(Por Francisco J Cantamutto) Reunidos para resistir el ajuste, se propuso la constitución de una coordinadora multisectorial.

Ante el escenario abierto por el tarifazo y otras medidas de ajuste social, FACTA y otras organizaciones llamaron a una reunión el día lunes en el hotel BAUEN para debatir la situación y posibles acciones. La lista de oradores fue abierta, y el micrófono pasó de mano en mano, donde se presentaron y explicaron su situación muchas organizaciones muy diversas. Había clubes de barrio, empresas recuperadas, cooperativas, sindicatos, jubilados, PyMEs, trabajadores informales, gestores culturales, entre otros. Algunos partidos políticos se hicieron presentes para acompañar, pero no lideraron la reunión.

El clima general de la reunión fue de mucha bronca por las políticas del gobierno nacional, sin ninguna respuesta para los sectores populares y laburantes. La caracterización que se hizo del proyecto del gobierno nacional fue que éste intenta realizar un feroz ajuste, aún si esto implica dejar fuera y sin contención a la mayoría de la clase trabajadora. El aumento de tarifas y de combustibles, la apertura a las importaciones, la devaluación fueron las políticas más criticadas, como parte de un programa más general de ajuste. Ante esto, el gobierno es muy astuto dividiendo a los afectados, dando algún subsidio o contención pero por separado y con muchas limitaciones. Por ejemplo, los clubes de barrio criticaron la devolución del 40% del aumento, porque sólo era para el gas, dejando fuera los demás servicios, y aún así implicaba un aumento del 150-200% sobre lo que pagaban antes. La respuesta que parece venir es puramente represiva.

El objetivo del gobierno, hubo acuerdo, es crear recesión y desempleo, de manera de bajar los salarios. Representantes de cooperativas y PyMEs señalaron que no había que ponerse a competir “entre pobres”, que el problema era el capital concentrado. Con desempleo y salarios bajos, ponen contra las cuerdas a todos los sectores populares. Se añadió además, desde el Programa Facultad Abierta, que las Empresas Recuperadas eran atacadas por vía económica, judicial y política, justamente porque mostraban una alternativa para los y las laburantes ante estas crisis: tomar las herramientas y ponerlas a trabajar. No se están atiendo sus pedidos, se vetan los proyectos que éstas promueven y llegan con inspecciones imposibles de cumplir. Desde la recuperada Por Más Tiempo señalaron que tenemos que recuperar nuestra herramienta principal de trabajo, que es la palabra.

Los dirigentes de clubes de barrio señalaron que su realidad es semejante, y que de obligarlos a cerrar, implicaría que miles de pibes pierden el lugar de contención. Representantes de la cultura explicaron que el gobierno ya venía complicando la gestión independiente en la ciudad de Buenos Aires, cerrando espacios y centros culturales. El tarifazo pone en riesgo de cierre a estos espacios.

Según se señaló en la reunión, los pedidos de tarifas “sociales” no son una alternativa real, pues son parciales (todas implican aumento), llenas de trámites y que provocan división. Hubo un acuerdo muy general  en la necesidad de ganar la calle, y se señaló que eso ya se está haciendo, pero por separado. Esta semana protestan en la Capital los clubes de barrio (martes), recuperadas (jueves) y consumidores y usuarios (viernes).

Por esto se remarcó la necesidad de empezar a confluir entre todos los sectores afectados. La consigna fue unidad en la acción, es decir, actuar conjuntamente en lo que hay de acuerdo, con independencia de que luego cada sector tenga sus particularidades. Lograr la mayor unidad posible con acciones concretas. Confluir en todo lo que se pueda, y golpear a la vez. Se habló de conformar una Multisectorial, con mesas específicas de trabajo. Se señaló la necesidad de hacer esto de manera Federal, recuperando la experiencia de 2000-2001.

Se comenzaron a intercambiar experiencias de protesta y acciones para resistir. Por ejemplo, la presentación de medidas cautelares y amparos ante el ajuste, promover una ley de emergencia laboral y PyME, bocinazos, veredazos, entre otras. Se insistió en hablar con los y las vecinas, compañeros y compañeras de trabajo, para convocar de manera amplia. Todas las acciones sirven, pero quedó claro que era necesario impulsarlo en las calles y en unidad.

Por todo lo anterior, las reuniones van a seguir, buscando unidad, comunicación y coordinación. El próximo lunes 13 es la próxima cita, en el mismo lugar.

Entre otras organizaciones, se presentaron en la reunión: FACTA (Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados), ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), CTA, FECOTRA (Federación de Cooperativas de Trabajo), representantes de clubes de barrio, CNCT (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo), FECACYA (Federación de Cooperativas Autogestionadas de la Carne y Afines), Sindicato de Obreros Curtidores, Federación Gráfica Bonaerense, Confederación Nacional de Jubilados, APYME, CGE (Confederación General de Empresas), Fedecámaras, Central de Trabajadores Informales, Comerciantes contra el Tarifazo, Alerta PYME, Programa Facultad Abierta de la UBA, Instituto Scalabrini Ortiz, Cultura Unida, Unión de Usuarios y Consumidores.

El  lunes a mediodía la jueza Susana González La Riva dirá si Norberto Metz es penalmente responsable del homicidio culposo de Juan Cruz Manfredini. Así lo es para la Fiscalía que pidió una pena de cuatro años de prisión para el ex gerente local de Camin Cargo Control S.A. y para la familia del joven que solicitó cuatro y medio y 200 mil pesos de multa.

Juan Cruz murió el 21 de octubre de 2010 tras cuatro días de agonía. Tenía el 95 por ciento de su cuerpo quemado por una explosión en el dúplex de Cuyo 1388 donde funcionaba clandestinamente el depósito de muestras de combustibles y fertilizantes donde trabajaba. El juicio analizó la responsabilidad de Metz y próximamente deberá ser juzgado el representante nacional de la firma, Marcelo Camin.

Hugo Fernández, abogado de la familia Manfredini, comentó a FM De la Calle que fue una investigación con mucha prueba aunque “uno no puede decir qué pasó por la cabeza de un juez”. Destacó que “lo importante es que se haya debatido”, más teniendo en cuenta el intento del primer fiscal de la causa de acordar una pena de tres años en un juicio abreviado para el gerente de la empresa Marcelo Camin.

“Cuando se va a debate hay que reproducir todo lo que se hizo en forma oral, a riesgo de eso, la familia prefirió en honor a la memoria de su hijo que esto salga a la luz, que se debata y se conozca cómo trabajan estas empresas, esto es un tema de precarización laboral donde para ofrecer un producto barato, a bajo costo, la empresa pone en riesgo a los trabajadores y a un montón de gente”.

Fernández explicó que se trata de “una empresa internacional con sede en Houston” y otra que se llama Camin Cargo Argentina. “El gerente de Argentina es Marcelo Camin y está imputado también pero, por un recurso de Casación, todavía no llegó su debate. Con respecto al jefe local lo que había que demostrar era el nivel y grado de responsabilidad que teníaal manejar la delegación de Bahía Blanca, ese fue el nudo principal. Se apuntó a tratar de demostrar claramente que esta persona tenía toma de decisión”.

“Es importante porque no hay muchos antecedentes de gente de una empresa, del personal jerárquico, que sea responsable penalmente. Muchos terminan en un abreviado, en una probation, y si no tienen antecedentes pareciera como que no debería ir preso una persona. Pero, la pucha, no solamente mató una persona -no tuvo la intención de matarlo pero es un homicidio culposo- (…), era una bomba de tiempo, no podés poner en una vivienda tipo dúplex, en un edificio acostado, muchas viviendas, ¿cuánta gente que va por recreación al Parque de Mayo sabía que a media cuadra había una bomba?”, se preguntó.

El abogado dijo que para probar a qué se dedicaba -dedica- Camin Cargo Control hubo que escuchar a muchos especialistas. “Cuando viajan productos inflamables en buque se toma una muestra local y se hace un resguardo, se contrata a estas empresas para que cuando el buque llega a destino, si hay un tema de contaminación, tengan un respaldo de muestra. Por eso la actividad principal es guardar muestras, uno espera que lo hagan en un lugar seguro y no en un departamentito que alquilaron como casa habitación”.

“La peligrosidad estuvo dada porque se almacenaron productos incompatibles entre sí. Había muchos tipos de gasolina que salen del puerto, naftas, gasolinas especiales que son altamente explosivas. Incluso como también hacían muestreo de fertilizantes había urea granulada, nitrato de amonio. Pareciera que no son peligrosos por sí solos pero los especialistas en explosivos nos explicaron que si mezclas fuel oil con nitrato de amonio se denomina ANFO, un explosivo casero con el que se voló la AMIA. Para que uno tenga dimensión de la peligrosidad. Podría haber muerto mucha más gente acá”, advirtió.

1969323_850202271677011_6882888788721100430_nFernández agregó que “esta gente para ahorrar costos no tenía, como explicaron los técnicos, los productos peligrosos separados y en un lugar habilitado. Obviamente vino la jefa de Habilitaciones y dijo que esto no podía estar por el lugar directamente, es residencial, tendría que haber estado en el puerto o el parque industrial, un lugar preparado para tener este tipo de producto, no en el medio de la ciudad”.

