevo del lugar del hecho, la complicación surgió porque se disparó desde ambos bandos, fue complicado determinar cuál fue el disparo que terminó con la vida de Emanuel. Pero con esa reconstrucción del hecho, una activa participación de la familia y de la justicia -porque varios testigos se acercaron a la familia- se fue reconstruyendo la mecánica del hecho”, dijo Viego.

A partir de filmaciones se pudo reconstruir que Schwaner disparó desde Garibaldi y Maipú y luego huyó del lugar en el Fiat Uno blanco secuestrado días atrás. Las cámaras de seguridad y otros testimonios permitieron seguir el trayecto del vehículo e identificar al sospechoso.

Para la Fiscalía está probado que el hincha de Villa Mitre detenido no fue el único que disparó y que hubo tiros de ambos bandos. Ahora, deberá peritarse el arma encontrada para evaluar si es la que asesinó a Castillo.

Por otro lado, se analiza la veracidad de un mensaje de Whatsapp en el cual el acusado se autoincrimina en el homicidio y en las heridas sufridas por otras dos personas. Un primer testeo del audio dio resultado negativo por no tratarse del archivo original sino de uno reenviado.

Fernández confirmó que otras fiscalías avanzan en la investigación sobre los desmanes ocurridos en la previa del clásico, que hay un detenido por portación de armas y que interviene además el Fuero Penal Juvenil por la participación de menores.

En cuanto a la inacción policial que permitió el enfrentamiento entre las barras de Olimpo y Villa Mitre, el fiscal general aseguró que la investigación evidencia la comisión de delitos por parte de funcionarios públicos o personal policial se avanzará en ese sentido.

La familia de Castillo agradeció el acompañamiento de la comunidad bahiense y a las personas que se acercaron a brindar información a la Justicia.

A partir de la imputación y la indagatoria al detenido, Jorge Viego tendrá 15 días para solicitar la prisión preventiva de Schwaner.

La familia del hincha de Olimpo asesinado este domingo antes del clásico con Villa Mitre pidió colaboración para identificar al autor del disparo mortal y convocó a una marcha pacífica para este viernes a las 19.

En el marco de la investigación por el homicidio de Sergio Emanuel Castillo se realizó un allanamiento en calle Italia al 2000. Tras el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del CEUM y de vecinos particulares se logró identificar a la persona en cuya vivienda no se encontró el arma aunque sí se secuestró un celular.

El intendente Héctor Gay, en declaraciones a LU2, señaló que no fue “ni consultado para cortar una calle”. “No nos preguntaron absolutamente nada”, dijo y delegó responsabilidades en la A. Pre. Vi. De.

En las últimas horas se conoció que Alejandro Barreto fue separado de su cargo como titular en la Policía Distrital y que será reemplazado por Gonzálo Bezos.

Por otro lado, el barrio Villa Mitre vivió ayer una tensa tarde tras la circulación por redes sociales de rumores sobre la posible aparición de hinchas de Olimpo que luego del sepelio de Castillo. La Policía realizó un operativo en el centro del barrio, varios comercios cerraron sus persianas y hubo poco movimiento vecinal.

Circuló una carta en redes sociales firmada por un villamitrense anónimo en la que manifiesta: “Fueron a maltratar nuestros símbolos más sagrados, a destrozar nuestras pertenencias y amenazar a todos nuestros vecinos. Algunos ineptos cuestionan que el partido se haya continuado, ¿se imaginan lo que hubiera pasado si realmente nuestros 7 mil vecinos veían cómo estaban destrozando nuestro barrio? En el medio la policía… con 33 cuadras de por medio en donde podrían haber frenado la caravana, pero no… les faltó tenderles una alfombra mostrándoles el camino hasta la sede”.

El juicio contra cuatro represores civiles que integraron la Alianza Anticomunista Argentina en nuestra ciudad debía comenzar este miércoles. Sin embargo, trámites sobre la prueba que se admitirá en el séptimo debate por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca provocaron su postergación.

“Pareciera que no hay audiencia pero no nos llegó ninguna notificación de la suspensión”, dijo esta mañana a FM De la Calle el fiscal auxiliar Pablo Fermento. En horas de la tarde el secretario del tribunal confirmó verbalmente a Fiscalía que el debate no iniciará.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando de los fallecidos Rodolfo “Fito” Ponce y Remus Tetu, en época de los hechos diputado nacional del Frente Justicialista de Liberación y rector interventor de la UNS, respectivamente (foto).

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisú falleció a fines de 2019.  Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

El juez federal Walter López da Silva continúa demorando la definición de la situación procesal del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Néstor Luis Montezanti, indagado en la misma causa.

Días atrás, el Tribunal Oral comenzó la evaluación de la prueba que admitirá en el debate, presentó dudas respecto de algunas de ellas y dio lugar a las partes para que brinden su opinión en un plazo de 48 horas. “Nosotros contestamos el viernes y la defensa pidió una prórroga que entiendo que la van a conceder porque era un plazo muy breve. Esto en principio perjudicaría el inicio mañana”, manifestó Fermento.

“Es importante la voz de los familiares. Por más que puede parecer redundante o superfluo, siempre es necesario que cuenten cuáles son las consecuencias de estos hechos, cómo se vivieron, qué produjeron. Son pertinentes para definir la existencia de la asociación ilícita y cuantificar la pena que, para nosotros ya desde este momento, consideramos que es la máxima”.

El fiscal auxiliar destacó que el Tribunal no comprende al Juicio Triple A en el marco de las otras causas de lesa humanidad que se tramitan en la ciudad. “Para nosotros forma parte de la causa madre, la 05/07. Hicimos la imputación en la Causa Ejército, que es la fuerza con la que encontramos las mayores vinculaciones por parte del grupo paraestatal”.

“Consideramos que toda la prueba de la Causa Ejército y las audiencias del juicio, las víctimas -la mayoría de las cuales eran militantes de Bahía Blanca y sufrió la persecución por parte de este grupo-, forman parte de la misma causa. Esto no es visto en el mismo sentido por el tribunal y nos pidió, entre otras cosas, que justifiquemos porqué habría que incorporar esos testimonios”.

Fermento ejemplificó: “Sobre la comunidad informativa que integraban todos los organismos de la ciudad y la región, en todas las causas se mostró cómo la actividad de inteligencia sobre las víctimas se remontaba a diez o quince años y, particularmente en los años 74 y 75 fue muy intensa. En este juicio hablamos de que uno de los jefes de la asociación ilícita, que era Remus Tetu, participaba de las reuniones de la comunidad informativa. Toda esa inteligencia, esa actividad de espionaje y de fijación del blanco, fue utilizada durante la dictadura. El rector interventor de la universidad iba a señalar gente, militantes políticos de determinada tendencia o ideología, con las consecuencias que eso tenía”.

“Varios de los miembros de esta asociación ilícita, por ejemplo los hermanos (Héctor y Miguel Ángel) Chisu, que en el 74 o 75 operaban dentro de este grupo paraestatal bajo la órbita del Destacamento de Inteligencia 181, en el 76 se incorporan como Personal Civil de Inteligencia del Destacamento y hay numerosos testimonios, sobre todo de conscriptos, que mencionan a este grupo de civiles reclutados como el grupo de confianza que utilizaba (el general Adel) Vilas para los trabajos nocturnos, cuando no utilizaban uniformes o a la tropa”, detalló el fiscal.

“Watu” Cilleruelo y el “Negrito” Jesús García.

