Pablo Bertinat, director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la UTN Rosario apuntó algunas claves para pensar la distribución de energía como política pública tras el apagón nacional del fin de semana.

“Es una buena oportunidad para discutir el sistema energético, que es concentrado, centralizado con grandes centrales que operan sobre el sistema. Discutir las características de lo que hoy funciona como sistema de mercado, más allá de que la falla del domingo haya estado vinculada a fallas de equipos o fallas humanas o fallas de procedimiento”, dijo a FM De la Calle.

Bertinat editó el informe “Apuntes sobre pobreza energética, estimaciones para la Argentina (2003 – 2018)” del dr. Rodrigo Durán. Leelo acá.

“Hay una emergencia por el crecimiento que ha tenido la pobreza energética en los últimos años. Hogares pobres energéticos son los que gastan más del 10 % de sus ingresos en bienes energéticos, no solo electricidad sino también gas. En ese marco vemos que en los últimos dos o tres años se ha incrementado producto del aumento de las tarifas y la pérdida de poder adquisitivo”, comentó Bertinat.

Opinó que “el próximo gobierno debería atender a los hogares pobres energéticos porque los cambios de la configuración de la tarifa social hicieron que la mitad de los hogares pobres no estén amparados por este índice. En las grandes ciudades hay acceso más dificultoso porque quienes están enganchados están vinculados a accidentes con el uso de la energía, mala calidad en la energía que disponen, etcétera”.

Por último, el ingeniero comentó que “hay que pensar en la política tarifaria, posiblemente haya que tener un sistema de tarifas mucho más flexible para algunos sectores que deberían tener garantizado el acceso. Hace falta pensar en la energía como herramienta para un proceso de redistribución de la riqueza”.

El intendente Héctor Gay mantuvo una reunión con actores del transporte público y técnicos de las universidades locales para pensar alternativas de financiamiento y mejoramiento del servicio de cara a la renovación de concesiones de 2020.

El ingeniero de la UTN Horacio Varela propuso, como complemento al financiamiento directo por parte de las y los usuarios, implementar una tasa fija que tribute universalmente como parte del impuesto de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública.

“Es un servicio que si bien no todos los utilizamos, todos los tenemos disponible. La diferencia con la actual tasa de Salud para el Hospital Municipal es que al servicio de transporte público me puedo subir voluntariamente, puedo aprovechar que lo tengo pago”.

“En Bahía ya existe la experiencia que nos permite financiar un servicio de excelencia. Si no, la carga de mantener el servicio recae sobre los usuarios. Parecería como una falta de equidad que recaiga sobre cierto porcentaje de la población”.

Por su parte, la docente Valentina Viego recordó que durante 2017 desde el Departamento de Economía de la UNS realizaron un relevamiento acerca de las conductas de usuarios y usuarias del transporte público.

“Aquel estudio estuvo afectado por la coyuntura, recibió el 20% de los fondos que habíamos planificado, por eso la muestra fue menor. En total, se recolectaron unas 380 entrevistas a hogares, y en cada hogar unas dos personas. Hay una 700 observaciones pero para decir algo con cierta rigurosidad se necesitan más casos. Estamos viendo de que forma, sin dinero porque no tenemos más presupuesto de provincia, se puede aumentar el número de casos para que sean más confiables”.

Viego dijo que propuesta de Varela es “un proyecto interesante” y señaló que “hay que calcular cuál sería el monto a recaudar que aportara significativamente al sistema de transporte y que, al mismo tiempo, sea factible para el ciudadano. Habría que constituir un organismo de agencia público privado porque si no va a tener un problema de transparencia que como ciudadano aportes a la caja de empresas privadas”.

La economista comentó que “lo que pueda aportar la UNS será según la información que aporte el municipio. Los últimos datos de Sapem son del 2014, desde ese entonces no informó. Tenemos un costo teórico para cada línea y para cada empresa pero tenemos que cotejarlo con los de las empresas”.

Varela destacó que “el sistema está diseñado para una ciudad de los años ’70, una cuidad de tres mi hectáreas con 160 mil habitantes. Bahía ahora triplicó la superficie y la población se multiplico al 100%. Esta cuestión del índice pasajero-km se hace mucho más difícil porque tenés que recorrer mayor cantidad de kilómetros para sumar más pasajeros, esto complejiza la rentabilidad de esa línea”.

Además, señaló, “las líneas son radiales, todas convergen en el centro. En la medida que te alejás del centro se alejan las líneas y te cuesta más cubrir la ciudad, es muy difícil poder llegar a todos lados. Hay que repensar las líneas y la gestión. Es más factible empezar por repensar la gestión y poder independizarnos del indice pasajero-km y después con tranquilidad modificar el recorrido”.

“Es un desafió interesante para hacer de esto un tema de estado”, concluyó.

“Matías fue nombrando a cada persona que trabajó concienzuda y cariñosamente para conocer su identidad. La figura del tío se robó el momento porque su expresión corporal contenía y expresaba el dolor de esta historia, al mismo tiempo es testimonial de muchas otras historias”, dijo Leticia Batista sobre el anuncio de las Abuelas sobre la restitución del Nieto 130.

