(Por Francisco J Cantamutto) El gobierno emitió la deuda por 16.500 millones de dólares y pagó a los buitres con juicios ganados. ¿Se viene una nueva ronda de endeudamiento?

Los buitres se anotaron la gran conquista que buscaban. El gobierno les presentó el pre-acuerdo en la corte de Thomas Griesa y los fondos aceptaron. Para ello, Cambiemos llevó a la negociación el apoyo político alineado entre la mayor parte de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, constituyendo una auténtica política de Estado: la garantía de continuidad del arreglo más allá de cualquier vaivén gubernamental. Se dificultó así, como lo hizo el canje de 2005 y el pago al FMI de 2006, la posibilidad de una auditoría integral de la deuda, cuyos orígenes ilegales e ilegítimos están ya probados.

Con este apoyo del establishment político, que aprobó la emisión de deuda por hasta 16.500 millones de dólares, el gobierno presentó la oferta a los fondos buitres que litigaron en Nueva York, entre los cuales se encontraba el más conocido de todos, NML Capital, de Paul Singer. La recepción fue excelente, pues se les propuso el pago completo de capital, intereses atrasados y punitorios, costas de juicios, comisiones y  otros rubros no especificados. Con la anuencia de los litigantes, el juez Griesa otorgó el permiso para el pago y levantó las medidas cautelares que dificultaban a Argentina emitir nueva deuda en Estados Unidos.

Con el mismo apuro que ha mostrado el gobierno para resolver todas las necesidades del capital concentrado, el 22 de abril se lanzaron al mercado los nuevos bonos autorizados por el Congreso. Un total de 16.500 millones de dólares, a una tasa de interés anual promedio de 7,14%, con maduración a 3, 5, 10 y 30 años. La operación marcó el evidente apoyo del capital financiero al rumbo elegido: el gobierno recibió una demanda cercana a los 67.000 millones, 4 veces más que lo ofertado. Es decir, Cambiemos fue capaz de colocar la nueva deuda emitida para pagar a los buitres, y constató la ansiedad del empresariado por participar en una nueva ronda de endeudamiento masivo. Debe señalarse que esta emisión fue la más grande de un país periférico en los últimos 20 años.

Los bancos colocadores de los bonos cobraron una comisión de casi 30 millones de dólares. Se trató del JP Morgan, Deutsche, Citibank, HSBC, Santander, BBVA y UBS. Los cuatro primeros habían participado de la estafa de diciembre, cuando se hicieron de títulos en manos del Banco Central cobrando un interés de 7,8%. Los dos primeros son las entidades donde trabajaron el ministro Prat Gay y el secretario Caputo.

Los 9.300 millones ya fueron depositados para pagar a los fondos buitres. El 26% de la transferencia fue a manos de Paul Singer, quien no demoró en calificar de “campeón de las reformas” a Macri en la conocida revista Time. Parece que pagar escribas para obtener adulación es una práctica válida para este gobierno también. El gobierno anunció que finalizó así el conflicto de “15 años”. Sin embargo, aún queda cerca de un 1% de bonos en manos de holdouts sin arreglar, y ya comenzaron los reclamos de los buitres que habían participado de arreglos previos (el fondo Greylock, que canjeó en 2010, presentó un reclamo por trato desigual). Incluso la prensa amiga del gobierno detectó que el riesgo de nuevos litigios no es nulo, al menos mientras se continúe operando bajo la ley estadounidense.

El remanente de la emisión de deuda, de poco más de 7.000 millones de dólares, fue a apuntalar las reservas del Banco Central, que de esta forma superaron su nivel de 2015. La constante salida de dólares del Central no ha mermado: el primer trimestre del año cerró con déficit comercial –fruto de la avalancha de importaciones-, los grandes operados agroexportadores siguen sin liquidar operaciones y la presión ahorrista se sostiene. El Banco que preside Sturzenegger está librando una batalla cotidiana por contener el tipo de cambio, vendido dólares en el mercado cambiario y “tentando” a los inversores con ofertas “atractivas”. Se trata de la emisión de LEBAC en pesos, que están pagando hasta 38% anual en plazos que van desde los 35 días, permitiendo un negocio formidable a la banca, empresas con liquidez e incluso algunos ahorristas minoristas (que alcanzaron el 5% del mercado). El retorno de la bicicleta financiera a través de LEBAC y NOBAC ha llevado el pasivo del Central a 507.000 millones de dólares, una cifra comparable con el PBI nacional.

Ante el interés del capital financiero, el gobierno ya anunció –a través del secretario Caputo- que realizará nuevas colocaciones de deuda. El déficit fiscal proyectado para el 2016 es de 24.283 millones de dólares, que se suman a vencimientos de deuda por 12.463 millones más. Para compensarlos, se prevé tomar deuda con organismos internacionales de crédito, con el Banco Central, con la ANSES y colocar en el mercado interno.

Este último punto es clave: el gobierno de Cambiemos prevé sostener la oferta de opciones financieras muy rentables dentro del mercado interno, buscando captar excedentes disponibles en el país. Las políticas aplicadas desde diciembre han favorecido al conjunto del empresariado más concentrado, que se encuentra con recursos invertibles, pero que no está dispuesto a colocar si no es en negocios de muy elevada rentabilidad. Esto desmorona -dentro del propio discurso del gobierno- la idea de que a la economía argentina le faltan recursos para invertir y sea necesario buscar capitales en el exterior. La búsqueda de capitales en el exterior que inició Macri en Davos es una opción de política y no una “necesidad”, como el gobierno pretende difundir.

El arreglo con los buitres en Nueva York no significa “la vuelta de Argentina al mundo” (¿a dónde se habría ido si no estaba en allí?), sino el inicio de una nueva ronda de endeudamiento externo. Esta ruta es la que, con reparos pero en el mismo sentido, inició el gobierno previo en 2014, cuando decidió pactar en el CIADI y arreglar con el Club de París. La cúpula empresarial se encuentra con bajos niveles de deuda y está tentada por ingresar en esta nueva fase de expansión financiera. La toma masiva de deuda, además, podría permitir financiar el consumo de los sectores sociales que sobrevivan el ajuste, fungiendo como mecanismo legitimador. Para las clases populares, ningún beneficio se puede prever de este rumbo. Más bien al contrario, como se vio la semana pasada con las protestas de la comunidad universitaria, el uso de recursos para los pagos de deuda parece estar desplazando otros gastos fiscales… como la educación. Lamentablemente, lógica de este ajuste ya la conocemos, y no termina bien.