Veintinueva organizaciones civiles exigieron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que de marcha atrás con sus intenciones de de impulsar un proyecto de ley que restringe las posibilidades de demandar judicialmente al Estado y empresas.

El proyecto se enmarca en el programa de Justicia 2020 y de ser aprobado por el Congreso de la Nación coartaría las acciones colectivas, herramienta legal que es amparada por nuestra Constitución.

En diálogo con FM De la Calle, el director de Clínica Jurídica de Interés Público de la UNLP, Pedro Sisti, comentó que el anteproyecto “establece una serie de requisitos para entablar un proceso de acción colectivo que claramente es incumplible para ongs y asociaciones civiles porque implica costos millonarios”.

“Esta es una serie de trabas que se ponen para beneficiar, justamente, a quienes van a ser demandadas, lo cual deriva en negación de acceso a la justicia”, aseguró.

Consultado sobre cómo afecta este proyecto a las medidas cautelares, Sisti argumentó que “este proyecto es restrictivo en distintas cuestiones. No nos olvidemos que ya tenemos una ley de medidas cautelares que de alguna manera pone algunas trabas para poder acceder contra el Estado”.

“Esto va más allá de lo que establece eso, sobretodo desnaturaliza muchas cuestiones sobre todo respecto de la gratuidad de manera que se garantice el impacto económico. Simplificando termina haciendo que casi nadie pueda demandar a las grandes empresas, salvo un estudio de los millonarios”, aseguró.

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La mayoría de los represores imputados en causas por crímenes de lesa humanidad está libre y de los detenidos la mitad está en sus casas. Según un nuevo reporte estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, son 867 las personas condenadas por estos delitos y 115 las absueltas.

De los 1038 detenidos por crímenes de lesa humanidad, 602 están en prisión domiciliaria y 375 en cárceles federales. Hay 715 procesados y 36 prófugos. Los procesados son 715, 175 tienen falta de mérito y 76 fueron sobreseídos.

Ese cómputo comprende los juicios realizados desde la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida hasta el 15 de junio pasado, período en el cual se dictaron 206 sentencias. En octubre comenzará un nuevo debate oral en Bahía Blanca. 

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El relevo, realizado en base a la información remitida por las fiscalías federales de nuestro país que intervienen en causas por estos crímenes, muestra que son 36 los prófugos y que existen unas 469 personas imputadas que aún no fueron llamadas a prestar declaración indagatoria.

Con relación a las medidas restrictivas de la libertad, el informe devela que son 1038 las personas privadas de su libertad en todo el país, de las cuales 602 (57%) se encuentran cumpliendo arresto domiciliario.

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La cantidad de causas abiertas por crímenes de lesa humanidad asciende a 597. De ese universo, 275 (46%) se encuentran aún en etapa de instrucción, 100 (17%) se encuentran elevadas a juicio, 16 (3%) transitan el debate oral y, finalmente, en 206 casos (34%) se ha dictado sentencia.

El 26 de octubre comenzará el sexto juicio en Bahía Blanca. Será el segundo tramo de la causa Armada la cual tiene 15 represores imputados y 68 casos de secuestros, torturas y, en algunos supuestos, el asesinato de las víctimas. 65 de ellos resultaron acreditados en el debate oral finalizado en 2015, tras el cual fueron condenados a prisión perpetua 18 militares y otros cuatro tuvieron penas de entre 8 y 18 años.

Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu reemplazarán a los renunciantes Jorge Ferro, Martín Bava y Mario Triputti en la subrogancia del Tribunal Oral bahiense. La Fiscalía estará representada por Miguel Ángel Palazzani.

A casi ocho años del fallecimiento de Juan Cruz Manfredini, víctima de la precarización laboral, la justicia convocó a una audiencia preliminar del juicio a Marcelo Camin, titular de la empresa para la cual trabajaba el joven fallecido tras la explosión de un depósito clandestino. Hugo Fernández, abogado de la familia Manfredini, explicó a FM De la Calle el estado de la causa.

Fernández aseguró que están “bastante animados por el fallo anterior y las cuestiones que se comprobaron” haciendo referencia a lo ocurrido con Norberto Maximiliano Metz, gerente local de la empresa, a quien le revocaron la absolución en el 2016. En esa ocasión la jueza González La Riva había determinado que Metz no tenía responsabilidad por lo ocurrido, razón por la que se excusó en esta ocasión del juicio a Camín. “Ya emitió opinión y no puede fallar en este juicio”, aseveró el abogado.

Sobre la audiencia manifestó que tienen pruebas suficientes como para avanzar, “el 10 será la audiencia preliminar donde se presentan pruebas y se fija la fecha para el debate. Esperemos que los mismos testigos que declararon en el anterior juicio lo hagan nuevamente y se pueda probar lo que se probó con el primer imputado.

Respecto a Camin comentó: “Si uno lo analiza […] parecería que nadie es responsable porque el [gerente] de Capital dice que está lejos, el [gerente] de acá tampoco porque obedece a Capital… Creo que la responsabilidad penal en estos casos, en caso de muerte, es de ambos. […] Ésta gente no solo almacenaba en un depósito clandestino muestras explosivas sino que las mandaban en un colectivo a Capital Federal (donde tenían los laboratorios) y ponían en riesgo a la gente del colectivo porque iban en una encomienda. La peligrosidad que generaron fue un agravante que se tuvo en cuenta”.

Al no estar fija la condena consideró que la pena puede ser “superior a dos años por homicidio culposo y pedimos agravantes en base a la peligrosidad y al conocimiento que tenían. Tendrían que haber tomado los recaudos para que no pase un accidente como este porque podría haber muerto muchísima gente” [El dúplex donde trabajaba Manfredini estaba en un barrio de la ciudad].

El abogado aseguró que buscan la misma imputación de Metz para Camin, “es el gerente –no nos olvidemos que esta empresa es de un familiar suyo– y hay una sociedad local que se hace responsable, Camin firmó hasta el contrato de alquiler del dúplex. Es una persona que sabía perfectamente que ese era su único lugar de trabajo y va a tener que explicar dónde hubiera guardado las muestras si no era ahí”.

También comentó en relación al trabajo del fiscal Zorzano en el juicio a Metz que “le dedicó muchísimo tiempo a la causa e impulsó la última parte del juicio. La Fiscalía dispuso muchos medios para poder llegar al resultado obtenido, estábamos seguros que se iba a dar vuelta y no creemos que se vaya a modificar el resultado de Cámara, que fue bastante contundente”.

