Noticias relacionadas con lo que sucede en Bahia Blanca y la zona

Desde esta mañana se realizan rastrillajes en cercanías de Mayor Buratovich en búsqueda de rastros de Facundo Castro. Trabajan en el lugar los peritos de la querella Marcos Herrero y Lucas Maciel con los perros Yatel, Duke y Uma.

El abogado Luciano Peretto afirmó que se tratará de “agotar todo lo que Cristina indique que resultaría necesario”. El fiscal de la causa demoró la medida por un pedido de autorización a la jueza federal, quien le respondió que el propio Santiago Martínez tiene a su cargo la investigación por lo cual era innecesario el planteo.

“Estamos muy cerca del lugar donde Facundo fue ascendido”, dijo Peretto en relación a las declaraciones de los testigos que vieron al joven por última vez.

“Hubo una marcación de los tres perros” en un monte, “se encontraron algunos restos óseos, algunos grandes que no parecen ser de restos humanos, y un hueso quemado que se secuestró y se va a peritar”.

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Los canes se detuvieron ante un cactus. “Se presume que lo que puede haber creado alguna confusión es la sustancia putrefacta de la planta. Hay que ser prudentes y tomar la situación como lo que amerita, es un secuestro de restos óseos que no podemos identificar si corresponde o no a una persona”, insistió el letrado.

“Estamos en una geografía particular. La tierra es especialmente floja, no está asentado, (el hueso) estaba muy cerca de la superficie”.

Pasadas las 14:30, la delegación, compuesta además por efectivos de la Policía Federal, se dirigía hacia Mayor Buratovich. Rastrillarán un canal de drenaje cercano al acceso al pueblo. “La Fiscalía autorizó la diligencia hace minutos”. Martínez habilitó revisar “las zonas públicas de acceso irrestricto y lo que la dinámica de la diligencia vaya indicando. Si el perro marca algún rastro lo podemos continuar”.

Peretto agregó que “en diligencias anteriores se ha rastrillado zonas cercanas a Bahía Blanca y queremos agotar todas las instancias en la zona donde Facundo fue ascendido”.

Más temprano, “se secuestró una campera talle M, azul, que estaba en un desagüe, lo secuestró Prefectura, no ha sido reconocida a primera vista por Cristina. El talle correspondería a una persona de esas dimensiones pero va a ser peritada”.

A 141 días del comienzo del aislamiento “la gente está preocupada porque no hay laburo ni comida. Queremos que se vaya generando un contexto de trabajo. Vamos a tener que convivir con el Covid, de esto se sale con el trabajo a pequeña escala, con obra pública, con llevar los mejoramientos habitacionales”, dijo a FM De la Calle Rodrigo Bahía del Movimiento Evita.

La Corriente Clasista y Combativa, SOMOS Barrios de Pie, Movimiento Trabajadores Excluidos y el Movimiento Evita mantuvieron un encuentro en la Unidad Productiva del Evita en Villa Delfina.

Se cumplen cuatro años de la primera marcha de organizaciones sociales desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo que permitió impulsar la Ley de Emergencia Social.

Nucleadas bajo el lema “tierra, techo y trabajo”, realizaron hoy una jornada de lucha alentando la “organización comunitaria, protagonismo popular e inclusión real de la economía popular”.

“Esto nace desde la resistencia, a principios del gobierno de Macri, se organizó el 7 de agosto del 2016 la primera movilización, fuimos generando unidad y visibilizando las políticas nefastas del macrismo, reuniéndonos y proponiendo la Ley de Emergencia Social”, dijo Bahía.

Días atrás se presentó el Registro de Trabajadores de la Economía Popular. Su objetivo es “conocer en profundidad cuántos trabajadores de la economía popular hay, qué actividades realizan, en qué condiciones están llevando la tarea, qué estudios tienen. Conocer esta gran masa laborar para poder direccionar políticas. Queremos establecer el tema de aportes jubilatorios, a través de los monotributos sociales con costo cero”, contó.

Respecto del proyecto para pintar escuelas en el marco del programa Argentina Unida por la Educación, mencionó que “es una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Social. Una es el convenio que se hizo con provincia y los consejos escolares. La idea era continuar con el trabajo en otras instituciones como edificios de la provincia. Son políticas del Estado Nacional, se ha coordinado con el Consejo Escolar, lamentablemente desde el Municipio no se ve nada”.

“La posibilidad de juntar cientos de miles de cabezas de ganado en un solo lugar aumenta exponencialmente el peligro de que se generen nuevas pandemias”, dijo en su columna de Salud de FM De la Calle el médico Horacio Romano.

La advertencia parte de las negociaciones del gobierno nacional con China para la cría de cerdos a gran escala en nuestro país.

“La viruela, la varicela, el sarampión, la influenza o el coronavirus son enfermedades zoonóticas, es decir, que son de animales. En general, los gérmenes no atraviesan especies pero cada tantos millones una ‘copia’ adquiere una característica distinta y puede pasar”, comentó.

El médico señaló que esta posibilidad “es muy concreta en el caso de aves y cerdos, por lo menos en lo que es la gripe. Entre otras cosas porque el cerdo es bastante parecido a los humanos, compartimos muchas cuestiones y en este compartir uno de estos virus puede mutar y saltar fácilmente a los seres humanos”.

Para una mutación de este tipo son necesarias dos cuestiones, la primera es “que haya muchos animales, se infectan muchos y crece la posibilidad de mutación y que sea factible saltar de especie, sobre todo si juntas criaderos de aves y cerdos, lo que incluso está prohibido”.

La segunda es que “para que engorden más rápido se les dan antibióticos a los animales. Casi el 60% de la venta de antibióticos es para ganado. Con lo cual se presume que en 10 o 15 años vamos a tener una situación peligrosa que son las ‘super bacterias’, bacterias ultra resistentes”.

La propuesta china surge por la circulación de un virus gripal que obligó a sacrificar miles de cabezas de ganado porcino. Hoy busca nuevos horizontes para la cría.

“Acá caemos en la trampa de que como somos países pobres, necesitamos dar mano de obra y con eso justificamos lo que querrámos, desaparición de pueblos mapuches por el fracking, miles de hectáreas por la soja”, argumentó Romano.

Por último, resaltó que “es una falsa opción cambiar divisas rápidas por un poco de contaminación. Va a haber mucha contaminación y vamos a estar batallando con esto que va a terminar convirtiendo territorios en zonas de exclusión”.

El fiscal Marcelo Romero Jardín archivó la denuncia del bloque de concejales/as del Frente de Todos contra Fernando Compagnoni y Anabela Castillo por la sesión del 17 de enero.

El presidente del Concejo Deliberante y la concejala suplente habían sido denunciades por “abuso de autoridad” y “usurpación de cargo público”, respectivamente. En aquella sesión Juntos por el Cambio aprobó el aumento del boleto de transporte y el Presupuesto 2020.

