Leandro Aparicio, abogado de les estudiantes detenidos en el marco de una protesta por el boleto educativo gratuito, formalizará este jueves una denuncia por abuso de autoridad contra efectivos de la Comisaría Segunda.

“El que manda acá soy yo, me tuerce el brazo para atrás, el que estaba de civil. Me manda adentro y cuando voy caminando por el pasillo de la comisaría me dice ‘a los zurditos como vos, a los putitos, yo me los cojo, ahora qué te hacés el machito, ahora estamos solos, ahora qué vas a hacer'”, dijo a FM De la Calle, Jonathan Machuca en referencia al policía de campera gris en la foto. A la derecha, el comisario Andrés Biragnet.

El dirigente de la Coordinadora Estudiantil Artística fue detenido junto a Al, militante de la Federación de Estudiantes Secundarios. Fueron liberados por el reclamo de organizaciones de nuestra ciudad que se manifestaron durante el feriado frente a las comisarías Segunda y Primera.

“El accionar de ese policía de civil, el que me aprehende, hizo abuso de autoridad deteniéndome de forma muy violenta y accionando golpes contra mi dentro del patrullero. Ahora tengo un diente flojo, me pegó una piña, me torció los brazos. Al compañere de la FES  lo agarraron de los pelos, tiene rasguños en el brazo, lo metieron en el patrullero y ahí adentro nos decían que cuando lleguemos a la comisaría nos iban a recagar a palos. ‘A estos zurditos, los vamos a recagar a palos, qué se hacen los machitos con sus compañeros'”, comentó Machuca anoche durante el programa Descoordinades.

Al denunció: “Noté un acto bastante discriminativo por mi condición sexual, uno de los policías nos agredió verbalmente y en una de esas dijo zurditos putos, zurditos, bla bla bla. Cuando me fue a poner las esposas me apoyó su pene en la parte de atrás, lo puedo tomar incluso como acoso sexual, fue bastante evidente lo que hizo”.

Al, menor de edad, fue el primero en recuperar su libertad, su familia lo contuvo,”coincidió con mi convicción y entendió perfectamente la situación”.

“No desobedecí ninguna orden y nunca intenté lesionar a nadie como dice el acta. Resistencia a la autoridad es bastante ridículo porque me forcejearon entre cuatro o cinco personas, me agarraron del pelo, del cuello, tengo lastimada la muñeca izquierda”, comentó.

Agregó que el accionar policial evidenció también “el odio hacia la juventud: nos decían que teníamos qué estar haciendo ahí, que eramos unos irrespetuosos y demás. La misma juventud que estuvo luchando durante la dictadura por el boleto estudiantil gratuito sigue estando y vamos a seguir, a esto para nada lo voy a tomar como algo desmovilizador”.

El dirigente de la Coordinadora Estudiantil Artística, Jonathan Machuca, fue liberado esta noche luego de declarar en la Fiscalía.

Había sido detenido junto a un militante de la Federación de Estudiantes Secundarios, quien recuperó la libertad por la tarde.

Machuca denunció que fueron golpeados y amenazados por parte de efectivos policiales. “A los zurditos como vos, a los putitos, yo me los cojo”, le decía un policía. “Pegaban para sacarse la bronca”, agregó y detalló que fueron obligados a desnudarse en el patio para ser revisados.

Los estudiantes fueron llevados en primer término a la Comisaría Segunda tras ser aprehendidos por la Policía Bonaerense en una protesta por el incumplimiento por parte del intendente Héctor Gay de la ley provincia que establece el boleto educativo gratuito.

El operativo se realizó en 12 de octubre y Sarmiento a más de dos cuadras del palco oficial.

Mañana a las 9, las y los estudiantes junto a integrantes de las agrupaciones que reclamaron la liberación de los jóvenes brindarán una conferencia de prensa en Alsina 65.

Compartimos el texto leído hace instantes en el programa especial de Descoordinades de FM De la Calle:

La Coordinadora Estudiantil Artística es una organización que nuclea estudiantes de las distintas escuelas terciarias de arte de la ciudad de Bahía Blanca.

Como parte de nuestras actividades políticas, el día miércoles 3 de julio resolvimos en asamblea interclaustro, junto con diferentes organizaciones estudiantiles, manifestarnos en el marco del acto oficial del 9 de Julio, a favor del la implementación de la ley 14.735 que regula el boleto estudiantil gratuito.

Convocamos a concentrar en la Municipalidad de Bahía Blanca para dirigirnos a Sarmiento y 12 de octubre, donde se encontraban otres compañeres. Desde la primera cuadra de Alsina fuimos seguidos por dos policías de civil.

Llegando al Teatro Municipal fuimos desviados por un policía uniformado, motivo por el cual bordeamos el teatro para llegar a calle Yrigoyen. Durante ese trayecto fuimos seguidos por policías uniformados y los otros dos de civil.

En calle Sarmiento y 12 de octubre, donde nos esperaban otres compañeres, un policía nos informa que no podemos avanzar hacia el acto con los bombos pero sí con las banderas.

Sin embargo, cuando decidimos avanzar con las banderas, el comisario de la Segunda no nos lo permite, alegando que esté no era un acto político sino un acto público cívico militar.

A partir de esto decidimos que no era coherente participar del acto sin los símbolos que identifican nuestra lucha, por lo que nos concentramos en ese lugar donde los policías vestidos de civil nos habían dicho que podíamos estar haciendo uso del corte de calle oficial.