Asimismo remarcó la importancia del rol de la familia de Juan Cruz, ya que estuvieron desde el primer día e incluso aportaron información importante para la investigación. Es decir que sin el aporte de la familia Manfredini “seguramente no se hubiese investigado mucho más”, concluyó.

En la legislatura bonaerense se discute la reforma del Fuero Penal Juvenil planteado por la gobernadora Vidal y el ministro de Justicia y desde la Comisión Provincial de la Memoria publicaron la semana pasada un comunicado donde manifestan que “se trata de un proyecto regresivo en materia de derechos que atenta contra las garantías constitucionales de nuestras niñas, niños y adolescentes”. Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión (CPM) se refirió al respecto en FM De la Calle.

Desde la provincia dicen que hay muchas causas en los juzgados pero según García “el proyecto está fundado en una foto vieja, la situación cambió. Entre 2014 y 2017 el fuero recibió un tercio menos de causas y así el argumento central de la reforma se cae rápidamente”.

También aseguró que “es un reclamo más corporativo de jueces y fiscales, están planteando eliminar al juez de garantías que interviene en la etapa de investigación –primera etapa del proceso– y que todos sean jueces de responsabilidad penal juvenil que intervienen en el juicio –segunda etapa–. Perder especificidades tiene un sesgo punitivo importante porque se saca al juez que controla el cumplimiento de garantías y derechos de imputados, los pibes, en la etapa de la investigación”.

En la actualidad lxs pibxs quedan a disposición de la policía durante un plazo no mayor a 12 horas, sin embargo otro pedido de los jueces es que se amplíen los plazos a 18 horas, alegando que “muchas veces el plazo cae de madrugada y el juez tiene que trabajar toda la noche y esto atenta contra la eficacia. Esas horas que se incrementan… el pibe permanece detenido en la comisaría, incluso en patrulleros, a disposición de la policía; con las reiteradas situaciones de padecimiento de torturas que se han relevado o de violencia policial”, expresó.

Además el secretario aclaró que esta reforma “no va a tener un impacto en el funcionamiento del sistema porque las causas disminuyeron. La etapa de juicio tiene menos causas pero con más trabajo y gestión. El fuero está a cargo de la ejecución de la sentencia –la aplica y controla cómo se cumple–. Esa tarea que ni siquiera es considerada en el proyecto y no tiene relevancia para la justicia, es ir a controlar cómo están esos pibes en los institutos de menores”.

La Comisión lleva publicados once informes anuales que registran los padecimientos en estos lugares y las graves violaciones a los derechos humanos, “eso es lo que hay que atender”, afirmó García. “Todo eso no lo va a controlar judicialmente ninguna autoridad; no están pensando en los problemas del sistema sino en acomodar el sistema a la conveniencia de ciertos operadores judiciales. […] La reforma no apunta a la mejora del sistema sino a que se torne más despiadado y garantice menos derechos”.

Sobre lxs senadorxs de la provincia comentó que se reunieron en un plenario de comisiones donde fueron escuchados y pudieron manifestar su opinión. “Este proyecto de reforma iba a pasar por comisiones de seguridad, legislaciones generales y de asuntos constitucionales pero no por la comisión de niñez, cosa que algunos senadores consideraron necesario. Ahora estamos a la espera de que se acepten los aportes”, concluyó.

Con 15 represores imputados y un nuevo tribunal iniciará dentro de cuatro meses el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca y la región. Es un nuevo tramo de la investigación sobre los hechos ocurridos bajo el control operacional de la Armada Argentina desde la Base Naval de Puerto Belgrano de Punta Alta.

Serán los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu quienes reemplacen a los renunciantes Jorge Ferro, Martín Bava y Mario Triputti en la subrogancia del Tribunal Oral bahiense. La Fiscalía estará representada por Miguel Ángel Palazzani.

Los genocidas acusados son en su mayoría ex altos mandos de la Armada. La causa comprende 68 casos en los que se investigan los secuestros, torturas y, en algunos supuestos, el asesinato de las víctimas. 65 de ellos resultaron acreditados en el debate oral finalizado en 2015, tras el cual fueron condenados a prisión perpetua 18 militares y otros cuatro tuvieron penas de entre 8 y 18 años.

De los 15 imputados, 12 serán juzgados por primera vez mientras que los tres restantes fueron ya condenados a prisión perpetua por otros hechos. Se trata del ex capitán de navío Enrique de León, quien actuó como Jefe de la División Contrainteligencia del Departamento Operaciones de la Base Naval de Infantería de Marina (BNIM) “Baterías”; el ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi, comandante de la Fuerza de Tareas (FUERTAR) 9; y el ex prefecto Francisco Manuel Martínez Loydi, jefe de Informaciones de la Prefectura Naval en esa zona.

Los nuevos acusados son el ex capitán de fragata José Abdala Figueroa, ex jefe de la División Cuartel Base del BNIM; el ex capitán Carlos Enrique Lacoste, que cumpliera diferentes funciones, entre ellas, la de jefe de Personal en el Batallón de Infantería de Marina 1; el ex capitán de fragata Héctor Francisco Lobbosco, quien fue jefe del Departamento de Inteligencia de la BNPB; el ex teniente de navío Alejandro Carlos Lorenzini, quien se desempeñó como ayudante jefe de diferentes secciones de la Brigada de Infantería de Marina 1 (BRN1); el ex capitán de fragata y jefe del Departamento de Inteligencia del Comando de Aviación Naval, Carlos Alberto Louge; el ex teniente de navío y 2do comandante del Batallón de Comunicaciones 1 (BIC1), Arturo María Quintana; el ex 2do comandante y jefe de operaciones e inteligencia del Batallón Comando, Emilio José Schaller; el ex capitán de fragada y subjefe de la Base Aeronaval Comandante Espora, Miguel Ángel Torrá; el ex capitán de corbeta y jefe de inteligencia de la BRN1, Álvaro Hernán Hermelo; el ex capitán de corbeta y jefe del BIC1, Rómulo Augusto Illa; el ex teniente de navío y jefe de operaciones, personal y logística del BIC1, Aristóbulo Nicanor Moreira, y el ex capitán de corbeta y comandante del BIC1, Ricardo César Araujo.

El abogado de la familia de Ángel Almada en la causa que investiga la muerte del joven violinista de Ingeniero White, Leandro Aparicio, dijo a FM De la Calle que en la investigación “hubo algunas pericias muy rantifusas, para decirlo en lunfardo, pero de hecho hay causas conexas donde hay imputados comisarios, ex-delegados, que obviamente uno no puede soslayarlas y que tienen relación a un encubrimiento que se ha realizado, y nadie va a hacer eso por un suicidio”.

