(Por Alicia Torre) La economía social alcanza ya lugares impensados para los parámetros de la economía del sistema. En este caso, en Ecuador pudimos tener una larga conversación con Santiago Peralta, emprendedor, fundador de Pacari Chocolate.

Nos ubicamos en la ciudad de Quito, la más antigua de Sudamérica, con más de un millón de habitantes, construida en la ladera del Volcán Pichincha a 2700 msnm. La ciudad está dividida en barrios muy diversos, los más visitados son el Centro Histórico, de calles empedradas y edificios coloniales perfectamente conservados. Otro lugar de interés es La Mariscal, barrio bohemio con centros culturales, restaurantes, bares, museos y alojamientos tipo hostel, es de la preferencia de los turistas “de mochila”.

El cacao es una de las principales producciones ecuatorianas. Originario de América fue llevado a Europa, resignificado allí pasando a ser considerado “casi” de propiedad europea y ganando todos los galardones en los concursos internacionales hasta que Pacari ganó en Londres el premio al mejor chocolate del mundo en el más importante evento internacional. Esto fue en 2014 con cinco medallas de oro y una de plata, hasta la fecha no hubo otro chocolate que lo pudiera superar.

Pacari en quechua significa Naturaleza y nace con un claro compromiso anticapitalista:

Parece haber llegado la hora en que los pueblos americanos reaccionemos frente al avasallamiento del que se considera primer mundo en cuanto a la pérdida de nuestro patrimonio, sabemos que  los cultivos que fueron por siglos fuente de alimentación están desapareciendo y hay una manera de frenar el despojo: revalorizando y defendiendo este patrimonio. Desde Pacari y en voz de Santiago se lucha para hacer esto posible:

Desde esta empresa social se trabaja de otra forma: con una mirada más amplia que va mas allá de ganancias y de ampliar las bocas de expendio, es la forma de relacionarse con el entorno, con el mundo, de involucrase con los otros. Por otra parte este “pensar sentir”, como diría Galeano, se repite con frecuencia en los  entrevistados en distintas circunstancias y latitudes:

La práctica de la Economía Social y Solidaria  permite que diversos grupos sociales puedan empoderarse. En el caso de Pacari comienza por el precio justo, sigue con el cuidado de las personas y también logra que cambie el rol de las mujeres en la sociedad que el mismo Santiago considera machista.

pacari 2Las mujeres se suman al trabajo que estaba considerado solo de hombres, en cierta medida lo era por  el peso de las bolsas donde se trasladaba el cacao,  al reducir el tamaño de esos envases  las mujeres entran al círculo de la producción y se empieza a escribir otra historia: ellas mismas se organizan para poder tener a sus hijos en los lugares de trabajo bajo el cuidado de otras mujeres integrantes también de las cooperativas, mandan a sus niños a la escuela, los mayores ya no piensan en migrar sino que encuentran la posibilidad de quedarse en su espacio, producir y mejorar las condiciones de vida:

Recuperar la soberanía o por lo menos no olvidarnos de nuestro ser americano también se milita desde los sabores, parece que la premisa es que nuestros alimentos no se negocian, que tenemos muchísimo que ofrecer, “no nos invadan nuestras cocinas”:

En la oficina de Santiago hay un pizarrón con una frase escrita por su compañera Carla: “Nunca pierdas las ganas de hacer cosas”.

Marta Gómez, cantante colombiana pero de reconocimiento universal sigue interpretando música de profunda raíz latinoamericana. Tiene compromiso con las luchas de Nuestramérica, sobre todo con sus mujeres. En consonancia con la frase de Carla, dice Marta “que no falte un sueño” desde su disco ‘Solo es vivir’ editado en Colombia en 2014.

Luego de los numerosos despidos ejecutados por el diario La Nueva Provincia, el Sindicato Gráfico Sureño no pudo concretar una reunión con las autoridades de la empresa. Sin embargo, sí lograron comunicarse telefónicamente con Domingo Marra, gerente de la empresa.

Luis Sanchez, Tesorero de la organización gremial, dijo a FM De la Calle que al principio la empresa negó que los despidos afectaran al sector pero luego reconoció que “sería 4 los trabajadores despedidos”.

En rigor, “enviaron telegramas a tres compañeros. Después enviaron a otro compañero y luego le comunicaron que no estaba dentro de la lista. Se habían equivocado”.

El dirigente agregó que desde el asesinato de Heinrich y Loyola “los compañeros no vienen al sindicato. Lo tienen casi prohibido. Algunos vienen con miedo y nos piden por favor que ni siquiera comentemos que vinieron al sindicato”.

Por otra parte, el personal que permanece en la planta, a partir de este paquete de medidas de la gerencia, se ve afectado “en un 40 % del sueldo” ya que no se pagarán algunos beneficios previamente adquiridos.

Menos trabajo para repartir

Para el Sindicato de Canillitas, La Nueva “no se vende”, por lo que habría apenas “7 personas trabajando en la calle” vendiendo el periódico. Lo dijo Damián Torres, titular de la entidad, quien agregó que “se venía rumoreando hace un año y medio que el diario iba a salir tres veces por semanas” y lo atribuyó a “un avance en la tecnología”.

A su vez, según el dirigente hoy los canillitas estarían vendiendo entre 20 y 30 diarios con excepción de “los grandes” que venden 80.  “Hoy ir a vender 20 o 30 diarios no sirve para comer, vivir o tener un proyecto de vida”. En el año 1991 el promedio de venta dominical era de “300 diarios” los días de semana unos 130 ejemplares.

“Desde 2014 cayó la venta un 40 % y siguió profundizándose hasta un 60 %” en la situación actual. “Hoy salgo de La Nueva Provincia en la vereda y miró para allá no hay nada, para el otro lado tampoco, no tenemos nada que hacer. No queda una alternativa de buscar otro trabajo que vos salís de La Nueva Provincia y decís, bueno vamos a buscar otra cosa. No tenés las changas de albañilería. Va a ser un problema para mucha gente que hace 35 años que está con esto. Los que tenemos los puestos vamos sobrevivir un tiempo más pero no sé hasta cuándo”.

Otras voces sobre nuevos silencios

Desde el Sindicato de Prensa hicieron público su “malestar y dolor” por los despidos y repudiaron la decisión empresarial. Al mismo tiempo, a través de un comunicado informaron que la empresa ejecutó la medida para “evitar el cierre definitivo” y, sin definir medidas de fuerza, agregaron que “la postura de la empresa fue inflexible”.

Desde la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego, manifestaron su “solidaridad con los trabajadores/as del Diario la Nueva Provincia” y repudiaron “el accionar de estas empresas que cargan el peso de la crisis sobre las espaldas de trabajadores y trabajadoras, ubicándolos como variable de ajuste”.

A su vez, expresaron que “la unidad y la solidaridad activa entre compañeros/as, son el único camino para enfrentar estas situaciones” y recordaron “la memoria de los compañeros Heinrich y Loyola, próximo a cumplirse los cuarenta años de su asesinato”.

Por su parte, la CGT Regional Bahía Blanca también comunicó “su más profunda preocupación ante el despido masivo de compañeros trabajadores del diario local La Nueva, como consecuencia directa de la política del actual gobierno y su proyecto económico de ajuste y exclusión”.

Arguyeron que o se equivocaron “cuando en ocasión de la visita que hiciera la Gobernadora Vidal a la ciudad el pasado 11 de abril, en el marco de los festejos de un nuevo aniversario de Bahía Blanca, esta CGT ganó las calles para pedirle que termine con los despidos masivos del sector del estatal y reactive las obras públicas paradas que aún están inactivas”.

“Tampoco nos equivocamos al expresar nuestra preocupación en una nueva marcha realizada el pasado mes de Mayo en protesta y disconformidad por el veto presidencial a la Ley antidespidos, sancionada en el Congreso de la Nación a pedido unánime de las cinco (5) Centrales Obreras”.

Se solidarizaron con “los compañeros despedidos y sus familias a cargo” y redoblaron “el compromiso de lucha contra este modelo de exclusión y sus responsables políticos”.

La periodista Gisela Estremador apoyó el proyecto de ordenanza que pretende desalentar desde el Estado los concursos de belleza y elecciones de reina. “No se trata de evangelizar porque quiero que vos seas feminista sino que entiendas realmente qué hay detrás de todo eso y cómo uno termina siendo cómplice de esta situación aún sin desearlo”, afirmó a FM De la Calle la ex reina de General Conesa.

“A mí nadie me dijo tenés que hacer dieta. En mi casa fue algo natural, fue así, me río mucho de eso y precisamente por eso puedo decir cómo se vivía desde adentro. Pero sí vivía esa situación donde había acompañantes de las otras postulantes medio de presión, parate derecha y sonreí, de mujer absolutamente objeto, de mujer florero, y éramos chicas de 16 años. No reniego de eso, lo viví en su momento pero hoy a mis hijas no se lo permitiría, les daría las herramientas. Mi vieja con todo lo que nos cuida y nos ha criado de una manera muy libre creo que no tuvo la posibilidad ni siquiera de analizarlo”, comentó.

La comunicadora fue convocada para conducir otras fiestas tradicionales como la del Agricultor y fue princesa de la Manzana con la misión de representar a su pueblo. “La verdad es que no lo representé por la producción regional de la agricultura y la ganadería sino que fue un concurso de belleza más”.

