Noticias relacionadas con lo que sucede en Bahia Blanca y la zona

Gastón Orellana intregra una de las 1200 familias estafadas a través de las viviendas que prometía D & F Fiduciaria S. A. Según el damnificado, la detención de los abogados Rafael Benedicto Díaz Flaqué y Roberto Daniel Carmona y el carácter de prófugo de Sergio Favretto “confirma que nuestra denuncia tenía asidero”.

“A Favretto inicialmente se lo investigada por estafa. Ahora hasta asociación ilícita. Esto nos llena de orgullo porque nosotros lo denunciamos incluso públicamente”, dijo a FM De la Calle en referencia a los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y estafas reiteradas por los que se imputa a las tres personas sobre las que recayeron las órdenes de detención.

Los letrados “presidieron varias reuniones dentro de nuestro fideicomiso. Por suerte no cerramos ningún acuerdo con esta gente. Tenía de nuestra parte todas las sospechas. Proponían inyectar fondos que no sabíamos de dónde procedían para seguir la construcción porque a Favretto se le había ido de las manos”.

Por otra parte, según Orellana se suceden nuevas estafas que denotan falta de controles públicos. “A consecuencia de esta investigación, hace seis meses atrás saltó una nueva estafa de características similares AMUCOBA, Las estafas continúan. El Estado no crea un organismo de contralor”, aseguró.

“Lo peor de todo es que bajo la figura de fideicomiso no se puede ir contra el patrimonio del administrador. Cuenta con el amparo de la propia ley que se ha hecho a la medida de los estafadores”, finalizó.

“Son como 100% Lucha, hacen que se pelean hacia afuera, adentro negocian todo y comparten los mismos grupos de poder”, dijo el precandidato a presidente por el MST Nueva Izquierda, Alejandro Bodart, en referencia al Frente para la Victoria y el Pro.

El legislador porteño visitó ayer los estudios de la FM De la Calle junto al precandidato a intendente Héctor “Pily” Zaris y Teresa Cuevas, quien encabeza la lista para disputar una banca del Concejo Deliberante.

“Creo que hace falta gente que tenga a la agenda social en primer lugar. Vemos candidatos que se están intentando fortalecer a partir del enorme flujo de dinero de las corporaciones y del gobierno. Me estoy refiriendo a Macri y Scioli, que son candidatos de las corporaciones, no van a trabajar para solucionar la enorme brecha social que existe en nuestro país”, aseguró Bodart.

Agregó que pretenden “sacar al millón y medio de jóvenes que no trabajan ni estudian de esa situación” y “discutir cómo hacer para que el joven que trabaja no lo haga en condiciones de precarización extrema como ahora”, además del “82% móvil para los jubilados, el desempleo y la necesidad de proteger a todo trabajador para que no se quede sin su fuente laboral”.

Para el precandidato se debe debatir “de dónde sacar el dinero para solucionar los problemas sociales” porque los hospitales y las escuelas “se caen a pedazos” y “prácticamente la vivienda se ha transformado en un objeto inalcanzable”.

Una fuente de recursos surgiría del análisis de la deuda externa: “Queremos discutir si hay que seguir pagando o hay que investigar para ver realmente qué de esa deuda es legal, qué llegó al pueblo y que no, estamos convencidos que la mayoría no tiene nada que ver con nosotros, sin embargo es una especie de collar de melones que tenemos desde la vuelta de la democracia que nos ha impedido levantar la cabeza como Nación porque todas las riquezas se van afuera”.

Bodart opinó que el gobierno nacional “habla con un lenguaje de izquierda pero los huevos van a parar al mismo lado, por eso termina Scioli siendo el candidato del proyecto nacional y popular, un hombre hijo político de Menem. Uno de los problemas que vemos en el país es que se polarice entre Scioli y Macri porque son dos gotas de agua con estilos distintos, pero dos personeros de las corporaciones, de los grupos de poder”.

El legislador que encabeza la propuesta presidencial del MST junto a Vilma Ripoll, quien también peleará por la gobernación, apuntó contra el extractivismo “en un país donde han avanzado las  corporaciones, se le ha permitido de tal forma que en la cordillera con cianuro nos contaminan el agua para sacar oro, en el campo los agrotóxicos están contaminando a poblaciones enteras con el glifosato, en el sur y en todas las zonas petroleras nos están contaminado con el fracking, en las ciudades con la cementación, hay un desastre ambiental que tiene que ver con facilitarle ganancias rápidas a las corporaciones”.

“Son como 100% Lucha, hacen que se pelean hacia afuera, adentro negocian todo y comparten los mismos grupos de poder, en transporte los mismos grupos económicos que trabajan con el gobierno nacional trabajan con el gobierno de Macri en la Ciudad; en el negocio inmobiliario el que hace Procrear, que es el Banco Hipotecario, es el mismo que hace los shoppings en la Ciudad de Buenos Aires”, sentenció.

El próximo 25 de agosto el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, deberá presentarse ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura para defenderse de la acusación por mal desempeño en sus funciones derivada de la unificación de reiteradas denuncias en su contra.

Precisamente se le reprocha al ex Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos, y que evidencian la falta de idoneidad moral y de vocación democrática, ambas condiciones indispensables para el desempeño de su cargo de magistrado del Poder Judicial de la Nación”.

Además, le imputan “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes, e incluso respecto a los sres. consejeros de este cuerpo”.

