“A  la víctima se le infunde terror y es lógico, más aun con un Estado ausente, que esa víctima se pierda, se extravíe para el sistema, posiblemente en alguna nueva victimización en otra parte del país”, dijo Franco Di Santi tras conocer el fallo que revocó las absoluciones de la causa Iglesias.

La Cámara de Casación ordenó al tribunal oral que reconsidere la sentencia respecto a Víctor Hugo Iglesias y Eduardo Horacio Gutt.

Di Santi, integrante de Bahía contra la Trata, afirmó que “no haber considerado la declaración de las víctimas había sido uno de los elementos por lo que se los absolvió y Casación marca que deben ser tenidas en cuenta, tener en cuenta las escuchas, los antecedentes que iban manteniendo una línea de que se dedicaban a explotar personas y tratar a las mujeres como cosas o como si nada valiera”.

“Es muy difícil de reparar el daño porque son personas que no tienen nombre, no solo en la resolución judicial, tanto para el Estado que habilitaba esos lugares, para varones prostituyentes y para los explotadores también. Si llega algo de justicia por la persecución de algo que puede entrar dentro un expediente, contribuye a que no se repita. Si del otro lado miden que es una práctica muy redituable y con baja probabilidad de ser juzgado es más factible de realizar”, dijo.

El fallo de Casación revocó, además de las absoluciones, el rechazo al decomiso de los bares Broadway y Kaos.

De Santi destacó en ese sentido que “hay una sentencia de la semana pasada en un cabaret de Palermo donde hubo una reparación de más de 16 millones de pesos, con embargos de inmuebles, cuentas, etcétera”.

“Se tiene que reparar a las víctimas y el decomiso es una forma de hacerse de los bienes para generar ese recurso y en el caso de ser un sobrante que vaya a un fondo de asistencia para víctimas. No es una práctica tan habitual porque era parte de la invisibilización de las mujeres como víctimas, no se las veía como sujeto de derecho que debiera ser reparado. La sentencia de capital es un cambio en ese sentido”.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dejó sin efecto el sobreseimiento del gendarme Echazú y ordenó reabrir el expediente para cumplir las medidas de prueba que no se realizaron.

Lo resuelve la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, en un fallo que ordena también cumplir las medidas pendientes.

La abogada Verónica Heredia dijo que “es muy importante porque demuestra la arbitrariedad con que se cerró la causa”.

“Consideramos que se investigó una única hipótesis delictiva –aquí definitivamente descartada- sin que haya sido objeto de valoración y pronunciamiento algún posible nexo causal entre cualquier omisión de personal de Gendarmería o de quienes se introdujeron en el río con Maldonado”, dijo la Cámara.

Si bien descarta que haya existido el delito de desaparición forzada de persona, dejó abierta la posibilidad de que uno o más gendarmes hayan abandonado a Santiago en las aguas del río Chubut. Por eso, revocó el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú.

Comunicado de la familia 6.9.2019.

La Cámara de Apelación de Comodoro Rivadavia comunicó su decisión de reabrir la causa entendiendo que la investigación no está agotada y corresponde profundizar la misma a efectos de reconstruir con la mayor exactitud y prontitud las circunstancias que rodearon el suceso. La Cámara asimismo señaló que es contradictorio rechazar las medidas probatorias peticionadas por la querella en pos de “no demorar la respuesta judicial”, ya que lo que debe prevalecer es el “derecho a la verdad”.

La Cámara reconoce que no se hicieron pericias claves para determinar que sucedió, tal cómo la reconstrucción de los hechos, la ampliación de los puntos de pericia en la data de muerte, la presencia de polen en las prendas, el informe de diatomeas y la peritación del bastón y los billetes. Todos estos puntos fueron pedidos reiteradamente al Juez Lleral y en todos los casos fueron denegados.

Expresa asimismo: “nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos. De allí que corresponda ampliarse la investigación a efectos de verificar o descartar la existencia de alguna hipótesis delictiva”.

Finalmente la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia reconoce que existe una contradicción en la autopsia, que NO DICE ni cómo ni cuándo ni dónde murió Santiago Maldonado.

Seguiremos luchando para que haya justicia y verdad por Santiago Maldonado.

Gracias a todas las personas que nos acompañan y luchan junto a nosotros.

Fuentes: Sudestada y Justicia por Santiago Maldonado.

La Cámara de Casación Penal ordenó dictar un nuevo fallo en el juicio por facilitación de la prostitución y trata de mujeres que se realizó contra el ex presidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, el prefecto Eduardo Horacio Gutt y el administrador del bar Broadway Alfredo García.

En octubre de 2018 el Tribunal Oral había absuelto a Iglesias y a Gutt y condenado a cuatro años y seis meses de prisión a García. También se revocó el rechazo al decomiso de los bares “Broadway” y  “Kaos” y su restitución a Iglesias.

Ayer, la Sala IV de Casación afirmó que la sentencia de los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu fue “arbitraria” por haber valorado la prueba de manera “fragmentada y aislada”.

El fiscal Santiago Roldán había apelado el fallo por no haberse incorporado por lectura las declaraciones de seis mujeres rescatadas en diversos operativos, quienes no pudieron ser ubicadas para presentarlas en el debate oral.

El juez Gustavo Hornos sostuvo que el tribunal “restringió arbitrariamente la producción de prueba” y que ante el compromiso del Estado de proteger a las víctimas bastaría con una sola declaración.

Además, cuestionó que no hayan sido tenidas en cuenta escuchas telefónicas que probaban los vínculos entre los imputados y la participación de Iglesias y Gutt en los delitos del condenado García. Las defensas plantearon que las grabaciones demostraban que eran “clientes” del proxeneta.