Tanto el Frente de Todos como la ex oficialista Gabriela Schieda habían negado el quórum, por eso JxC convocó a Castillo, habilitó la sesión y votó en soledad.

“Los actos realizados tanto por Compagnoni como por Castillo el día 17 de enero de 2020 son actos administrativos, la declaración de validez o no de tales actos no corresponde al Fuero Penal, sino al Contencioso Administrativo”, afirma la resolución del fiscal Romero Jardín.

Previamente había citado el fallo de la Suprema Corte que en mayo había rechazado otro planteo opositor surgido de la misma sesión.

En el marco de la búsqueda de Facundo, el abogado de Cristina Castro, Leandro Aparicio, señaló a FM De la Calle que “a prima facie” descartan que los restos óseos que se encontraron ayer sean humanos y que la mochila y las zapatillas pertenezcan al joven desaparecido. Sin embargo, les llama la atención un buzo y un vaso de Boca.

“Facundo era de Boca. No queremos decir nada más que eso. Por ahora, más allá de la expectativa, estamos enfocándonos en averiguar qué pasó y para eso necesitamos un poco más de fluidez y rapidez de la Fiscalía y eso no se da”, destacó esta mañana el letrado.

Aparicio señaló que “estuvo toda la noche un móvil de consigna custodiando eso, hasta que el fiscal convoque a las fuerzas, a Prefectura, y autorice el rastrillaje y eventualmente el allanamiento en una casa de Vialidad que está abandonada pero que es una dependencia estatal y puede haber un rastro ahí”.

Destacó, además, que “en ese lugar habría que hacer una pasada de nuevo. Estamos esperando resultados de pruebas que ha solicitado la PROCUVIN que no se han efectuado. Es un sector que se supone que ya fue rastrillado, no nos avisaban cuando salían ni qué hacían, nos enterábamos por los medios”.

Desde la querella solicitaron la presencia de Marcos Herrero, sus perros y un colaborador para corroborar la procedencia de los objetos encontrados. Pidieron la intervención de Prefectura porque “es zona de riego, está lleno de canales, en ese sentido Prefectura tiene equipamiento para hacer la tarea con mayor precisión y comodidad”.

Respecto del trabajo sobre el WhatsApp de Facundo, Aparicio mencionó que “estamos esperando informes complementarios de los teléfonos. Entiendo que tal vez no arroje resultados relevantes porque no creo que haya tenido la posibilidad de mandar mensajes Facundo desde que lo agarraron, aunque sí podría haber mandado mensajes desde que lo detuvieron”.

“Sí me gustaría que algún genio instale el WhatsApp de Xiomara Flores ya que se borró y que se recuperen los mensajes entre Flores y Curruhinca”, agregó.

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En relación al trabajo del fiscal Ulpiano Martínez mencionó que “seguimos con una situación dilatoria de la Fiscalía Federal que por ahora podemos dejar constancia todos los días de la demora, y eventualmente reclamar ante el fiscal general, la jueza y el procurador”.

Consultado sobre la continuidad de las declaraciones testimoniales, el abogado afirmó: “Que el señor fiscal se dedique a tomarlas, la PROCUVIN hizo un trabajo loable, compartimos el procedimiento. Ahí estuvo el dr. Murillas que es el secretario, salvo en la primera audiencia el fiscal no estuvo, la PROCUVIN hizo el trabajo del fiscal, la PROCUVIN dice estos testigos tenés que tomarlos vos, el fiscal no se qué está haciendo”.

Por último, respecto al llamado que realizó ayer el presidente Alberto Fernández a Cristina Castro, Aparicio mencionó que “si el viernes fue al rastrillaje un equipo del Ministerio de Justicia o Seguridad y se comprometió a acompañar una máquina, una sonda porque hay movimientos de suelo y todavía no llegó, en vez de preocuparse tanto el presidente correspondería que mande y que esté disponible esa máquina. El Ministerio formalmente es un brazo del Poder Ejecutivo y si estaban ahí y dieron un compromiso, son seis días, es importante que se agilice”.

La Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca ordenó el análisis de restos óseos y elementos secuestrados durante una inspección ocular solicitada por la querella en cercanías del kilómetro 780 de la Ruta Nacional N°3, según refiere en un nuevo comunicado que actualiza las tareas de investigación en torno a la búsqueda del paradero de Facundo Astudillo Castro, de 22 años, desaparecido desde el 30 de abril pasado .

Entre otras medidas adoptadas, el nuevo comunicado de la fiscalía refiere que, con un nuevo chip con el número de teléfono del desaparecido, se obtuvieron nuevos datos para la pesquisa. Además, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) presentó un informe sobre los resultados arrojados por el Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL) de los móviles policiales investigados, que serán analizados por la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la Policía Federal Argentina (PFA).

Peritajes

La División Tecnologías Aplicadas de la PFA elaboró un informe de las tareas realizadas y conclusiones arribadas a partir de la introducción de la tarjeta SIM de la línea de Facundo Astudillo Castro en un teléfono celular, recuperando algunos datos, los cuales se resguardaron en un CD.
Por otro lado, se recibió el dispositivo secuestrado a Jorge Agustín Galarza y se remitió el mismo a la División de Apoyo Tecnológico de la PFA a fin de que extrajera la información allí registrada mediante la tecnología UFED (dispositivo forense de extracción de datos). La fiscalía ordenó que se remitieran los resultados a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la PFA, para que verifique si existen elementos que puedan resultar de interés para el avance de la causa y confeccione un informe con el análisis del contenido extraído.
Se recibieron los libros secuestrados en el Destacamento de Hilario Ascasubi y se solicitó al Gabinete Científico de la PFA que practicara un peritaje caligráfico sobre el libro con la inscripción “actas” —utilizado como libro de guardias y novedades— a efectos de determinar si en las anotaciones correspondientes al 30 de abril pasado existen enmiendas, raspaduras, borrones o faltantes de hojas, que permitan suponer que existió una adulteración de su contenido o, en la medida de lo posible, informe si existieron agregados posteriores a la fecha mencionada.

Solicitud de informes

A fin de verificar si existe la posibilidad de arbitrar la tecnología necesaria para extraer la totalidad de la información de uno de los teléfonos secuestrados, se solicitó colaboración a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), aportando la información pertinente el fiscal a cargo de esa oficina, Horacio Juan Azzolin.

Se remitió vía correo electrónico a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la PFA el informe confeccionado a modo de colaboración por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), con un análisis integral de información probatoria producida en el marco de investigación con específica referencia al Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL) de los móviles policiales que habrían circulado por la traza de la Ruta Nacional 3, entre los kilómetros 725 y 809, entre las 0 y las 23.59 horas de la jornada del 30 de abril.