“Más de una empresa debería poner las barbas en remojo y por lo menos si contratan a una empresa para tomar una muestra requerir dónde la llevan. En el sistema penal se imputan personas determinadas pero posiblemente esto desemboque en alguna investigación, espero, es difícil entender la actividad porque los únicos que saben son los que la realizan”.

“Esto es un contrato entre una empresa internacional que viene de afuera a buscar un producto -a la cual ni siquiera conocemos- y contrata un buque y el que vende el producto acá. Esas dos personas contratan a un tercero para queguarde la muestra. Esto debería reverse y las autoridades deberían mirar un poco más. Esa es la lucha de la familia, nadie les va a devolver el hijo, incluso en un momento se trató de desvirtuar esto como que había sido una mala manipulación de una garrafa de este muchacho. Le echaron la culpa al muerto que es lo más fácil”, dijo.

En ese sentido comentó que ” los médicos explicaron que estaba quemado el 95 por ciento del cuerpo y que si manipulas una garrafa lo lógico es que te quemes adelante, no que tengas una quemadura tipo V en la espalda, es imposible. El ambiente donde ponían estos productos generaba vapores, algoque detonó eso levantó una temperatura terrible e hizo lo que técnicamente se llama deflagración, una explosión”.

La sentencia se conocerá el lunes a las 12 en el Juzgado Correccional Nº3 de Estomba 34. Más información en Exigimos Justicia para Juan Cruz Manfredini.

Otras entrevistas:


Foto familiar: Facebook Gino Manfredini.

A principios de mes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 721/2016 del presidente Mauricio Macri a través del cual derogó la disposición tomada en 1984 por el gobierno de Raúl Alfonsín para restar autonomía a los militares y dejar en manos de las autoridades elegidas democráticamente las decisiones vinculadas con la órbita castrense. La medida provocó el rechazo de organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas.

La especialista en temas de Defensa Nacional, Estrategia y Geopolítica y secretaria del Centro de Militares por la Democracia, Elsa Bruzzone, dijo a FM De la Calle que el decreto “ratifica lo que ya se venía haciendo, manejo de cuarteles, traslados, tareas administrativas y de funcionamiento interno” y no representa “ninguna autonomía”, aunque lo calificó como “un globo de ensayo para ver si pueden acostumbrarnos a que las fuerzas armadas puedan intervenir en los asuntos internos del país”.

Bruzzone explicó que la Ley de Defensa 16.970 de la dictadura de Onganía no distinguía las funciones de las FFAA en torno a la defensa nacional y la seguridad interior, lo que “permitió la utilización de las mismas en las tareas de represión interior con los resultados por todos conocidos”.

Al asumir Raúl Alfonsín, mientras se redactaba una nueva Ley de Defensa, aprobó el decreto recientemente derogado y “controló” a las fuerzas”. “Cuando la ley es sancionada en 1985, y más después con la reglamentación de la ley bajo el gobierno kirchnerista, este decreto ya prácticamente queda sin efecto porque tiene que ver con tareas administrativas, con el con el manejo hacia adentro de las FFAA”.

“Como bien lo explica el Decreto 721, el poder civil sigue teniendo el control y el manejo en los ascensos, a partir de coronel y los grados superiores se sigue requiriendo el acuerdo del Senado, en los puestos más altos el Poder Ejecutivo con el Ministerio de Defensa designan, los planes de estudios siguen estando en manos del Ministerio, las hipótesis de conflicto las fija el gobierno nacional”.

Bruzzone dijo que “el peligro es que se pudiera avanzar más adelante en una modificación de la Ley de Defensa Nacional donde con una simple letra que dijera ante una agresión externa o interna permitiera que la FFAA intervinieran en tareas de represión interior o en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Hay presiones desde hace cuatro o cinco años del Departamento de Defensa norteamericano a través del Comando Sur”.

“Estas intervenciones han tenido resultados nefastos en México, en Colombia o inclusive en Honduras. Acá está prohibido pero se han reanudado las presiones y las hay también de integrantes de la política, de los grupos económicos, de nuestra justicia, que pretenden que esta línea divisoria caiga”, afirmó y agregó que las contradicciones de la ley, por ejemplo, abarcan el envío de tropas a supuestas misiones de paz de Naciones Unidas que en realidad son ocupaciones de países “donde los integrantes de las misiones realizan tareas de seguridad interior, la mayor parte de las veces con resultados catastróficos para las poblaciones locales porque se producen violaciones a los derechos humanos”.

Bases militares

12.Elsa-Bruzzone“EEUU tiene en su mente la instalación de bases militares ya sean descubiertas o encubiertas, disfrazadas bajo el concepto de ayuda humanitaria ante desastres naturales, epidemias, pandemias, bases científicas para realizar estudios, o bases de control de la no proliferación de armas nucleares y de destrucción masivas. (…) Ellos tienen que tener libre acceso y control de recursos naturales que ya no poseen para seguir siendo la potencia dominante en el mundo”, manifestó.

Tras mencionar las bases yankees o de la OTAN en Colombia, Haití, Guantánamo, Puerto Rico, Perú, Chile, Paraguay y Malvinas, Bruzzone destacó que pretenden instalar una de carácter científico en Ushuaia “con acceso libre a la Antártida” que, junto a la de Malvinas, habilitaría el control del Atlántico Sur y su conexión con el Pacífico a través del Estrecho de Magallanes y el Canal de Beagle con proyección hacia el océano Índico.

“Además permite una presencia en zona donde toda la plataforma continental nuestra alrededor de las islas tiene yacimientos de hidrocarburos y minerales estratégicos e industria pesquera y tanto Ushuaia como Malvinas son la puerta de entrada a la Antártida que no solamente es la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo sino que también -en el sector donde se superponen los reclamos de soberanía de Argentina, Chile y Gran Bretaña- se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos del continente antártico”. Hasta 2041 rige la prohibición de toda explotación de los bienes comunes aunque EEUU intentará impedir su prórroga por otros cincuenta años.

En San Ignacio, Misiones, también podrían construir una base. “En lugar de utilizar a Hamas o a Hezbollá en la zona de la Triple Frontera, que es uno de los puntos más importantes de carga y recarga del Acuífero Guaraní, (…) reflotan el fantasma de la presencia del Daesh o ISIS, como lo llaman en occidente, o del Frente al Nusra que está vinculado a Al Qaeda para reflotar las presiones que en su momento se hicieron sobre De la Rúa y Duhalde”. “Dependerá de nosotros impedir que se consume”, dijo.

El discurso de Gay

gayLa integrante del CEMIDA se refirió además al discurso del intendente Héctor Gay del 25 de mayo en el cual habló de la existencia de enemigos internos y externos y “grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud”.

“Este discurso me remite a la Doctrina de la Seguridad Nacional (…), me remite a tiempos que hemos vivido y a los cuales no quiero volver. No quiero volver a la década de 1930, a 1955, de ahí en adelante tampoco quiero volver a un 24 de marzo del 76 que es a lo que él me está remitiendo. El que no tiene patria ni nación es él porque la patria y la nación no son pasiones inútiles y un verdadero patriota y alguien que ama profundamente a su patria y a su pueblo no ve en el otro, en el pueblo, al enemigo”, dijo.

Bruzzone reconoció que “tenemos enemigos de adentro” aunque apuntó a “los grupos económicos de poder, las corporaciones trasnacionales, los organismos financieros internacionales, estamos llenos de cipayos al servicio de intéreses foráneos”. “Tenemos enemigos de afuera, sí señor, todo imperio, todo aquel que ejerce colonialismo, eso es enemigo, enemigo es el capitalismo que destruye vida humana, vida vegetal, vida animal, que destruye a la naturaleza y al planeta”.

Sobre la aclaración del intendente, quien comentó que se refería al narcotráfico, la especialista afirmó: “Usted va a escuchar que utilicen el narcotráfico o el terrorismo, que los agiten como bandera, pero en realidad los destinatarios de eso son el pueblo, las organizaciones sociales, políticas, culturales, todos aquellos que luchan por la justicia social, por la independencia económica, por la soberanía política y la paz, el capitalismo”.

(Por Francisco J Cantamutto) El enorme malestar social que crea el plan de ajuste provoca discusiones dentro del gobierno. Los problemas políticos del ajuste económico.

El gobierno de Cambiemos tiene disputas internas, que se han hecho conocer –otra vez- como de “halcones y palomas”. La metáfora es mala porque aquí no hay relación predatoria entre ambos tipos de aves ni dietas disímiles; se refiere apenas a los diferentes estilos para aplicar un mismo programa económico. Por un lado, están quienes pretenden un ajuste más brutal, profundo y veloz, en clave de shock. Por otro lado, están los que creen que es mejor dosificar la administración de políticas, permitiendo ajustes graduales. No son posiciones siempre fijas, porque se cruzan perspectivas ideológicas, vínculos con diferentes sectores empresariales y lecturas del proceso político. Créase o no, la pelea la vendrían ganando los gradualistas.

Por ejemplo, el primer debate en este sentido se dio en torno a la devaluación de diciembre. En ese caso, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el coordinador del equipo económico Gustavo Lopetegui creían necesario ir con calma, mientras que el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay y el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger creían necesario liberar totalmente el tipo de cambio. El riesgo percibido por los primeros era el riesgo de un exceso de devaluación (que el dólar llegara a $20, por ejemplo), mientras que los segundos creían que era una buena señal de libertad al mercado. Si bien al inicio primó esta última visión, la segunda devaluación en febrero obligó a intervenir en el mercado para contener la estampida.