En el lugar desplegamos nuestras banderas de espaldas al acto mirando a la calle donde pasaban los autos e hicimos sonar los bombos. Inmediatamente fuimos amedrentados por las fuerzas a cargo del comisario antes mencionado, quien dijo ser el jefe del operativo de “seguridad” del acto oficial.

Luego de forcejeos por parte de las fuerzas civiles y uniformadas metieron al patrullero a un compañere integrante de la FES (Federación de Estudiantes Secundarios) quien es menor de edad y otro compañero de la Coordinadora Estudiantil de Artística.

Inmediatamente resolvimos convocar a las distintas agrupaciones estudiantiles, políticas, sociales y gremiales hacia la comisaría Segunda donde serían trasladados.

Durante la desconcentración nos siguieron policías de civil y uniformados hasta Yrigoyen y 12 de Octubre, donde un grupo siguió caminando y otro se retiró en auto, para concentrar en la comisaría Segunda.

El grupo que se fue caminando fue seguido por personal civil y uniformado que les decían, sugerían, cómo debían comportarse y manifestarse para reclamar por nuestros derechos.

Alrededor de las 15:30 le compañere de la FES fue liberade por ser menor de edad mientras que a Jonathan Machuca, nuestro compañero, todavía continuaba detenido.

A las 16:15 fue trasladado desde la comisaria Segunda hacia la comisaría Primera.

En un primer momento se nos informó que dado que la Fiscalía no trabajaba en este feriado, Machu debía permanecer la noche detenido para ser citado a declarar recién mañana a las 9.

Gracias a la lucha colectiva, al reclamo de todes, a la presión mediática, al accionar del abogado Leandro Aparicio y a la unión de quienes nos acompañaron y apoyaron toda la jornada, logramos que alrededor de las 20.30 nuestro compañero fuera llevado a declarar e inmediatamente, cerca de las 21, fuera liberado.

Dos estudiantes fueron detenidos este mediodía cuando se manifestaban en defensa de la educación pública y por la aplicación del boleto educativo en el marco de los festejos por el Día de la Independencia.

La Policía les imputó desobediencia y resistencia a la autoridad. La acusación no corresponde con la versión de las y los estudiantes presentes ni con los videos que registraron la intervención policial en 12 de octubre y Sarmiento, a dos cuadras del desfile cívico militar organizado por Cambiemos.

Mientras integrantes de organizaciones sindicales, sociales y políticas se congregaban frente a la Comisaría Segunda, efectivos de civil seguían e intimidaban a un grupo de estudiantes que se dirigían caminando al lugar.

Un menor de edad, militante de la Federación de Estudiantes Secundarios, fue liberado esta tarde. Jonathán Machuca, dirigente de la Coordinadora de Centros de Estudiantes de las Escuelas Artísticas fue trasladado a la Comisaría Primera donde deberá pasar la noche a la espera de que la UFI 15 le tome declaración.

“Estoy bien, me propiciaron algunos golpes en el patrullero, tengo un diente flojo, me duele mucho, tengo un par de dolores de espalda y de pies pero estamos bien. Para mí fue un abuso de autoridad porque fue en un lugar donde estaba permitido, así y todo nos aprehendieron con mucha violencia y dejándome hasta mañana detenido hasta las ocho para declarar en Fiscalía”, dijo Machuca.

Sus compañeras y compañeros convocan a acompañarlo y pedir su liberación frente a la sede policial de Berutti 650.

En la causa intervino en primer término el abogado Emmanuel Tellechea quien afirmó que “hay una filmación donde queda claro que ninguno de los dos estaba cometiendo ningún delito, no obstante lo cual la policía decidió aprehenderlos e imputarlos por lo que conocemos como combo manifestación: resistencia y desobediencia a la autoridad, atentado a la autoridad y tentativa de lesiones”.

“Según la versión de la policía habría intentado Jonathán golpear a una persona de policía, no se ve a cuál porque no estaban golpeando. Lo mismo en el caso de ‘Al’, más la desobediencia que en la filmación se ve claro que la orden era que soltara el bombo que estaba tocando y lo soltó”, agregó.

Horas después, se sumó como defensor de Machuca el abogado Leandro Aparicio.

El boleto educativo gratuito por el cual manifestaban los centros de estudiantes es ley provincial aunque el gobierno municipal nunca cumplió la normativa.

La agrupación de artistas bahienses Teatro Abierto exigió explicaciones a las autoridades del Instituto Cultural por haber permitido la realización de una sesión de fotos publicitarias de un comercio privado.

“Vimos en las redes una sesión de fotos que estaban realizando en la Sala Payró, los artistas la reconocemos muy fácil, más allá de que tenían etiquetado al Teatro Municipal. Empezamos a investigar si eran actuales o viejas y eran del 5 o 6 de julio. Averiguamos quién había abierto o autorizado, quién había cedido el espacio, recopilamos información y sabemos que la autoridad del Teatro autorizó que se abran las puertas y se prendieran las luces para esa sesión de fotos”, dijo a FM De la Calle Mayra Díaz Alchu.

El Municipio cerró el Teatro hace 119 días tras un relevamiento de la UTN sobre las condiciones de seguridad del histórico edificio. Se advirtió a simple vista riesgos en el sistema eléctrico, condiciones de seguridad e higiene precarias, falencias en la prevención y el combate de incendios. Sin embargo, desde entonces, no hay novedades sobre el plan de obras alguno.