“En esto ha trabajado mucho la familia y la gente amiga y la gente que a pesar de tener algún miedo ha declarado. Esta causa ha avanzado por el impulso que le ha dado la querella y se combina un poco la inmovilidad, como pasa ahora que hace tres meses que no tiene ningún tipo de movimiento desde que le llego al señor este fiscal”, manifestó en relación a Jorge Viego.

En cuanto a la causa que investiga el posible encubrimiento del caso, Aparicio explicó que “una vez que pueda ver lo que han declarado, veremos si nos sirve para la causa principal”.

“Estamos pendientes de las pruebas que hemos pedido anteriormente y que no van a llevar a acreditar los autores materiales para nosotros del homicidio de Ángel. Hasta que esas personas no sean halladas o no declaren la causa sigue en un limbo”, aseguró.

Los organismos de derechos humanos nacionales presentaron ante la Cámara Federal de Rosario un amicus curiae para pedir que no se reabra la causa Larrabure, un pedido que el Tribunal analiza desde la audiencia del 21 de marzo. La causa tiene como imputado a un ex-integrantes del ERP.

El periodista y diputado santafesino Carlos del Frade, quien investigó el caso, dijo a FM De la Calle que “en julio de 1974, se produce un intento de copamiento de la fábrica militar de Río Tercero en Córdoba, por un célula del Ejército Revolucionario del Pueblo. Como consecuencia del intento de ese copamiento, que no se lleva adelante, es secuestrado el entonces capitán del Ejército Argentino, Argentino Del Valle Larrabure”.

“A partir de ese momento, se dan negociaciones con el Ejército Argentino, y el Ejército se olvida de Larrabure, no quiere saber absolutamente nada con él. Cuando Larrabure se entera de esto se suicida en julio del año 1975, en un lugar donde estaba detenido acá en la zona sur de la ciudad de Rosario y luego su cadáver es encontrado en agosto de ese año, 1975”.

Del Frade comentó respecto a la causa judicial que “hasta muy entrada la década del ’80 en ningún momento se habla del asesinato de Larrabure. El mismo día que se está practicando la autopsia, en donde se habla entre otras cosas de ese potencial suicido y nunca se habla de asesinato, ya en Buenos Aires el juez federal Niklison declara que se trato de un asesinato después de torturas y de haberlo mal alimentado, al entonces capitán del ejército”.

“Por eso la reapertura del caso Larrabure no es solamente la reivindicación de la teoría de los dos demonios, sino que es la justificación hoy, en el presente, de aquellos que pusieron el cuerpo para defender a los titiriteros de los que realmente hicieron el golpe, que son los integrantes poder económico que gobiernan la Argentina a través de sus propios gerentes. Esto es lo más atroz, esto apunta directamente al presente y es lo que se quiere hacer incluso ahora con la idea de meter al Ejército en asuntos internos. Una fenomenal vuelta al pasado, un enorme retroceso y a eso le sirve la reapertura de la causa Larrabure”, aseguró.

El ex integrante del Coro Estable y de la Unión de Músicxs del Sur fue sentenciado este mediodía a 8 años de prisión por abusar de una menor. La secretaria de la UMSur, Irene Abreu participó de las audiencias la semana pasada y se refirió al respecto en FM De la Calle.

Sobre el juicio manifestó que “fue muy duro porque se pone mucha impotencia, frustración y sensibilidad en juego […] El comentario entre todos y todas es que se revictimiza a la persona que sufre el abuso. […] Es clarísimo lo inserto que esta en una cultura machista la responsabilización de la víctima donde es incuestionable, el abuso se cometió y esa persona tiene que pagar por el delito”.

Abreu habló de ‘revictimización de la víctima’ por determinadas preguntas que el defensor de Robaina, Avellaneda, le realizó a integrantes de la familia de la víctima. Si bien el tribunal “marcó escasos límites, fue inteligente la actuación de la fiscalía porque hizo énfasis en las pruebas”.

Robaina además de atleta era integrante de la UMSur, y participaba de varios espacios. Abreu aseguró que desde el gremio de músicxs lo tomaron como “un proceso lamentablemente extenso, profundamente doloroso, pero lo llevamos sin dudas. Respetamos los plazos de las víctimas involucradas, tiempos de denuncias, considerando que no se puede ser tibio en ese tipo de situaciones.

A través de una resolución emitida por la cúpula de la Gendarmería Nacional y publicada en el Boletín Oficial, se dio a conocer la decisión de permitirle a los efectivos de esa fuerza usar sus armas de fuego personales durante sus actos de servicio argumentando falta de recursos para garantizarles sus armas de dotación.

Desde la Red Argentina para el Desarme (R.A.D), emitieron un comunicado en el que sostienen que la resolución “va a contramano de las discusiones actuales a nivel internacional sobre la regulación de las armas de dotación. El sentido tomado por los países desarrollados en esta materia es el de regular y limitar el uso de armas de fuego por parte de los agentes de seguridad por fuera de su horario de servicio. Esta tendencia responde a un diagnóstico que muestra que la utilización de las armas de dotación por fuera del servicio aumenta los abusos policiales y los riesgos letales tanto de la ciudadanía en general como de los propios agentes o de su grupo familiar.”

En diálogo con FM De la Calle, el abogado integrante del Instituto Nacional en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la R.A.D, Julián Alfie, sostuvo que “nosotros desde la Red para el Desarme, impulsamos el control de armas de fuego en cualquier ámbito, entendiendo que el arma de por sí como instrumento es un riesgo”.

“En enero del 2016, sale el decreto por el cual se declara la emergencia en seguridad y, a partir de ese momento empezó un proceso de autonomización policial y de desgobierno político de la fuerza que, esto no es más que un reflejo de esa decisión, es decir, ya que la decisión la esté tomando la propia gendarmería y no el Ministerio de Seguridad, es toda una señal del desgobierno en el que están las fuerzas”, aseguró.

A tres años de la aparición sin vida de Kathy, la familia convoca este miércoles a marchar en Monte Hermoso para pedir justicia por el femicidio. Wanda Banegas, prima de Kathy, comentó en FM De la Calle cómo sigue la causa. “Seguimos con los asesinos acá sueltos, estamos viviendo con ellos”.

Mañana a las 18 horas se concentran en la Plaza Fonavi de Monte Hermoso “donde Kathy pasaba muchísimo tiempo. Vamos a hacer una marcha y luego un encendido de velas” como se hizo en años anteriores. También van a presentar al recientemente conformado grupo de tamboras del lugar y estarán acompañas por el grupo bahiense DesBandadas.