Javier Matías Darroux Mijalchuk es hijo de Elena Mijalchuk y Juan Manuel Darroux, ambos desaparecidos en diciembre de 1977. Hoy quiere saber que fue del hermano o hermana que Elena gestaba al momento de su secuestro.

Batista, integrante del grupo bahiense “Hay que seguir andando”, participó ayer de la conferencia de prensa y comentó sus sensaciones a FM De la Calle.

“El horror implica que las víctimas no solo fueron sus padres sino toda la familia. Dejó muy patente lo que ha causado el terrorismo de Estado en estos años pero, al mismo tiempo, la valentía de estas personas. El tío empezó a buscar al sobrino cuando tenía 19 años”, señaló.

“Es muy fuerte el trabajo de los organismos de derechos humanos, nos acordábamos que la mamá de (Enrique) Angelelli que desde el principio decía que había sido asesinado. También rescatar el trabajo científico de esta búsqueda que implicó exhumar cadáveres, cotejar muestras, muestras de ADN pese a que toda esta conjunción de los organismos y de los científicos es atacada en este momento político del país”.

En Puertas del Sur un grupo de vecinas y vecinos necesita materiales para finalizar la construcción de un merendero y alimentos no perecederos para el acompañamiento de más de cien familias.

“Tenemos un merendero que funciona en un container de chapa de diez por diez. En verano hace muchísimo calor y ahora en invierno el frío pasa por todos lados, sumado a que está roto y se nos llueve, se nos estropean las cosas. Si queremos hacer un ropero para juntar ropa no podemos por que se nos moja”, comentó Roxana a FM De la Calle.

“Puertas” surgió como un asentamiento en la década del 90 cuando se instalaron las primeras viviendas de chapas. “Al lado del container estamos haciendo un merendero, llegamos hasta la capa aisladora. Nuestra única entrada de dinero es por venta de empanadas y pizzas”, dijo la vecina.

“Llevamos cartas, planos y el proyecto al Municipio y nos dicen que en este momento tienen prioridad las viviendas. Nos están dando la copa de leche para 60 familias pero tenemos anotadas 102 familias. Cuando no tenemos colaboración se da lo que se tiene por orden de llegada. Nos duele pero es lo que podemos”.

En el barrio continúan los problemas con la acumulación de basura. La situación se agravó ahora por el estado de abandono de las calles que impide que los camiones de Sapem Ambiental entren a retirar los contenedores.

En cuanto a la ayuda municipal, Roxana comentó que “si tenés casa de material te dicen que hay otros que viven en un rancho de chapa y que tienen prioridad. Si  justo tu marido consiguió trabajo en blanco te dicen que hay otra gente que está peor. Hay gente que tenía la tarjeta celeste del Plan Vida y se la sacaron. A varias familias ahora le dan la tarjeta azul que son 195 pesos por mes y no te alcanza para nada”.

En Tierras Argentinas, lindante a Puertas de Sur, “sufren con el tema de la luz, han hecho cartas pidiéndola  y nada. Edes no llegaba porque tenían los cables bajos, subieron las palmeras, y ahora Edes no va por el mal estado de las calles”.

Cualquier donación de materiales para la construcción del un nuevo merendero puede acercarse hasta Pacífico 4300. 

Las Abuelas de Plaza de Mayo comunicaron la restitución de Javier Matías Darroux Mijalchuk, hijo de Elena Mijalchuk y Juan Manuel Darroux, ambos desaparecidos en diciembre de 1977.

Él nieto 130 participó de la conferencia de prensa y relató su búsqueda y el interés por conocer datos sobre el destino de sus padres. Las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y más tarde por la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños no pudieron arribar a ninguna información concluyente.

Gracias al trabajo conjunto de Abuelas, la CONADI y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), Matías pudo encontrarse con su familia, saber su origen biológico e iniciar otra búsqueda –la de su hermano o hermana–, ya que al momento de la desaparición, Elena estaba embarazada de dos meses.

El papá y la mamá

Juan Manuel Darroux trabajó en la Prefectura Naval Argentina de diciembre de 1961 hasta junio de 1966. De septiembre de 1969 a mayo de 1975 se desempeñó en la Universidad de Morón, en tareas administrativas, y allí conoció a Elena Mijalchuk, que estudiaba la carrera de Contadora Pública en ese establecimiento. Elena y Juan Manuel formaron pareja y aunque la familia de ella en un principio se opuso por la diferencia de edad –él era mayor que ella–, finalmente aceptaron la relación. Elena se mudó con Juan Manuel, quien ya vivía solo, a Capital. La familia de él era de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires.

Según consta en el legajo de la Universidad de Morón, Elena rindió su primera materia en 1969 y la última en diciembre de 1976. El 5 de agosto de 1977, en el Hospital Alemán de Capital Federal, nació su primer hijo. Lo llamaron Javier Matías, y si bien a Elena el nombre que más le gustaba era Matías, agregó Javier para que el niño llevara las mismas iniciales que su padre. Con el tiempo las tensiones con los Mijalchuk quedaron atrás, al punto que la pareja se mudó a Caseros con ellos. Al poco tiempo, Elena volvió a quedar embarazada. Ella misma se lo contó a su madre y a su hermano Roberto, así como Juan Manuel también se lo había mencionado a su medio hermano Raúl Venturelli.