En cuanto a la tarea investigativa sobre el accionar del terrorismo de Estado antes y después del golpe de marzo del 76, Fermento comentó que “hay grandes diferencias”.

“Cuando hablamos de la estructura burocrática del Estado directamente implementada para la tarea represiva, como fue a partir del golpe, podemos hablar de coautoría mediata y descansar en la organización reglamentaria del Estado, de las fuerzas, de las unidades militares, las cadenas de mandos. Acá tenemos un grupo paraestatal. Esto significa que el Estado no está asumiendo una tarea sino que la está delegando en un grupo que no reconoce como propio o cuyo vínculo oculta. Es el Estado actuando sin reconocer que lo hace. Se hace mucho más difícil probar o explicar las relaciones orgánicas”.

Por ello, la pesquisa apuntó a la figura de la “asociación ilícita” y su relación con los hechos juzgados y con el Estado. “Las dificultades son enormes, estamos hablando de un período histórico que no se encaró, en cuanto a la investigación, con la misma intensidad con que se hizo con el período posterior al golpe de Estado”.

“El laburo con las víctimas es más delicado, más traumático. Hay familias que nunca hablaron de esto. La impunidad genera un velo muy difícil remover para saber qué pasó, quiénes operaron. Jurídicamente es una valla para avanzar en las imputaciones directas. Sin embargo, el propósito de la Fiscalía fue no quedarse con ese impedimento sino empezar a avanzar sobre lo que solicita la asociación ilícita que es la finalidad de una empresa criminal, constituirse para hacer determinada cosa”, afirmó.

La Fiscalía probó que “la finalidad de este grupo, además de amedrentar, perseguir, hacer inteligencia, también era asesinar personas. En varios de los casos, al menos en tres de los operativos, pudimos acreditar la participación de algunos de los miembros de la asociación”.

“Se constituyó con un fin concreto en el marco de un programa que tenía alcance nacional y se estaba instrumentando a través del Batallón de Inteligencia 601 y las distintas unidades de inteligencia del país, con grupos operativos de carácter civil en el plano operativo”.

Ante la vacancia del Tribunal Oral bahiense quienes deben realizar el juicio son subrogantes. El presidente Roberto Amábile, integra la Cámara Federal local y Pablo Diaz Lacava y Marcos Aguerrido vienen del TOF de La Pampa. “Aguerrido está pronto a que se le venza la designación”, explicó Fermento, “si arranca el juicio ahora queda conformado el tribunal y si se posterga y arranca luego del vencimiento tienen que designar a un tercer juez. Además está pendiente el nombramiento del cuarto juez”.

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor y ex concejal, Ricardo Pera, fue denunciado por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas.

Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia y solicitar una medida de protección, la cual le fue denegada por el dr. Juan Pablo Schmidt.

“No me hagas enojar negra”, decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los “coscorrones” alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas “sin causa”. El presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

“Mi despido fue el paso final de todo este manoseo político y gremial, de todos estos meses para que yo no denunciara antes de las elecciones. Esto fue acordado por todas estas personas que yo nombro en esta denuncia”, afirmó Trespando.

La víctima manifestó, además, que fue obligada por directivos de UTA a renunciar al sindicato y a la mutual que cubría costosos tratamientos médicos que necesitan sus hijos.

El ex concejal será juzgado en agosto por las amenazas y golpes denunciados por otros dos ediles tras una sesión para tratar un aumento del boleto de colectivos en 2015.

Laura Trespando brindó su testimonio a FM De la Calle.

“Quiero denunciar lo que estoy viviendo para poder darle también ayuda a las mujeres que vienen atrás mío”, dijo. Su relación con Ricardo Pera comenzó en diciembre de 2012 y duró casi seis años.

Yo venía de una separación, de perder a mi papá, me había mudado a una casa más pequeña que la que estaba. No teníamos muchos recursos, estábamos bastante solas con mis hijas, que son las que siempre me acompañaron en todo. Él salió de la galera y empezó a ayudarnos. Primero aparecía con un telefonito, después empezó a venir a cenar, con sus risas y sus cuentos. La verdad que me inundó de amor y de ilusión. Pensé: al fin, después de tantos años de estar mal, conozco a mi compañero y a la persona que va a caminar conmigo y ya no va a ser tan pesado.

Todo empezó porque por ahí yo tendría alguna reunión familiar con mi mamá o con mi hermana y él ya no quería que fuera. O si iba a algún lado era una discusión o ‘te la pasás en la calle, ¿qué tenés que hacer? ¿qué necesitas? ¿no te alcanza con lo que te doy?. Era imposible tener una reunión de amigas porque para él no era necesario. Si iba a su casa no podía agarrar el teléfono -yo iba fin de semana por medio- y si mis hijas me necesitaban o querían decirme una mínima cosa yo no podía contestarles.

Si necesitaba ir al mercado iba pensando ‘que no me llame, que no me llame’. Y si me llamaba me decía ‘yo siempre te tengo que enganchar en la calle’, me decía ‘por qué no te organizás mejor, salís del trabajo, pasás por la leche y no tenés que andar dando vueltas’. No quería que estuviera en la calle para nada. Mi vida empezó a ser el trabajo, mi casa y la suya. No tenía otra cosa. Ni siquiera cumpleaños de mis hermanos ni de nadie. Todo era una discusión si yo quería hacerlo. Y si iba a algún lugar de esos lo hacía sin que se entere para evitar una pelea, para evitar… cualquier cosa.

¿Eso lo tornaba más violento?

Sí, obvio. Empecé a evitar todas esas situaciones pero cuando por ahí no me daba cuenta o no la podía evitar, venía el “coscorrón” -como él le llamaba- o un castigo laboral o empezaban los gritos y las amenazas constantes.

No recurrí nunca a ningún lado porque si yo hablaba era una desagradecida, una mal parida. Cuando estuvimos bien fuimos construyendo mi casa para ir en algún momento a vivir juntos. Cuando terminé de construirla, él no vino a vivir conmigo. Pero como me ayudó mucho en lo económico -en realidad no me ayudó porque la casa era para los dos- cuando se enojaba me decía ‘bueno, vendé todo, te vas a alquilar’. Y yo pensaba a dónde voy a ir, otra vez pierdo todo. Por ese miedo seguí sosteniendo mi relación. Además, siempre me dijo que me iba a ver de rodillas, que él no iba a parar hasta verme de rodillas.

¿Vos estabas trabajando en Bahía Transporte Sapem y tenías un rol como delegada de UTA?

Sí. Fui durante tres años delegada de UTA, hasta que me hicieron renunciar cuando yo decidí separarme.

¿Estabas rodeada tanto en lo privado como en lo laboral?

Totalmente.

¿Cuándo terminás con esa relación y decidís hacer la denuncia?

Yo rompo con eso porque en una de las últimas peleas él me pegó en casa y estaban los nenes. Estaban en el living y no vieron la situación, pero estaban. Por el miedo, no solo a que ellos vieran sino a que siguiera, presioné la alarma para que sonara, tiene un botón de emergencia. Empezó a sonar, él se asustó y se fue. Pensé para mí: esta es la última vez que tengo que permitir esto en casa.

Uno de mis hijos tiene autismo y él en dos ocasiones lo golpeó. Hasta ahí era. No solamente venía sufriendo en daños o amenazas permanentes o en maltrato, que ya era nuestra forma de relación. No me di cuenta, llegó un punto en que pensé que era así la forma de relacionarse, venía de dos fracasos y empecé a pensar que era yo.