“Escucho cuáles son los argumentos a favor de que no se reglamente y que no se apruebe esta ordenanza y tiene que ver con las tradiciones y estos concursos conllevan más allá de la simple cosificación de la mujer y de evaluarla por su belleza y viéndolo desde adentro no se evalúa mucho más que eso, por lo menos en mi experiencia”, dijo.

La conductora del informativo de Canal 4 de BVC agregó que “es importantísimo poder dar este debate sin necesidad de que esto se transforme en la intención de erradicar una fiesta tradicional como puede suceder en Ing. White, en mi pueblo y en tantas otras localidades que forman parte del acervo cultural la fiesta, pero no hacen en nada colocar a diez, quince chicas, algunas mayores y otras menores de edad, paradas como floreros -porque puntualmente es eso- para ver cuál de ellas es la más linda y que luego se coloque una banda y una corona de soberana de esa festividad en particular”.

Para Estremador no se trata de “un ataque ni a las sociedades de fomento ni a las organizaciones ni a ningún municipio en sí. Lo que hace es que seamos serios con lo que decimos y con lo que estamos haciendo. Si realmente queremos que la transformación se dé, cuando falta un camino extensísimo por recorrer, empecemos por cambiar estas cosas que realmente hacen a la mirada de una sociedad diferente, que tiene perspectiva de género y que entiende que esa violencia simbólica existe”.

“Ejercer esta violencia simbólica también conlleva que esas personas que son dominadas tienen anuencia, se da una relación donde casi es inconsciente, por eso en muchos de los casos en los que se planteó, como sucedió en Viedma o en Chivilcoy, muchas de esas reinas y princesas y mises de diferentes colectividades fueron las que se manifestaron en contra, las que quisieron poner un freno a esas ordenanzas”, dijo.

Si no se evalúa el cuerpo de las mujeres, como planten quienes organizan los concursos, “por qué te preguntan las medidas de determinadas partes del cuerpo que hacen a la sexualidad de la mujer, que tiene que ver con un objeto para ser mirado y admirado por todo un público que va a decidir si vos sos más linda o no tan linda como la reina y la princesa en la mirada de un jurado que te está evaluando no por mi formación académica ni lo que soy como persona sino por cómo me veo”.

Respecto al abordaje mediático de la violencia machista, la periodista destacó que “la gran mayoría de los comunicadores siguen siendo hombres, falta una formación en perspectiva de género desde las mismas mujeres y de los hombres por supuesto, vamos todos a la marcha, la cubrimos pero esto no nos parece violencia, si no estamos defendiendo el caso extremo de la violencia de género que es un feminicidio todo lo demás no es violencia”.

El fiscal Alejandro Cantaro solicitó que se enjuicie a tres hombres, dos de ellos hermanos, acusados del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. El funcionario consideró que existen elementos suficientes para elevar la investigación a juicio oral por la explotación de al menos a cuatro víctimas en el prostíbulo Cat’s que funcionaba en Colón y Sixto Laspiur.

Uno de los imputados habría sido el dueño y encargado del lugar y junto a su hermano habrían alternado las tareas de regenteo. El tercero sería un amigo que habría oficiado de colaborador.

Luego del allanamiento realizado en noviembre de 2015, los tres hombres resultaron detenidos y finalmente, en diciembre procesados por el delito de trata de personas, en su modalidad agravada, por abusar de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

La investigación se inició luego de una denuncia anónima realizada en marzo de 2015 en la línea 145, lo que derivó en una serie de medidas para constatar la existencia y funcionamiento de la red. De esta manera, se pudo saber que el lugar funcionaba los domingos, miércoles y jueves desde las 00:00 hasta las 8:00, “evitando los restantes días de la semana para no alertar a la Policía Federal”.

Además, en el lugar se consumían bebidas alcohólicas, había mujeres que conversaban con los hombres que allí asistían y finalmente se realizaban los pases, cuyo valor rondaría los 500 pesos, concretados en un hotel alojamiento llamado “Mesón Sur”.

El fiscal solicitó entonces el allanamiento en el lugar y en la casa del acusado de ser el dueño del prostíbulo. Así, se comprobó que el local estaba ambientado como cabaret, con un caño, tarima, sillones, una barra, luces tenues y con varios ambientes en mal estado y sucios. Además, se secuestró dinero, celulares, cocaína, preservativos, geles íntimos y ropa de mujer.

Por su parte, en la casa del acusado se hallaron preservativos, geles íntimos y una importante cantidad de tarjetas de publicidad del cabaret Cat’s.

En cuanto a la declaración de las víctimas rescatadas, todas detallaron una situación de extrema vulnerabilidad y relataron cómo llevan muchos años dentro del circuito prostibulario, una de ellas incluso desde que era menor de edad.

Algunas de ellas refirieron que aproximadamente tres años atrás concurrían a este lugar para realizar “copas” pero “como ya no estaba permitido”, a la fecha establecían contacto con los ‘clientes’ y los ‘pases’ se concretaban en el hotel alojamiento.

Connivencia política y policial

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

A principios de mes el fiscal Antonio Castaño y el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos, Marcelo Colombo pidieron el procesamiento con prisión preventiva de cuatro tratantes que explotan sexualmente a decenas de mujeres en prostíbulos de Ing. White. Se trata del vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo “Piraña” Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo “Beto” García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt, alias Moisés, y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral. Los acusadores destacaron en la causa la “evidente connivencia policial y política” con la que actúan los proxenetas.

La titular de la cátedra de Derecho Penal de la UNS, Graciela Cortázar, dijo a FM De la Calle que junto a un grupo de colegas fueron convocados por la Secretaría de Investigación del atentado a la AMIA para analizar la factibilidad de crear una ley que permita el juzgamiento en ausencia para personas imputadas por delitos de lesa humanidad, terrorismo y crímenes de guerra.

La causa sobre el atentado contra la mutual judía se estancó luego de la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán promovido por el gobierno anterior. “Hay dificultades para poder notificar a los imputados y se encuentra con una parálisis que conmociona al Estado porque es la segunda causa judicial más importante que tiene el país y sin embargo no se encuentran las formas de resolverla, no de lograr siquiera una condena sino poder aportar una verdad sobre lo ocurrido”.

El respeto a las garantías de las personas acusadas es uno de los puntos centrales del estudio. Cortázar explicó que “hay que hacer un análisis en base a los tratados de derechos humanos para ver de qué modo se puede hacer una interpretación que garantice los derechos y sin embargo no nos impida, porque las personas se profuguen, continuar con el proceso. La cuestión está en poder garantizarle a las víctimas y a la sociedad -porque el Estado tiene la obligación- que las causas terminen en un plazo razonable”.

Si bien parten de la necesidad planteada por la causa AMIA, la incorporación del juzgamiento en ausencia “puede venir a resolver muchas cuestiones que tienen que ver con causas o procesos abiertos por los hechos cometidos por la dictadura y se encuentran con algunas personas profugadas. (…) Me parece que en el país hemos tenido y tenemos procesos complejos que requieren contar con herramientas jurídicas especiales”.

Por último, Cortázar destacó que los procesos en ausencia también garantizan a las o los imputados una definición de su situación porque tratándose de crímenes imprescriptibles quedarían encausados “eternamente”. Además las defensas técnicas se “refuerzan mucho para evitar que esto sea una apariencia de debido proceso. (…) Se pone mucho énfasis en las leyes de los otros países y en que tenga la posibilidad el imputado de elegir un defensor y, verificada su voluntad de ausentarse del proceso, continuar con todas las garantías hasta juzgarlo y obtener una sentencia”.

Miriam Iantosca destacó en la sesión del Concejo Deliberante el pedido de detención solicitado por la Fiscalía Federal contra el ex presidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias y otros tres proxenetas de Ing. White. Recordó cuando desde Integración Ciudadana plantearon “desnaturalizar algo que teníamos muy naturalizado, los concejales levantábamos la mano para habilitar los cabarets, como si fuese una minuta, como si fuese algo que pasaba. Comenzamos ya a cuestionarnos estas prácticas que nos ligaban a este personaje y a otros más”.

Para la edila “es el Estado el que debe velar por la protección de las niñas, los niños y las mujeres que son la mayoría de las que sufren este flagelo de estas mafias organizadas que lucran con el cuerpo de una persona” y por eso reiteró el pedido para que el intendente Héctor Gay (PRO) conforme la comisión de seguimiento y evaluación que establece la ordenanza 18.164.

Dicha norma prohíbe “la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación (de manera ostensible o encubierta) de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, casas de tolerancia, saunas o establecimientos y/o locales de alterne”.

La comisión debería integrarse con un/a representante del Ejecutivo, uno/a del  Concejo Deliberante, de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas directamente a la problemática, del Consejo del Menor y de la Familia, del Poder Judicial Federal y de la Unidad Fiscal de delitos sexuales del Departamento Judicial Bahía Blanca.

“Seguir a personajes como este hombre (Iglesias) y algunos más que todavía en Bahía Blanca tenemos y son bastantes nos serviría para poner la vista en la trata de personas”, dijo Iantosca.