En el mes pasado trascendieron nuevos chispazos, en relación al control de la inflación y el nivel de las tasas de interés. Prat Gay habría criticado que las tasas de referencia –como las LEBAC, al 37,5% anual- estaban demasiado altas, y esto bloqueaba la inversión. Esto llevaría a una parálisis de la actividad. Sturzenegger, por su parte, criticó que su par no era lo suficientemente veloz en la tarea de reducir el déficit fiscal, lo que lo obligaba a emitir pesos y buscar formas de licuar esa emisión. Esto llevaría a dificultades para reducir la inflación. Esta discusión, sin embargo, se dio en el marco de un diálogo fluido –facilitado por el viceministro Pedro Lacoste- y objetivos de política compartidos. Reducir la inflación –aún a costa de recesión-, generar clima de inversiones, y luego recién reactivar la economía. Por eso ambos ponían las fichas en el segundo semestre, ahora trasladado al 2017.

Más radicales se presentan otros sectores del propio gobierno (Carlos Melconian, presidente del Banco Nación) y sectores afines (como Daniel Artana, de FIEL, o Dante Sica, de la consultora ABECEB) que insisten con que la frecuencia semanal de malas noticias genera malestar, y la “sensación” de que no hay buenas perspectivas. Esto atentaría contra el “clima de inversiones”, posponiendo las decisiones que permitirían a la economía salir del actual trance. Por ejemplo, el índice de confianza al consumidor relevado por la Universidad Di Tella muestra caídas mes a mes, lo que implica menor demanda y, por ello, demora decisiones de inversión.

Esta obsesión con la inversión no es trivial, pues se supone que es el objetivo ulterior de la política de estabilización y ajuste, presentado como lucha contra la inflación y la “herencia” kirchnerista. Según el razonamiento del gobierno, con cuentas fiscales balanceadas, menores tasas de inflación y un clima de previsibilidad, las inversiones llegarán y reactivarán la economía. Prat Gay comenzó su tarea, con los despidos en el Estado y el arreglo con los buitres, la tarea recae ahora en otros funcionarios. Concretamente, les tocaría la posta a la canciller Susana Malcorra y el ministro de Producción Francisco Cabrera, encargados de atraer la inversión extranjera. El 23 de marzo pasado, en un encuentro de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense se anunció –por tercera vez- una Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, de gestión compartida por estos funcionarios. Pretenderían transformar al ente mixto (público-privado) Fundación Exportar, para que promueva conjuntamente exportaciones e inversiones. Hasta ahora los resultados concretos son esquivos: no hay prácticamente nada que anunciar respecto a inversiones.

Cabrera es además acusado de no ofrecer ninguna contención a las PyMEs, actualmente en pie de guerra por el tarifazo y la apertura de importaciones. Pero aquí es donde el límite no es personal, sino de la fuerza política. El sentido general de las reformas neoliberales fue claro desde sus inicios: privilegiar la estructura de poder definida en el mercado y sostenida por el Estado para la toma de decisiones que afectan a la sociedad. Eso significa que el Estado pone toda su estructura al servicio de los sectores más concentrados del capital, no se achica ni minimiza, sino que modifica su accionar. Tampoco significa que el empresariado concentrado tenga acuerdos plenos respecto de todo un programa, sino apenas de su sentido general contra las clases populares –y fracciones más débiles del propio capital. Esto explica que incluso en el marco de las reformas estructurales de la última dictadura en el país o durante la Convertibilidad se dieran disputas al interior del bloque en el poder, con personeros políticos representando fracciones de capitalistas.

Ya a fines del siglo XX, a la luz del enorme descontento social de las reformas, dentro de la propia ortodoxia mundial comenzaron a plantearse cuál era el problema. El supuesto, claro, es que las reformas neoliberales son beneficiosas y sobre esto no hay discusión. Un documento muy circulado del Banco Interamericano de Desarrollo –una de las instituciones de crédito responsables de presionar por las reformas- presentaba ya en el 2000 lo que veían como problema: la duración total y secuencia de aplicación de las mismas. Este debate lo había planteado casi una década antes la pretendida heterodoxia del mainstream, que coincidía con el sentido general de liberalización y apertura, pero que, a diferencia de sus pares más tecnócratas, tomaba en consideración los problemas políticos (por ejemplo, leer aquí un conocido texto de 1992 de Dani Rodrik). Esta variante que ganó espacio con el estallido de la crisis mundial en 2008: economistas igualmente neoliberales, pero con consideraciones políticas (como Stiglitz o Krugman). ¿Cuál es el debate? Cuán rápido y profundo tomar las mismas medidas, de manera de evitar alianzas sociales y políticas que las resistan.

Es por eso que el propio Prat Gay dijo, ese mismo 23 de marzo pero en la Sociedad Rural, que eligieron “el camino del gradualismo porque es el único posible”. Un ajuste más acelerado no sólo foguearía la resistencia en las calles, sino que impediría el juego de alianzas en el Congreso y las provincias, que tan bien llevan adelante otros gradualistas como Frigerio y Pinedo. El problema de esta estrategia es el malestar permanente por las medidas contrarias a los intereses populares: ¿hasta cuándo podrán sostener el discurso de la “herencia K”?

No hay que confundirse, por dosis o por shock, todos en el gobierno quieren aplicar el mismo veneno.

(Por Julio Gambina) ¡Multitudinaria marcha NI UNA MENOS! La violencia contra las mujeres es en todo los terrenos. Hay más mujeres que hombres en la Argentina. Sin embargo, hay menos mujeres registradas en el mercado laboral. Los salarios de las mujeres son menores a los de los varones. La mayoría de las mujeres hacen gratis los trabajos de cuidado. Trabajan gratis en sus casas y en tareas sociales. La desocupación es mayor entre mujeres que entre varones. Las amas de casa no son consideradas mujeres trabajadoras desocupadas y por su tarea no se les paga. La violencia de género ejercida contra las mujeres es cotidiana y más común de lo reconocido. ¡No al femicidio, a la discriminación de género y al patriarcalismo!

Hasta acá el post en mi muro del “face”, que resulta uno de los más compartidos y comentados a pocos minutos de colocado. Varios “me gusta” y “reacciones”, junto a comentarios: “bien dicho” y “basta de capitalismo colonial patriarcal”. Probablemente se incrementen los comentarios y quizá cierta polémica. Son muchas/os las/os que postearon mensajes relativos a la movilización callejera en variadas ciudades de todo el país. Casi nadie estuvo afuera del fenómeno de conciencia sobre la cuestión y familias enteras se movilizan, incluidos algunos que no se mueven por ninguna otra causa. La razón de la movilización es la asunción de un tema generalizado que se hizo evidente con la movilización callejera.

El tema existe y existía, pero adquirió relevancia con la multitudinaria movilización, y no solo del 3/6 del 2015, sino con las marchas de las mujeres y con la militancia consecuente del movimiento de mujeres, que en trabajosa militancia social popular extendida tiene el logro del presente movilizado. La consigna por la reivindicación de género atraviesa a las distintas clases y necesita hacerse más compleja en la consideración de la explotación y discriminación hacia las mujeres en el trabajo. Por eso mi reflexión sobre el “mercado laboral”[1] y el trabajo del “cuidado”. Es parte de lo mismo y además tiene especificidad, que se reproduce cotidianamente en la lógica de acumulación capitalista.

Trabajadoras y trabajadores para construir un paro nacional

Por eso, las mujeres también protagonizaron la movilización del día anterior, el 2/6, convocada contra el Veto a la ley anti despidos y contra los tarifazos. La cita fue promovida por las CTA y nutrida con varios sindicatos de las CGT y organizaciones sociales y políticas, más muchas/os indignadas/os que querían y demandan el paro nacional. Es que si los trabajadores en general están afectados por las políticas de ajuste del gobierno Macri, las mujeres lo sienten en mayor magnitud y no solo por lo señalado al comienzo, sino que también existe discriminación al interior del ámbito de trabajo y en la propia organización social o política, que reproduce las lógicas sistémicas. No podría ser de otro modo, pues la hegemonía cultural atraviesa a todas las organizaciones.

Es curioso como la “dirigencia” se sorprende de la masividad de la protesta y queda atrás del sentimiento popular masivo. El pasado 3/6/15 sorprendió la masividad del “ni una menos”. Igual sorprendió a propios y extraños la masividad de la movilización del 29/4/16 convocada por las CGT y las CTA contra el ajuste, el veto a ley anti despidos y los tarifazos. Igual se sorprenderán ante la construcción de un paro nacional.

La bronca es grande contra los despidos, la inflación y la baja del poder adquisitivo de los ingresos populares, el tarifazo y la impudicia de la fuga de capitales y la lógica de que “pobres hubo y habrá siempre” manifestada en declaraciones de funcionarios de Macri. Son los que señalan: “si el combustible es caro, que no compren”, o “creían que podían tener acceso a una TV u otros consumos”. Son expresiones de los que se consideran la elite privilegiada y con acceso a bienes y servicios negados para los de abajo, la mayoría de la población.

