Juicio a ginecólogo por impedir un aborto no punible

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En 2017 el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra impidió que una joven de 19 años se realizara un aborto no punible por ser un embarazo producto de una violación. Actualmente, el médico enfrenta un juicio en Cipolletti por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Natalia Gherardi, integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, dijo a FM De la Calle que “este juicio es una oportunidad para mostrar que no es lo mismo una cosa que la otra, que obstaculizar el ejercicio de derechos de las mujeres tiene que tener consecuencias”.

“Tenemos mucho interés porque está en juego la responsabilidad de un profesional que se ha dedicado activamente a violar derechos. Está en juego el derecho de las mujeres a que se respete su decisión en lo que la ley contempla desde hace cien años”, comentó la abogada.

“El Estado tiene la obligación de garantizar un aborto no punible. Esta joven fue con un aborto en curso, ni siquiera lo que se le pedía es que realice el aborto sino que permitiera su finalización. Lo que él hizo fue en contra de la voluntad de esta mujer, suministrarle medicación para interrumpir ese aborto y obligarla a que continúe con esa gestación”.

“Lo que hizo fue muy problemático porque está mostrando una manera de ejercer la medicina que es desatendiendo a los pacientes, suministrándole medicación sin su consentimiento informado, manteniendo a una mujer casi privada de la libertad dentro de un hospital público para que se lleve adelante al decisión del médico y no de la mujer”.

La especialista destacó que “va a ser muy importante que la justicia reafirme el derecho a la salud y a la integridad de las mujeres. La pena no es muy elevada, lo más importante es la accesoria de habilitación para ejercer ese cargo y revisar su matrícula profesional porque, más allá de la terrible vulneración de los derechos de esta mujer, lo que muestra es un total desinterés por los derechos de los pacientes y eso es muy preocupante. “, finalizó Gherardi.

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Otorgaron licencia al diputado denunciado por acoso

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La Cámara de Diputados aprobó el pedido de licencia de su presidente Manuel Mosca. El referente de Cambiemos fue denunciado por acoso sexual y si bien había solicitado también su desafuero, sus pares giraron el pedido a la Comisión de Asuntos Legales e Institucionales.

“Acompañamos la licencia porque no vamos a obligar a ningún diputado a que concurra si no puede hacerlo. Hay un trasfondo que es más complejo y es de carácter político.  Si hay un pedido de allanamiento o detención no hay un impedimento por los fueros a que curse un proceso judicial”, comentó el diputado Guillermo Kane del Frente de Izquierda.

El caso tomó notoriedad luego de que el propio diputado se presentara ante el fiscal Álvaro Garganta por ser víctima de una supuesta extorsión por una denuncia de acoso sexual. Luego de este hecho se supo que una militante del PRO de Necochea lo había denunciado ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte por hechos de violencia ocurridos durante la campaña electoral del 2015.

“Habría entre tres, cuatro o posiblemente seis mujeres con denuncias, y solo una de ellas fue la que se dirigió a la Corte. Según trascendidos de los mismos compañeros de Mosca, algunas otras mujeres se han sentido amedrentadas. Está la posibilidad de que el poder político y los recursos que maneja como presidente de la Cámara, hayan actuado para que varias denunciantes decidan no hacerlo, por eso planteamos que la Cámara debía suspenderlo hasta que se aclaren las cosas”, señaló Kane.

Por último, el diputado señaló que “el otro problema que ha quedado expuesto es que la interna en el oficialismo está llegando a niveles muy graves, hay una interna sorda con Vidal y está en duda la candidatura de Macri. Es fácil deducir que los meses que han tenido la denuncia en sus manos, han tenido una carta que jugar contra un hombre Vidal”.

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Armada II: “El daño se sigue cometiendo”

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¿Dónde están los desaparecidos? La pregunta que sobrevivientes, familiares, organismos de derechos humanos y la mayoría de la sociedad argentina repetimos hace más de cuatro décadas, fue la elegida nuevamente por la Fiscalía para cerrar su alegato en el Juicio Armada II.

“La desaparición desafía una de las condiciones más básicas de la existencia humana, como es la realización del duelo. Ninguna familia pudo velar a sus desaparecidos. El valor de encontrar aunque sea los huesos. Y, sin embargo, lo que tenemos como correlato son los pactos de silencio, los compromisos de impunidad que solo se resquebrajan cuando se trata de pasar factura o de echar a alguien por la borda”.