Agregó que “la trata de personas es la captación con diferentes formas como el grooming, como la manipulación, el engaño de los empleos. También es esta cadena: la captación, el traslado y la recepción. Este personaje estaba en la última, en la recepción. Esta causa fue iniciada en el 2014, se realizó en el 145 una denuncia anónima y recién el 15 de abril hicieron el allanamiento. Se denunció que desde los países limítrofes (las mujeres) pasaban a Salta dentro de camiones cerealeros. ¡Vaya! Qué coincidencia que este personaje está ligado a un transporte de carga”.

Alrededor de veinticinco trabajadores y trabajadoras del diario local LaNueva. (ex La Nueva Provincia), fueron despedidos en el día de hoy por la empresa perteneciente al grupo de medios de la familia Massot.

Esta decisión sería complementada la semana entrante con una reducción en los días de salida del matutino, concentrándose en las ediciones del fin de semana.

En muchos ámbitos relacionados con los medios y agencias de publicidad locales, circulaban desde hace largo tiempo rumores acerca de la situación económica de la empresa, a raíz de la notoria baja de circulación y de ingresos por pautas publicitarias.

Colegas de otros medios, han manifestado desde horas del mediodía su solidaridad y preocupación con las y los despedidos a través de sus espacios. Al tiempo que varios demandaban a través de la redes sociales, la reacción y posicionamiento por parte del Sindicato de Prensa local que hasta el momento no se ha expedido sobre el tema, manteniendo silencio, al igual que la mayoría de los portales de noticias locales.

Dentro del personal que la empresa de los Massot dejó en la calle, figuran jefes de sección y empleados de larga trayectoria, en diferentes secciones de la redacción, diagramación y publicidad, entre otros.

La mayoría de los cesanteados recibieron el telegrama respectivo en sus domicilios. No obstante algunos de ellos fueron enterados de la medida al llegar al propio lugar de trabajo. Incluso se dice que una de las trabajadoras fue comunicada de su despido mientras desarrollaba sus tareas.

Tres años atrás el diario había anunciado a través de una fuerte campaña publicitaria el abandono de su tradicional nombre La Nueva Provincia por el de Lanueva., el pasaje del formato sábana al de tabloide, y encaró una renovación en su diseño que incorporó otros formatos tecnológicos.

Para muchos, esa decisión no era más que una forma elegante de reducir egresos en su economía visto la reducción que venía teniendo su tirada diaria de ejemplares y sus ingresos publicitarios. Y por otro lado, desligar el tradicional nombre de la empresa centenaria de los juicios por crímenes de lesa humanidad que investigan el accionar del grupo y sus propietarios Diana Julio y Federico Massot –fallecidos- y del actual director Vicente Gonzalo Massot.

La presidenta de la Sociedad de Fomento de Ing. White, Andrea Cardone, defendió la continuidad de los concursos de belleza y la elección de la reina nacional del Camarón y Langostino porque si bien “estamos en contra de todo lo que es violencia de género meterlo en este sentido es un golpe bajo”. La concejala Miriam Iantosca propuso que el municipio no participe ni financie estos eventos por su violencia simbólica.

La fomentista aseguró que solicitaron la Banca 25 para presentar su postura en el deliberativo porque “que haya una reina nacional no es capricho nuestro, esta es la número 22, los diputados y senadores de la Nación decretaron esto”. “Cuando la reina viaja va representando a la ciudad de Bahía Blanca y al municipio y en otros lugares nos recibe el intendente, también es un evento cultural”, dijo a FM De la Calle.

Según la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, la simbólica es aquella violencia que “a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.

“Con el pensamiento que tienen, tienen que prohibir los desfiles de moda, cerrar las escuelas de modelos, que en las revistas no aparezca la mujer para vender un producto en bombacha o en malla”, se quejó la organizadora.

Cardone aseguró que en la fiesta del Camarón “no nos guiamos ni por medidas, ni por estatura, ni por color de piel, ni color de ojos, ni color de cabello”. Este video del “backstage” la desmiente. Por otra parte, se jactó de actuar diferente a quienes discriminaron a la reina de la Vendimia por estar embarazada: “Hace dos años atrás nuestra reina Sol Díaz después de ser electa quedó embarazada, no se le sacó la corona, sí no viajó, viajó la princesa en su lugar para preservar su embarazo y al otro año se despidió en el escenario mayor con su bebé”.

Dijo que el municipio “no está participando en la elección de la reina” y que el “único aporte” que hizo este año para la fiesta whitense “fue el aporte de los músicos locales”.

“Dentro del jurado siempre participaba el intendente o mandaba alguien en su lugar, en este caso era el delegado, siempre participaron concejales, te puedo nombrar a Ana Civitella. Cuando se hace la elección de la reina se realiza el día sábado, el miércoles anterior todas las postulantes tienen una entrevista donde el jurado las conoce por primera vez, pueden conversar con ellas y tienen una planilla con un montón de cosas que ven no solo la belleza de la que se postula”. Por ejemplo, “se ve la simpatía que pueda tener, cómo se desenvuelve, la parte humana, si es solidaria, un montón de aspectos, no solamente el físico”.

“Cuando las nenas desfilan, en la primer pasada que es en malla, es en malla enteriza para preservar su cuerpo”, contó. ¿Para que lo hacen si quieren preservar el cuerpo? “Porque desde que se hace la elección es eso”, concluyó.

Un proxeneta en la cocina

iglesias camaronLa Fiesta del Camarón y Langostino es organizada por la Sociedad de Fomento junto a otras instituciones de la localidad portuaria. Entre ellas el Club Huracán, cuyo vicepresidente Víctor Hugo Iglesias será juzgado junto a su hermano y otros tres hombres por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual y en otra causa similar tiene un pedido de detención y procesamiento en su contra por parte de la Fiscalía.

El Piraña Iglesias es el encargado de la cocina de la fiesta. “Antiguamente había una empresa que venía desde Mar del Plata a hacerlo. En la gestión de Juan Mosqueira (sic) logramos que estuviera a cargo de gente de White. En manos del Club Huracán y con los cocineros Víctor Hugo y Hugo Iglesias”, publicó Ecodias el 12 de abril. Años antes, como consta en el parte municipal, el propio imputado destacaba los “cinco años seguidos” que llevaba en la función.

Al ser consultada respecto a la imputación contra el vicepresidente del club, Andrea Cardone dijo que “eso lo tiene que decidir la justicia, o sea, uno lo conoce como vecino y tampoco lo podés juzgar de antemano. La justicia tendrá que dar el dictamen final”.

-Víctor Hugo representa al Club Huracán pero hay un montón de gente, nosotros como entidad trabajamos no solamente con el Club Huracán sino con un montón de entidades de Ing. White.

-Que no tienen un vicepresidente procesado por trata.

-Eso lo va a dictaminar la justicia.

-¿Trataron el tema en algún momento?

-No, sinceramente no.

El ex marino Carlos Alberto Paxote fue recibido ayer por el intendente municipal Héctor Gay. Se trata del ganador del primer concurso realizado para ocupar el cargo de gerente en la SAPEM Ambiental.

La Corriente Comunista David Watu Cilleruelo emitió un comunicado en el que sostienen que “el ex militar, en plena dictadura cívico-militar, ocupó el cargo de Teniente de Corbeta” y “en 1978 fue ascendido, según consta en información pública difundida en el Boletín Oficial de la época”.

A esta información pública agregaron que flamante funcionario “llevó adelante una cuestionable carrera militar. Según información que obtuvimos, Paxote y miembros de la Armada Argentina estarían involucrados en el robo a un arsenal militar y faltante de material naval.  Como también una detención en plena formación con sus pares”.

De esta forma, solicitaron “al Ejecutivo municipal que dé a conocer cómo fue el proceso de designación de Paxote” y requieren respuesta acerca de si ”se solicitaron antecedentes personales de los participantes” y si éstos fueron corroborados ante organismos públicos y de derechos humanos”.

Además el espacio político señaló que “es de extrema gravedad que las designaciones oficiales para ocupar cargos públicos en democracia sean permeables a personajes con los antecedentes mencionados. En este caso, solo aumentaría la falta de transparencia con que todas las administraciones municipales vienen gestionando las SAPEM”.

“Por último, y como parte del entramado social de nuestra ciudad, aparece otra vez un hombre de la Marina inmiscuido en la administración pública. La historia de esta fuerza militar con la política de los sectores dominantes locales no hace más que oscurecerlo”.

 Ascenso Paxote

El subsecretario de Deportes Bernardo Stortoni aseguró a FM De la Calle que “va a haber un subsidio que va a cubrir el cuarenta por ciento de la factura que tenga cada club, de luz por ahora, la condición es que el club se tiene que inscribir en el registro de Clubes Argentinos”. El viernes 24 a las 18 un grupo de organizaciones sin fines de lucro conformadas en la Multisectorial contra el Tarifazo se reunirá Rodríguez 78.

“Convocamos a los clubes a que se acerquen a la Subsecretaría o vía internet. Al estar registrados tienen un número y ahí Deportes de Nación se pone en contacto, lo que sí tiene que hacer el club es pagar la factura y después la escanea, hay un instructivo que le vamos a informar sobre la manera en que pueden recuperar ese cuarenta por ciento”, explicó días atrás.