La integrante de Teatro Abierto afirmó que “en primera instancia nos parece peligroso porque ellos mismos dicen que es una bomba de tiempo que no se puede habitar. ¿Cómo es que dejan que alguien entre a hacer una sesión de fotos exponiéndolos al riesgo que ellos predican?”.

“Por otro lado, nos despierta la inquietud de si es realmente tan peligroso o hay alguna otra razón que hace que se cierren las puertas para los artistas y el público en general pero sí se abra para un privado. En este caso, ellos pidieron el teatro y les dijeron que sí, la responsabilidad es del Teatro”, dijo.

Díaz Alchu recordó que “el taller de Luthería y Artistas del Sur en el mismo día se enteraron que ya no podían ingresar, tuvieron que mudar todo en un día, prácticamente los dejaron en la calle. Artistas del Sur está juntando moneda por moneda para poder subsistir, para pagar un alquiler porque les dicen que no pueden estar en ese lugar porque es peligroso. ¿Para sacar fotos no es peligroso? ¿Para que una modelo camine no es peligroso? Por un lado están exponiendo a estos artistas que van a sacar fotos pero tampoco comunican este sector se puede usar y este no. Necesitamos una respuesta del Instituto Cultural, ellos son los responsables de lo que pasó”.

Agregó que “no solamente a nosotros como artistas nos afecta por nuestra fuente laboral sino que a la persona que camina por la calle y paga el Teatro con sus impuestos la están privando de ese derecho. El Teatro es de todos, no es de una empresa ni de una gestión y no nos dan ninguna respuesta, porque tampoco tenemos novedades de que se esté haciendo algo para mejorar el Teatro”.

En ese sentido, comentó que “tenemos entendido que a la UTN no le aprobaron, o están esperando que aprueben, el presupuesto para hacer una última inspección para ver qué hay que hacer. Está totalmente parado y nadie sale a decir nada, es urgente que el Instituto Cultural se expida al respecto”.

Ricardo Margo aseguró anoche a La Nueva Provincia que “no es que el teatro esté intransitable, sino que no puede usarse para espectáculos con cientos de personas” y calificó al permiso como “desacertado”.

El Comité Técnico Ejecutivo realizó una nueva inspección en la planta LHC II de Dow donde ocurrió la explosión del viernes 28. Según el acta publicada por la web municipal, el organismo de control no infraccionó a la empresa por el hecho que conmocionó a la población de Ing. White y Bahía Blanca.

El inspector del CTE registró que el viernes pasado “se recorrió el sector afectado en el cual se encuentran realizando tareas de limpieza”.

Observó “piezas que aún no han sido movidas debido a que aún se están realizando tareas de investigación”.

“Se nos informa que los análisis de causa raíz se están llevando a cabo con distintos especialistas y que se encuentran en un 70% de avance aproximadamente”.

 

La Comisión de Género, Sexualidades e Identidades Disidentes del Colegio de Trabajadores/as Sociales repudió el acoso sexual padecido por una de sus colegas por parte del delegado de Noroeste Juan Campos.

El viernes trascendió que una trabajadora social de la Delegación realizó la denuncia judicial y horas después el delegado solicitó una licencia al intendente.

“Exigimos que se destituya de forma inmediata a este funcionario público que claramente evidencia un actuar misógino y violento. Siendo sumamente importante sentar precedente ante futuras situaciones de acoso laboral y abuso de poder en todos los espacios”, señalan en el comunicado.

La titular de la Comisión, Fernanda Orozco, declaró a FM De la Calle que “debe haber un cumplimiento de la ley 26.485 -de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género- que no debe dejarse a la buena voluntad de los funcionarios sino que deben generarse protocolos en los espacios públicos”.

Desde el Colegio también repudiaron el accionar de los medios de comunicación: “Insistimos en que los medios aun continúan reproduciendo machismo a la hora de comunicar hechos que tengan como víctimas a mujeres y disidencias”.

“Este tipo de situaciones se dan a diario y las víctimas muchas veces no se animan a denunciar, los tiempos han cambiado y con ello la impunidad con la que siempre se han manejado. Es una responsabilidad de todos/as vivir en un sociedad sin ningún tipo de violencias”.

Orozco señaló que “debe generarse un espacio donde se pueda realizar la denuncia sin ningún tipo de implicancia laboral, en este caso un trabajador en cualquiera de todas las formas laborales, sabemos que el Estado tiene muchas personas en situación de precarización”.

La Cámara Federal procesó con prisión preventiva al ex titular de la Cruz Roja, Humberto Luis Fortunato Adalberti. La Fiscalía lo imputó a partir de testimonios que lo ubicaron en el centro clandestino de detención La Escuelita en su rol de médico militar.

El órgano judicial revocó, además, el sobreseimiento de los ex secretarios del Juzgado Federal Hugo Mario Sierra y Gloria Girotti, quienes continuarán siendo investigados por su participación en el terrorismo de Estado.

“Adalberti era uno de los médicos militares del Hospital de Evacuaciones 181. Era una estructura chica respecto a los militares que tenían especialidad de médico y dentro de la misma siempre se supo, por reconocimiento de alguno de los de mayores jerarquías de esa unidad, que la prestación de asistencia médica al centro clandestino La Escuelita la realizaban desde allí”, dijo a FM De la Calle el fiscal auxiliar Pablo Fermento.

Recordó que “son conocidos los casos del enfermero (Adalberto Osvaldo) Bonini, a quien mencionaron muchos testigos como la persona que llevaba los medicamentos y siempre se supo que (Raúl Eduardo) Mariné era el que dirigía ese rol criminal y que uno de los médicos era (Jorge Guillermo) Streich, ambos se encuentran fallecidos”.