Conversando con amigas, con gente que quiero, o con mi hija que en algún momento se enojó conmigo por las cosas que yo permitía, vi que eso no es natural, normal. Pero cuando estaba viviendo eso no… seguí nada más.

¿Cómo es tu situación laboral y económica hoy?

Perdí el trabajo, perdí todo sustento. Además, ella (Ndr: su hija) que también fue despedida comenzó a trabajar en una heladería y Ricardo llamó al dueño para que la despidan. Y así pasó.

Fui a ver al intendente con la denuncia en la mano para que me reciba. Está al tanto de toda esta situación porque Sapem es en su mayoría municipal. No me recibió porque supuestamente para él esto es una cuestión personal. Yo creo que excedió lo personal, todas las personas de mi empresa sabían lo que estaba pasando y vieron las veces que iban y me retiraban de mi oficina y me obligaban a renunciar a mi cargo o a la mutual o a la afiliación.

¿Eso cuándo ocurrió?

Yo decido separarme de él y lo primero que hace es hacerme renunciar a mi cargo de delegada del gremio. Un par de meses después despide a Maite. Como yo sigo sin querer volver con él, me hace renunciar a la mutual. Yo dependía de eso para los costos de mi hijo. Después me hace renunciar a la afiliación. Quedo totalmente desprotegida en mi lugar de trabajo. En Sapem si no sos afiliado al gremio quedás afuera casi inmediatamente, así funciona. Yo coordinaba el sector de monitoreo.

¿Cómo te hacen renunciar?

Estaba sentada en mi oficina y aparecen dos compañeros suyos, el secretario adjunto y el secretario gremial. Me piden que renuncie con una hojita y yo les dije que no quería renunciar, que me quedaba sin cobertura para F.. Ellos lo conocen, hacemos un tratamiento en Buenos Aires de estimulación magnética transcraneal en INAC. Me dijeron que no, que ellos tenían que llevar esa hoja firmada y que no había opción, que no tenían explicación que darme y que hasta ahí había llegado mi momento. El secretario adjunto me dijo: ‘firma calladita así no te pasa nada’. Firmé y se fueron.

Yo siempre trabajé del lado del gremio, representando a mis compañeros, no les había faltado nunca. Siempre trabajé a la par de ellos, a pesar de que no me permitían estar en asambleas o convocatorias por mi condición de mujer.

Y así fue…

¿Y de Sapem te echaron?

Me quisieron hacer renunciar. Ricardo me obligaba a renunciar pero no quise. Me empecé a asesorar, el gerente y el presidente me decían que no renuncie. Me derivaron a distintos sectores, a Tránsito y Transporte…

¿Federico Harfield y Tomás Marisco estaban al tanto de toda la situación?

Claro, obvio, ellos estaban al tanto de todo. De hecho, Marisco en una de las venidas del gremio a la Sapem me vio demasiado sensible y me derivó al Departamento de Género. Me recibieron tres veces y también estaban al tanto de todo. Creo que no pudieron cuidarme. Tomás en cierta forma hizo lo posible para derivarme y no dejarme sin empleo pero finalmente no quedó otra, todos acataron su orden.

¿Renunciaste?

No, me despidieron sin causa.

¿Cómo te sentís hoy?

¿Cómo me siento hoy? Totalmente sola. Cuando cuento que se trata de Ricardo Pera todas las personas que podrían ayudarme no pueden. Porque tienen miedo o por intereses creados no me pueden ayudar. Fui a hablar con mi abogada y me dijo que si estaba fuerte me acompañaba.

¿Tuviste algún tipo de consecuencia?

Sí, él me mandó a decir por terceros que desestime la denuncia, que los muchachos me van a hacer mierda. Esas fueron las palabras que me llegaron. En esta denuncia presenté audios, fotos, pero bueno, no me dieron la perimetral.

¿Con qué argumento?

Que los golpes eran viejos.


Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia, llamá gratis al 144 o contactate con la Red Local de Violencia de Género [email protected]

(Por Giuliana Crucianelli) Durante la segunda jornada del juicio por el femicidio de Aída Rosa Caballín las partes presentaron los alegatos. Hernán Rogero se negó a declarar.

El acusado estuvo presente durante la audiencia aunque no acudirá el jueves próximo a la lectura de la sentencia. La Fiscalía solicitó la prisión perpetua y la defensa pidió ocho años, la pena mínima por homicidio simple.

En su alegato, el fiscal Jorge Viego argumentó que hay elementos probatorios suficientes para demostrar la figura de homicidio perpetrado de un hombre hacia una mujer mediando violencia de género.

Destacó que, por la forma que se encontraba el cuerpo de la víctima, el asesinato pudo haberlo realizado una sola persona. Señaló que cuando Rogero huyó de Blandengues al 800 “el hecho ya estaba cometido y procedió a descartar el cuerpo”.

En la Sprinter se encontraron cabellos que “coinciden morfológicamente con los de Caballín y eso habla de una mecánica de violencia dentro del vehículo”. Sin embargo, no se realizaron las pruebas de ADN necesarias para acreditar que esos cabellos pertenecieran a la víctima.

La Fiscalía afirmó que se “cosificó a la mujer en función de la actividad que realizaba”. Viego señaló que durante el allanamiento Rogero se desmayó cuando oficiales encontraron las sogas similares a las halladas en la víctima, lo cual acreditaría su culpabilidad. Asimismo, se contempló como antecedente el testimonio de la ex pareja quien aseguró que existió violencia durante la relación.

La defensa, a cargo de German Kiefel, solicitó el homicidio simple y argumentó que no hay motivación para considerar el agravante por femicidio. Señaló que no se acreditó el móvil que indique que es un caso de violencia de género.

Destacó que, en todo caso, la Fiscalía debería haber solicitado la figura del femicidio no íntimo que establece el Código Penal en el artículo 80 inciso 4. El abogado sumó como atenuantes la carencia de antecedentes ante la justicia, el buen concepto que tenía el empleador de Rogero sobre el acusado y la adicción a la cocaína.

El jueves a las 12, el juez Eugenio Casas y las juezas Claudia Fortunati y María Mercedes Rico, a cargo del Tribunal Criminal 2, leerán la sentencia contra Rogero, quien permanece en prisión preventiva.

(Por Giuliana Crucianelli) “Yo viví un infierno con él, sabe muy bien lo que me hizo pasar a mí y a mi familia. Estoy segura de que fue él”, declaró ayer la ex esposa de Hernán Rogero, imputado por el femicidio de Aída Rosa Caballín, ocurrido el 16 de julio de 2018.

En la primera jornada del debate se escucharon ocho testimonios de la Fiscalía y cuatro de la defensa. Este viernes se desarrollarán los alegatos y a fines de la semana próxima habrá sentencia.

Rogero está imputado por homicidio calificado por ser perpetrado por un hombre a una mujer mediando violencia de género. Intervienen el Tribunal Criminal Nº2 a cargo de Eugenio Casas, Claudia Fortunati y María Mercedes Rico; el fiscal Jorge Viego y el defensor oficial Germán Kiefel.

La víctima era trabajadora sexual en la zona de Blandengues al 800 donde se la vio por última vez al subirse a la camioneta de Rogero alrededor de las 22:40 del 16 de julio de 2018. Personal de la DDI pudo, a través de las cámaras de seguridad de vecinos de la zona, seguir el recorrido de la combi hasta cercanías del lugar donde aparece el cuerpo de Caballín en el barrio Los Chañares.

