Minutos antes de declarar en el juicio por el homicidio de su sobrina Daiana, Hernán Zerneri, comentó a FM De la Calle los inicios de la investigación familiar y las presiones políticas y mediáticas que sufrieron por la denuncia contra las autoridades municipales.

Zerneri dijo que al día siguiente del hecho realizó un registro fotográfico del lugar: “Me encontré con árboles que estaban muy inclinados y con otros a punto de caerse. Luego de las 14 o 15 horas, me dirigí nuevamente hacia el lugar y ese paisaje se había modificado”.

“Esos árboles a punto de caerse ya no estaban más, es evidente que alguien con responsabilidad en el tema tomó la decisión de derribarlos, sabiendo que podía tener un impacto negativo en la prensa, había un par de personas que se estaban llevando las ramas”, comentó.

Respecto a las presiones que sufrió la familia para evitar esclarecer el caso, Zerneri señaló que “a los padres les apuntaron las acciones directas de censura. Tanto Alejandro como yo, que soy hermano de Lorena, hemos recibido presiones, han intentado hasta echarme de la municipalidad”.

Como titular de la Asociación Ambientalista Unión 20 de agosto destacó que luego del fallecimiento de Daiana “nos quitaron los fondos y se cortó el diálogo con el municipio. El municipio se encargó de presionar a familiares de Daiana a través de los funcionarios que se sentían responsables”.

La periodista Sandra Crucianelli declaró en el juicio por la muerte de Daiana Herlein. Durante la cobertura del caso y en los meses previos al hecho el portal Solo Local había publicado documentos que daban cuenta del mal estado del arbolado en el Parque de Mayo.

“Había una abrumadora cantidad de documentos producidos entre 2012 y 2013. Hubo oportunidad de hablar del cerco mediático apenas se conoció la muerte de Daiana. Una de las estrategias de la defensa fue hacerle creer a la gente que el intendente y los funcionarios más altos no estaban al tanto de los informes”, comentó.

Calificó como “imposible” la posibilidad de que el intendente y otros altos funcionarios municipales no supieran de los informes dado que existía un monitoreo de medios. “Se le encargaba a Rex Publicidad que sobre cada cosa que se hablaba grabaran radios, programas de televisión, hicieran capturas de pantalla de los medios y cuando había algo desfavorable a la gestión se comunicaba”.

“El monitoreo funcionaba perfectamente. Me consta porque cada vez que yo decía algo en contra venía el jefe del canal y me decía que se habían enterado desde el municipio y que tenía que bajar el tono”.

Crucianelli afirmó que “la pauta es la herramienta de control, estos medios que son los que ocultaron, moderaron y manejaron parte de la información. De hecho, creo que Minervino dijo que le quitaron la cobertura de este tema. Cuando fue el caso de Daiana yo hice un par de comentarios al aire y me llamó el gerente para decirme ‘te recuerdo que acá no opinamos, esa es la política del canal'”.

Ayer tuvo continuidad el juicio por la muerte de Daiana Herlein. Uno de los testimonios se centró en la publicación de un estudio firmado por cuatro profesionales de la ciudad que dejaba en claro “el muy mal estado del arbolado del Parque de Mayo”. El mismos se encontraba en poder del arquitecto (Marcelo) Lenzi, entonces director de la Agencia de Planificación Urbana. Árboles secos, enfermos y la necesidad de “no dejar transitar a personas por determinados sectores del parque debido al riesgo que significaban esos arboles”.

El periodista de La Nueva Mario Minervino redactó una nota publicada el 10 de noviembre de 2013 en la que difundió el documento. Ningún funcionario tomó medidas. Fatalmente, el 5 de marzo del año siguiente un árbol aplasta a Daniana Herlein.

Según Minervino, “Lenzi estaba evaluando la posibilidad de reordenar el parque” motivo por el cual habría pedido dicho informe. La familia explica la inacción del gobierno en línea con lo que planteaba el informe por hechos de corrupción del gobierno de Gustavo Bevilacqua.