El registro podrá realizarse hasta el 15 de julio en la página http://clubesargentinos.deportes.gov.ar/ El funcionario comprometió ayuda comunal para los clubes que deban poner en orden su situación legal y de esa manera acceder a la tarifa social y otros beneficios.

“La idea es que haya un padrón de todos los clubes de la ciudad, ya que este registro tiene otros beneficios tales como subsidios para materiales deportivos, mejoras de instalaciones y contratación de personal”, dijo hoy en conferencia de prensa y agregó que “los clubes que ya se encuentran registrados tendrán en la próxima factura un retroactivo al 1 de abril, mientras que las instituciones que aún no lo estén recibirán un retroactivo de dos meses al momento de cumplir los trámites”, concluyó.

La directora del programa de Investigación del Área de Educación, Investigación y Archivos de la Comisión Provincial por la Memoria, Samanta Salvatori, participó del ciclo de Encuentros “Memoria, Derechos Humanos y Educación” y brindó una charla sobre “La Construcción de la Memoria y las formas de participar en el aula”. Antes de su exposición en la actividad convocada en el marco de la Licenciatura en Ciencias de la Educación visitó el estudio Heinrich y Loyola de la FM De la Calle.

Salvatori comentó que vino a la ciudad para  “contar la experiencia que llevamos adelante en la Comisión por la Memoria, a partir del programa Jóvenes y Memoria que hace años que se viene desarrollando en las escuelas y con organizaciones sociales y poder comprender qué es esto de educar en la memoria, de reflexionar qué entendemos por memoria, no como algo anclado en el pasado sino a partir de ese mandato que tuvo la escuela desde un principio, del deber de memoria, poder desentrañar eso y qué ha pasado todos estos años desde el período posterior a la dictadura militar”.

La dictadura “caló hondo en la educación pero también hubo muchas resistencias y eso es interesante de indagar, cuando trabajamos con docentes en las capacitaciones emergen esas situaciones de resistencia, de cómo hacían para poder dialogar con los jóvenes, presentarles otra mirada. Si no nos quedamos solamente con esa implantación de un modelo económico, la implantación de un sistema en la educación”, afirmó.

La investigadora recordó que “al principio muchos de los trabajos tenían que ver con recuperar estas historias del pasado, siempre contraponiendo relatos. Después las temáticas fueron ampliándose, más allá de la intervención que hicimos como institución para proponer nuevos temas porque nos parecía que había que empezar a hablar de algunas cuestiones, se hablaba de la dictadura pero no se hablaba de la violencia política”.

“Pero también hubo una emergencia de temas que tienen que ver con lo que fue atravesando a los jóvenes, la violencia policial, la violencia en distintas instituciones del Estado, en la escuela, las interpretaciones que ellos hacen sobre el sistema educativo, los barrios, qué sucede en el barrio, muchos de los trabajos indagan en cómo se construye desde la sociedad ese Otro somos nosotros en este barrio, y también la incorporación de organizaciones sociales -ahora están participando desde Envión Bahía Blanca- hace que esos temas vayan emergiendo y se vayan fortaleciendo en el programa”, agregó.

También el plantel docente se renovó: “Muchos son jóvenes y a veces no conocen qué sucedió durante la dictadura militar, por ahí tienen 22 o 23 años y empiezan a estar frente a alumnos. Cómo abordar el tema, a veces en las capacitaciones decimos ‘pero todavía no saben qué pasó, cuál fue el modelo económico de la dictadura militar’. Les querés contar todo. Llevamos adelante una capacitación en distintas instancias en el programa para no solamente pensar en la información que se necesita para abordar el tema sino también de qué manera podemos formarnos en nuestra tarea de formar a los jóvenes, plantearnos una crítica sobre lo que estamos haciendo (…) y de qué manera es la práctica docente porque muchas veces es transmitir el conocimiento y no, lo que promovemos es la reflexión en torno a ese conocimiento”.

Foto: Sandra Della Giustina.

(Por Julio Gambina) El objetivo explícito de Macri y su equipo era bajar la inflación, y para eso, nada mejor que un monetarista ortodoxo al frente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Su lógica, respondiendo a la teoría, era disminuir la cantidad de dinero en circulación. Había que “secar” la plaza, que no hubiera mayor circulación de dinero, con impacto, claro está, en el consumo y en la producción, por eso el “enfriamiento”, pero con el propósito de disminuir la escalada de precios, que anualizada al presente supera el 40%.

Para cumplir con el cometido de sacar dinero de circulación, el BCRA ofreció endeudarse desde diciembre pasado con tasas que llegaron al 38% y estimuló la especulación con el peso, al tiempo que incrementó a niveles muy elevados el endeudamiento del BCRA. Las cabezas financieras dejaron de especular con el dólar, liberado desde diciembre pasado de toda restricción para la compra-venta. El resultado es que ahora la divisa estadounidense perdió atractivo para la inversión con rápida rentabilidad, y en reemplazo, las colocaciones en pesos ganaron atractivo, a costa del fuerte endeudamiento del Banco Central.

Macri y su gente aún hablan de la bomba que dejó el kirchnerismo con las restricciones a la compra y venta de divisas y otros menesteres del gasto público. Ahora, el macrismo genera su propia bomba, con la cotización del dólar a la baja, un nuevo ciclo de endeudamiento público, con mayor gasto en intereses, y con el fantasma de la inflación continua en el presente,

Sube el dólar y suben los precios, pero al bajar la divisa, los precios no lo hacen, y el estímulo especulativo de la política oficial sostiene la recesión y la inflación con un cuadro de recreación de mayorías sociales perjudicadas y muy pocos ganadores.

Baja la cotización del dólar

El asunto es que ingresaron dólares por préstamos (para cancelar deuda pública y arreglar con buitres y otros acreedores) y por liquidación de exportaciones, especialmente soja. Esto último se dio por la eliminación o reducción de retenciones y suba de los precios de exportación. Todas a favor de grandes productores y exportadores agrarios.

Las divisas ingresan por el Banco Central y ya no hay quien demande esos dólares, ya que las colocaciones en peso son más rentables. Si bien ahora el BCRA paga 32,25% por los LEBAC, cuando llegó a pagar 38% anual a 35 días. La tendencia a la baja proviene de presiones del propio gobierno que teme licuar el consenso político por la recesión económica inducida por el costo elevado del dinero. La discusión desde la ortodoxia está tensionada por la rigidez ideológica en el monetarismo o la disputa del consenso electoral hacia las elecciones de medio tiempo en 2017.

Como opción de inversión mejoraron las colocaciones financieras, entre ellos los títulos ofrecidos por el BCRA, también por las letras del Ministerio de Hacienda y los plazos fijos de la banca comercial.

La retracción económica también deprime el precio de la divisa. A la menor reactivación industrial crecerá la demanda de bienes intermedios y presionará la cotización del dólar por importaciones, y con ello el déficit comercial, junto a una demanda de mayores recursos fiscales para atender vencimientos de la deuda pública.

Al mismo tiempo, los exportadores explican que con la inflación acumulada desde diciembre pasado ya se comieron la devaluación del comienzo del gobierno Macri, con lo que no debiéramos sorprendernos con nuevas y renovadas políticas para la devaluación monetaria para seguir favoreciendo a los grandes productores y exportadores.

El problema es que siempre pierden los de abajo, cuando aumenta el precio del dólar, o cuando baja, ya que el movimiento de los precios siempre es ascendente y los ingresos populares se deterioran por ausencia de actualización o disminución del poder de compra.

Precios en alza

El INDEC dio su primera medición tras un largo silencio, que en mayo fue del 4,2% y pronostica una evolución futura a la mitad, haciendo coincidir el pronóstico con el objetivo del 25% anunciado por el Ministro de Hacienda al comienzo del mandato.

Para que ello sea posible, el macrismo deberá alimentar su propia bomba y parece condenado a no poder bajar la tasa de interés por debajo del 30% para sostener su ideología sobre la inflación y claro, eso le provoca contradicciones para sostener el apoyo político de la sociedad.

Esa es la incógnita: ¿cuánto ajuste soporta la sociedad? El conflicto social crece en dinámica y resta la articulación de esa conflictividad en un proyecto social y político que vaya más allá de las reivindicaciones por los ingresos populares.

La realidad es de fragmentación política de un conflicto social ascendente. Por eso se sostiene la unidad de acción, reconociendo proyectos políticos diferenciados. Sin esas diferencias, no se entiende la unidad de proyectos políticos que incluso aparecen antagónicos, por lo menos en sus perspectivas organizacionales, por ejemplo, entre las CGTs y las CTAs.

No cierra a muchos esa “unidad de acción”, sin embargo, es la mínima acción indispensable para la generación de una densidad social que facilite la emergencia de un proyecto emancipador, claro que también habilita a la disputa de proyectos de contención del conflicto, y/o de acumulación de poder para restablecer una perspectiva posibilista de retorno a los años recientes.

Así se dirime la disputa política en el movimiento popular actual, no solo contra el macrismo, sino con variantes favorables a la dinámica del capitalismo. Ese es el territorio concreto de la lucha de clases contemporánea, con presencia de la identidad peronista reivindicada especialmente desde el movimiento sindical; de quienes imaginan una perspectiva nacional popular desde la transversalidad y más allá del peronismo y claro, de quienes aspiramos a constituir nueva identidad popular más allá del capitalismo, el imperialismo, el patriarcalismo, el racismo y la discriminación.