Respecto a la causa explicó que Del Cero ya no es el fiscal, “es lo que veníamos pidiendo pero la causa está en legajo reservado y no nos dicen nada. […] Si no hay novedades en estos meses, vamos a ir a Bahía Blanca a hacer una marcha y trataremos de que nos den una reunión con el Fiscal General”. Sin embargo, antes de que fuera desplazado pidió el apartamiento del abogado de la familia, Leandro Aparicio; al respecto Banegas expresó: “nos enteramos ahora que Del Cero no solo dejó la causa sin hacer nada, dormida en un cajón, también pidió que sacaran a nuestro abogado”.

La familia de Kathy no tiene expectativas que del juicio de la pueblada (entre el 28 y 31 de mayo) surja algún dato que colabore en la causa por femicidio, y Banegas aseguró “acá está metido alguien poderoso porque esto ya se tendría que haber sabido. Estamos cada vez más seguros y se confirma más nuestra sospecha de quién pudo actuar en el femicidio de Katherine”.

Rodolfo De Lucía, fiscal de la causa que tiene como imputados a los abogados Roberto Daniel Carmona y Rafael Benedicto Díaz Flaqué por la estafa de la firma DyF Fiduciaria, hizo referencia en FM De la Calle a la jornada de alegatos y el pedido de nueve años de pena por la imputación del delito de defraudación en relación a su actuación en tres de los emprendimientos que mantenía la empresa.

“Desde el principio la fiscalía los acusa de formar una asociación ilícita junto a Sergio Favretto, en el marco de esa asociación –destinada a cometer defraudaciones contra los emprendimientos que administraba DyF– haber colaborado con Favretto para que cinco hechos puntuales de defraudación (administración fraudulenta) pudieran ser llevados a cabo”, comentó el fiscal.

También explicó que “el delito de sociedad ilícita tiene como pena entre 3 y 10 años de prisión, los de estafa cada uno 6 años (máximo). […] Teniendo en cuenta los agravantes que consideró la fiscalía, extensión del daño que se causó con esta maniobra (por montos y damnificados), y la especial formación profesional que tienen Carmona y Flaqué –abogados–, vuelve más reprochable su conducta”.

De Lucía expresó que no calcularon el monto total de afectados por la maniobra, “es muy grande. La imputación hacia Carmona y Flaqué no era concreta, se les imputa haber generado pasivos por 12 millones de pesos y haber sustraído tres manzanas de terreno que pertenecían a otros dos emprendimientos. […] Cuando en otros fideicomisos sacaron la cuenta de cuánto han perdido, las sumas son mayores teniendo en cuenta que también fueron damnificados proveedores y empleados, entre otros”.

En relación a los controles por parte del Estado para evitar este tipo de situaciones o si hay alguna instancia que falle, aseguró que “el fideicomiso (dentro del Código Civil y Comercial) es una herramienta que permite la realización de desarrollo inmobiliario. Hay determinadas conformidades de proyecto que a nivel municipal tiene que ser aprobados. Quizás falta control cuando estos planes se vuelven de magnitud. […] Parecería que no hay un control del Estado de en qué medida estos proyectos son viables, y no es la primera vez que sucede en Bahía Blanca, pasó con los Alternativa Bahiense en su momento. Tenemos estafas similares en trámite, no sería raro que también lleguen a juicio (en la ciudad y en Punta Alta)”.

Sobre la posibilidad de recuperar algo de lo perdido: “depende de cada fideicomiso, algunos estaban sin avances en las obras, otros ya eran edificios en construcción –que se han podido recuperar con inversores externos–. La quiebra de DyF no fue suficiente para responder por todas las deudas, hay casos donde las personas que pusieron dinero no van a recuperar nada”, explicó.

Si bien el lunes se conoce la sentencia de Carmona y Díaz Flaqué, Favretto “técnicamente no es un prófugo porque no está correspondientemente notificado. Tiene pedido de detención hace años y captura –incluso internacional–. Cuando podamos dar con él tendrá que rendir cuenta por unos cuantos hechos más que se le imputarían solo a él. Hoy lo buscamos activamente y no está confirmado que esté fuera del país”.

El sociólogo Daniel Feierstein dijo a FM De la Calle que al negacionismo  y a la lógica de los dos demonios “se la enfrenta políticamente y con acciones sociales”. Fue durante su visita a Bahía Blanca para brindar un seminario en el Departamento de Humanidades en la UNS.

El investigador, que publicará próximamente el libro “Los dos demonios, recargados”, participó además de una entrevista pública coordinada por Fabiana Tolcachier y Jessica Visotsky integrantes de la Cátedra Libre de Derechos Humanos.

¿Cómo sintetizarías la idea de los dos demonios recargados?

El objetivo es tratar de analizar cómo reaparecen las lógicas de los dos demonios pero con otros sentidos, con otros objetivos, con otras intencionalidades que en algún punto son más graves de lo que fue el surgimiento en los años ‘80 de la teoría de los dos demonios. Entonces, un poco de ahí el concepto de “recargado” que es tratar de mostrar como la novedad de este momento y la peligrosidad, la disputa que se está dando en las representaciones en el intento de aprovechar este sistema de equiparación de las violencias, básicamente para demonizar cualquier posibilidad de resistencia con un orden injusto.

 ¿A través de qué acciones por ejemplo?

El objetivo de los dos demonios comparaba dos violencias en los setenta absolutamente distintas, la violencia genocida y la violencia insurgente pero con el objetivo de legitimar el juzgamiento de las violencias genocidas. Entonces, más allá de los problemas que podía tener, el objetivo de esta equiparación tenía que ver con mostrar la importancia y la gravedad de la violencia genocida.

Mientras que la aparición ahora de esos sistemas de equiparación por un lado tiene el objetivo de intentar volver a perseguir a los sobrevivientes de las experiencias de las insurgencias o de confrontación social en la Argentina, quienes para el caso han sufrido desapariciones, asesinatos, exilio e infinidad de persecuciones, además de la persecución legal. Pero, por otro lado, y esto es más grave en esta necesidad de demonizar, se buscan demonizar también los modos actuales de intentar enfrentarse a eso que no tiene nada que ver con los modos de los setenta y que, sin embargo, son demonizados en el mismo sistema. Acá podemos ver desde la represión del pueblo mapuche en el sur, hasta la represión a la manifestación social a fin del año pasado. 