Se solicitó a ese mismo organismo que verificara si se ha efectuado al momento la determinación del kilometraje y ubicación de la localidad exacta en la que cada uno de los móviles allí consignados hubieran detenido su marcha en las franjas horarias de interés, a los fines de determinar, del cruce de la eventual información procesada, si hubo coincidencia con la detención prevencional del joven Facundo Astudillo Castro la jornada del 30 de abril pasado alguna otra circunstancia de relevancia. También se le requirió que informara cuáles eran las cuentas asociadas a algunos de los teléfonos peritados.

Sin perjuicio de haberse encomendado oportunamente a la División de Tecnologías Aplicadas de la PFA la confección de un análisis técnico integral de toda la información que obra en la causa y de la medida encomendada a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la PFA en la misma línea, de conformidad con lo sugerido por la PROCUVIN, se le dio intervención a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación y se le remitió de manera electrónica la totalidad de los informes obrantes en la causa con el objeto de que elaborare un análisis pormenorizado en los mismos términos que el anterior.

Se solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DaJuDeco) más información en relación a otra línea telefónica de interés para la investigación.
También se solicitó a todas las empresas prestadoras de servicio de telefonía móvil que verificaran si alguna de sus antenas captó una comunicación (sea llamado o mensaje de texto) en la se encontrara involucrada la línea telefónica de Facundo Astudillo Castro.

Se reiteraron pedidos de información oportunamente requeridos a la PFA, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y al Ministerio de Transporte de la Nación.

Se le requirió a la empresa Claro que ampliara la información respecto de los alcances de la antena ubicada en Ingeniero White, denominada POLOPETROQUÍMICO UN.

Otras medidas

Ante un nuevo requerimiento de la Dirección de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, se contestó lo solicitado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto, se aportó información sobre la investigación desarrollada por la fiscalía con la colaboración de los distintos organismos del Ministerio Público Fiscal y las distintas fuerzas federales.

El Programa Especial de Atención a víctimas de Violencia Policial de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) remitió un informe acerca del abordaje que viene realizando respecto a testigos de identidad reservada, en el cual refiere las entrevistas mantenidas y sus seguimientos, y formula consideraciones profesionales.

Se ordenó efectuar una compulsa en los registros de la fiscalía del total de las prevenciones efectuadas en los controles policiales de Mayor Buratovich con motivo de la presunta violación al artículo 205 del Código Penal -que prevé sanciones a quien violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia-, con indicación de número de sumario, fiscalía, juzgado interviniente y número de causa, a los fines de poder establecer una comparación entre aquellos y las modalidades de intervención policial respecto de Facundo José Astudillo Castro, en un rango de 15 días antes y después al 30 de abril de 2020.

Al efectuarse un análisis del informe UFED presentado en relación a uno de los teléfonos secuestrados, surgieron interrogantes que la fiscalía entendió suficientes para formalizar un requerimiento de instrucción, para así permitir la formulación del pertinente descargo. En ese sentido, se requirió que se citara a declarar en los términos el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación (declaración indagatoria) a distintas personas conjuntamente con otras medidas. No obstante ello, la jueza federal rechazó la solicitud por considerarla prematura, al entender que no existía mérito suficiente y sin perjuicio de lo que surja del desarrollo de la pesquisa. Delegó la instrucción de la fiscalía federal de la causa en los términos del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.

Inspección ocular

La querella particular informó ayer que habrían tomado conocimiento que en cercanías a la ruta nacional nº 3, kilómetro aproximado 780, sobre un camino de tierra lindante, existirían restos óseos y algunos elementos, por lo que se comisionó a personal de la PFA para que se constituyera en el lugar. Una vez allí, la querella señaló un desagüe a escasos metros del camino de tierra y de la ruta nacional nº 3, donde se procedió a la remoción y secuestro de restos óseos. A unos cuatrocientos cincuenta (450) metros del inicio del perímetro constituido, se procedió al secuestro preventivo para un posible futuro análisis de distintas prendas de vestir, zapatillas, un recipiente de cerámica, los cuales, en principio no fueron reconocidos por Cristina Alaniz Castro, quien se encontraba en el lugar. Posteriormente, la nombrada, manifestó que el buzo hallado entre las prendas de vestir podría relacionarlo con aquel utilizado por Facundo al momento de su detención.

En relación a los objetos secuestrados, se ordenó la realización de los correspondientes peritajes.

Actualmente, la fiscalía se encuentra efectuando un análisis integral de los resultados de las medidas probatorias ordenadas y producidas hasta el momento, con el objeto de elaborar un informe sobre conclusiones preliminares en el marco de la investigación, sin perjuicio los resultados a los que se arriben con el devenir de la pesquisa en curso.

Fuente: fiscales.gob.ar

En diciembre de 2013, con su título de médico en mano, Matías Murano, partió desde el barrio Avellaneda en un viaje por Latinoamérica. Su objetivo, contactar colegas que trabajasen en lugares alejados de las grandes urbes y conocer las culturas originarias.

En el camino registró sus experiencias y aprendizajes en una bitácora inspirada en los diarios del Che. Hoy, esos textos pueden leerse en su libro “Notas Migrantes”.

Matías conoció a la dra. Mariana Mampaey en Misiones y aceptó su invitación para trabajar con comunidades guaraníes en la zona de San Pedro, cerca de Brasil.

“Esa búsqueda encontró un lugar donde me di cuenta de otras formas de ver la vida, de comprender la medicina. A partir de esa experiencia decidí formarme más en la utilización de plantas medicinales y elementos de la colmena. Me fui a Cuba a hacer unos posgrados de medicina tradicional China, acupuntura y ese tipo de tratamientos, y el uso de plantas medicinales dentro del sistema de salud”, contó Matías a FM De la Calle.

En Cuba, producto del bloqueo y la caída del bloque soviético, “se quedaron sin insumos ni recursos médicos y fueron formándose en la utilización de plantas medicinales y medicina china”.

Allí permaneció tres meses y luego migró a México, donde le propusieron trabajar como voluntario “en comunidades donde hacía años no llegaba un médico de universidad”.

“Esa primera experiencia me permitió acercarme a sus medicinas y eso se convirtió en una forma de vida durante un tiempo. Decidí regresar a Argentina, pero por tierra, en un viaje de más de un año de duración, fueron 12 países, trabajando de esta forma, con un intercambio como médico voluntario”.

En el camino conoció los territorios que dan nombre a cada capítulo del libro. Indagó en la utilización de plantas enteógenas: son especies que “trabajan en el sistema nervioso central, son psicoactivas, producen una distorsión de la realidad, no la trasforman sino que nos la hacen ver distinta. El acercamiento a este tipo de plantas es una forma de emprender un camino hacia el interior de uno mismo”.

“Por ejemplo, la utilización de la ayahuasca en Colombia, cerca de la selva amazónica, te lleva a una introspección donde uno empieza a cuestionarse muchas de sus seguridades, pensarse cómo vive y, en mi caso, cómo ejercer la medicina”, agregó.