Las centrales sindicales demandaron al Parlamento la emergencia ocupacional y así se elaboró la legislación para suspender los despidos, que muchos suponían de escaso efecto concreto, aun cuando pudo instalar la agenda de la gravedad y extensión de las cesantías. El movimiento obrero organizado pudo instalar agenda de debate político en la sociedad. Claro que no es el único tema y quizá ni siquiera el que involucre a más población, tal como ocurriría si se pudiera instalar la cuestión de la indigencia o la pobreza, la malnutrición o la ausencia de salud y educación, entre muchos temas que incluyen el ingreso y calidad de vida de las/os jubiladas/os. Lo que pretendemos resaltar es que sobre la ofensiva del gobierno Macri por lograr hegemonía política desde su mayoría electoral, el movimiento obrero pudo instalar desde la movilización una agenda política más cercana a sus intereses.

Claro que el poder mueve también sus fichas e intenta desmarcar al movimiento obrero y por eso negocia con el sindicalismo tradicional para desalojar la calle y seguir disputando hegemonía. La lógica discursiva de las CGT es que la “gente no está para protestas”. La realidad lo desmiente y en todo caso, se trata de la disposición a desplegar iniciativas políticas para disputar el poder. Es una cuestión de miles y de millones de personas, por lo que se demanda masividad y ello supone juntar lo diverso, tanto en las movilizaciones obreras como entre las mujeres.

La sociedad movilizada disputa agenda, por derecha y por izquierda. Recordemos las movilizaciones “Blumberg”, o las protestas de la Mesa de Enlace. No todo lo movilizado era por derecha y sin embargo, la agenda era reaccionaria.

Disputa del consenso

Existe en la actualidad razones para la movilización popular. El gobierno disputa hegemonía convocando al consenso pasivo y si puede al activo y lo hace desde la crítica a 12 años de kirchnerismo, algo que ya le dio réditos en el voto, quizá la mitad de lo cosechado en noviembre del 2015.

Ahora pretende que sea consenso activo y por eso publica “El Estado del Estado”[2] para mantener viva la llama de la crítica al gobierno anterior y avivar el rechazo de buena parte de la sociedad, incluso de los de abajo. Allí no se condena el acuerdo del poder, como las concesiones petroleras y mineras, los acuerdos secretos, caso Chevron, o el conjunto de iniciativas estatales que confirman el modelo productivo y de desarrollo de promoción de la dependencia tecnológica y productiva a mano de las transnacionales, en el agro, la industria o los servicios.

También disputa consenso con la articulación legislativa del “pago a jubilados” con el “blanqueo de capitales”. El fondo es limpiar la fuga de capitales, interés de pocos enriquecidos y además, fuente de ingreso de divisas, indispensable para la lógica de la política económica del gobierno Macri. Parece atractivo compensar a los beneficiarios estafados por malas liquidaciones previsionales, aun cuando se ocultan quitas y pagos en cuotas, tanto como desfinanciamiento del Fondo de Garantías y Sustentabilidad (FGS). El FGS está generado con recursos previsionales que pertenecen a las/os trabajadoras/es jubiladas/os, administrado por ANSES, y que se nutre, entre otros, de la renta generada por acciones privadas que pretenden ser liquidadas y retornadas a la propiedad y gestión de particulares.

El movimiento de jubiladas/os también se moviliza, y desde hace mucho tiempo por asegurar fondos previsionales suficientes para satisfacer las necesidades de las personas mayores. Por eso rechazan el proyecto y exigen se compensa a los litigantes con sentencia o no, como a los que reciben liquidaciones por debajo de lo que corresponde; y más aún el 82% móvil con relación a las/os trabajadoras/es en actividad. Se propone que los recursos para tal fin provengan de rentas generales y no desfinancien el FGS. La reforma previsional en curso, contenida en la propuesta legislativa, será resultado de la movilización gestada desde abajo o la que promueva el discurso oficial relativo a lo que se puede o no.

En rigor, la cuestión es si la iniciativa del gobierno y del poder se impone en la disputa del consenso social, o si la movilización popular genera consenso para otro proyecto político, social y cultural de confrontación con la lógica del capital, la de la ganancia, la acumulación y la dominación.

Esta última consideración no está instalada en la mayoría social y muchos creen que es ilusorio convocar a cualquier actividad anti capitalista, bajo el argumento que la sociedad no está para disputas mayores.

Se equivocan, los ilusos son los que creen que todo se resuelve con solo ir por reivindicaciones democráticas (salario, empleo, condiciones de trabajo) hasta que se consolide una potencia para ir por más, contra el régimen del capital.

No tienen razón los líderes sindicales que agotan las iniciativas en que la gente no está para más y que es un tiempo de cerrarse en la defensa corporativa.

Es erróneo. Este es un tiempo para ir por más organización y movilización, en el espíritu originario de la CTA, que sostenía un nuevo modelo de organización de las/os trabajadoras/es, que son la mayoría de la sociedad, estén regularizados o no, tengan salario o no. Es desde ahí que en el 2002 se sostuvo la necesidad de superar la crisis política con la construcción de un movimiento político social y cultural de liberación. La constituyente social fue un intento, que siempre puede ser relanzado más allá de como se la nomine.

Manipulación del poder o masividad movilizada en la disputa

Por eso hay que pensar en la capacidad de movilización manifestadas el 2 y el 3 de junio pasados, aun con diferencias de participantes y motivaciones, ya que ambas ponen en evidencia que los debates en la sociedad se manipulan desde el poder con el peso de los medios privados y monopólicos (cadenas) de información del poder, o se instalan democráticamente desde la masividad de la movilización popular.

Es cierto que no alcanza con movilización, e incluso con organización, ya que se requiere definir el proyecto que indique el rumbo, para mí, anticapitalista, pero este requiere de aquel. No es un detalle menor, que la CTA Autónoma se auto define como una Central clasista, anticapitalista y antiimperialista.

Sin proyecto o rumbo puede ser estéril cualquier iniciativa, pero no hay proyecto posible sin la dinámica social masiva y movilizada. Eso requiere articular lo diverso, y ensayar búsquedas de acciones que promuevan sujetos para el cambio, que construyan programas y rumbos estratégicos, y en ese camino, resuelvan los adecuados instrumentos para la disputa integral del poder.

Foto: Sala de Prensa

Gabriela Bustos Arnst fue condenada por falsificación de documento público y fraude a la administración pública y uso de instrumento público falsificado y fraude a la administración pública en un juicio refrendado por el juez José Luis Ares. La pena fue de dos años de prisión en suspenso, 15 mil pesos de multa, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y 200 horas de trabajo comunitario. Fue absuelta por uso de documento público adulterado, delito por el cual serán investigados su padre, su madre y su hermana.

Se trata de la utilización de pasajes del Ministerio de Salud ortorgados al Hospital Penna para presentar ante la empresa Transportes Plaza S.A.C. entre los días 11 de enero y 1 de diciembre de 2011. Para ello, se falsificó la firma al director César Comezaña.

“Con dicho accionar y ardid desplegado, se provocó fraude engañando a la Administración Pública, quien, como consecuencia de ello, resultó perjudicada patrimonialmente por el pago efectuado de los pasajes emitidos a personas no autorizadas”, dijo el juez Ares.

El fiscal Gustavo Zorzano, el defensor particular Gustavo Giorgiani y la propia Bustos Arnst, acordaron el juicio abreviado. El Ministerio Público calificó el ilícito como fraude en perjuicio de la administración pública, falsificación y uso de documentos públicos adulterados y solicitó la imposición de la pena de tres años de prisión de ejecución condicional con la obligación de cumplir con las siguientes reglas de conducta por el plazo de tres años: fijar residencia, someterse al control del Patronato de Liberados y realizar trabajos no remunerados en favor del estado o de institución de bien público, fuera de los horarios habituales de trabajo, durante el tiempo que dure la ejecución de las reglas de conducta establecidas, hasta alcanzar la cantidad de trescientas horas (a razón de cien horas por año), multa de veinte mil ($20.000) e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos. La defensa prestó conformidad a la calificación y pena junto a su asistida”.

El juez correccional absolvió a la imputada respecto a varios hechos por no haber sido probados y en otros supuestos aplicó el criterio unánime en la doctrina y la jurisprudencia de que no corresponde condenar por el uso del documento falsificado al autor o autora de la falsificación (el uso queda absorbido por la falsificación). Por ello, redujo la pena pactada por las partes y ordenó investigar a familiares de Bustos.

Nuevamente la empresa Central Piedra Buena S.A. fue infraccionada por el Comité Técnico Ejecutivo por la emisión de ruidos molestos. Se recibieron 17 denuncias. Así lo informó hoy la Secretaría de Gestión Ambiental. Otras dos sanciones por el mismo motivo se habían registrado la primera semana de abril.

El hecho más reciente se produjo el viernes 3 de junio a las 20:01 “como consecuencia de la salida de servicio de la unidad 29, provocando la apertura de las válvulas de seguridad de la caldera y emitiendo a la atmósfera vapor de agua”.

“La emisión fue registrada por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores. Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario de descanso”, afirmaron desde la oficina ambiental.

El acta de infracción será enviada, junto a un informe de lo sucedido, al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) donde deberían estar en análisis las labradas por Rosana Cappa y Matías Espósito los días 6 y 8 de abril.