Hornos advirtió que el tribunal no explicó “por qué la omisión de Gutt de denunciar la actividad de facilitación de la prostitución de la cual asertivamente tuvo conocimiento o, incluso, la conducta de comunicarse con el autor del delito para brindarle información sobre procedimientos que lo involucraran, no son acciones que objetivamente aporten al delito de García”.

En cuanto a Iglesias, el juez de Casación mencionó que el tribunal probó que en el Bar Broadway no había “comercio sexual” aunque estaba ubicado en una zona donde sí lo había.

El fiscal aportó “copiosa prueba de cargo que no fue ponderada por el Tribunal” para demostrar que en el local “funcionaría como un espacio de encuentro entre las presuntas víctimas de la promoción de la prostitución que García coordinaba”, tal como confirmó la sentencia revisada.

De la prueba descartada por los jueces en Bahía Blanca, Hornos rescató: la que ubica a Iglesias como responsable del local alquilado a García y conversaciones entre los imputados en las cuales “surge sin duda que hablan de mujeres para hacer ‘shows’ aparentemente en el bar Broadway y del monto que requerían para tal actividad”; “refieren a clientes y a hacer ‘pases'”; “se refieren a presuntos clientes y que necesitan mujeres para ofrecerles”.

Para el magistrado, tampoco se tuvo en cuenta una escucha entre Iglesias y un tal Toto  en la cual le ofrecía el local “La playa” para poner un prostíbulo, el cual finalmente fue utilizado por García para montar el Broadway. “Yo ando con ganas de abrir algo acá porque tengo muchas mujeres desparramadas viste”, decía Toto.

A su vez, destaca Casación que el tribunal probó que Iglesias administraba sociedades de su familia y varios prostíbulos y tenía contactos policiales como el comisario Marcelo De la Rosa. Además, no valoró el testimonio de la asistente social de la Fiscalía que entrevistó a las víctimas y dio cuenta de su situación de vulnerabilidad.

Hornos concluyó que Salas, Aguerrido y Albrieu absolvieron “con una visión fragmentada del acervo probatorio y con argumentos que no se correspondían con las premisas acreditadas ni con las constancias recopiladas durante el debate oral”.

Por otra parte, respecto a la absolución de Iglesias por el delito de trata, la defensa sostuvo -y el tribunal aceptó- que el imputado no había sido indagado ni procesado por el caso de la víctima L.R.P..

Sin embargo, el juez de Casación demuestra que “este hecho le fue imputado a Iglesias en todas las ocasiones y que incluso esta cuestión fue motivo particular de tratamiento por la Cámara Federal”. Repite: “No hay una mirada global de toda la prueba sino una ponderación fragmentada y aislada”.

El voto de Hornos contó con la adhesión de los otros dos integrantes de la Sala IV, Mariano Borinsky y Javier Carbajo.

El fiscal federal Antonio Castaño analizó en diálogo con FM De la Calle, la resolución de la Cámara de Casación que anuló las absoluciones de Víctor Hugo Iglesias y Eduardo Horacio Gutt.

El funcionario investigó a la red de trata y explotación sexual de mujeres de Ing. White e intervino hasta la elevación a juicio.

Destacó que el órgano revisor “habla de arbitrariedad, de auto-contradicciones, de una situación de evidente falta de sentido común por parte del tribunal, de que no ha evaluado como corresponde y ordena la reedición en lo referente a las absoluciones de Iglesias y Gutt”.

“El tribunal de Casación hizo una labor muy exhaustiva y un desarrollo punto por punto de todo el expediente y llegó a la conclusión que quedó firme la sentencia contra García por facilitación de la prostitución y mandó a reeditar, en base a los argumentos que exponen, en función de que no ha sido evidentemente evaluada toda la prueba que debiera”, dijo.

-¿En la práctica qué significa? ¿Puede intervenir la misma composición del tribunal?

No creo que tenga que ser otra composición del tribunal. El tribunal que en su momento absolvió, de acuerdo a lo que ordena Casación, tiene que condenar a Gutt e Iglesias por facilitación a la prostitución ajena agravada por mediar situación de vulnerabilidad de las víctimas y, en relación a Iglesias, por trata de personas en relación a una de las victimas.

No se tuvo en cuenta en ese entonces, cuando se había propuesto por parte del Ministerio Público Fiscal, dar lectura a las declaraciones de las víctimas. La defensa se opuso y el tribunal hizo a lugar. Eso es una cuestión de sentido común, independiente de las disposiciones internacionales y nacionales con respecto a las víctimas.

-No se comprende cómo el tribunal, en el caso de la víctima L.R.P., acepta lo que dice la defensa respecto a que nunca se lo habría acusado a Iglesias por el hecho.  Casación muestra lo contrario, ¿cómo llega a pasar eso?

Nosotros elevamos la causa a juicio cuando tenemos todo y después cuando llega al tribunal prácticamente la perdemos y nos enteramos a las perdidas si hubo o no hubo sentencia y cuál fue. De hecho, cuando empecé a leer me entero que el fiscal (Santiago Roldán) había pedido por facilitación de la prostitución a todos los imputados y yo había pedido por trata. Es menor la condena en caso de facilitación.

Se pidió trata con relación a una de las víctimas y en relación a las demás, tanto para Iglesias como a Gutt, facilitación de la prostitución ajena agravada por la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

-¿Pero es habitual que un tribunal tenga este tipo de resoluciones?

Normalmente no. Pero tengamos en cuenta que -no es cuestión menor- el Tribunal Oral Federal hoy son subrogantes que vienen desde otro lado, no hay un tribunal fijo, están todos en vacante. Hubo propuestas de tres que podrían integrar y eso está todo parado. Antes había un solo camarista, no teníamos un antecedente firme para decir la Cámara resolvió de esta manera, ahora sí tenemos y sabemos qué criterio tiene o cómo resuelve. Ya hay una jurisprudencia. En el caso del Tribunal no tenemos ese criterio.