Matías destacó que “están emparentadas con otras formas de sanar, no únicamente desde lo biológico como muchas veces hace la medicina occidental y hospitalaria”.

En términos de interculturalidad, teniendo en cuenta la plurinacionalidad existente en nuestro territorio, opinó que es necesario compatibilizar la medicina tradicional con la ancestral.

“Es un objetivo y una lucha que hay que dar. No es únicamente la cultura blanca, cristiana y europea, que llegó a América y se impuso durante tantos años, la que está dominando en el mundo. Hay otras formas de vivir que muchas veces están representadas por los pueblos originarios. La lucha es política y los intereses son muy fuertes”.

En cuanto a las patologías que atendió en los pueblos y ciudades que visitó, Matías comentó que “en Misiones y en varias comunidades indígenas de América, más alejadas del consumo de alimentos industrializados, observaba que no había personas con diabetes, con obesidad, hipertensión, enfermedades del siglo XXI, que están emparentadas con la alimentación a las que estamos sometidos”.

“Desde la medicina se piensa que hay que decirle al paciente que salga a correr tres veces por semana, cosa que está bien, pero también hay que actuar a nivel global y con políticas alimenticias donde no tengamos únicamente la opción de comer este tipo de alimentos”, afirmó.

En la actualidad, el médico bahiense pasa sus días en Carolina del Norte (EE.UU.) junto a su pareja, María, a quien conoció en el viaje. Allí espera que le otorguen una visa de trabajo.

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Docentes de los cursos que dicta PAMI en centros de jubilados reclaman el pago de sus haberes, los cuales no son depositados desde marzo. Por otro lado, una normativa de la obra social pretende una fuerte ajuste.

A partir del confinamiento, los talleres que se dictaban presencialmente pasaron modalidad virtual.

El tallerista Alejandro Méndez, dijo a FM De la Calle que desde el ASPO “adaptamos la modalidad para darle continuidad y, a partir de ahí, entramos en un limbo porque no sabemos cuándo vamos a cobrar los exiguos montos que paga PAMI. Hicimos una nota, fuimos recibidos por la vicedirectora, Manuela Salas, y nos atendió bastante mal diciendo que somos empleados de los centros jubilados porque tercerizan ahí”.

“La respuesta es que hay que modificar el protocolo, tenemos que esperar a que todos los presidentes de todos los centros de jubilados de toda la región firmen de manera presencial para poder mandar los papeles a Buenos Aires. Pusieron una fecha tentativa en septiembre y venimos desde marzo”, comentó.

Agregó que “los insumos son nuestros, los bienes de producción son de los trabajadores tercerizados, tu teléfono, tu computadora, tu internet. Pagan 2500 pesos por taller, ya es una actividad muy mal paga de marzo a noviembre y ahora ni siquiera está llegando esto”.

Méndez destacó que realizaron una presentación formal ante PAMI: “Hicimos un reclamo administrativo y presentamos un pedido de audiencia, pero a este punto tendremos que hacer un pedido más formal”.

“Ahora pagan $2500 por taller. Proyectaron pagar $2500 pesos por agente. Si tenes dos talleres cobraá 2500, si tenes seis también vas a cobrar 2500. Proyectan que van a reducir lo que pagan en un 50 o 70%, lo que pretenden es que la gente deje de trabajar”.

El tallerista argumentó: “Cumplimos con la tarea y quien no está cumpliendo es PAMI. Valora el proyecto porque a los adultos mayores la actividad recreativa y lúdica les da calidad de vida -con el confinamiento tengo más alumnos que antes-, hemos podido sortear la dificultad y funciona la modalidad. Es muy mala leche que ni siquiera nos quieran recibir”.

Cristina Castro solicitó a la jueza federal, Gabriela Marrón, un allanamiento y un rastrillaje con canes en cercanías de Mayor Buratovich, tras la aparición de “huesos, prendas de vestir y una mochila semienterrada”.

“Advirtiendo la irregularidad y la complejidad, solicitamos se convoque a todas las fuerzas disponibles, a fin de rastrillar lugares públicos y otros canales de drenaje, si la dinámica de la diligencia así lo amerita”, dice el escrito presentado por los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto.

La querella pretende que el rastrillaje se realice en la extensión de un camino hasta las vías con la participación del perito Marcos Herrero y su ayudante Lucas Maciel.

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Por otro lado, pidieron que se “convoque a Prefectura Argentina para rastrillar un canal de drenaje que bordea la calle, en las que se han identificado algunas prendas, lo que tornan urgente el carácter de la medida”.

Foto: Emmanuel Fernández.

El Servicio Penitenciario informó que se registraron 25 casos positivos de Covid 19 dentro de la Unidad 4 de Villa Floresta. Se aislaron dos pabellones, uno con contactos estrechos y otro con los casos confirmados.

El defensor departamental general, Pablo Radivoy, dijo a FM De la Calle que “era obvio que el virus iba a ingresar en el penal, más aún teniendo en cuenta la sobrepoblación de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Hay 25 casos positivos de 45 hisopados”.

“Entendemos y advertimos a través de distintas presentaciones que no están dadas las condiciones para tener a estas personas allí, por eso se pidieron arrestos domiciliarios y la mayoría no se otorgaron”.

Radivoy recordó que “hubo un primer informe del 23 de julio respecto de 22 personas que habían dado positivo, entre los cuales había cinco del Servicio Penitenciario que fueron los primeros en ser detectados”.

Agregó que “hubo que aislar a un montón de gente más. Dentro del penal es prácticamente imposible mantener el distanciamiento, estamos a la espera de ver qué ocurre con esta gente que está aislada y que todavía no tiene síntomas”.

El defensor desmintió la existencia de “liberaciones masivas”: “No ocurrió jamás. A nivel provincial había cerca de 2300 personas y se otorgaron 600 arrestos domiciliarios. En Bahía de 120 o 130 presentaciones que se hicieron, a vuelo de pájaro, le diría que no se concedieron mucho más de veinte, veintipico”.

Radivoy detalló que se presentó un nuevo habeas corpus mediante el cual “se hizo lugar parcialmente a lo que planteamos. Está en instancia de apelación. Estamos pidiendo que organismos extramuros controlen cuál es la situación adentro. Si bien los informes dentro del penal son positivos, diciendo que pueden manejar la situación, tenemos noticias de nuestros defendidos que no coinciden”.

“Acompañamos el habeas corpus con filmaciones del hospital de campaña, donde no hay baño, no hay calefacción y en algún momento no hubo luz”, finalizó.

El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que ofrece una recompensa de 500 mil pesos a quienes aporten datos útiles que permitan lograr la captura del ex teniente Roberto Carlos Brunello, con documento nacional de identidad número 7.699.908, imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca durante la última dictadura cívico militar, en la causa donde se investiga el accionar del V Cuerpo del Ejército.

