El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la Nación retoma esta semana el proceso de remoción contra el suspendido camarista bahiense Néstor Luis Montezanti. Entre lunes y martes declarará el imputado y las partes desarrollarán sus alegatos. Organismos de derechos humanos convocaron a participar de la audiencia desde las 12 en el tercer piso de Libertad 731 de Capital Federal.

El juez está acusado por “mal desempeño en sus funciones” por “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y “falta de idoneidad moral y de vocación democrática” por su pasado como Personal Civil de Inteligencia del terrorismo de Estado y sus vínculos con integrantes de la Triple A. Además, se le endilga “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes”.

En diciembre el tribunal escuchó una treintena de testimonios de militantes políticos, gremiales, ex estudiantes y trabajadorxs judiciales. El último de ellxs, del recientemente fallecido ex fiscal de Bahía Blanca, Hugo Omar Cañón, cuyo aporte aquí se reseña.

Hugo-Omar-CañonCañón se presentó en el edificio del Consejo de la Magistratura dos días antes de la navidad de 2015 y recordó que conoció a Montezanti en el Colegio Don Bosco. “En aquella época ya se destacaba por un perfil muy particular que le dio cierto prestigio o fama respecto a su forma de pensar o de actuar”, aseguró sobre el entonces militante de la “elitista” Guardia Restauradora Nacionalista.

Luego repasó el contexto político de los primeros 70 con Víctor Benamo como interventor de la Universidad del Sur, el desembarco de la Misión Ivanissevich encabezada por Remus Tetu y su “aparato de persecución ideológica”, el asesinato de David “Watu” Cilleruelo y el accionar de Rodolfo Ponce.

“Era vecino en Villa Rosas, mi papá me decía que era un hombre de temer, un hombre peligroso. (…) Luego fue cabeza de la Fiambrera, un vehículo que secuestraba personas para instalar el terror, inclusive hay anécdotas de colgar cuerpos en un puente como visibilización de ese terror”, afirmó.

Al referirse a la vinculación de Montezanti con miembros de la Triple A local, Cañón mencionó causas en las que el jefe de la patota Jorge “Moncho” Argibay y su hijo Pablofueron defendidos por el juez en una causa por “tenencia de armas” en la cual los represores fueron sobreseídos.

Un civil a la altura de un teniente coronel

El ex fiscal manifestó que el imputado “fue ponderado por Vilas al igual que el periodista José Román Cachero”. Adel Edgardo Vilas fue segundo comandante del V Cuerpo de Ejército y comandante de la Subzona 51. “Tenía una plana mayor pequeña entre la que estaba el Destacamento de Inteligencia que fue el eje central operacional desde el cual se fijaba los blancos para hacer los operativos de secuestro”.

Aquel destacamento fue dirigido, entre otros, por José Osvaldo “Balita” Riveiro, “aval moral” de Montezanti para su ingreso a la plantilla del personal civil de inteligencia genocida. “El dr. Néstor Montezanti era un PCI de estructura de inteligencia con el rango A1 que, según la Ley de Inteligencia vigente entonces, era oficial superior y equivalente a teniente coronel del Ejército, por lo tanto el rango y el sueldo equivalente al de teniente coronel en esa estructura que funcionó durante décadas pero operacionalmente en el plan de exterminio de la dictadura militar desde el 76 en adelante”.

Contrariamente a lo sostenido por la defensa del juez respecto a la inexistencia de persecución política en la ciudad a principios de los 80, el ex fiscal explicó que “en Bahía Blanca la comunidad informativa siguió funcionando con especial ahínco, hay familiares, hay víctimas que eran ‘visitadas’ por militares, controladas y monitoreadas después de recuperada formalmente la democracia en diciembre del 83”.

“La comunidad informativa se ocupa de seleccionar y tomar información, clasificarla, porque al principio venía información -el mismo Vilas lo dice- que entraba en el ámbito de lo personal, alguien que la mujer lo engañaba hacía una denuncia para jorobar a la mujer o a su amante. Pero el perfil del ‘peligroso’, universitarios, estudiante o profesor, estaba definido por expertos”, detalló al acusador Miguel Piedecasas.

Agregó que “había canales de recolección de información muy variados”, por ejemplo, “un empleado bancario normal y oficial con el trabajo paralelo de informante que en el diálogo con el cliente iba sacando información -si viajó o no, qué depositaba, con quién estaba- y pasaba un parte que luego era procesado en esta comunidad informativa. Esta era la usina imprescindible para fijar los trazos de aquellos que Vilas nos mostró en un diagrama, de cómo armar el rompecabezas”.

Excusas

Granada FMDELACALLE

Granada en una audiencia del juicio V Cuerpo de Ejército.

Cañón comentó el caso del genocida Jorge Granada, condenado a prisión perpetua en 2012, para cuestionar argumentaciones defensivas del camarista suspendido. El presidente Alfonsín declaró el estado de sitio en 1985 y encarceló al represor en el marco de una serie de falsas amenazas de bombas a escuelas que generaron “una inestabilidad democrática muy fuerte y angustia y zozobra en la sociedad”.

Levantado el estado de sitio, el teniente coronel Granada fue liberado por falta de pruebas judiciales en su contra. “Granada argumentaba que su rol era dar permisos de casamiento, dedicarse a las autorizaciones cuando se trasladaba un personal militar de una ciudad a otra, que la familia se llevara los muebles de una vivienda a otra. Algo similar a la argumentación del dr. Montezanti respecto a su actividad” como PCI.

Lo mismo sucedió cuando en 1987 fueron detenidos los generales Vilas y Sexton: decían que no tenían nada que ver, que administraban traslados y autorizaciones, o desarrollaban hipótesis de conflicto con Chile o la defensa de Malvinas. “Siempre la excusa fue escudarse en argumentaciones que tienen que ver con lo específicamente militar u operaciones de ayuda comunitaria pero nunca con lo que tenía que ver con ese plan clandestino, oculto, criminal y, por ende, muy difícil de asumir. Este doble discurso se repitió en todos los militares que, por supuesto, pudimos probarlo por otras vías y no por sus declaraciones”.

“No hay casualidades, hay roles”

Madueño y Sierra

Madueño y Sierra

Consultado sobre el abogado y docente jubilado de la UNS Hugo Mario Sierra, Cañón destacó la dinámica de la historia que hace que “hoy podemos estar con alguien que creemos que comulgamos en las mismas ideas o posiciones políticas o ideológicas o la defensa del sistema democrático y después uno va descubriendo que las cosas no son así”.

Describió las reuniones que mantenía en la Procuración tras su asunción como fiscal, con funcionarios políticos, judiciales y militares. Entre ellos estaba su colega mendocino Otilio Romano, “un señor que todo hacía parecer que era una persona incorporada al sistema democrático con naturalidad. Romano, se descubrió que era un partícipe del plan de exterminio, se profugó a Chile, pudo ser extraditado, está siendo juzgado, está preso”.

El testigo tenía una muy buena imagen sobre Sierra. Tenía un artículo sobre la “autoría mediata muy interesante”, habían compartido durante la dictadura cursos que dictaba Raúl Zaffaroni en el Colegio de Abogados de Bahía Blanca, era “alguien que estaba muy cercano”.

“Cuando comienzo las investigaciones veo quién era el dr. Sierra y que participó como secretario de (el juez genocida Guillermo) Madueño. Yo ahora me lo cruzo en la Plaza Rivadavia cuando saca a pasear el perrito y me esquiva para no saludarme, es muy duro todo esto, uno descubre quién está atrás del personaje que uno creyó que era y que no es. Él participó en La Escuelita, en el centro clandestino de detención, asistía con Madueño cuando había prisioneros, legitimó y hasta con risas burlonas los interrogatorios ilegales, estuvo con la Policía Federal” en la ‘limpieza ideológica’ en la UNS.

“Había toda una combinación de personajes que operaron en ese período y Sierra fue defensor del dr. Montezanti en ese juicio que se hizo en el Juzgado Correccional del dr. Ares. No hay casualidades, como Montezanti fue defensor de los Argibay o lo acompañó a Remus Tetu y eso está en la Prefectura, hay un informe que dice que Montezanti lo acompañó a Remus Tetu al Juzgado Federal como abogado. No hay casualidades, hay roles”.

Una Cámara de terror

Cañón reseñó al tribunal una breve historia del desprestigio de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Arrancó por su cara opuesta, la de los jueces “Cafasso, Cotter y Larraza”, una Cámara “de excelencia” que impulsó la presentación del fiscal sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida.

Luego se amplió de tres a cinco el número de integrantes para afrontar los Juicios por la Verdad pero los cargos no se cubrieron hasta que la Alzada “comenzó a ser mal vista”. Así llegó Augusto Fernández, “camarista civil en la provincia de Santa Cruz vinculado a Duhalde” quien inició “el desembarco para cambiar la matriz de esa Cámara”.

Cuando Duhalde se ubicó en la presidencia, Montezanti juró en el coqueto palacio de Mitre 60. “Asumió una actitud en base a su concepción del orden, de la autoridad, de la jerarquía, su posición corporativa y vertical, comenzaron los conflictos”.

“Se nos empezó a prohibir circulación en la Cámara, el uso de la cocina, la biblioteca, usar un libro especial (…) inclusive para entregar un escrito teníamos que esperar a que autorizaran su ingreso, algo insólito. (…) Es la actitud patoteril puesta en significación, lo dice expresamente, si no hay orden no hay jerarquía, se subvierten los valores, esto no puede ser”, declaró.

Cañón subrayó que “había terror en la Cámara, los empleados no se animaban a venir a la fiesta de despedida de Cotter, a la mía, mandaban saludos por interpósitas personas porque había miedo. Miedo a que se enterara, había vasos comunicantes, todo se sabía”. Varias empleadas no aguantaron el estrés generado por el acoso laboral y “ni hablemos del caso de los delegados gremiales, era intolerable para la concepción de Montezanti que alguien dentro de la Cámara Federal defendiera derechos”.