-¿Puede repercutir este fallo en la libertad de los imputados?

Es el Dr. (Gabriel) González Da Silva, que es el fiscal de juicio, el que evaluará la posibilidad de pedir la detención y, en todo caso, el tribunal resolverá.

Trabajadoras/es estatales denunciaron el vaciamiento y la subejecución del presupuesto de la obra social IOMA. El titular de ATE, Oscar De Isasi, rechazó el convenio firmado entre la prestataria y Provincia NET, un holding del Banco Provincia.

“Este holding que, oh casualidad, es de Jorge Macri, realiza un convenio que gerencia la obra social, le permite que ingrese a los datos de dos millones seiscientos mil afilados, al proceso de autorizaciones, proceso de pagos a afiliados y proveedores y reintegros a los afiliados, se mete en el corazón de la obra social”, explicó.

Según informó, “termina siendo mucho más caro e ineficiente. Es un negocio de quienes se están yendo y, antes de apagar la luz, se quieren llevar la plata de los trabajadores. El IOMA está financiado por los aportes de los afiliados”.

La prestataria tiene un presupuesto equivalente al Ministerio de Salud de la provincia, alrededor de 63 millones de pesos. “Desde que asumió Vidal hubo un excedente financiero de tres mil millones de pesos a costa de que se bajaran las prestaciones a partir de trabas burocráticas para desalentar que el afiliado vaya. Esas subejecuciones no fueron ahorros para la obra social sino que fueron para otro lado, esto se los permitió la reforma a la ley de Ministerios en en 2018”.

De Isasi dijo que “plantearemos que cese con el vaciamiento y, en segundo lugar, se eleve un proyecto de ley donde se plantea que la mayoría del directorio tiene que estar ocupado por trabajadores dado que la financiamos nosotros”.

El Departamento de Tierras de la Municipalidad informó que Bahía Blanca es la ciudad de la provincia con mayor cantidad de tierras ociosas del Estado nacional. A su vez, la concejala Paola Ariente manifestó que el déficit habitacional es de 20 mil viviendas.

Representantes de diversas comisiones del Concejo Deliberante se reunieron con integrantes de la comuna, la justicia de Faltas y la Defensoría del Pueblo para analizar los protocolos y “consensuar criterios de actuación” ante la toma de terrenos.

La concejala dijo a FM De la Calle que “hay una falta de gestión que no es específicamente de esta gobierno, sino que viene sucediéndose. También por parte del Estado nacional. Se le ha pedido a la ABE que pueda cedérselos al Municipio y la ABE no ha resuelto, o ha resuelto parcialmente, y se los ha dado a clubes. Es muy difícil para un Municipio establecer tierras cuando no son municipales. Te pueden dar la custodia para que se mantenga en condiciones”.

Comentó que “habíamos tenido conversaciones con el Juzgado de Faltas porque tenían casi armado un protocolo a raíz de lo que había ocurrido con el desalojo de Campaña del Desierto. Era un protocolo similar al de provincia. Veníamos trabajando con el juez Germani y organizaciones sociales para ver de qué manera ese protocolo podía ser ampliado a otros fueros”.

“Germani se puso a disposición para que todos pudiéramos trabajar con criterios consensuados porque no podía asegurar que con las denuncias penales se tome el mismo criterio”.

Respecto a la ocupación de terrenos en Spurr, Ariente opinó que “las tomas no es algo que uno comparta, no es la manera. La toma de posesión de terrenos que no son de uno me parece que hay que empezar a revisarla, si bien la justicia acepta el tema de posesión de terreno se olvida que es algo excepcional. El acceso a la tierra no podemos manejarlo ya sea por la fuerza o porque la justicia me lo otorga”.

“Lo que pasó en Spurr queda en manos de la Justicia Federal porque es su competencia. Me parece que el juez está esperando, está dándole tiempo al Municipio para ver cómo se pueden desalojar y acomodar de alguna forma pacífica y algunos instrumentos que se le pueden dar a las personas para que puedan irse de ese lugar. A nadie le gusta tener el peso sobre su cabeza de tener que desalojar a 500 familias”.

“Se tapaba la nariz del olor que teníamos”. Era 1976, Rubén Bustos estaba secuestrado junto a muchos de sus compañeros en un centro clandestino del Comando V Cuerpo de Ejército. Lo habían puesto frente al juez federal Guillermo Federico Madueño. La que no registraba en actas las torturas era la secretaria, Gloria Girotti.

El Colegio de Abogados de Bahía Blanca acaba de entregarle a la doctora un diploma de “Reconocimiento al Ejercicio Profesional”. En la foto, posan a su lado el vicepresidente 1º Gabriel Enrique Peri y la vicepresidenta 2º Nerina Santarelli.

Bustos fue uno de los testigos que mencionó a la abogada ante el tribunal oral que juzga crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca.

Los genocidas de uniforme también la recordaron. Leonardo “Mono” Núñez fue detenido el 23 de junio de 2008 y murió procesado como partícipe necesario de secuestros y torturas. Era el enlace entre los campos de exterminio y la Unidad Penal Nº 4.

Asumió haber trasladado personas detenidas ilegalmente por el Ejército desde La Escuelita o el Batallón de Comunicaciones hacia la cárcel. Le dijo al juez: “No era mi función presentarme en los estrados judiciales para denunciar estos hechos, pero tengo conocimiento que jueces federales tenían conocimiento pleno de lo que pasaba en la Unidad 4 de Bahía Blanca porque en oportunidad de tener detenidos art. 189 bis, la secretaria del Juzgado N° 1 del dr. Madueño, la dra. Gloria Girotti, visitaba el pabellón de mujeres de la Unidad, porque tenían presas del juzgado ahí y las iba a ver”.