El fiscal José Nebbia y su auxiliar, Pablo Fermento, solicitaron trece condenas de prisión perpetua, dos de 25 años, una de 16 y otra de 12. Se juzgan delitos de lesa humanidad y genocidio, consistentes en privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abuso sexual y homicidios, sufridos por 66 militantes políticos.

“Estos hechos son los más graves que podamos conocer. Hablamos no solo de lo que sucedió con las víctimas sino de las relaciones que se entramaron para organizar este aparato criminal. La utilización de las instituciones, la indefensión en la que se colocó a la población y los mecanismos de impunidad. Esta es una forma de evitar su reiteración en el tiempo”, afirmó Fermento.

El Ministerio Público destacó que “la gran organización que se realizó fue la que garantizó la comisión de los hechos (…) Unidades de reserva actuaban cuando las otras no daban abasto. Siempre había alguien para ejecutar la misión de la tortura, del secuestro”.

Durante las jornadas de alegato, los fiscales ubicaron “a cada uno de los imputados en esta organización, a cada unidad, cada fuerza de tarea, los roles que desempeñaron”.

Fermento subrayó: “Consideramos que torturaron tanto los que estaban dentro del centro clandestino como los que planificaban la tortura, la ordenaban y la coordinaban. Usamos el mismo criterio en relación a la violencia sexual: fueron violadores quienes estaban adentro del centro clandestino como quienes incorporaron esta práctica al plan criminal”.

Aseguró que “hemos asistido a una amplísima expresión comunitaria de reivindicación del proceso de justicia en su plenitud. Este desarrollo ha tenido vaivenes, nació con las Madres, con las familias, con los organismos de derechos humanos que vimos en los archivos de inteligencia observados por el Estado, incluso en democracia”.

“Logramos que este movimiento, este compromiso, sea asumido por el Estado. Y eso no implica solamente la investigación sino también que sean sancionados eficaz y adecuadamente. (…) La pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos y la lesión provocada que sigue vigente”.

Las condenas a prisión perpetua fueron solicitadas para Sergio Aráoz de Lamadrid, Ricardo César Araujo, Rómulo Augusto Illa, Arturo María Quintana, Aristóbulo Nicanor Moreira, Francisco Martínez Loydi, Alejandro Carlos Lorenzini, Álvaro Hernán Hermelo, Emilio José Shcaller, Carlos Enrique Lacoste, José Abdala Figueroa, Carlos Alberto Louge y Miguel Ángel Torra.

Por su parte, para Mario Bilesio y Herberto Rubatino se reclamó un castigo de 25 años de cárcel, 16 para Enrique de León y 12 para Luis Oscar Conti.

Tres de los imputados están en libertad. El resto en prisión domiciliaria. Los fiscales pidieron la revocación de los beneficios: “No puede darse ningún tipo de privilegio a quienes cometieron estos delitos y se valieron de los velos de la impunidad. Los delitos continúan vigentes. Los 30 mil desaparecidos continúan en esa situación. Los niños apropiados continúan sin recuperar su identidad. El daño se sigue cometiendo y esto también tiene que ser valorado al momento de aplicar la pena”.

El próximo 20 de mayo comenzará el alegato de la dra. Mónica Fernández Avello, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca.

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Caso Manfredini: “Esto se hizo así para ahorrar plata”

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Tras la primera jornada del juicio al empresario Marcelo Camin por la muerte del trabajador Juan Cruz Mafredini, el abogado querellante Hugo Fernández adelantó a FM De la Calle que pedirán cinco años de prisión, pena máxima para un homicidio culposo.
Juan Cruz murió en octubre de 2010 producto de las quemaduras sufridas en la deflagración ocurrida en un dúplex de Cuyo 1388 en el cual funcionaba un depósito clandestino de la empresa Camin Cargo Control.

“La empresa se dedica a guardar muestras de hidrocarburos. Eso se guarda durante tres meses por si hay algún problema con el buque cuando llega a destino. Empezaron a almacenar muestras de productos que eran incompatibles. El testimonio de uno de los especialistas de explosivos. Una de las mezclas fue la misma fórmula química con la que se hizo la bomba de la AMIA”, comentó Fernández.