Dos testigos que formaron parte del operativo dieron cuenta de que en el lugar donde se encontró el cuerpo había huellas de un vehículo con ruedas duales, las cuales coinciden con las de la camioneta que manejaba Rogero. También constataron que el acusado realizó una primera visita a Caballín en calle Blandengues, luego se retiró y, minutos más tarde, volvió a acercarse al lugar y ella subió al vehículo.

Personal de la DDI declaró haber realizado el recorrido de todas las cámaras de seguridad de la zona hasta Ayacucho 7500. El vehículo pertenecía a la empresa para la que trabajaba Rogero y contaba con un GPS que se desactivó segundos después de las 23 y se encendió en el domicilio del acusado minutos antes de las 24. En dicho lapso ocurrió el femicidio.

Fue de mucha utilidad una cámara de seguridad de un comercio que tomó la imagen de una camioneta Sprinter en el semáforo de Sixto Laspiur y Nicolás Pérez a las 23:01, segundos después de desactivarse el GPS. Metros más adelante, apareció tirado el celular de Caballín, encontrado por un vecino a la mañana siguiente. A partir de allí, se pudo reconstruir el rastro del vehículo y cotejarlo con los datos del software de seguimiento que tenía la empresa propietaria de la camioneta. Por otro lado, se constataron en el allanamiento a la casa de Rogero rastros de soga similares a las utilizadas para asesinar a Caballín.

Vecinos de la cuadra señalaron que la víctima “no era una persona conflictiva”, que la veían regularmente y que a uno de ellos le llamó la atención salir a fumar y no encontrarla. Un testigo afirmó ver el primer acercamiento de la camioneta de Rogero el día del hecho.

Ningún testimonio pudo acreditar si Caballín y Rogero se conocían con anterioridad, aunque una ex pareja de la víctima declaró que tuvieron internado al hijo de ambos en el Hospital Penna mientras el acusado trabajaba en la cocina.

A su vez, declaró Luciano Luna, amigo de Caballín, quien afirmó que la llevaba todos los días hasta Blandengues y luego la pasarla a buscar. También informó que le llamó la atención cuando le escribió un mensaje alrededor de las 24 y ella no contestó. Luna fue quien recuperó el celular de la víctima.

Llamativamente, el abogado defensor preguntó al personal de la DDI si cuando encontraron el cuerpo la víctima tenía toda la ropa y si se le encontraron lesiones en la cara y pidió dejar constancia de que entre las pertenencias había preservativos. Por otro lado, solicitó testigos que declararon que el acusado tenía adicción a la cocaína. Sin embargo, nadie constató que durante los hechos el imputado estuviera bajo consumo.

Entre hoy y mañana se desarrollará el debate oral y público contra Hernán Rogero por el asesinato de Aída Rosa Caballín. Lo juzgará el Tribunal Criminal Nº 2 por homicidio calificado por ser perpetrado por un hombre a una mujer mediando violencia de género.

El fiscal Jorge Viego determinó que el 16 de julio de 2018 alrededor de las 22:39, la mujer subió por su propia voluntad a un Mercedez Benz Sprinter y Rogero la mató intencionalmente por asfixia mecánica, utilizando para ello una soga en el cuello.

Luego, el hombre se descartó del cuerpo de la mujer en la vía pública, en immediaciones de calle Ayacucho a la altura del 7500. “Todo eso sucedido en un contexto de violencia de género basado en una relación de desigualdad de poder entre un hombre y una mujer”, sostiene en la investigación.

La instrucción logró determinar que cerca del cuerpo había huellas de un rodado con características particulares y establecer que ese vehículo seguía su marcha y realizó una vuelta en “U” para retirarse del lugar, sin encontrarse huellas de pisadas en el sector.

Se precisó que la víctima era trabajadora sexual y que solía estar en inmediaciones de Blandengues y Almafuerte. De esa manera se realizó en rastreo mediante las cámaras de seguridad del lugar desde donde se obtuvo filmaciones en las que se observa un vehículo utilitario que coincidiría con las huellas recogidas en el lugar donde se encontró el cuerpo.

Además se destacó el aporte de filmaciones de otras cámara de seguridad perteneciente a los vecinos de las inmediaciones, gracias a las cuales se pudo completar el cuadro de situación.

También se realizaron tareas para logar la identificación del vehículo perteneciente a la empresa Ronan Transportes, el personal policial se entrevistó con el dueño de la firma que aportó los registros del GPS y los datos del chofer.

En los registros del GPS, se detecta que el vehículo al mando de Hernán Rogero estuvo en inmediaciones de Blandengues y Almafuerte la noche del 16 de julio donde la mujer habría subido, se retiraron por calle Sixto Laspiur, se corta la señal del GPS y más tarde retoma el registro de localización cuando el vehículo ya se encontraba estacionado en la casa del imputado, sobre la calle Alemanes del Volga.

La Fiscalía General informó que la unidad especial de búsqueda de personas, de reciente creación, investigó en el último semestre más de 80 casos.

El grupo especializado cuenta con la participación de tres mujeres policías de la DDI, los efectivos de cada Comisaría donde se radica la denuncia y todos funcionan bajo las tareas de coordinación del fiscal Rodolfo de Lucía.

De 88 denuncias por el faltante de personas mayores y menores de edad, 60 pertenecen a Bahía Blanca y 28 al resto de los distritos que conforman el Departamento Judicial.

La puesta en marcha del equipo especializado se produjo el 1 de junio de 2019 luego de detectarse la necesidad de que este tipo de circunstancias sean tratadas de una manera especial por la conflictividad que hay en su origen.

La tarea de la UFIJ (Unidad Funcional de Instrucción y Juicio) Nº20 abarca a “las investigaciones iniciadas por averiguación de paradero, hallazgos de personas y/o aparición de cadáveres o restos óseos N.N.”.

“Merecen una especial atención dado que cuando una persona desaparece sin tenerse noticia, rastro o conocimiento cierto de su destino se ve alterado gravemente su círculo familiar, además de conmocionar a toda la sociedad”, destacaron desde la Fiscalía.

Asimismo, “cuando se trata de la desaparición de menores de edad, sin que se tenga noticia o conocimiento cierto de su paradero, conforme lo indica la experiencia, podría presumirse que su vida, libertad e integridad física se encontrarían en grave riesgo, por lo que siempre resulta imprescindible asignarle a su búsqueda el máximo grado de prioridad y urgencia”.

Anteriormente la búsqueda de personas desaparecidas recaía en las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio genéricas, las que, debían atender gran cantidad de causas anuales por lo que se dispuso de recurso humano para esclarecer con urgencia estos casos que son de importancia.

La Fiscalía destacó que “cuando desaparece un menor, puede deberse a un conflicto familiar” y que “su vida, libertad e integridad física podrían estar corriendo peligro”. Recordó además que la ley castiga a aquellas personas mayores que retengan a menores de edad o les brinden cobijo sin informarlo a la autoridades.

El Observatorio por el Derecho a la Ciudad y otras organizaciones denunciaron al presidente Mauricio Macri, a su ex ministro Nicolás Dujovne y al titular del Banco Central, Guido Sandleris, por los acuerdos con el FMI.

Les imputan los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y de administración fraudulenta contra la Administración Pública.

“Esperamos que la justicia investigue y no archive la causa y que el próximo gobierno y el Congreso realicen una auditoria de la deuda”, dijo a FM De la Calle el abogado Jonatan Baldiviezo.