“En el caso de Adalberti, esta Fiscalía lo había imputado en su momento, es otro de los capitanes médicos junto a Streich, como la otra persona que concurría a La Escuelita a tratar a enfermos. Esto se pudo reconstruir, sobre todo, en base a la declaración de algunos conscriptos que en aquel momento prestaban servicio y que, por el hecho de ser médicos, estaban afectados al hospital y pudieron hablar y percibir esta dinámica. Incluso a alguno de ellos le ordenaron ir a La Escuelita en una situación, se negó y fue sancionado”.

El Juzgado Federal requirió a la Fiscalía que defina la situación de imputados a quienes se le había otorgado la falta de mérito.

“A partir de declaraciones testimoniales que se recibieron en los últimos juicios se habían despejado dudas que quedaban sobre Adalberti, que fue uno de los apuntados ya desde los Juicios por la Verdad como uno de los médicos que hacía esta tarea”, dijo Fermento. Por ello, se solicitó el procesamiento del cirujano.

La Unidad Fiscal solicitó además la ampliación del procesamiento del enfermero Bonini, quien espera ser juzgado por la desaparición de Julio Infante. Ahora se le reprocha su intervención en el centro clandestino.

En el caso de Sierra y Girotti el fallo de la Cámara no significa su procesamiento “sino que se revocó el sobreseimiento que de haber quedado firme impedía seguir insistiendo con esas imputaciones”.

“La Fiscalía tiene varias líneas de investigación en curso y, en función de eso, va evaluando ampliar imputaciones o insistir con imputaciones que no prosperaron en el pasado, como el caso de Adalberti”, explicó Fermento.

El senador provincial Andrés De Leo dijo que “no hay que hacer un hecho político” de la explosión en Dow. “Hubo una reacción rápida de parte del Estado, primero hay que ver si la empresa cumplió con los protocolos del accidente y de la información”.

Consultado sobre el proyecto de ley que busca extender el plazo de prescripción de las causas por infracciones medioambientales que tramita el OPDS, el legislador oficialista comentó que luego de la media sanción en el Senado “quedó trunco en Diputados”.

“El OPDS se comprometió a hacer gestiones en la Cámara. Ahora hay un proyecto más abarcativo que está en Diputados, que no ha tenido sanción. Incluye este punto que impulsé en el 2016 con la prescripción de estas multas. El OPDS ha agilizado enormemente el tema que tiene que ver con la sanción de las multas, esto no quita que esa ley venga a cubrir el vacío legal”.

En cuanto a las condiciones presupuestarias y a los recursos con que cuenta el OPDS para el control de las empresas del polo bahiense, De Leo afirmó: “No soy yo un especialista, sería aventurado hablar en términos técnicos. Desde la Comisión de Presupuesto he tenido reuniones con el OPDS, respecto de como ellos necesitan un presupuesto para cubrir fondos”.

“Hay un programa para que ellos puedan contar en el mediano plazo con un presupuesto acorde para cubrir los mecanismos de control. No estoy capacitado técnicamente para decir si esto es así o no. Hay una preocupación y ocupación de parte del gobierno de la provincia para que el OPDS vaya contando las herramientas presupuestaras para llevar su control adelante”.

El concejal Marcelo Feliú afirmó este jueves que el intendente Héctor Gay tiene facultad para clausurar preventivamente plantas del polo petroquímico “ante determinadas situaciones graves, delicadas, donde se haya podido poner en peligro o haya la posibilidad de un daño inminente sobre la salud de los trabajadores, la población o el medio ambiente”.

“Casi una descripción de lo que pasó”, agregó en referencia a la explosión ocurrida el viernes en el Craker 2 de Dow.

Fue en el marco del debate que terminó con la aprobación de la convocatoria a la subsecretaria de Gestión Ambiental, el coordinador del proceso Apell y el titular del Comité Técnico Ejecutivo para que den explicaciones ante el deliberativo.

Además, se avaló un pedido de informes sobre lo ocurrido y un llamado a reunión extraordinaria de la Comisión Asesora Ambiental, paralizada hace ocho meses por Cambiemos.

Al analizar el rol de la Municipalidad, Feliú recordó que a partir de los escapes del 2000 se entendió que Bahía Blanca estaba en una situación extraordinaria y se aprobó una ley localizada que delegó en la comuna el poder de policía en materia ambiental.

El ex diputado provincial refutó las declaraciones de Gay y de algunos de sus concejales al señalar que ante riesgos para la población o el ambiente “recobra en cabeza del propio intendente tal vez la facultad más importante que en este caso se puede inmediatamente tomar desde lo local. El intendente puede clausurar preventivamente a la empresa que ha motivado este hecho”.

“Este decreto absolutamente vigente y que pone en total complementariedad con esta idea de que habría que avanzar en la delegación, le da poder al intendente para ser el director del manejo de la crisis -explicó Feliú-. Absolutamente el director. Quien puede lo más, que en este caso es la clausura inmediata preventiva, puede lo menos. Principio jurídico indiscutible. Si yo puedo hacer lo máximo, constato de que la situación fue potencialmente peligrosa para personas y bienes, inclusive por fuera del ámbito privado, ahí el intendente tiene la facultad de ser quien conduce el proceso políticamente”.

El concejal agregó que “a esa facultad jurídica con decisión política se llega a la conclusión de que ante un evento no se disminuye la posibilidad de intervenir sino que aumentan”.