La declaración del periodista “complica mucho la situación de los funcionarios y del municipio en el sentido de que había un informe previo firmado por profesionales que decía que había un riesgo contundente y real para cualquiera que pasara por el parque” y que “estaba como escondido y guardado”.

Un grupo de abogados y médicos tucumanos presentaron una denuncia contra Jose Gigena y Cecilia Bousett, quienes le realizaron la microcesárea a la niña de 11 años que tuvo un embarazo producto de una violación.

La senadora Beatriz Mirkin (PJ) comentó que “hay que defender esa terrible situación por la que pasan las mujeres que tienen embarazos no deseados, en este caso una violación por parte de una persona adulta de la familia que la ha llevado a querer suicidarse”.

“El gobernador Manzur estuvo en una marcha provida, junto al vicegobernador, a la ministra de salud, en conjunto con la senadora Elías De Pérez y el obispo encabezando. Están dividiendo la sociedad en una falacia entre los que están a favor de la muerte y de la vida, dicen ellos. En realidad estamos todos a favor de la vida, de la vida de una nena de 11 años”, dijo Mirkin.

Por último, comentó que la provincia “es muy conservadora y hay cada vez más embarazos adolescentes porque no hay educación por la igualdad”.

El ex director y tres integrantes del equipo técnico del Patronato de la Infancia fueron absueltos por el abandono de persona de una adolescente con retraso madurativo que fue violada durante visitas a su familia biológica.

“Con mi hermana y mi familia contamos con la ventaja de que mi ahijada está viva y está bien pero esto hace a la mirada misógina y patriarcal, a correr de lado quién es la víctima y mirar las situaciones del lado del victimario con un extremo tecnicismo sin perspectiva de género”, dijo a FM De la Calle la abogada y madrina de la chica, Fernanda Petersen.

Recordó que “la causa se elevó a juicio luego de más de diez años de haber realizado la denuncia y luego de que todas las personas imputadas pactaran un juicio abreviado”.

La decisión del titular del Tribunal en lo Criminal Nº1 Ricardo Gutiérrez benefició a el ex director Antonio López, la coordinadora de apoyo escolar Susana Camblor, el psicólogo Esteban Godia y la trabajadora social Verónica Godoy.

El fiscal Rodolfo de Lucía y los abogados defensores Miguel Ángel Asad, Germán Kiefl y Daniel Weiman habían acordado una pena de tres años de prisión en suspenso a cada imputado. Sin embargo, el juez optó por la absolución al entender que “no se dejó de hacer desde la institución nada de lo necesario para resguardar a mi ahijada”, explicó Petersen.

“Más allá de que consideramos que la denuncia que realizamos tenía sustento y que hubiera correspondido la condena a estas personas decidimos que siguiera el camino que ellos consideraran y dedicar nuestras energías a continuar el día a día con mi ahijada y dejar en manos de la Fiscalía la vía recursiva”.

Petersen agregó que “si consideramos que una joven con discapacidad, con retraso madurativo de entre 9 y 12 años, si existió un acta que su hermano biológico también abusaba de ella y decir que su tío era un alcohólico que no se podía controlar y se había propasado con quien era la pareja del hermano de mi ahijada y si ese acta no se presenta al Juzgado de Menores, mínimamente no se cumplieron algunas pasos fundamentales para la integridad psicofísica de mi ahijada, más allá de haberle realizado un test de embarazo y como dio negativo no preocuparse”.

Por la violación fueron investigados tres hombres. Uno falleció, otro fue condenado a siete años de prisión y el tercero está prófugo y “nadie lo busca”.

La causa tramita en el Juzgado Correccional N° 4 a cargo de la jueza María Laura Pinto. Están imputados los ex directores de Espacios Públicos Marcelo Caramelli y Oscar Abraham y el ex titular de la Agencia Urbana Marcelo Lenzi.

“Son delitos distintos, en el caso de Abraham y Caramelli es igual porque ambos ocuparon el cargo de director general de Espacios Públicos, en el caso de Lenzi que era el titular de Agencia Urbana el delito se circunscribe a incumplimiento de los deberes de funcionario público”, señaló el fiscal Gustavo Zorzano.