Más allá del jury promovido por el Consejo de la Magistratura, Montezanti está penalmente imputado con prohibición de salir del país en la causa que investiga una veintena de homicidios cometidos por la Triple A en Bahía Blanca. Los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia le atribuyen  haber sido miembro de la banda paraestatal -conjuntamente con miembros de la CGT local e integrantes de las fuerzas de seguridad- de activa participación en la represión ilegal, particularmente la que se centró sobre el ámbito universitario y gremial durante la etapa previa al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y de haber sido cómplice del plan criminal desplegado posteriormente durante la última dictadura.

12662485_551124991730264_2360852728495284331_n

(Por Laura Garcìa Vazquez) América Latina tiene un pasado, un presente y un destino común. Y constituye la región más desigual del planeta, no la más pobre sino la más desigual, término que nos lleva irremediablemente a decir la más injusta. Al colonialismo le ha seguido el neocolonialismo, ejercido desde una amplia variedad de tipos de gobiernos pero que siempre privilegió los intereses privados y extranjeros. Por eso para una redistribución de la riqueza es necesario lograr Soberanía plena sobre nuestros recursos, o, si se prefiere, bienes comunes. El nacimiento de la CELAC, de la mano de Hugo Chávez y su empecinada vocación emancipadora y latinoamericanista se ha producido en el ciclo, sobre todo en el aspecto económico,  denominado “progresista” donde se desarrollaron cambios trascendentales para la región. El fin o no de ese ciclo está puesto en debate, así como la imperiosa necesidad de comprender las causas de su discutida finalización, más allá del escenario actual internacional tan desfavorable cuyo principal rasgo económico es la baja de los precios de los productos primarios, comúnmente llamados commodities.

Sin duda una de las causas es no haber revertido un modelo atado a la exportación agro-minera, ya que, no hace falta ser experto para visualizar ahí mismo el gran obstáculo a vencer: la dependencia. Mucho más hoy, en pleno siglo XXI, con el comportamiento desterritorializado de las empresas  transnacionales. Seguramente, una integración estratégica y soberana, no sólo es deseable sino necesaria a fin de poder desarrollar naciones y comunidades donde los derechos humanos integrales sean realmente para todos y todas. Y esto, necesariamente implica un desarrollo autónomo, de nuestros países, que incluya nuestras mejores tradiciones partiendo de los pueblos originarios.

Creemos que este organismo, la CELAC,  es fundamental, es decir, desde su concepción va en el sentido de recomponer el destino común que tenemos los latinoamericanos ya que es el organismo que nos permite a nosotros, los latinoamericanos, reunirnos todos y sin tutelas y esto es, de por sí, importante a la hora de pensarnos independientes , integrados y soberanos. Pero lo más importante, es decir, la razón primaria sigue siendo la que resumió el presidente Evo Morales:   “Para qué creamos la CELAC?” Pregunta el presidente Evo Morales de Bolivia en la Cumbre CELAC:   “Para liberarnos de la dominación imperial”. Una vez más y en este año en que los argentinos cumpliremos 200 años de la Declaración de la Independencia, es necesario decir que sin emancipación, soberanía, liberación o  autonomía plena no hay posibilidad de cumplir con todos los derechos humanos que necesitan nuestros pueblos.  Por eso no es redundante sino imprescindible seguirlo señalando.

Han pasado muchas cosas desde la creación de la CELAC en el año 2011 hasta esta IV Cumbre que se acaba de realizar en Quito, en el imponente edificio de la UNASUR , y podría pensarse, desde una mirada emancipadora, que han sucedido cosas muy malas, algunos dicen “retroceso”, otros “fin del ciclo progresista”, cuando en realidad, frente a la “oportunidad”  pasada del ciclo de “crecimiento económico” tiene que existir una autocrítica que abarque a todos los que aspiramos a la liberación nacional y social de nuestros países y a la integración autónoma de  América Latina,  pero también a proponer un modelo productivo donde el eje sean las comunidades y su ambiente frente a los desafíos que esta compleja e injusta realidad mundial nos presenta.

Recordando, la creación de la CELAC,  Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se creó en México en febrero de 2010 y se constituyó en Caracas, Venezuela en diciembre de 2011. Tuvo cuatro Cumbres, en Chile en 2013, en Cuba en 2014, en Costa Rica en 2016 y, recientemente, en  Ecuador,  quedando la presidencia, ahora,  en manos de la República Dominicana. Dentro de las diferentes visiones que los gobiernos tienen y manifiestan elegimos la del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien en su significativa intervención se distinguió sin duda por varios motivos, pero en mi entender el primero es la franqueza que debe ganarle a la diplomacia y a la hipocresía que rodea este tipo de eventos. Los microclimas no son saludables y por supuesto, alejan de la realidad.

En primer lugar Evo se refiere al origen y el objetivo de la creación de la CELAC y que es liberarse de toda dominación sabiendo que los países actúan a través de las empresas transnacionales. Es por eso que, sostiene, gobierne la izquierda o la derecha, en nuestros países no deben gobernar ni banqueros ni empresarios que respondan a esos intereses. Soberanía real significa que los pueblos sean dueños de sus recursos naturales, por lo tanto todo bien estratégico debe ser nacional y estatal. Valorando especialmente la paz interna de cada país, pero teniendo en cuenta que esta paz se sostiene realmente con justicia social, igualdad y soberanía democrática. Y para todo esto debe redistribuirse la riqueza. También habló de los servicios básicos como derechos humanos: la telefonía, el agua y la energía y de cómo en Bolivia siguen bajando las tarifas de esos servicios gracias a que es el Estado el que los maneja priorizando su aspecto de justicia social. Con otro discurso diferente, sustancialmente diferente y leído, se desarrollaron las palabras de nuestra vicepresidenta Gabriela Michetti,  ( señalo esto por lo que implica ceñirse a lo escrito, es decir, no salirse del libreto,  no por dudar de su capacidad de hablar sin papeles ) enumerando, una vez más los objetivos del gobierno de Cambiemos en nuestro país: pobreza 0, derrotar al narcotráfico y fortalecer la calidad democrática. Palabras claves deslizó la vicepresidenta en su lectura: oportunidades es una, diversidad es otra, competitivas, otra más. Nada del tronco común latinoamericano, siempre pegándose a la ONU, a la OEA, es decir organismos que “vienen” sosteniendo el orden mundial injusto y la dominación de unos sobre otros. Pero también, siempre en el marco de la ONU, habló del “desarrollo sostenible”, del cambio climático y de las energías “limpias”. Mientras, en nuestro país, siguen los despidos y suben las tarifas de los servicios. Demasiados contrastes entre metas y medidas.

El desafío sigue siendo que la integración se concrete en emancipación económica, ahora, en un contexto más adverso.

Ratificamos la importancia de esta organización que responde a una hermosa palabra que es: comunidad. Trabajando en el sentido emancipatorio y en la defensa del sentido de las palabras, decimos que las poblaciones también podemos trabajar por la integración y la unidad latinoamericana más allá de nuestros gobiernos y es justamente nuestra participación protagónica la que definirá cómo sigue la historia. Tenemos mucho camino por delante, teniendo presente una cuestión fundamental: vayamos por derechos para todos, no por oportunidades.

La Secretaria de Medio Ambiente de la Municipalidad de Bahía Blanca informa que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó ayer a la empresa Transportadora de Gas del Sur S.A. por emisión de humos negros.

La empresa informo que debido a una falla en la generación de energía eléctrica se produjo la parada de la planta localizada en General Daniel Cerri. Como consecuencia de esto se produjo una emisión una emisión de humos negros desde la antorcha de la planta.

La emisión fue constatada y calificada por un inspector del CTE. La calificación fue de grado 5 (100 % de la escala de opacidad) según la Escala de Ringelmann y superior a un minuto, tiempo máximo permitido por la legislación para dicha opacidad. Se procedió al labrado del acta de infracción imputando falta al artículo 2° de la Ley 5965, Articulo 10 Decreto Reglamentario 3395/96, conforme Anexo V, Escala de Ringelmann.

Artículo 2

El acta de infracción será enviada junto a un informe de lo sucedido al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS).

Artículo 10

 

Tabla

Foto: Sebastián Gutiérrez

Fuente: Bahía Blanca

La Coalición por una Comunicación Democrática lanzó la iniciativa “campaña de firmas en apoyo al reclamo” de derogación de los decretos 13/2015, 236/2015 Y 267/2015. La multisectorial expresó que “los mismos constituyen un abuso de poder contra la Constitución Nacional, el Congreso de la Nación, y los principios de gestión plural con representación federal, parlamentaria y sectorial de la Autoridad de Aplicación”.

Asimismo, el documento que se publicó en el sitio desde el cual organizaciones o particulares pueden adherir al reclamo, califica de “normas de facto del actual gobierno” a los decretos y sostiene que “constituyen, por lo tanto, un ataque a la democracia y a sus instituciones”.

De esta forma, “si la libertad de expresión está en peligro, todas las libertades lo están”, finaliza el comunicado.

Nuevos 21 puntos

A su vez, la Coalición realizará un congreso a nivel país en Buenos Aires el 3 de marzo. La convocatoria se amplía hacia organizaciones políticas, sociales, sindicales, de comunicación cooperativa, comunitarias, pueblos originarios, universitarias y de pequeñas y medianas empresas de arraigo local.

Se debatirán 21 nuevos puntos por la comunicación democrática, que retoman y ratifican los que impulsaron inicialmente la Ley de Servicios Audiovisuales. Sin embargo, en esta oportunidad se intentarán incorporar nuevos elementos basados en aspectos técnicos así como las demandas sociales que se desprenden del balance de la aplicación de la Ley.

Con el objeto de que los debates tengan desarrollo territorial, se promoverán instancias locales y regionales sobre los nuevos 21 puntos, entre el 21 y el 27 de febrero, en todos los lugares del país que tomen el tema.