(Por Mauro Llaneza) El procesamiento con prisión preventiva de cuatro tratantes que explotan sexualmente a decenas de mujeres en prostíbulos de Ing. White fue solicitado por la fiscalía federal. Se trata del vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo “Piraña” Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo “Beto” García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt, alias Moisés, y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral.

El fiscal Antonio Castaño y el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos, Marcelo Colombo, destacaron en la causa la “evidente connivencia policial y política” con la que actúan los proxenetas. Iglesias es un hombre del presidente de la Liga del Sur, Dámaso Larraburu. Supo militar la frustrada candidatura a la intendencia del dirigente peronista y muestra con orgullo su foto con dos que tuvieron mejor suerte: los diputados nacionales Gustavo Bevilacqua y Sergio Massa.

iglesias +aVarios de los hombres investigados son ex integrantes de la Prefectura Naval expulsados por cuestiones disciplinarias y aún tienen contactos en esa u otras fuerzas de seguridad que los mantienen al tanto de los movimientos judiciales y allanamientos. El imputado Eduardo “Moisés” Gutt es actualmente ayudante de primera entre el personal subalterno de la Prefectura Bahía Blanca y advirtió a Beto García que la situación se estaba poniendo “peligrosa”. La exclusión de esa dependencia y su reemplazo por prefectos de Zona Mar Norte, Mar del Plata y Quequén permitió que la madrugada del viernes 15 de abril pudiesen ser rescatadas siete mujeres en el Bar Brodway y cuatro en El Gran Chaparral.

García también se mantiene informado por el policía bonaerense Marcelo de la Rosa a quien alguna vez le pidió que actúe contra El Gran Chaparral, ubicado en la playa de camiones cercana al Triángulo, porque las “fiestas” del restaurante de Martín Vargas le quitaban prostituyentes. Muchos clientes solían ver el cierre de las persianas del local sentados en sus mesas, las luces bajaban, la música subía y los machos estallaban en “aplausos, silbidos y una especie de aliento”. Los cuerpos y la compañía de las “mozas” pasaban a ser vendidos mediante “copas”, bebidas que las mujeres compran al dueño para revender más caras y quedarse con la diferencia.

chaparralllLuego de la clausura de El Gran Burlesque en Torres 4091, edificio del Piraña Iglesias, los investigadores dieron con una “cumbre” de proxenetas en la cual acordaron variar la modalidad del delito para no ser descubiertos e incorporaron a ex miembros de Prefectura como personal de seguridad. Miguel Ángel “Sapo” Álvarez de Diábolo y José Gabriel Contreras de Las Vegas participaron del encuentro con los miembros de la red denunciada por la Fiscalía.

Varios de ellos están procesados en otras causas y a la espera del juicio oral -como Iglesias- aunque la justicia nunca aceptó mantenerlos en prisión preventiva a pesar del riesgo de fuga y el comprobado entorpecimiento de la instrucción mediante presiones contra las víctimas.

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La investigación concluyó que todas las mujeres rescatadas atraviesan situaciones de pobreza, violencia familiar, son único sostén de familia, madres de varios hijos e hijas menores de edad, inclusive con discapacidades físicas, o tienen parientes mayores enfermos, a quienes deben asistir, padres ausentes (suyos y de sus hijas e hijos), provienen del circuito prostibulario, vivieron circunstancias muy violentas, y no cuentan con estudios secundarios ni ninguna otra alternativa económica viable. “Allá es mierda”, dijo una de las víctimas sobre su país.

Dicha vulnerabilidad “facilita la captación -denominada actualmente ‘captación blanda’- como asimismo, mantener a la persona damnificada en la condición de explotación, asegurándose” los tratantes “no ser delatados y a consecuencia de ello, garantizar su impunidad”.

Muchas de las mujeres rescatadas no se reconocen como víctimas, según los fiscales, “por miedo a represalias por parte de traficantes, contra ellas mismas o sus familiares, trauma, vergüenza, temor al rechazo de su familia al regresar o de la sociedad, falta de confianza o autoestima y falta de información sobre la asistencia disponible”. Ellas vieron que los imputados no fueron detenidos por la jueza Mirta Susana Filipuzzi.

La licenciada en psicología María Victoria Burgos detectó en las víctimas “un vínculo patológico y dependiente con los tratantes, o que tendería a encubrirlos, mostrando enojo y molestia ante la intervención judicial y la interrupción del funcionamiento del que forman parte”.

“¿Se puede ser libre para decidir cuando se encuentran quebrantados los derechos más elementales del ser humano?”, preguntó la referente local de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas Silvina Pasquaré.

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El 13 de febrero de 2014 un llamado anónimo denunció en la línea 145 que mujeres menores de edad habrían sido trasladadas desde Bolivia, Paraguay y Salta dentro de camiones de cereales para ser explotadas sexualmente. Habrían sido entregadas por 40 mil pesos a un hombre de unos 40 años, propietario de un prostíbulo en el puerto.

La Protex identificó al acusado, ya había sido imputado por el mismo delito tras el allanamiento en 2012 a su Night Club Kaos. Más de dos años después, otra denuncia al 145 advertía que una piba se habría escapado de Kaos gritando y pidiendo ayuda porque la tenían encerrada. El prostíbulo seguía funcionando encubiertamente y su dueño, Víctor Hugo Iglesias “estaría relacionado con el bar ‘Unión’, que sería administrado por su hermano” Claudio.

iglesias hIglesias está ligado al transporte de cargas y tiene “cuantiosos contactos policiales y políticos”. Junto a su hermano poseen vehículos, parcelas, inmuebles y cuentas bancarias. Según ARBA, “Piraña” explota el negocio de “servicios de cabaret” desde 1993. Para la Fiscalía, el tipo “sería dueño de los prostíbulos Broadway y El Burlesque, donde se estaría cometiendo el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, las víctimas rotarían entre ambos boliches y existiría una conexión entre todos los sujetos investigados”.

Una de las mujeres rescatadas en abril dijo que una amiga le pidió que “nunca se meta con Víctor Hugo Iglesias y compañía, alias Los Pirañas, que son muy bravos, que son muy peligrosos, con la droga, no sé, ha tenido chicas encerradas, prostituyéndose”. Otra había “trabajado” en Kaos con un Víctor Hugo: “Él sí las amenazaba, se quedaba con todo el dinero de los pases. Eso hace como seis años atrás, cuando recién llegó de Paraguay. Víctor Hugo si veía una chica que no trabajaba la trataba mal, era re loco, venía y les decía por qué no trabajaban. Arriba de la casa de Víctor Hugo tenía piezas, allí vivió durante cuatro años. En esas habitaciones se hacían los pases. Eso fue más o menos de 2009 a 2013”.

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“¿Por qué las mujeres insisten en jurar no saber nada? ¿No puede aparecer como indicador de la posición dominante e influencia negativa que ejerce el tratante que ellas lo llamen “señor”, “patrón” o “el dueño”? ¿Será por vergüenza que intentan convencernos falsamente que tienen novio (de los cuales no recuerdan sus datos personales) y que por eso han dejado de practicar intercambios sexuales por dinero?”, plantearon los fiscales Castaño y Colombo.

Y agregaron: “¿No es raro que alguien salga solo a tomar algo a un bar de esas características, instalado a la vera de la ruta, dejando a sus hijos durmiendo sin nadie que los cuide, únicamente para divertirse, sin ganar dinero? ¿Es solamente casualidad que todas las entrevistadas hayan tenido una vinculación anterior con el circuito prostibulario bahiense, presenciando inclusive otros procedimientos judiciales? ¿Por qué dicen haber concurrido por esa sola vez, cuando las hemos visto antes, junto a los proxenetas? ¿No debe resultar llamativo que, por ejemplo, la supuesta moza “P” mantenga el mismo discurso que el tratante?”.

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Alfredo Ismael “Beto” García se defendió en la indagatoria diciendo que su negocio “contaba con la habilitación municipal” y que tenía las “obligaciones fiscales en regla”. Dijo que se dedica al “servicio de bar y sanguchería” y que la acusación “infundada” provino de enemigos de Prefectura. Pidió una audiencia en la Municipalidad y se quejó por ser “injustamente perseguido”.

brodwayIglesias ofreció como prueba de su inocencia las grabaciones de las cámaras ubicadas frente a su hotel aunque el fiscal la descartó por los contactos clandestinos que el imputado tenía en el Sistema de Prevención y Vigilancia por Imágenes “que le brindaban protección y aseguraban su impunidad”.

“A mí solo me rompe las bolas, me manda a decir ‘Víctor te vieron que saliste con un fierro’, ‘Víctor te vieron que saliste con un palo'”, le dijo Iglesias telefónicamente a un hombre no identificado quien le contaba que “el de las cámaras”, “el hermano de Martín”, se lavaba las manos y no lo ayudaba.

Eduardo Gutt admitió su amistad de tres décadas con Beto García, a quien conoció en la Prefectura y apuntó también a oficiales de Inteligencia de dicha fuerza con quienes tiene “mala relación”. Alias Moisés advertía sobre los allanamientos a García y este a Iglesias. Para los fiscales “violó todas las normas de secreto que regulan la actividad pública convirtiéndose en un cómplice primario del delito de trata de personas”.