Las desapariciones

Al momento del secuestro, Juan Manuel, Elena y el pequeño Javier Matías, ya vivían en Caseros. Lo último que la familia supo sobre Juan Manuel fue a través de sus primos Luis Molina y Domingo Carmelo Graziadio, a principios de diciembre de 1977. Se habían encontrado con él en un bodegón en la localidad de Valentín Alsina, ubicado en Rucci y Viamonte, donde se solían reunir. Luego Juan Manuel le pidió a su primo Domingo que lo acercara hasta Paraná y Panamericana, zona norte del conurbano. Domingo lo dejó allí pero como lo notaba preocupado volvió a pasar y vio cómo su primo discutía acaloradamente con cuatro hombres que lo subieron a una Chevy azul metalizada. Fue la última vez que lo vio.

Elena se enteró de la situación. Juan Manuel no aparecía y ella no sabía dónde buscarlo. Hacia fines de diciembre de 1977, recibió una llamada y después una carta en la que su marido le indicaba que el 26 de diciembre debía encontrarse con unos compañeros en Capital Federal. En la víspera, Día de Navidad, Elena mostró la carta a sus padres y les pidió que la acercaran con su bebé al lugar. Al día siguiente, tal cual lo convenido, llevaron a Elena y al pequeño Javier Matías a la cita, en Pampa entre Lugones y Avenida Figueroa Alcorta, en Núñez. Esa fue la última vez que los vieron.

Las búsquedas

La familia Mijalchuk no conocía a nadie que les pudiera brindar información. A finales de los 80, tanto ellos como los Darroux pidieron a la justicia la presunción de fallecimiento. Pero en mayo de 1999 Roberto Mijalchuk se decidió y denunció la desaparición de su hermana embarazada, su cuñado y su sobrino. Así se abrió un nuevo legajo de una mujer embarazada desaparecida en la CONADI y otros en la CONADEP.

Roberto dejó como contacto un teléfono de línea que, en estos años, nunca dio de baja, esperando recibir alguna vez una noticia. Las familias Mijalchuk y Darroux fueron incorporando sus muestras al Banco Nacional de Datos Genéticos. Abuelas, por su parte, solicitó a la justicia que se realizaran exhumaciones de familiares fallecidos para completar la información genética. La última muestra que se sumó, la de su abuela paterna, Natividad Arelano Venturelli, junto a la ampliación de los marcadores analizados por el Banco, permitió la identificación de Matías. A todo esto, los equipos de la CONADI investigaban infructuosamente las causas de desaparición de la pareja.

Mientras tanto, un joven con dudas sobre su identidad se acercó a la filial de Abuelas Córdoba. Él siempre supo que no era hijo de quienes lo criaron y su expediente de adopción consignaba que había sido encontrado por una mujer la noche del 27 de diciembre de 1977. Fue en la intersección de Ramallo y Grecia, a tres cuadras de la ESMA, cerca de donde esa misma madrugada Elena Mijalchuk fue vista con su bebé por última vez. Por disposición de la justicia, el bebé fue entregado en guarda para adopción a un matrimonio, con quienes se crió en la Ciudad de Buenos Aires. El muchacho se mudó a Córdoba en 1999 y allí inició su búsqueda. Paralelamente, en Abuelas Capital se habían recibido denuncias sobre un joven presuntamente hijo de desaparecidos, que fueron incorporadas al caso para su investigación.

El encuentro

Como en todos los casos de personas con dudas sobre su identidad, Abuelas dio intervención a la CONADI, que ordenó los estudios genéticos. En octubre de 2016, el Banco informó que el perfil del hombre coincidía con el de la familia Darroux Mijalchuk, pero las causas de desaparición de sus padres aún continuaban indeterminadas. CONADI derivó el caso a la Unidad Fiscal que profundizó la investigación y luego la presentó ante la justicia federal, donde hasta hoy se siguen recabando datos y testimonios.

El tío Roberto Mijalchuk recibió el llamado tan esperado a ese teléfono fijo que nunca había dado de baja. La CONADI le comunicó que había encontrado a su sobrino y que podían reunirse. Matías Javier Darroux Mijalchuk conoció su origen y hoy las Abuelas le dieron la bienvenida a la familia para restituirle su derecho a la identidad y contribuir a la reconstrucción de su historia.

Fuente: Abuelas.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunció penalmente a las autoridades del Ministerio de Seguridad por “la existencia de un plan criminal ejecutado contra las comunidades mapuches, conflicto que desde diciembre del año 2015 tuvo un salto cualitativo de violencia y muerte”.

“Es la creación de un plan de hostigamiento como si fuera un enemigo interno, son las riendas a la represión de una manera organizada, modificando normas de convivencia pacífica de las reglas de seguridad que están sujetas a supervisión de carácter internacional por respeto a la vida. Todo esto se dejó de lado para tratar de ser un brazo armado de algunos intereses económicos de grandes poseedores extranjeros de territorios nacionales, del despojo de la tierra, y hacer añicos lo que la Constitución manda que es el respeto por los pueblos originarios”, comentó Ernesto Moreau.

