Por 33 votos a favor y 20 en contra el Senado aprobó ayer el pliego de Santiago Ulpiano Martínez para que asuma la titularidad de la Fiscalía Federal Nº2 de Bahía Blanca. De esta manera, la mayoría de las y los senadores desoyó las graves denuncias de los organismos de derechos humanos y de víctimas del genocidio.

“Ulpiano Martínez es parte de la estrategia del gobierno de Mauricio Macri para garantizar la impunidad para los culpables de crímenes de lesa humanidad”, afirmaron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Bahía Blanca, H.I.J.O.S. Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, y Rosana Heinrich -hija de Enrique Heinrich, obrero gráfico de La Nueva Provincia asesinado por la última dictadura cívico-militar-.

Una de las impugnaciones presentadas en abril fue realizada por el CELS y planteaba que Martínez “carece de idoneidad para el cargo” dado que “sus tres años a cargo del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca dejaron un cuadro de atraso y falta de organización de las causas sobre las cuales debía resolver. Además, tuvo determinación por entorpecer y frenar el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad”.

En cuanto a las investigaciones sobre el genocidio, los organismos destacaron que las “reiteradas irregularidades” se “convirtieron en estrategias de impunidad”.

“Entre los beneficiados está Vicente Massot, uno de los responsables de La Nueva Provincia, acusado por el secuestro y asesinato de Enrique Heinrich, secretario general del Sindicato de Artes Gráficas, y Miguel Ángel Loyola, tesorero del mismo sindicato”.

“Además, Ulpiano Martínez se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército, rechazó el pedido de detención de Aldo Vara, capellán acusado por delitos de lesa humanidad, lo que facilitó que se fugara y muriera impune, y omitió informar sobre prisiones preventivas cuyos plazos estaban vencidos”.

El comportamiento irregular de Ulpiano Martínez fue informado por el juez Alejo Ramos Padilla, su sucesor como juez subrogante del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, ante el Consejo de la Magistratura y la Comisión Interpoderes.

Ayer votaron a favor: Federico Pinedo, Julio Cobos, Miguel Ángel Pichetto, Esteban Bullrich, Luis Naidenoff, Ángel Rozas, Néstor Braillard Poccard, Humberto Schiavoni, Carlos Espínola, Roberto Basualdo, Inés Blas, Inés Brizuela y Doria, Miriam Boyadjian, Mario Fiad, Julio Catalán Magni, Eduardo Costa, Alfredo De Angelli, Silvia Giacoppo, Gladys González, Daniel Lovera, Ernesto Martínez, Julio Martínez, Dalmacio Mera, Claudio Poggi, Blanca Porcel de Riccobelli, Laura Rodríguez Machado, Guillermo Pereyra, Magdalena Solari Quintana, María Belén Tapia, José Uñac, Marta Varela, Silvia Beatriz Elías de Pérez y Pamela Verasay.

En tanto, los votos en contra fueron los de: Anabel Fernández Sagasti, María Inés Pilatti Vergara, Eduardo Aguilar, Ana Almirón, Norma Durango, Marcelo Fuentes, Silvina García Larraburu, Nancy González, Pedro Guastavino, Ana María Ianni, Alfredo Luenxo, José Mayans, Beatriz Mirkin, María de los Ángeles Sacnún, María Odarda, José Ojeda, Juan País, Eugenia Catalfamo, Sigrid Kunath y María Teresa González.

La Policía Bonaerense reprimió y desalojó a más de una decena de familias que habían instalado viviendas precarias en terrenos ubicados entre Avda. Arias y 18 de julio.

La Municipalidad no brindó alterativas habitacionales. Tres jóvenes fueron heridos con balas de goma y uno fue detenido por “resistencia a la autoridad”.

En diálogo con FM De la Calle, Marisol relató que “estaba durmiendo, a las 6 de la mañana vinieron y empezaron a tirar ranchito por ranchito”.

“Estaba con mi nene de nueve meses adentro, vino una milica y me dijo que ya tenía que desalojar. Y si no salís ahora te vamos a sacar el guacho y te vamos a mandar al Servicio Local, a vos te vamos a llevar presa y al guacho vas a tener que hacer un montón de apeles para recuperarlo. Me dijeron barbaridades, insultándome, para apurarme”, agregó.

Marisol comentó que luego “empezó el quilombo del tiroteo, con los tiros le pegaron a varios, en la espalda, el pecho, dos menores estaban en el hospital, a una chica también, a mi vecina que vivía enfrente y está embarazada le empezaron a dar ataques”.

“A mí me daban hasta mañana con el Servicio Local, venían para solucionar todo esto pero después qué hago yo, me dan una bolsita de alimentos y nada más. Si me dan una pensión para alquilar es un mes y arreglate, yo no tengo trabajo y mi marido hace changuitas nomas”, manifestó.

Finalmente adelantó que las familias se reubicarían en el lugar: “Me voy a quedar acá, no tengo a donde ir”.

Semanas atrás, el intendente Héctor Gay ordenó una “limpieza profunda” en terrenos que la provincia traspasó al municipio en el barrio Miramar. Funcionarios y policías acompañaron a las topadoras que derribaron las viviendas de varias familias que fueron temporalmente asistidas con el pago de alquileres.

Fotos: Radio UNS.

El secretario de Energía Javier Iguacel dispuso el cobro a las y los usuarios de una compensación para las distribuidoras de gas producto de la diferencia que tuvieron las empresas con la suba del dólar. Los repudios y los amparos judiciales no tardaron en llegar.

FM De la Calle dialogó con Marcos Rebasa, integrante del Observatorio de Tarifas de la UMET, quien dijo que el aumento retroactivo “es totalmente ilegal e inconstitucional, el gobierno no sabe qué hacer, desorientado termina de darle la razón a las petroleras por un conflicto que ellos no pudieron resolver y se lo terminan trasladando a los usuarios”.

Detalló  que “el Código Civil tiene un principio que dice que el pago hecho es cancelatorio. Si usted pagó su factura, se canceló esa obligación, no puede luego volver con un aumento”.