Prófugo desde el 22 de noviembre del 2013, a Roberto Carlos Brunello se le imputan los siguientes delitos:

  • Violación de domicilio, secuestro y aplicación de torturas a once víctimas;
  • Secuestro y aplicación de torturas, en relación a treinta víctimas;
  • Violación de domicilio, secuestro, aplicación de torturas y ejercicio de violencia sexual en perjuicio de dos víctimas;
  • Secuestro, aplicación de torturas y ejercicio de violencia sexual, en relación a tres víctimas;
  • Secuestro, aplicación de torturas y homicidio en un caso, bajo la modalidad de desaparición forzada de persona.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca informó que Brunello prestó servicios en la Compañía Combate “My Keller”, perteneciente al Batallón de Comunicaciones 181, de la que varios de sus miembros y autoridades ya fueron condenados.

El Batallón era la unidad encargada del Área 511 y para la época de los hechos que se investigan estaba orientada específicamente a la concreción de los secuestros, el sometimiento a cautiverio y la aplicación de torturas, que se cometían en las instalaciones del predio militar. Allí funcionaba el centro clandestino de detención y tortura (CCDyT) “La Escuelita”.

La causa por la que se busca a Brunello centra su investigación en integrantes del Ejército, agentes de las policías Federal y de la provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario Bonaerense por delitos cometidos contra 174 víctimas.

Fuente: fiscales.gob.ar

Cristina Castro viajó a Bahía Blanca para presentar el pedido de detención de cuatro policías y denunciar a otros efectivos de la Bonaerense y civiles como integrantes de una asociación ilícita en el marco de la desaparición de su hijo Facundo.

“Me mintieron desde el primer día, encubrieron todo esto, sentí que a mi hijo le habían hecho algo malo y lo voy a seguir sosteniendo. A mí esta gente me va a tener que devolver a Facu”, dijo en Plaza Rivadavia.

El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, se apoyó en las filtraciones periodísticas para reclamar que se investigue una supuesta pista narco. “Ese señor no tiene vergüenza. Estuve buscando a mi hijo por redes, hice la denuncia por averiguación de paradero y en ningún momento se acercó a nosotros, ninguno de sus funcionarios se acercaron ni siquiera a ver cómo estábamos”.

“Yo le voy a iniciar una denuncia al señor Bevilacqua. (…) Hace más de tres meses mi hijo está desparecido, en su distrito, en su gobierno, desparecieron a un pibe y él se hace el reverendo pelotudo. Si tiene un problema con alguno de mis abogados que no los meta en la desaparición de mi hijo”, afirmó.

Castro aclaró que “a la cabeza de todo esto no está ni el señor Aparicio ni Peretto (abogados querellantes). A mí me llega cada cosa que mandan, leo todo y les voy indicando qué poner y qué no. Es Cristina Castro la que firma todos y cada uno de los pedidos que se hacen”.

Destacó que entre los involucrados está el secretario de Protección Ciudadana de Villarino, Martín Pacheco, porque “mandó informes truchos”.

Respecto a los resultados del allanamiento al destacamento policial de Origone en el cual se encontraron objetos de Facundo, Castro destacó que el perro “Yatel fue contundente”.

“No lo elegí a Herrero porque se me antojó, yo busqué a Marcos Herrero, porque me lo recomendaron, la mamá de Micaela, Mónica Cid, y otros papás de desaparecidos. Hice hasta lo imposible por traerlo, yo confío en sus perros, estoy segura de que me van a devolver a Facu”, dijo.

Consultada sobre quiénes deberían estar imputados, mencionó que “de Buratovich y Teniente Origone todos. Hay personas involucradas y hay quienes se callaron. Los que se callan son tan desaparecedores como los que se lo llevaron”.

“No me voy a cansar nunca de decirlo, cuando lo empecé a buscar era una averiguación de paradero, cuando quise ingresar a Mayor Buratovich en su momento tenía cinco patrulleros y no me dejaron. En Teniente Origone tenía el ingreso tapado con patrulleros, casi nos echa el señor Navarrete, el comisario general de Villarino: ‘usted no tiene nada que hacer acá tiene que seguir hasta la Ruta 3 y 22′”.

“Me acuerdo perfectamente la declaración de Flores y la de González que mirándome a la cara me dijo ‘yo vi cómo su hijo seguía viaje’. Y ese mismo día leo en la declaración que había dicho que mi hijo subió a una Duster Oroch color plata. Me mintieron desde el primer día, encubrieron todo esto, sentí que a mi hijo le habían hecho algo malo y lo voy a seguir sosteniendo. A mí esta gente me va a tener que devolver a Facu”.

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Castro destacó que a otras líneas investigativas que surgieron en la causa “ya las tiramos por la borda. Que Facundo llegó hasta Bahía, el testigo que está imputado, pertenece a la Policía Bonaerense, la señora que dice haber viajado a Bahía y haber levantado a alguien similar a Facundo que después cambiaron todo su testimonio, que no viajó el día 30 de abril”.

“No hay duda, se cayó todo. No hay duda, mi hijo nunca salió de Villarino, a mi hijo lo desparecieron entre Buratovich y Origone. Origone depende de Burato, los móviles utilizados son los mismos. El fiscal de la PROCUVIN, ha descartado e imputado a los testigos que dicen haber visto a Facundo en Bahía por falso testimonio”, agregó.

Respecto a la posibilidad de apelar el rechazo de la recusación del fiscal Ulpiano Martínez, Castro afirmó que “tenemos que seguir trabajando con él por orden de la jueza. Este señor lo único que ha hecho es tratar de desviar la investigación, aportar testigos de que Facundo había llegado a Bahía, y yo sé que Facundo nunca salió de Villarino”.

El dirigente de la Watu Corriente Comunista, José Lualdi, declaró días atrás en el juicio Triple A donde señaló las complicidades entre gremialistas, el diario La Nueva Provincia y un sector del peronismo en el accionar del grupo paraestatal.

“Ratificamos ante el tribunal lo que venimos diciendo en actos, escritos, en medios de comunicación, de lo que significaba aquella terrible odisea para el campo popular con la aparición de la Triple A, aquella organización paraestatal que intentó que los militantes no pudiéramos expresarnos y que luego llegó a niveles máximos de tortura de compañeros”, dijo a FM De la Calle.

Lualdi comentó que “intentamos refrescar de alguna manera lo que significó la época y hemos imputado a quienes pareciera que no vieron nada. Hemos dicho que no había ningún sector político, social y gremial que no supiera lo que pasaba, los dirigentes políticos todos sabían, nadie en el PJ y en el sindicalismo peronista dejaba de saber lo que ocurría”.

“Luego hemos ido más lejos en esta controversia, en esto de quién dio aquella orden de la creación de la Triple A para eliminar a los compañeros militantes de izquierda en 1973”, dijo en relación al ex presidente Juan Domingo Perón.