Caramelli fue condenado en julio de 2017 por el Tribunal Criminal Nº 1 a siete años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, más una multa de 50 mil pesos por los delitos de coimas y extorsión en el Parque de Mayo. Actualmente cumple dicha pena en prisión domiciliaria por un cuadro de diabetes.

Leandro Aparicio, abogado de la familia de Daiana, comentó que “es una vergüenza que una persona por tener diabetes no pueda estar preso, lleva siete años y medio, más la causa del cementerio, más esta va a tener 20 años y los va a pasar en su casa”.

Por otro lado, el fiscal señaló que “nos circunscribimos a lo que pasó esa noche en el Parque de Mayo y quiénes son los funcionarios responsables. Lo importante es que con los elementos que obraban en la causa, fotos, filmaciones y restos del vegetal los peritos pudieron trabajar y llegar a conclusiones contundentes respecto del árbol. Había circunstancias presentes que a un funcionario municipal local no se le podían haber pasado por alto”.

El caso de Alejandra Galicio es un emblema de la lucha contra las violencias hacia el colectivo trans y travesti de nuestra ciudad. Tenía 33 años y la encontraron malherida en las instalaciones de la ex bodega Arizu en abril del 2005. Días después falleció en el Hospital Municipal.

“Estuvo en terapia intensiva durante cuatro días y luego falleció. Alejandra era trabajadora sexual pero nunca se investigó el caso, se hicieron unos allanamientos para aparentar. Como era de Salta y su familia era humilde, le dijeron que no se podía hacer nada, que no sabían quién lo había hecho”, relató en FM De la Calle su amiga Yohanna Maidana.

Yohanna recordó a Alejandra como “una persona muy divertida, muy luchadora por ella y por su familia. Le gustaba mucho divertirse. Todas intentamos crear un futuro. Nuestro proyecto era poder tener algo y ayudar a nuestra familia”.

Hace décadas y en un pueblo pequeño ser una mujer trans no era nada fácil: “Nos conocíamos desde los ocho años, somos del mismo pueblo, Colonia Santa Rosa de Salta. Luego fuimos a La Plata y después vinimos a Bahía. En aquel momento éramos muy perseguidas por la policía. Hoy muchas no necesitan dedicarse al trabajo sexual porque pueden hacer otra cosa. Las chicas trans tenemos más posibilidades por el hecho de tener nuestro documento y nuestra identidad. Podemos estudiar, de conseguir un trabajo”.

Maidana agregó que “antes yo renegaba muchísimo y decía porqué nosotras las chicas trans tenemos que pasar por esto. Hoy en día veo a las mujeres luchar por sus derechos y pienso no solo a nosotras nos pasaban cosas. Nada más que esta sociedad es un poco hipócrita y no lo decía”.

La Mesa por los Derechos Humanos de La Plata advirtió sobre la convocatoria al ex camarista bahiense Néstor Luis Montezanti para integrar un jurado a un concurso y repudió la decisión del decano de la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales de la UNLP.

El juez Walter López Da Silva debe resolver estos días -y un año después de su indagatoria- el futuro procesal del ex espía del Destacamento de Inteligencia 181 por sus vínculos con la Triple A y su participación en crímenes de lesa humanidad.

“Por suerte y en función del comunicado que emitimos cuando nos enteramos de la propuesta de que Montezanti sea parte de un jurado, en este caso para la materia Administrativo 1, el Consejo Directivo decidió no tratar el pliego en el cual estaba propuesto para la Comisión Asesora para este concurso”, dijo a FM De la Calle Matías Moreno.

Explicó que “cada unidad académica tiene una autonomía y una lógica que tiene que ver con la apertura para que se anoten aquellos que quieran ser jurados y algunas otras veces es la misma unidad la que los convoca”.

El Capítulo 1 del Estatuto de la Universidad de La Plata establece que “el marco democrático planteado para una universidad pública no debe permitir la pertenencia a su vida institucional, por coherencia y en reserva y beneficio de sus principios, de ninguna persona involucrada en violaciones a los derechos humanos y/o terrorismo de estado”.