Su defensa de la pena de muerte, su “estrecho vínculo” con “los principales integrantes de la Triple A” bahiense y su confirmada pertenencia al Destacamento de Inteligencia 181, mediante una “directa relación” con el represor José Osvaldo “Balita” Riveiro, evidencian para los consejerxs que “Montezanti comulgó con el plan de exterminio sostenido por los genocidas y fue partícipe del accionar de la Triple A desde su rol de abogado y empleado de la Universidad Nacional del Sur, careciendo totalmente de la vocación democrática exigida para ser magistrado de la Nación”.

La citación del camarista fue impulsada por el secretario de Justicia Julián Álvarez y acompañada por lxs legisladorxs Ruperto Godoy, Héctor Recalde, Anabel Sánchez Sagasti y Ángel Rozas; el académico Jorge Candis y la abogada Adriana Donato. Los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes prefirieron abstenerse.

El dictamen aprobado por la comisión advierte que “la vinculación del dr. Montezanti con el terrorismo de Estado no ha culminado con el advenimiento de la democracia siendo que éste se encuentra relacionado –en la actualidad- con muchos de los que participaron del plan genocida, acuerda con la ideología y el accionar desplegado por los represores así como resulta evidente la réplica que ha efectuado de la matriz militar en los distintos ámbitos en los que se ha desempeñado”.

Esto es abonado por su permanente “utilización de terminología castrense”, la prohibición de circulación de empleadxs en los pasillos del tribunal, la implementación de medidas de avance sobre la autonomía de la Fiscalía cuando aún era su titular Hugo Cañón y la organización de un sistema de “espionaje” a fin de controlar e investigar a lxs empleadxs y/o funcionarixs de la Cámara Federal.

Además, el Consejo evalúa el perfil autoritario del camarista hacia sus subordinados y alumnxs de la Universidad Nacional del Sur, la notable intolerancia del magistrado respecto a las organizaciones políticas de izquierda y a la actividad social y su estrecha vinculación con personas sindicadas como autores y partícipes de delitos de lesa humanidad como los imputados Hugo Sierra y Francisco Bentivegna, ex secretario judicial federal y juez provincial respectivamente.

La nota completa en www.juiciobahiablanca.wordpress.com

La machi mapuche Manuela Olivia Macaya Tripanao estuvo nuevamente en Bahía Blanca y antes de volver a la Comuna Saavedra de la Novena Región de Chile, territorio del Gulu Mapu donde habita la comunidad Wentuwalwe, visitó los estudios de la FM De la Calle junto a integrantes de Kumelen Newen Mapu.

“Mi rol fundamental como machi es transmitir la energía tanto del cielo como de la tierra (…) somos elegidas en el vientre de nuestra madre, aproximadamente entre los ocho y diez años vemos una visión muy especial y particular de las machi, ahí ya nos predestinan a seguir nuestro camino”, explicó.

Agregó que “si bien es cierto que es un rol muy importante, es muy duro para poder lograr lo que hoy día puedo ser, tenemos que pasar por muchas renuncias, desprecio y humillaciones, creo que también tenemos que pasar votos de pobreza para entender el mundo cada día más. Desde ahí empezamos a aprender nuestro lawen o nuestra hierba, las diferentes formas, a quiénes debemos darlo, a qué enfermedad y a qué paciente. Eso lo aprendimos a través de nuestros sueños, los pewmas, las sensaciones y la experiencia que vamos pasando, nosotros no aprendimos por libros”.

Manuela planteó que “el objetivo es poder unificar a mi pueblo que hoy día nos dividen por un país o por una frontera pero antiguamente no estábamos divididos así, éramos solamente un pueblo que en diferentes espacios estábamos, nos podíamos entender y comprender. A futuro tenemos que ir integrándonos, comprendiéndonos y a su vez también integrar y comprender al blanco”.

“¿Por qué no podemos ser iguales?”

El grupo de Voluntarios del Cementerio de Pueblos Originarios convocó a la ceremonia de restitución de restos humanos que se realizó el 22 de junio, horas antes de celebrarse el wiñoy tripantü o comienzo del nuevo ciclo.

“Desde la Kalfu wenu Mapu Antu ilumina inchin tain peuma chachay, despierta a la Ñuke Mapu y ocurre un nacimiento de espiritualidad comunitaria. Arroyo Toro Negro 2 es un camino que lleva al despertar de una nueva conciencia, del territorio. Entre el 5 y 9 de agosto del año 2013 los abuelos decidieron dejarse ver luego de 2700 años, para mostrarnos el camino que ellos ya recorrieron y nos invitan a que lo continuemos, recuperando espiritualidad y fortaleza, derechos avasallados con la intención de hacer desaparecer nuestra identidad. Han pasado 21 meses desde aquel momento”, dijeron desde Sierra de la Ventana.

La machi Manuela participó tanto en la ceremonia en el sitio sagrado como en la recepción del nuevo ciclo en el Cerro del Amor. Sobre el cementerio aseguró que “es algo muy especial tanto para mí y creo que para mi gente igual, por los comentarios que se han dado creo que es la primera vez que se da eso en tu país y también los lamgenes blancos pudieron entender”.

“Ese sitio es algo muy especial para nosotros, me involucro porque también estuve ahí y creo que bajaron energías y que de alguna forma voy a quedar cooperando aunque me vaya físicamente. El objetivo es de un cementerio mapuche para que mi gente allí, que algún día tiene que partir, tenga dónde ir y no le estén cobrando. En Chile tenemos eso”, comentó.