Firmá aquí

(Por Julio Gambina) Macri busca normalizar las relaciones políticas y económicas de la Argentina con el poder económico mundial y por eso concurrió al Foro Económico Mundial en Davos, con señales hacia los principales protagonistas del sistema capitalista: el gobierno de EEUU, el inglés, el FMI y ejecutivos de las transnacionales ávidas de negocios con segura rentabilidad. La movida argentina fue presentada como sistémica con la compañía de buena parte del Poder Ejecutivo y Sergio Massa como líder de la oposición peronista. Oficialismo y oposición juntos para una opción de política de Estado amigable con la liberalización.

Llevaba Macri en su haber el cumplimiento de la demanda de la cúpula concentrada de las empresas que actúan en el país: la devaluación de la moneda, la eliminación y reducción de las retenciones y una mayor liberalización de la economía, acompañada de una brutal modificación regresiva de los precios relativos contra los ingresos populares y favorables a las ganancias. La inflación que miden las provincias de San Luis y la Ciudad de Buenos Aires, referentes del INDEC ante la ausencia de indicadores propios, señalan una variación promedio del 6% para diciembre pasado y similar para enero 2016, consolidando la transferencia de ingresos de los de abajo a los sectores más concentrados en disposición de aumentar precios.

Además, se hace propaganda del compromiso de terminar con la cesación de pagos declarada en 2001, por lo que se propone arreglar con los holdouts, los “fondos buitres” que tienen sentencia de cobro por parte de la justicia estadounidense. En ese marco se habilitó al FMI que vuelva a auditar las cuentas de la Argentina según establece el estatuto del Fondo, t así, las restricciones externas para préstamos al país empezaron a flexibilizarse con el rumbo económico del gobierno Macri, aunque las divisas no terminan de ingresar.

De hecho, la colocación del Bonar 2020 en estos días y el canje de Bonos con vencimiento en 2017 tuvieron escaso impacto y pone en evidencia, que no alcanza con buena voluntad y profesión de fe por la iniciativa privada para que se concreten operaciones de ingresos de dólares a la Argentina, ya que la situación de la economía mundial no acompaña las expectativas de los empresarios gobernantes del país.

Lo concreto logrado es el ajuste interno

El FMI corrigió a la baja las estimaciones de evolución de la economía mundial, que en la coyuntura no solo incluye a los países capitalistas desarrollados como hasta hace poco, sino también a los llamados emergentes, especialmente a Brasil en franca caída y a China con desaceleración confirmada con un crecimiento del 6,9% para el 2015, menos de lo esperado y claro, mucho más que el pobre promedio de la economía mundial. Para la Argentina, la previsión es recesiva, con caída de su capacidad de producción.

El dato real es que los capitales globales, salvo ofertas excepcionales de rápida rentabilidad, prefieren la seguridad de los mercados tradicionales, especialmente EEUU con sus expectativas de subas de la tasa de interés, y por eso hay disputas inter-capitalistas que se manifiestan como “guerra de monedas” en un ciclo donde la mayor valorización de la moneda estadounidense induce la baja de los precios de las commodities, entre ellos el petróleo, el gas y de interés para la Argentina, los alimentos y muy especialmente la soja. Parte de ese fenómeno se manifiesta como crisis de las bolsas en todo el mundo, y la de la Argentina es una de las más perjudicadas en este comienzo del 2016.

La realidad es que la disputa por el ingreso y la riqueza se concentra en la redistribución regresiva hacia el interior de la Argentina. Por eso se cuentan por miles los desempleados del Estado y el sector privado, la cara visible del ajuste prometido y ejecutado. Se aprovecha el consenso electoral en el primer tramo de ejercicio de un gobierno que funciona a base de Decretos e iniciativa política e ideológica mediática para construir aceptación social más allá de lo obtenido en las urnas. Es curioso, pero el autoritarismo está asociado a la búsqueda de mayor consenso. Se presenta como señal de autoridad, de eficacia de gestión. Se trata de lógica política de empresarios por la eficiencia en la gestión.

El capitalismo mundial en crisis necesita de más liberalización de la economía y el gobierno Macri es funcional a ese programa. Los capitales transnacionales aguardan conocer cómo se procesa el conflicto social, con represiones diversas y confrontaciones en un tiempo de receso por vacaciones, con negociaciones paritarias que empiezan a intervenir en el debate económico y político, caso de los docentes, los bancarios o los petroleros. Todo agudizado con la incertidumbre derivada de la ausencia de cifras oficiales que midan la evolución de precios y salarios.

Los propósitos del Foro Económico Mundial

Davos reúne al poder económico mundial desde hace 45 años, cuando se convocó al primer Foro Económico Mundial en 1971, con la crisis capitalista de entonces asociada a la disminución de las ganancias gestada desde la mayor acumulación de poder popular en la historia.

Entonces parecía imparable el socialismo en el mundo, con EEUU enterrado en el fango de Viet Nam, que irremediablemente perdería poco tiempo después. En ese marco, el poder sindical había arrebatado históricas conquistas al poder concentrado. El Sur del mundo ejercía su capacidad de demanda asociada al sistema socialista para discutir un Nuevo Orden Económico Mundial, como Carta de los Deberes y Derechos de los Países en debate de la ONU en 1974, solo con 12 votos en contra.

A comienzos de los años 70´, el imperativo era frenar la acumulación de poder popular y se desató una gigantesca ofensiva del capital sobre el trabajo. Una ofensiva de contrapoder para restaurar la capacidad de mando y dominación del capital en la civilización contemporánea. Davos renueva en esta versión del 2016 sus propósitos, aunque sobre el mar de una crisis capitalista que empezó a visibilizarse desde el 2007/8.

La esperanza por una alternativa se procesó con el cambio político en Nuestramérica, justamente en el momento de eclosión de la nueva crisis mundial en 2007. Macri en Davos llevó tranquilidad al poder económico por su disposición a retomar el programa de máxima del gran capital e intervenir en la región para orientar su rumbo hacia la liberalización. Su política internacional inducirá las ansias liberalizadoras de corrientes afines en los gobiernos de Uruguay y Paraguay para contrarrestar el peso de Venezuela o Bolivia en el Mercosur, con un Brasil abocado a resolver su propia crisis interna y lejos de toda pretensión hegemónica regional.

Lo alternativo como asignatura pendiente

Por eso, la pregunta que se impone, para la Argentina y la región es relativa a los límites del proyecto de cambio político, especialmente en las modificaciones estructurales de orden económico. No haber avanzado en ese camino generó las condiciones de retorno al proyecto hegemónico de las transnacionales, los organismos internacionales y los países más desarrollados del capitalismo y el imperialismo.

El proyecto alternativo sigue siendo la asignatura pendiente. Es necesario instalar esa conclusión en la sociedad, ya que no alcanza con propugnar un sentido común de retorno a procesos que mostraron sus límites e incapacidades para transformar profundamente la realidad. La foto del balotaje con dos opciones constituye un problema para construir ese proyecto alternativo. La opción binaria del balotaje no sirvió para identificar rumbo alternativo al orden capitalista y su cristalización en el debate político cotidiano es un límite a superar.

La iniciativa política del gobierno Macri unifica acciones y movilizaciones para la defensa de reivindicaciones económicas y sociales. El problema es que no se requiere solo la unidad de acción, incluso de unidades orgánicas, tal como se sugiere con las CGT o las CTA. La cuestión de fondo es sobre la hegemonía de ese accionar en unidad, si para retomar procesos que demuestran sus límites para avanzar en proyectos de emancipación social, o si se define una propuesta con suficiente densidad social y política para desafiar al orden de Davos.

Susana Matzkin falleció ayer en la ciudad de La Plata donde se encontraba internada. Militante por los derechos humanos, fue querellante en las causas por crímenes de lesa humanidad y fundadora de Ausencias Presencias, de la  Comisión de Apoyo a los Juicios y de Familiares/Amigos de Víctimas del terrorismo de Estado de la década del ‘70 de Bahía Blanca y la Región. Con asistencia casi perfecta siguió atentamente las audiencias para anotar en su libreta el dato que le permita develar cada detalle sobre los secuestros de sus hermanxs.

“Compañeros militantes de derechos humanos. Hoy es un día muy triste. Nos ha dejado la colorada Susan Matzkin. Nos queda su trabajo sin descanso y su aporte invalorable a los juicios de lesa humanidad. Peleó no solo por memoria, verdad y justicia para su hermana Zulma sino para los 30000 compañeros detenidos desaparecidos. La butaca del salón de Colón 80 que ocupó cada día hasta que su salud se lo permitió, será un lugar para recordarla y que la mantendrá presente en las jornadas que vendrán. Hasta siempre Susana”, señalaron desde FAVIC.

El 24 de agosto de 2011 Susana testimonió en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad de Bahía Blanca y relató que su familia sufrió la represión militar entre 1973 y 1980 de manera continua pero, particularmente en 1975, cada dos meses su vivienda en Pehuajó era allanada para intimidarlos y llevarse distintos materiales, documentación y libros. A principios de 1976, Zulma les comentó que era perseguida y buscada.

Zulma llegó a Bahía Blanca con su hermano y sus padres a fines de la década del ’60 para terminar de cursar el secundario y estudiar Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional del Sur. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista, trabajaba en el barrio 17 de Agosto, a media cuadra del lugar donde la patota del V Cuerpo de Ejército la fusilaría junto a otras tres personas.

“Todas las semanas iban al barrio, enseñaban particular, hacían las tareas con los niños, actividad social comunitaria. La gente del barrio a ella y a Manolo (Tarchitzky) los conocían, los ayudaban con las inundaciones del Napostá, el agua pasaba por el arroyo y se inundaban las casas. La tarea de Zulma era ayudarlos con mantas, medicamentos…”, comentó su hermana y agregó que “estaba preparando la última materia para recibirse, tenía dos becas preparadas, había dos opciones: Inglaterra e Italia. Llegó el día fatídico del asesinato y esto quedó trunco…”.