La denuncia afirma que “el FMI participó, de manera cómplice y corresponsable de la orgía especulativa que caracterizó a la administración Macri al instituir un régimen de política económica que combinó el endeudamiento con la valorización financiera y la fuga de capitales”.

“Son tres aspectos: considerar que la deuda no es democrática, no ha sido aprobada por el Congreso Nacional que es el único poder competente para que el Estado se endeude. Se hizo revivir una ley muerta del año 2010 para tomarla. Es de una gravedad institucional muy importante, es la deuda más grande de la historia argentina que no se ha discutido con los representantes del pueblo y, por eso, el Estado y los ciudadanos argentinos no deberían asumir la carga”, comentó.

Baldiviezo agregó que tampoco “se cumplieron los pasos administrativos previos para autorizar el acuerdo con el FMI, no hay dictámenes técnicos previos del Banco Central, dictámenes jurídicos, nada que prevea la situación del Estado sobre si era posible pagar la deuda, tampoco existe una autorización de Macri a su ministro -por entonces Dujovne- o al presidente del Banco Central autorizando la deuda”.

“La tercera es para qué se utilizó esta deuda”, dijo. Desde junio de 2018 a julio de 2019 ingresaron a la Argentina U$S 44.490 millones. Solo se utilizaron para pagos de deuda U$S 28.594 millones. En el mismo período, salieron del país U$S 36.380 millones.

“Es obvio que si el FMI prestó U$S 44.490 millones y en la Argentina se fugaron en el mismo período más de U$S 36.000 millones y se pagaron solo U$S 28.000 millones, el país tenía dólares propios para afrontar sus pagos y, por lo tanto, el endeudamiento con el FMI carecía de sentido. En todo el período de Macri, la fuga superó los U$S 83.000 millones. La intervención del FMI es simultánea a la aceleración de la fuga de capitales”.

La demanda advierte además que “la devolución del crédito otorgado y absorbido en el fallido intento de reelección macrista debe ser devuelto de manera concentrada en el período 2020 – 2024. La acumulación de vencimientos con el organismo por un monto de U$S 51.039 millones en esos años define la inviabilidad financiera de la Argentina”.

En los últimos meses, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene denunciando reiteradamente ante la justicia que los depósitos de las cárceles bonaerenses no tienen suficiente comida para alimentar a las personas detenidas.

Las licitaciones no se cumplen por falta de pago, el hambre crece y el correlato directo son las graves afectaciones a la salud por una alimentación escasa, mala y desequilibrada.

En varías unidades penitenciarias, los detenidos comenzaron huelgas de hambre.

La CPM también reclamó al Ministro de Justicia Gustavo Ferrari que tome medidas urgentes. El juzgado de ejecución de La Plata también intimó a las autoridades provinciales y penitenciarias a aprovisionar de alimentos las cárceles bajo la advertencia de sancionar económica y penalmente el incumplimiento de la resolución.

La comida que hay es poca y de mala calidad. El resto no llega: en cada una de las cárceles inspeccionadas por la CPM confirmaron que, dentro de las licitaciones contratadas, hay faltantes de alimentos que deberían ser provistos de acuerdo a ese contrato. Las empresas alegan falta de pago por parte de la Provincia.

La situación es grave y profundiza la crisis humanitaria de los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires. Ante la desesperante situación, las personas reclaman mediante diferentes medidas.

El organismo también reclamó que se garantice la provisión de dietas especiales por razones de salud, algo que prácticamente no existe en ninguna cárcel de la Provincia, agravando las condiciones clínicas de estas personas que padecen VIH, diabetes, hepatitas, entre otros padecimientos.

Según el relevamiento de las inspecciones y las denuncias reiteradas de detenidos y familiares que llegan a la CPM, se confirma que el hambre se generaliza en todas las cárceles provinciales.

Hay cárceles en donde alimentos indispensables faltan desde hace meses; es muy habitual la ausencia de frutas y verduras A y B por largos periodos. La carne y pollo, que debería proveerse todas las semanas, llega pocas veces. En algunas unidades penitenciarias, no hay queso desde hace un año. Leche, huevos, aceite o yerba pueden faltar por meses.

Solo como ejemplo para ver la gravedad de la situación: en junio pasado, la CPM inspeccionó la UP 1 de Olmos, en ese momento había 2.858 personas detenidas; en el depósito de comida sólo había un pallet de arroz, cinco bolsas de lentejas, once bolsas de arvejas y 6.900 kilos de harina. Algunos cortes de carne tenían un fuerte olor nauseabundo y color amarillo.

En casi todas las inspecciones, se detecta problemas de este tipo en el stock de carne vacuna: mal refrigerada o contaminada. La carne provista es mala y poca, por ejemplo, el jefe de depósito de la UP 2 de Sierra Chica reconoció que, con el abastecimiento que reciben cada vez, sólo les alcanza para cocinar con carne una vez a la semana.

En función de la mala calidad, los detenidos intentan reelaborar estas comidas que le llegan a los pabellones y celda, lavándolas y recocinándolas. Esas nuevas comidas llamadas “rancho” y lo que proveen sus familiares configuran en esencia la alimentación de las personas detenidas. Pero esto nunca está asegurado debido a la escasez de recursos económicos y/o la imposibilidad de concurrir a las visitas por parte de las familias.

El testimonio de una persona detenida grafica aún más este padecimiento: “Desde hace tres días sólo como dos panes por día”. La defensoría agrega que todas las personas entrevistadas dijeron tener hambre.

La falta de alimentación y la mala calidad de la comida, combinada con el régimen de vida las graves condiciones de detención, constituyen una grave afectación de los derechos de las personas detenidas, cuyo consecuencia inmediata es el peligro para la salud y el agravamiento de los padecimientos ya existentes. En estas condiciones, el peligro para la vida es inminente y el hambre se constituye en tortura o malos tratos de parte del estado provincial.

Uno de los imputados que debía ser juzgado en la demorada causa Triple A falleció este fin de semana. Se trata de Héctor Oscar Chisu, alias Ginebra, ex miembro de la custodia del interventor de la UNS Remus Tetu y, luego, del general Adel Vilas.

Chisu había sido detenido por la Policía Federal en mayo de 2015 en su vivienda del barrio Malvinas Argentinas de Trelew. El juicio por los crímenes de lesa humanidad de la banda paraestatal tiene audiencia programada para el 12 de febrero de 2020 aunque eso no significaría el inicio del debate.

En una etapa procesal anterior de la misma causa está imputado el ex presidente de la Cámara Federal, Néstor Luis Montezanti.

Antes de la detención del represor ahora fallecido, fueron necesarios dos pedidos de pronto despacho de la Fiscalía ante el juez subrogante -hoy fiscal federal- Santiago Ulpiano Martínez para que active la acción penal contra algunos de los responsables de más de una veintena de homicidios de militantes políticos.

Héctor Oscar Chisu integró -al igual que su hermano Miguel Ángel- la “seguridad” del interventor de la Universidad Nacional del Sur Remus Tetu, tal como lo indican los testimonios y la documentación entregada por la casa de altos estudios a la justicia federal en abril de 2006.

Durante la dictadura, fue custodio del general Adel Edgardo Vilas, quien fuera segundo comandante del V Cuerpo de Ejército y jefe de la Subzona 51. Además, fue agente civil del Destacamento 181 del Ejército.

En octubre de 2017, la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó los procesamientos de Chisu, Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero por asociación ilícita.