Imaginamos que en este contexto la presencia de la política de seguridad y el apoyo del gobierno nacional independientemente de la perspectiva del poder judicial en algunos temas, tiene un peso…

Exactamente. Lo llamo “recargado” porque esa política de seguridad que está encarnada en Patricia Bullrich es una novedad desde el año ‘83 para acá. Si bien los años ‘80 fueron el momento de mayor hegemonía de la teoría de los dos demonios, en ningún momento esto llevó al desbocamiento de las fuerzas de seguridad ni a esta idea de Bulrich y de Michetti del beneficio de que ante cualquier caso el beneficio de la duda debe ser a favor de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas. En este sentido le veo mucha más gravedad que a la versión original, porque están intentando avanzar sobre un consenso de la democracia Argentina a partir del fin de la dictadura que era la contención del ejercicio de la fuerza represiva. En este sentido la idea es poder pensar cómo la discusión de los setenta no es sólo eso.

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Vos has resaltado el problema de la pérdida de pluralidad en los organismos de derechos humanos que se ha registrado durante los últimos años, ya con dos años del gobierno del macrismo, ¿cómo evaluás la responsabilidad de los sectores afines al kirchnerismo y, también, cómo han actuado los sectores más críticos en relación a cómo se ha montado el macrismo sobre cierto desprestigio a partir de algunos episodios de corrupción?

Yo creo que uno de los tickets fundamentales para impedir el aumento de la represión ha sido la legitimidad de los organismos de derechos humanos y  eso es lo que está puesto en cuestión. En esa “puesta en cuestión”, que por supuesto es una ofensiva de los sectores más conservadores y del propio macrismo, hay mucho de lo que yo llamo “los errores no forzados”, que son los errores que cometió el propio campo popular y los organismos de derechos humanos y que facilitaron esta deslegitimación.

Fueron ambos sectores y esta es la miopía, tanto de los sectores que terminaron acercándose al gobierno kirchnerista como de los sectores que fueron incapaces de ver una conquista de ese gobierno, lo cual generó un quiebre, una simplificación donde se tenía, por un lado, un sector que planteaba que no había ninguna violación de derechos humanos por parte del gobierno, lo cual es inaceptable porque el gobierno siempre viola los derechos humanos y los organismos están para señalarlo. Pero había otro sector que no era capaz de distinguir la diferencia entre un proceso de juzgamiento con más de mil condenados y la impunidad que precedió a ese período.

Entonces, me parece que en este quiebre, en esta pérdida del pluralismo, no poder zanjar internamente las contradicciones ante un gobierno efectivamente contradictorio y complejo, juega un papel muy importante en la deslegitimación y en la homologación de los organismos como parte de un discurso antikirchnerista a partir de la “lógica del curro”, de la identificación partidaria.

No creo que esté todo perdido pero se vuelve un desafío a dos años de gobierno de macrista, cuando todavía seguimos teniendo dos marchas ante cada proceso de denuncia, lo que parece bizarro en estas condiciones.

En ese sentido ¿en Buenos Aires lograron por lo menos un acto unificado el pasado 24 de marzo?

No. Este otro tema fue una movida mediática que planteó que se había logrado cuando todavía no era así y eso fue uno de los elementos que lo impidió. Estuvimos muy cerca, lo cual es muy importante: hubo actos únicos en lo que fueron las manifestaciones de reclamo por Santiago Maldonado, por ejemplo.  Pero no, finalmente el 24 de marzo volvió a haber dos actos pese que habíamos estado muy cerca de lograrlo.

Es difícil pensar poder atravesar unos cuantos años de descalificaciones mutuas, de chicanas totalmente innecesarias que han dejado muchas heridas y, por otro lado, ver cierta miopía actual como para no poder tomar decisiones por encima de estas cuestiones personales. Se logró avanzar un poco y a veces surgen estas vehemencias que por lo general es lo absurdo, porque no tiene nada que ver con una calificación del momento actual. Verdaderamente no hay diferencias significativas de las necesidades de este momento sino que tiene más que ver en analizar cómo zanjar cuestiones del pasado que están obturando la posibilidad de acciones conjuntas. Yo soy optimista en el sentido de que más temprano que tarde se supone que esto tendría que recomponerse.

Otro de los puntos en los que haces hincapié en el libro es la defensa del concepto de genocidio. ¿Por qué tenemos que ir más hacia el genocidio y no utilizar figuras como crímenes contra la humanidad o terrorismo de Estado para retratar lo que sucedió en nuestro país?

Hay muchos motivos. Te voy a mencionar los dos o tres que considero más importantes y que van quedando muy claros en este momento.

El primero es que es el único concepto que permite quebrar la dualidad, algo tan fuerte de las lógicas de los dos demonios recargados. Los otros conceptos nos introducen en discusiones que siempre nos llevan a la dualidad. El concepto de genocidio es el que plantea que ninguna acción que podamos dar sobre la legitimidad o no de las acciones insurgentes, no tiene ningún punto de comparación con lo que implica la organización de un genocidio.

El segundo elemento es a quiénes afectaron los hechos, me parece que la potencia del concepto de genocidio tiene que ver con entender que hubo un intento de destrucción el grupo nacional argentino y esto implica que toda la población sufrió los efectos del terror, algo que no queda para nada contemplado en conceptos como terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad, donde se los ve de un modo más individual y directo, donde pareciera que las víctimas fueron los que sufrieron en sus cuerpos la represión estatal y me parece que es fundamental entender que un genocidio deja marcas en toda la sociedad, no solamente en aquellos sujetos que afectó directamente o en sus familiares.

El tercer elemento es la solidez jurídica del concepto, que existe en nuestro país desde 1956 y que, por lo tanto, da muchas más herramientas para la claridad, solidez de su aplicación jurídica y sobre todo la distinción con cualquier otro tipo de práctica.

Estos son algunos de los elementos entre muchos otros que le dan una diferencia fundamental, no tanto el hecho que se cree que sería más grave que otros delitos, eso no tiene ningún sentido, pero sí cómo construimos la memoria de lo que ocurrió.

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Hablando de lo jurídico, ¿cómo ves esta etapa de los juicios?

En un sentido creo que muestra las cuestiones que hemos conquistado, los juicios continúan, han habido sentencias muy importantes en estos dos años: la de Mendoza, la de la ESMA 3. Más allá de que hay como cierta autorización a los jueces más renuentes a cajonear causas o a otorgar mayor número de prisiones domiciliaras o a intentar revertir las presiones preventivas.

También hay como pequeños indicios contra los sobrevivientes de la experiencia genocida por las acciones desarrolladas por la insurgencia. Me parece que ahí sí hay un peligro cierto, mucho más que la impunidad que es esta igualación entre lo que no tiene punto de comparación. Por eso digo que esta revictimización de los sobrevivientes -que exactamente son eso: sobrevivientes- y más allá de la valoración de si las acciones que desarrollaron primero han prescripto en relación al paso del tiempo, lo segundo es que han sido juzgadas legal e ilegalmente numerosas veces. Fueron desaparecidos, asesinados, torturados, exiliados y juzgados en los años ‘80.