267684_2120657492648_6379252_n
El 18 de julio de 1976 la familia se reunió para celebrar el primer aniversario del matrimonio que conformaba con Alejandro Mónaco, desaparecido meses después. Al día siguiente, Zulma fue a trabajar a la empresa multinacional Sika de Alsina 95 donde hacía horario corrido para poder continuar su carrera. Durante la jornada recibió el llamado de su suegra a media mañana para preguntarle qué quería comer, luego su cuñado fue a dejarle el almuerzo y vio la oficina cerrada.

A las tres de la tarde, cuando volvió el gerente encontró una nota de Zulma diciendo que se había ido porque estaba descompuesta. El gerente comentó la novedad a la familia Matzkin y rato después se convencieron del secuestro.

El padre de Susana, Francisco, quiso hacer la denuncia en la comisaría pero no se la tomaron. Pasó por el Comando del V Cuerpo de Ejército donde tampoco tuvo noticias y finalmente pudo concretar la averiguación de paradero pero mediante una declaración fraguada por la policía. Quien tomó su testimonio fue un efectivo de apellido Conticorbo conocido de Matzkin padre.

Zulma Matzkin y Alejandro Mónaco vivían en una casa interna en General Paz al 200. Allí llegó un camión del Ejército con personal “con ropa verde” para cargar los muebles de la pareja. Las propietarias de la vivienda llamaron a Vicente Mónaco -padre de Alejandro- que era el garante del alquiler y le pidieron que arreglen el lugar porque “habían volado la mampostería”.

“En mi familia todos sabíamos que había secuestros, había ocurrido ya el secuestro y desaparición del cuerpo de Daniel Bombara, había ocurrido lo de Mónica Morán”, recordó Susana y agregó que decidieron ir a ver al médico familiar que trabajaba en el Batallón 181 que quedó en avisar si sabía algo.

Recién el 21 de septiembre Susana supo por el papá de sus nenas que el médico familiar le había avisado a su padre que el cuerpo de Zulma estaba en la morgue del Hospital Municipal. Inmediatamente Susana y su pareja cargaron a sus hijas y emprendieron el viaje hacía Bahía Blanca. Llegando a la ciudad escucharon por LU2 que “dos NN habían sido identificados como Zulma Raquel Matzkin y Mario Manuel Tarchitzky”.

“La familia de Tarchitzky es muy unida en el vínculo afectivo con la nuestra. Manolo era físico nuclear, muy amigo de la casa, es mi hermano de la vida y vivía con sus padres en calle Dorrego casi Alsina”.

Diciendo que había escuchado la noticia en la radio, Francisco Matzkin ingresó a la morgue donde “alguien vestido de verde con armas le muestra tres cadáveres de varón”, reconoce el de Manolo y el último cuerpo era el de Zulma.

En ese momento comenzó una larga serie de trámites para tratar de trasladar los restos hacia el cementerio donde ya les habían advertido que no podían cremarlo ni velarlo.

“Vuelve azorado porque le daban un papel tipo recibo y nuevamente le preguntan qué religión profesaba Zulma. Aparece escrito “Israelita”. Mi papá nunca hubiese dicho eso, cuanto mucho, hubiese dicho judaísmo”, destacó Susana.

En ese sentido recordó que pudo saber durante los juicios por la verdad que “el sobrenombre de Zulma -en La Escuelita- era ‘la turquita’, imaginemos que con el apellido ruso que tenemos era otra burla más a su persona”.

532304_310903475684003_8875972_nAl ser consultada por el juez Jorge Ferro acerca del motivo de la persecución contra su familia, Susana insistió en el origen de su apellido y agregó que “por el caso de Mónaco dice la Dipba (servicio de inteligencia de la policía provincial) que era un sujeto interesante para perseguir”.

“Creo que no fuimos los únicos perseguidos por portación de apellido. Además porque eran militantes de la Juventud Peronista y se los perseguía por su compromiso social y su decisión de cambios, ellos no estaban de acuerdo con cómo funcionaba el país y se juntaban a leer, a socializar…”, sugirió.

Zulma “estuvo en el centro clandestino de detención La Escuelita donde varias personas la vieron con vida, entre ellas tres chicas que declararon en los juicios por la verdad”. Una de ellas, que estudió Economía con Zulma, comentó tiempo después a Susana que “tuvo un careo por un guardia donde puerta por medio Zulma tenía que responder preguntas qué hacía ella”.

Los abogados radicales Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Abel Amaya compartieron cautiverio con Zulma y el primero de ellos comentó a Francisco Matzkin que “las mujeres habían sido violadas dentro del centro clandestino de detención, brutalmente torturadas” y “recibían todo tipo de castigo”.

“El 24 de noviembre del ’76, después de lo que pasó con Zulma, tuvimos un allanamiento en casa. Esa semana me llama mi mamá para decirme que no lo podían encontrar a José. Apareció en el Hospital Regional Español internado por una peritonitis en un estado crítico que no despertaba de la anestesia, no me dejaron venir (NdR: Según testimonios escuchados en la causa Armada, José pudo haber estado secuestrado en Baterías). En enero del año siguiente me fueron a buscar con las nenas porque para esa instancia no sabíamos cómo seguían nuestras vidas”, manifestó Susana y agregó que “después viene el asesinato de Alejandro en agosto del ’77”.

Su cuñado desapareció tras el fusilamiento de Zulma, “alguien lo habría visto con vida, hay documentación que dice que el día de su cumpleaños -el 3 o 4 de agosto del ’76-  allanaron su casa y estaba su padre Vicente solo. A nosotros se nos diluye Alejandro, no sabemos nada de él”.

El 4 de agosto de 1977 el diario La Nación publicó que cinco “sediciosos” fueron identificados en Paraná, Entre Ríos. Tres de ellos eran: Alejandro Tomás Mónaco, José Antonio Garza y María Luisa Buffo.

El constante hostigamiento con la familia Matzkin culminó en una larga serie de enfermedades para su padre y su madre desde 1981 hasta 1996, cuando murieron con poquitos meses de diferencia.

“La vulnerabilidad de la psiquis de los que quedamos… mi hermano absolutamente vulnerado, a mí me costó mucho daño moral, respecto a mis hijas que es lo que una más cuida, con mucha terapia tanto de las chicas como mía pudimos buscar la verdad y así estoy hoy buscando justicia, el daño moral es irreparable”, relató Susana.

Además dijo que sufrieron el “aislamiento social”, la mirada condenatoria de algún directivo de la escuela donde trabajaba y la imposibilidad de vincularse normalmente con la comunidad. “Después de muchos años, con mucho esfuerzo, pude vincularme socialmente pero siempre con familiares donde encontré una cadena de contención, aparte por la cuestión de la religión que profesaba mi papá sufrimos un despreció total”.

El cuerpo de Susana dijo basta, pero su coraje y su compromiso con la búsqueda de Verdad y Justicia quedarán vivos por siempre en nuestra Memoria. ¡Compañera Susana, Presente!

12552595_10208560199990428_4143214179318630267_n

Fotos: Belén López, Luis Rojas y Marcelo Núñez.

(Por José Rigane*) La declaración de la “emergencia energética” por el gobierno de Macri y la anunciada quita de subsidios y aumento de tarifas, junto al incremento del costo de vida producto del fuerte shock devaluatorio y el nuevo impulso inflacionario, imponen la necesidad de implementar una Tarifa Social.

La Tarifa Social nació en nuestro país a finales del año 1999 en la ciudad de Mar del Plata, al calor de la lucha popular y donde nuestra organización, el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, junto a las agrupaciones barriales, fomentistas y de desocupados de Mar del Plata, desafiamos a las multinacionales Camuzzi y United Utilities para lograr la implementación de una iniciativa que discutiera la lógica de las ganancias empresarias plenas impuesta desde la privatización de los servicios.

La Tarifa Social es Ley de la Provincia de Buenos Aires. Lleva el número 12.698 y es uno de los primeros reconocimientos legislativos a las luchas de los desocupados y pobres por recuperar su derecho a ciudadanía.

La Tarifa Social, con metas de quitas hasta del 50% del valor final, es un paliativo concreto para el desangrado de los bolsillos de las familias populares, pero también es un pilar en el reconocimiento de la energía como un derecho humano. Nadie puede estar privado de un servicio esencial para la vida en nuestras sociedades contemporáneas como es la energía.

La Tarifa Social es el precio diferenciado para el uso de los servicios públicos esenciales (agua y cloacas, electricidad y gas) dirigido a la población de escasos recursos. Supone, además, el no corte de los servicios ante la comprobación manifiesta de incapacidad de pago de las facturas y facilidades financieras para saldar las deudas.

Aranguren, ministro de Energía y Minería del actual gobierno de Macri, ya adelantó sin demasiadas precisiones que con el nuevo esquema de quita de subsidios se prevé como contraparte la implementación de una “tarifa social”, que seguramente se intentará aplicar como un servicio a la demanda, depositando el dinero (un porcentaje del valor final) en las cuentas del beneficiario como ya se ha hecho, por ejemplo, con el gas en garrafa.

La cuestión que se impone es preguntarnos quién va a poner estos aportes. ¿Serán nuevamente los trabajadores los que respondan, a través del estado y sus recursos, garantizando las ganancias a las empresas que supuestamente iban a solucionar la crisis de energía en Argentina? ¿Qué van a poner las empresas que han amasado fortunas desde 1999 hasta la actualidad? ¿Continuaremos en la senda de garantizar las ganancias a las multinacionales como lo venimos haciendo con el sistema eléctrico o con el precio de barril “criollo” de petróleo, donde el gobierno le garantiza a fuerza de subsidios de más de 12 millones de dólares por día un precio de u$s 60 el barril cuando en el mundo está debajo de los u$s 30?