El principal argumento del gobierno en defensa del cobro extra es que las tarifas están dolarizadas. Rebasa afirmó que “no es un problema entre las distribuidoras y los usuarios sino entre las distribuidoras y las generadoras. Las empresas generadoras les cobraban en dólares y las distribuidoras aceptaron pero tienen las tarifas en pesos, entonces no le pueden trasladar un contrato que tenían con sus proveedores a sus usuarios porque no es jurídicamente correcto”.

En cuanto al mentado exceso de subsidios el dirigente aclaró que eso ocurría con la energía eléctrica pero que en el caso del gas nunca los hubo, por ende, “la gente pagaba lo que valía”.

Al ser consultado sobre la versión oficial que promete una baja de tarifas a partir de la producción de Vaca Muerta, Rebasa explicó que “es bueno que Vaca Muerta funcione, que salga el gas de ahí. Si el Estado la quiere financiar que la financie, lo que pasa es que eso lo financiamos nosotros con los impuestos. Las empresas petroleras son empresas de riesgo, tienen que invertir pero no a costa de los usuarios”.

Vecinas y vecinos e integrantes de organizaciones e instituciones del Barrio Noroeste, Bajo Rondeau y Villa Caracol volverán a manifestarse esta mañana frente a la delegación municipal para entregar un petitorio al representante del intendente, Juan Campos.

Prentenden mostrar su “profunda preocupación por el impacto que las medidas económicas y las decisiones del gobierno están ocasionando en quienes vivimos y trabajamos aquí”. El viernes marcharon hasta la oficina del funcionario quien, aunque fue avisado oportunamente, no concurrió a la cita.

“Nos negamos a naturalizar vivir en el barro, con las calles llenas de agua, con desempleo y con merenderos y comedores barriales. Tenemos derecho a tener viviendas en condiciones que no perjudiquen la salud de quienes las habitamos, contar con calles transitables, con escuelas seguras para nuestros hijos e hijas, con unidades sanitarias que tengan lo necesario para atender a las familias y prevenir enfermedades”, afirmaron.

El informe presentado advierte que:

  • Se han recortado o eliminado recursos municipales que estaban destinados a paliar las situaciones de vulnerabilidad de la comunidad de estos barrios.
  • Se han eliminado las tarjetas sociales y ayudas económicas a organizaciones barriales que las necesitaban para desarrollar sus actividades solidarias y culturales.
  • En los últimos dos años, han aumentado los merenderos que se sostienen por donaciones y sin ninguna ayuda del Estado, que alimentan a una cantidad creciente de familias golpeadas por el desempleo y por la suba constante de precios.
  • Ha comenzado a producirse escasez de algunos medicamentos para los niños, niñas y sus familias en la Unidad Sanitaria.
  • Las calles del barrios están en pésimo estado y se deterioran cada día más.
  • En la Escuela Secundaria N°313, se carece de la cantidad suficientes de cupos para el comedor escolar, lo que ocasiona que las alumnas y alumnos roten el día que les toca almorzar.

Por ello, demandan al intendente y su delegado:

  • Que el Municipio designe las partidas presupuestarias para contar con todos los recursos necesarios para asistir las situaciones de vulnerabilidad de los/as vecinos/as.
  • Que sostenga los merenderos y comedores barriales, hasta tanto las familias contemos con nuestros propios recursos ya que seguimos sosteniendo que queremos almorzar y cenar en nuestras casas.
  • Queremos que todas las calles del barrio sean transitables. En la actualidad hay sectores donde no pueden acceder ambulancias ni bomberos, dejándonos en riesgo. No nos oponemos a las obras de infraestructura como las que se están llevando a cabo, pero necesitamos que esas calles sean accesibles, ya que son el acceso obligado a la Delegación, la Unidad Sanitaria, el Centro de Primera Infancia, el Jardín 950 y la Escuela Especial 510.
  • Que las autoridades provinciales gestionen lo necesario para que la totalidad de alumnos y alumnas de la secundaria 313 puedan almorzar, desayunar y merendar en el comedor escolar.
  • Que el delegado. Sr. Campos, de respuesta efectiva y soluciones cuando los vecinos, vecinas e instituciones lo demandan, porque hasta ahora no la hemos tenido.

El viernes se realizó una nueva entrega de la bolsa con Producciones de la Agricultura Familiar y FM De la Calle emitió desde Avellaneda 416 un programa especial de En Eso Estamos con entrevistas a integrantes de las organizaciones impulsoras de la iniciativa, de los grupos de productores/as asociados/as, consumidoras y consumidores.

La iniciativa llegó a Bahía Blanca a partir de la experiencia de la Mesa de Soberanía Alimentaria de Villa María -Córdoba-, un grupo de organizaciones e instituciones que desarrollan una lógica de consumo organizado, teniendo en cuenta tres líneas de trabajo: compra directa a productores; compras en el mercado de frutas que no se producen en la localidad; y compra a productores nucleados en pequeña cooperativas.

Aquel espacio nacido en la red de Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria impulsa, además, el debate acerca de la cadena de producción de los alimentos que consumen, la formación de precios y cómo lograr un comercio justo.

Luego de participar de una jornada de trabajo en Villa María, integrantes del área de Economía Solidaria de Cáritas Bahía Blanca convocaron al CFP 401 Anexo UP4, al INTA Pro Huerta, a Cambio Rural y a FM De la Calle para proyectar la iniciativa a nivel local.

El objetivo era lograr que Pro.Sau.Chi, un grupo de productores del Sauce Chico, vendan más, a un precio justo, de forma directa y sin intermediarios. Luego se incorporaron emprendedoras asociadas con capacidad de producir en mediana escala.

Se trata Moras Brix, un grupo de mujeres que elaboran conservas, Runtu Thani, productoras de huevos frescos, e internos de la Unidad Penal de Villa Floresta, quienes aportan lombricompuesto, hongos comestibles y la serigrafía de las bolsas. También participan pescadores artesanales de Pehuen Co, quienes están en proceso de regularización de su actividad.

Marina Huentenao, integrante del equipo de Ecosol de Cáritas Bahía Blanca


 

Castorina Chamorro y Alejandra Millán, productoras de mermeladas y panificados


 

Celina Diotto y Carlos Mojica, INTA Pro Huerta y Runtu Thani


 

Antonio Gareca, integrante de Productores del Sauce Chico


 

Pablo García y Alicia Torre, Cambio Rural y FM De la Calle


 

Eliana Soto y Sonia Zamora, productoras de huevos de Runtu Thani


 

Analía Guerrero, integrante de La Feria del Lago


 

“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable”.