Entre las 13:19 y las 13:32 del 8 de abril los ruidos fueron consecuencia de la salida de servicio de la unidad 30: “Se abrieron las válvulas de seguridad de la caldera y se emitió la atmósfera vapor de agua. El ruido fue constatado por los inspectores del CTE superando los límites legales para emisión sonora en horario diurno por lo cual se infraccionó a la empresa. Se recibieron 38 denuncias vecinales y, según informó el municipio, personal del CTE se comunicó con cada unx de lxs vecinxs para comunicarles las actuaciones que se estaban llevando a cabo”.

Según informamos oportunamente, el miércoles 6 de aquel mes, Central Piedra Buena S.A. violó la misma normativa cuando aproximadamente a las 15:09 salió de servicio de la unidad 29 motivando la apertura de las válvulas de seguridad de la caldera y emitiendo a la atmósfera vapor de agua. En dicha ocasión se recibió solo una denuncia.

El OPDS fue duramente cuestionado por el juez correccional José Luis Ares por el “sospechoso”, “sistemático” y “burdo accionar dilatorio” de sus funcionarios en causas de contaminación ambiental. Además dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes del organismo provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.

El intendente Héctor Gay se comprometió a gestionar el traslado de la delegación a dependencias de la Secretaría de Gestión Ambiental aunque, por el momento, fue solo otro anuncio.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud provincial, CICOP, alcanzó un acuerdo “integral” con el gobierno bonaerense tras varias semanas de paros y protestas que incluye la recomposición salarial, mejora en las condiciones laborales y avances en la situación previsional.

El presidente del gremio, Fernando Corsiglia, dijo a FM De la Calle que en cuanto a lo salarial se plantó “un esquema a ocho meses con un 25 por ciento de aumento promedio de bolsillo en agosto. En lo que hace a condiciones de trabajo tiene que ver con compromisos que realizó el Ministerio de Salud en relación a cargos, se compromete a 300 cargos y llevar a adelante el proceso de una alta por cada baja que se produzca. Se comprometió a realizar refacciones en 21 establecimientos por un valor de 450 millones de pesos y un aumento de 120 por ciento al presupuesto para insumos en relación al 2015”.

En el aspecto previsional se dará “continuidad a las jubilaciones que estaban en espera, acordamos que los que tienen 60 años de edad o más y 35 años de servicio o más puedan jubilarse, cosa que hasta ahora estaba detenida, sin pagar ningún cargo adicional. Se jubilarían por el viejo régimen. Tenemos 120 días de plazo para discutir acerca de la implementación del decreto actual en relación al cambio jubilatorio”.

En cuanto a la evaluación del prolongado conflicto con el gobierno, Corsiglia aseguró que lograron “instalar en la agenda mediática la cuestión de la salud pública y al mismo tiempo quedó abierta la discusión para todos los problemas que seguimos teniendo. Desde el punto de vista del gremio fue positivo y para la salud pública es un pasito para intentar mejorar”.

“Soy Mónica Cid, la mamá de Micaela Ortega. A Mica la mataron por su condición de ser mujer. A Mica la mataron porque no se pudo defender. Hoy no es la marcha de Mica, es la marcha de todas. Y vamos a pedir que se haga justicia por todas esas mujeres que son víctimas. Víctimas de la mano de un hombre o de la mano de un ser aberrante. Me conmueve mucho ver a muchos hombres acá porque esta lucha tiene que ser de todos”.

La mujer abrió la histórica jornada del segundo #NiUnaMenos bahiense, parada en una tarima frente a la Municipalidad, con frente alta y puño apretado. Mica sonreía en su remera que anunciaba “otro ángel” en el cielo y el recuerdo eterno. Atrás, acompañaban familiares de Ivonne Gallardo, de Leticia Cayuli, de Kathy.

“Como saben, el caso de Katherine Moscoso todavía sigue impune, hace un año y once días que venimos luchando, mi familia y compañeros de Justicia por Kathy seguimos reclamando justicia y verdad. Seguimos viviendo con asesinos en Monte Hermoso, seguimos con impunidad. Siguen mujeres asesinadas. Las matan por ser mujer. Queremos justicia por Micaela. Por ella. Pero a diferencia de Mica, que sabemos quién es su asesino y tiene que pagar por lo que hizo, por Katherine todavía no. Hay mucha mugre bajo la alfombra de Monte Hermoso”, dijo la prima Wanda Banegas.

wanda monica efemedelacalleCuatro mil. Cinco mil. Siete mil. Diez mil. Más que el año pasado. Menos. Las que sean que entren en más de cuatro cuadras hasta las manos. Así fue el reclamo por “ni una muerta más” y contra la violencia machista en Bahía Blanca con la consigna “El Estado es responsable”.

Daniela Epuñan, leyó un comunicado de las Mujeres Originarias por el Buen Vivir: “Mari mari pu peñi, mari mari pu lamgen. Con la Conquista del Desierto las mujeres originarias pasamos una situación de esclavitud que a lo largo de la historia de este país se fue sosteniendo y perpetuando. Esa conquista significó la esclavitud física, sexual y doméstica de las mujeres. Estas violaciones sistemáticas fueron impulsadas por el sistema colonizador y mantenida por el Estado argentino. En la actualidad los pueblos originarios vivimos un genocidio por omisión ya que se intenta invisibilizar la realidad que vivimos hoy en las ciudades y zonas rurales”.

“Utilizamos el término feminicidio porque entendemos que es una planificación intrínsecamente vinculada con las corporaciones, los asesinatos no han terminado”, dijo. Y habló de sus cuerpos-territorio enfermados y asesinados por las corporaciones el extractivismo. De Diana Itatí Piñeiro, guaraní de 17, en Puerto Esperanza, Misiones. De Juana Gómez, qom de 15, que no volvió de un festival: “Fue abusada sexualmente y brutalmente asesinada, dos días después la encontraron semidesnuda colgada de un árbol. Fueron dos hombres que creyeron como tantos otros que pueden dominar por su género”.

ni una menos efemedelacalle 2Las organizaciones que realizaron la convocatoria local destacaron el aumento de los femicidios desde el primer #NiUnaMenos. “Muchos de ellos continúan impunes, como es el caso del crimen de Katherine Moscoso. Hace pocos días, se cumplió un año de su asesinato y la principal línea de investigación en este caso toca a allegados al ex intendente K de Monte Hermoso, Marcos Fernández. En Pehuén Co, desapareció Andrea Esnaola, quien prácticamente dejó de ser buscada. Luciana Moretti fue descuartizada e incinerada, sin embargo la justicia decidió darle a Cuchán, su femicida, la libertad”.

“Se cumple una semana desde que se encontró el cuerpo de Micaela Ortega. Los gobiernos municipal y provincial fracasaron estrepitosamente en encontrarla y demostraron permanentemente que intervinieron sobre la base de responsabilizar a la propia Mica y su entorno familiar, reproduciendo e instalando prejuicios aberrantes, incluso en declaraciones a través de los medios, lo cual explica las enormes irregularidades de todo el proceso de investigación”, opinaron.

furh aborto efemedelacalleEn el documento consensuado plantearon que “en todos estos hechos, confluyen todo tipo de violencias hacia las mujeres y las niñas: institucional, simbólica, mediática. Las trabas y las desviaciones del foco de atención hacia la culpabilización de las víctimas y su entorno son moneda corriente, y las legitiman los propios funcionarios públicos, los medios de comunicación, y la sociedad en general. Son muestra más que suficiente de este sistema patriarcal que se pone de manifiesto y continúa instalado como reproductor de un régimen social que está putrefacto”.

Explicaron que el Estado es responsable porque “cuando hablamos de femicidios, no se trata de un conflicto privado entre dos personas, ni tampoco de un crimen pasional, está basado en una desigualdad sistemática en la que el Estado tiene responsabilidades, no sólo para penalizar al femicida, sino fundamentalmente para evitar los femicidios”. Y es poco lo que se hace para cambiar esta realidad: por ejemplo, los fondos del Consejo Nacional de las Mujeres, responsable de implementar la ley de protección integral contra la violencia de género, representa “tan sólo el 0,0055 por ciento del total del presupuesto nacional, lo que equivale a 4,50 pesos por mujer para prevenir la violencia machista”. En la ciudad “el presupuesto otorgado a política de género es nulo”.

moretti efemedelacalleEl texto fue firmado por: Suteba, CEHUM, Colectiva Feminista, CTA, Kumelen Newen Mapu, Comunismo Revolucionario PMLM, Acciones Feministas, Socorristas en Red, Desbandadas, ATE, Mujeres Originarias por el Buen Vivir, Plenario de Trabajadoras-PO, Partido Solidario, Cardumen, Puño y Letra UNS, Artistas por la no Violencia, Watu Corriente Comunista, Colectivo Pueblo en Lucha, FM De la Calle, Pan y Rosas- PTS- Tesis XI, Subcomisión de Mujeres del Sindicato Químico y Petroquímico, Asociación Judicial Bonaerense, G83 en solidaridad + igualdad, Biocentro, CEIA avanza.

Las demandas: basta de violencia hacia las mujeres y de vaciamiento de políticas de protección a la mujer; por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito; basta de impunidad, que aparezcan con vida ya Andrea Esnaola, María Cash, Marita Verón y todas las mujeres víctimas de las redes de trata; por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios; por los derechos de las mujeres trabajadoras. Basta de femicidios. “Ni una menos! Ni una muerta más… Nos queremos vivas!”.