Los camaristas destacaron la “enorme cantidad de testimonios que dan cuenta que el grupo contratado como personal del ‘Departamento de Seguridad’”, creado por el rector Remus Tetu, “se paseaba por los pasillos de los edificios de la universidad en actitud amenazante e intimidante, haciendo ostentación de armas largas y cortas, generando un clima de miedo que provocó que muchos estudiantes abandonaran los estudios”.

La intrusión de la agrupación paraestatal en el ámbito universitario dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes y la confiscación de sus bienes, el cierre del comedor universitario, la proscripción de 497 títulos pertenecientes a la biblioteca, la expulsión de alumnos/as y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otras cuestiones.

Los magistrados señalaron que el diputado Rodolfo “Fito” Ponce y Tetu fueron los jefes y organizadores, en tanto que Aceituno, Chisú, Curzio, Forcelli y Pallero la integraron junto a Jorge “Moncho” Argibay y su hijo Pablo Francisco -ambos fallecidos-, Roberto Néstor Sañudo, Héctor Alfredo Mansilla y Basilio Omar “Chacho” Pérez, entre otros.

La justicia condenó a integrantes de la patota que intentó tomar violentamente el Frigorífico Recuperado INCOB el 17 de noviembre de 2015.

El grupo estaba encabezado por el entonces presidente de la cooperativa cuestionado por sus compañeras y compañeros por su administración fraudulenta y su enriquecimiento personal.

Enrique Orlando Garaggiola y su hijo Ezequiel Andrés fueron condenados a dos años de prisión condicional por lesiones graves y amenazas agravadas por el uso de armas, respectivamente. Reinaldo Pascual Hernández fue castigado con dos años y medio de cárcel en suspenso por portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

El abogado Leandro Aparicio dijo a FM De la Calle que la estrategia de la querella fue acreditar “quién era Garaggiola, qué hacía, dónde estaban, cómo cobraban los trabajadores, cómo trataba a las mujeres y a otras personas a las que consideraba indios. Él era un empresario”.

“Estoy conforme con el fallo aunque tardó cuatro años. La prueba era un video y los testigos. Imaginate para probar las estafas. Este señor no comía solo, le pagaba a otra gente más, pero va a llegar. También estoy conforme porque las víctimas están contenidas. Es una cooperativa que se la bancó, el símbolo es Willy Guenemil que trató de frenar el ataque con la mano, le pegaron un palazo, le rompieron el dedo y le dejaron la mano inutilizable”, detalló.

La jueza María Mercedes Rico tuvo por probado que “existía un conflicto previo, generado a partir de los reclamos de los socios que conformaban la cooperativa del frigorífico INCOB, quienes desde hacía un tiempo venían advirtiendo un irregular manejo por parte de quien, para esa época, era el presidente”.

Las y los testigos “mencionaron que exigían mayor transparencia, exhibición de balances y cambio de autoridades y que, con ese fin, ya en el mes de septiembre de 2015, habían convocado a una asamblea”.

“Es en ese marco, con un conflicto ya instalado y con gestiones iniciadas ante el INAES por algunos de sus compañeros que habían viajado a Buenos Aires, que ese 17 de noviembre de 2015, se encontraban en su lugar de trabajo, manifestándose en forma pacífica -con bombos y banderas-, a la espera de novedades”.

La magistrada destacó que el ataque de los imputados y otros hombres fue una conducta “a partir de una irrupción abrupta, violenta y absolutamente injustificada”.

“La prueba recibida ha sido abundante y absolutamente coincidente. Todos los testigos han relatado lo ocurrido en forma clara, precisa y simple y he podido advertir, a partir de sus palabras y expresiones, los sentimientos que en ellos ha provocado la lamentable situación vivida. Cada uno explicó lo ocurrido ese día con absoluta espontaneidad y, -entiendo- en forma sincera. Todos ellos me han impresionado veraces y sus relatos han sido, en lo sustancial, coincidentes, no solo entre sí sino también con las imágenes que he visto en los videos acompañados”, escribió en el fallo.

El Juzgado Federal N° 1 amplió las imputaciones contra 25 acusados por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos. Uno de los tres fallos refiere a la violencia sexual ejercida sobre las mujeres en los lugares de cautiverio por parte de 15 militares.

En la causa se investigan crímenes cometidos por el Comando V Cuerpo de Ejército y/o las unidades militares, policiales y de seguridad bajo su control. La Fiscalía apeló parcialmente las sentencias por no haberse aceptado el pedido de prisión preventiva para los represores.

Los procesamientos se suman a los del oficial médico del Hospital Militar de Evacuaciones 181 Humberto Luis Fortunato Adalberti, por el secuestro agravado y los tormentos agravados en perjuicio de Mario Orlando Dalhoff, la ampiación del procesamiento del enfermero militar Adalberto Osvaldo Bonini por el secuestro agravado y los tormentos agravados de los que fue víctima Alicia Mabel Partnoy.

En el marco de la misma investigación se espera que el tribunal oral fije fecha de inicio a un nuevo debate oral. Será el juicio más grande que se haya realizado en Bahía Blanca con 46 imputados (15 de los cuales serán juzgados por primera vez), 231 víctimas (77 de las cuales llegan por primera vez a juicio) y –por el momento– más de doscientos nuevos testigos.

Los fallos

El 4 de noviembre el Juzgado amplió el procesamiento de Osvaldo Bernardino
Páez, Guillermo Julio González Chipont, Walter Bartolomé Tejada, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Osvaldo Lucio Sierra, Víctor Raúl Aguirre, Alejandro Osvaldo Marjanov, Antonio Miguel Seghighi, Alejandro Lawless, Raúl Esteban Andrés, Vicente Alfredo Flores, Enrique Stel y Eduardo Carlos Videla en relación a los abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos mujeres mantenidas en cautiverio en el Batallón de Comunicaciones 181, una de ellas víctima de violación.

La Fiscalía informó que la acusación por el secuestro y los tormentos de ambas víctimas será analizada en el próximo juicio de la causa Ejército.

El 11 de noviembre un nuevo fallo amplió el procesamiento de 18 imputados en relación a hechos sufridos por tres víctimas. Por el homicidio bajo modalidad de desaparición forzada de Manuel Alberto Ruzo fue procesado Ricardo Claudio Gandolfo. Y respecto al homicidio agravado de Pedro Benigno Gutiérrez resultaron procesados Jorge Aníbal Masson, Mario Alberto Casela, Walter Bartolomé Tejada, Osvaldo Lucio Sierra, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Víctor Raúl Aguirre y Enrique José Del Pino.

Igual medida se dictó en relación al secuestro agravado y las torturas agravadas sufridas por María Eugenia Flores Riquelme respecto a Osvaldo Bernardino Páez, Walter Bartolomé Tejada, Guillermo Julio González Chipont, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Víctor Raúl Aguirre, Felipe Ayala, Raúl Artemio Domínguez, Desiderio Andrés González, Arsenio Lavayén, Gabriel Cañicul y Héctor Luis Selaya.

Por el último, el miércoles pasado, el Juzgado dispuso ampliar el procesamiento de Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Condal, Carlos Alberto Taffarel y Víctor Raúl Aguirre por los secuestros agravados y las torturas agravadas cometidas en perjuicio de Carlos Gustavo Domínguez y Marina Marcela Herrero; así como el procesamiento de Jorge Horacio Granada y Guillermo Julio González Chipont por el caso de Herrero.

El traslado de jóvenes alojados en centros cerrados bajo la órbita del Organismo de Niñez y Adolescencia provincial sólo puede realizarse con orden judicial. Sin embargo, sus funcionarios no respetan esta normativa.