Eduardo Galeano.

Más del 40 por ciento de los comercios bahienses achicó su actividad y otros tantos manifestaron su estancamiento según una encuesta realizada por el Centro de Economía Política Argentina.

El economista Juan Cruz Lucero comentó las conclusiones del estudio en diálogo con FM De la Calle.

El relevamiento se realizó en septiembre en un centenar de negocios de 25 barrios de la ciudad. Siete de cada diez manifestaron caída en las ventas y un 63% no realizó inversiones en el año.

El 64% indicó que no hubo variación en la cantidad de empleados, con la particularidad de que tres cuartas partes de los comercios expulsaron trabajadorxs el año pasado y que, en muchos casos, pasaron de tener empleados a que los dueños se encargan de los locales comerciales. Sólo el 4 por ciento aumentó su plantilla laboral.

Los principales problemas manifestados son: el costo de los servicios públicos (8.4), la disminución de la rentabilidad (7.2), la caída de ventas (6.82) y los elevados costos de alquiler (6.81).

Por otro lado, los que menor valoración tienen, de acuerdo con las empresas encuestadas, son: las dificultades para conseguir financiamiento (4), el aumento de los costos de mano de obra (5.1) y la fuerte competencia en el mercado interno (5.7).

En cuanto a las expectativas, el 56% de los encuestados considera que las ventas disminuirán en los próximos meses, mientras que el 10% supone que aumentarán.

Integración Ciudadana presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para modificar la ordenanza que regula la instalación de torres para antenas en la ciudad. La norma fue aprobada por unanimidad y sin debate en julio tras la derogación de la regulación resistida por las empresas.

Cambiemos, Unidad Ciudadana, PJ Cumplir y el Frente Renovador establecieron límites en algunos espacios e instituciones pero habilitaron su ubicación en clubes.

Para IC, fuerza que participó de la elaboración de la derogada ordenanza 17.130, “cuando se modifica un régimen novedoso de regulación en forma contraria al vigente el debate no puede estar ausente” como ocurrió.

Su proyecto propone extender “los ámbitos restringidos para la instalación de las antenas, establece el régimen de doble lectura con debate, participando los sectores interesados para la afectación de los espacios públicos, espacios verdes, bienes del dominio municipal y los convenios de uso a título oneroso de inmuebles donde se ubiquen las antenas”.

“El HCD se obligará a aplicar ese sistema previsto en su reglamento interno notificando a las organizaciones que se inscriban en un registro habilitado al efecto de los despachos de comisión que aprueben o desestimen la localización. Convocando a un plenario de comisiones que hayan despachado el expediente todo ello con carácter previo y obligatorio a la convalidación del acuerdo”, afirmaron desde la Comisión de Acción Política de la agrupación.

Por otra parte, advirtieron que “el pase del pedido de localización e instalación a Saneamiento Ambiental no puede quedar restringido a evaluar la emisión a nivel sonoro. Por ello se extiende a todos los impactos ambientales en el marco de la competencia ambiental municipal”.

“Se propone que el convenio con el ENACOM no puede limitarse a las mediciones específicas sino que debe constituirse en una obligación subordinando la aplicación de la ordenanza a su existencia y que el incumplimiento de la normativa ambiental determina la falta de permiso o su revocación, atento el carácter precario de este acto administrativo de autorización”.

La tasa de inflación de septiembre aumentó 6,54% respecto a agosto y es la mayor suba registrada en la historia del IPC Online. La variación de precios fue mayor al mes pasado y acumula en el año 29,60%. El incremento acumulado durante los últimos 12 meses llega a 36,72%.

“Sigue una brecha por cerrarse entre el mayorista y el IPC en lo que es el precio del dólar. Vamos a ver qué pasa con la política monetaria que se empezó a implementar ayer. En tanto el dólar se quede quieto probablemente se traslade menos a precios y tenemos la doble nelson por una política fiscal y una política monetaria recesivas y los vendedores no pueden ajustar todos los precios porque anulan las ventas”, dijo Juan Larrosa a FM De la Calle.

El informe del mes pasado presenta subas en todos los capítulos: Alimentos y bebidas (7,10%), Indumentaria (6,83%), Vivienda y servicios básicos (3,94%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (11,35%), Atención médica y gastos para la salud (5,18%), Transporte y comunicaciones (3,43%), Esparcimiento (10,83%), Educación (7,06%), Otros bienes y servicios (6,93%).

De los 13.585 productos y servicios relevados el 47,3% registró alzas, el 2,4% bajas y el restante 50,3% no tuvo cambios. Las mayores alzas puntuales se registraron en precios de Cámara fotográfica digital, Vino fino, Libro infantil, Horno a microondas y Batata, todas con subas superiores a 55%. Las mayores bajas puntuales se encontraron en precios de Yerba mate, Jabón en polvo para ropa, Texto primario, Vino fino y Libro infantil, todas ellas mayores a -25%.

Se observaron aumentos o arrastre estadístico en Electricidad, Afiliación a sistema de salud, Gasoil, Nafta de 93 a 97 octanos, Nafta de más de 97 octanos, Gimnasio y Cigarrillos. A su vez, se destaca baja en el precio de Servicio de televisión por cable.

La seccional bonaerense de la CTA aseguró que Cambiemos incrementó la deuda pública provincial en más de 202 mil millones de pesos tras las sucesivas devaluaciones que llevaron al dólar a flotar alrededor de los 40 pesos.

El aumento de más del 82% corresponde a un monto superior al total de los recursos presupuestados en 2018 para Educación y cultura ($177.650) y superior a lo correspondiente a Seguridad social, Salud, Promoción y asistencia social, Vivienda y urbanismo, Asuntos laborales, Ciencia y técnica y Promoción del medio ambiente y Agua potable juntos ($199.454 millones).

Los datos surgen del informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires (IDESBA) denominado “Balance Situación Fiscal: Desafíos y Peligros hacia el Presupuesto 2019”. La coordinadora de Economía Política del organismo, Paula Belloni, comentó las conclusiones del estudio en diálogo con FM De la Calle.

El documento advierte que sin las transferencias del Tesoro Nacional el déficit financiero de la provincia hubiese crecido enormemente en los años 2016 y 2017 respecto al 2015 (95,9% y 123,5%).