El documento completo y galería de imágenes de FM De la Calle AQUÍ.

desbandadas efemedelacalle

(Por Alfredo Grande) Varias veces he insistido en la extrema disociación entre democracia y estado benefactor. O sea: el terrorismo de estado anula la democracia, aún la más superficial. Pero la democracia no anula todas las formas de estado terrorista. Creo que es necesario definir el concepto de Terror. León Rozitchner escribió mucho sobre como el terror construye subjetividad. He tomado mucho de sus ideas e intento amplificarlas en lo que he bautizado como “psicoanálisis implicado”.

Mi primer libro publicado por la Agencia de noticias Pelota de Trapo se llama: “Crónicas de Trapo desde el psicoanálisis implicado”. Lo he definido como un “analizador del fundamento represor de la cultura”. La cultura represora tiene su máxima expresión en el terrorismo de estado, pero tiene múltiples expresiones en las democracias superficiales. Desde la masacre de Budge hasta los tarifazos.

Sobran los ejemplos y no hay organismo de derechos humanos que no haya denunciado y combatido estas formas del fascismo camuflado. Democracia o dictadura es una fórmula encubridora. Puede haber democracia y dictadura. Después de todo, hasta un asesino serial puede ser tierno con su familia. Pero creo que los globos de la democracia han impactado demasiado como un bien en sí mismo. Es decir: a un dispositivo lo hemos clonado en un valor. Y la democracia no es un valor. No es el bien y mucho el menos malo. El posibilismo, la resignación, el minimalismo fundamentalista de los demócratas, los meritócratas, los burócratas, tiene como uno de sus orígenes la idealización del voto y la entelequia de la voluntad y el poder popular.

“En la cultura represora
siempre el remedio
es peor que la enfermedad.”
(Aforismo implicado A. G.)

Para ilustrar: desde la conadep, el juicio a las juntas, los juicios de lesa humanidad lo que está en el banquillo de los acusados son personas. O sea: conductas concretas tipificadas como delitos. Menos el de genocidio. Creo que la única excepción es un fallo no fallado del juez Rozanski. Lo que nunca se juzgó políticamente es a las fuerzas armadas para asesinar. Si los bancos salieron airosos de todas las crisis, las fuerzas armadas, como institución, también.

Se han abierto delivery del ejército, marina y aeronáutica. Gendarmería, policías municipales, barras bravas, las “batatas” del sindicalismo ocre, etc. El monopolio de la fuerza pública tiene muchas sucursales, pero la casa central sigue siendo el Estado Represor y Democrático. Como éramos pocos, parió la abuela fascista. El decreto 721/2016 publicado en el boletín oficial por el gobierno nacional deroga el decreto 436/84 firmado por el ex presidente Raúl Alfonsín que determinaba un control civil sobre las Fuerzas Armadas para la democracia. Control relativo pero control.

Gradualmente, o de golpe, las fuerzas armadas volverán a ser el brutal ejército de ocupación que, desde Roca al menos, siempre fueron. Y serán. Pronto le pedirán perdón por los juicios de lesa humanidad. Y habrá una estatua a Videla. Ya empezó Prat Gay pidiendo perdón por el sufrimiento de los capitales españoles. No sabía que los capitales sufren. Ese perdón es una forma nada larvada de traición a nuestra patria. Es el mismo espíritu que ordenó amputar nada menos que nuestro himno nacional.

Para mayor penuria, el abrazo de Hebe de Bonafini con el General Milani anticiparon estos males. Hebe, la gran luchadora contra la dictadura militar, indultó a las Fuerzas Armadas al abrazarse con su jefe mayor. La agrupación HIJOS de La Plata fue duramente cuestionada al quemar dos muñecos que simbolizaban ese abrazo siniestro. Hasta remover esa yerba mala de nuestra democracia, mucha sangre será nuevamente derramada. Ya lo está siendo porque desocupación, tarifazos, inflación, amenazas laborales, es anticipar la muerte. Es la muerte en vida. Mantengo una profunda convicción: a las fuerzas armadas el pueblo no las abraza.

Desde la Colectiva Feminista de Bahía Blanca convocaron a “encontrarnos para gritar y denunciar que no queremos Ni Una Menos”. Desde las 16:30 sonarán en la Plaza Rivadavia las cuerdas de candombe llamando a la movilización que comenzará a las 17.

“Un año pasó de la histórica jornada del 3 de Junio de 2015, donde centenares de miles, en todo el país, expresamos en las calles el grito profundo de #NiUnaMenos. Sin embargo los casos de femicidios no cesan y por el contrario, aumentan. En todos estos hechos, confluyen todo tipo de violencias hacia las mujeres y las niñas: institucional, simbólica, mediática. Las trabas y las desviaciones del foco de atención hacia la culpabilización de las víctimas y su entorno son moneda corriente, y las legitiman los propios funcionarios públicos, los medios de comunicación, y la sociedad en general”, aseguraron desde la Colectiva.

Agregaron que “son muestra más que suficiente de este sistema patriarcal que se pone de manifiesto y continúa instalado como reproductor de un régimen social que está putrefacto. El Estado tiene responsabilidades fundamentalmente para evitar la situación en la que miles de mujeres nos encontramos hoy; aún seguimos esperando que las promesas se materialicen”.

Por todo esto volvemos a decir:
Basta de violencia hacia las mujeres
Basta de vaciamiento de políticas de protección a la mujer
Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito
Basta de impunidad! Que aparezcan con vida ya Andrea Esnaola, Maria Cash, Marita Verón y todas las mujeres víctimas de las redes de trata
Por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios
Bastaa de feminicidios
Por los derechos de las mujeres trabajadoras
EL ESTADO ES RESPONSABLE
NI UNA MENOS, NI UNA MUERTA MAS, VIVAS NOS QUEREMOS

niunamenos

La responsabilidad de funcionarios municipales, medios de comunicación e integrantes de las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial en el femicidio de Micaela Ortega (12) fue motivo de manifestaciones en la sesión del Concejo Deliberante de este jueves. Hoy a las 17 en Plaza Rivadavia se realizará la movilización por #NiUnaMenos.

Desde Integración Ciudadana, Miriam Iantosca dijo: “Ya va a volver. Es una travesura. Se fue por sus propios medios. Mientras que pasaban los días fueron las palabras que escuchó su familia, su madre, cuando se encontró con funcionarios que no le creyeron. Y eso es lo que manifestó su madre cuando nos visitó aquí en el Concejo. Fue la culpa de Micaela que aumentaron los robos en la ciudad. Fue la culpa de la familia. ¿Fue la culpa de la escuela? ¿Fue la culpa de las redes sociales? ¿Lo que usaba o dejaba de usar? Cuántos dichos, por favor. Cuántas frases y actitudes machistas. Violación de la privacidad de la familia y de los derechos humanos de la menor”.

“También se escuchó: es difícil buscar a alguien que no quiere ser encontrado. Lo dijo la persona encargada y responsable de la seguridad de la ciudad. Aunque gracias a dios esas palabras no desalentaron el esfuerzo de muchos que siguieron buscándola, investigando y acompañándola. Y quiero creer que no es verdad que se mostraron y divulgaron algunas de las comunicaciones de la menor. Cuánto para revisar que tenemos”, concluyó.

“El femicidio constituye un fenómeno global que ha alcanzado proporciones alarmantes en el mundo, sus víctimas son mujeres en diversa etapa de desarrollo, condiciones y situaciones de vida”, leyó la concejala del Frente para la Victoria Paola Ariente. “Los Estados deben contar con sistemas de justicia adecuados que aseguren a las mujeres víctimas de la violencia el acceso a los mecanismos de justicia penal y restaurativa. Investigar y analizar una muerte violenta desde la perspectiva de género permite evitar juicios de valor sobre las conductas o el comportamiento anterior de la víctima y romper con la carga cultural  y social que responsabiliza a la víctima de lo que pasó”.

“Las personas intervinientes en las diferentes etapas de la investigación deben prestar atención a los prejuicios obvios acerca de los roles que supuestamente deben cumplir las mujeres y las niñas en las sociedades, ya que por su aparente carácter incuestionable no suele ser evidente ni para la justicia ni para la sociedad. Por eso, y en vísperas de una marcha, es que necesitamos que se haga cada vez más fuerte y más colectivo el grito de ‘ni una menos'”.

La concejala de Compromiso Bahía, Vanina González, manifestó que “Bahía está de duelo” y que la sociedad tiene que replantearse lo que se hizo. “Micaela marcó un antes y un después en Bahía Blanca, necesitamos un trabajo conjunto, pero un trabajo serio y comprometido para prevenir estos casos. (…) Puede ser uno de nuestros hijos, tenemos que cambiar la mentalidad, no se trata de juzgar a un adolescente, no se trata de detenerse a ver cómo se vestía o en las fotos que se sacaba”.

Martín Salaberry (FULT) recordó que “se escuchó por los medios plantear que en virtud de la carta que había dejado Micaela podría haber sido una travesura de una persona menor y que podría haber regresado al otro día” y afirmó que “el Estado no puede dudar cuando hay una persona que es desaparecida”.