“Con lo cual con la presencia de esta persona se estaría violando ese artículo”, afirmó Moreno y destacó que mientras el Estado se aparta del proceso de Memoria Verdad y Justicia, “son los organismos de derechos humanos y las organizaciones políticas las que cumplen la función de estar atentos a que las personas que han estado involucradas en delitos de lesa humanidad no ocupen lugares como docentes, ni de investigación para sostener valores fundamentales de la universidad pública”.

Montezanti renunció a la magistratura horas antes de conocerse el fallo de un juicio político que ventiló su falta de idoneidad para el cargo y se jubiló como docente de la Universidad del Sur tras un fallido juicio académico.

La participación del intendente Héctor Gay en la señalización de un ex centro clandestino de detención y torturas de la Prefectura en Ing. White fue repudiada por organismos de derechos humanos.

El acto, realizado en Torres y Rubado, fue convocado por APDH, H.I.J.O.S. y RED x el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo junto a la Mesa x el Juicio y Castigo.

Si bien suele haber participación de funcionarios de segundas líneas, sobrevivientes, familiares y militantes se sorprendieron cuando el jefe comunal se presentó junto a concejalas, secretarios, directores y el delegado whitense.

Integrantes de los organismos rechazaron que Gay haga uso de la palabra ni intervenga en el descubrimiento del cartel idetificatorio del ex centro clandestino.

“Gay, ha sido durante tres décadas, la voz oficial del monopolio de los Massot, difundiendo, moldeando voluntades y siendo parte editorial del pensamiento de sus patrones. El Diario La Nueva Provincia, se encuentra aún bajo investigación, en la persona del único dueño que queda vivo, Vicente Massot, quien está acusado por delitos de Lesa Humanidad, entre otras cosas por el asesinato de sus obreros gráficos Heinrich y Loyola. La causa se halla dormida en algún cajón del Poder Judicial desde hace varios años”, dijeron desde H.I.J.O.S..

Agregaron que “las políticas de Memoria, Verdad y Justicia ESTÁN AUSENTES desde diciembre del 2015 y este gobierno lejos de garantizar los Derechos Humanos de TODO el pueblo, los vulnera sistemáticamente. En el país se necesitan políticas de Derechos Humanos reales y concretas y no necesitamos funcionarios que se saquen fotos para la ocasión”.

Gremios estatales de la provincia realizan un paro de 24 horas que en el caso del sector docente continuará jueves y viernes. SUTEBA, CEB, ADUNS, ATE, AJB y centros de estudiantes se movilizaron esta mañana desde el Consejo Escolar hasta el rectorado universitario de Colón 80.

La reapertura de las paritarias, salarios dignos, el pase a planta permanente y la reincorporación de personal despedido son algunas de las demandas sindicales.

Falvio Meles, secretario general de Asociación Judicial Boaerense, señaló a FM De la Calle que presentaron “un pedido para retomar las negociaciones paritarias de este año porque las del año pasado las finalizó la gobernadora unilateralmente”.

“Habiendo pedido alrededor de un 16% de poder adquisitivo pedimos que se retome el diálogo de la mesa de negociación salarial”, agregó.

Se cumplen hoy cinco años de la muerte de Daiana Herlein, ocurrida tras la caída de una rama sobre su cabeza en el Parque de Mayo. El hecho evidenció la desidia y la corrupción de integrantes del gabinete de los intendentes Cristian Breitenstein y Gustavo Bevilacqua.

En esta ocasión el doloroso aniversario encuentra a la familia de Daiana ante el inminente inicio del juicio por homicidio con tres imputados. El fiscal será Gustavo Zorzano y el abogado querellante Leandro Aparicio.

Desde el próximo lunes a las 9 y hasta el viernes 15 se desarrollará el debate de la primera etapa de la causa que tendrá en el banquillo de los acusados a los ex directores de Espacios Públicos Marcelo Caramelli y Oscar Abraham y el ex titular de la Agencia Urbana Marcelo Lenzi.

Caramelli fue condenado en julio de 2017 por el Tribunal Criminal Nº 1 a siete años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, más una multa de 50 mil pesos por los delitos de coimas y extorsión en el Parque de Mayo.