La crisis actual en energía y el cambio de gobierno nacional habilita a repensar y revisar las condiciones con las cuales se viene desarrollado el sistema privado en materia de energía.

La tarifa social debe ser responsabilidad de las empresas y no del Estado.

Para conocer más sobre la tarifa social, su lucha para convertirla en Ley y los textos legales presentados para crear un Proyecto Nacional de Tarifa Social pueden visitar el siguiente URL

* José Rigane es Secretario Adjunto de CTA Autónoma y Secretario General de la FeTERA

La Comisión Provincial por la Memoria junto al CELS, el CEPI, FOJUDE, AJUS La Plata, la Defensoría de Casación y funcionarios judiciales presentaron una petición a la Gobernadora María Eugenia Vidal para que anule el Decreto del Poder Ejecutivo que designa al dr. César Albarracín como fiscal de Casación adjunto.

Albarracín se desempeñó hasta fines de diciembre como subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, teniendo a su cargo al Servicio Penitenciario Bonaerense. El cuestionamiento se fundamenta en las graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron en las cárceles bajo su gestión; por su desempeño como funcionario es que se pone en duda su idoneidad para cumplir con las funciones que el cargo de casación demanda.

Las distintas políticas llevadas adelante, contravienen la manda de la Constitución provincial que reclama el “respeto por los derechos humanos” y los “valores democráticos”.  La gestión de Albarracín en aquella Subsecretaría se basó en la negación de la grave situación de violaciones a los derechos humanos que sufren las personas privadas de su libertad en la provincia.

Las pésimas condiciones de detención, la corrupción dentro de la estructura penitenciaria, la circulación de armas de fabricación casera, la violencia de los agentes penitenciarios, la tortura y la muerte, han sido sistemáticamente negadas por la gestión del dr. Albarracín, que no tomó medidas efectivas para combatirlas y obstaculizó los distintos intentos de hacerlas cesar.

Este modo de gestionar, provocó la interposición de múltiples acciones judiciales e incluso, la necesidad de recurrir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ante estos reclamos, la respuesta de Albarracín, como representante de aquella Subsecretaría y del Poder Ejecutivo provincial, fue obstaculizar la labor de la justicia en la tutela de estos derechos.

Entre otros puntos, la nota presentada a Vidal señala esa reiterada negativa a dar cumplimiento a distintas órdenes judiciales, al tiempo que procedió de manera sistemática a recurrir e impugnar las decisiones de los jueces en materia de Hábeas Corpus colectivos por agravamiento de las condiciones de detención de las personas en ámbitos carcelarios, impidiendo que se ejecuten las medidas destinadas a hacer cesar los actos lesivos verificados por los magistrados. Así, la gestión de la Subsecretaría desnaturalizó y privó de efectividad al instituto del Hábeas Corpus, una de las principales herramientas de denuncia presentada por funcionarios y organizaciones no gubernamentales, para el ejercicio del derecho a una tutela judicial efectiva frente a los agravamientos en las condiciones de detención de las cárceles Bonaerenses.

Además de estos antecedentes, la nota presentada subraya el tiempo que ha transcurrido en el proceso de designación del fiscal, lo que evidencia un “injustificado incumplimiento de la obligación constitucional de expedirse en un plazo razonable para evitar una parálisis que conspire contra los fines del sistema de designación de magistrados y afecte el mandato de efectividad en la tutela judicial”. Este proceso tiene cinco años de demora y su principal explicación se encuentra en los intereses personales del candidato, que privilegió la asunción de cargos políticos en el poder Ejecutivo, en evidente desmedro de la justicia y los derechos.

Por estas razones, la CPM junto al CELS, FOJUDE Y AJUS La Plata, el Defensor de Casación Mario Coriolano, el juez de Cámara de Mar del Plata, Marcelo Madina, Pedro Sisti del CEPI y la Defensora Oficial de San Martín María Dolores Gómez, solicitan a la gobernadora revisar su designación, por contrariar el tercer párrafo del art. 175 de la  Constitución de Buenos Aires.

Repudio a la criminalización de la protesta

Por su parte, la CPM expresó su “repudio a toda forma de criminalización de la protesta social y cualquier tipo de persecución política, ejecutado por cualquier autoridad o funcionario del Estado Argentino en todos sus niveles. En estos actos se encuadra la detención y persecución política de la parlamentaria del Mercosur, Milagro Sala. La gravedad del hecho implica no sólo al gobierno de Jujuy sino también y sobre todo al accionar de la Justicia que actúa como instrumento del Poder ejecutivo, apelando a la represión y la intimidación desde el sistema penal como vía de abordaje de un conflicto claramente político-social”.

“Los argumentos judiciales que pretenden justificar la detención son inadmisibles. Porque en democracia es inadmisible que se criminalicen actos que son propios e imprescindibles en la coordinación de la acción colectiva, e inherentes al ejercicio del derecho a asociación que son la base de los derechos políticos y el ejercicio de la ciudadanía. Promover la acción colectiva no es “instigar al delito”, una manifestación masiva no es un “tumulto”, y oponerse a una decisión del gobierno no es un “acto de sedición”. Es el libre ejercicio de las libertades políticas”.

Además, la organización sostuvo que “la represión en La Plata a trabajadores despedidos -que también estuvo acompañada por el señalamiento por parte del Municipio de supuestos ‘instigadores’ de la manifestación- y la violenta represión a los trabajadores de la empresa ‘Cresta Roja’, son antecedentes de este hecho que alertan sobre una modalidad de abordaje del conflicto político-social basado en la represión y la persecución penal de la protesta que ha sido defendida por los distintos ejecutivos implicados”.

Finalmente, desde el organismo afirmaron que “la criminalización de la protesta y la represión no son una novedad en Argentina, y ya sabemos los efectos nefastos que ha tenido. No han resuelto ningún conflicto, por el contrario han generado la pérdida de decenas de vidas. A más de 30 años de democracia, existen numerosos mecanismos institucionales y políticos para dirimir los conflictos de acuerdo a la Constitución y la ley, e instamos a todos los funcionarios a resolverlos de manera pacífica y a través del dialogo. Solo en el respeto, la tolerancia y la paz, se fortalece la democracia”.

Fuente: CPM

(Por José Rigane*) A un mes de asumir, el gobierno del presidente Mauricio Macri comienza a dejar en claro con hechos -no sólo con palabras- la política económica y social que quiere llevar adelante en Argentina. Por un lado, intenta hacernos creer a través de ministros como Triaca o Prat Gay que hay un retroceso del proceso inflacionario, con lo cual no reconoce la devaluación provocada con la quita del cepo en diciembre ni del aumento disparado de los precios de los alimentos a fin de 2015.

Desde el gobierno nacional se hace hincapié en el “dialogo social” (aunque avanza en realizar masivos despidos en distintos organismos estatales). Se reivindica desde el ejecutivo nacional a este acuerdo social como una meta a alcanzar y se remarca que participarán los gobernadores provinciales y algunos dirigentes políticos. También se reivindica el proceso de unidad de los dirigentes sindicales, sobre todo de la CGT.

Pero, por otro lado, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, les pide a los dirigentes sindicales “responsabilidad” a cambio de las paritarias y de quitar algunas presiones tributarias a los trabajadores como ganancias (impuesto al salario). Es decir, desde el gobierno dicen que podrían modificar el sistema de ganancias pero amenazan con que las demandas de los trabajadores para las paritarias tengan “responsabilidad”.

Sobre este tema Prat Gay fue el más claro del gobierno nacional cuando dijo que “cada gremio sabrá hasta dónde arriesgar empleos a cambio de salarios”. Es decir, que los trabajadores vamos a tener que optar entre “salario o empleo”.

Prat Gay directamente nos está amenazando a los trabajadores diciéndonos que si reclamamos aumento de salario en las paritarias se van a “venir” despidos masivos. Además, dijo que la inflación no va a superar el 20 o 25% y, por lo tanto, las paritarias no tienen que superar de ninguna manera esa cifra. Es decir, Jorge Triaca y Alfonso Prat Gay le están poniendo un cepo a las paritarias.

Esto es una verdadera extorsión porque en realidad de lo que se está hablando es algo que los trabajadores ya conocemos en Argentina, como ocurrió en la época de Martínez de Hoz o con Domingo Cavallo.

Es decir, lo que el gobierno busca es “competitividad” para los empresarios y los trabajadores sabemos que esto significa bajar salarios y cambiar el régimen laboral. Es decir, significa una gran pérdida del poder adquisitivo de los asalariados. Esto no siempre le resulto efectivo al poder en nuestro país, porque se encontraron con la presencia de los trabajadores en la calle. Nuestro pueblo tiene una rica experiencia en enfrentar estas políticas.

Pero Jorge Triaca continua diciendo que “tenemos que recuperar competitividad y los dirigentes sindicales son concientes de esto”. Y sigue: “en los últimos tiempos hubo desorden en el ámbito del trabajo, hubo fallos que modificaban el modelo sindical, otorgaron personería gremial, etc. y esto requiere un reordenamiento, una modernización”.

Esto los trabajadores también sabemos qué significa: ajuste para los trabajadores y más ganancia para los empresarios (garantizada por el gobierno).

Como venimos diciendo desde la CTA Autónoma, evidentemente no queda otro camino que ganar la calle. No queda otra opción que organizarnos más y mejor para desarrollar poder propio. Pero no hay que ganar la calle de cualquier manera: hay que recordar que parte de esta situación que vivimos hoy se genera en un pasado donde no se quiso, no se pudo o no se tuvo la voluntad política en avanzar en tomar las medidas políticas, gremiales y sociales que se requerían para profundizar a favor del pueblo y los sectores populares. Es decir, que no todo es responsabilidad de lo que genera este gobierno de Macri en la actualidad.