El abogado detalló cómo operaba Camin Cargo: “En el único inmueble que alquiló guardó las muestras, en una habitación había cuchetas para que durmiera el personal de otros lados y, pared contigua, una estantería con estos productos. En la planta alta. Todo eso no podía estar en ese lugar. No podés tener en un barrio, pared de por medio de una familia, en una habitación, sin cartelería, esa cantidad de explosivos”.

“Uno lo piensa desde el punto de vista de la precarización laboral y esto se hizo así para ahorrar plata”, afirmó.

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Desclasifican nueve decretos secretos de la dictadura

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A partir de un pedido de Acceso a la Información a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, las periodistas Sandra Crucianelli y Mariel Fitz Patrick pudieron acceder al contenido de los 9 decretos secretos emitidos durante la última dictadura que hoy fueron desclasificados y publicados en el Boletín Oficial.

“El contenido va desde arrestos de personas, hasta las prohibiciones de argentinos para salir del país que en muchos casos significaban una condena a muerte”, comentó Crucianelli a FM De la Calle.

Las periodistas continúan analizando 1483 documentos reservados. “Este gobierno que se dice tan transparente, hace una alharaca de que comparten datos abiertos pero cuando le pedís data te lo entrega en formato cerrado que si vos no contás con el recurso humano contar 1483 celdas es muy difícil”.

Los difundidos hoy, son nueve documentos, uno de los cuales corresponde al año 1976 y lleva la firma del genocida Jorge Rafael Videla. Allí insta a que el “Comando en Jefe del Ejército (…) proceda a la adquisición de los elementos que garanticen el desenvolvimiento eficaz de las operaciones antiguerrilleras”.

Otros cuatro decretos fueron firmados por Lepoldo Fortunato Galtieri y estaban vinculados a la instrumentación de la Guerra de Malvinas y la compra de armamento.

Finalmente, otros cuatro documentos llevan la rubrica de Reynaldo Benito Antonio Bignone, en uno de ellos se habla de la “la necesidad de estrechar vínculos con los países árabes fomentando las relaciones diplomáticas, comerciales y la cooperación bilateral, en especial a partir del apoyo brindado a nuestro país en la cuestión Malvinas”.

En otros dos se celebra un contrato con la  firma Astilleros Ministro Manuel Domecq García S.A. para la construcción de submarinos y, en el último, Bignone establece que “el Comando en Jefe del Ejército – Jefatura II – Inteligencia actúe, directamente o a través de sus dependencias, como proveedora de bienes o prestadora de servicios de seguridad para entidades estatales”.

Crucianelli destacó que “no se puede continuar la revisión histórica de estos procesos porque Argentina mantiene en secreto muchas disposiciones de los militares. La mayoría de los países cuando se cumplen 30 años liberan todo, a menos que algún tema este en curso. Ahora los temas que están cerrados, ya eso debería estar abierto”.

Imagen: Infobae.

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Aborto: “La reforma del Código Penal es regresiva”

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El Gobierno Nacional impulsa un proyecto de reforma del Código Penal que, entre otras cosas, plantea restricciones al acceso a una Interrupción Legal del Embarazo.

Patricia Bustamante, integrante del grupo de trabajo de Feminismos y Justicia Penal del INECIP, calificó a la iniciativa como “regresiva” y comentó sus posibles efectos a FM De la Calle.

“Actualmente lo que más enfatiza la Corte es que no hay que judicializar, solo es necesario el consentimiento mediante una declaración jurada. El proyecto de reforma no aclara esto, solamente como causal pone abuso sexual”.

Bustamante resaltó que el proyecto crea dos figuras: “Habla del aborto culposo, que en este momento no existe en Argentina y sí existe en muy pocos países como El Salvador y Guatemala  que criminalizan el aborto”.

“También crea la figura de lesiones a la ‘persona por nacer’. Hoy el Código Civil, cuando habla del nacimiento de las personas, no le da entidad jurídica al feto. Esto le daría entidad jurídica y una tutela por fuera del cuerpo de la persona gestante. Es muy preocupante porque ni siquiera tomaron en cuenta los tratados internacionales ni la legislación interna”.

“Tenemos una Ley de Fertilización Asistida que en su decreto reglamentario habla de la criopreservación de los embriones. ¿Qué pasaría con esos embriones? ¿Sería un delito si están congelados? Es bastante disparatada además de criminalizadora”, dijo.

Respecto al acceso a la justicia, Bustamante destacó que “teniendo en cuenta las características del caso, el juez o la jueza decidirá las penas. Tenemos una justicia que es sumamente patriarcal, este proyecto le da más poder a los jueces sobre el cuerpo y la decisión de las mujeres”.