El referente de la APDH dijo a FM De la Calle que “se ha destruido el tríptico que cuando cayera la dictadura se estableciera en el gobierno de Alfonsín que eran las leyes de Inteligencia, la de Seguridad Interior y la de Defensa a la Democracia. Esto está hecho añicos por el Ministerio de Seguridad”.

La cartera de Bullrich actúa amparada en la reforma del Código Procesal, vinculada con la utilización de la flagrancia para resolver “cualquier situación que resulte conflictiva en términos políticos y en este caso demográfico”.

“En este camino, el asesinato de miembros de la comunidad utilizando el poder represivo, armas de fuego y tiros por la espalda, es un ensañamiento sobre estos pueblos, haciéndolos pasar como si tuvieran la idea de constituir una república autónoma dentro de Argentina y haciéndolos pasar por subversivos. Cosa que no es verdad, estos pueblos lo que persiguen es que se cumpla la Constitución”, comentó Moreau.

La concejala de Unidad Ciudadana Gisela Ghigliani solicitó informes al Ejecutivo para conocer la situación de trabajadores municipales que dependen de la Subsecretaría de Gestión Ambiental.

“Recibimos algunas comunicaciones de trabajadores del área de Saneamiento Ambiental que les habían comunicado de manera verbal que algunas de sus horas extras no van a ser percibidas, cobrarán un plus para desempeñar tareas en otro sector. Se puede ver afectado el CTE, el control de maquinarias y mantenimiento de equipos”, comentó la edil.

Los sectores que se verían afectados por el recorte de horas extras son: Guardia Ambiental de Saneamiento; Ecocanje; Mantenimiento de equipos en el CTE; Mantenimiento de las máquinas fumigadoras y Guardia CTE.

Agregó que “ha habido dificultades concretas, a veces surgen inconvenientes fuera del horario de los trabajadores y claramente se necesita que reciban contribución por hacer horas extras. Tampoco se le puede decir a los trabajadores que se los va a compensar con un franco. Ellos no los tienen por escrito este acuerdo”.

Por otra parte, desde el bloque insistirán esta tarde en reclamar que el Municipio de respuesta a los pedidos de informes aprobados en el Concejo. “Tenemos muchas dificultades para las respuestas. Cuando hablamos de inmediatez del cuerpo es días pero acá estamos hablando de años. Los informes tardan más de un año, trabajar así es muy complejo. Pretenden que el Consejo  se convierta en un espacio para levantar la mano”.

 

El intendente Héctor Gay mantuvo una reunión con representantes de la UTA, concejales, profesionales de la UNS  y la UTN y empresarios del sector en la cual se conformó una “mesa de transporte” para pensar alternativas de financiamiento y mejoramiento del servicio de cara a la renovación de concesiones de 2020.

El representante de la oposición en Bahía Transporte Sapem, Walter Larrea, dijo a FM De la Calle que “la convocatoria del intendente debería haberse hecho tiempo atrás. El transporte público está gerenciado por sectores privados que buscan ganar dinero y la rentabilidad empresaria está dada por la mayor cantidad de gente que use el transporte”.

“Los subsidios están congelados a valores nominales de diciembre del 2018, entonces, los empresarios se ven en la necesidad de aumentar y la verdad es que los usuarios no registran incrementos en sus ingresos como los que se van a dar en el aumento de boleto en julio”.

El ingeniero de la UTN Horacio Varela planteó una alternativa de financiamiento basada en la incorporación de una tasa que implique a usuario y no usuarios del sistema. “Es posible traer un nuevo paradigma del transporte público a la mesa de discusión, donde todos quienes tengan a disposición el transporte público se hagan cargo de la erogación aunque no lo usen. (Varela) trajo a colación lo que es la tasa de Salud donde todos los contribuyentes pagamos, más allá de que no usemos el Hospital Municipal”, comentó Larrea.

“Incluso aquellos que no usan el transporte público se verán beneficiados, si la sociedad y representantes deciden que el transporte tiene como ventaja la no utilización del auto particular y todo lo que se ha dicho, hay que afrontar la discusión incluso”.

El concejal comentó que “seguro que nadie quiere pagar una tasa más pero nadie querría pagar la tasa de Salud, de Barrido y Limpieza tampoco. Ese no puede ser el argumento. La gente contribuye para lograr mejoras colectivas”.

El fiscal auxiliar Pablo Fermento informó a FM De la Calle que de casi un centenar de imputados en las causas Ejército, Armada y Triple A: 27 están en libertad, 52 cumplen prisión domiciliaria, nueve tienen sus procesos suspendidos, dos están prófugos y solo siete están en la cárcel.

Este fin de semana habitantes de Villa Elisa repudiaron la presencia en su localidad del represor Eduardo Carlos Videla, quien debe ser juzgado en un próximo juicio por crímenes de lesa humanidad en nuestra ciudad.

Videla fue imputado por la Fiscalía en 2013 por su participación en medio centenar de secuestros y torturas ocurridos cuando comandaba una de las secciones “antisubversivas” del Batallón de Comunicaciones 181. Durante 1976 intervino en cuatro operativos en Bahía Blanca, Villarino, Tres Arroyos y Huanguelén.