Los trabajadores tenemos que defender nuestros intereses, gobierne quien gobierne. Los trabajadores debemos organizarnos y discutir cuál es la mejor forma de enfrentar este nuevo ataque a nuestros bolsillos. Los trabajadores tenemos que discutir y debatir, pero pongamos por delante la organización y la unidad para salir nuevamente a la calle a luchar, como siempre lo hicimos.

(Sec. Adjunto de la CTA Autónoma y Sec. Gral. de la FeTERA)

Fuente: Fetera

Durante el mediodía de hoy el director del Instituto Cultural presentó el presupuesto correspondiente al área de la que está a cargo. El monto total presupuestado es de $ 37.215.886,35 y representa el 1.5 % del total municipal. En este sentido, el funcionario sostuvo que es lo que “la UNESCO sugiere como recomendable”. En lo que compete al municipio, la inversión pública expresada en el presupuesto no registra aumento real, dado que el año anterior fue presupuestado también por el 1.5 % del total.

Margo sostuvo que se agregará el área la División de Áreas Verdes. A su vez habrá una persona encargada de la articulación de los museos, otra a cargo de la contratación de espectáculos y evalúa la posibilidad de una persona que se ocupe de trabajar el vínculo entre el Estado y el sector privado. En este sentido, en más de una oportunidad abrió la puerta a una política con fuertes lazos con el sector privado, mencionando su búsqueda de “nuevos mecanismos de financiamiento”.

No habrá un cuerpo estable de cargos jerárquicos contratados como sucedió en gestiones anteriores sino que contará con “de dos o tres asesores que a los efectos económicos resulta menos oneroso que tener un subsecretario de Cultura”.

En otras oportunidades expresó la posibilidad de derogar la ordenanza de creación del Instituto Cultural y funcionar bajo la nomenclatura de Secretaría de Cultura. Durante la ponencia aseveró que el tema se encuentra en estudio y que mientras tanto seguirá con el organigrama vigente, con excepción de las modificaciones antes mencionadas. “Aquello que funcionaba no lo vamos a cortar”, sentenció.

En este contexto sostuvo que “no se alterará el Consejo Consultivo” pero cuestionó “el mecanismo de constitución” del cuerpo. Actualmente cada integrante del órgano de consulta y participación es elegido de manera directa y democrática a través de asambleas que realizan las distintas áreas artísticas así como también se establece la representación de una persona delegada por el cuerpo de trabajadores y trabajadoras del Instituto Cultural.

Respecto de la cuestionada ordenanza de Solidaridad Cultural, el director del Instituto bregó por aumentar los incentivos hacia las empresas del sector privado, buscando otras herramientas distintas a esta y convidó a los y las ediles presentes a colaborar en la redacción de un proyecto.

“El área de cultura hoy cuenta con 131 empleados, de los cuales 63 son permanentes, 34 son temporarios, 27 destajistas, 12 talleristas y 7 becarios”, sostuvo Margo al momento de brindar detalle respecto del área administrativa.

Por otra parte, “me reuní con los delegados barriales” en función de poner en práctica de anunciada idea de que cada delegación cuente con una persona que atienda a las necesidades culturales de cada zona. De esta forma, “la nueva área de planteamiento educativo” articulará con el Instituto Cultural. A su vez, no descartó financiamiento del sector privado para el desarrollo de talleres.

En materia de comunicación estableció que se editará un mensuario y que “sobre la base de lo presupuestado se puede trabajar la difusión” de manera más eficiente.

Foto: HCD Bahía Blanca

El sábado 16 y domingo 17 de enero, más de 30 directores y directoras de radios comunitarias indígenas de Centroamérica así como representantes de organizaciones nativas participarán del Primer Encuentro Centroamericano de Radios Comunitarias Indígenas, que tendrá lugar en Panamá.

Según informa el sitio web de la Fundación Comunicándonos, de El Salvador, el encuentro tendrá como uno de sus fines iniciar el tejido de una Red Centroamericana que les permita fortalecer y visibilizar su labor diaria.

De este modo, explica, esperan sumarse a los esfuerzos de la región por la democratización de las comunicaciones, con particular enfoque en las necesidades de los pueblos indígenas.

Como escenario del encuentro se ha elegido la isla de Narganá, que se encuentra en la comarca de Guna Yala, en el litoral del Caribe panameño.

Para la realización de este primer evento se cuenta con el apoyo de organizaciones que trabajan en la región como Cultural Survival, AMARC Centroamérica, Voces Indígenas en Panamá, laAsociación Sobrevivencia Cultural en Guatemala y la Fundación Comunicándonos en El Salvador.

Dichas organizaciones promueven la creación de emisoras comunitarias indígenas que transmiten una programación al servicio de sus comunidades, explicó Teresita Orozco, promotora regional de Cultural Survival, en Managua, Nicaragua.

Las mismas, agregó, “consideran de interés articular esfuerzos para crear una Red Centroamericana de Radios Comunitarias Indígenas”.

De acuerdo a Orozco, “mediante el trabajo en Red, se pretende crear sinergia entre las emisoras participantes para que puedan compartir recursos, tecnologías, buenas prácticas y estrategias de incidencia.”

Esto con el propósito de lograr “el fortalecimiento del apoyo político y continuar con fuerza la lucha de los pueblos indígenas en defensa de su identidad, cultura, tierra, derechos humanos y derechos indígenas”.

La representante de Nicaragua destacó la importancia de las mujeres en este proceso, las mismas que hoy piden mayor voz en los medios públicos para que atiendan a sus intereses y necesidades actuales.

Fuente: Servidini

Foto: Fundación Comunicándonos

La CTA Autónoma de la Provincia de Buenos lleva adelante una medida de fuerza con un acto central en la bajada de la Autopista, en La Plata

A su vez, la Central presentó un recurso de amparo y participó de la movilización de ayer frente a la Municipalidad Platense, en repudio a la represión del viernes pasado y por el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados. Exige además mayor presupuesto para las Áreas de Políticas Sociales y repudia los despidos en el Sector Privado.

Durante la jornada de ayer el Secretario General de la CTA Provincia, Oscar de Isasi, dijo en conferencia de prensa que las razones del conflicto se deben a que “la Gobernadora ha decidido de manera anticonstitucional, por un decreto, suspender la Ley de Paritarias Municipales por 180 días. Y con la misma excusa de que no hay presupuesto, decidió suspender la negociación paritaria que habían comprometido se iba a realizar en enero.”

“Entendemos que ese decreto también intenta cercenar derechos construidos por consenso por el conjunto de los trabajadores municipales, como el salario Mínimo, Vital y Móvil, el derecho a que las plantas de personal tengan Estabilidad Laboral, el derecho a la Licencia por Violencia de Género, Maternidad y Paternidad. No solo intentan quitarnos todo eso sino que además lo hacen de una manera autoritaria y anticonstitucional”, agregó.

Por su parte, la seccional de ATE Bahía Blanca lleva adelante un paro por 24 horas en reclamo de “aperturas de paritarias, contra los despidos y la represión, pase a planta de los trabajadores precarizados y por vigencia de la Ley de Paritaria de los Municipales”.

La CTA Bahía Blanca – Crel. Dorrego manifestó hoy su rechazo a “la ola de despidos que se están produciendo en la administración estatal nacional, provincial y municipal” a través de un comunicado de prensa.

“El decreto 254 del gobierno de Mauricio Macri ordenaba revisar  los concursos y los contratos de todas las áreas en un plazo de tres meses. Ahora están echando directamente, ni siquiera respetan su propio decreto que ya estaba marcando la política de avanzar sobre los puestos de trabajo. Los trabajadores despedidos hasta el momento son: Estado nacional 3340 (gobierno Cambiemos), Santa Cruz 1000 (gobierno FpV),Salta 195 (gobierno FpV), Tierra del fuego 1000 (gobierno FpV), La Rioja 800 (gobierno FpV), Pcia de Buenos Aires 7397 (gobierno Cambiemos), Catamarca 832 (gobierno FpV), Mendoza 1600 (gobierno Cambiemos)”

Según la central obrera, “en total son 16164 en menos de 30 días”.

Por otra parte, “en el ámbito privado se dan situaciones similares (Cresta Roja, Cerámica San Lorenzo etc), alentadas además por el ejemplo de lo que ocurre en el Estado,s in alcanzar todavía esos números, pero sí avanzando sobre las condiciones y la intensidad de los trabajos”.

Sumado a esto, la CTA enumeró que “en la provincia de Buenos Aires a todo esto se agrega al decreto de la gobernadora para suspender la paritaria de los trabajadores municipales en toda la provincia”.

Lxs dirigentes sindicales también analizaron la situación en Bahía Blanca. “A nivel local en tanto se quita el subsidio de 2 mil pesos a los cartoneros mientras se suman nuevos cargos políticos y el intendente cobra 163 mil pesos por su trabajo”.

“No hay casualidad en estos números. Se trata de una política deliberada que merece una respuesta inmediata desde nuestro lugar de clase trabajadora”.

El otro relato

El argumento central desde los distintos estamentos gubernamentales es que las personas despedidas “no trabajan”, “son militantes” o simplemente “ñoquis”.

En este sentido, la organización sostuvo que “no defiende a quien cobra sin trabajar ni el clientelismo de última hora para realizar nombramientos, pero sí decimos rotundamente que la inmensa mayoría de los puestos de trabajo en el Estado tiene que ver con la atención de derechos sociales como la salud, la educación, el trabajo, la previsión y la seguridad social, la vivienda, las jubilaciones  etc. Los trabajos de hombres y mujeres en el Estado son socialmente necesarios en tanto están dirigidos a la atención de esos derechos y necesidades”.

En consecuencia rechazan “por mentiroso y manipulador el intento de construir un sentido común que asocia a todo trabajador/a estatal con un vago o un ñoqui” y sostienen también “que la oleada de despidos está siendo facilitada por algo  que nuestra CTA vino denunciando como política de las patronales, que el  gobierno anterior convalidó: la gran extensión de la precarización laboral tanto en el trabajo público como en el privado. El ajuste sobre el empleo está pavimentado por la alta vulnerabilidad  de todos quienes trabajan bajo las distintas formas de la precarización”.