Hoy cumple dicha pena -y prisión preventiva por otra causa por extorsión en el cementerio- en su domicilio de General Paz 273 por su condición de diabético.

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El fiscal federal Federico Delgado dijo a FM De la Calle que el poder judicial atraviesa una grave crisis y se esperanzó en que “la cuestión de los cuadernos sea un quiebre que reconcilie a la sociedad respecto a la justicia”.

“Como toda crisis es una gran oportunidad para que decidamos si queremos vivir organizados en base a derechos, con una justicia razonablemente creíble o tomamos la decisión de vivir en esta meseta donde vamos saltando de crisis en crisis, cada paso es uno más profundo en una serie de problemas más grande”.

Para el autor del libro Injusticia, “Argentina tiene un grave problema de corrupción en términos generales y la justicia de Comodoro Py tiene los problemas de la Argentina: crisis de legitimidad, de credibilidad, demasiado tiempo, un país donde se ha robado mucho y hay poco preso”.

“Los D’Alessio son, en la justicia federal, un fenómeno muy viejo. El caso muestra la existencia del mercado parajudicial que está anclado en comportamientos muy antiguos que en tribunales se conocen como la girada. Es un montaje muy complejo que uno lo ve en la comisaría más pobre y en las causas más complejas”, dijo.

Delgado agregó que “hay deformaciones de la ley que privatizaron de hecho la justicia. La Constitución plantea que la resolución de problemas las dejamos en manos de los jueces y que quienes van a mover a los jueces van a ser los fiscales. En Argentina por un tecnicismo, que es casi inédito casi en todo Occidente, cualquier particular puede poner en movimiento la acción penal pública. Es decir, cualquier persona poderosa puede poner en movimiento un aparato que solo puede poner en movimiento el propio Estado”.

El juez de Menores de Misiones, César Raúl Jiménez, quien preside la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia opinó acerca del anteproyecto presentado por Cambiemos para bajar la edad de punibilidad a 15 años.

“Estamos buscando la forma de meter presos a los pibes, no buscamos una forma de dignificar la niñez, ni de darles vivienda digna ni escolaridad. Pensar en agravar la pena por delitos graves en base a ideas falsas es construir una reforma punitiva, regresiva y represiva”, señaló.

¿Qué pasaría si se aprueba esta reforma? “Lo que establece el anteproyecto es el encierro como medida inmediata. Irían a a una cárcel común porque en muchos lugares del país no hay centros especializados”.

 

Viviana Marfil,  secretaria general de ATE y trabajadora del Centro de Fortalecimiento Comunitario, habló acerca de las problemáticas que atraviesan las instituciones para jóvenes en conflicto con la ley y la reforma del régimen penal juvenil.

El proyecto del gobierno nacional pretende bajar la edad de imputabilidad a los 15 años para delitos graves.

“Estamos hablando de una ley penal juvenil de hace diez años donde dice cómo se debe trabajar, dónde los dispositivos se crearon a medias, porque están en la ley pero no está la resolución que diga con que personal hay que contar”,  dijo Marfil.
Por ley hay tres dispositivos: Centro de Referencia, Centro de Recepción y Centro de Contención. “El de Referencia cumple la misma función que el Patronato de Liberados con menores de 16 a 18 años. Hay un operador de calle sin equipo técnico. El Centro de Recepción está hace cinco años y hay dos asistentes. Iban a poner los tres centros en Espora pero en concreto no hay nada”, concluyó.

El defensor oficial general Pablo Radivoy opinó acerca del debate entorno a los hechos de inseguridad,  las reincidencias y las falencias del sistema penal.

“Hay un doble discurso desde el Ministerio de Seguridad, les dicen a los jueces que no detengan gente porque no tienen lugar dónde ponerlos. Pero mediáticamente se dice otra cosa y la culpa es de los jueces. No se construyeron más cárceles y cada vez hay más detenidos, la ecuación no da”, señaló.