La machi se esperanzó en que el lugar no sea considerado como un punto turístico: “Nosotros somos seres humanos como todos las personas que habitan en la tierra. (…) Yo cuando entro a tu cementerio no llego y me siento y empiezo a hacer dibujos, no empiezo a hacer grafitis en una lápida, paso con respeto por el espacio donde caminan todas las personas, lo hago como pueblo originario y como machi también. Creo que eso es lo que tienen que hacer los lamgenes blancos, si tienes que pasar por ahí tienen el camino que corresponde y no llegar y pasar por encima de o sacarte una foto. Ese es el respeto que tenemos que tener entre nosotros, somos personas igual que ustedes, ¿por qué no podemos ser iguales?”.

“Si bien es cierto que de nuestros antepasados sacaron unos huesitos, se hizo el estudio, se logró lo que querían, se entendió lo que queríamos, está bien, pero ahora ese espacio para mí debe ser respetable como corresponde a todos los cementerios que hoy día hay, con igualdad de condiciones. Nosotros como pueblo debemos también tener ese espacio”, insistió en referencia al relevamiento realizado por el Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico  que según la concepción estatal realizó “las tareas de rescate, recuperándose restos óseos humanos asociados con herramientas realizadas en piedra”.

Autoridad medicinal

Manuela junto a Fabiana y Mauricio de Kuemelen Newen Mapu en la radio.

Manuela junto a Fabiana y Mauricio de Kumelen Newen Mapu en la radio.

“Antiguamente cuando hubo esa supuesta Pacificación (de la Araucanía) en Chile y acá (la Campaña del) Desierto, lo que hicieron estos señores es matar a lo que nosotros somos, nos quemaron vivas, hay un dolor profundo que como machi llevamos pero a su vez no podemos quedarnos en eso y tenemos que avanzar, hoy día vivimos y estamos conviviendo”, manifestó al recordar la particular represión sufrida por las autoridades espirituales mapuches por parte de los Estados argentino y chileno.

Manuela aseguró que en Chile aun luchan por ser incorporados a la Constitución como pueblos originarios ya que en la actualidad solo son reconocidos por un “decreto a nivel internacional”. Destacó que la lengua mapuche ya está en los colegios y que pretenden avanzar en las secundarias y universidades hasta que el mapuzungun sea “una lengua a nivel nacional”.

“Y aparte la ubicación de los territorios que tienen que entregarnos porque es nuestro espacio, esta todo en conversación, ojalá que se logre antes que se vaya este gobierno si no el próximo que viene, vamos a seguir luchando igual hasta lograr lo que nosotros queremos”, ratificó.

En cuanto a su tarea como referente medicinal dijo que “si bien es cierto que nosotros usamos las hierbas que nuestra madre tierra nos entrega, también quien habla trabaja con energía, con ambas cosas se trabaja para ir curando y sanado y despertando a mi gente”. En Chile lxs machis trabajan a la par de los hospitales públicos: “Lo que no pueden sanar los del hospital lo derivan acá o viceversa y los lamgenes deciden, yo estoy de acuerdo en que así debe ser porque tampoco podemos dejar lo otro porque convivimos y somos de ellos”.

Este sábado Bahía Blanca será sede de la “Segunda jornada sobre el uso de agroquímicos: opinión, diálogo y reflexión”. La actividad se desarrollará desde las 8 en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur, Alem 1253 1º piso.

El Centro de Estudiantes de Agronomía de la UNS propone un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias de realidades urbanas y rurales que promueven a la agroecología como el modelo sustentable para una producción sana, redituable, identitaria y fortalecedora de vínculos políticos, socioambientales y culturales en defensa de la soberanía alimentaria de las comunidades.

La jornada, que ofrece distintas conferencias y materiales, tiene un valor de inscripción de 50 pesos para estudiantes y 100 para el público en general. Para más detalles e inscripciones escribir al correo: [email protected] o ingresar al sitio de comunicación del Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria en Bahía Blanca: http://www.etsa.org.ar

Parte del cronograma contempla la participación del ing. agónomo Gustavo Almassio, miembro de la Regional Aapresid Necochea, quien disertará sobre la “Experiencia en el manejo de la producción agropecuaria actual”; el dr. Daniel Gómez, jefe del Servicio de Toxicología del Hospital de Urgencias de Córdoba para explicar sobre la incidencia de los plaguicidas en la salud; y el ing. agrónomo Eduardo Cerdá, vicepresidente del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Agrarias Y Forestales de la UNLP, quien abordará la “Agroecología como la agronomía de los próximos años. La Aurora, una experiencia con 15 años de producción sin agroquímicos, rendimientos estables y menores costos de producción”, entre otros destacados profesionales.

Adhieren a la actividad el Departamento de Agronomía de la UNS y el Ateneo Rural Bahía Blanca.

La presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, en diálogo con FM De la Calle aseguró  que el organismo está avanzando en la cobertura de tres vacantes de la Cámara Federal de Bahía Blanca, el análisis de las denuncias presentadas contra su presidente, el ex PCI Néstor Luis Montezanti, y el concurso para designar al titular del Juzgado Federal Nº1 que tiene como aspirantes a Álvaro Coleffi y Santiago Martínez, dos protagonistas del “festival de subrogancias” en la jurisdicción.

“Tengo 33 años de tribunales y en todos estos años que llevo trabajando no recuerdo que en vigencia de la democracia se haya vivido una situación de tanto conflicto, un conflicto tan prolongado y tan intenso. Había denuncias penales cruzadas entre funcionarios y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, excusaciones, recusaciones, un festival de subrogancias sin participación del Consejo de la Magistratura”, advirtió.

Sobre la exoneración de Coleffi, quien intervino en investigaciones contra civiles partícipes en el terrorismo de Estado, manifestó que “nunca vi una cesantía de un secretario en tan poco tiempo” y, por otra parte, calificó como “un despropósito” la participación en “política partidaria” de la Asociación de Magistrados.