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“No voy a negociar la dignidad de mi hijo”

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El próximo lunes a las 9:30 comenzará un nuevo juicio por la muerte de Juan Cruz Manfredini. El trabajador murió por las quemaduras que sufrió tras la explosión en un dúplex que funcionaba como depósito clandestino de la empresa Camin Cargo Control.

Norberto Maximiliano Metz, gerente local de la firma, fue absuelto en junio de 2016 por homicidio culposo. La Fiscalía había pedido una pena de cuatro años de prisión y la familia del joven cuatro años y medio y 200 mil pesos de multa.

Ahora será juzgada la máxima autoridad de la empresa: Marcelo Camin.

“Después de tantos vericuetos con la justicia, porque agotaron todas las instancias, finalmente quedó firme la fecha”, dijo a FM De la Calle el papá de Juan Cruz, Federico Manfredini.

“La jueza Susana González La Riva permitió que desdoblaran el juicio, ellos apelaron a La Plata. Con Mónica fuimos y hablamos con Ferrari, el ministro de Justicia. Mandaron todo el expediente para acá y conseguimos la fecha. Ellos agotaron todas las instancias para no llegar a juicio. Quisieron que se declare culpable y evitar el juicio pero no voy a negociar la dignidad de mi hijo ni con la Justicia ni con la plata”, comentó.

Agregó que “en mi caso particular quiero dejar en claro que la Justicia también es para los pobres. El fiscal Marra, en su momento, nos dijo que la justicia no es para los pobres. Pasaron ocho años, luchamos mucho y tenemos fecha”.

El lunes 9:30 será la primera audiencia a cargo del juzgado en lo Correccional N°1 de Estomba 34.

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“Apeló a todas las herramientas que tenía para que dejáramos de protestar”

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“Casación dijo que no hay delito y Montezanti no tiene nada que hacer”, dijo a FM De la Calle Dante Patrignani luego de conocer el archivo de la demanda que le impuso el ex espía de la dictadura Néstor Luis Montezanti por el presunto delito de violación de secretos.

El secretario de Derechos Humanos de la CTA recordó que el ex presidente de la Cámara Federal le inició tres causas por denunciar su participación en el terrorismo de Estado.

“Una es la que me inició por el agravio al honor, en el fuero civil. Terminé pagando 105 mil pesos, me embargaron el sueldo. Esto está apelado, queda una instancia en la Corte Suprema. Otra era esta, que es una demanda penal y de haber fallado en contra nuestro terminábamos varios años presos”.

“La tercera causa, que también se la gané, fue por pegar carteles frente a la Cámara Federal. Fue esa famosa causa donde el juez provincial manda a un policía a infiltrarse dentro de la Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti. Lo pasan a Ramos Padilla y también falla a mi favor. La única que queda es la del dinero”, comentó Patrignani.

Respecto al Juicio Académico en la UNS que nunca llegó a concretarse, Patrignani recordó que “la Universidad nombró a los jurados pero todos se excusaban y, por último, le llegó la obligatoriedad de jubilarse porque la ley que tenemos ahora lo obliga a jubilarse a los 70 años, y con eso zafó”.

Cabe destacar, además, que Montezanti optó por jubilarse también como magistrado horas antes de que se conociera la sentencia de un jury que se aprestaba a destituirlo. En ese sentido, Patrignani aseguró que hasta último momento el diputado nacional Nicolas Massot -sobrino de Vicente (ex dueño de La Nueva Provincia)- “estuvo presionando a gente del tribunal de enjuiciamiento para que zafara”.

 

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Cuchán libre: “Vamos a pedir que le revoquen el beneficio”

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El femicida de Luciana Moretti, Pablo Cuchán, quedó en libertad por “inexistencia de delito”. El sábado protagonizó un choque, se negó a hacerse el control de alcoholemia y se resistió a ser detenido. Antes, una mujer se había arrojado de su auto para escapar de él.

“Vamos a plantear que se le revoque el beneficio porque incumplió una vez más las reglas de conducta”, dijo Viviana Lozano, la abogada de la familia Moretti.

Cuchán estuvo preso por el femicidio de Luciana Moretti ocurrido en 2004. En 2016 quedó bajo el régimen de libertad condicional por cumplir dos tercios de la condena.