Destacó, además, que “las cárceles están atestadas, la Unidad de Villa Floresta tiene 200 detenidos más de los que puede albergar. El Patronato de Liberados funciona con menos gente de la que debería. La policía le pide nafta a la Municipalidad cuando son recursos de la Provincia. Faltan recursos humanos y económicos”.

(Por Mauro Llaneza) El juez Agustín López Coppola se comprometió a dictar sentencia sobre la contaminación de la ría en julio. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 aceptó, además, el pedido de las empresas del polo para sumar pericias sobre sus procesos productivos.

El miércoles 13 se realizó una nueva audiencia en la causa civil que investiga las responsabilidades sobre la presencia de metales pesados en el estuario y la destrucción de la pesca artesanal.

“Siguen contaminando, nos sacaron el trabajo, nos arruinaron a todos los pescadores. Queremos que esto se termine”, dijo a FM De la Calle Rubén Córdoba, whitense, 27 años dedicados a la pesca.

El abogado Lucas Beier afirmó que “hoy las empresas están más preocupadas en echarle la culpa al otro que en si el estuario está o no contaminado. Lo siguen negando pero la prueba lo acredita. Hoy su mayor preocupación es decir el culpable es el otro”.

Las demandadas son: Solvay Indupa, TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, PBB Polisur, Azurix Buenos Aires, la Municipalidad y la provincia.

Una pericia de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

Sin embargo, la Cátedra de Alimentación Química de la casa de estudios porteña había advertido que no respondería aspectos vinculados al proceso industrial que excedían su especialidad.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

 

Beier, representante de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, explicó que “la pericia principalmente hace el estudio del estado del estuario, del agua, sedimentos y especies. Las demandadas pedían una nueva pericia y eso fue lo central de la discusión”.

“El juez dejó en claro que quiere terminar el proceso lo más rápido posible, no quiere perder dos o tres años designando un perito. Entonces les dio un plazo a las empresas de diez días para que designen perito y antes de fin de julio quiere tener la sentencia dictada”, agregó.

Las empresas tendrán cuarenta días para ofrecer un perito que informe sobre el proceso interno de cada firma, los insumos que utilizan y los residuos que arrojan al estuario. Si no lo consiguen en ese lapso, perderán la prueba.

Las multinacionales pretenden calcular por qué porción de la torta de la contaminación tendrán que responder económicamente. Todas apuntan a que la mayor parte recaiga sobre ABSA. “Al colega de ABSA lo mataron”, comentó Beier: “En gran medida es cierto pero no quita que los otros también contribuyan”.

“La Ley General de Ambiente dice que cuando no se puede determinar en qué grado participa cada una de las demandadas la responsabilidad es solidaria, todos responden en el mismo grado. Como parte actora no estamos tan preocupados en poder determinar qué empresa contribuyó en mayor medida a que el estuario esté como está”, afirmó.

Luis Arellano, también abogado de los pescadores, dijo a FM De la Calle que “ya hay prueba suficiente, no solamente la pericia de la FAUBA sino todos los informes del CTE, información que está en el IADO, en estudios científicos y técnicos de la UNS, tesis doctorales y un montón de material acumulado por décadas que nos dice cuál es el estado de contaminación de la ría y quiénes son los responsables. Creemos que el expediente se puede clausurar para que nos den la posibilidad de hacer nuestro alegato y pasar a la sentencia”.

Integrantes de la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego acompañaron la demanda de los pescadores artesanales y destacaron la importancia de la pericia que probó “lo que todo el mundo sospechaba”.

El secretario general, Enrique Gandolfo, destacó que “luego de conocerse el informe de la UBA los factores del poder económico, las empresas del polo, los factores políticos, la misma Municipalidad han salido a desprestigiar la evidencia científica de la Facultad de Agronomía”.

“Estamos respaldando el reclamo y llamando a la comunidad a conocer que este estado de contaminación, de seguir así, es incompatible con la vida del estuario y está afectando no solamente a los pescadores artesanales sino al conjunto de la comunidad de la ciudad y el puerto”.

(Por La Retaguardia) Un vecino de Berazategui fotografió a una persona que, asegura, es el represor Pedro Alberto Pila, que debería estar en su casa con prisión domiciliaria. El genocida fue condenado en 2015 a 18 años de prisión, pero cuenta con el beneficio de la domiciliaria desde 2014. Según sus vecinos, los paseos son casi diarios.