La defensa del represor consideró que las inspecciones que realizaban autoridades judiciales “lejos de justificar” la conducta de Nuñez “implicarían la responsabilidad penal de los funcionarios que, teniendo la obligación de denunciar las irregularidades en que incurría el Servicio Penitenciario en esta ciudad, no lo hicieron”.

Los jueces que condenaron a los primeros 17 genocidas que actuaron en la región, ordenaron en su sentencia abrir la investigación sobre el accionar de los secretarios judiciales durante el terrorismo de Estado.

La Cámara Federal de Apelaciones revocó semanas atrás el sobreseimiento en primera instancia de Girotti y el de su colega Hugo Mario Sierra.

Girotti asistió al juez Guillermo Madueño entre junio de 1972 y septiembre de 1979 y tramitó con sistemáticas respuestas negativas numerosos habeas corpus presentados a favor de personas secuestradas. Los familiares que se acercaban en busca de justicia, no sólo arriesgaban sus vidas sino que eran perseguidos para que paguen las costas correspondientes.

Solo algunos ejemplos de dicha acusación se reconocen en los habeas corpus presentados a favor de Daniel Carrá, Cora Pioli y Darío Rossi, secuestrados a fines de 1976. Carrá y Pioli siguen desaparecidos y Rossi fue fusilado en 1977.

La firma de Girotti acompaña también a la de Madueño en el cierre y archivo de las actuaciones judiciales de la puesta en escena que hizo el Ejército en la Masacre de Calle Catriel.

El 4 de septiembre de 1976 el V Cuerpo informó que “por la población” había tomado conocimiento de una “reunión de delincuentes subversivos” y que cuando fueron a detenerlos “se generó un tiroteo durante el cual fueron abatidos”. La justicia probó que los cuerpos de los militantes peronistas Pablo Fornasari, Juan Carlos Castillo, Zulma Matzkin y Manuel Tarchitzky fueron plantados en el lugar. Habían sido fusilados luego de varias semanas de cautiverio en La Escuelita.

Girotti se jubiló como docente del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Durante años se impulsó un juicio académico que el tribunal terminó diluyendo, al igual que sucedió con los que se iniciaron contra Hugo Sierra y Néstor Luis Montezanti.

Durante la primera etapa de la investigación judicial sobre su participación en el terrorismo de Estado se mostró deprimida y con problemas de salud. Hoy, la cuenta del Facebook del Colegio de Abogados bahiense la muestra festejando su trayectoria junto a sus pares.

¿Será justicia? Ya van 40 años de impunidad.

Mauro Gerardi, dirigente de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, señaló que durante los últimos días se produjeron demoras y fallas en el sistema CUNA. Si bien el servicio se está regularizando lentamente todavía hay algunas liquidaciones que no aparecen.

“El sistema CUNA es de liquidación de la Cobertura Universal para la Niñez y Adolescencia, lo implementaron y falló. Esto ocasionó una demora en el pago de asignaciones universales, familiares y de personas con discapacidad”.

“El tema de asignaciones representa un monto importante para quienes la perciben, hemos sufrido bastante, la gente nos ha entendido a los trabajadores que no tenemos herramientas para brindarles, venían a cobrar o a hacer el reclamo y desde la empleadora no hemos tenido respuesta”.

Gerardi comentó que “hemos tenido gente que se ha largado a llorar. Para un trabajador que tiene dos o tres hijos representa casi un 20% de los ingresos, uno tiene compromisos que cumplir a principio de mes. Los trabajadores sufrimos a la par de los beneficiarios porque no tenemos soluciones”.

Consultado por la aplicación a nivel local de órdenes de las autoridades para acelerar los tiempos de atención por turnos, dijo que “la persecución en el tema de los tiempos existe, piensan el ANSES como piensan todo, mediante una planilla de Excel. Lo que hacemos es defender a los trabajadores y a los beneficiarios. Los tiempos son insuficientes, no vamos a tratar a los beneficiarios como si fuera una mercancía”.

Por otra parte, dijo que las familias acuden a los préstamos de ANSES aunque “no dejan de ser a tasas usurarias, 50 o 53%. En vez de endeudar a los jubilados no le deberían haber sacado la movilidad jubilatoria. Se necesita un aumento de las jubilaciones, no un bono. Están muy angustiados, en muchos casos los mismos trabajadores tenemos que darle dinero para que se vuelvan a sus casa porque no tienen para el colectivo”.

“Cuando comenzamos a investigar el fallecimiento de Dai había gente que me mandaba mensajes, se acercaba con información, me llamaba contando cosas que por ahí no tenían relación estrecha con la muerte de Daiana pero sí con la corrupción”, dijo a FM De la Calle Lorena Zerneri.

La madre de Daiana Herlein declaró ayer en el juicio contra los ex funcionarios municipales Marcelo Caramelli y Leonardo Pombo, imputados por extorsionar albañiles para trabajar en el cementerio.

“Me llegó que les habían pedido una coima, los extorsionaban con que si no pagaban esos 50 pesos no podían seguir trabajando”, recordó. 

Zerneri comentó que “algunos (de los albañiles) se tuvieron que ir porque se iban endeudando, por aquellos años un trabajo salía 150 pesos con materiales y obra y de ahí tenían que pagar 50 pesos para trabajar. Entonces, se iban endeudando. Cuando no tenían para pagar se tenían que ir, se quedaban sin trabajo. Después de eso algunos volvieron y están trabajando actualmente”.

“Yo creo que por algo no se habla de eso, creo que quizás tiene que ver con que Caramelli anda suelto por la calle y tiene ese beneficio tan raro que otra gente con problemas de salud mayor no tiene. Nadie controla cómo va esa enfermedad, salió ayer con la manos en el bolsillo como uno más. Creo tiene que ver con esto de si la plata iba para arriba. Alguien está protegiendo para que no se hable “.