Por el lado del gasto hubo un ajuste selectivo dado por un crecimiento de los intereses de la deuda, en el marco del enorme endeudamiento que impulsó Vidal y un recorte en las capacidades estatales a partir del achicamiento del Estado provincial.

La planta estatal se encuentra congelada y las remuneraciones cayeron 4,3% entre 2015-2017. Mientras que el gasto que garantiza el funcionamiento del estado provincial se mantiene estancado desde 2015, los intereses de la deuda se incrementaron en un 19,3% en términos reales.

El acuerdo con el FMI (que reduce transferencias, pone en peligro el Fondo Solidario y traspasa subsidios a los servicios públicos y el trasporte) junto a las amortizaciones de deuda e intereses que enfrenta la provincia de Buenos Aires en 2019, ponen en una situación de gran fragilidad a las finanzas provinciales bonaerenses.

Foto: Agepeba.

La docente e investigadora de la Universidad Nacional del Sur, María Celia Vázquez, se jubiló para dar paso a una nueva etapa de su vida después de casi 31 años de trabajo y aporte a la comunidad.

FM De la Calle conversó con ella para conocer sus deseos, expectativas y opiniones sobre la actualidad de la tarea docente.

María Celia se inició en 1985 en escuelas secundarias y nocturnas e ingresó dos años más tarde a la UNS como ayudante de cátedra.

“Desde el momento que empecé a evaluar la posibilidad de jubilarme, un poco apremiada por la coyuntura, empecé a ver como una película de lo que fue la trayectoria. Recuperé imágenes que tenía super olvidadas, se ve que se activa la idea de cierre de algo; la proximidad de eso me activó un montón de recuerdos. Estoy muy contenta de lo que pude hacer, para empezar porque pude trabajar siempre en el contexto de la actividad de la educación pública, a la que reivindico y defiendo. Me parece que es una pieza clave en la construcción del tejido social, de la sociabilidad y de la conciencia, fundamentalmente”.

A lo largo de su historia Celia aseguró haber pasado por momentos difíciles en la docencia pero también reconfortantes: “Pienso en los noventa, que fue un momento tremendamente áspero en la universidad, no sólo en lo que respecta a lo salarial o a lo presupuestario, sino que ahí refundan una universidad copiando el modelo norteamericano, con la idea de la eficiencia, de la productividad… Ese fue un momento muy duro donde los docentes universitarios o los sindicatos que nos representan, no pudimos oponernos con la suficiente fuerza. Esa refundación de los noventa en la universidad todavía tiene hoy muchas cosas que no se desmantelaron”.

Consultada por su mirada de la docencia en perspectiva de su trayectoria, María Celia contó que a pesar de que siempre supo que era un trabajo, “ser docente es desempeñar una función social muy importante, no sólo de instruir, de impartir conocimiento sino de crear conciencia y en los últimos años yo sentía que había que trabajar con la construcción de una sensibilidad y una empatía entre los alumnos como un dato nuevo, había que profundizar e incentivar situaciones que promovieran el desarrollo de la empatía”.

“A mí me impresionaba bastante cierta impronta del individualismo, del encierro, del ensimismamiento, como poco registro más colectivo como una dato que se había agudizado bastante. (…) A lo mejor tiene que ver también con que algunas cosas están y yo no las puedo percibir porque están en un modo muy diferente al modo al que estaba acostumbrada a verlas”.

Además de la docencia, Vázquez continuará su tarea de investigación que en lo que va de su carrera se ha centrado en la historia de la crítica literaria en Argentina, los debates en torno al peronismo clásico del ‘45 al ‘55 y a Victoria Ocampo: “Ese lugar incómodo me cuesta pero lo reivindico”.

“Cualquier docente en cualquier tramo que enseñe literatura ya está ejerciendo un modo de la crítica, esa me parece que es una función política y social fundamental. Qué enseñamos a leer, a quiénes leemos, qué modelos de lectura planteamos, todo eso va construyendo un sentido común, pero también una idea de la inteligibilidad del mundo, de quiénes somos, por ejemplo, si trabajamos con literatura argentina”.

-¿Qué le diría a aquellos/as que están por emprender el camino de la tarea educativa?

“La docencia es un camino de ida, en el sentido de que si uno es docente, cuesta mucho dejar de serlo, pero es un camino áspero, es difícil y, en este contexto, es doblemente difícil. Se trabaja con personas que en este momento están tan vulnerables como uno, entonces es difícil lograr los cometidos, lograr que los alumnos aprendan, compartir entusiasmos comunes… Pero ese es el gran desafío; cómo encontrar el punto en común para que los alumnos digan: ‘A lo mejor esta tiene algo interesante para decir’. Ser docente es tener que remarla para que el alumno te dé esa chance, no viene dada, hay que ganársela”.

Organismos de derechos humanos se reunieron con las CTA, el Frente Sindical para el Modelo Nacional y ATE “ante la profunda preocupación por la vulneración del Estado de Derecho en nuestro país”.

El secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, dijo a FM De la Calle que la iniciativa es “de las pocas cosas esperanzadoras que hay en la Argentina de hoy porque muestra un recorrido de unidad del movimiento de derechos humanos”.

“Fue un encuentro entre dos procesos de unidad donde se respiraba la convicción de que hay que enfrentar al macrismo, en la movilización popular, en la disputa de la sociedad. No se trata solo de caminar y caminar sino de pensar modos de intervención que pongan en cuestión la dominación cultural que tiene el macrismo sobre una parte importante de la sociedad”.

Para dar continuidad a la articulación avanzarán con dos iniciativas: “una solicitada en contra de todas las amenazas” recibidas por trabajadorxs y militantes populares y la participación en la misa convocada por el sector sindical para el 20 de octubre en Luján la cual, a pedido del MEDH, tendrá un carácter ecuménico.

Schulman aseguró que “lo que ocurre en la Argentina es una operación continental de reorganización de la dominación colonial” a partir de la cual “hoy menos que nunca se puede pensar la represión por fuera de la política general”.

“El acuerdo con el FMI es la consumación de ese proceso de dominación. (…) Habrá tanta represión como permitamos, así de sencillo, en términos teóricos la cuota de plusvalía, la voluntad de explotar y ganar no tiene límites”.