Ese discurso de “memoria completa” o de reinstalación del proceso de juzgamiento es extremadamente falso, mentiroso y peligroso, porque creo que tiene más posibilidades de construir consenso que la posibilidad de la impunidad, que me parece que ha quedado claro con la marcha de mayo del año pasado que hay un fuerte rechazo social a la posibilidad de la impunidad. La causa Larrabure me parece que es la puerta de entrada a esta mirada equiparadora, creo que en este sentido es muy importante la disputa social, política y jurídica que se está dando alrededor de esa causa para no permitir ese proceso de igualación.

¿Qué te pareció la decisión de la Fundación del Libro de levantar la proyección en la Feria de la película “Será Venganza” que reivindica a represores de nuestro país?

Me pareció excelente y creo que es el camino porque ante esta ofensiva de miradas que buscan distorsionar las construcciones del pueblo argentino uno puede pensar que la salida tendría que ver, como propuso un proyecto de Nilda Garré, con impedir y negar penalmente la expresión de estos consensos. Yo creo que es un enorme error.

Creo que a estas lógicas de los dos demonios recargados y al negacionismo se las enfrenta políticamente y con acciones sociales. No creo que el derecho penal esté para penar pensamientos, creo que lo que sí corresponde es llevar a cabo acciones sociales y no otorgarles espacio, por lo tanto hay una enorme responsabilidad incluso de los periodistas de impedir y cerrar el espacio a la manifestación de estas expresiones pero por una decisión política y no por una decisión penal que no implica consenso social.

Entonces, me parece que en este sentido ilumina el camino, como ocurrió en la Feria del Libro, que sea la propia sociedad la que diga que no está dispuesta a tolerar y brindar espacios a estos modos de agresión de la memoria social.

Fotos: Cristian Gonzalez y FCPyS UNCUYO

Cristian Chazarreta, abogado de la familia de Gabriel Burgos Melo (19), obrero que falleció cuando una zanja se derrumbó en Soler al 100, se refirió en FM De la Calle a la definición del fiscal Aguilar de imputar al titular de la empresa y a dos profesionales más. “Burgos Melo perdió la vida el 6 de noviembre de 2016, un domingo en que la empresa decidió comenzar con la obra aunque faltaba la autorización municipal y los controles pertinentes”, indicó.

“Los tres profesionales debieron ser rigurosos, cambiaron totalmente la planificación de la obra exponiendo a los trabajadores a condiciones vulnerables”, advirtió el letrado sobre: Ángel Pablo Matelica (ingeniero civil, director de la obra y titular de MAPSA), Miguel Ramírez (ingeniero en seguridad e higiene) y Nahuel Ostertag (subdirector de la obra), imputados por homicidio culposo y lesiones culposas de los tres obreros que sobrevivieron con secuelas.

El fiscal Aguilar continuó con la labor del Dr. Zaratiegui (apartado por una situación de salud), y en enero “recibe a la familia, le indica que iba a estudiar la causa y define las tres imputaciones para profesionales que intervinieron en roles preponderantes en esa obra”. También aseguró que los “incumplimientos son inagotables. Entre ellos: el estacado de las paredes para evitar derrumbes, controles periódicos, control continuo del director y personal de ingeniería”. Por el lado de la documentación expuso que no contaban con “la autorización provista por la Municipalidad (el expediente estaba en trámite y comenzaron a trabajar sin ella)”.

Chazarreta manifestó que había un “triángulo contractual entre FUMEBA (fundación que administra el Hospital Privado del Sur) EDES y MAPSA”. Mientras que la fundación solicitó la repotenciación del servicio, EDES tiene dos formas de realizar esa actividad: la hacen ellos (que están demorados con los plazos) o FUMEBA hace el aporte económico y contratan una empresa (MAPSA). “EDES se encarga del control de condiciones de esta repotenciación, pero intervienen las tres partes. […] Por el momento no fueron imputados y no tienen fecha de citación a indagatoria”, expresó.

Respecto a los obreros que sobrevivieron dijo que “siguen traumados, bajo contención familiar y psicológica. Quiero resaltar que los trabajadores son zanjeros toda la vida –desde chicos–, y luego de haber estado cuatro horas enterrados bajo tierra, difícilmente se puedan reinsertar laboralmente en el rubro que realizaron toda su vida. […] La familia de Burgos Melo quiere justicia y que se condene penalmente a los procesados responsables de este hecho”.

Sobre este tipo de accidentes que ocurren seguido en la ciudad, el abogado manifestó a titulo personal: “Esto se ve a diario, en determinados rubros los trabajadores quedan expuestos a lesiones porque no se hacen los respectivos controles. El cumplimiento de las normas es costoso, otras veces es por desidia de los empleadores”.

Ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por Adolfo Calvete, Ivana Bloch y Julio César Báez, se dio lectura a los alegatos de la querella en el juicio por el travesticidio de Diana Sacayán ocurrido en 2015 y cuyo único imputado en la causa es Gabriel Marino.

En diálogo con FM De la Calle, Luciana Sánchez, representante legal de la familia sostuvo que su alegato “fue larguísimo”, pero que tenía que ver con que “no solo es para las cosas puntuales. Pasan muchas cosas en los juicios orales, cumplen muchas funciones y estamos hablando de Diana así que era difícil que fuera corto”.

 

Consultada respecto de que esta sea el primer causa es llevar la caratula de ‘travesticidio’ explicó que “en efecto eso es un gran trabajo y una demanda muy concreta de Sasha Sacayán y de Darío Arias de llevar esa palabra y de poder inscribirla en el lenguaje judicial. Siempre sabemos que los significados judiciales son más acotados que los sociales, pero bueno, es importante que el lenguaje judicial pueda ir evolucionando también”.

Sobre la pena pedidas en su alegato comentó que fue prisión perpetua porque “así lo dispone nuestro Código Penal de la Nación. Hay pocos delitos en nuestro Código Penal, por suerte, que tienen esas penas tan altas y los delitos que tienen esas penas son los más graves. Podemos discutir muchas cosas de la pena perpetua pero, bueno, no era el momento en el juicio para eso, sino para pedir la pena y la calificación está dado así”.