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“Ninguna duda queda a esta altura que tanto en el Bar Brodway de propiedad de Alfredo Ismael García, como así también en El Gran Chaparral de propiedad de Martín Vargas, desde un tiempo desconocido hasta la fecha en que se practicó el procedimiento de registro, detención y secuestro, se cometió el delito descripto supra, habida cuenta que allí se explotaban sexualmente mujeres, las que previamente fueron captadas a través del circuito prostibulario que funciona en este medio, y a consecuencia de lo expuesto, se enriquecieron ilícitamente con el dinero preveniente de dichos intercambios sexuales ajenos. Para ello se valieron de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas, haciendo de dicho abuso una actividad habitual”.

“Los bares o restaurantes no eran más que la forma de intentar disimular los prostíbulos, siendo las mujeres que se ofrecían o vendían allí el motivo por el cual acudía la clientela. Una clientela muy especial: casi exclusivamente formada por camioneros”, dijeron Castaño y Colombo.

La causa está a cargo del Juzgado Federal Nº1, sin titular desde la jubilación de Alcindo Álvarez Canale cuatro años atrás. En el Nº2 fue nombrada en febrero de 2015 Gabriela Marrón, de licencia hasta octubre de 2017 para acompañar el traslado laboral a Cuba de su marido. La jueza de Viedma Mirta Susana Filipuzzi ordenó como subrogante los allanamientos de abril y pidió más pruebas para detener a los imputados. Está de licencia. Héctor Plou, titular del Juzgado Federal de Junín, debe resolver el pedido de los fiscales para procesar y dictar la prisión preventiva de los tratantes. Además de sus propios expedientes y los de Bahía Blanca fue designado hasta el 30 de noviembre en otra sede judicial en Santa Rosa. Intentó renunciar a esa responsabilidad pero el Consejo de la Magistratura no se lo permitió.

(Por Francisco J Cantamutto) Los aumentos de tarifas son presentados al público como una necesidad indiscutible… ¿es tan cierto esto?

Uno de los factores de conflictividad más marcados de las últimas semanas es el tarifazo, que se empieza a sentir en las nuevas boletas de agua, luz y gas. Este tarifazo se suma al aumento en el transporte público, que ya atacó el bolsillo en este 2016, y el 4° aumento de los combustibles desde diciembre. Ante los reclamos, el polémico ministerio de Energía Aranguren sugiere trasladar a precios. Por eso, su impacto en el resto de los precios de la economía se está viendo con el correr de los días, en función del traslado de costos a precios en las cadenas de valor. El límite parece ser la demanda, que lleva ya 5 meses de caída en el consumo minorista.

Ahora bien, la pregunta clave es si era necesario este aumento. El argumento del gobierno es que las tarifas venían retrasadas desde hace años, y por ello el sector desinvirtió, generando los problemas de oferta que tenemos hoy, que provocan cortes del servicio. ¿Es tan así?

Uso político de la inflación

Los descontentos se multiplican por doquier ante la inflación que no cede y la recesión que se profundiza. Las políticas del gobierno de Cambiemos ha puesto al país ante este escenario: estancamiento con inflación. Sin embargo, no se trata de un “error de cálculo”, sino una estrategia deliberada. Como reconoció en varias oportunidades el presidente del Banco Central, Sturzenegger, la cota última del aumento de precios es justamente la recesión: la caída de la demanda del mercado interno se traduce en la imposibilidad de trasladar aumentos de costos, frenando así la inflación mediante la recesión. El detalle es que esto implica caída de la actividad, del empleo y los salarios.

La inflación es utilizada así como instrumento para regular la orientación general de la economía. Es un error creer que todos pierden con la inflación: hay sectores concentrados del capital que reciben transferencias en el corto plazo, y ven sus ganancias incrementadas con el nuevo rumbo. Al respecto, Hagman, Harracá y Wahren mostraron que en 5 meses de gobierno, Cambiemos produjo una transferencia de ingresos equivalente a $281.106 millones, unos 19.383 millones de dólares. Una vez que la recesión produzca cierres de pequeñas empresas, quiebras de cooperativas, y un incremento del desempleo, las grandes empresas podrán contratar trabajadores/as en condiciones más precarias y por salarios menores.

En este esquema, las tarifas de los servicios públicos son un instrumento clave de política económica en la historia económica argentina. Analizando los años de posguerra, el investigador Guillermo Vitelli propuso la existencia de un modelo recurrente de plan de estabilización y ajuste que sirve, con recaudos, para comprender la actualidad. Según encontró, en repetidas ocasiones, el gobierno impulsa una aceleración inflacionaria para modificar los precios relativos de la economía, favoreciendo determinados sectores productivos. Una vez conseguida esa nueva orientación, los precios se “congelan”, y se espera que estas ganancias reactiven la economía. Actualmente, estaríamos en la fase de aceleración inflacionaria: devaluación y quita de retenciones, suba de la tasa de interés, y… aumento de tarifas. Cada medida apunta a un sector de capitales: elevar las ganancias  de los exportadores, las finanzas y las empresas de servicios públicos. Se espera que estos sectores impulsen la actividad, una vez que estas ganancias los tienten a invertir.

Tarifas congeladas

Los servicios públicos fueron privatizados durante los noventa, todos ellos con esquemas regulatorios muy laxos y permisivos. Todo ello habilitó a que los capitales que compraron a precio de bicoca estas empresas gozaron de rentas cuasi-monopólicas. Las escasas inversiones y fallas de servicio fueron parte de los descontentos que provocaron la caída de la Convertibilidad. En ese escenario, que incluía cortes de ruta de vecinos enfurecidos, fue que Duhalde congeló las tarifas como parte de la ley de emergencia n° 25.561 en enero de 2002. La intención de fondo era subsidiar la tasa de ganancia industrial, al reducirle un costo central de producción, e indirectamente, al permitirle pagar salarios más bajos.

En lugar de promover una revisión del esquema regulatorio, lo que procedió desde entonces fue una negociación empresa por empresa para analizar posibles aumentos de tarifas. En las escasas audiencias realizadas quedó claro que esto era imposible. Para compensar al capital ubicado en estas ramas de servicios, se instrumentaron las transferencias desde el Estado, que fue el rubro de mayor crecimiento del gasto. Los subsidios al sector energético pasaron de $1.157 millones en 2005 a $135.000 en 2015, siendo el componente más importante de las transferencias a sectores económicos, casi un 3% del PBI. Esto es el triple de lo que se gastó en la Asignación Universal por Hijo/a. Este es uno de los sesgos relevantes del gasto público durante el kirchnerismo.

Estas transferencias permitieron que este sector obtuviera ganancias, pero se vieran supeditadas a negociaciones permanentes, que ponían imprevisibilidad y asimetrías entre las empresas. Éstas respondieron conteniendo la inversión, lo que afectó a la calidad del servicio. Esta extorsión fue sumada al argumento de que este gasto presiona al alza el gasto público, induciendo al déficit fiscal y con ello, presuntamente, a la inflación. Por ello, según Cambiemos, es necesario aumentar las tarifas para bajar el gasto e impulsar la inversión.

Los problemas de este razonamiento son múltiples. Primero, mayores ganancias no implican mejores servicios y, mucho menos, mayor inversión: lo prueban las últimas dos décadas y media de gestión privada de los servicios públicos. Segundo, no es cierto que el sector esté teniendo pérdidas por tener las tarifas congeladas: ¿por qué pagar este costo social de ganancias empresariales que se fugan, si se puede gestionar desde el propio Estado? Tercero, con el mismo criterio de compensar precios retrasados, los trabajadores estatales y los informales tienen salarios reales atrasados desde 2001: ¿por qué no mejorarles los salarios a ellos? Cuarto, el impacto de las subas no parece apuntar a corregir los desfasajes: como se ve en la tabla adjunta, los principales afectados por el aumento de las tarifas fueron los comercios –que no pueden aumentar sus precios por falta de demanda- y los hogares más pobres (R1). ¿Qué corrección es ésta, que favorece a los más ricos y mantiene el subsidio a la industria? Se trata, sin más, de una gran avanzada contra los sectores populares y el capital de menor escala.

El debate dentro del gobierno es que este aumento dosificado de tarifas contradice el objetivo de reducir la inflación, y lograr de una vez la nueva estructura de precios relativos. La usina neoliberal FIEL, que tiene al ministro Aranguren en su consejo directivo, había advertido de este dilema al inicio del ajuste. Si no aumentan por cuotas, se produce una explosión social; si aumentan por cuotas, la inflación y la recesión son el único horizonte. En ningún escenario, nuestras necesidades son contempladas.

 

Categoría Consumo anual (en m3) Tarifa normal (en $ por m3) Aumento Gasto mensual promedio (en $)
Marzo Abril Marzo Abril
Residencial 1 250 0,9015 4,3463 482% 19 91
Residencial 2-3 1.000 0,8134 3,2074 394% 68 267
Residencial 3-4 2.200 2,1726 6,4788 298% 398 1.188
Comercial 110.000 0,4535 2,8181 621% 4.005 25.466
Industrial 3.200.000 0,0406 0,0975 240% 10.817 26.009

Elaborado a partir de datos de la Universidad de Belgrano.