Lozano explicó que “Cuchán apeló al computo de la pena, porque tenía una condena anterior por una multa e inhabilitación para conducir, pidió la unificación de pena. Después planteó la prescripción de la condena por el transcurso de tiempo. Pide que le apliquen al 2×1, ley que no estaba vigente cuando fue el hecho de Luciana pero sí antes”.

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¿Cuánto falta para el juicio a la Triple A?

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El fiscal auxiliar Pablo Fermento dijo a FM De la Calle que “es muy probable” que el siguiente juicio oral sea el que investiga “los hechos anteriores al golpe de Estado”.

Hoy se conmemoran 44 años del asesinato del dirigente estudiantil David “Watu” Cilleruelo en los pasillos de la UNS por parte de la Triple A.

Raúl Roberto Aceituno, Héctor Oscar Chisú, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero están imputados como coautores del delito de asociación ilícita. Aceituno, además, está acusado como el autor del homicidio del militante de la Federación Juvenil Comunista.

“Salvo Aceituno, detenido en el penal de Santa Rosa, todos están excarcelados. Aceituno tiene imputado un delito de homicidio agravado y en el resto de los casos como es asociación ilícita las penas que se prevén les permiten acceder al beneficio”, comentó el fiscal.

En cuanto a la situación procesal del ex camarista, Néstor Luis Montezanti, Fermento explicó que “en 2015 cuando fue imputado no se presentó a indagatoria y fue declarado en rebeldía por Ramos Padilla cuando estaba subrogando el Juzgado N° 1 de la ciudad”.

“En la indagatoria solicitó una serie de medidas de prueba que se terminaron de producir hace unos días y, ahora, insistimos con el pedido para que se resuelva su situación. Está en plazo el juez para dictar el auto de mérito: puede sobreseerlo, procesarlo o dictar falta de mérito”.

En cuanto a la continuidad de las causas de lesa humanidad, la Fiscalía retomara este jueves a las 14 en Colon 80 el alegato del Juicio Armada II.

Por su parte, la Corriente Comunista David Watu Cilleruelo realizará esta tarde el histórico acto homenaje en el Ala de Ingeniería de Alem 1253.

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Los boletines de Remus Tetu

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El Archivo de la Memoria UNS entregó documentación de 1975 a la Unidad Fiscal que investiga delitos de lesa humanidad. Fue en los actos oficiales por el Día de los Derechos Humanos en la universidad y por el aniversario del asesinato de David “Watu” Cilleruelo.

“Son boletines informativos que se distribuían en los medios de prensa locales, son de casi toda la gestión de (Remus) Tetu. Entendimos que podrían ser interesantes para conocer la dinámica cotidiana de la UNS”, dijo a FM De la Calle el historiador José Marcilese.

Consultado por la publicación del día del homicidio de “Watu”, Marcilese destacó que “fue escueta, en líneas generales hablaba de un discurso bastante despojado de responsabilidades, no fue significativa la información. Una breve crónica de una situación policial. Meses después del asesinato de Watu, un grupo de alumnos busca confrontar con el rector y la gestión y son expulsados”.

El interventor universitario Remus Tetu y el diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce fueron los pilares locales de la banda paraestatal comandada a nivel nacional por José López Rega.

 

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Caso Bruna: “Tienen todo para hacer justicia”

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La madrugada del 31 de marzo de 2018 Nicolás Martínez dejó el cuerpo sin vida de Mariana Sol Bruna (15) en el Hospital Español, aduciendo que la chica estaba bajo los efectos de una sobredosis y huyó del lugar.

Doce meses después del hecho, Gloria Bruna, la mamá de la joven, prefirió no hacer declaraciones sobre la causa antes del juicio aunque se mostró tranquila luego de conocer detalles de la investigación por parte de su abogado.

“(Martínez) le dijo a otros medios que no se dio cuenta que era una nena. ¿Cómo no darte cuenta? Por la forma de hablar, el cuerpo que tenía, es imposible que no te des cuenta por más que la nena te mienta”.

“Yo calculo que es mentira lo que él dice que la conoce en la arcada del Parque, pero por las conclusiones que yo saco la conoció en Chocolate. Porque ella me dijo que había conocido a un chico ahí. Tengo entendido que sigue yendo a Chocolate, a buscar chicas porque va al horario de matiné”, concluyó Bruna.