Continuando con el análisis, la central sostiene que “con el discurso de dar de baja a los ñoquis se encubren los verdaderos objetivos de los despidos masivos” que enumeraron de la siguiente forma:

  • “ajustar la inversión pública utilizando como variable principal el empleo”;
  • “disciplinar no solo a estatales sino al movimiento obrero en su conjunto en el período previo a las paritarias. Cuando el ministro Prat Gay ha dicho como mensaje a los sindicatos ‘fíjense hasta que punto pueden arriesgar salario a cambio de empleo’ cierra toda la ecuación: el imperativo es aceptar la baja de salarios o ponerse  bajo riesgo de perder el trabajo”;
  • “una forma de proclamar lo que son intereses propios (los de quienes ganan fortunas con remarcaciones y devaluaciones y otras yerbas) como si fueran intereses colectivos. Dicho de otra manera: de intentar disfrazar como de interés colectivo (de todos los trabajadores) lo que es interés específico de una minoría de grandes empresas que solo piensan en incrementar su tasa de ganancia”.

Respuesta de lxs trabajadorxs

La CTA señala “la necesidad de esclarecer los verdaderos objetivos de esta escalada de despidos y remarcaciones  de precios a los que se acompaña con represión como ocurrió en La Plata, en Neuquén y antes en Cresta Roja. Y  de organizarnos desde cada lugar de trabajo para resistir este avance sobre nuestros derechos. El segundo paso necesariamente será unir los reclamos y darle una expresión unificada, porque los de arriba apuestan a dividirnos. Saben que la fragmentación impide luchar con la fuerza necesaria para frenar el ajuste y cuentan para ello lamentablemente con la ayuda de buena parte de quienes deberían representar los intereses de los trabajadores y están encaramados y atornillados a los cargos sindicales”.

Finalmente, reclamaron “ningún trabajador/a despedido, la reincorporación inmediata de todos/as los que trabajan, la inmediata convocatoria a paritarias libres, rechazo al al chantaje para no otorgar los aumentos salariales que correspondan, salario  mínimo igual al costo de la canasta familiar, el aumento de emergencia a los jubilados y la no a la criminalización de la protesta”.

Durante la jornada de ayer, vecinxs de diferentes barrio de Bahía Blanca se manifestar en reclamo por el derecho al acceso al agua. La convocatoria fue realizada a través de redes sociales.

El suministro de agua potable fue vedado a la ciudadanía durante 48 horas. El problema no es nuevo en la localidad y evidencia el déficit de inversión.

Sumado a esto, el Anexo 0 firmado en el marco del contrato de concesión de agua potable a fines de los noventa a través de Azurix expresa que a partir del “séptimo año el concesionario deberá destinar el agua proveniente del Dique Paso Piedras prioritariamente al abastecimiento de agua para el Polo. Y si no hubiera agua suficiente para proveer agua potable a los ciudadanos de Bahía Blanca, deberá comprometerse a buscar fuentes alternativas del suministro”.

FM de la Calle registró en imágenes el recorrido de la marcha y las voces de las personas que se acercaron para reclamar por el servicio básico del agua potable y la ecuación de sentido común que sugiere priorizar a las personas por sobre las empresas.


Siempre hay que apostar a la esperanza, sobre todo a los jóvenes, transmitirles que la vida es maravillosa. Esto me conmueve un poco porque lo asocié directamente con la frase que dijo mi padre el día antes de morir: ‘Qué bella que es la vida, qué hermosa que es la vida’. Eso me lo llevo grabado también. Uno debe aferrarse a la vida“, dijo años atrás Hugo Omar Cañón en los estudios de la FM De la Calle.

El militante y ex fiscal general de Bahía Blanca murió este domingo en el Partido de Olavarría, tras un choque de autos en el que también fallecieron su nieto Santiago y otras dos personas. Desde el Colectivo de FM De la Calle realizamos el programa especial que aquí compartimos como homenaje y agradecimiento por su vida.

La Comisión Provincial por la Memoria informó que despedirá a quien fuera uno de sus fundadores este martes, entre las 8 y las 16, en la sede del organismo (calle 54 nº 487, e/ 4 y 5, ciudad de La Plata). “Esta casa que se convirtió en un símbolo de la memoria y la defensa de los derechos humanos, es el lugar que elegimos para esta triste y dolorosa despedida, recordando su compromiso, sus convicciones y su lucha que nos seguirán guiando”.

La escritora y profesora Alicia Partnoy recordó ayer su primer contacto con Cañón y el comienzo de las investigaciones sobre los crímenes del V Cuerpo de Ejército. “Me impresionó su profesionalismo y su valentía porque en aquel momento todavía la gente tenía mucho miedo”, aseguró desde Estados Unidos la sobreviviente de La Escuelita.

“A nivel humano era una persona extraordinaria, tuvimos una conexión extraña en un momento, lo que yo llamo marxismo mágico. Esta iniciativa de incluir el libro La Escuelita como evidencia en los juicios, allá por los Juicios por la Verdad en el año 99, fue algo visionario. Yo pensé que estaba loco realmente. Nunca me voy a olvidar la mirada de los jueces cuando él pidió incorporar un relato de La Escuelita como evidencia, me acuerdo que dijeron ‘bueno, si es relevante’ y él dijo: ‘es relevante'”.

El camarista mandato cumplido, Luis Alberto Cotter, advirtió que “desde que me enteré de este trágico suceso estuve pensando qué palabras se podrían utilizar para que realmente representen lo que uno está viviendo ante la pérdida de un hombre como Cañón. No las he encontrado”. “Cañón era un hombre de convicciones arraigadas, cuando él ubicaba el camino que consideraba que era el correcto era difícil separarlo del mismo”.

“Recuerdo que en la oportunidad de la iniciación de los juicios de los comandantes, los jefes supremos de la dictadura sangrienta que sufrió el país, la mayoría del Poder Judicial, por conveniencia, por cobardía, o por afinidad tal vez con los dictadores, pensaban que ahí había que terminar la cuestión si no la democracia iba a caer o se iba a debilitar o no se iba a poder gobernar. Cañón sostenía en esa época contra todos que, al contrario, se fortalecía la democracia si se castigaba hasta el último de los autores de estas atrocidades. Era la única manera en que no se iban a volver a repetir estos episodios”, manifestó sobre “el único fiscal, repito, el único fiscal federal de todo el país que planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida”.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel destacó en diálogo con FM De la Calle que “fue un compañero, un hermano apreciado en todo el trabajo que veníamos realizando juntos y con su personalidad tiene una pérdida muy grande no solo la Comisión Provincial por la Memoria, (también) Bahía Blanca, que era su lugar de residencia y actividad como fiscal durante 23 años. Un hombre que tuvo posiciones muy claras de los juicios y los crímenes de lesa humanidad buscando la Verdad, la Justicia, la represión del daño hecho y que nunca más vuelva a ocurrir”.

Pérez Esquivel compartió la copresidencia de la CPM con Cañón desde su fundación y por casi 15 años. “Siempre fue un hombre que aportó desde su experiencia jurídica fundamentalmente pero también su gran compañerismo y aportes que hizo en el trabajo que la Comisión hace en cárceles y comisarías, los crímenes de lesa humanidad, él siempre estaba atento a todo eso como a Jóvenes y Memoria, que en el último encuentro que tuvimos en Chapadmalal en noviembre participaron 12 mil jóvenes”.

“Nos cuesta pensar que Hugo Cañón no está. Casi creo que mejor pensemos que fue un compañero que se fue antes y nos queda un legado enorme, un legado inmenso”, dijo el dirigente de CTA Bahía Blanca y Suteba, Enrique Gandolfo, y agregó que “es cierto que la Historia se construye entre muchos, pero hay veces que algunos hombres juegan un rol determinante, creo que no se puede hablar de la historia de los derechos humanos y del juicio y castigo a los culpables en Bahía Blanca sin mencionar el rol principalísimo que ha jugado Cañón”.

Para cumplir un rol de esa magnitud “los hombres necesitan algo de sapiencia, algo de tozudez y también algo de locura, de locura de la buena, de esa locura que hace que uno pueda seguir andando cuando parecería que toda la situación empuja para atrás”.

Finalmente, el secretario general de la Federación Judicial Argentina, Víctor Mendibil, comentó la militancia sindical de Cañón al rememorar cómo “se sumó a la organización del gremio y trabajó intensamente, con una decisión, con un compromiso, con una pasión, con una intransigencia, con una capacidad de organización que acompañó los pasos fundantes de la Asociación Judicial Bonaerense”.

“En la huelga del año 71, cuando el onganiato reprimió una lucha por reivindicaciones muy puntuales que estábamos llevando los judiciales de la provincia, la primera gran huelga, se deja cesante a tres secretarios que en aquel momento acompañaron la lucha. Y en esa situación es que Hugo redobla su compromiso en la vida gremial, es más, con otros compañeros lleva adelante una huelga de hambre una cantidad de días en la sede de nuestro gremio en calle 13 frente a Tribunales, 13 y 48, y posteriormente la lucha continúa y a consecuencia de esa perseverancia, de esa capacidad de indignarse todos los días contra la desigualdad, contra el autoritarismo o contra la violación de los principios y normas constitucionales hizo que esa pelea” diera frutos durante el gobierno de Cámpora.