Su causa fue elevada a juicio en febrero de 2017 y el represor fue liberado en el mismo mes de este año. “Es una medida que se viene aplicando en general a todos los imputados que están con preventiva, con excepción de aquellos sobre los cuales pesa alguna condena”, explicó Fermento.

Detalló que en las causas Ejército y Triple A la Fiscalía tiene 64 represores acusados: 23 están en libertad, 30 tienen prisión domiciliaria y 7 están en una unidad penitenciaria.

“Tenemos dos prófugos que son Carlos Alberto Arroyo y Miguel Ángel García Moreno y el proceso suspendido de Carlos Alberto Martínez en función de una incapacidad sobreviniente”, dijo.

En Armada, actualmente con un tramo en etapa de alegatos, son 34 los imputados de los cuales ninguno está en la cárcel: 22 están detenidos en sus casas, cuatro fueron excarcelados y ocho tienen el proceso suspendido.

El Tribunal Oral está en condiciones de definir el inicio de dos debates: “No sabemos cuál se va a hacer primero”, aseguró Fermento.

El próximo tramo de Ejército “va a ser el juicio más grande que se haya realizado en la ciudad, tiene más de 40 imputados de los cuales 13 van a ser juzgados por primera vez, hay 200 casos de víctimas que nunca pasaron por juicio, con un universo de más de 400 testigos. Va a llevar un trecho largo. La otra es la causa Triple A con cinco imputados, de los cuales solo uno está en la cárcel que es (Raúl Roberto) Aceituno, los demás están excarcelados”.

Por último, el fiscal auxiliar mencionó que “a fines de mayo la Cámara de Casación Penal dictó una sentencia por la cual confirmó los ceses de la prisión preventiva de una gran cantidad de imputados de la causa Ejército con el argumento de que al no estar fijada la fecha de juicio no hay expectativa clara de hasta cuándo iban a estar detenidos”.

La medida fue recurrida ante la Corte Suprema por la Fiscalía y acompañada con una presentación en la cual exigió al Tribunal Oral que llame a juicio: “No hay pasos procesales previos al debate, estamos en condiciones de que se realicen, las dilaciones tienen que ver con cuestiones organizativas del Poder Judicial, con la integración de los tribunales y la provisión de medios”.

Esta tarde el Frente de Izquierda y los Trabajadores integrado por el PTS, el PO e Izquierda Socialista anunciarán la incorporación del MST y las candidaturas nacionales para las PASO.

Aún no hay definiciones sobre el armado de las listas locales. “Es un gran desafío político en un país muy convulsionados donde hay gran confusión, en un país que está hundido económicamente. Por ejemplo ahora estamos reclamando porque Vidal no paga los salarios docentes”.

En cuanto al escenario de polarización, Fabris destacó “las contradicciones enormes que tienen estos bloques” y opinó que la fórmula Macri-Pichetto “plantea que Cambiemos se ha debilitado”.

“En este cuadro corresponde a la izquierda anunciar que estos bloque no ofrecen ninguna alternativa. Lo que sucede en Bahía no escapa al resto del país, el gobierno de Gay que prometía obras faraónicas y no pudo ofrecer ningún aspecto progresivo en términos de infraestructura, escuelas”, agregó.

Trabajadores del relleno sanitario denuncian malas condiciones laborales, reducción salarial y mala administración de las autoridades de la Cooperativa Taller 1.

Son 38 y pasaron de percibir 9 mil a 8 mil pesos mensuales a lo cual suman entre 200 y 300 pesos diarios que perciben por la venta del material reciclado en el predio concesionado a la empresa Ingeniería y Arquitectura.

“Nos falta todo, siempre han venido con mentiras, nos dijeron que nos van a dar guantes, ropa, botines pero no tenemos nada. Nos bajaron el sueldo, nos quieren sacar las asignaciones y pensiones, estamos en el aire”, comentó a FM De la Calle Jose Alberto Alarcón.

Afirmó que “todos los reclamos van al Municipio, estamos esperando que se presente la cooperativa que se hizo cargo de nosotros y desapareció. Hemos llamado al Municipio y dicen que no saben nada, que no los conocen y son ellos los que nos contrataron. (El director de Acción Social) Luis Tonin vino con la presidenta de la cooperativa pero nos dijo que no la conoce”.

“Lo llamamos a Luis y nos dijo que no estaba enterado. Le preguntamos por el aumento que nos iban a dar y nos dijo que estaba, pero cuando fuimos a cobrar cobramos menos. Nos estaban pagando 9 mil pesos por mes y cuando fuimos a cobrar, cobramos 8 mil”, comentó Alarcón.

“A Sandra Pérez, (subsecretaria de Gestión Ambiental)  la trajeron cuando recién entró y parecía extranjera porque Luis Tonin tenía que estar traduciendo lo que decíamos a ella.  No opinó nada, no dijo nada, no sé si será muda. Queremos que venga y no quiere presentarse con nosotros”.

“No tenemos ayuda social. Tenemos un compañero que se quebró y no pudo operarse por el asunto que no tiene cobertura médica. Así nos hicieron entrar, como monotributistas, un compañero fue a averiguar a ANSES y algunos nos sacan las pensiones el mes que viene”, finalizó el trabajador.