Recientemente, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Bahía Blanca puso en conocimiento de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) un caso de extrema gravedad de un joven que fue víctima de violencia luego de ser trasladado de manera ilegal.

“Este caso fue muy simbólico porque el joven sufrió torturas, golpes y abusos al ser trasladado a La Plata. Ellos consideran que tienen estas atribuciones de hacer traslados sin aval judicial. A veces no son detectables pero como sufrió estas torturas el defensor se anotició que no había sido requerido el aval”, dijo Marcelo Iafolla a FM De la Calle.

La CPM pidió la intervención de la Suprema Corte para requerir que se cumpla la autorización judicial previa.

Iafolla, director de Niñez de la Comisión, comentó que “cuando este joven manifiesta lo ocurrido, se tomó la decisión de sacarlo de ese centro, se impuso el arresto domiciliario para sacarlo del circuito de encierro. Ahí está la otra parte que es el deber de cuidado que debe tener el Organismos de Niñez que es lo que estamos planteando, ellos deben cuidarlo”.

Para la CPM, el hecho es la constatación de las graves consecuencias que generan decisiones arbitrarias e irregulares por parte de los funcionarios del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA).

“Como está estructurado el Sistema Penal Juvenil lo que han creado son cárceles para jóvenes. La estructura de adultos se replica: hacinamiento, mala alimentación, ausencia de ámbitos educativos, atención de la salud muy precaria. Se piensa en niños y jóvenes como con los adultos no respetando la Ley del Sistema Penal Juvenil que habla de mínima intervención penal y de mucha intervención del sistema de promoción de derechos”, concluyó Iafolla.

La Asociación de Pensamiento Penal invita a regalar un libro con dedicatoria a las internas de la Unidad Penal N°4 de Villa Floresta.

“Es una forma de generar algún acto reflexivo, tendiendo puentes entre el afuera y el adentro, si bien la cárcel está en la ciudad es una realidad de la que no se habla o nunca se pone a pensar lo que pasa adentro de la cárcel. Esta actividad, más allá de la lectura, genera un pensar colectivo de qué se trata la cárcel, quiénes están, qué pasa”, comentó a FM De la Calle Ornela Scarano.

La invitación señala: “Sabemos que la pregunta no es fácil… puede que te genere incomodidad, que se sumen prejuicios, enojos o descontentos… pero luego de ponerte, aunque más no sea por un momento, en sus zapatos, la respuesta será transformadora para vos! Y puede llegar a transformar los días de encierro de alguna mujer”.

Scarano dijo que “la cárcel es un mundo y el pabellón de mujeres es otro mundo dentro de esa estructura. Hay que evaluar la condena, la gran mayoría cumple una condena corta, son delitos menos graves vinculados a infracciones a la ley de estupefacientes, narcomenudeo, como se suele decir”.

“Las mujeres se llevan la peor parte, estar dentro de un establecimiento donde se producen violaciones a los derechos humanos, tienen restringida la libertad ambulatoria pero no el resto de derechos. La gran mayoría son madres, algunas con sus hijos dentro de la cárcel, otras ven disminuido o conflictuado el vínculo con sus hijos afuera o sus familias”, afirmó.

El cura Mauro Henrique Cantanhede Ferreira es investigado por la justicia a partir de la denuncia por abuso sexual presentada por una integrante de la comunidad de la Parroquia San Roque.

De dicha institución católica depende el Colegio San Cayetano. Un grupo de ex alumnas reflotaron una publicación que hicieron en redes sociales luego de egresar en 2018. Hablaban de diferencias de trato según el género y conductas inapropiadas hacia las mujeres por parte de profesores.

Las autoridades del colegio dijeron que la denuncia contra el párroco “era un chusmerío, que no se metan, se enojaron con los pibes. ¿Qué pueden hacer si no hay contención de ese lado? Si hay un pibe o una piba que se sintió violentado por esta persona no lo va a decir porque sabe que no tiene apoyo de la institución”.

Martina Trujillo, Juana Martínez y Julieta Anzorena dialogaron en FM De la Calle con Giuliana Crucianelli. Dijeron que el sacerdote “se ha negado a que cambiemos el uniforme del colegio a polleras porque si no íbamos a ser provocadoras para él y éramos carnada para los violadores. Esas cosas no se dicen ni en joda, eran peligrosas”, afirmaron.

-Un año después de habernos egresado empezamos a juntar experiencias que habíamos tenido en el colegio y se nos ocurrió hacer la presentación. Tuvo un montón de repercusión porque nos hablaron un montón de chicas que actualmente van al colegio diciéndonos que sí, capaz está este profesor que siento se me acerca de más, a mí me pasó esto. Se difundió un montón pero la institución no respondió como tendría que haber respondido.

-Fueron distintos relatos de profesores, de directivos, de compañeros. Y la respuesta de los directivos, como es también la de ahora, fue resistencia y repudio ante las publicaciones en vez de contener a pibas que estaban denunciando que habían sido violentadas en una institución educativa.

¿De qué forma?

-Diferencias entre géneros dentro del aula con profesores, específicamente ahora con lo del padre del colegio fue que nos hemos cruzado con él y se ha negado a que cambiemos el uniforme del colegio a polleras porque si no íbamos a ser provocadoras para él y éramos carnada para los violadores. Esas cosas no se dicen ni en joda, eran peligrosas.

-Además, profesores que te miraban el cuerpo o el pecho, tenían un acercamiento más físico a las mujeres o un ataque simplemente por ser mujer. Una diferencia de a las mujeres las mandamos al pizarrón, las sacamos del aula, las cagamos a pedos, que se sienten derechitas con el uniforme. Eso con los varones no se veía, siempre estaba la diferencia de género.

-Siempre estaba el comentario del catequista diferenciando el género o hablando de la homosexualidad como una enfermedad. Un montón de actitudes que fuimos relatando. Fue una manifestación de nuestra experiencia y el colegio se lo tomó como un ataque. No sé si fue nuestra idea ir a escrachar a la institución porque ni siquiera pusimos nombres ni nada, fue una manifestación nuestra como mujeres en esa institución y no tuvimos respuesta por eso.

-También para que quienes siguen en la institución sepan que tienen un apoyo desde afuera porque ya que no lo tienen de la institución saben que lo tienen de las ex alumnas.

-Sí, en ese sentido sirvió muchísimo. De verdad nos habló un montón de gente, inclusive de otros colegios diciendo que eso también pasa.

-Mismo mujeres que habían ido a esa institución en 2013 y comentaban. Quiero recalcar que somos mujeres que contamos nuestra experiencia pero éramos mujeres menores de edad a cargo de un adulto que no nos contenía ni se responsabilizaba, ni tomaba cartas en el asunto como está pasando ahora. Por ejemplo, les chiques del colegio se manifestaron en contra, querían hacer algo y las autoridades de la institución dijeron que esto era un chusmerío, que no se metan, se enojaron con los pibes. ¿Qué pueden hacer si no hay contención de ese lado? Si hay un pibe o una piba que se sintió violentado por esta persona no lo va a decir porque sabe que no tiene apoyo de la institución.

¿Qué hacía el cura denunciado cuando ustedes cursaban?

-Hacía confesiones, estaba siempre en el colegio. Rezábamos a la entrada, la primera hora, daba las misas y eso. No daba catequesis, solo confesiones o te llamaba para ir a su oficina a charlar o lo que sea.