“En la vida no hay que tener metas para aferrarse a lograr o llegar a un destino determinado. Creo que como dice Machado el camino se hace al andar y el objetivo está en andar y correr detrás de la utopía también. Qué sentido tendría llegar a la estación y terminar la carrera. Lo importante es el andar, el hacer cosas, el brindarse y tratar de resolver. Y si no puedo hacerlo o me veo agobiado o es tal la imposibilidad me dedicaré a otra actividad. (…) Siempre buscando resolver algo y ayudar a los demás. En el fondo uno trata de ayudar a los demás pero también se ayuda a sí mismo porque uno se salva a sí mismo en la medida que actúa desde acá. Si uno actúa desde el odio, desde la venganza, desde el rencor, se autodestruye. Eso es indudable”.

Hugo Cañón tras conocerse su candidatura a diputado provincial por Nuevo Encuentro.

Programa Pensemos Juntos la Vida (IEMA), FM De la Calle, 2009.

Durante su última semana a cargo del Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca, el juez Alejo Ramos Padilla ordenó a las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense que “permitan sin restricciones el acceso de los representantes del Ministerio Público Fiscal Federal en las unidades carcelarias”. Para esto, hizo lugar al amparo presentado por el fiscal general y titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Ángel Palazzani, y el fiscal federal José Alberto Nebbia, luego de que no les permitieran acceder a la Unidad Carcelaria N°4, que forma parte del Complejo Penitenciario Sur.

En su presentación ante la justicia, los fiscales habían indicado que el 2 de septiembre, el fiscal coordinador del distrito Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20, inciso c, de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (N°27148), “dispuso la inspección de la Unidad Carcelaria N°4 del SPB, asignando a tres funcionarios del Ministerio Público Fiscal para su efectivización, la que fue prevista para el día 3 del mismo mes”.

Sin embargo, “al presentarse los autorizados en dicha unidad y hacer entrega del oficio del fiscal general al director de la Unidad, Prefecto Mayor Carlos Brunetti, se hizo presente el jefe del Complejo Penitenciario Zona Sur, prefecto mayor Hugo Gauna, quien hizo saber a los representantes del Ministerio Público que impediría su ingreso al predio por carecer de competencia funcional para ello, negándose a suscribir el acta labrada en función de sus manifestaciones”.

En su resolución, Ramos Padilla precisó que “el artículo 20 inciso c) de la ley 27148 impone el deber del fiscal de distrito de concurrir periódicamente a las cárceles y otros lugares de detención para tomar conocimiento y controlar la situación de las personas allí alojadas, promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

Luego, destacó que “la ley no crea ninguna distinción entre establecimientos carcelarios provinciales y nacionales al establecer el deber de visitarlos periódicamente. Es sabido que los jueces no pueden crear distinciones no creadas por ley, y que la interpretación de las normas sobre derechos humanos fundamentales debe ser siempre la más amplia y favorable a la vigencia de tales derechos”.

Asimismo, el juez federal señaló que la “Procuración Penitenciaria está dentro del ámbito del Poder Legislativo de la Nación (artículo 1º ley 25875) por lo que su organización y funciones ninguna relación tiene con las atribuidas al Ministerio Público Fiscal, órgano independiente con autonomía funcional conforme al artículo 120 de la Constitución Nacional y leyes dictadas a su respecto (por caso la ya citada ley 27148)”.

En ese contexto, concluyó que, “tal como lo sostienen los amparistas, atento a lo previsto en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional y jurisprudencia citada, los derechos humanos en lugares de detención deben ser especialmente protegidos atento a la vulnerabilidad de las personas sometidas a encierro, a lo que cabe agregar que cualquier violación a esos derechos en lugares de encierro en el territorio nacional acarreará la responsabilidad del Estado Nacional”.

Por otra parte, en cuanto a las excepciones de falta de legitimación activa y falta de personería que habían interpuesto los representantes del Servicio Penitenciario bonaerense, Ramos Padilla aclaró que, “en primer lugar […] las consideraciones sobre la falta de acuerdo del Senado y carácter de funcionario ad hoc sólo caben con respecto al Dr. Nebbia, mas no al Dr. Palazzani titular de la Procuraduría de Violencia Institucional. A lo que cabe agregar, en cuanto a los fiscales ad hoc, que el régimen de designaciones y subrogancias es legal, tal como lo ha resuelto pacíficamente la jurisprudencia y recientemente el 11 de noviembre del corriente la Cámara Federal”.

Además, especificó que, “siendo que la conducta que se denuncia como lesiva de derechos constitucionales afectaría la actuación atribuida por ley al Ministerio Público Fiscal de la Nación, es obvio que los representantes del mismo tienen legitimación para ejercer la acción tendiente a obtener tutela judicial al respecto”.

Desde las redes de medios comunitarios, cooperativos y populares, y de carreras de comunicación rechazamos el nuevo avasallamiento institucional, político y legal perpetrado hoy por el gobierno, a partir del anuncio de otro Decreto de Necesidad y Urgencia, que terminaría de barrer en los hechos con la Ley más debatida, de mayor consenso y participación popular desde el regreso de la democracia.

La medida se justificó en un curioso concepto formulado por el Jefe de Gabinete Marcos Peña: “la desconcentración o no, no puede ser el objetivo, sino la pluralidad”.

Nos vemos en la necesidad de reafirmar una vez más lo obvio: la concentración de la palabra en pocas manos es el mayor obstáculo para la pluralidad de voces, y que sin desconcentración en la propiedad de los medios no es posible la democracia.

Las redes abajo firmantes, junto a innumerables organizaciones sociales, académicas, sindicales, profesionales y los más renombrados especialistas en Derecho de la Comunicación, fuimos activos constructores y partícipes de la ley vigente, concebida como una herramienta indispensable para una comunicación más democrática y plural, así como hemos sido permanentes custodios y demandantes de su aplicación total y efectiva, sistemáticamente saboteada por maniobras judiciales que pretendieron –y lograron- evitar justamente eso que hoy se pretende relativizar en el discurso pero evidentemente es prioritario para los impulsores de este nuevo DNU: la desconcentración de la propiedad de los medios en pocas manos. Todo el proceso de debate y sanción de esta norma fue impulsado y acompañado por un amplio abanico de sectores que excedió largamente al gobierno saliente, incluyendo a expresiones que estaban en su oposición, por lo que repudiamos que se nos insulte y trate como a simples peones de una “guerra entre el gobierno y Clarín” como excusa para anularla por decreto y a contramano de derechos y tratados internacionales.

Nos preguntamos de qué manera es posible resguardar la vigencia y aplicación de las leyes actuales mientras se debate una nueva, como prometieron los ministros, cuando en la práctica siguen anulando sus competencias y disolviendo las instituciones por ellas creadas a través de decretos.

Rechazamos las definiciones del ministro Aguad orientadas a que “el mercado” sea el único árbitro de la actividad de los medios, porque la historia nos enseña de sobra que impera la ley del más fuerte detrás de las invocaciones a la “libre competencia”, y porque desconocen toda la legislación con rango constitucional que define el acceso a la comunicación e información como derecho humano, y no como mercancía.

Rechazamos la eliminación de nuestros representantes en el Directorio del organismo y otros espacios, que nos permitían algún grado de injerencia y representación en el diseño de las políticas comunicacionales.

Convocamos a los legisladores nacionales para intervengan y soliciten una reunión urgente con el presidente y una convocatoria a Sesiones Extraordinarias del Congreso en defensa de las instituciones y el funcionamiento democrático, para frenar este nuevo atropello que pretende acallar y limitar las voces y posibilidades del pueblo y sus organizaciones para expresarse por sus propios medios.

Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la República Argentina (REDCOM) – Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) – Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) – Red de cooperativas de comunicación (Red Colmena) – Asociación de Revistas Culturales Independientes (ARECIA) – Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADICCRA) – Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) – RED PAC (Productoras Audiovisuales Comunitarias) – Barricada TV – Pares TV – Urbana TV

10247384_10207328632749308_5983244846518413842_n

El juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, dictó hoy una medida precautelar mediante la cual ordenó al Ejecutivo nacional que “se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca)”.

Arias tomó la decisión judicial tras recibir hoy un planteo del delegado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) de la Región La Plata, Guillermo Luis Guerín, en la que se solicitaba la “nulidad absoluta” del Decreto N°236/15, que resolvió la intervención de la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En este sentido, Arias dictó una medida precautelar en la que ordenó “la prohibición de innovar y de alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante todo acto o reglamento que implique una modificación a cualquiera de las previsiones contenidas en la Ley 26.522”.

Al mismo tiempo, el magistrado declaró “la incompetencia de la justicia provincial para dirimir la contienda de autos” y remitió las actuaciones “al juzgado federal competente para su intervención”.

Arias dijo que la resolución “afecta todas las medidas que se tomen del 29 de diciembre en adelante (fecha de la presentación del pedido de nulidad)” y señaló que la acción se realizó “en favor del derecho colectivo a la información y la libertad de expresión”, al tiempo que explicó que “es una medida preventiva para que no haya nuevo actos que agraven la situación”.

En el fallo, el magistrado sostuvo que si bien la materia es competencia de la justicia federal, actúa en las facultades que le otorga “el sistema de control constitucional difuso por el cual todos los jueces están llamados a defender la vigencia irrestricta de la Constitución nacional frente a los embates por parte de las autoridades públicas que detentan el poder político”.

“Estas razones fundamentan la posibilidad de los jueces de disponer medidas cautelares aún en causas ajenas a su competencia jurisdiccional, potestad que se encuentra prevista en los ordenamientos procesales, tanto de la Nación como de la provincia de Buenos Aires”, graficó.

Por ello, resolvió que “en ejercicio de la competencia transitoria en materia cautelar se dispone –con carácter precautelar- la prohibición de innovar ordenando al Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

Arias explicó que la medida rige a partir del 29 de diciembre “por lo que además deja sin efecto todas las medidas adoptadas por la Intervención de la Entidad y/o el Poder Ejecutivo Nacional a partir de esa fecha”.

La medida precautelar fue dictada en el mismo día que el poder Ejecutivo, a través del jefe de Gabinete Marcos Peña, anunció la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que absorberá las funciones de la Afsca y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.