(Por Mauro Llaneza) El juez Jorge Ferro se refirió ayer en FM De la Calle a los fallos que firmó como integrante de la Cámara de Apelaciones bahiense en los cuales se aceptaron las recusaciones planteadas por las defensas de represores que son investigados en la ciudad contra Alejo Ramos Padilla, subrogante del Juzgado Federal Nº1 hasta su renuncia el 31 de diciembre de 2015.

“Los actos que dictó mientras estuvo a cargo del juzgado quedan vigentes”, aclaró y agregó, contradiciendo lo escrito en el fallo Delaico que ilustra esta nota, que las quejas fueron declaradas “abstractas” y por ende, no analizaron los cuestionamientos contra el juez que firmó en Bahía Blanca alrededor de 80 procesamientos contra represores de las fuerzas armadas y de seguridad y de Triple A.

Por otra parte, comentó por qué votó por la confirmación de la falta de mérito que benefició al dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, y adelantó que en agosto podría comenzar el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad.

Desde Mar del Plata, Ferro aseguró que “cuando estas causas llegan a la Cámara Federal, la sala que integro con el dr. Triputti y creo con el dr. Velázquez, resolvemos que las recusaciones del dr. Ramos Padilla caen en abstracto precisamente porque él ya no es juez subrogante en Bahía Blanca. Por cuestiones técnicas, no obstante esa declaración en abstracto, dejamos vigentes los autos que el dr. Ramos Padilla había dictado como tal durante su permanencia como juez, las causas no se retrotraen, lo que ocurre es que a partir de ahora van a tener un nuevo juez que va a ser designado por el Consejo de la Magistratura”.

delaico abstracto

Extracto fallo Delaico.

Los defensores calificaron a Ramos Padilla como un “juez militante” y cuestionaron que haya sido “director de Derechos Humanos, que participó como querellante en causas de lesa humanidad mientras estuvo cumpliendo funciones como abogado en La Plata e intervino en muchos juicios” y que al subrogar el juzgado local “esa supuesta forma de actuar o ejercer ese derecho de defensa de los querellantes podía influir en su ánimo parcial”.

Sin embargo, Ferro aseguró: “Eso nosotros no lo tratamos porque entendemos que ya al haber renunciado a su cargo de juez ya no tiene sentido analizar las pretensiones de los abogados defensores porque precisamente caen en abstracto”.

deaico padilla

Extracto fallo Delaico.

El camarista reprochó al juez renunciado el haberse excusado en causas de lesa en su juzgado original pero no en nuestra ciudad: “El tema de la uniformidad del plan criminal ya como miembros del tribunal oral lo hemos dicho en tres juicios ahí en Bahía Blanca, entonces decimos si las causas de lesa humanidad actúan de una forma en Dolores tienen que actuar de la misma forma en Bahía Blanca”.

La falta de mérito de Massot

Al ser consultado sobre la falta de mérito otorgada al empresario Vicente Massot por el abogado Claudio Pontet en el marco de la causa que investiga la participación de La Nueva Provincia en el terrorismo de Estado, Ferro aseguró que la Cámara confirmó la resolución porque “no hay ningún tipo de elementos que lo convaliden al señor Vicente Massot como participante de los casos de Heinrich y Loyola en el año 76, 77”.

“Al menos está acreditado por ahora que él vivía en Buenos Aires, que estaba en Buenos Aires y que solo ocasionalmente viajaba a Bahía Blanca. Distinto es el caso de la madre (Diana Julio) y del hermano fallecido (Federico Massot) que ellos estaban en Bahía Blanca y manejaban de manera directa el diario La Nueva Provincia”, dijo.

Massot fue acusado por la Fiscalía de ser coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y de haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desde las páginas del diario.

Según el magistrado, las negociaciones con el Sindicato de Ártes Gráficas que conducían los obreros asesinados estaban a cargo de Federico y “un señor que en este momento no recuerdo el apellido, ¿puede ser Gabrielli?”. Insistió en considerar probada la permanencia del actual director de la empresa en Capital Federal durante el conflicto gremial.

-¿Y las actas de delegación de la gestión de Federico a Vicente?

Porque él no estaba en Bahía Blanca. Él tiene perfectamente acreditado que durante esos períodos estuvo permanentemente en Buenos Aires.

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Acta LNP, 16/9/75.

-¿El acta de la propia empresa no dice lo contrario?

No, el acta ante escribano dice que él puede manejar las negociaciones sindicales, como que estaría facultado, pero no dice que él las llevó a cabo.

-Hablan de por lo menos dos ocasiones en que estuvo cara a cara con Heinrich y Loyola.

Por eso le digo, el acta dice, pero hasta este momento no está acreditado que él participó de esas reuniones en el ámbito del diario, hasta lo que surge ahora. Por eso confirmamos la falta de mérito y si la parte de la Fiscalía profundiza investigaciones y logra acreditar lo que ellos dicen otro puede ser el resultado.

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Acta LNP 28/9/75.

-¿Y en relación a la acción psicológica que ustedes habían ordenado investigar?

Bueno, la acción psicológica era manejada por las autoridades del diario en ese momento que eran la señora, la madre, y el hijo que falleció.

-Eso está probado pero no lo de Vicente…

Eso sí, pero no lo de Vicente Massot.

-Ustedes dicen en algún momento que la empresa es usada por las fuerzas armadas, casi como víctima de los terroristas de Estado…

No, lo que decimos es que el diario La Nueva Provincia en ese interín sirvió como acción psicológica porque lo expresaba el propio Adel Vilas en su declaración indagatoria. Lo que ocurre es que el diario en ese momento estaba dirigido por la señora de Massot y por el hijo que estaba en Bahía Blanca. El señor Vicente Massot por lo que surge en el expediente hasta este momento no tuvo nunca injerencia o poder de decisión en ese diario, aparte tenía si mal no recuerdo creo que 19 o 20 años.

Próximo juicio

Como presidente del Tribunal Oral subrogante de Bahía Blanca, Ferro informó que “está en pleno camino el cuarto juicio” por crímenes de lesa humanidad. Las partes están aportando sus pruebas, “tenían un plazo de diez días, creo que van a pedir otra ampliación y si todo ocurre normalmente calculo que en el mes de agosto empezaríamos con las audiencias orales. Es un plazo muy relativo porque como es complejo el juicio y muy extenso las partes pueden ofrecer muchas pruebas”. Se trata de la causa Ejército III caratulada “González Chipont y otros” con cerca de 35 imputados por casi un centenar de hechos.

(Por Mauro Llaneza) Seis meses después de la renuncia de Alejo Ramos Padilla como subrogante del Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, la Cámara Federal avaló una recusación en su contra planteada por la defensa de un represor y puso en jaque a todas sus resoluciones vinculadas a crímenes de lesa humanidad.

Se trata de varias causas similares que repiten el argumento: que Ramos Padilla haya sido abogado de organismos de derechos humanos y condene públicamente el terrorismo de Estado da “sustento serio y razonable al temor de parcialidad” que plantean los genocidas. Esto habilitaría a las defensas a pedir la nulidad de decenas de procesamientos, elevaciones a juicio, prisiones preventivas e indagatorias de civiles y militares.

El camarista Jorge Ferro afirmó que más allá de la renuncia del recusado “el caso no puede ser declarado abstracto” porque eso sería “adoptar una posición, por lo menos, ingenua respecto del tipo de proceso que nos ocupa, pues en razón de su objeto, los sujetos que involucra, su gran volumen, su complejidad, su extensión geográfica y temporal, su importancia histórico social y su alto contenido político e ideológico entre muchos otros factores, nunca podría ser asimilado a una causa penal ordinaria”.

A pesar de haberse inscripto en la historia judicial bahiense como el presidente del tribunal oral que condenó a decenas de represores y ordenó investigar a La Nueva Provincia, el marplatense ya había comenzado su adaptación al cambio cuando confirmó la falta de mérito a Vicente Massot victimizando a la empresa sin importar siquiera las “apariencias” de quien benefició al hijo de Diana Julio.

La Fiscalía había solicitado la nulidad de la designación de Claudio Pontet a quien recusó por imparcial “no sólo como consecuencia de la estrecha vinculación de Pontet respecto a imputados de delitos de lesa humanidad de esta jurisdicción, sino además por la adopción de conductas y posturas previas a su nombramiento”, que “afectan seria y fundadamente la confianza en que proceda con objetividad y equidistancia”. El tema no fue de “interés actual” para la Cámara.

Ahora, por ejemplo en un incidente de la causa “Delaico… p/Privación de la libertad pers. tortura, homicidio agravado”, Jorge Ferro declaró la nulidad del rechazo de Padilla a la recusación en su contra por entender que era una definición que correspondía a la Cámara y desplegó la jugada con el apoyo del pampeano José Mario Triputti –vocal del tribunal oral- y Pablo Candisano Mera.