¿Cuando se enteraron de la denuncia qué les pasó?

-No me sorprendió. Lamentablemente no. Además, si no me equivoco, en esa parroquia hubo hace un tiempo otra persona denunciada (NdR: el catequista José Luis Andersen fue condenado a 20 años de prisión por abuso sexual reiterado a un niño de 8 años). Lo que más me sorprendió fue el apoyo de las personas que asisten a esa iglesia y de padres o la comunidad educativa de San Cayetano. Me pareció terrible estar en 2019, casi 2020, y que haya personas que hacen una misa a favor de un abusador o de un denunciado o lo que fuera. Si son tan cínicos, mínimo llámense a silencio.

¿Las autoridades del colegio son las mismas de cuando ustedes cursaban?

-Siguen.

Y la respuesta al comunicado de ustedes fue que era un chusmerío, que era mentira…

-No sé si es un chusmerío o mentira sino que nosotras queríamos armar bardo o lo que fuera. Lo que dijeron que era un chusmerío es lo de la denuncia al cura. De nosotras que las queríamos embarrar porque en el medio hubo un cambio de directora, algunas cosas pasaron con la anterior y otras con la actual y es como que ella se la agarró con nosotras.

-La respuesta a ese comunicado fue bloquearnos de las redes sociales. Fue la única.

-Sí, hasta respuestas de profesores en la misma publicación. De profesores a alumnas o ex alumnas, me parece terrible, en vez de sentarnos a charlar. Había confianza con algunos y algunas profesores, y en vez de charlar: ataques, querer callarnos, bloquearnos.

-Cuando surgió la idea era que a partir de ahí se podría construir. Había cosas en el colegio que eran muy estructuradas. Fue con esa intención, pero no…

-Situaciones que planteamos hace un año y medio ahora, a partir de eso, hay circunstancias que se podrían haber evitado después de nuestro documento.

¿Por ejemplo?

-Lo de Mauro. Lo del abuso de Mauro.

¿Ustedes advertían estos comentarios y situaciones con esta persona?

-Era como un llamado de atención a toda la escuela en realidad. A toda la escuela y a sus trabajadores y trabajadoras. Más que nada por eso, están a cargo de menores, nosotras más que nada pensando en eso. Nosotras ya transitamos la escuela, ya la pasamos, por suerte nos pudimos contener entre nosotras o alguna profesora que tenía perspectiva feminista o lo que fuera. Pero los pibes que siguen después… Por suerte esos pibes y pibas leyeron estos relatos, ahora armaron una historia que decía ‘en el colegio importa más que pagues la cuota antes que haya un cura abusador’, así como dando a conocer su postura. Me parece que está buenísimo, usar las redes sociales como herramientas si en la institución no te escuchan está buenísimo y es un camino que se va a seguir utilizando. No me escuchan, me voy a las redes sociales, me voy a la calle.

-Ahora se están organizando pero, la verdad, es muy difícil. Los directivos están muy metidos en el centro de estudiantes, no hay mucha diferenciación, no podría haber una confrontación. Estaría bueno que se organicen y armen lo que fuera que se les ocurra, desde lo artístico hasta pegar carteles, pero antes de subir estas historias a instagram hubo otras instancias de diálogo en las que no se los escuchó. Apoyo que muestren sus posturas ante una denuncia penal, no ante un escracho cualquiera.

-No decir nada de la situación también es decir. Lo estás avalando.

-Desde el momento uno los alumnos y las alumnas quisieron saber qué postura iban a tomar. Lo único que hubo es que la directora se vaya de un grupo de whatsapp, no hubo respuesta directamente. Creo que se están movilizando desde el lado que pueden y se los permiten.

-Nos pasó lo mismo a nosotras como alumnas, no podíamos hacer nada desde adentro porque nos lo imposibilitaban los directivos. Lo decidimos hacer después de haber terminado, cuando ya estábamos despegadas de la institución. Cuando te amenazan con amonestaciones, cuando te corren la cara, te bloquean por whatsapp, no te dan ninguna alternativa.

-Sí me acuerdo de compañeras nuestras que ya militaban en una organización a los 16 años que habían presentado una lista del centro de estudiantes y se corría la bola de que no querían que ganen porque iban a politizar la escuela. Me parece importante hacer esta relación del centro de estudiantes con los directivos, parece más algo de beneficencia de la escuela que un centro de estudiantes que recibe y hace reclamos. (…) Las decisiones las toman los directivos junto con los curas, algo así.

El jueves a las 12:30 se conocerá el veredicto del juicio a parte de la patota que quiso tomar violentamente el frigorífico INCOB el 17 de noviembre de 2015.

Durante la segunda y última audiencia del debate oral el fiscal Cristian Aguilar y el abogado querellante Leandro Aparicio alegaron e hicieron sus pedidos de penas en el Jugado Correcional Nº1.

Para el ex titular de la cooperativa INCOB, Enrique Garaggiola, y para Reinaldo “el mudo” Hernández la fiscalía requirió dos años y medio de prisión y la querella tres años y medio por lesiones graves. En el primer caso no se avanzó con la imputación por portación ilegal de arma de fuego de uso civil por estar pendiente una apelación.

Para Ezequiel Garaggiola, el Ministerio Público reclamó la misma pena que para el resto aunque el abogado de INCOB agravó la acusación y solicitó 5 años de cárcel.

Hugo Polis fue separado de la causa por la prescripción de la imputación por lesiones leves y Juan Carlos Villarreal espera la definición de una apelación para ser juzgado.

Este viernes se señalizará el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio que funcionó en la Base de Infantería de Marina Baterías durante el Terrorismo de Estado (1976/1983).

La actividad impulsada por el Movimiento por la Verdad, la Memoria y la Justicia de Punta Alta es parte del trabajo de la Red Federal de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La señalización surge de la sentencia del Juicio Armada I. “No fue fácil, hemos tenido muchas trabas, pensamos que mañana va a terminar todo bien. Se hizo tiempo atrás una en el cruce de Arroyo Pareja y Baterías, esta vez es dentro de la Base, en el Puesto 83, 15 kilómetros adentro en la propia Batería Séptima que es donde estuvo el campo de concentración”, dijo Julio Aparicio a FM De la Calle.

Comentó que “siempre hubo obstáculos de parte de la Armada, de parte del Ministerio de Defensa, lo fueron pateando, salió y dijimos este es el momento. Queremos cumplir con la sentencia y fundamentalmente con los familiares y las víctimas.

Mañana, a las 10:30 se encontrarán en Primera Junta y el camino hacia Arroyo Pareja para ingresar luego a la Base. “Es dentro de la zona reservada, hay muchos requisitos que cumplir”.

MoVeJuPA celebró esta semana sus nueve años de vida. “En Punta Alta es complicado, somos el único movimiento de derechos humanos, estamos rodeados por la Base, las políticas que bajan también a la ciudadanía, siempre hemos apuntado a más, seguimos trabajando en todo tipo de derechos, al trabajo, la salud, la vivienda y por supuesto para lo que nos conformamos que es acompañar los juicios”.

Consultado por la sentencia del Juicio Armada II, Aparicio afirmó que se quedaron con una sensación “malísima, es la repetición de lo que veníamos viendo en otros juicios. No estuvieron los jueces a la altura de la circunstancia, fue un fracaso y un manoseo, en la predisposición de la justicia, hacia los testigos y familiares, dejó mucho que desear”.

Foto: H.I.J.O.S. Bahía Blanca.