Catalogó de “lamentable” el hecho de que “un sector importante del movimiento obrero y dirigentes del PJ que pueden dar testimonio hayan decidido no hacerlo. Y aquellos que lo hicieron se dan el lujo de no decir exactamente lo que vieron, le manifestaron al tribunal que el movimiento obrero de aquella época, se dividía en tres fracciones”.

“Los que estuvieron de acuerdo y dieron logística y tropa a la Triple A. Nadie puede decir que en Urgara, por debajo de Ponce, tanto Reina como Palacio no sabían lo que ocurría. Nadie puede decir que en Aguas Gaseosas, nadie sabía en qué andaba en Chacho Pérez, o en la construcción qué hacía Coste, o en los trabajadores de la estiba qué hacía Osores”.

“Están los que sufrieron, como los gráficos -Heinrich y Loyola son el testimonios vivo- o los actores que tuvieron presos a sus dirigentes. Después están los otros que en los pasillos y reuniones decían no estar de acuerdo pero que en 37 años de democracia no se animaron a decir lo que ocurría, lo cual los convierte en cómplices”.

El rol de Crisol

Lualdi se detuvo en la actitud del “eterno secretario general” de la Asociación de Empleados de Comercio que tuvo hasta su detención al imputado Héctor Forcelli como parte de su comisión directiva.

“¿No sabía Crisol cuál era la actividad que Forcelli había realizado en todos estos años? Violento antes y después de la constitución de la Triple A. Crisol fue de los que en teoría decía que no estaba de acuerdo, fue el mismo que en una reunión de Empleados de Comercio le dijo a los secretarios generales: ‘Momento que el compañero quiere hablar con nosotros’. El compañero era el almirante Eduardo Emilio Massera. Quien se codea con Massera, uno de los chacales del golpe de Estado de 1976, puede proteger a los integrantes de la Triple A”.

El dirigente mencionó que “la mora por resolver la causa Triple A no hay que buscarla solo en los problemas de la justicia: No solo tuvimos la mala suerte de que cayera en Oyarbide, sino que para nosotros no existen dudas de que quien alienta y crea la Triple A es el entonces presidente de la Nación el teniente general Juan Perón. Ahí habría que buscar las causas de la mora de porqué ningún gobierno democrático en 37 años quiso profundizar la investigación sobre este tema”.

La impunidad de Massot

El viernes la Corte Suprema desestimó  una queja contra la falta de mérito de la cual goza Vicente Massot. El ex dueño de La Nueva Provincia está acusado de ser coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y por haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desplegadas por su multimedio.

Sobre este punto, Lualdi dijo que “no tenemos ninguna sorpresa de lo que la Suprema Corte puede hacer, no leyó ni siquiera cinco de los artículos de los editoriales de La Nueva Provincia donde avalan el golpe, la muerte y terrorismo de Estado”.

“No tenemos ninguna duda de la responsabilidad de la familia Massot en loa asesinatos de Heinrich y Loyola, tuvieron una participación activa y militante y de ahí al terrorismo de Estado. A los compañeros Heinrich y Loyola los mataron los fascistas de La Nueva Provincia”, sentenció.

“Las pruebas que tenemos nos habilitan a pedir las detenciones que estamos solicitando”, dijo Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia de Facundo Castro.

Explicó que en la denuncia presentada hoy a la jueza Gabriela Marrón describieron hechos que, por ahora, configurarían el delito de asociación ilícita. “No tenemos determinado quiénes fueron los que lo subieron (al patrullero). Después esa calificación puede cambiar por otro delito más suave o puede ser partícipe de una desaparición forzada”.

“Cristina es la más interesada en terminar esto lo antes posible. Advertimos que se están haciendo maniobras para que esto se dilate indefinidamente y las estamos denunciando”, sostuvo.

Respecto a los testigos señaló que hay que poner en valor los relatos: “No es lo mismo un testigo que dice ‘yo pasaba por las Cataratas del Iguazú y lo vi’, a un testigo que dice ‘yo pase tal día, a tal hora, puedo explicar cómo fui y vi que estaban subiendo a un patrullero un chico que parece Facundo por la mochila, por esto y por lo otro'”.

“Si hubieran puesto recompensa habría cinco mil personas que lo vieron a Facundo. Pero decir ‘yo vi que lo subieron’ con todo el riesgo, con La Nueva llamándolos, con La Brújula filtrando datos de ellos es complejo. No solamente las víctimas son Cristina y Facundo, también son víctimas las personas que declaran”, agregó.

Sobre los informes de las lectoras de patentes de los vehículos que circularon por la Ruta 3 el 30 de abril, Aparicio detalló: “Hay dos informes de la Municipalidad de Villarino. Uno del 13 y otro del 14. En el del 13 están todos los autos del día y figura el auto de los testigos. En el del día 14 no figura porque dice el intendente que es un rango de 15 a 18 y tampoco figura el auto que tendría que haber pasado. No le creo a Bevilacqua y menos a Martínez que dicen que (el sistema) es infalible”.

“Hay una persona que envió dos informes y alteró ese dato. Eso hace que La Brújula diga que se cae la hipótesis de la querella porque los testigos no pasaron. Sí pasaron, pasaron en el informe anterior. Quiero ver los oficios y quiero hablar con dos policías federales. Tengo más dudas que certezas de la actuación de la Policía Federal respecto a esto. No me quedan dudas de que quien mete a esta persona de la lectora de las velocidades y patentes es la Policía de la provincia de Buenos Aires a través de Sosa y de Flores”.

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Aparicio aclaró que el informe del 13 de julio está firmado por el dr. Franco Simonetti, apoderado del Municipio de Villarino, y “ahí está el listado completo”. El segundo lo firma el secretario Martín Pacheco: “está el listado de tres horas y, dentro de esas tres horas donde está el coche, no está el coche”.

En tanto el vehículo de la testigo que dijo haber acercado a Facundo hacía el control fitosanitario, el letrado destacó que “figura que pasó a las 16:05. Sin embargo, “la testigo le dice a un policía que fue el 27”.

“La persona dice que el día que levantó a una persona, había dos patrulleros en Burato que la pararon, y otro en Origone enfrente a la entrada del pueblo”.

“El 30 no había dos patrulleros en Burato a esa hora. Y el patrullero que dice González, el policía, estaba a 5 km de la entrada de Origone. Lo que infiero y se va a acreditar con prueba, es que a esa señora le pusieron una persona similar a Facundo. Ella dice ‘me pararon en Burato y fui despacito porque había un patrullero en sentido perpendicular a la entrada de Origone, aminoré la marcha por si me paraban y ahí veo al chico y ahí lo levanto, si no no lo hubiera levantado”, enfatizó.

La Fiscalía a cargo de Santiago Ulpiano Martínez emitió esta tarde un nuevo comunicado oficial acerca de la concreción de nuevas medidas probatorias, como el secuestro de libros y registros policiales del Destacamento de Hilario Ascasubi; el allanamiento y el secuestro de elementos en el puesto de Teniente Origone.