Finalmente, señaló que “tuvimos dos reuniones con Héctor Gay apenas asumió, cuando se comprometió a colaborar. Era solamente tener a la vista los sumarios que se habían hecho a raíz de la muerte de Daiana, en una de ellas estaba presente la doctora Karina Mahón, que nos manifestó que ellos no estaban para investigar gestiones anteriores sino para gobernar. Yo entiendo que es correcto que están para gobernar pero también deberían haber mostrado algún tipo de colaboración, eso no sucedió”.

La columnista de FM De la Calle, Agostina Costantino, analizó los principales ejes del gobierno de Cambiemos que derivaron en la reinstauración del cepo cambiario.

En primer lugar, Mauricio Macri planteó “volver al mundo”. Esto se tradujo en “la desregulación total de la cuenta capital y cuenta corriente: se eliminaron los controles de capitales, eliminó el requerimiento de permanencia de días en las inversiones extranjeras, se eliminó la obligatoriedad de liquidar divisas por parte de las exportadoras. Se desreguló la cuenta del comercio exterior, se eliminaron y disminuyeron aranceles a los productos importados, se cuasi eliminaron las retenciones, se cambió la formula de cálculo”.

Por otro lado, Cambiemos, “se alineó totalmente a las grandes potencias, en un contexto en el que se están cerrando, asumieron gobiernos de derecha, hay una guerra comercial que ha tendido a cerrar estas economías, no hubo buena lectura del gobierno”.

El segundo punto de la política de Cambiemos fueron los tarifazos: “No solo a través de aumentos nominales sino a través de la dolarización. La continuidad con el gobierno anterior de la explotación a como dé lugar de Vaca Muerta. No pudieron avanzar más por la protesta social, tuvieron que aplicar el gradualismo en el ajuste, no es no ajustamos, es ajustamos pero más lento”.

El último eje se basó en “ganar competitividad reduciendo costos logísticos, impositivos y laborales”. “En los costos logísticos la gran apuesta eran los PPP (Participación Público Privada), que la gran ventaja que tenían era que el Estado no tenía que poner plata, cuando empezó a aumentar el riesgo país, el costo de endeudamiento para los privados en el exterior, por ende, se cayeron”.

“Para los costos impositivos, pasaron la reforma tributaria y aplicaron el blanqueo de capitales y tuvieron un éxito rotundo bajando los salarios reales. El costo laboral no es solo el salario sino otra serie de costos asociados a cargas sociales, acá es donde tuvo avances parciales, no logró ir a fondo porque pasaron una reforma previsional pero no lograron todas las reformas que querían. Tampoco pudieron pasar una cuestión fundamental que es la reforma laboral, aunque muchas cosas que estaban planteadas las pudieron pasar a través de los convenios colectivos de trabajos”.

En conclusión, la economista señaló que “es un programa que no contaba con consenso social, en el 2015 no dijeron qué iban a hacer. Se presenta discursivamente necesaria y como única vía el endeudamiento. Se hace condición necesaria para bajar el déficit tomar la deuda. El problema de la deuda no está solo en la reestructuración sino en los fundamentos, el programa de deuda y el ajuste no es solo actual sino que condiciona el futuro. No solo justifica el ajuste pasado sino el ajuste futuro para repagar la deuda en que nos han metido”.

Es una asociación civil dedicada a fomentar el arte. Se encuentra en una situación complicada debido a que ni el sector público, ni el privado se hacen cargo de uno de los emblemas culturales de la ciudad.

Guillermo Arena, presidente de la Asociación Artistas del Sur, comentó a FM De la Calle que realizan “muestras de esculturas, salones de dibujo, inauguramos en la Casa de la Cultura hasta el 13 de septiembre el noveno salón formal del Pequeño Formato con obras de toda la zona. Damos cursos de dibujo para niños, figura humana, acuarela, acrílico y caricatura. Somos seis profes que estamos trabajando duro para poder sacar adelante a la fundación”.

El cierre del Teatro Municipal fue un gran impacto para la institución, “se complica porque había alumnos que no podían seguir abonando y continuaban yendo. También había muchos becados y nos destacábamos por tener valores más económicos que los demás. Ahora estamos en un lugar muy bonito pero hay que pagarlo mucho más caro”.

Arena afirmó que “nadie se acercó a decirnos qué había pasado, solo muy pocas personas se preocuparon por nuestra situación. Esperábamos otra reacción por parte de la ciudad, somos una entidad que ya cumplió tantos años. No nos ofrecieron nada, me habían dicho que me quede tranquilo porque íbamos a seguir estando en el teatro. Yo les pedí me avisen con tiempo para no dejar de hacer el curso y luego de dos semanas el teatro ya estaba cerrado. Luego de haber estado 60 años presentes, me dolió muchísimo la actitud”.

“Estamos ubicados a seis cuadras, en 12 de octubre 430. Hay que pagar muchas cosas y aunque estamos cómodos es un esfuerzo muy grande el que estamos haciendo. Hay muchas dudas y la situación económica del país no acompaña. Para el que quiera ayudar puede comunicarse por la cuenta de Facebook y les daremos la información. Con una cuota de socios muy baja nos ayuda muchísimo para poder seguir funcionando como siempre”.

El Gobierno fijó unilateralmente el salario mínimo vital y móvil en $16.875. El aumento será escalonado en 3 cuotas: 13% en agosto, 12% en septiembre y 10% en octubre. Sin embargo, la canasta básica se encuentra en $31.934 según datos del INDEC.

Dora Martínez, secretaria adjunta de la CTA Autónoma, opinó que “es insuficiente porque no cubre lo que viene sufriendo la familia trabajadora, tendría que haber sido por arriba del 50, un 55%. Si vamos a pensar que en el día a día uno no se encuentra en ninguno de los alimentos básicos el mismo precio me parece una falta de respeto, no estamos de acuerdo”.