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Apuntan a las “mafias que existían en la Municipalidad”

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“Estamos satisfechos”, dijo a FM De la Calle el abogado de la familia de Daiana Herlein, Leandro Aparicio. El viernes fueron condenados los ex funcionarios Marcelo Caramelli y Marcelo Lenzi por el homicidio de la joven y omisión de tareas.

“Hay algunos testimonios más que nos llevan a acreditar estas mafias que existían en la Municipalidad. No solamente respecto a la situación del parque sino aeropuertos, planes de vivienda. Conexiones con (José) López y (Julio) De Vido, incluso con estafadores como Favretto, que tenían conexiones con funcionarios de la gestión anterior. Ya está siendo instruido. Tiene que ver con los retornos que se mencionan en la causa”, explicó.

Aparicio agregó que “hay otras causas que, de demostrarse, ya entraríamos en una asociación ilícita cuya pena es de cinco años, con responsables con cargos muchísimo mayores a los de Caramelli”.

 

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Homicidio de Daiana: Caramelli y Lenzi condenados

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“Sigo militando, como dijo el intendente. Sigo militando por mi hija”, declaró esta tarde Lorena Zerneri tras escuchar la sentencia de la jueza María Laura Pinto por el homicidio de Daiana.

El ex titular de Parques Marcelo Caramelli fue condenado a cinco años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos por una década y 12 mil pesos de multa por los delitos de homicidio culposo y omisión de tareas.

Por su parte el arquitecto Marcelo Lenzi fue responsabilizado por omisión de tareas cuando estaba a cargo de la Agencia Urbana y penado con multa de 12 mil pesos e inhabilitación por un año.

La pena de Caramelli deberá computarse junto a la condena a siete años que cumple en su domicilio por los delitos de extorsión y exacciones ilegales desde julio de 2017.

“Es justo, es lo que correspondía”, aseguró la madre de la adolescente fallecida por la caída de una rama sobre su cabeza en el Parque de Mayo, cinco años atrás.

Agregó que “siempre manifestamos que las leyes no están al alcance de lo que creemos que pueda satisfacer el dolor que causa la muerte de un hijo, se pidieron las penas máximas”.

“Las causas están abiertas y tenemos mucho por hacer (…) Esto es una batalla que ganamos y tenemos que seguir adelante”, dijo.

El papá de Daiana, Alejandro Herlein, afirmó que “ahora vamos por los responsables máximos, como dijimos de un principio, el ex intendente (Gustavo Bevilacqua, actual diputado nacional); Martín Laplace, el secretario; (el ex subsecretario de Obras, Rubén) Lascano; (el ex secretario de Obras, Rubén) Valerio y sus secuaces. Ya se mostraron las pruebas de que había corrupción en la Municipalidad, es lo que dijimos y vamos por eso. Ahí vamos a poder descansar”.

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Santiago Maldonado: ¿Quiénes son los responsables?

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La abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia, repasó las responsabilidades políticas y las irregularidades de la causa que investiga la desaparición y muerte del joven.

“Las responsabilidades van desde el Poder Ejecutivo, la ministra de Seguridad y toda la estructura del Ministerio, luego Prefectura. Porque si es cierto que Santiago -como ellos quieren sostener- perdió la vida el 1 de agosto y estuvo allí hasta el 17 de octubre, Prefectura tiene que explicar entonces por qué no lo encontró”.

Para la abogada, el juez Guido Otranto “tiene que venir y contestar por qué antes había dicho que Santiago se había ahogado. Fue el 18 de septiembre con más de 400 personas a ese lugar, un rió de profundidad de dos metros. No se peritó, no se sabe cuál es el cause de ese rió. No hicimos el 1 de agosto de 2018 la misma reconstrucción. Lleral omitió todo esto deliberadamente para llegar a esta conclusión”.

“¿Quiénes son los responsables? El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial -Otranto y luego Lleral- y el Ministerio Público Fiscal porque dejaron actuar desde la máxima Procuración a una persona que no es competente, que ni siquiera es fiscal. Rindió un concurso para ser secretaria y terminó siendo la fiscal que se dedicó a investigarlo a Sergio”, recordó.

Verónica Heredia compartió una entrevista con Sergio Maldonado, hermano de Santiago y la Madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, en la emisión de este miércoles de En Eso Estamos.

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Gay también intentó impedir la denuncia penal

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La directora del Jardín 932 confirmó esta mañana que el intendente Héctor Gay no solo le pidió que no difundiera mediáticamente la agresión recibida sino que tampoco realizara la denuncia penal correspondiente.