Hoy Marcos Herrero y Cristina Castro confirmaron que se trata de una pequeña sandía de madera que contenía en su interior una vaquita de San Antonio. Era un regalo de su abuela que Facundo llevaba siempre consigo.

Además, se hace referencia a la reconstrucción del recorrido de Facundo Astutillo Castro y el estudio de su cuenta de Whatsapp.

Allanamientos y secuestros

El 30 de julio, de conformidad con lo solicitado por el Ministerio Público, la jueza federal interviniente ordenó librar orden de presentación de los registros correspondientes a la totalidad de los móviles operativos y no operativos, identificables y no identificables, que se encontraran asignados al Destacamento de Hilario Ascasubi al 30 de abril pasado, y orden de secuestro de los libros de guardia y de los dispositivos móviles oficiales asignados a aquella dependencia policial, por encontrarse presuntamente relacionados con los hechos investigados y porque podrían servir como medio de prueba. La medida se llevó a cabo el 31 de julio por personal de la Policía Federal Argentina (PFA).

Asimismo, en virtud del requerimiento efectuado por la fiscalía acompañando el pedido de la querella, la jueza ordenó librar orden de secuestro del teléfono celular perteneciente a Jorge Agustín Galarza y el allanamiento y registro del Puesto de Teniente Origone, a fin de incautar los elementos que pudieran contener registros biométricos de la víctima. En este caso, de acuerdo a lo solicitado por la querella, se autorizó la participación en el procedimiento del perito de parte, Marcos Herrero, y de su colaborador, el suboficial segundo de la Armada Argentina Lucas Maciel, junto a sus canes.

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Este procedimiento también se efectuó el 31 de julio pasado. Según se desprende del acta labrada, participaron efectivos de la delegación Bahía Blanca de la Superintendencia de Agencias y Delegaciones Federales de la PFA; miembros del Gabinete Científico Bahía Blanca de la Superintendencia Federal de Policía Científica; los canes “Tom” y “Aramis”, de la especialidad de Búsqueda de Restos Humanos, ambos de la División Canes de la Superintendencia Federal de Bomberos, con sus respectivos guías; personal de Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) y de Cinotecnia, ambos dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación; y Marcos Herrero con su can “Yatel”.

Durante el desarrollo de la medida, el can “Yatel” detectó entre un montículo de residuos que se encontraba en el sector antiguo trasero del puesto de vigilancia una bolsa transparente que contenía un paquete de cigarrillos en estado de descomposición, con dos mitades que unidas componían un objeto con dibujo de sandía; una de las mitades contenía en su interior un dije de una vaca de San Antonio de color verde. Los elementos fueron resguardados. En esa oportunidad, a solicitud de la madre de Facundo, se autorizó la remoción de tierra del sector del fondo de la dependencia, pero la diligencia no arrojó resultados de interés para la investigación.

La fiscalía ordenó remitir los efectos secuestrados al Laboratorio Químico de la PFA, a fin de que practicare un peritaje tendiente a detectar rastros biométricos y para que se procediera -en su caso- al cotejo con las muestras de ADN extraídas a Cristina Castro Alaniz, con el objeto de verificar si se registran rastros de Facundo Astudillo Castro.

Otras medidas

Además, se autorizó la compra de un chip a la empresa Claro de la línea telefónica de Facundo Astudillo Castro y el ingreso a la aplicación WhatsApp por parte de los profesionales de la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la PFA, medida solicitada por la fiscalía de conformidad con lo sugerido por aquella repartición.
La empresa Claro remitió el chip y finalmente la División de Tecnologías Aplicadas de la PFA designó personal especializado para practicar el peritaje en la sede de la fiscalía federal, el cual arribó hoy a la ciudad de Bahía Blanca.

Por otro lado, se recibió el análisis de la información extraída de los teléfonos celulares peritados, efectuada por la División Búsqueda de Personas de la PFA.

Asimismo, se recibieron las respuestas de los oficios librados a la Dirección Provincial de la Central de Atención Telefónica de Emergencia (911) y a la delegación Rawson de la PFA.

Si bien se recibió el informe labrado por la División de Tecnología Aplicada de la Policía Federal Argentina, al no contemplar la totalidad de los puntos solicitados por el Ministerio Público y por el representante de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), se requirió a la División Búsqueda de Personas de esa fuerza su ampliación en orden a los puntos no abarcados.

En una nueva presentación, la PROCUVIN aportó un documento de trabajo preliminar mediante el cual, en la traza de la Ruta Nacional Nº 3 desde la localidad de Pedro Luro hasta la ciudad de Bahía Blanca, se esquematizó metodológicamente el posible recorrido que Facundo Astudillo Castro habría realizado desde las primeras horas del 30 de abril pasado hasta las primeras horas de la tarde de esa misma jornada en la que fuera visto, según diversas versiones, por última vez.

El trayecto trazado en el esquema de referencia fue diseñado en función de las pruebas físicas, documentales y testimoniales, y técnicas producidas hasta el momento en el marco de la investigación. Su análisis e integración debe ser efectuado con la concreción del estudio integral de orden técnico oportunamente requerido por esa Procuraduría.
Por otra parte, la PROCUVIN sugirió la citación de diferentes personas a prestar declaración testimonial.

El adiestrador de perros Marcos Herrero confirmó que uno de sus canes encontró un objeto de Facundo en el destacamento policial de Teniente Origone. “Es un elemento muy contundente que no muchas personas tienen como recuerdo, de hecho tiene un significado especial para Cristina y la familia”.

Según explicó el perito a FM De la Calle, el perro Yatel marcó dentro de uno de los calabozos que se utiliza como lugar de descarte de basura. La mamá de Facundo, Cristina Castro, reconoció el objeto como un recuerdo familiar que el joven llevaba consigo.

Se trata de una pequeña sandía de madera que contenía en su interior una vaquita de San Antonio. Era un regalo de su abuela que Facundo llevaba siempre consigo.

“Yatel se introduce rápidamente en este calabozo, ingresa un policía federal, se llama a los testigos, el perro empieza a ladrar adentro del calabozo, empieza a buscar sobre la basura, un colchón, ropa, demás, y logra identificar como una bolsa de arranque tipo de consorcio transparente y empieza a ladrar”.

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“Mi persona explicó que el perro identificó una esencia de rastros biológicos que podrían o no ser de Facundo. El hecho importante es cuando se abre la bolsa, se encuentra en estado de descomposición, un paquete de cigarrillos, tierra y lo que es de impacto: cuando se la deja ingresar a Cristina (…) reconoce un elemento que le había regalado la abuela a sus tres hijos”, relató Herrero.