La Red Argentina para el Desarme afirmó que el “decomiso de armas más grande de la historia” difundido por el gobierno nacional no es más que “una nueva muestra de la ineficacia estatal y de la connivencia política con los grandes actores del mercado ilegal de armas”.

La “Operación Palak”, como fue presentada por la propaganda del Ministerio de Seguridad desplegada a nivel local por la gestión del intendente Héctor Gay, incluyó tres allanamientos en Bahía Blanca.

Uno de ellos en una vivienda ubicada detrás del consultorio odontológico de Castelli al 342 y otro en Clegg al 600, siendo secuestradas unas 40 armas. Su propietario, Hernán Castillo, es uno de los 17 detenidos en el país. En total fueron unos 50 allanamientos en Argentina, España y Estados Unidos en los cuales se decomisaron 12000 armas, municiones y explosivos.

En diálogo con FM De la Calle, el investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) Julián Alfie aseguró que “el Estado debería haberlo detectado antes, y no sucedió. Esta cantidad enorme de armas circuló por varios años en el país sin que el Estado sea capaz de detectarlo. La mayoría de las personas involucradas eran sujetos de control del Estado por ser armerías, por ser establecimientos que habían estado bajo control de las propias Fuerzas Armadas”.

“No solo que no sucedió sino que toman conocimiento a través por Fuerzas de Seguridad de Estados Unidos, que detectan que estas armas estaban empezando a circular en el comercio internacional ilícto. Recién ahí es donde se activan las alarmas de nuestro país”.

¿Por qué no se detectó antes? Alfie explicó que “el Estado hace cuatro años no implementa la ley que crea la Agencia Nacional de Control de Armas de Fuego, la ANMAC, que venía a reemplazar al RENAR. Creaba una agencia con presupuesto propio para tener una política proactiva de control sobre el mercado ilegal de armas de fuego y eso nunca se implementó”.

“Hoy tenemos apenas una decenas de inspectores en todo el país para esa agencia que debería controlar y fiscalizar el circulante de armas, inspectores que no tienen recursos para movilizarse por el país y por lo tanto la capacidad de control tiende a ser nula”.

La empresa bahiense Dienst Consulting, propiedad de Guillermo Martín es la encargada de llevar a cabo el Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos para usuarios de armas implementado por la ANMaC. Martín es socio del vicepresidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca y dueño de La Nueva Provincia, Gustavo Elías.

“La ANMaC realiza una serie de controles psicofísicos que en este caso fueron tercerizados a esta empresa. Pero aparte de eso tiene que haber una política proactiva de persecusión y control del mercado legal. Aquellos lugares, armerías, establecimientos legales, tienen que ser fiscalizados por esta agencia. Ante el vencimiento tiene que actuar porque ese arma que había sido legal pasa a ser ilegal”, señaló Alfie.

El investigador aclaró que “no existe prácticamente fabricación ilegal de armas de fuego en el país, lo que existe son fábricas legales que hacen desvíos hacia el mercado ilegal, a través de, por ejemplo, la doble numeración. Por lo tanto la capacidad del Estado de controlar y de disminuir esas armas ilegales es altísimo porque el Estado sabe dónde se fabrican, lo que tiene que hacer e ir a esos lugares que fabrican o importan armas y fiscalizar que no haya desvíos hacia el mercado ilegal”.

INECIP subrayó en un comunicado que entre los establecimientos de los cuales se secuestró armamento que tenían su habilitación vecinda se encuentra TALA, “empresa que funcionaba en un predio perteneciente a las FFAA y ya tenía antecedentes del 2004 por almacenar irregularmente bombas de 500 y 1000 kilos, cohetes antiaéreos de 57 milímetros, detonadores y explosivos”.

“La banda no solamente operó en nuestro territorio durante años sin que el RENAR pudiera detectarlo, sino que uno de los presuntos contrabandistas era funcionario del Ministerio de Defensa dirigido por Oscar Aguad”, afirmó en referencia al directivo de TALA Diego Martín Bollati, uno de los 17 detenidos.

 

En el marco del aumento de la pobreza y el desempleo en la ciudad y tras la explosión en la planta de Dow y la ratificación judicial de las pruebas de la contaminación del estuario, la agrupación Nuevos Vientos destacó: “Que unos pocos ganen cada día más, lleven sus ganancias fuera del país, a costa de nuestro trabajo, nuestros recursos y nuestro medioambiente no es desarrollo”.

El ex concejal Raúl Ayude dijo a FM De la Calle que “el discurso es macroeconómico, de déficit cero y ves que la gente está más lejos de satisfacer sus necesidades básicas y que en promesas de miles de millones de dólares de inversiones no se generan puestos de trabajo, al contrario, se terminan produciendo riesgos a la salud y medioambientales”.

“Por ejemplo lo que sucedió con la justicia y la confirmación de lo que se había puesto en duda que era la contaminación de al ría y la responsabilidad tanto de empresas como de la Municipalidad, el Consorcio, sumado a lo terrible que pasó en Dow el otro día. Cuando había pasado una hora de la explosión  y nadie sabía lo que tenía que hacer”.

“La decisión acerca de elegir un modelo de ciudad debe darse en un marco participativo de todos los sectores que componen la comunidad. No solo las empresas y el gobierno de turno, sino también las universidades, asociaciones intermedias y vecinos en general, en un debate público y abierto donde se evalúen las repercusiones de dichas instalaciones e inversiones”, afirma el comunicado de Nuevos Vientos.