La gremialista comentó que en la última reunión de la Multisectorial 21F “se discutió mejorar los esfuerzos para que más personas votemos la ida de este gobierno que la mayoría de compañeros y compañeras coincidimos que es el peor gobierno desde que se recuperó la democracia, es insensible a la situación por la que atravesamos la mayoría de la población”.

“Hay que militar y recuperar el acceso a la salud, la educación, a la soberanía tan devastada, entregada por esta gente. Hay que entrar a ver un plan que implique reactivar el consumo, promover política activas de Estado, dar insumos y ayudar las PyMES para recomponer el mercado interno y recomponer el consumo familiar”.

“Estamos generando una reunión de conducción, de la comisión ejecutiva de la CTA  porque entendemos que en estos meses tenemos que lograr alguna acción conjunta con Yasky, con los Moyano y Palazzo, con el Frente Sindical y organizaciones populares para generar una acción para parar la depredación que estamos sufriendo y plantear una discusión que por única vez se sienten a discutir una reparación salarial”, finalizó Martínez.

Un nuevo juicio contra los ex funcionarios municipales Marcelo Caramelli y Leonardo Pombo comenzó esta mañana. Están acusados por extorsionar y pedir coimas a albañiles para trabajar en el cementerio entre 2007 y 2010.

“Aún no hemos avanzado con los ‘otros’, los que creen que zafaron, los delincuentes que han podido quedar al margen de la Justicia con la ayuda de los ‘padrinos’, el poder y el dinero, pero van a caer, sólo es cuestión de tiempo”, dijo Lorena Zerneri, madre de Daiana Herlein.

Caramelli ya fue condenado a cinco años de prisión por el homicidio de la joven fallecida por la caída de una rama sobre su cabeza. Además, junto a Pombo también fueron sentenciados por cohecho y extorsión contra un comerciaente de Parque de Mayo.

Caramelli recibió entonces una pena de siete años de prisión, la cual cumple en su domicilio por ser diabético, y Pombo fue castigado con 3 años y 6 meses como partícipe necesario.

“Esto pasó en nuestra ciudad, mientras todos lo sabían y festejaban. Poco a poco el tiempo va demostrando que nuestro lema ‘la corrupción mata’ no es sólo una frase hecha.
La corrupción instalada en los gobiernos de Bahía Blanca, mató a Dai. Muchas de las personas que integraron e integran el gobierno de la ciudad, mataron a Dai. Y no es sólo el Ejecutivo, es el Legislativo y el Poder Judicial”, afirmó Zerneri.

La denunciante agregó “pasaron cinco años y cinco meses y sin embargo la muerte de Daiana sigue vigente, porque el desinterés de muchos en investigar, la complicidad en tapar y esconder, el olvido, la nueva oportunidad que se le brinda a muchos funcionarios que colaboraron y fueron cómplices de su homicidio, sigue intacta en el poder, que nunca cambia, sólo va mutando”.

“Y aunque parezca que hicimos mucho, no fue así, sólo hemos podido probar algunos delitos cometidos por estos dos sujetos delincuentes de poca monta, pero hay mucho más, que tiene que ver con ellos, con delitos federales, donde es muy difícil entrar, porque ahí también habita la corrupción”.

La tasa de inflación de agosto muestra una aumento de 4,75% respecto a julio. La variación de precios fue mayor al mes pasado y acumula en el año 27,61%. Por su parte, la inflación acumulada durante los últimos 12 meses llega a 50,03%, volviendo a subir luego de dos meses de baja.

“Estamos otra vez en una situación al filo del precipicio. Vamos a ver cómo lo pueden llegar a manejar. Son todas soluciones malas, con el cepo por lo menos se van a contener las reservas”, dijo a FM De la Calle el economista Juan Larrosa.

Opinó que “lo que queda es esperar que no pase lo peor. Lo peor es una hiper y está a la vuelta de la esquina. Están tomando medidas en un marco de incertidumbre muy fuerte”.

“Un shock inesperado asociado a un problema de incertidumbre política derivó en una fuerte inestabilidad de variables financieras, principalmente el tipo de cambio, la que trasladó sus efectos a los precios. Si bien se produjo una rebaja en el IVA para algunos ítems del capítulo Alimentos y bebidas, su efecto fue colapsado por subas generales en todos los capítulos. Las tercera y cuarta semanas marcan, precisamente, las mayores alzas”, explica el informe.

Todos los capítulos registraron alzas: Alimentos y bebidas (4,76%), Indumentaria (9,99%), Vivienda y servicios básicos (2,11%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (5,49%), Atención médica y gastos para la salud (5,67%), Transporte y comunicaciones (2,49%), Esparcimiento (9,63%), Educación (1,80%), Otros bienes y servicios (4,97%). Por el contrario, ningún capítulo registró bajas.

El informe destaca que la tercera semana marca un salto destacable en las mediciones de inflación, sobre todo para Indumentaria, Equipamiento y funcionamiento del hogar, Atención médica y gastos para la salud, Esparcimiento y Alimentos y Bebidas. “Extrañamente en este último caso se corresponde con la toma de datos posterior rebaja del IVA en diversos alimentos”.

Indumentaria salta casi un 17% mientras que Esparcimiento lo hace casi un 12%, siendo que Alimentos y bebidas termina el mes con 6,34% arriba respecto al fin de mes anterior. Ello anticipa un fuerte efecto de arrastre para el mes de septiembre.

“Nada se puede tomar si a uno no le pertenece”, dijo el concejal de Unidad Ciudadana, Carlos Quiroga, respecto a la ocupación de terrenos que realizan centenares de familias en el barrio Spurr.