Agregó que “a ellos tres les había regalado una manzana y dos sandias, del tamaño de una nuez. Se abría y tenía una vaquita de San Antonio, un elemento que había hecho hacer específicamente para los hijos. Ese elemento estaba en la bolsa y, a primera vista, podría decir que hay manchas hemáticas, eso no lo puedo asegurar pero sí tenía olor a descomposición. Rápidamente lo reconoció Cristina, fue fotografiado y guardado en sobres para que sea específicamente trabajado por un laboratorio de la Policía Científica”.

El adiestrador señaló que “lo importante es que la familia reconoce que es de la persona de Facundo. El otro hecho que podría cambiar el curso de la causa es que lo encontramos dentro de la unidad policial y dentro de un calabozo que auspicia como almacenamiento de la basura”.

El procedimiento

Herrero mencionó que el elemento encontrado “estaba en un cuarto, una habitación donde hay un colchón, ropa, tiran basura. El perro identificó los cuatro vértices por el lado de adentro, empezó a ladrar y a descartar bolsa por bolsa, a sacar el colchón y logró sacar esta bolsa con su boca. Hay entre 10 y 11 ladridos, fue muy determinante el perro. Para que quede claro, sacamos esa bolsa, la pusimos en otro perímetro y el perro no solamente vuelve a marcarlo sino vuelve a trabajar, entra en la habitación, sale y vuelve a identificarlo”.

El objeto

Herrero subrayó: “Hay esencia de Facundo, es específico en tiempo y espacio y se encuentra un elemento contundente. A partir de los 12 o 13 años Facundo andaba entre sus pertenencias con esa reliquia. En un momento o espacio determinado Facundo ha estado en esa unidad policial que pertenece a la Bonaerense”.

Lo encontrado es “un objeto de madera, labrado como una sandía. Ha sido como un descarte de basura, parecía que tenía yerba, tenía olor a descomposición, como un líquido verde, es como una nuez”, detalló el adiestrador.

Fotos: Página/12

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este sábado la Resolución 43/2020, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor de Facundo José Astudillo Castro, en Argentina, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

La Comisión solicitó información al Estado, recibiendo observaciones sobre diversas acciones llevadas a cabo por sus instituciones para la búsqueda del beneficiario y la investigación sobre los hechos, tanto en el ámbito provincial como federal.

Sin perjuicio de las acciones llevadas a cabo por el Estado, la CIDH observó que, a más de tres meses de la desaparición de Facundo, no se cuenta con información concreta sobre su paradero o destino, por lo que se halla suficientemente establecida la existencia de una situación de riesgo grave para sus derechos a la vida e integridad personal.

De igual manera, la Comisión recibió información sobre la existencia de un pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en relación con la situación del jóven.

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Al respecto, el organismo de la OEA recordó que el artículo 25 de su Reglamento no contempla la figura de la litispendencia internacional como impedimento para pronunciarse acerca de una solicitud de medidas cautelares, dicho precepto establece que la Comisión solicitará la adopción de medidas cautelares cuando existe una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable.

En consecuencia, se solicitó a Argentina que:

a) Adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Facundo José Astudillo Castro, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal. En este sentido, la Comisión instó al Estado a garantizar acciones efectivas de búsqueda a través de sus mecanismos especializados y creados para tales efectos;

b) concierte las medidas a adoptarse con los familiares y representantes del beneficiario;

c) implemente las acciones tendentes a investigar los hechos que motivaron el otorgamiento de esta medida cautelar y evitar así su repetición.

El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Mañana vence el plazo para el canje de deuda bajo legislación extranjera, el economista Francisco Cantamutto analizó en FM De la Calle los escenarios posibles haya o no acuerdo.

“Se activaron fuertemente los lobistas locales de los bonistas señalando que hasta ahora no habría más que un 30% de adhesión que está lejos de los mínimos necesarios. Dependiendo el tipo, rondan el 60 y 80% de los títulos que se deben alcanzar”.

“Si efectivamente el 30% ya suscribió, el canje no podría cerrar o habría que cerrarlo declarando el default. Si se declara el default puede ocurrir que quienes no ingresaron al canje demanden que se actualicen los pagos, lo que se conoce como aceleración de pagos. Si eso pasara Argentina tendría un problema más severo”.

Si esto ocurriera la presión de la salida de capitales podría podría incrementarse y generar “discrepancias entre el dólar oficial y los paralelos”.

No es el único escenario posible: “Puede ocurrir que se extienda el plazo. La adhesión dentro de los bonistas que están en Argentina fue casi total. (…) Podría ser que mañana se extienda el plazo o cierre con una adhesión que alcance a algunas de las partes del canje o que no se cierre el canje y ver qué opciones hay”.

El economista mencionó que una de las opciones es el Standstill: “Pagar los vencimientos de intereses, freezar la negociación y avanzar en otro frente. Con esto el Gobierno ganaría no comerse juicios de entrada y patear más para delante el problema. Tendría que pagar los vencimientos que ya pasaron, para que los bonistas esperen un rato más. El gobierno trataría de cerrar los frentes del FMI y el Club de París”.

¿Qué pasa con el FMI?

“Hasta el momento estamos en una incógnita total de qué va a requerir el FMI. En el pasado cuando extendió el crédito ha requerido que se hagan ciertas reformas, ¿va a pedir eso ahora? No sé si hay espacio político para hacerlo”.

“Acaba de presentarse el informe de Instituto Internacional de Finanzas que decía que en el segundo trimestre, de abril a junio de este año, lo que ocurrió es que la deuda creció. Y creció fuertemente respecto del PBI porque se emitieron alguna salidas de deuda, la crisis hizo que se desplomaran los PBI y esto lleva a muchos países a la incapacidad de pago”.

“Si hay una gran cantidad que entran en estos problemas de pagos, los acreedores están ante la posibilidad de cesación de pagos generalizada. Tienen que ver hasta qué punto le exigen a la Argentina o aceptan un arreglo que quizás no es el mejor pero le sirve de seña para arreglar con otros países”.

El conflicto real

“Todo el tiempo en la prensa local se señala que estamos en una diferencia de uno o dos dólares entre acreedores y gobierno, no sería para tanto. Invito a los periodistas y economistas que señalan que no son tanto que pongan ellos los miles de millones de dólares que significan de pago. La Argentina arrancó la oferta en 39 dólares de valor presente neto, eso se transformó entre 51 y 53 que es por donde están cotizando. Hubo una mejora del 30%. Del otro lado arrancaron pidiendo 60 y están en 57”.

“Los bonistas quieren desmontar las cláusulas de acción colectiva. Quienes quieran canjear ahora que canjeen y que quienes no quieren canjear puedan seguir demandando para obtener un arreglo mejor y en caso de no llegar a acordar, demandarlo”.

“Si el gobierno accede a esto, el canje no tiene sentido. Porque quién va a querer canjear ahora cuando se deja abierta la puerta a que si hay canje más adelante se pueda obtener un mejor resultado. Esa es la discusión que está sobre la mesa, más que ese dólar o los dos dólares que se discuten”.