Agrega que “deben recuperarse ámbitos participativos abiertos e institucionales como el funcionamiento histórico y regular que tuvo la comisión asesora de medioambiente del HCD, herramienta importante para evaluar proyectos”.

La concejala Paola Ariente confirmó que la Comisión Asesora Ambiental no se reúne desde 2018 y aseguró que hay disconformidad desde el Comité de Control y Monitoreo por el manejo de la información luego de la explosión en Dow.

“Si mal no recuerdo no nos reunimos desde mitad del año pasado, el último pedido que hice para que la Comisión Asesora se reuniera fue con el informe que hay de la causa judicial de la contaminación de la ría donde pedí que la gente del IADO, UNS y CONICET pudieran venir a explicar el Programa Integral de Monitoreo que venían efectuando. Se aprobó y nunca se citó”, comentó.

Según la web del Concejo, el último encuentro convocado por el oficialista Leandro Santomassimo fue 6 de noviembre de 2018 para discutir “la evolución del clima la ciudad en los últimos 40 años”. Ariente comentó que “es él quien hace el orden del día y convoca a las reuniones. Como coordinador es quien tiene que estipular la reunión”.

El edil participó este mediodía de una reunión con voluntarios interesados en “trabajar articuladamente un proyecto de apoyo, rescate y socorrismo para animales”.

Ariente informó que presentó una serie de cuestionamientos sobre lo ocurrido en Dow en el Comité de Control y Monitoreo donde hay “disconformidad” por no haberse enterado de los hechos”por los canales formales”.

En cuanto a los fondos destinados a temáticas ambientales, dijo que en la rendición del Centro de Control y Monitoreo “se nos explicó cuál había sido la subejecución, que por una cuestión de contrato y convenio pasaban para este año, pero respecto al dinero que se había destinado al proceso Apell, que no se había ejecutado, no se nos dio una repuesta satisfactoria de por qué no se habían gastado. Hay un guardia ambiental menos porque un inspector dejó su cargo y debe estar por abrirse el concurso. El resto no te sabría decir porque hubo una reducción de personal o de horas”.

Respecto a la  posición del bloque frente a lo ocurrido el viernes pasado, refirió que “no nos puede seguir pasando esto de que cada vez que ocurre un suceso los canales comunicativos sean tan confusos, que siempre tengamos una versión de la empresa, que si bien es válida no puede ser la única”.

“La gente no tiene la respuesta política de quienes deberían tenerla. Ni la gente ni lo concejales tampoco. No nos puede seguir pasando esto, los protocolos hay que revisarlos”, afirmó.

Cinco días después de la explosión en la planta de Dow, el intendente Héctor Gay pidió actuar “con prudencia” y afirmó que se cumplió el protocolo de emergencias aunque “hay cosas que mejorar”.

“Hemos pedido a la justicia que actúe, por las leyes vigentes la competencia del Municipio es muy reducida. Hemos acompañado al OPDS y a la justicia en el trabajo. Queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias y que se diga lo que pasó. Sí con la prudencia necesaria pero con la preocupación de que no se repita”.

“Por suerte pudimos instalar el comité de crisis muy rápidamente, a los 20 minutos ya estaba instalado, inclusive algunos periodistas pudieron participar de la reunión”.

“Los especialistas dicen que no se puede dar una información en un evento de esta naturaleza, con el grado de certeza que como Estado tenemos que dar, antes de una hora. Se cumplió el protocolo, a los 47 minutos se brindó la información. Hay cosas para mejorar. Hemos tenido reuniones con la empresa, con la justicia y con el OPDS. El Municipio necesita, quiere y exige que haya un esclarecimiento pero obviamente prudente, en los tiempos que se manejan”, comentó.

Entre las cosas a mejorar, Gay apuntó a la comunicación mediante Radio Nacional y dijo que se vieron “atravesados por una situación lamentable que es lo de las noticias falsas que es un problema con el periodismo que quiere informar bien”.

“Que el principal medio nacional (TN) al otro día haya publicado la foto de un incendio en Córdoba diciendo que era en Bahía Blanca, o que otro medio haya publicado otro incendio en la India diciendo que era en Bahía cuando no hubo fuego nunca, es cierto que nos preocupa”.

Finalmente comentó: “Somos conscientes de que hay que dar buena información, verídica, sin ocultar nada pero tampoco hay que caer en los excesos que hemos tenido en estos días”.

La empresa Dow difundió anoche las primeras imágenes del sector de la planta Craker 2 que explotó el viernes pasado y causó conmoción en Ing. White y Bahía Blanca.

El registro de fotos y videos en el lugar había sido impedido en primer término a bomberos y a algunos periodistas que fueron invitados a recorrer el sector el lunes. La empresa adujo “cuestiones de seguridad”.

Sin embargo, sí pudieron hacerlo el fiscal Christian Aguilar y el juez Guillermo Mércuri durante la inspección ocular que realizaron el domingo para dilucidar si hubo daño a trabajadores o bienes de terceros y, en consecuencia, se configuró delito durante el incidente.

Horas después de la explosión, Dow informó que se trató de “un acontecimiento sonoro sin presencia de fuego”. El fin de semana, la empresa publicó una solicitada en la cual sostuvo la minimización de la gravedad del episodio y agregó que lamentamos profundamente lo sucedido y pedimos sinceras disculpas”.

La periodista Soledad Barruti presentará su libro “Mala leche” en Bahía Blanca. Será este jueves, a las 20, en la Biblioteca Rivadavia.