“Hay que ir más a fondo y encontrar los responsables desde el Estado de esta salida transitoria que fue violentada, que venía desde el año 2014 en la provincia de Río Negro, de una persona a la cual se le da la salida transitoria pero que nunca vuelve al lugar donde debió haber estado que es la unidad penitenciaria de Gral. Roca”, dijo.

“Este es un momento de silencio y acompañamiento a los padres, familiares y amigos, entendemos que de acá a un tiempo se tendrán que hacer los análisis y evaluaciones correspondientes, seguramente el señor intendente cite al Consejo de Seguridad para realizarlos”, expresó Sergio Massarella (FpV).

La oficialista Soledad Martínez opinó que “no podemos permitir como sociedad más femicidios y violencia de género en todas sus formas, la expresión ‘ni una menos’ nos compromete a pensar y abogar por una sociedad más justa, debemos construir un mundo basado en la igualdad de derechos y oportunidades”.

En línea con la lucha contra los “enemigos” que integran “grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud”, declarada por el intendente Héctor Gay en su arenga del 25 de mayo, el municipio convocó a un espía del servicio de inteligencia de la dictadura como jurado de un concurso fotográfico.

Se trata del ex “agente de reunión” del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército, Gustavo Jorge Lobos, quien “debido a su trayectoria y prestigio”, brindó “su colaboración de manera gratuita” en la iniciativa “Retratando mi ciudad“, avalada por el Instituto Cultural a cargo de Ricardo Margo. El funcionario ya le había abierto las puertas del palacio comunal para que el ex espía organizara la muestra “30 años 30 fotos”, una retrospectiva de su maestro Pedro Luis Raota.

El Destacamento de Inteligencia, en el marco de la “lucha contra la subversión“, reglamentariamente realizaba tareas de reunión de información, contrainteligencia, sabotaje, subversión, y actividades psicológicas secretas respondiendo órdenes del Departamento II Inteligencia del Comando del V Cuerpo de Ejército. Varios de los jefes del ex fotógrafo de La Nueva Provincia fueron condenados a prisión perpetua por su participación en crímenes de lesa humanidad.

La pertenencia de Lobos al sistema central del genocidio quedó en evidencia con la publicación de la “Nómina del Personal Civil de Inteligencia que revistó en el período 1976/1983” publicada por el Archivo Nacional de la Memoria en 2010. El docente de la diplomatura de Arte Fotográfico de la Universidad Salesiana compartía el prontuario con los ex Triple A Miguel Ángel y Héctor Oscar Chisu, el ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones Néstor Luis Montezanti, el todavía juez de faltas Ricardo Antonio Germani y el “periodista” del diario de Vicente Massot, Jorge Soldini.

lobos muni efemedelacalleRespecto a la existencia de civiles de Inteligencia en el staff de La Nueva Provincia, el fiscal Miguel Ángel Palazzani dijo meses atrás a FM De la Calle que “es simbólico por lo que significa un fotógrafo como PCI, la posibilidad que da ese disfraz de trabajador de prensa pero cumpliendo otro rol claramente criminal porque estaba colaborando con el secuestro y las muertes posteriores”. La investigación de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad probó que LNP y los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas mantenían “una relación fluida y justamente hacían operación psicológica e inteligencia, incluso más, los reglamentos marcan esa relación”.

“Dice que el oficial de inteligencia y el oficial de operaciones psicológicas forman un equipo. Y que por momentos incluso en la sala de torturas, para dejar los eufemismos de lado, el oficial de inteligencia requerirá de la acción psicológica para que le indique qué interrogar. Porque el que hizo acción psicológica sabe en otro plano dónde estaba situada la víctima, en qué lugar -la universidad, el gremio, el barrio, la parroquia- las personas de acción psicológica tenían por lo menos que abastecer a la inteligencia de ese tipo de información para saber qué preguntar”, explicó Palazzani.

El verdadero corazón del plan de exterminio fue el Batallón 601 ubicado en la esquina porteña de Callao y Viamonte. Como señaló el abogado y ex preso político Jorge Pedraza, de “la totalidad del Personal Civil de Inteligencia que revistaba en el organismo, unos 800 lo hacían como Agentes de Reunión (como Lobos o Germani) y Agentes de Producción, que eran quienes se infiltraban en sindicatos, universidades, y organizaciones políticas y sociales para recabar información (buchones)”.

“Los encargados de analizar y clasificar estos informes eran los Agentes de Apoyo y Procesamiento, 475 en total, repartidos en distintas especialidades: agentes, asesores generales, asesores informáticos y asesores universitarios (como Montezanti). Estos últimos eran en su mayoría docentes que monitoreaban los contenidos académicos en busca de posibles ‘mensajes subversivos’ camuflados. Se los consultaba además sobre las distintas actividades estudiantiles que se desarrollaban en sus universidades.

“La información clasificada era la base sobre la cual se definían los ‘blancos’ para los Grupos de Tareas. Por último estaban los Agentes de Seguridad, el grupo más numeroso con alrededor de 900 hombres, que podían ser eventualmente utilizados en los operativos”.

“Nuestra idea era plasmar en fotografías cómo los jóvenes ven los distintos paisajes urbanos y naturales de la ciudad. Próximamente vamos a repetir el concurso”, dijo la directora de Juventud pro, Florencia Bustelo. Tiempo de “argentinos que queremos restaurar valores”, “argentinos de bien”, diría el intendente.

No sean tibios. Digan whisky!