El debate comenzó cuando el defensor Sebastián Olmedo Barrios pidió el apartamiento de Ramos Padilla por falta de imparcialidad porque a su entender el juez “tiene una posición política tomada” respecto al tema de la causa y “de planteos jurídicos que pueden producirse durante el proceso”. Se basó en declaraciones periodísticas que Padilla realizó cuando era abogado de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

El magistrado destacó entonces que fue designado para entender en todas las causas que tramita el Juzgado Nº1 y que “no conoce a las partes, no tiene parentesco alguno con ellos, ni amistad o enemistad manifiesta, ni prejuicio alguno sea objetivo, subjetivo o con relación a la materia específica de juzgamiento” y que sus resoluciones se fundarían en las pruebas de cada caso.

Padilla sostuvo que su anterior actuación como abogado no tenía ninguna incidencia en la causa en cuestión ni su compromiso con los derechos humanos podía ser un inconveniente dado que así lo exige el Reglamento de Selección de Magistrados. Calificó la recusación como “absurda” pues si los mismos argumentos se utilizaran en causas de “trata de personas, narcotráfico, abuso de menores, etcétera, se podría sostener que no se encontrarían habilitados para actuar como magistrados aquellos abogados que previamente hubieran actuado como acusadores en algunos de esos procesos” o que hubieran manifestado que los imputados “deben ser juzgados y de resultar responsables, condenados”.

Ya en la Cámara, el juez Ferro dijo que el planteo es “ambivalente” porque, por un lado, toma “esa posición simplista” y, por otro, “al justificar su designación y el rechazo de los múltiples planteos recusatorios, busca apuntalarse en la diferenciación de estas causas respecto de cualquier otras, haciendo hincapié en que este tipo de causas es producto de una política de Estado y que todo juez de la Nación debe regir su actividad siguiendo los mandatos de la Constitución Nacional y los tratados de DDHH”.

Para Ferro es “obvio” que el mejor argumento es el “mixto” de Olmedo Barrios quien invocó “tanto las causales del código como la causal objetiva de ‘temor de parcialidad’, debiendo tenerse en consideración las particularidades propias de los procesos judiciales en que se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”.

En plan de compartir “obviedades”, Ferro recordó que “el plan criminal fue único, no hubo uno por cada circunscripción en las que está organizada la justicia federal, de allí que no puede hacerse el análisis desvinculando las causas unas de otras pues se iría a contramano de la realidad de los hechos acreditados en las distintas causas que tramitan en todo el país”.

Y agregó que “si bien las acusaciones que como querellante formuló el dr. Ramos Padilla involucraban a personas distintas de las partes intervinientes en esta jurisdicción (tanto víctimas como imputados), igualmente refieren al mismo plan criminal investigado”.

Los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia trabajan por estas horas en la apelación de los fallos, los represores de las fuerzas armadas y la Triple A son de los pocos que aún tienen expectativa de mejorar en el segundo semestre.

(Por Francisco J Cantamutto) La propuesta de confluencia entre sectores afectados por el ajuste del gobierno nacional tuvo éxito y mantiene su convocatoria.

El día lunes se hizo la segunda reunión de la Multisectorial en el hotel BAUEN, con gran confluencia de organizaciones. Entre otras, se sumaron a las que participaron en la anterior reunión el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Club Matienzo, ATACA, Centro Cultural de la Cooperación, Cooperativa de Consumo la Yumba, Cooperativa educativa 9 de julio, Teatro Fray Bocho, integrantes de la Asociación Argentina de Actores, Librerías de la calle Corrientes, Centro Cultural Recuperado Olga Vázquez (La Plata), Cooperativa La Minga, Asociación de Docentes de Educación Física (ADEF), Construyendo culturas, entre otras.

Una sorpresa fue que se presentaron entre los participantes, representantes de multisectoriales de zona Norte de conurbano (Vicente López), de vecinos organizados de La Plata y de las asambleas de Juan B Justo y de San Telmo. Esto dio fuerza a la idea de federalizar la forma de construir y darle densidad nacional. Como dijo otro interlocutor más tarde, “encarnarla en las bases, agregar todas las broncas”.

Se revisaron las acciones acordadas de la semana previa. Tanto los clubes de barrio como las cooperativas y recuperadas lograron que los atendieran a partir de las manifestaciones que hicieron. A los clubes se les ofreció un descuento del 40% en gas y agua, que rechazaron por insuficiente. La negociación, dijeron, ahora seguía con la Multisectorial. Es decir, dieron más fuerza al espacio común. A las cooperativas y recuperadas les abrieron mesas de negociación en los Ministerios de Energía y de Trabajo. La reflexión fue que esto muestra que si bien el gobierno no es débil, sí cede ante la presión y se ve obligado a negociar. Aún está por verse qué se consigue.

Entre otras propuesta estuvo la de hacer los pagos de boletas impugnados, para agotar la vía administrativa. Se presentó además la propuesta de un amparo colectivo en Capital Federal, reuniendo la mayor cantidad de casos posibles para hacer la presentación. El jueves se prevé realizar una jornada de protesta distinta contra el tarifazo: el torneo de fútbol Juanjo Aranguren frente al ministerio de Energía. Los premios serán un sol de noche y un juego de velas. Esta acción, propuesta por los clubes de barrio, ganó rápidamente simpatías, pues permite expresar el problema de otra manera. La invitación está abierta a participar del torneo de protesta.

Se valoró mucho la propuesta, y a partir de ella se mencionaron otras formas de involucrar a sectores no organizados: bocinazos en los cruces de calle, apagón coordinado, el frazadazo, etc. Se remarcó que es importante construir no sólo juntando organizaciones, sino ayudando a organizar en el lugar: el barrio, la empresa, etc. Hubo al respecto un pequeño debate sobre el vínculo con los partidos políticos. Sintéticamente, se aceptó que pueden participar de la Multisectorial y apoyar todas sus iniciativas, pero la Multisectorial no es de los partidos, sino que los partidos participan de ella.

“Hay que armar el rompecabezas de los sectores afectados”, se dijo, apuntando a reunir lo que está hoy separado. El gobierno sabe negociar dividiendo, se insistió, es importante estar juntos para presionar. “No se pelea sólo contra el tarifazo, es contra un modelo de ajuste”. La confluencia de diferentes experiencias debe permitir avanzar un paso más que la pura negativa, que es un buen comienzo pero debe superarse. Por eso se insistió con ir pensando en confluencias. La idea de festejar un 9 de julio alternativo tuvo mucha aceptación, para lo cual se insistió con la idea de una Marcha Federal, a propuesta de ATE Capital.

El rumbo de la Multisectorial es un camino en construcción, y es una cuestión de tiempo llegar a ver sus alcances. Lo que queda claro es que está sirviendo como espacio de convocatoria para múltiples afectados por las políticas del gobierno de Cambiemos. Y la recuperación experiencias previas, en especial de 2001, se hace desde un tejido social más integrado que entonces, y con menos ingenuidad política. El ajuste no será tan fácil como creían.

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Trabajadores del frigorífico INCOB visitaron esta mañana FM De la Calle y comentaron la difícil situación que atraviesan por la caída de la producción y el tarifazo en los servicios públicos. De faenar medio millar de animales por semana en 2015 hoy matan con suerte 150. De pagar 12 mil pesos por la factura de luz hoy deben afrontar 62 mil. “Es imposible juntar el retiro semanal de los compañeros (…) yo puedo matar una vaca pero no puedo comprar un kilo de asado”, graficó Esteban. 76 familias viven de la empresa recuperada.

“La propuesta de la Cooperativa INCOB es poder reorganizarnos entre todos los sectores que habitamos Bahía Blanca, centros culturales, clubes de barrio, centros de jubilados, cooperativas, pymes, realmente nos sentimos todos afectados, y creemos que si solamente INCOB sale a la calle va a tener respuesta pero solo para INCOB, queremos que esto se normalice para todos los argentinos”, agregó.

La semana pasada fueron invitados por sus pares del Hotel Bauen a participar en una asamblea en la ciudad de Buenos Aires. “El martes hicimos una manifestación en Plaza de Mayo junto con clubes de barrios de todo el país” y “el jueves fue la manifestación de la multisectorial, fue interesante, nos trajimos buena respuesta de varios compañeros porque sinceramente acá en Bahía Blanca no le veíamos salida al tema del tarifazo”, explicó Esteban acompañado por Agustín y Pocho.

“El Ministerio de Energía propuso pagar el 50 por ciento en efectivo y el otro 50 en tres meses, te estaban cobrando lo mismo pero con la excusa de que en esos meses el otro 50 por ciento lo pongas dentro de tus costos. Pasa que hoy la producción de cualquier empresa, como está el país, no avanza. Si tuviéramos la que teníamos hace un año atrás tranquilamente podemos pagar ese monto, pero hoy el país no se mueve, de matar 500 o 600 animales semanales estamos matando 140 o 180. La producción bajó muchísimo”, dijo.

Esteban explicó que “somos prestatarios del servicio, de acuerdo a la producción que tenemos es el retiro semanal que se lleva cada compañero. Se trató de hacer un fondo en la cooperativa por unos meses, la veníamos sobrellevando bastante bien pero lo que nos deja mucha plata es el cuero, bajó el cuero, aumentaron las tasas de SENASA, aumentó la luz, nos aumentó todo. La cooperativa hoy en día se ve obligada a salir a la calle porque es nuestro derecho de poder manifestarnos democráticamente, creemos que esto es injusto porque no podemos llegar a fin de mes”.

Para comunicarse con la Cooperativa INCOB pueden llamar al 0291 454 5138.