El dirigente manifestó que “nosotros ya veníamos re contra jodidos, todos los días calculo mi pensión en dólares y pierdo siempre, pero ahora ya empiezan a estar amenazados los grupos medios y la historia muestra que se suicidan, que no solo son reaccionarios sino que son bastante tontos. Como la burguesía liberal de Argentina que con tal que persigan al peronismo o a Cristina o a no sé quién están aceptando de manera cómplice la destrucción del estado de derecho”.

“Argentina se va encaminando hacia una situación en que lo espacios terceristas, las propuestas de hagamos un poquito cada vez tienen menos sentido. Eso hace más difícil derrotar al macrismo pero también de que la derrota del macrismo va a ser muchísimo más contundente para el capitalismo argentino que otros períodos.

“Nada es gratis en esta vida y ceder la moneda… bueno, el que quiera salir de ese esquema no tiene otra que romper con el Fondo, eso equivale a poner límites al manejo del dólar, volver a controles, hay una cadena de decisiones que tendrá que tomar aquel que quiera separarse un poquito del macrismo que en la Argentina derivará en un enfrentamiento enorme entre la Nación y el poder colonial”, dijo Schulman.

El secretario de la Liga advirtió que el espacio avizora dicha situación y con sus pergaminos y diferencias “se propone representar nada menos que al sujeto pueblo”.

Participaron del encuentro representantes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo,  Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y detenidos por razones políticas, H.I.J.O.S. Capital, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH de La Matanza, la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Asociación Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria y Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.

Fotos: ATE Capital.

Algunos sectores eclesiásticos no solo se posicionaron en contra reforma de la ley de Educación Sexual Integral sino que además continúan haciendo lobby para frenar la discusión en el Congreso. Esta situación se hace evidente en el audio viralizado en el cual Jorge Sennewald, representante de la Alianza de Iglesias Cristianas- Evangélicas afirma que dialogó con Macri y Vidal para evitar el avance del proyecto.

Las principales modificaciones, aprobadas por unanimidad en la Cámara de Diputados provincial, apuntan a “crear un espacio curricular propio de la ESI para hacerlo efectivo y, por otro lado, determinan el carácter de la ley, que sea laica y científica y que trabaje contra cualquier tipo de opresión y discriminación”.

“Que haya una comisión en el ámbito del Ministerio de Educación que sea de centros de estudiantes, sindicatos, organizaciones de mujeres y de diversidad sexual para discutir los contenidos y revisar que se cumpla la ley”, señaló Guillermo Kane, autor del  proyecto.

Por otro lado, un sector de las iglesias evangélicas está a favor de estas reformas y mostró el desacuerdo con respecto al documento en el que el Consejo de Educación Cristiano Evangélico rechaza la ESI.

“Hay cierta violencia simbólica que se ejerce cuando este tipo de opiniones se plantean como univocas. Nosotros no solamente aceptamos sino que adherimos a este posicionamiento de ampliación de derechos que provee el Estado”, comentó Leonardo Félix, pastor de la Iglesia Metodista Central de Buenos Aires.

Hace tres meses que estas reformas podrían haber sido debatidas en el Senado provincial, sin embargo, “la Comisión de Educación que encabeza Cambiemos nunca la ha colocado en debate y cuando una senadora lo pidió sobre tablas, Cambiemos lo rechazó mandándolo de vuelta a la comisión. Todo está sucediendo de acuerdo lo que cuenta el pastor en el audio”, sentenció el diputado Kane.

Con respecto a la campaña #ConMisHijosNoTeMetas, lanzada por sectores antiderechos,  Félix aseguró que “argumentar que la familia es la única responsable de la educación sexual es no poder escuchar ni atender, algo que está reconocido como una problemática sociológica, psicológica, afectiva y emocional en quienes son víctimas del abuso sexual infantil”.

Por último, el pastor argumentó que “es importante salir de ese discurso patriarcal, machista y hasta misógino, que no solamente niega como sujeto de derecho a las mujeres, sino que también lo hace con los nenes y con las nenas”.

La crisis y los tarifazos golpean con fuerza al sector productivo y el movimiento cooperativo no es la excepción. Textiles Pigüé, empresa social fundada en 2004 por los trabajadores de la ex Gatic luego del abandono patronal, recibió hace unos días una factura de gas con el nuevo aumento de 400 mil pesos.

Francisco Martínez, director de la cooperativa de trabajo, dialogó con FM De la Calle y contó cómo les impacta la política de ajuste.

Textiles Pigüé genera economía en forma cooperativa, solidaria, social, popular y se compone actualmente de 120 trabajadores en una localidad de 16 mil habitantes. Según Martínez, si bien por períodos notan un incremento en el trabajo,  “las lesiones que han generado estos dos años y medio de políticas nefastas no se solucionan con meses continuos de producción que tampoco son a grandes volúmenes”.

“Están volviendo a aparecer los trabajos, pero en términos de las especulaciones. El tema es que acá nosotros tenemos un mes y medio de atraso en lo que son los retiros, los salarios, y la verdad que estamos muy enojados con la situación porque somos otra vez variable de ajuste. Estamos hablando de un millón de pesos en servicios”.

Consultado por la caracterización que realizan desde la cooperativa, Martínez aseguró que “esto es una cacería inaudita que no se ha visto nunca, un ataque a la producción nacional en el cual ya estamos tomando las medidas necesarias como para seguir saliendo a contestar cada vez con más fuerza, que es lo que está haciendo todo el país”.

“Por suerte hemos tenido una organización muy seria en términos de la seguridad del trabajo, de los profesionales, la escrituración de la fábrica y que cuando esta cacería pase, nos vamos a poder acomodar. Nosotros lo hemos definido como una cacería: han salido a cazar a la industria y a sus trabajadores”.

Afirmó que “todavía no nos reconocen como trabajadores plenos, estamos discutiendo, nos acercamos a las centrales obreras, pero hoy hay situaciones que no están contempladas dentro del cooperativismo, estamos muy contentos y orgullosos, pero la verdad que estamos bastantes desprotegidos como sector”.