La coordinadora del Instituto para el Desarrollo Económico y Social de la CTA de los Trabajadores, Paula Belloni, analizó en FM De la Calle los alcances de la deuda tomada por el gobierno provincial durante la gestión de Cambiemos.

“En la provincia en 2015 la deuda era de 122 mil millones y el primer trimestre de este año asciende a 528 mil millones de pesos. La dinámica que tomó es del Esquema de Ponzi, que es básicamente que la Provincia se endeude para pagar deuda e intereses hasta que el endeudamiento no alcanza y tiene que sacar recursos de otro lado”.

“Si uno lo mira en términos reales, el crecimiento es del 58% . Esto nos lleva a preguntarnos dos cosas: cuáles son las características del endeudamiento y para qué se usa la deuda. Por un lado,  la deuda que se tomó era a corto plazo, a un año, año y medio, y en moneda extranjera”.

“Cada vez necesitamos más pesos para adquirir los dólares, para pagar ese stock de deuda pública que está valuado en moneda extranjera. En la próxima gestión van a tener que pagar 434 mil millones de pesos, casi la totalidad del préstamo se paga en los próximos cuatro años. La provincia tiene gastos que son muy rígidos y que no puede recortar para favorecer el pago de amortización de la deuda y los intereses”, comentó Belloni.

La economista señaló que “la provincia básicamente se endeuda para pagar intereses de deuda. El presupuesto público habilitó un endeudamiento de 90 mil millones pero lo que hay que pagar es 125 mil millones de pesos. Esa diferencia es ajuste de gasto público”.

“La deuda que paga Vidal es deuda que tomó ella, en moneda extranjera.  40 mil millones de pesos más se terminó pagando el año pasado con la corrida cambiaria, es casi el doble de lo que se estimó para la obra pública. Es necesaria la renegociación pero es más compleja (que en Nación) porque esos bonos están en particulares”, concluyó.

En la última reunión del Observatorio de Discapacidad del Concejo Deliberante, integrantes del bloque oficialista ratificaron la baja del contrato de la psicopedagoga del programa municipal Caballo de Troya a partir del 1 de julio a pesar de los pedidos de las familias de chicos y chicas que acuden al espacio.

“Todavía no tenemos claro el por qué. Lucía Pendino y Laura Biondini quedaron en concretar una reunión con las funcionarias que tomaron esta decisión que son Vanina González y Juliana Cerritelli”, señaló Betiana Gerardi (PJ Cumplir).

“Los padres tienen la preocupación de la continuidad pedagógica del tratamiento de sus hijos, dijeron que era una decisión tomada, pedimos que nos cuenten por qué pero no hubo respuesta, lo que nos lleva a pensar que termina siendo una decisión arbitraria”.

Gerardi comentó que “la baja es al 1 de julio y hasta ahora no hay decisión de quién va a tomar el cargo. Dijeron que había una persona pero que no estaba confirmada. Volvemos a insistir que nos preocupa la continuidad terapéutica de los chicos con discapacidad. Quizás hay que sumar y no restar, este nuevo cambio dicen es porque necesitan una persona con mayor vinculo en el trabajo en redes, quizás hubiera sido mejor sumar a alguien más”.

“Por lo que hemos escuchado de las respuestas de funcionarios terminamos creyendo que es un tema personal y no una optimización o una cuestión que tenga que ver con el programa”.

“La etapa macrista es regresiva de cualquier indicador social o económico, eso se explica por una estrategia de ajuste que intenta relanzar un ciclo de crecimiento y acumulación”, comentó a FM De la Calle el licenciado Emiliano Fernandez, integrante del Núcleo de Investigación Crítica sobre Sociedad y Estado de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

El coautor del libro “Cuestión social y políticas sociales”, que será presentado esta tarde en Rondeau 29, señaló que “vemos los límites que está teniendo el ajuste por un bloqueo popular, si bien las condiciones de vida han empeorado, ese avance no es total y es lo que explica la crisis económica y política que estamos viviendo”.

“El dato en políticas asistenciales es la continuidad y el aumento. La política asistencial, más allá que las prestaciones han perdido poder adquisitivo, cuando uno observa algunas políticas asistenciales que se intentaron reducir, -por ejemplo pensiones no contributivas por invalidez- pudo reducir muy poco y tiene que ver con el bloqueo popular al ajuste. Eso no se desarticuló porque es necesario para sostener condiciones de gobernabilidad y es lo que está frenando el desborde político e institucional”.

“Hay que defender la política asistencial en términos de que va a cierta reparación material de sectores populares, pero la contracara de la asistencia social es que es lo que hace que el conflicto social no desborde ni que el gobierno entre en crisis y ponga los límites”, señaló Fernández.

Por último, afirmó que “incluso el memorandum con el FMI, por primera vez, al menos en la historia de los acuerdos económicos con Argentina, incorpora una cláusula en donde permite aumentar el gasto social unos puntos en función de cómo vayan algunos indicadores claves en términos económicos. Eso habla de que está claro en diagnóstico del gobierno y el FMI”.

En las últimas horas, el Municipio difundió en redes sociales un video de una reunión de Héctor Gay con vecinas y vecinos del barrio Los Horneros en el cual anunció que buscará la reelección.