Objetivo Bahía Blanca

Respecto de la no renovación de la subrogancia de Santiago Martínez, lograda por el desempate de su voto en el plenario del 18 de junio, explicó que el eje fue plantear “cuál es la función que tiene el Consejo de la Magistratura según la Constitución Nacional. El art. 114 dice que fue creado para asegurar una eficaz prestación de los servicios de justicia”.

Por ello, “cuando la Cámara Federal de Bahía Blanca nos remite los oficios el 30 de diciembre de 2014 y el 11 de marzo de 2015 referidos a la subrogancias de los dres. Martínez y Pontet, es la misma Cámara (la que) puntualiza que es este Consejo de la Magistratura la autoridad competente para resolver sobre la designación de subrogantes y nos pide una manifestación expresa acerca de las subrogancias prolongadas que había dispuesto la Cámara sin intervención del Consejo. Fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de decidir”.

“Estudiamos lo que estaba pasando en la jurisdicción, escuchamos a todos los actores, al dr. Santiago Ulpiano Martínez, leímos las numerosas presentaciones que hizo Martínez, los fiscales Palazzani y Nebbia, el consejero académico Daniel Candis fue a la jurisdicción, conversó con la jueza Marrón, con la Cámara, con otros funcionarios, y la verdad que yo tengo 33 años de tribunales y en todos estos años que llevo trabajando no recuerdo que en vigencia de la democracia se haya vivido una situación de tanto conflicto, un conflicto tan prolongado y tan intenso”, repasó.

Vázquez agregó que la intervención del cuerpo que preside fue motivada por esas “denuncias penales cruzadas entre funcionarios y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, excusaciones, recusaciones” y el “festival de subrogancias” no soló sin la participación del Consejo sino “designadas incluso por un solo camarista”.

A eso sumó “todo ese desasosiego social que hemos visto, con movilizaciones masivas y, como corolario y consecuencia, la demora y las incertidumbres en las causas de lesa humanidad que la Corte Suprema nos ha ordenado a todos los jueces y juezas que debemos sustanciar sin demoras” y los compromisos internacionales para garantizar el derecho humano de acceder a la justicia.

Luego se refirió a la cesantía  “en tiempo record” de Álvaro Coleffi, subrogante en las causas contra los represores civiles Vicente Massot, Hugo Sierra y Aldo Vara. “Tengo entendido que el funcionario Coleffi pidió una reconsideración en la Cámara Federal de Bahía Blanca que nunca le fue proveída, nunca le contestaron. Incluso hay miembros de la Cámara con denuncias hechas por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, en lo concreto respecto del juez Montezanti“.

Otros pedidos de juicio político contra el camarista fueron motivados por sus supuestos vínculos con la Triple A -fue comprobada judicialmente su presencia junto a la patota parapolicial en una toma universitaria en 1974-, su pertenencia al Batallón 601 del Ejército como Personal Civil de Inteligencia y su más reciente intervención en la exoneración de Coleffi tras reasumir, sin motivo justificable, funciones para las cuales estaba excusado.

Vázquez evitó hacer consideraciones sobre imputaciones que deberá analizar como consejera y se limitó a informar que “estamos sustanciando las denuncias que se realizaron”, que el camarista ya fue notificado y que la Comisión de Acusación y Disciplina debe decidir si lo cita o no a “una suerte de indagatoria en un proceso disciplinario”. Este último punto fue incluido en la orden del día que la Comisión tratará este jueves.

La presidenta del Consejo de la Magistratura afirmó a FM De la Calle que apuntan a cubrir las tres vacantes de la Cámara Federal – “ese concurso está en trámite y pronto se van a enterar cuál es la fecha de la prueba”- y que antes se resolverá la titularidad del Juzgado Federal Nº1, para lo cual resta una audiencia para “conocer” a los postulantes y pedirles opinión “sobre temas importantes que hacen a la comunidad, a la sociedad y al Derecho”.

Disputa política

Durante la primera parte de la entrevista, la dra. Gabriela Vázquez explicó lo actuado por el organismo en el caso de Luis Cabral, el juez ordinario al que no se le renovó la subrogancia en la Cámara de Casación Penal, acto que motivó la reacción de factores del poder judicial, político y mediático que denuncian al gobierno nacional por atacar la “independencia judicial” y “la república”.

Para la funcionaria, Cabral “no debió ser designado en la Casación porque no se hizo el sorteo, fue a dedo y ni siquiera entre los jueces que estaban llamados a ocupar ese lugar” y tampoco cumplía el servicio de justicia: “Era una sala que estaba produciendo muy poquito, este año sacaron 305 sentencias mientras que la Sala III donde había otro subrogante sacaron 958 y en la Sala IV del dr. Borinsky, que fue ratificada su designación, sacó 1177”.

Ante la convocatoria de la Asociación de Magistrados y la Federación de Colegios de Abogados a concentrarse “en defensa de la Constitución” el próximo 7 de julio, la presidenta del Consejo opinó que es “un despropósito” y que “los jueces y las juezas no debemos participar en política partidaria”.

“Me parece que la Asociación de Magistrados, sin el aval de la Lista Celeste a la que pertenezco, está haciendo reuniones con partidos políticos, se está metiendo en política partidaria y eso es un temperamento que no corresponde a los jueces y las juezas. Si bien tenemos ideologías -si no, no seríamos personas- y además diseñamos políticas públicas y las llevamos a cabo conjuntamente con otros poderes del Estado, no podemos de ningún modo intervenir en política partidaria como está haciendo la Asociación de Magistrados en este momento, sacándose fotos en febrero con Sergio Massa y hace dos días con todos los diputados de la oposición al oficialismo”.