“Necesitamos más contención, porque nosotros recuperamos fábricas en los últimos años pero no sé si recuperamos trabajadores. La verdad, yo hace 15 años que estoy en el monotributo y he visto a mis compañeros que recuperaron la fábrica conmigo y se han ido jubilando con la mínima. No son las condiciones por las que han trabajado 30/35 años… Estas cosas hay que contemplar”, aseguró.

Martínez explicó que “el sistema en el cual estamos todavía no es fuerte y tampoco lo han tomado como una agenda clave la legislatura, el ejecutivo e incluso el propio sector al cual pertenecemos. Entonces la verdad que sí, estamos enojados con la desidia de algunos dirigentes que no han empoderado a nadie y que todavía siguen viendo cómo pueden acomodar sus contratitos y sus bancas”.

“En estos dos años y medio de esta salvaje persecución a todos los trabajadores, no sólo a los de la autogestión, no han levantado el teléfono para ver cómo hacemos para pagar las facturas que pagamos. Si no lo pueden ver en una organización como la nuestra ¿a dónde quieren decir que vamos a volver? ¿Cómo vamos a volver? Hay mucho para discutir pero mientras sigan priorizándose los intereses personales por sobre los colectivos, la verdad que yo no le veo mucho sentido”, finalizó.

El economista Julio Gambina comentó que la salida de Luis Caputo del Banco Central responde a “diferencias de política monetaria y económica dentro del gabinete” y que parece haber ganado la pulseada Nicolás Dujovne al poner a su segundo al frente de la entidad monetaria.

“Tampoco sé qué quiere decir que va creciendo el poder de Dujovne”, dijo a FM De la Calle y agregó que “todavía no se informa el acuerdo con el Fondo Monetario y el presidente del Banco Central renuncia, no es una señal de fortaleza del gobierno Macri, digamos que es un momento de mucha turbulencia en medio de un inmenso paro general”.

“A nivel mundial esto se lee, hay un fortalecimiento de las organizaciones sindicales, sociales, con una movilización muy importante en el día de ayer no solo en Buenos Aires sino en varias ciudades y hoy paros con piquetes, es una situación de mucha incertidumbre en la política nacional”, declaró.

Gambina adelantó que “cualquiera de las cifras mencionadas -entre 20 y 3 mil millones de dólares extra- no alcanza para cubrir el déficit externo de la Argentina, con lo cual va a hacer falta reforzar, si no presta el Fondo Monetario habrá que ir a algún otro organismo internacional, seguramente se está negociando con algunos bancos”.

“Y el resultado es un gigantesco crecimiento de la deuda pública argentina. Ya el Presupuesto 2019 dice que el año que viene se van a pagar 600 mil millones de pesos en intereses que, para tener dimensión, es mayor que los 530 mil millones en salarios que va a pagar el Estado nacional: salarios de la educación, de la salud, de la seguridad, de la administración pública”.

El economista explicó que “el endeudamiento es una hipoteca gigantesca que destruye cualquier perspectiva de asegurar un equilibrio fiscal en Argentina porque, por mucho que alardean con el déficit fiscal 0, el déficit fiscal total -que incluye el financiero pagando intereses de la deuda- es gigantesco, son 3.2% del PBI”.

Al ser consultado sobre la legitimidad de la deuda y la obligatoriedad de su pago, a pesar de haber sido esta vez tomada por un gobierno democrático, Gambina afirmó que “según la Constitución la deuda la arregla el Parlamento” y eso no ocurrió.

“El acuerdo con los holdouts sí pasó por el Congreso, ahí tenés la complicidad no solo del gobierno sino de la oposición. El planteo de la izquierda solo tiene sentido en tanto y en cuanto se logre una mayoría política popular que rompa la hegemonía del partido de pago de la deuda que hay en el Parlamento y en la sociedad, es un problema político por excelencia”.

Para el economista cabría preguntarnos “por qué se tomó la deuda, cuáles son las comisiones, cuáles son los acuerdos con los bancos, por qué se canalizó de la forma que se canalizó, es más, cómo se dilapidaron los recursos en estos meses de corrida cambiaria”.

“Esas reservas internacionales, ¿por qué se usaron para ser depositadas en cuentas de especuladores y no se utilizaron para una pensar una política económica de carácter alternativo?”.

“Yo haría una consulta popular: el Banco Central gastó 15 mil millones de dólares en especulación, ¿estaría de acuerdo la población en que se utilizaran para el desarrollo de la agricultura familiar, de la economía comunitaria, la economía social, solidaria, cooperativa, de las empresas recuperadas, las pymes, en el estímulo y aliento a la producción local, de la economía regional, una política energética de soberanía?”, concluyó.

La ex diputada nacional Alcira Argumedo tuiteó luego de la renuncia del titular del Banco Central que “la Justicia debe impedir que Luis Caputo abandone el país”.

“Debe ser investigado por dólar futuro, negociados con el FGS, emisiones de deuda con sus antiguos bancos empleadores y su manejo del Banco Central dónde dilapidó miles de millones de dólares”, amplió.

Minutos después, en diálogo con FM De la Calle, recordó que el Financial Times realizó a fines de 2017 una encuesta mundial preguntando cuál había sido la operación financiera más delirante del año 2017 y “el 7% de los lectores votaron que había sido el bono a cien años al 8% anual -hay que ver que hay un gran escándalo porque subió la tasa de interés de EEUU al 3% anual-“.

“Al poco tiempo de esa operación aparecen los Paradise Papers, que son la continuidad de los Panamá Papers, y ahí sale que el fondo de inversiones más beneficiado con el bono a cien años fue Noctua Partners, fundado por Luis Caputo y que a su vez le pertenece a través de una combinación de empresas tipo muñecas rusas”, agregó.

Argumedo afirmó que bancos como el JP Morgan, al cual presidió Caputo “hasta que entró a trabajar en la especulación finaciera”, con los fondos de inversión ganaron “miles de millones de pesos”. “Esto de que se fugan 50 mil millones de pesos, no! Van amanos de estos sectores”.

“Este caballero ha hecho negocios descomunales”, destacó la socióloga y mencionó la venta de acciones que pertenecían al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

Los amigos presidenciales Joe Lewis y Marcelo Midlin compraron acciones de Petrobras Argentina “avalados, entre otros, por Caputo que estaba en el consejo directivo”.