Su secretario de Seguridad y presidente de la UCR, Emiliano Álvarez Porte, señaló a FM De la Calle que la candidatura “es algo natural porque creemos que hay un ciclo que no se cumplió todavía”.

“Queremos mostrar la realidad del partido porque por ahí se manifiesta en declaraciones de personas que tienen vínculo con el partido pero que no son parte de la institucionalidad que no están en la mesa directiva. Queríamos manifestarle el apoyo al intendente”, señaló en referencia a la visita de dirigencia radical a Gay.

En cuanto al rol de la UCR en el gobierno local, Álvarez Porte dijo que “hemos conversado, hoy en el gabinete hay tres secretarios de extracción radical, es casi el 50% del gabinete. En ese sentido nos sentimos representados. En las legislativas se nos dio una oportunidad. Teníamos dos concejales, ahora uno solo que participa en Cambiemos pero nuestra idea es volver a repetir ese esquema. También sabemos que hay otro socio que es la Coalición Cívica y pensamos que será uno y uno”.

Respecto a las deudas de Cambiemos y a los resultados de su gestión, el dirigente señaló que “en un país donde hay pobreza estructural del 30% la materia pendiente es trabajar la igualdad y la equidad. No sé si los índices han empeorado, no estábamos tanto mejor. Tuvimos una crisis cambiaria hace poco y eso se manifiesta en los precios pero hemos pasado muchas crisis peores”.

Consultado por las dificultades sociales de los barrios del sur de la ciudad, Álvarez Porte dijo que  “no se pueden segmentar los problemas en sectores, tiene que ser integral. Se ha hecho en infraestructura y en políticas sociales, hay muchos programas para ir solucionando estas cuestiones, estamos permanentemente tratando de revertir. Son problemas estructurales que no viene solo de este gobierno”.

(Por Mauro Llaneza) Empresas del polo industrial presentaron informes en la causa que investiga la contaminación del estuario. Son estudios de investigadores locales que aprueban el tratamiento que se realiza a los vertidos y minimizan los aportes de las compañías en comparación con efluentes naturales o cloacales.

Los organismos científicos bahienses brindan servicios a las multinacionales del puerto y así financian parte de sus proyectos. Por ello, pescadores artesanales solicitaron que el juez Agustín López Coppola ordene a profesionales ajenos a nuestro medio una profunda pericia sobre peces, agua y sedimentos de la ría.

La respuesta se conoció en septiembre de 2018. Tres expertos de la Facultad de Agronomía de la UBA recomendaron a la justicia que prohíba inmediatamente la captura y consumo de especies del estuario y, en un corto o mediano plazo, “prohíba que se continúe arrojando al estuario cadmio, cromo, plomo y cobre”.

En febrero las demandadas requirieron aportar la prueba complementaria que aquí se reseña. Próximamente comenzarán los alegatos.

El perito contratado por PBB Polisur, Jorge Marcovecchio, dijo que “no hay posibilidades físicas” de que la descarga de la firma “modifique las condiciones físico-químicas del estuario receptor”.

El investigador del Instituto Argentino de Oceanografía (CONICET/UNS) manifestó que PBB descarga en el Canal Colector compartido con otras empresas del polo y que el volumen en que lo hacen “es significativamente menor” que el del estuario.

Apuntó que sí modifican dichas condiciones físico químicas las descargas “provenientes de aportes cloacales y superficiales, estos últimos del río Sauce Chico, Arroyo Napostá Grande, Saladillo de García y Dulce que componen el arroyo Maldonado”.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

 

Consultado sobre el posible impacto ambiental de los dragados en los organismos vivos, Marcovecchio se excusó de responder porque “para el caso del Estuario de Bahía Blanca no se dispone de información oficial y pública sobre las formas y secuencias que se siguen para la realización” de los mismos.

Concluyó que “la mayoría de los metales tienden a estar retenidos en los sedimentos” y que “la posibilidad de estar en formas químicas asimilables por los organismos (biodisponibles) es pequeña”. En base a esto y al “muy bajo” consumo de peces no existe “riesgo significativo para la población humana”.

Marcovecchio también fue contratado por Pampa Energía. Dijo que “existe un impacto potencial nulo” sobre la zona adyacente a la descarga de la Refinería Eliçabe. Sostuvo que los compuestos de la planta tardarían 4641 años -“como mínimo”- para llegar a la ría a través de las aguas subterráneas.

Preguntado por la empresa sobre el impacto del basurero Belisario Roldán, ubicado a pocos metros del estuario, Marcovecchio citó un estudio del CTE (2012) en el cual se advierte que “tanto los sedimentos como los lixiviados estudiados no contienen concentraciones críticas ni que superen los valores admitidos como adecuados en la legislación vigente”.

Reconoció que varias investigaciones prueban la presencia de “concentraciones de metales pesados, hidrocarburos y otros compuestos orgánicos persistentes en sedimentos y agua” y también “en ejemplares de peces del estuario”. Sin embargo, afirmó que “no es posible determinar la condición de ‘ambiente contaminado’ solo por la presencia de la/s sustancia/s potencialmente tóxica/s en el sistema”.