La investigación analiza al “supermercado como emboscada” y continúa la propuesta de “Malcomidos: cómo la industria alimentaria argentina nos está matando”.

“La comida para chicos es la peor de la góndola, la que uno no compraría en búsqueda de salud, estamos alimentando a las nuevas generaciones a base de azúcar, llenos de harinas blancas y aceites de la peor calidad. Como resultado aparece una sociedad más enferma, con niños que se enferman de cosas que nunca antes se habían enfermado”, afirmó la autora.

Barruti sostiene que la mala alimentación parte de “una confluencia de libre mercado y no regulación absoluta, en donde la industria ha ido ganando más espacios producto de confundir la publicidad con información, de hacer acuerdos con sociedades científicas, con profesionales de la salud en los que confiamos, a los que los terminan instruyendo en base a lo que las marcas pueden ofrecer, tienen visitadores médicos en los consultorios de los pediatras, stands fijos en los congresos, son los que muchas veces sostienen las sociedades de nutrición y pediatría, y eso va moldeando una idea alimentaria de la que nos cuesta salir”.

A la confusión que esto genera la autora agregó que “la posibilidad y acceso a los alimentos frescos y buenos se volvió cada vez más complicada. Los productos comestibles y bebidas son sumamente adictivos, entonces entre que la comida de verdad no está, lo que nos llega como mensaje de que esos comestibles son buenos y que son adictivos, tenés la trampa perfecta“.

Barruti destacó que “la única manera de darle de comer bien al mundo es la agricultura a pequeña escala. No con las lógicas de sobreproducción, de tirar comida, de agrotóxicos. Las personas que más inseguridad alimentaria tienen son las que viven en zonas rurales, el sistema actual ha desplazado a trabajadores, personas que vivían en esos campos donde se producía alimento, es un tema complejo, sin embargo, las soluciones están ahí”.

La periodista afirmó que “estamos acostumbrados a pensarnos como consumidores, somos seres sociales alrededor de la comida, comemos en sociedad, ninguna persona come pescado y algas a la mañana como en Japón porque sencillamente comemos lo que come el resto. Eso habla que comer es un acto social y que nos vincula con la gente.  Lo que debería pasar es que se debería socializar la información, hacer cambios comunitarios en las escuelas, trabajos, etcétera”.

El economista y  columnista de FM De la Calle Francisco Cantamutto analizó las implicancias y posibles puntos de conflicto que traerá la puesta en marcha del acuerdo consensuado entre el Mercosur y la Unión Europea.

“Es una medida con efectos de muy largo plazo buscada de cara a las elecciones. Por otro lado, para lograr el acuerdo se pone por encima la ideología librecambista y la postura negociadora de entrega absoluta para obtener el resultado. No es una conquista para el país ni para el bloque regional, es un retroceso en términos institucionales. La Unión Europea pudo imponer todas las condiciones que estaba demandando”, afirmó.

Cantamutto agregó que “es una especie de colonialismo del siglo XXI que no tiene nada prometedor para dejarnos. Por suerte no está todavía consolidado, las críticas no son solo de acá sino europeas también. Tenemos que hacer lo imposible para que esto no pase por el Congreso. Es una entrega del país y del bloque a los capitales europeos”.

El economista destacó el hermetismo en torno a lo negociado: “Las cámaras PyMEs como la Unión Industrial han salido a declarar que nunca tuvieron participación en esto, que no se las consultó y que no están de acuerdo. Los representante sindicales de la CGT y CTA han hecho pedidos formales y nunca se les ha dado información. Cuando se filtra en Europa nosotros los conseguimos acá. El gobierno que se jacta de la transparencia no está haciendo el acuerdo en esos términos”.

¿Qué implica el acuerdo en medidas económicas?

1- Desregulación del comercio en el sector industrial”

“La mayor parte del comercio con UE ya está liberalizado, las posiciones arancelarias o de negociación de trabas al comercio de este acuerdo son con sectores sensibles como el automotriz. Estamos ante el riesgo real de que el sector automotriz si no desaparece quede reducido a una cosa mínima. Recordemos que este sector tiene un enorme entramado de cadena de proveedores hacia atrás en la industria metal-mecánica”.

Cantamutto agregó que “hay dos sectores en el Mercosur con protección especial: el automotriz y el azúcar. Si quitás esas protecciones es muy probable que el abastecimiento de autos en la región provenga de otras latitudes: Europa, Asia. Si se quita la protección y la industria automotriz deja de producir se pierden esos empleos y el entramado hacia atrás y hacia adelante”.

Los estudios que llevó a cabo Paula Español, ex secretaria de Industria del gobierno anterior, indicarían que “en todas esa cadena productiva podrían perderse 185 mil puestos de trabajo, es más que toda la fuerza laboral de Bahía Blanca. Esto puede repetirse para otras cadenas industriales”.

2-Nos reduciría a la exportación de bienes primarios

“Dentro de la agroindustria son muy pocos los bienes que podrían obtener una cota mayor, concretamente hablamos de la industria ganadera. El agro en Europa sigue subsidiado y con protecciones para-arancelarias, puntualmente controles fitosanitarios o normas de calidad de otro tipo. Agregan que la producción en el Mercosur está fundamentalmente apalancada a través del uso masivo de agrotóxicos. En Europa han elevado los estándares de calidad ambiental y no están dispuestos a recibir estos productos que consideran potencialmente riesgoso para la salud”.

“Esto llevaría a perder toda la cadena industrial y exportar muy pocos bienes con poco valor agregado en la producción primaria“.