Aproximadamente a la una y cuarto de la mañana “una especie de bomba molotov”  fue arrojada “abajo del vehículo de uno de los pescadores, prendiéndose fuego”, dijo a FM De la Calle el abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca, Lucas Beier. “Justo atrás venía un patrullero así que se lo pudo apagar bastante rápido”, agregó.

En la madrugada del 21 de junio fue agredida con brea caliente la fachada del domicilio particular del letrado.

“Es muy negativo el mensaje que están dejando. Del otro lado hay instituciones públicas y hay empresas multinacionales de gran importancia y están actuando de esta forma. Ya no queda ninguna duda de dónde viene y cuál es el mensaje que quieren dar”, aseguró Beier apuntado a las firmas imputadas en la causa por contaminación ambiental en la ría.

“Quieren dejar el mensaje más claro. Al cliente que le hicieron esto, Ricardo Pasquali, es uno de los más activos en el juicio y es el que más contacto tiene conmigo. Es el nexo entre el resto de los pescadores y las causas” agregó.

Aún no se sabe si hay testigos del hecho. Sin embargo, “ya está hecha la denuncia. La Fiscalía Federal vuelve a tomar la causa porque también hace una conexión entre lo que está sucediendo vinculado a la causa principal, que es la causa por delito ambiental”.

Los pescadores se reunieron durante el día de hoy para definir los pasos a seguir en este contexto de intimidaciones.

La ex concejala (FpV) Gabriela Bustos será juzgada por los delitos de falsificación de documento público, uso de documento público adulterado y fraude a la administración pública. Es por la utilización en beneficio propio de pasajes de transporte del Hospital Penna durante 2011, cuando era empleada administrativa en Región Sanitaria I con funciones en el área de asuntos legales del nosocomio.

Los jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Pablo Hernán Soumoulou y Guillermo Alberto Giambelluca rechazaron planteos de la defensa y ratificaron la elevación a juicio firmada por la jueza de Garantías Gilda Stemphelet.

La causa se inició a fines de 2011 a partir de la denuncia formulada por el director del Hospital Penna, César Comezaña.

Stemphelet acreditó que desde el 11 de enero y hasta el 1 de diciembre de aquel año se utilizaron una serie de Formularios de pedidos de prestación de servicios, otorgados al Hospital Penna, para cargar en cuenta corriente del Ministerio de Salud provincial, “previamente sustraídos de la oficina administrativa de la Dirección (…) presentándolos luego en la empresa prestataria del servicio, Transportes Plaza S.A.C.”, la cual extendía posteriormente boletos para viajar a Buenos Aires.

“En dichas circunstancias de tiempo y lugar se ha falsificado la firma inserta en los mismos, estampando la rúbrica del Director del Nosocomio, Dr. César Comezaña; para de esa manera obtener los mentados pasajes y con dicho accionar y ardid desplegado, haber provocado un fraude engañando a la Administración Pública, quien, como consecuencia de ello, resultó perjudicada patrimonialmente por el pago efectuado de los pasajes emitidos en beneficio de la autora, como a favor de terceras personas no autorizadas”, aseguró la jueza.

El abogado Gustavo Giorgiani había planteado la nulidad por entender que se había vulnerado el derecho de defensa de Bustos para quien solicitaba el sobreseimiento.

Tal como informamos ayer, la dirección del Hospital Penna decidió, sin dialogar con trabajadorxs ni profesionales, modificar la disposición de pacientes por grado de complejidad, en lugar de por servicios.

La secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Viviana Marfil, dijo a FM De la Calle que “es muy grave porque los fundamentos del doctor Comezaña, (director de la institución), son las necesidades de cama. Las mismas 20 habitaciones que venimos denunciando que están clausuradas hace más de tres años porque no arreglan sus baños. Ahí tiene las necesidades de las habitaciones”.

Además, la dirigente aseguró que “aparte (Comezaña) habla de cuidados progresivos. Se debe realizar en acuerdo con el personal médico, el de enfermería, el de limpieza. Y el único lugar que tiene el requisito de cuidados progresivos es la Patrulla. Es un lugar donde se atienden los pacientes inmunodeprimidos. Es un paciente oncológico, con HIV, trasplantado, entre otros. El trabajador tiene una capacitación muy importante”.

Por otra parte, preocupa el contexto en el que se anunció la medida. Según la titular de la organización sindical, “esto está pasando a cinco meses de terminar su gestión”.

ATE denunció hace dos años la presencia de asbesto. “Vino la Superintendencia de la Oficina de Trabajo y certificó lo que nosotros decíamos. Certificó lo que veníamos diciendo de los residuos patogénicos que es más grave, están depositados es bolsas rojas y se está generando un foco de contaminación ambiental para el propio hospital, para las escuelas de alrededor y para la comunidad”, finalizó Marfil.

Por otra parte, profesionales que desempeñan su labor en el nosocomio también manifestaron diferencias con la gestión saliente.

Pablo Acrogliano, de la Asociación de Profesionales del Hospital Penna, aseguró que “estos cambios están enmarcados en una decisión política tomada desde hace varios años por la dirección del Hospital. Una modalidad de atención que se llama de cuidados progresivos. Los pacientes dejan de pertenecer a los Servicios para ser atendidos por niveles de complejidad”.

Para lxs profesionales, “si uno lo mira, se sienta y lee lo que son los cuidados progresivos uno podría estar de acuerdo porque se optimiza, no sólo los recursos humanos, sino también el recurso edilicio y material del Hospital. La pregunta es si el hospital está en condiciones edilicias y de personal para poder sostener esto”.