“No compartimos eso, no es la solución, no corresponde, no hay que hacerlo. Ahora, también es el emergente de una falta de política habitacional y una falta de tierras de la que el gobierno se tiene que hacer cargo”, afirmó a FM De la Calle.

Desde el lunes 12 de agosto más de cuatrocientas familias se instalan en un gran bloque de tierras sobre Esmeralda al 1000.  El macizo pertenece a la Administración de Bienes del Estado y está bajo custodia municipal. El intendente Héctor Gay descargó la gestión del reclamo en las autoridades de la justicia federal.

Quiroga manifestó que su sector tiene “una política de tierras que será explicitada en su momento y que será eventualmente aplicada si Federico Susbielles, como nosotros esperamos y confiamos, es nuestro intendente”.

“Mientras tanto, es un problema de ellos. Habrá gente avivada, gente que maliciosamente promueve este tipo de actos ilegales sabiendo que lo son y perjudicando a quien está en la vía y sin un techo con el que cubrirse. Ahí el Estado debería dar las respuestas y evitaría estos malos entendidos y esta cosa espantosa de propiciar que gente que está en la última miseria se convierta en perpetradores de un delito”.

Consultado por la difusión de un audio privado en el cual el abogado Leandro Aparicio asesora a vecinos de la toma, el concejal dijo: “Desconozco con precisión el derecho, sí entiendo que no es correcto y no está dentro de la ley ocupar un terreno que a uno no le pertenece. Lo demás, el abogado se hará cargo, desconozco cuestiones jurídicas. Si alguien me viene a pedir asesoramiento a mí, más que ‘eso no lo hagas’ no le puedo decir, no tengo formación jurídica”.

El fiscal Pablo Fermento diálogo con FM De la Calle luego de que el tribunal oral de Bahía Blanca absolviera a seis represores y condenara a otros once en el Juicio Armada II.

En la entrevista destacó la regresividad del fallo en la jurisprudencia de las causas por crímenes de lesa humanidad y las desproporcionalidad entre los delitos por los cuales se condenó y las penas que se aplicó.

En algunos casos “fue menos que lo que le dan a un pibe que encuentran con marihuana o rompe un vidrio en la calle. Esa asimetría demuestra un desenfoque central”.

El segundo tramo de la causa que investiga los delitos ordenados desde la Base Naval Puerto Belgrano abordó 68 casos de víctimas, un tercio de las cuales continúan desaparecidas. En cuarenta días se conocerán los fundamentos.

-¿Qué destacan del fallo?

Lo primero es la cantidad de absoluciones, son 6 sobre 17 imputaciones. Es un dato enorme. Eso no se puede analizar sin ver los fundamentos, el tribunal habrá tenido dudas, habrá hecho alguna interpretación, pero el número es sorpresivo, más en contraste con lo que veníamos viendo en procesos anteriores. Tuvimos una sola absolución en cinco procesos.

Lo que se puede apreciar en el veredicto, es la cuantificación de la pena en función de los hechos reconocidos. El punto más grave -al ser personas que les imputaron numerosos secuestros- es que la relación entre la pena y los secuestros y torturas no guardan ninguna proporción.

La otra cuestión que nos parece muy grave es la fragmentación de la responsabilidad en torno a los homicidios. Hay personas cuya participación en hechos de víctimas desaparecidas reconoció el tribunal y no le atribuyeron el homicidio. Esto es novedoso, no lo habíamos visto en fallos anteriores. Implica que una pena perpetua se traduzca en una pena de 5 o 6 años. Consideramos que ahí se corre el eje y se desvirtúa el análisis efectuado.

-Más allá de los fallos locales, ¿esto se discutía en otros tribunales del país?

Hay que ver cada caso pero, por ejemplo, el caso del conscripto Aguilar que fue desaparecido, secuestrado, al momento de salir baja de una unidad de Puerto Belgrano. Es separado de los compañeros que lo ven irse detenido. La imagen que relatan ellos es como se lo llevaban a Maradona en el mundial ’94. Vieron a un conscripto sobre el cual los oficiales de la unidad estaban preguntando sobre su ideología, ya le habían allanado la casa en Córdoba. Y la situación del imputado en relación al caso y lo que reconoce el propio fallo al condenarlo por la privación ilegítima de la libertad, consideramos que cualquier otro tribunal lo hubiera condenado a perpetua. Son cosas que se discuten, hay planteos de la defensa, pero fue un fallo unánime, no hubo ninguna disidencia, eso nos llama la atención.

Da para una explicación más extensa, por ahí lo más significativo es que una persona que es condenada por un secuestro en las condiciones que sucedieron, desde el Estado, en total clandestinidad, con una  impunidad enorme, con la violencia y métodos de tortura, rebasa el molde de cualquier hecho que podemos considerar en el presente y, sin embargo, la pena fue menos que lo que le dan a un pibe que lo encuentran con marihuana o rompe un vidrio en la calle. Esa asimetría demuestra un desenfoque central.

Lo que sostuvimos es que la persona que interviene en alguna de las etapas del crimen, con conocimiento de toda la secuencia criminal, es responsable por el todo, la distribución de roles tenía por fin esto de decir nos animamos a hacerlo. Es un gesto de cobardía pero un oficial de personal de la unidad donde estaban investigando al conscripto que desapareció y que fue el que se lo llevó de la mano, claramente conoce cuál era uno de los destinos que le iba a tocar y claramente conoce que iba a ser torturado e interrogado, esto sucedía siempre y a esa altura del 76 lo sabía la ciudadanía.

-¿Es muy diferente el tratamiento de los casos entre el juicio Armada I y este de Armada II?