“Me pidió que por favor no haga la denuncia y que trate de mantener un poquito la calma porque se iba a tratar de solucionar”, dijo Graciela Pettinari en diálogo con Radio Urbana.

La Red de Comunicadoras Bahía Blanca manifestó su repudio a la “actitud encubridora” del intendente Gay y afirmó que “es tan violento el agresor, como el que encubre”.

“Sostenemos que toda violencia contra las mujeres debe ser denunciada y rechazada. Nunca silenciada. Por eso, repudiamos cualquier actitud encubridora de violencias machistas, y exigimos el acompañamiento necesario para la docente agredida”.

“Ninguna mujer se ‘pega sola’ y ninguna mujer debe ser silenciada”, agregaron en referencia a declaraciones de la esposa del agresor quien manifestó que a directora se “autogolpeó”.

Las comunicadoras solicitaron “el NO ocultamiento de los hechos ocurridos por parte de las autoridades municipales y de los medios masivos de comunicación; quienes además tienen la responsabilidad de evitar preguntas, comentarios o enfoques que tiendan a desestimar, culpabilizar o estigmatizar a quien sufrió una agresión física y psicológica”.

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Indagatorias por fraude electoral

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El intendente de Monte Hermoso, Marcos Fernández, fue citado este martes a indagatoria por la jueza federal Gabriela Marrón en una causa que investiga una asociación ilícita conformada por funcionarios municipales “para cometer, entre otros, delitos electorales”.

Según el pedido del fiscal Antonio Castaño, firmado en noviembre de 2016, “se valieron de punteros a fin de captar personas en situación de vulnerabilidad, de bajos recursos y educación mínima, a fin de concretar modificaciones en documentos nacionales de identidad, a los efectos de que finalmente estas personas manipuladas cumplan con el sufragio electoral (…) abultando la cantidad de votantes para el partido político reinante”.

La asociación ilícita se encontraría compuesta por Oscar Bertín, director del Registro Público de las Personas de Monte Hermoso, “líder operativo ejecutor”, con la colaboración de Martín Della Libera Minghetti, los punteros Santiago Cruz, Eusebio “Pichi” Sánchez, Abelardo “Cololo” Parra, “con la especial cooperación de la mano derecha y hermano del intendente” Martín Fernández, Hernán Arranz, Diego Ramil y como “beneficiario último de la maniobra” el intendente Marcos Fernández.

Castaño detalló que los acusados atraían a la ciudad balnearia “individuos de bajos recursos (los buscaban, por ejemplo, en Villa Miramar de Bahía Blanca) bajo la promesa de otorgarles algún beneficio, como ser, facilitarles el carnet de conducir, comida, vales de nafta, etcétera”.

Les hacían “declarar falsamente su domicilio” y “una vez concretado el cambio, quedaban atraídos por el padrón electoral de Monte Hermoso y eran ‘acompañados’ en transportes, cuyo pago, se sospecha de fondos públicos, hacía el partido del Frente para la Victoria de Monte Hermoso y finalmente a las escuelas donde debían sufragar”.

Algunos de los transportistas cuyos servicios fueron contratados durante las elecciones de 2015 declararon que trabajaron gratuitamente por una cuestión “de cortesía” porque “este partido está de toda la vida” y que “no queda otra”: corrían el riesgo de no ser más contratados o habilitados.

La presentación del intendente de esta mañana cierra la ronda con la totalidad de los imputados que comenzó el 12 de marzo. La estrategia defensiva apuntaría a llevar la causa al fuero electora, tal como hizo Cambiemos con la investigación sobre aportantes truchos.

La causa comenzó con una denuncia de concejales del Frente Progresista Cívico y Social.

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Armada II: comienza el alegato de la Fiscalía

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Este viernes comenzarán los alegatos de la Fiscalía en el debate del segundo tramo de la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo control operacional de la Base Naval Puerto Belgrano de la Armada Argentina.

Será desde las 9 en Colón 80. Mayores de 18 años ingresan con DNI. Jóvenes, a partir de los 16, puden concurrir con sus docentes.

19 imputados deberán escuchar la exposición de los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia sobre sus responsabilidades penales en los secuestros, torturas y homicidios de más de sesenta víctimas, casi un tercio de las cuales están desaparecidas.

Es el sexto juicio de lesa humanidad que se realiza en Bahía Blanca.

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