Las adquirieron “a 10 dólares la acción con tal buena suerte que a la semana estaba 18 dólares la acción. Una ganancia de 80% en cinco días y una pérdida para la ANSES del 80% en este rubro y después dicen que hay una crisis. Esto no es una crisis, es un brutal saqueo por parte de los sectores especulativos”, concluyó.

Caputo fue reemplazado al frente del Banco Central por Guido Sandleris, ex funcionario de la gobernadora María Eugenia Vidal. Durante 2016, se desempeñó como subsecretario provincial de Finanzas.

Pablo Becher es profesor y licenciado en Historia por la Universidad Nacional del Sur. Además, es coordinador del Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO) y miembro del Seminario de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad (SISMOS) de Mar del Plata.

Recientemente presentó en nuestra ciudad el libro “El Movimiento de Trabajadorxs Desocupadxs en Bahía Blanca: formas de organización y experiencias de lucha (1995-2003)”, producto de la labor para su tesis de magister en Sociología de la UNS. En diálogo con FM De la Calle amplió parte de su trabajo:

-¿Con qué características se empieza a conformar el movimiento de trabajadorxs desocupadxs en Bahía Blanca?

La aparición de los desocupados es un tema, desde mi punto de vista, crucial porque nos permite ver que la situación en Bahía Blanca no era de progreso y de alta actividad económica.

Es una situación -en los noventa- donde se percibe: por un lado, la enorme privatización de áreas públicas pero también de áreas privadas que comienzan a expulsar una gran cantidad de trabajadores. (…) Bahía Blanca va a presentar, a diferencia de otras ciudades de Buenos Aires pero también del país, una enorme tasa de desocupación. Estábamos hablando de casi un 36% de la población con problemas de empleo, donde habían fracasado en muchos casos, las llamadas indemnizaciones, las jubilaciones anticipadas, los retiros voluntarios… y toda esa situación que había sido pactada de alguna manera con los sindicatos, en este momento, empezaron a generar problemas que implicaron una gran masa de personas que no podían permanecer en su empleo. (…)

En el 2000/2001 hace su aparición un movimiento de desocupados que ya tenía su raigambre nacional, como el Polo Obrero, el MTL, la CCC. Son esos años donde comienzan a aparecer estas organizaciones que realizaban un trabajo territorial, sindical y político, y esto es importante aclararlo porque muchas veces se ha pensado en los movimientos de desocupados ocupando un espacio específico, el territorio y su relación específica con los planes sociales, pero en realidad no deben ser vistos de esa forma, sino desde la complejidad que implicó amalgamar lo político, la necesidad de las personas y generar lo que ellos llaman conciencia: una pelea permanente por generar conciencia y participación en las luchas colectivas. El 2001 también va a generar un movimiento de trabajadores estatales muy importante donde los docentes van a ser los protagonistas fundamentales. (…)

Con posterioridad al 2001, 2002, 2003 hay una organización importante del movimiento desocupado ya relacionado a nivel nacional que van a intentar realizar luchas colectivas, entre ellas diversos piquetes, vinculadas a empresas como el polo petroquímico para obtener empleo genuino. Fue un movimiento social muy heterogéneo, muy complejo donde vemos en muchos casos no solamente la visión de la alternancia de la militancia política, sino también la visión de la gente común, los sectores populares, de su cultura de organización que en muchos casos estaba vinculada con las luchas vecinales, barriales, y ahí me parece importante visibilizar eso: cómo el movimiento de desocupados y, en este caso distintas organizaciones, van a captar esas demandas para luchar no solamente por el eje transversal, en este caso el derecho del trabajo, sino también por mejoras circunstanciales en las condiciones de vida.

-Mencionas en tu libro la organización del acampe de casi tres meses en la Plaza Rivadavia y la presencia de la UTD, ¿qué características tenía esta organización y qué la diferenciaba de la otras?

La UTD es una organización que va a nacer específicamente en el barrio Maldonado y va a tener como referentes a distintos actores que tenían una militancia previa en el MAS, pero que de alguna forma por diferentes circunstancias, se habían alejado. Estas personas van a empezar a visibilizar esos bolsones de pobreza, las dificultades que tenían para poder obtener empleo y empiezan a organizarse lentamente en un pequeño programa que tenía ejes fundamentales en relación a obtener mejoras en las condiciones de vida y trabajo genuino, esas eran las dos cuestiones fundamentales desplegadas en múltiples puntos.

Van a empezar, por ejemplo, a participar en las bolsas de empleo que daba el municipio llevando volantes, van a ir a hablar con el MTA y le van a proponer poder hacer alguna actividad, se van a acercar a la gente de la CTA, van a ir a las actividades de San Cayetano (…) Aparecen entonces con fuerza y deciden frente a la negativa del gobierno de poder anotarlos en empleos que se estaban otorgando acampar hasta que se les de visibilidad, en ese acampe aparecen distintas organizaciones como el PC, el PCR, aparece la CTA… es decir la izquierda en este sentido va a acompañar, al igual que los medios alternativos a esa lucha, y eso es importante aclararlo, es decir no estaban solos.

Fue una cosa interesante porque amalgamó también la lucha de otros sectores que venían también en una situación de desocupación. Por ejemplo, en ese momento Aerolíneas aparece privatizado, aparecen los jubilados con muchos problemas en el PAMI, médicos que no estaban cobrando, la UTA con una reconversión en los colectivos, los boleteros directamente desaparecen, es decir, veíamos en ese momento una serie de cambios muy grandes que hacían que la inestabilidad fuera permanente. (…) Y la UTD va a tener en un primer momento una enorme cantidad de gente y luego se va a ir disolviendo. (…) Después va a aparecer más adelante en el 2000/2001 dando el espacio para que pudieran de alguna forma empezar a organizarse en Bahía Blanca en Lucha.

-¿Qué vínculos y continuidades podés hacer entre lo que contás en el libro y lo que lees en los diarios hoy?

En primer lugar, a mí me parece que el enfoque sobre la desocupación muchas veces aparece poco problematizado; aparece como un flagelo, como una anormalidad y en realidad es una normalidad del sistema capitalista. El problema es cómo nosotros logramos de alguna forma generar un cambio ante esa situación permanente. La desocupación es algo que de alguna forma se presenta como algo cíclico y en esta mirada tenemos que tener en cuenta que cada vez más la población sobrante va a aumentando, cada vez más los desocupados se van convirtiendo en un elemento que además es sostenido por el propio capital, para bajar salario, poner techo, permitir que no haya un mejor empleo, etc.