3– Patentes

“La Unión Europea insiste mucho en la protección de los derechos de la propiedad intelectual, el uso de medicamentos genéricos podría desplazarse de 10 a 20 años, con lo cual la medicina se encarecería mucho porque habría que pagar las patentes de las farmacéuticas europeas 10 años más. Es un golpe directo al bolsillo. En otras áreas también es patentamiento de material genético local, una discusión del Congreso como la Ley de Semillas, es impedir que los productores manejen su propio material genético y tengan que comprar la semilla a Europa”.

4-Obra pública y compras estatales

“El tratado propone que tanto para la obra pública, licitaciones y compras de empresas estatales, no podrían tener preferencia que promuevan la contratación de empresas o PyMEs locales. Las empresas europeas podrían licitar igual que las locales y las locales no serían capaces de competir. Esto produce una devastación de empleo y más salida de recursos en la balanza de pago. Esto se compensaría buscando divisas por otros lados, ¿cuáles serían esos otros lados? Los mismos que el tratado impugna como problemáticos, que son el extractivismo y la producción agroganadera y minera en condiciones insostenibles“.

Federico Manfredini, soldador de alta presión durante más de 30 años en Solvay Indupa, comentó a FM De la Calle cómo vivió la explosión en la planta de Dow la madrugada del viernes y recordó algunos mecanismos y formas de trabajo de las empresas del polo.

“Me tembló la cama, las ventanas, el portón. Al principio pensé que era un temblor.  A la mañana hablé con mis ex compañeros y me explicaron lo que sabía todo el mundo”, aseguró el papá de Juan Cruz, joven bahiense fallecido por precarización laboral en Camin Cargo Control.

Manfredini dijo que “las causas siempre son por falta de material, por no haber cambiado caños o por una válvula que no abrió. Son fallas de cuestiones mecánicas, fallas reales. Ahora, si hicieron mantenimiento o no no lo vamos a saber, no te lo van a decir. (Ernesto) Monterroso se cayó a la pileta (de Solvay) por falta de mantenimiento. Eso fue arreglado rápidamente y al otro día estaba todo en condiciones óptimas”.

“El factor riesgo siempre está, se trabaja con presiones muy altas y me llama la atención que un caño de vapor haya hecho tanto ruido. Seguramente hay válvulas que registran eso, que cortan automáticamente o cierran cuando hay un desperfecto. El choque de vapor con la atmósfera es muy grande. Llama la atención que no hayan dejado entrar a los bomberos”.

Manfredini recordó un incidente en el año 87: “Se prendió fuego el fósforo de monómero vinílico. Estaba dividida en tres partes la planta de Solvay. Eso fue muy alarmante porque teóricamente desapareció todo el fósforo. Yo estuve en la reparación del artefacto”.

“La ciudadanía tiene que tener en claro que se deben hacer públicos los registros de mantenimiento a las unidades. Tienen que ser todos los años. Muchas veces durante el año se hacen paradas de planta para arreglar cañerías y válvulas pero no son públicas”.

Manfredini recordó que después del escape de cloro del 2000 “fueron muy exigentes con toda la cañería, con el tipo de soldadura, con el modus operandi de trabajo. Estuvimos muy cerca, todo lo que pasó por esa nube no quedó nada. Como me dijo alguna vez algún gerente de una planta: ‘Mientras salga el producto por el caño, no nos hagamos problema'”.

Consultado acerca de las versiones que circularon durante el fin de semana acerca de su expulsión, el fundador del Partido Obrero señaló que “la fracción oficial que dirige el partido obrero lo está rompiendo. Tenemos una discusión política hace bastante tiempo entre nosotros. En función de nuestro estatuto hemos pedido el reconocimiento de una corriente interna para tener derecho a asistir a todos los debates”.

Según el dirigente, el oficialismo le había solicitado que utilizaran este recurso y cuando tomaron la decisión de hacerlo, con el apoyo de más de setecientos afiliados, “la reacción a esto es un comunicado que sacan el sábado donde afirman que me había ido de la organización. Han tomado medidas de exclusión muy importantes con gente que ha firmado esto. Hay un ambiente de exclusión y de ruptura”.

Altamira también destacó que esta actitud representa un “golpe a la campaña electoral”. Desde los spots de campaña se habla de la unidad del noventa por ciento de la izquierda a través de la alianza FIT-Unidad.

¿Cuál es la diferencia de fondo?

“Esencialmente entendemos que el partido está siendo llevado por esta fracción oficial a una deriva electoralista, parlamentarista y en el plano de la propaganda mediática donde el planteamiento profundo de nuestros objetivos es desplazado por frases y sonrisas. No se está construyendo el Partido Obrero sobre una perspectiva de rebelión del pueblo”.

Altamira sostiene que “hay una manifiesta crisis del régimen político integral. Al mismo tiempo un ataque como pocas veces se ha visto a los trabajadores y todavía promesas de reformas más agresivas que las que ya hay”. En este contexto, “la banca parlamentaria es un instrumento débil e ineficaz para detener una cosa de este tipo. Hay que decirle al trabajador que tiene que tomar las cosas en sus propias manos y construir al Partido Obrero desarrollándolo sobre la base de esta premisa política”.

“En mi opinión somos más realistas que nuestros críticos que nos quieren llevar por el mismo camino diciendo ´esto es lo que hay´. Hay que quebrar esta muralla que partidos e instituciones ponen a que se satisfagan los reclamos del pueblo trabajador”.