Del total de travesticidios que han sucedido en los últimos tiempos sólo cuatro han sido llevados a juicio, al respecto Sánchez mención que es muy difícil hasta ahora porque “los travesticidios están avalados socialmente. La impunidad se construye socialmente, no es fácil ser impunes y cometer crímenes, menos en las sociedades modernas. Los mismo pasa con los crímenes de lesa humanidad digamos, es una impunidad que está construida”.

“Por más que la ley refleje que es dañoso, grave, socialmente grave matar a una persona por su identidad de género o con motivo de su identidad de género, no habría ninguna condena en este caso. Bueno, todavía no la hay de hecho, porque tiene un aval social la comisión de estos crímenes”, enfatizó.

El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó en la Comisión de Acuerdos del Senado una impugnación a la candidatura de Santiago Ulpiano Martínez como fiscal federal de Bahía Blanca.

El organismo destacó la “incapacidad absoluta para asumir una tarea de similares características y responsabilidades” a la que ejerció durante tres años como subrogante del Juzgado Federal 1.

Federico Efrón, coordinador del área de Litigio y Defensa Legal del CELS, dijo a FM De la Calle que “hay dos grandes motivos que, cada uno por si solo lo invalidan para ser fiscal. El primero es su actuación en los juicios de lesa humanidad donde sistemáticamente obturó, frenó, obstaculizó el avance de los juicios de lesa humanidad en la jurisdicción de Bahía Blanca, de eso hay acaba prueba en distintos expedientes donde eso quedó completamente claro cuál era su actitud, es decir, lo hizo durante tres años, no es que estamos cuestionando una resolución en un caso”.

“Y el segundo es, en términos más generales o integrales de cómo llevar adelante un juzgado sea federal o lo que sea, él demostró también incapacidad absoluta para hacerlo porque el estado en el cual lo dejó cuando no fue ratificada su designación como juez subrogante era realmente calamitoso y no solo tiene que ver con una cuestión de seguridad de las personas que allí trabajaban, ya que por ejemplo había explosivos a la intemperie, sino que también tenía que ver con que eso terminaba afectando el derecho de defensa de muchas personas detenidas sin indagar mucho tiempo”, agregó.

El 9 de mayo a las 10 se realizará la audiencia en el Senado donde deberá aprobarse o no el pliego de Martínez como fiscal bahiense. En la misma oportunidad se definirá la cobertura de cuatro vocalías de la Cámara Federal de Apelaciones local.

“Nosotros enviamos esta impugnación que nos parece suficiente, también hay otros organismos que han enviado sus impugnaciones y han propuesto preguntas para hacerle al candidato. Esperemos que la Comisión de Acuerdos realmente lleve adelante la audiencia y se le hagan las preguntas pertinentes”, dijo Efrón.

Finalmente, subrayó que la candidatura de Ulpiano Martínez “va a la Comisión de Acuerdos porque fue una propuesta del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que no es menor, o sea es grave que un candidato como este llegue a esta etapa final, es grave”.

El Senado de la Nación reformó esta semana el Código Procesal Penal. Por reclamos de la oposición y organizaciones civiles la modificación excluyó un capítulo vinculado a la vigilancia digital.

Valentín Muro, columnista de La Nación, dijo a FM De la Calle que “estamos hablando de la posibilidad de que el gobierno pueda hackear legalmente la computadora o celular de una persona que está siendo investigada”.

Muro explicó que la iniciativa “regula la manera en que el Estado puede hacer escuchas telefónicas. El Código anterior permite ‘libertad probatoria’ que si bien contempla la escucha de teléfonos de línea, cuando se trata de nuevas formas de obtener información –como intervenir una computadora o celular– el juez puede elegir usar esos recursos”, y queda a su criterio la duración de la vigilancia.

Lo que plantea el nuevo Código son penas más graves para quienes filtran información –en respuesta a lo ocurrido con las escuchas de CFK y Parrilli–, y explicitar varias de estas prácticas: “en particular, la intervención de dispositivos electrónicos”. Asimismo manifestó que el problema es que la redacción de la reforma tiene puntos “flojos”: “no estipula por cuánto tiempo se podría intervenir los dispositivos” de la persona.

IMG_7397-2_previewSi bien al intervenir una línea fija la información que se obtiene es clara porque “se puede saber con quién está hablando la persona investigada y si es irrelevante a la causa no tiene por qué quedar registrado”, el problema con un celular es que se tiene acceso de manera remota al micrófono o la cámara (pueden activarse), también a las fotos que se haya tomado, a cuentas como Google Drive o Dropbox, “incluso a la información de tu cuenta de Tinder”.

En años anteriores, ONGs internacionales publicaron una propuesta que estipulaba de qué manera los gobiernos pueden hackear dispositivos de la manera más ética posible. Respecto al documento comentó que “tiene trece puntos donde, por ejemplo, marcan: si la persona después recibe una notificación de que fue investigada –acá sólo se saca a la persona de la causa sin que se entere que fue investigada–, límites al uso de la información obtenida, cuánto se puede obtener y durante cuánto tiempo”.

El proyecto tampoco establece cuáles podrían ser las razones para intervenir dispositivos, “si bien los motivos suelen ser pedofilia, trata de personas, narcotráfico”, en este tipo de vigilancia “no queda claro cuándo podemos hacer eso, si por cualquier tipo de causa podemos intervenir la computadora de alguien; que sería extremo”.

La seguridad de la información recolectada tampoco es efectiva, “se podría mandar de forma digital y así garantizar (de manera más segura) que la persona que tiene que escucharlo lo pueda hacer”. Actualmente las escuchas telefónicas se graban en discos (3000 por día) como archivos de audio y se transportan por Correo Argentino.

“Estábamos seguros de que iba a aprobarse, pero se rechazó la modificación del artículo 30 que deja de lado todo lo que garantiza ciertos derechos. Después de que se discuta en Comisión, idealmente se abriría a la participación de expertos en seguridad informática, derechos civiles, y más especialistas”.

El 15 de marzo venció el acuerdo paritario de la Asociación Judicial Bonaerense. “Lamentablemente seguimos sin convocatoria”, afirmó el dirigente Pablo Abramovich. En diálogo con FM De la Calle dijo que “ante ese incumplimiento y una demora que ya lleva mucho más de un mes nosotros estamos realizando una serie de acciones gremiales”.

“El reclamo salarial es el 25% en una cuota y con cláusula gatillo, esto tiene una fundamentación bastante sencilla: nosotros miramos siempre hacia atrás para definir el monto en una paritaria. La inflación 2017 según el INDEC fue del 24,8%, con lo cual 25 es el piso de lo que permite recuperar esa pérdida de poder adquisitivo y, aún desde la perspectiva del gobierno que dice que hay mirar para adelante, hoy todas la proyecciones de inflación están hablando de una inflación arriba del 20% y en algunos casos cercana al 25”, comentó.