Por otra parte, el neumonólogo explicó que “hemos vivido en carne propia esto cuando desarticularon el servicio de neumotisiología. El tema es que la transición se viene haciendo de una manera poco articulada. Más bien se impone. Ustedes piensen que cambiar una estructura de pensamiento cuesta mucho”.

Acrogliano sostuvo que “esto va más allá del servicio de Patrullas. Pasó con oncología y pasó con neumonología. La pregunta es si ediliciamente hoy el hospital está en condiciones de hacer esto. La respuesta es: basta venir y ver el hospital”.

Finalmente, el médico indicó que “no sirve tomar decisiones con un portazo. Esto hay que charlarlo. Hay que trabajar con el personal y con los enfermos (crónicos) que se ven totalmente desvalidos ante estos cambios bruscos”.

El viernes pasado tuvo lugar en el Concejo Deliberante una reunión entre docentes sindicalizadxs en SUTEBA y legisladorxs bonaerenses. Participaron del encuentro Santiago Nardelli, Héctor Gay,  Nidia Moirano y un representante de Marcelo Feliú.

“Ninguno da respuesta al problema de fondo que no es ninguna novedad”, aseguró en diálogo con FM De la Calle Monserrat Gayone, integrante del gremio docente. “Lo que cruzaba la reunión del otro día es ir a decirles a los legisladores que desde el 3 de enero del 2012 rige un decreto de restricción en materia de recursos humanos en la administración pública provincial”, agregó.

Lxs trabajadorxs observan la creación de “un macabro sistema administrativo que va desglosando las altas, se elevan rápidamente a La Plata, de la decisión del gobierno de pagar. Es una restricción que no cumple con la Constitución, ni el Estatuto del Docente, ni con ninguna ley ni con el derecho humano de nadie”.

La dirigente aseguró que la política administrativa “pasa por encima de todos los derechos para crear un efecto que se ve en los números, que es que en la provincia desde el 2011 están subejecutando el presupuesto”.

Las autoridades del Hospital Penna definieron modificar criterios de distribución de pacientes. Para el próximo miércoles, según denuncia la organización Ayuda al Leucémico (AYUDA-LE), se “cerrará el servicio de Patrullas”.

Se trata de “un sector de aislamiento para aquellos enfermos que están inmunodeprimidos”, dijo a FM De la Calle María Teresa Caporicci, presidenta de la ONG.  “También es utilizado a veces para trasplantados. Es de aislamiento pero puede estar un familiar en ese momento acompañando al paciente. Es muy importante que eso siga funcionando”, aseguró.

Por otra parte, la vocera de la institución agregó que “la dirección del Hospital dice que va a haber un cambio y se va a distribuir por áreas, no de patologías general, sino por complejidad”.

Consultada por la continuidad del trabajo de asistencia que realizan en caso de concretarse la medida, Caporicci sostuvo que van a “estar siempre al lado de los que nos necesitan. Pero creemos que no es bueno para el paciente estar al lado de personas con otra patología”.

A través de redes sociales, diferentes personas expresan su rechazo a la planificación de la dirección del hospital y convocan a realizar una concentración mañana a las 9 frente al municipio.

“El Ministerio de Trabajo de Nación ratificó el acuerdo salarial para el sector de trabajadorxs de Gas y Petróleo. El convenio consta de un 28 % de aumento  (en rigor, menos porque es un 16 % en mayo y el 12 restante en octubre). También se modificaron las categorías que implica un 3 % más, una suma fija de $ 2000 en septiembre, una modificación en el pago de las horas en días feriados”, dijo a FM De la Calle el Secretario General del Sindicato de del Petróleo, Gas y Biocombustibles, Gabriel Matarazzo.

A su vez, el dirigente gremial aclaró que en “lo que no hubo acuerdo, pero allí va a trabajar el Ministerio, es que en caso de accidente de trabajo los muchachos no pierdan el cobro de la vianda diaria”.

Para el día de hoy ya deberían normalizarse todos los servicios vinculados al sector, incluso el abastecimiento de garrafas.

Esta mañana el ex titular de la Agencia Ambiental Sebastián Serra, el director de Medio Ambiente Gastón Lucatini y el gerente de Bahía Ambiental Sapem Adrián Saschrgorodsky fueron denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y la posible malversación de fondos nacionales destinados a la erradicación de basurales, los cuales fueron levantados sin el previo control de vectores generando la invasión de roedores en varios establecimientos educativos.

El abogado Leandro Aparicio explicó en diálogo con FM De la Calle que el municipio identificó más de cincuenta basurales -entre minibasuarles medios y grandes (históricos)-, generó un programa de erradicación y asignó recursos para tal fin a Bahía Ambiental Sapem (BAS).

“En los documentos de proyecto, tanto del Programa de Erradicación de Minibasurales como también en un documento elevado a Nación por el cual se recibieron los recursos económicos para levantar los basurales, la Agencia Ambiental estableció como política levantar primero el basural y luego hacer el control de vectores”, planteó el letrado.

Un año después la comuna presentó un informe en el cual concluyó que “levantaron cerca de 14.000 toneladas de residuos procedentes de basurales, significando un 16% de todos los residuos recolectados por la BAS en el mismo período”.

Sin embargo, para Aparicio, “no hay constancia alguna de que se hayan realizado los tratamientos de vectores correspondientes en cada uno de los basurales, ni antes ni después de sanearlos, lo cual sería grave porque no solamente que no se ejecutaron los controles de vectores sino que tampoco en definitiva se gastaron los recursos que eventualmente pudieran estar asignados para esta tarea”.