El consultor ambiental Enrique Otaola, contratado por Unipar Indupa, dijo que el “autocontrol” de la empresa mide sus vertidos cuatro veces por mes: “De 84 meses -7 años- y de todos los parámetros estudiados se detectó un solo analito, Fe (NdR: Hierro), que ha superado, en alguna oportunidad, el valor de ley”.

El ingeniero sostuvo que las tres plantas (cloro-soda, cloruro de vinilo y policloruro de vinilo) no utilizan “directamente en sus procesos de producción” hidrocarburos, fenoles, hierro, cromo, zinc, cadmio ni plomo.

Otaola, ex ingeniero de procesos de Induclor, afirmó además que la empresa cuenta con sistemas de tratamiento diseñados específicamente para reducir o eliminar los compuestos considerados “contaminantes” según la legislación y que su efectividad está demostrada por resultados que “están por debajo de los de la ley”.

Mega contrató los servicios de Plapiqui. El equipo técnico dirigido por la dra. Verónica Bucalá concluyó que su planta de tratamiento de efluentes es “adecuada” y que la calidad de sus vertidos es “aceptable” de acuerdo a la normativa provincial. Se subrayó que la planta aporta el 0,12% del total de vertidos al estuario.

El estudio señala “algunas variaciones de efluentes” en el colector cloacal que, según los descargos de Mega, ocurrieron por un “desempeño ineficiente durante la dosificación de hipoclorito de sodio en la etapa de cloración”; por el aumento de personal durante una parada de planta -“si bien había baños químicos, había mayor cantidad de turnos en el comedor y se incrementaron las actividades de la cocina”-; y por un lavado eventual de membranas en una de las plantas.

Cargill contrató al director del Instituto de Química del Sur, Marcelo Pereyra, quien afirmó que la cerealera cumplió en el “93% de los casos” con los valores de DQO y DBO en sus vertidos a la descarga cloacal, según “valores monitoreados de acuerdo al Plan de Monitoreo Ambiental aprobado por el OPDS”.  DQO es un parámetro que mide la materia orgánica total de un efluente y DBO refiere a la materia biodegradable.

Pereyra indicó que “el vuelco del efluente final del establecimiento descarga en el conducto que anteriormente al 2011 utilizaba la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Ing. White de ABSA” y que “no está vertiendo su efluente final sobre aguas cloacales”.

El perito subrayó la presencia de metales pesados en cercanías a las descargas de ABSA y mencionó que el aumento del tránsito de embarcaciones de porte en la ría y el uso de pinturas especiales para el carenado de los buques, pueden estar afectando la zona interior del estuario.

Preguntado por la causa de la merma del recurso ictícola, propuso dos hipótesis planteadas en diversos estudios: a) la potencial disminución del alimento de los peces por los continuos dragados y el vertido de desechos urbanos e industriales en las aguas del estuario y b) el aumento de la presión sobre el recurso por el mal manejo que se está haciendo fuera del estuario.

Integrantes de la agrupación Vecinos y Vecinas de Villa Elisa por la Memoria, Verdad y Justicia  realizarán un acto en repudio a la presencia del genocida Eduardo Carlos Videla en el pueblo.

El ex jefe de compañía del Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca está libre a la espera de ser juzgado por 52 casos de secuestros y torturas y en un hecho de violencia sexual.

Sandra Martínez dijo a FM De la Calle que “es, lamentablemente, un caso más de los que estamos viendo. En Villa Elisa, que es un lugar muy tranquilo, tenemos una vida cultural muy plena, participa la comunidad de distintas actividades. Somos un grupo de 20 o 25 vecinos que hicimos un trabajo de reparación histórica sobre la memoria de nuestros desaparecidos de la zona, rescatamos trabajos y fotos e hicimos un mural. Ahí es donde se va a hacer un acto de repudio de Videla”.

El represor y su esposa “hace 10 o 12 años que estaban acá, después él estuvo preso y durante ese tiempo, cuatro años, tuvo permiso para visitar a su mujer que estaba enferma. Los primero datos que tuvimos de él es que había amenazado a algunos vecinos diciendo que tenía fotos de ellos, que no lo molestaran”.

“Cuando venía a visitar a la mujer había un despliegue porque venía de Campo de Mayo y, como es una zona muy tranquila, empezó a llamar la atención. Además de su actitud beligerante, los vecinos empezaron a comentar que no era una persona como cualquier otra. Enseguida saltó que era alguien vinculado a la dictadura militar”, afirmó.

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos denunció que YPF y el Consorcio de Gestión del Puerto no garantizan los remolcadores de seguridad que previenen accidentes. Afirman que es para abaratar costos.

El secretario general, Carlos Campestrini, dijo a FM De la Calle que “durante 10 años hubo dos remolcadores de carga. Eso significaba mano de obra. Hoy nos encontramos que vamos a vender gas de Vaca Muerta pero que están haciendo un ajuste en seguridad. Es una vergüenza que se ajuste con la seguridad”.

“Acá se levanta un viento y te pega los dos remolcadores al muelle. Acá pasaron catástrofes con derrames. Con doble tripulación, estamos con 8 personas, tenemos un convenio por 12 horas de trabajo. Pedimos por los derechos de los vecinos de White, venimos a exportar gas y nos ajustan con el trabajo”, agregó.