Abramovich aseguró que “hay decisión política muy fuerte de la gobernadora de sostener ese 15%. Las seis reuniones con los docentes con la misma propuesta evidencian eso y además, eso es parte de la política económica a nivel nacional de poner un techo salarial del 15% para este año sin cláusula gatillo, y la gobernadora ha dado muchas señales de que no se va a correr de esa pauta”.
Ante los proyectos oficialistas que pretenden reformar el sistema judicial de la provincia, el dirigente opinó que “es un anuncio genérico de la gobernadora que se expresa en una cantidad de proyectos de ley, los cuales nosotros, por supuesto los que ingresaron a la Legislatura, los estuvimos analizando. En algunos casos ya hemos tenido participación en la misma Legislatura en trabajo en comisiones planteando nuestras posiciones y en otros casos estamos reclamando que seamos escuchados”.
“La mayoría de los proyectos tienen serios problemas, creemos que lamentablemente no atacan las cuestiones de fondo que tiene que abordar la justicia y eso tiene que ver con el presupuesto que tiene la justicia. Si no se mejora el presupuesto va a ser muy difícil hacer la justicia más dinámica y más cercana a los ciudadanos en la provincia, y el otro tema es: qué jueces, qué fiscales, qué defensores tenemos”, agregó.

Somos periodistas, comunicadores/as y trabajadoras/es de diversos medios de comunicación de la ciudad de Bahía Blanca, reunidos ante la necesidad de expresar nuestra preocupación por las coberturas periodísticas y el ejercicio de nuestra profesión en la ciudad. Les hablamos a ustedes, lectores y lectoras, audiencias, estudiantes, docentes de la comunicación y a quien desee escuchar lo que tenemos para decir.

Construimos esta carta abierta desde el pleno convencimiento que el llamado ‘periodismo independiente y objetivo’ no existe, ni tampoco la idea corporativa del “periodismo”. Lo que hay son diversas miradas editoriales desde donde relatar la realidad y construir una interpretación de ella. En ese ejercicio creemos que la libertad de expresión, la ética periodística y la responsabilidad social que debemos ejercer, está en riesgo por la forma de dar construcción y tratamiento a esas noticias.

En las últimas semanas en nuestra ciudad se sucedieron varios hechos de violencia social que requieren de nuestra práctica periodística el máximo cuidado y respeto con estos principios básicos de la profesión. Los tiempos que corren son complejos y por lo tanto vulnerables al tratamiento que cada medio otorga a los casos; en este sentido si las herramientas que tenemos a nuestro alcance no son aplicadas de forma responsable con la información, corremos el riesgo de faltar a la veracidad de los acontecimientos y romper con los límites de nuestro sistema constitucional de derechos. Si instalamos una noticia adulterada como verdad, no sólo se falsea y miente, sino que también, se manipula a plena conciencia.

La tergiversación, el sensacionalismo, la provocación y la idea de la primicia desmembrada, son acciones tendientes a fomentar aún más la violencia social existente y a reproducir parámetros estigmatizadores y lapidarios.

Los alarmantes sucesos de violencia hacia las mujeres que se vienen sucediendo, en aumento en las últimas semanas, merecen al menos replantearnos algunas formas delejercicio de la profesión, entendiendo que los medios de comunicación son constructores de realidades y legitimadores de conductas. Cuando se dice que esos “hombres violentos” son la excepción a una regla, a una sociedad, y no el producto de una sociedad violenta, se legitiman con palabras y se aíslan como único emergente. Entonces se re victimiza a las víctimas y perdemos de vista la responsabilidad como sociedad.

El caso reciente de la difusión ilegal de imágenes de menores de edad ante el asesinato de Agustina Bustos, el nivel de exposición del docente Sebastián Maidana, la creación de escenarios más ficcionales que periodísticos del caso de las dos mujeres secuestradas, llevando los relatos a la morbosidad sin respeto por los derechos personalísimos, y la utilización de ideas estigmatizadoras son sólo algunas muestras de lo expresado anteriormente.

Como no creemos en la censura, tampoco censuramos nuestra palabra, pero sí creemos que esta lógica se aplica a nuestra profesión, cuando las únicas fuentes periodísticas son aquellas que faltan en algunos casos a su profesionalismo y que desde el lugar que ocupan en la estructura de poder las convierte en parte del problema y no de la solución.

Proponemos una carta abierta a la sociedad en su conjunto porque los/as trabajadores de la comunicación también somos parte de una sociedad que pretende informar y ser informados/as con la mayor rigurosidad y coherencia posible, de esta manera los y las abajo firmantes nos comprometemos a ejercer con profesionalismo y responsabilidad nuestra tarea.

Anabella Tarabelli, periodista; Gisela Estremador, periodista; Joaquín Baridón, periodista; Gabriel Cena, comunicador; Virginia Calzada Frache, periodista; Luis Cano, periodista; Sandra Crucianelli, periodista; Gabriel Bermúdez, periodista; Mariano Álvarez, periodista; Matías Oyamburo, periodista; Matías Freidig, periodista; Gretel Walz, periodista; Virginia Pascual, periodista; Mauro Llaneza, periodista; Mariela Dobal, periodista; Giuliana Crucianelli, periodista; Paula Ercoli, periodista; Soledad Reuque, periodista; Astor Vitali, periodista; Emanuel Brianne, fotógrafo; Sol Azcárate, periodista; Marcelo Lev, periodista; Diego Kenis, periodista; Denise Navarrete, periodista; Natalia Schnaider, periodista; Rodolfo Formosa, camarógrafo; Mario Fernando Etchegorry, camarógrafo; Mauro Salvador, comunicador; Federico Hidalgo, periodista; José Cornejo, periodista; Rocío Cereijo, periodista; Sergio Segui, periodista; Matías Aguirre, periodista; Martín Ruperez, camarógrafo; Carla Pereuilh, periodista; Facundo Muñoz, periodista; Facundo Morales, fotógrafo; Soledad Llobet, periodista; José Luis Díaz, operador de control central; Marcelo Cejpek, productor; Emiliano Falco, operador de control central; Oscar Contreras trabajador jubilado de control central; Analía Garelli, reportera gráfica; Antonio Ferullo, control central; Roberto Fiori, control central; Guillermo Aversano, productor; Cristian Romero, camarógrafo; Ángel Dantagnan, conductor-comunicador; Belén López, locutora; Brenda Ghiberti, periodista.