“La negligencia y la imprudencia, sumado a la irresponsabilidad y la ausencia de una correcta práctica de saneamiento en la gestión de los basurales provocó una gran proliferación de roedores en toda la ciudad, afectando principalmente el normal dictado de clases en aproximadamente cuarenta establecimientos educativos”.

Finalmente, el denunciante afirmó que Serra y Lucatini “mintieron públicamente reconociendo que siempre se hicieron los tratamientos de vectores en cada basural” y que Saschrgorodsky dijo “que BAS realiza la limpieza de basurales y que previamente le avisan a Saneamiento, pero la verdad es que no hay constancia de ninguna comunicación de este estilo”.


 

El abogado de parte Rodrigo Zeballos Bilbao dijo a FM De la Calle que “ayer estuvieron por Bahía Blanca la mamá y la abuela de Kati y tomamos la decisión de apelar la excarcelación extraordinaria que concedió la juez de garantías” a Daiana Sánchez, única acusada por el crimen de Katherine Moscoso. “También apelamos las pericias realizadas, puntualmente la siquiátrica y la sicológica. Ella quedó en libertad en la tarde, no obstante eso”, agregó el letrado.

De esta forma, “el expediente subió a la Cámara para ser analizada la apelación nuestra”.

La excarcelación dictada no implica la desvinculación de Sánchez del curso judicial. “Sin duda que ella sigue imputada en la causa. Hay que seguir avanzando en este proceso de investigación con muchas pruebas pendientes, como las de laboratorio”, sostuvo el abogado.

Finalmente, respecto de las hipótesis de parte acerca de las responsabilidades en el crimen, Zeballos Bilbao afirmó que tiene “el convencimiento de que en todos los supuestos Daiana no puede llevar a cabo sola el crimen. Hay un tercero que habrá que ver quién es. La causa está en proceso de investigación respecto de ese punto”.

“Hemos podido aprobar los parámetros urbanísticos. Es la posibilidad de subdividir el macizo que la nación había desafectado del Ejército para destinarlo al programa PROCREAR”, dijo a FM De la Calle el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos.

Concretamente se aprobó “la subdivisión en lotes pequeños, acordes a las necesidades de los vecinos. Se estableció un mínimo de frente de 8 metros o 10 metros y una superficie mínimo de entre 230 y 250 metros cuadrados”.

Por otra parte, luego de analizar los tipos de edificación a aprobarse, el cuerpo definió que “solamente se podrán construir viviendas unifamiliares”.

Además, el concejal informó que “se pudo avanzar en un borrador de loteo que alcanza a más de 500 terrenos. Ahora es el PROCREAR el que tiene que presentar finalmente ese plano de subdivisión y a partir de allí avanzar con las obras de infraestructura necesaria para finalmente poder hacer entrega de los terrenos”.

Paralelamente “el área del Banco Hipotecario ya tiene los pliegos preparados para poder iniciar la licitación de forma inmediata. Allí se abrirá un primer registro para que quienes salieron sorteados en el primer sorteo puedan reinscribirse, ya que es necesario saber cuántas son las personas que hoy están en condiciones de seguir adelante con el programa”.

Mayoría calificada

Por otra parte, el titular del órgano deliberativo se refirió a la investigación que evalúa posibles sanciones aplicables al concejal Ricardo Pera por intentar agredir a la abuela de Daiana Herlein, Irma Díaz, y golpear a los ediles Sergio Massarella, Gustavo Mandará y Manuel Mendoza. “En una sesión especial que se fijó ayer, el día 8 de julio cada uno de los concejales deberá haber evaluado los informes para saber si corresponde una sanción o no”, dijo esta mañana.

Consultado acerca de los motivos por los que se definió sesionar sin presencia de público, Mandolesi Burgos arguyó que “los antecedentes que venimos teniendo en el Concejo Deliberante, sobre todo el día de la creación de la comisión investigadora, nos llevaron a tener cierta precaución”. Al mismo tiempo aclaró que “la sesión es pública, los medios de comunicación acreditados previamente van a poder estar presentes y va a ser transmitida en vivo”. Sin embargo, “en cuanto  a la presencia de público en general, se decidió que debíamos resguardar el ámbito del Concejo y al personal que allí trabaja”.

Finalmente, el dirigente político destacó el carácter especial de la votación que dirimirá la suerte de Pera respecto de sus responsabilidades en los hechos que se le imputan. “Esto necesita una mayoría calificada. Se necesitan 16 votos. Los concejales no sólo deciden una sanción sino una misma sanción. Pueden ser un apercibimiento, una multa o finalmente la destitución. Hoy tenemos 11 bloques políticos. Es necesario que haya una confluencia de 16 concejales que voten en un mismo sentido. No sólo definir si las conductas del concejal Pera son pasibles de sanción, sino cuál”, explicó.

En otras palabras, en caso de no se consiga el número de votos antedicho, no habría sanción.

Desde el miércoles el Juzgado Federal Nº1 está a cargo del juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. El trámite fue formalizado por autoridades del Consejo de la Magistratura tras la no renovación por parte del plenario del cuerpo de las subrogancias de Santiago Martínez y Claudio Pontet.

Tal como sucedió con la conformación del Tribunal Oral, la llegada de un funcionario ajeno a la corporación judicial a las oficinas que ocuparon alguna vez los jueces del aparato represivo Guillermo Federico Madueño y Jorge Francisco Sutter -luego defensor de genocidas- y, ya en democracia, su buen amigo Alcindo Álvarez Canale, genera expectativas de cambio en las investigaciones que involucran a sectores del poder bahiense.