“Pila nació el 10 de octubre de 1938 en Reconquista, provincia de Santa Fe, hijo de Pablo Lázaro y Alcira Hortensia Almirón. Prefecto (retirado) de la Prefectura Naval Argentina y domiciliado en Berazategui, en la calle 150 N°28. Fue juzgado por 25 secuestros y 16 casos de torturas”, dice el dossier de FM De la Calle de Bahía Blanca sobre el genocida condenado por los crímenes de lesa humanidad que cometió durante la última dictadura, en la Base Naval Puerto Belgrano de la Armada Argentina. Durante un tramo del juicio, la testigo Diana Fernández describió al prefecto Pedro Pila como un “perverso”.

Según pudo saber La Retaguardia, Pila tiene el beneficio de la prisión domiciliaria, pero como lo recibió antes del 2016, no tiene dispositivo de control electrónico. La fiscalía de Bahía Blanca a cargo de Miguel Palazzani y José Nebbia pediría la revocatoria del beneficio tras constatar que la persona fotografiada por el vecino es efectivamente es Pedro Alberto Pila.

Más de la mitad de los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad goza de prisión domiciliaria. Este proceso, que comenzó hace varios años, se incrementó durante el gobierno de Mauricio Macri. Ya son varios los condenados a quienes se ha detectado violando el beneficio. En casi todos los casos, son los propios vecinos y vecinas quienes dan cuenta de las situaciones. En este caso, el vecino, cuyo nombre no publicamos para preservarlo, tomó contacto con La Retaguardia hace algunos meses para denunciar la situación. Y finalmente, este domingo consiguió fotografiarlo en la Plaza San Martín de Berazategui.

Alerta Berazategui, genocida suelto: Ese anciano de gorra roja y vestir deportivo, de zapatillas blancas y prolijos zoquetes, que anda caminando por la plaza, es un prefecto condenado por crímenes de lesa humanidad.

“PILA ERA UN PERVERSO”: http://www.ivoox.com/diana-fernandez-6_md_3692914_wp_1.mp3″ Ir a descargar

(Por Mauro Llaneza) La Facultad de Agronomía de la UBA respondió dudas e impugnaciones que las empresas y organismos denunciados presentaron contra la pericia conocida en septiembre en el marco de la causa que investiga la contaminación del estuario.

El informe ratifica que las especies no son aptas para consumo humano y la necesidad de revisar los controles sobre el vertido de metales pesados. Antes de dictar sentencia, el juez Agustín López Coppola convocó a las partes a una audiencia que se realizará el 13 de febrero.

Lucas Beier, abogado de los pescadores artesanales, dijo a FM De la Calle que “las empresas demandadas, siguiendo lo que hizo el IADO y la propia Municipalidad, desprestigiaron el informe. (…) La Facultad les contestó diciendo que es científico, que todas las opiniones tienen sus argumentos en documentos científicos y en estudios que hicieron ellos y ratifican todo repitiendo que los peces no son aptos para consumo humano, que el estuario está grave, contaminado, y que no es posible la preservación de la vida que habita hoy el estuario”.

“Tenemos la certeza científica que los peces, crustáceos y moluscos analizados por esta Facultad y recolectados en una zona habilitada para la pesca, en donde algunas lanchas de pesca artesanal desarrollan su actividad en la actualidad, arrojaron resultados altamente preocupantes”, concluye el documento.

Beier afirmó que “el Estado lamentablemente es parte demandada y ha tomado la postura de aliarse con las empresas cuando, en realidad, el Estado somos todos y el Estado tendría que buscar el beneficio para la sociedad y dentro de sus obligaciones está preservar el ambiente”.

“Los niveles de sulfuros, hidrocarburos, fenoles, hierro, cromo, zinc, plomo y mercurio registrados en la actualidad en el estuario de Bahía Blanca se pueden considerar peligrosos para los sistemas biológicos asociados, ya que muchos de los valores exceden los niveles permitidos por la normativa”, aseguran las dras. Alicia Fabrizio de Iorio y Alicia Rendina y el ing. agrónomo Gustavo Mozeris.