Hoy en la Argentina hay un millón y medio de desocupados y en Bahía Blanca las cifras nos están dando un 8 y un 10% de desocupación de tasa abierta, no quiero imaginar la subocupación, es decir, el empleo precarizado que también se sostiene.

Es decir que estamos viviendo un problema de desocupación permanente y estas organizaciones nos invitaron a reflexionar acerca de cómo los sujetos se organizan para poder generar alternativas al capitalismo. No siempre son alternativas socialistas, sino que a veces son alternativas para acomodarse de mejor manera a este sistema. (…)

-Esos movimientos se plantearon también como alternativas a los partidos tradicionales. ¿Cuánto ha favorecido al movimiento piquetero el desarrollo de la conciencia de clase, la necesidad de formación ideológica? ¿Cuánto hay de autocrítica en el movimiento?

Creo que vas a un punto importante… que es de qué forma los sectores populares junto con la militancia de izquierda, contestataria, etcétera, permite construir una contrahegemonía, es decir, de qué forma podemos construir una nueva hegemonía que tenga nuevas prácticas sociales en los sectores populares y eso es una dificultad que las organizaciones de desocupados vivieron permanentemente. (…) Por supuesto que esto es una construcción en permanente estado de discusión y debate.

La reforma de la Ley de Educación Sexual Integral tiene dictamen en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, sectores eclesiásticos evangélicos se oponen a estos cambios bajo la consigna #ConMisHijosNoTeMetas.

Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA  e integrante del equipo que planificó contenidos de la ley actual, comentó a FM De la Calle las modificaciones propuestas.

“La ley que está vigente (26.150) es obligatoria.  El artículo 5 fue una negociación política para que saliera en su momento. La ley tiene una línea que dice que las instituciones educativas podrán adaptar los contenidos a su ‘ideario institucional’ y esa parte es la que tomaron algunas instituciones con una interpretación caprichosa y solo enseñan educación sexual respecto a su idearios”, señaló Morgade.

La reforma establece, además, que los contenidos tienen que ser “laicos y científicos” y actualiza los contenidos en relación a otras normas vigentes como la Ley de Trata, Parto Respetado, de Protección Integral contra la Violencia hacia las mujeres, Matrimonio Igualitario e Identidad de Género.

Por último, determina que los contenidos podrán brindarse en forma transversal y en espacios curriculares específicos como talleres semanales o materias de ESI.

“La ESI se apoya en un conjunto importante anterior de leyes que establecen con mucha claridad lo que significa que el Estado sea el garante de derechos, lo que dice básicamente la Convención de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Estos debates de los grupos evangélicos tienden a confundir a la población”, comentó Morgade.

Desde la llegada de Cambiemos al gobierno, el Programa Nacional de ESI está siendo deesmantelado. Para 2018 cuenta con menos del 40% de los recursos que tenía en 2015 según datos de CTERA.  Sin embargo, el Consejo Federal de Educación aprobó que en octubre comiencen nuevamente las capacitaciones a docentes y alumnado.

“Casi el 70% de los casos de abuso infantil se producen dentro de marcos familiares en los que los niños y las niñas están con personas con las que tienen confianza y esas son las personas que abusan. Si nosotros no tuviéramos herramientas para intervenir esos niños y niñas quedarían indefensos y no habría instancia jurídica que estuviera por sobre la familia”, dijo la decana.

“El error más grande es creer que si la familia no tiene el formato que establece esa creencia no es una familia y no hay amor”, concluyó.

Otra institución ve condicionada la continuidad de ayuda municipal por la entrega de datos personales de las familias de las niñas y los niños que la reciben. Se trata de tres cajas de leche que intentan complementar los desayunos y meriendas que envía la provincia.

Gabriela Delfino, dirigente de SUTEBA y asistente social del lugar, explicó a FM De la Calle que la exigencia proviene de la Jefatura de Gabinete a cargo de César Tomassi: “No tiene nada que ver con estudiar cómo podemos mejorar la entrega o distribución de los recursos porque eso lo hace quien está preparado para eso”.

“A partir de ahora para seguir recibiendo esa ayuda debemos cargar, en el caso nuestro como son menores de edad no a los niños, pero sí al responsable adulto con todos los datos de toda la matrícula, o sea, toda la familia de toda la matrícula que pasan a ser beneficiarios de un recurso que en realidad es una copa de leche”, dijo.

Los datos deben ser cargados en una web en la cual cada organización del sector tendrá su usuario y su contraseña. “Lo que se intenta es cruzar los datos para redireccionar los recursos”.

“Las ayudas se dan a las instituciones y no a las personas, entonces, en ese registro web cada persona va a aparecer más de una vez. Obviamente la lectura que se puede llegar a hacer de manera muy peligrosa es que esa persona recibe más de un beneficio, cuando lo que están recibiendo sus hijos es una copa de leche a la mañana en un lugar y tal vez, si va a la escuelita de fútbol, una copa de leche a la tarde”.

En el barrio se abrieron en los últimos años casi una decena de merenderos que son sostenidos solidariamente sin colaboraciones estatales.

“Esto habla de la creciente demanda de alimentos porque la plata no alcanza, porque se han perdido trabajos y, en vez de tratar de ver cómo se sostiene a los sectores más vulnerables en estos momentos tan críticos, es ajustar y achicar más, controlar más los pocos recursos que hay para estos sectores en consonancia con lo que planteaba el presidente de sacar partidas de desarrollo social, de salud y educación para darlas a las fuerzas de seguridad como si eso fuera una necesidad fundamental”, afirmó Delfino.

Agregó que “como trabajadora social siempre planteamos no entregar certificados de pobreza porque bastante terrible es vivir en estas situaciones y mucho más es tener que exponer en cada institución donde se va, cuál es tu tipo de vida no porque vos quieras sino porque te condena un sistema”.

Si la institución acepta otorgar los datos exigidos por Tomassi debería sortear la falta de acceso a internet enviando a alguno/a de sus trabajadores/as a las oficinas comunales para cargar toda la matrícula. “Tenemos un doble o triple trabajo para recibir tres cajas de leche para sostener lo que debería estar haciendo la provincia”.