Es abismal y, de hecho, ha producido algunas disonancias entre lo que se falló respecto a los imputados que ya habían pasado por el anterior juicio. Hay dos imputados que vuelven a ser condenados, Martínez Loydi –que era un jefe de inteligencia de la Prefectura Naval- había sido condenado por los homicidios de Heinrich y Loyola, por ejemplo, y en esta oportunidad se lo absolvió por los homicidios y se lo condenó únicamente por privaciones de la libertad. Se lo absolvió por el caso de Zampini que fue secuestrado por Prefectura.

Hubo un fraccionamiento de los hechos y una mirada sesgada y fragmentada acerca de los aportes dentro del plan.

-¿Qué pasó con los delitos sexuales? ¿Qué plantearon ustedes y que resolvió el tribunal?

Al inicio del juicio solicitamos que se los incluyera en la acusación, en realidad, que era parte de la acusación. Nosotros en la requisitoria de elevación a juicio no lo habíamos incluido al momento de calificar. Una cosa es describir los hechos, el conjunto de circunstancias que se le atribuye a una persona y otra es decir que encuadre jurídico tiene ese cuadro fáctico. Ese encuadre fáctico no se puede tocar a lo largo del proceso pero el encuadre jurídico sí.  A veces por los mismos hechos imputás por un hecho y cuando elevas a juicio corregís esa calificación.

Habíamos pedido la elevación a juicio sin incluir delitos sexuales y lo que dijimos al momento de acusar fue que la Fiscalía iba a calificar los hechos descriptos como constitutivo de abuso sexual a los efectos de que la defensa pudiera ejercer mejor su derecho, que supieran que iba a ser así, eso nos pareció una cuestión más técnica, hay un límite a veces no muy claro entre variación del hecho y variación de la calificación. No me quedo con eso, lo más grave tiene que ver con el modo en que valoraron los hechos, las absoluciones lo vamos a ver cuando estén los fundamentos.

-Fueron varios los que recuperaron la libertad.

Los 6 absueltos salieron en libertad pero en general las penas bajas, los que condenaron a pena temporal, es decir todos menos uno, salvo dos de 18 años, algunos condenados del juicio anterior, el resto de los que tiene 5 o 6 años si no salen ahora salen en muy poco tiempo.

Todas las penas se colocaron por debajo de la mitad de lo que pedimos.

-¿Queda alguno en cárcel común?

No, ninguno. Esa fue otra de las cuestiones. Aráoz de Lamadrid, la única perpetua, fue reincorporado al proceso porque estaba con el juicio suspendido por incapacidad sobreviniente, en una de las evaluaciones que se hacen se concluye que está en condiciones de presentarse al juicio pero sin reestablecerle la prisión preventiva. Lo condenaron a perpetua y no dijeron que se le fuera a reestablecer la preventiva, ordenaron un estudio de salud. Consideramos que lo mínimo era decretar la prisión preventiva y sujetar la modalidad a las condiciones de salud. Hay un cambio sustancial entre el estar en el juicio libre a que te condenen a prisión perpetua más allá de que no esté firme, hay un cambio en la valoración sobre los riesgos y demás.

El Concejo Deliberante reclamó al Municipio que reanude el trámite de la declaración de Emergencia Alimentaria solicitado en diciembre de 2017 por Unidad Ciudadana.

“Apenas asumimos presenté el proyecto en emergencia alimentaria, Gisela Ghigliani reclamó emergencia en medicamentos y Walter Larrea la emergencia laboral. Tres indicadores sociales de una extrema gravedad ya por entonces. Veinte meses después sigue ahí. Declarar la emergencia no es una cuestión simbólica sino que es disponer de facilidades para tomar decisiones rápido, tener recursos disponibles”, señaló el concejal Carlos Quiroga.

Afirmó que “la gente se está muriendo de hambre, no saber qué van a comer. Para miles y miles de familias vivir significa simplemente la supervivencia, todo el proyecto, las expectativas, se remiten a ver si mañana comemos. Les están arrancando fragmentos de su calidad de personas”.

“De diciembre del 2017 a 2018 los pobres pasaron de ser 44 a 78 mil. En ese momento Soledad Monardez se dio el lujo de subejecutar 80 millones que tenía asignado para el área social  y la premiaron con el Juzgado de Faltas con el voto del socio minoritario de Roberto Ércoli”, agregó.

Respecto a la asistencia municipal a familias vulnerables, Quiroga comentó que “la gente tiene que hacer un peregrinaje para conseguirla, además ¿sabés lo que significa venir al centro para las familias sin recursos? El boleto de colectivo a 30 mangos, el combustible de la moto, como no tienen las motos en condiciones se las decomisan si viene al centro”.

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur y el Departamento de Economía de la UNS firmaron un convenio para para que  dentro de los próximos 3 años se realice la medición de pobreza multidimensional en la ciudad.

Silvia London, directora del IIESS, dijo a FM De la Calle que mantuvieron una reunión con el intendente Héctor Gay para “analizar qué tipo de estadísticas tiene el municipio, colaborar con nuestros propios datos y poder hacer esta medida de pobreza multidimensional”.

“Buscamos tener una medida que dé mucha más información de las necesidades  de sectores más vulnerables para establecer políticas específicas”.

London comentó que la medición multidimensional “es una medida que no solamente considera pobreza por ingresos sino otros factores, son tres índices y, sobre cada una de estas, hay otras variables que las componen. Sobre esto se ven carencias de vivienda y educación, obviamente el ingreso también, es parte de la medición pero no es lo único que lo determina”.

“Tenemos un problema en Bahía Blanca con respecto a una porción de la sociedad que está en situación de pobreza y la idea es poder ver exactamente qué dimensiones son las más significativas para actuar”.

“Para los que hacemos investigación, el resultado es cuando estos datos llegan a los hacedores de política. En ese sentido es muy bien recibido por nosotros que la Municipalidad tenga interés de que se hagan estos diagnósticos”, concluyó.