El flamante titular aseguró a FM De la Calle que está evaluando las causas en las que deberá intervenir, “conociendo a la gente” del juzgado y “con mucho trabajo”. Por el momento prefirió no hacer mayores declaraciones. Leer más

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, apoyó el pedido efectuado por el Consejo de Defensores Generales provinciales en el que solicitan revisar la situación de superpoblación en cárceles y comisarías. En una presentación, la funcionaria reclamó a la Corte Suprema de la Nación que haga lugar a un recurso presentado ante la gravedad institucional de los derechos fundamentales violados.

La Defensora Graciela Cortazar dijo FM De la Calle que “esta fue una presentación que hicimos intentando en la Corte de la Provincia de Buenos Aires, llevar esta realidad que estábamos viendo de superpoblación carcelaria para ser tratada en el marco de aquel habeas corpus que lleva el nombre de Horacio Verbistsky. Hace muchos años la Corte de la Nación, ante una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), le ordena a la provincia de Buenos Aires que revea, no solamente las políticas carcelarias, sino también la cuestión normativa, y demanda a los jueces no utilizar excesivamente la prisión preventiva. El relevamiento que se había hecho por entonces ponía en severo riesgo de responsabilidad institucional por violación a los derechos humanos a la nación Argentina”.

En esa oportunidad, “lo que hizo la Corte de la Provincia de Buenos Aires fue dejar abierto el habeas corpus del CELS en lo que significaba cumplir con lo que la Corte de la Nación había dicho. Algunas cosas se hicieron”.

Sin embargo, Cortazar expresó que “a lo largo de estos años, después de un primer momento en donde hubo una modificación legislativa favorable y alguna merma en la cantidad de población carcelaria, luego de este primer momento, todo volvió a ser peor”.

Ante esta situación verificada por las defensorías, realizaron la presentación ante “la Corte de la provincia para que vea como desde aquel caso Verbitsky, y no solamente que nada cambió sino que las cosas han empeorado. Un poco en sintonía con lo que ahora planteó la Comisión Provincial por la Memoria”.

La defensora explicó que finalmente la corte provincial respondió que “el fallo Verbistky ha sido cerrado y ustedes tienen que ir por la vía ordinaria en lugar de una acción colectiva”.

Frente a la negativa, “nos fuimos a la corte de la Nación y ahí surge este dictamen (de Gils Carbó) que nos llena de muchísima esperanza porque lo que hace es ordenarle a la Corte (Suprema de Justicia de la Nación) que se aboque a analizar que esta acción colectiva y resuelva verificar qué es lo que está pasando nuevamente en la Provincia de Buenos Aires con los lugares de encierro”.

En el distrito que ocupa a la Defensoría ubicada en Bahía Blanca “tenemos un observatorio”. Allí se constata que “las únicas intervenciones que el Estado hace es en realizar más espacios para alojar gente. Es cierto que la provincia está interesada en que no se produzcan violaciones o falta de atención de derechos en las cárceles y comisarías. Pero lo cierto también es que, en la medida que los jueces y los legisladores sigan produciendo resoluciones que lleven al encierro, no vamos a poder encontrar una solución porque la superpoblación nos va a volver a superar en estas intenciones de no afectar los derechos de las personas. Lo que hay que bajar son los niveles de prisionización”.

Según Cortazar, “hay que buscar alternativas. El encierro preventivo debe ser usado ocasionalmente y aquí se lo usa como regla. Y esto no solamente es una afectación de los derechos sino que es generadora de reincidencia (delictiva). En este sentido me parece que el Estado se está equivocando reincidiendo en la idea de encerrar como respuesta al conflicto penal”.

El último día de junio de 2014, el gobierno de Bahía Blanca anunció que a partir del primero de agosto de ese año quedaría prohibido el uso de tracción a sangre. La medida afectó a trabajadores y trabajadoras del cartón. Luego de arduas negociaciones al tiempo que móviles policiales ‘acompañaban’ el recorrido de muchxs cartonerxs, el municipio anunció una serie de medidas y se alcanzó un acuerdo con una gran parte de quienes vieron afectada su tarea.

Esta mañana el cartonero Juan Carlos Serrano dijo a FM De la Calle que están “en la misma situación desde hace un año. Con el mismo galpón, las mismas carretas, los mismos baños químicos, el agua que es una manguera sin canilla y la luz. Recibimos unas camperas hace quince días, después de un año de que las pedimos”.

Respecto de las promesas de los funcionarios de gobierno locales, el trabajador afirmó que “no hay guardería, no está el veterinario que iban a poner para los caballos, no tenemos seguro, no nos quieren blanquear, no tenemos nada de nada. De todo lo que habíamos acordado no ha llegado nada”.

Serrano afirmó que desde el gobierno “dicen que todavía no le estamos prestando un servicio a la Municipalidad y que no nos pueden blanquear hasta que no lo hagamos”.

Por las tareas realizadas a partir del mes que viene “vamos a cobrar 500 pesos más”, pasando a recibir $3500 mensuales por persona. En octubre cobrarían otro aumento de $500.

Actualmente trabajan unas 56 personas en el galpón donde se desempeña Serrano. Intentan gestionar una cooperativa para regularizar su situación y generar más oportunidades laborales.

Respecto de las tricicletas que las autoridades municipales ofrecieron como alternativa a la tracción a sangre, el cartonero afirmó que hace pocos días “fueron dos representantes a probarla y no les convenció porque son más chicas que las carretas que tenemos nosotros. Los compañeros no la quieren”.