También destacan que “las especies de peces y moluscos que se tomaron en el muestreo, como por ejemplo el pez sapo, ostras y mejillones que no migran por fuera del estuario, son indicadores del nivel de bioacumulación de metales pesados directamente relacionados con el ambiente circundante y es por ello que se concluye que en la proximidades del puerto de Ing. White la fauna marina recolectada está expuesta a este tipo de elementos”.

Más adelante, subrayan que “existiendo un polo petroquímico que se encuentra habilitado a arrojar sustancias nocivas y lo realiza con una carga ‘declarada’ de 11.300m3 por día (según informa ABSA en la causa Meninato el polo petroquímico consume entre agua potable y cruda más de 36.000 m3 por día), más que evidente que las sustancias nocivas ingresan cuanto menos por los efluentes de las empresas“.

Ninguna duda

Sobre consultas por la “duda razonable” mencionada en la pericia, sus firmantes advirtieron que no refiere a sus conclusiones -fundamentadas científica y técnicamente- sino que está “centrada sobre los sistemas de tratamiento de efluentes y de control por parte de los organismos públicos provinciales, así como en los niveles guía planteados para el vuelco de efluentes a la ría”.

Dado los altos niveles de concentración de metales pesados en los peces recolectados en las proximidades del polo petroquímico, lleva a pensar que alguna de las dos cosas está fallando, o los controles no son los indicados o la reglamentación no es acorde para el ambiente estuarial. Los registros históricos del CTE indican que las empresas cumplen en la gran mayoría con los límites permitidos, pero atento los indicadores de bioacumulación en peces, moluscos y crustáceos para metales pesados podemos afirmar que al menos la zona interna del estuario se encuentra en un estado vulnerable”.

Por ende, el informe plantea tres hipótesis: “a) los controles no son los adecuados, o b) los parámetros establecidos por la resolución administrativa no deberían aplicarse al estuario bahiense, o c) están ingresando al estuario metales pesados por ductos o canales no declarados o no controlados por los organismos”.

Estudios complementarios

Ante supuestas contradicciones entre la pericia y los informes del IADO, la FAUBA dice que “no es tan así”.

Describe que coinciden en la presencia de metales pesados en agua y sedimentos del estuario y en que el sistema está claramente influenciado por la acción antrópica. “La única aparente contradicción es en relación a los tejidos musculares de peces analizados por el IADO y las muestras de peces, crustáceos y moluscos analizados en el marco de este informe”.

Las diferencias entre los estudios del IADO y la pericia de la FAUBA “pueden ser complementarias ya que analizan especies y lugares diferentes y esto puede, lejos de ser contradictorio, plantear una complementación en la generación de información”.

Entre las explicaciones agregadas, la Facultad relató que “la totalidad de los ejemplares fueron formas juveniles por lo que es poco probable la migración desde una zona por fuera del estuario. Por lo tanto, de acuerdo a su ciclo biológico, los juveniles de las especies estudiadas permanecen más tiempo en el área de estudio lo cual aumenta el tiempo de exposición a posibles contaminantes de alcance local”.

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Destacan, además, que “se les consultó a los pescadores que indiquen donde ejercían habitualmente su actividad para la toma de muestras y pudimos observar que sobre el veril norte del estuario, en cercanía a la zona portuaria, existen clubes náuticos y accesos al público en donde la gente concurre a pescar desde los muelles (Club Náutico Bahía Blanca, Club de Pesca Almirante Brown y Club de Pesca General Daniel Cerri) en donde las especies obtenidas por pesca deportiva por lo general son consumidas por los pescadores”.

Finalmente, el documento afirma que “el constante dragado de mantenimiento de la profundidad del canal de navegación provoca mayor turbidez en el agua, remoción de metales pesados ocluidos y alteración de lecho marino” y, ante esto, concluye que “el dragado por sí mismo genera un daño ambiental: destruir el lecho marino, que es donde nace toda la vida marina, evidentemente genera un daño”.