lobos

(Por Helen Turpaud Barnes) Hagamos por un momento un ejercicio mental. Pensá en todas las veces que –si te identificás como mujer- un varón “te tiró onda” y vos lo rechazaste, o bien en las veces que decidiste cortar con un hombre, o cuando pretendiste sentar posición sobre cómo y cuándo tener relaciones sexuales o no con un hombre.
O pensá en las veces en que le cuestionaste a un familiar o compañero de trabajo un comentario machista o le tuviste que poner los puntos por ocupar tu espacio personal a un varón en un transporte o la cola del supermercado. Pensá en todas las veces en que te enfrentaste a ALGO que dijera un varón sobre las mujeres. Recordá si se puso a pensar y te reconoció algo de razón. O si no hizo nada de eso. Pensá en cómo reaccionó, recordá si se empezó a reír de vos, si te insultó, si dijo que él sí estaba a favor de la igualdad entre varones y mujeres (mientras desautorizaba tu palabra como mujer). Recordá si te empezó a sobrar, si buscó una carcajada cómplice entre sus amigos, si te “ensució” en las redes sociales, si te la siguió, si se hizo el que no entendía, si te hostigó, si se victimizó, si te siguió camino a tu casa, si te mandó al frente, si siempre hace chistes sobre vos aun cuando sigas siendo su amiga, novia, hermana o colega. Recordá si se enojó, si te pasó factura, si te tiró el cuerpo encima, si te golpeó, si se hizo el ofendido o el resentido de ahí en más por toda la eternidad, si te castigó con el silencio, si se muestra siempre incómodo con vos, si dice que sos una amargada. O si simplemente siguió tratándote como siempre o incluso empezó a plantearse su lugar como varón.
Todas las personas tenemos una cuota de narcisismo, no siempre aceptamos tranquilamente cuando nos dicen que no a algo. Pero hay subjetividades en que esta cuota de narcisismo se fomenta con creces. La subjetividad masculina es particularmente sensible a que se le diga que no. En cambio, a las subjetividades femeninas se nos forma en el desapego, la abnegación, la renuncia, la culpa por no satisfacer al otrO. AMBAS subjetividades son un problema y deben ser puestas en cuestión.
A partir del descubrimiento del cuerpo de Micaela Ortega el pasado fin de semana cientas de personas salieron a la calle en Bahía Blanca. Sin tener aún demasiados datos, aparentemente una de las “razones” aducidas por el femicida confeso para asesinar a la niña fue que esta no habría querido “tener relaciones sexuales” con él. Las reacciones de la opinión pública repiten a menudo un mismo patrón: la tendencia a llamar al femicida “monstruo”, “enfermo”, “inhumano”. El femicida es nombrado desde la subjetividad “indignada” en términos que lo destierran del terreno de lo humano. El femicida para muchos/as excede los límites de lo comprensible en nuestra sociedad, aparentemente tan ajena a su existencia.
Cuando a principios de 2007 una compañera feminista me dijo “el violador no es un enfermo, sabe muy bien lo que hace” me sonó casi a justificación de la violencia machista. Yo frente a esos hechos en cambio me “escandalizaba”. El escándalo es la reacción de la pretendida supremacía moral: me “horrorizo” ante lo que es demasiado malo para mí, que soy buena, que no tengo ninguna responsabilidad en lo que pasa.
Sin embargo, esa compañera feminista tenía razón, y ahora me toca intentar explicar eso que en su momento me pareció increíble: el violador, el femicida, el golpeador, no son enfermos, no son monstruos, no son inhumanos. Son más bien SANOS HIJOS DEL PATRIARCADO: son los elegidos por la sociedad patriarcal para ejercer el terrorismo machista que “hace falta” para controlar a las mujeres. Los femicidas son simplemente las fuerzas armadas de un sistema que intenta en primer lugar doblegar a las mujeres “por las buenas”, pero que cada dos por tres debe hacer un despliegue de poder asesino para “mostrar quién manda” (cada vez más seguido, porque se está notando que ya no nos creemos las “buenas” intenciones de los “protectores”, los “caballeros”, los “proveedores”, los “progres que se unen a la causa” solo en la superficie). El femicidio es simplemente un modo más de la pedagogía machista.
Y no es que todo femicida sea consciente de su rol “pedagógico”. Pero si hoy te da terror lo que le pueda pasar a tu hija o amiga o alumna, es porque el mensaje del femicida llegó. Un método educativo de una eficacia envidiable. Por eso hay que luchar por otro mensaje. El mensaje de la rebeldía, la justicia, la autonomía de niñas y mujeres.
Un femicida no “nace” así: es un producto social. No es un enfermo. Son muy pocos los casos en que coincide la conducta femicida con la patología mental. La antropóloga argentina Rita Segato hizo un trabajo de investigación con agresores sexuales de una población carcelaria brasileña. (El trabajo se titula “La estructura de género y el mandato de violación” y se encuentra en el libro Las estructuras elementales de la violencia.) Su estudio apuntaba a verificar si había alguna condición patológica común a los abusadores sexuales, fueran o no además femicidas. El resultado fue negativo. Sin embargo, encontró con que sí había otro elemento en común: la concepción sobre las mujeres que tenían. En todos los casos, los violadores pensaban que las mujeres eran sujetos que ellos tenían derecho a considerar de su propiedad, que debían someterse a sus designios, y que debían “castigar” si no lo hacían. Y, oh, casualidad, esta es una concepción extendida en la gran mayoría de la población sin solución de continuidad entre el o la machista que conocemos de todos los días y el femicida (quizás conozcamos a ambos). Y el cuerpo femicida por excelencia es el cuerpo del varón: la gran mayoría de las mujeres asesinadas mueren a manos de varones, lo mismo que la gran mayoría de los hombres asesinados.
El femicida (así como el violador) es un sujeto profundamente moral. Digo esto en el sentido de que su función social es la de “enseñar”, “disciplinar” y “servir de ejemplo” para las demás mujeres, para que “aprendan” a vestirse “modestamente”, para que la única capacidad en el planeta que reconozcan sea la fuerza física (así ellas se olvidan de todas sus propias capacidades), para que subordinen su sexualidad a la del macho.
¿Y cómo “se hace” un femicida? Un femicida “se hace” gracias a muchas instituciones que hoy siguen sin ser mayormente cuestionadas. La familia les enseña a los varones que estos deben creerse fuertes, campeones, importantes, racionales, invulnerables, “ganadores”. La familia machista educa “machos” (descarados o camuflados), no varones de masculinidades deconstruidas. La escuela reproduce esto. Las/los docentes hablan de los cuerpos de las chicas en los colegios como algo que deben “patrullar” porque “ya sabemos lo que pasa”. Un sobreentendido que ubica a las/los docentes misóginas/os en el lugar del “sentido común”: se autoadscriben un saber ancestral de lo “inevitable” que ¡quiénes somos las docentes feministas para venir a cuestionar! Y si la escuela no logra “disciplinar” a las chicas que desean libertad, ya vendrá un violador o un femicida a disciplinarla para que los sectores educativos conservadores tengan el secreto placer de poder decir “¿viste?, no justifico, pero así terminan” y recordárselo pedagógicamente a las chicas cada vez que renuevan un código de vestimenta sexista por enésima vez. Una teleología escolar machista.
Los medios de comunicación, lo sabemos, refuerzan todo esto sin dudar: hipersexualización de las niñas, exposición de los cuerpos de las mujeres como adorno u objeto a comentar, ridiculización o farandulización de las trans, etc. El hallazgo del cuerpo de Micaela antecede amargamente por pocos días al momento en que Tinelli vuelve con su programa a la televisión argentina.
Un femicida no viene de Saturno ni es un niño feral: aprende lo mismo que el resto de los seres humanos. Pero tiene una misión un poco más arriesgada: matar niñas y mujeres de vez en cuando. Hacen el trabajo sucio que resulta “lamentable” pero aleccionador para la misoginia social que ostenta la gran mayoría de la gente. Son los señores de “seguridad” que llaman en un casino cuando las mujeres ya no queremos hacerle caso al circunspecto mafioso de guantes blancos quien a veces hasta nos “trata bien”. Los femicidas cumplen una función sagrada frente a nosotras las brujas profanas: son los verdugos de una Inquisición de machos que nos dice que nos quiere “proteger” del mal (que son ellos mismos). Y para la “disciplina cotidiana” ya están el resto de los varones y mujeres machistas de todos los días.
Entonces, ¿recordaste la reacción de los varones a quienes rechazaste, cuestionaste o remplazaste en algo? ¿Conocés las risotadas, los chistes, los silencios, las calumnias, el hostigamiento, la invisibilización, el resentimiento o los golpes de quienes se “ofendieron”? ¿Ya conocés sus “castigos”? Y por otra parte, ¿conocés a los que NO reaccionan así, a quienes se cuestionan sus privilegios, a quienes no vienen a explicarte cómo es el mundo, a quienes saben que NO ES NO? Bueno, ya sabés entre quiénes “se forman” los femicidas. El femicida se parece mucho a tu patrón cuando te subestima por ser mujer, al tío que hace chistes machistas en los asados, al que jamás acepta que una mujer “le” haga el asado, al que acosa a una alumna, al que se siente humillado si su esposa maneja y él va al lado, al operario que le dice a una mujer que algo mecánico es “peligroso” solo para asustarla y divertirse con su susto, al señor mayor que invade tu espacio personal en el colectivo. Las mujeres también tienen estas ideas, ya lo sabemos. Pero los cuerpos que matan son los de las masculinidades hegemónicas, no los de las mujeres, y hasta la mujer más machista puede ser víctima de un femicida: acordate. Y no hace falta decir “no todos los hombres”. Quienes no sean ese “todos” están ocupados cuestionando sus privilegios, sumándose a la lucha feminista.
El femicida es, simplemente, un machista común y corriente que un día mató. No me agrada usar metáforas médicas para describir realidades sociales, pero si hay alguna enfermedad en el femicida esa enfermedad se llama machismo. Casi todo el mundo tiene gripe, pero en algunos casos se vuelve mortal, no son dos enfermedades diferentes. Lo mismo con el machismo.
Por Micaela Ortega, por todas. Por las que están, por las que no están. El 3 de junio volvemos a la calle. Por justicia y por otro NI UNA MENOS.

La abogada de la familia de Micaela Ortega, Fernanda Petersen, dijo a FM De la Calle que trabajan en la reconstrucción de los hechos ocurrido el 23 de abril para “saber qué es exactamente lo que pasó y poder acreditar la totalidad de los agravantes que se le han imputado a (Jonathan) Luna el día que se negó a declarar, que es el homicidio agravado criminis causa”.

“Esto es: que mató a la víctima para ocultar otro delito agravado por alevosía y por violencia de género, es decir, por femicidio. Creemos que el móvil de Luna era el abuso sexual y ante la imposibilidad de llevarlo adelante mató a Micaela y luego, como última alternativa, robó alguna de sus pertenencias”.

El martes la madre y el padre de Micaela se reunieron con la dra. Rodríguez, secretaria de la Fiscalía, quien los acompañó y contuvo desde lo personal durante la búsqueda. “La investigación obviamente que tiene fallas porque si no no se hubiera llegado a este desenlace, no me refiero solamente a la muerte de la nena, sino que se podría haber dado con ella antes y se hubiera evitado este calvario de 35 días de búsqueda donde no solamente la familia sino toda la sociedad estaba involucrada”.

“No podemos ser tan ingenuos de pensar que no va a haber más casos como el de Micaela en Bahía Banca o en la zona y las fuerzas de seguridad no están capacitadas para investigar un hecho por fuera de lo que se denomina inseguridad o un robo común o un robo simple. Lo toman en principio como una cuestión intrafamiliar, que es una discusión”, comentó Petersen y agregó que “lo primero que se hace es victimizar a la víctima olvidando el rol que tiene dentro de la investigación que es esto, el de víctima. Probablemente el desenlace lo demuestre pero, mientras tanto, se van investigando y se van poniendo en tela de juicio actitudes o características de la personalidad y eso influye en la mirada que se le da desde lo judicial y desde lo político a la investigación”.

La abogada destacó que “la realidad es que en esto se demuestra que el Estado es responsable. Es responsable por la falta de asignación de recursos, porque no supervisa y porque cuando hay que dirigir una investigación en la cual lo que se investiga es la posible muerte de una mujer, el cometimiento de un femicidio, todavía no estamos a la altura de tener una investigación con perspectiva de género y de comprender realmente cuál es la problemática que se está atravesando”.

En cuanto a la estigmatización de Micaela, Petersen opinó que “determinados medios de comunicación lo pusieron como tema fundamental, que tenía determinada cantidad de perfiles de Facebook, cómo se vestía, si era o no adecuado su comportamiento para su edad. Desde el poder político local también, desde el momento en que el intendente dice que Micaela era la responsable por su búsqueda de que hubiera hechos de inseguridad en la ciudad -el secretario de Seguridad es responsable de esta situación- demuestra que se minimiza la búsqueda cuando se trata de una niña y más si se trata de una niña que no pertenece a determinada clase social o a determinadas familias o casta bahiense”.

“Todo lo que dijo la madre desde el primer momento, que Micaela había sido captada por las redes sociales, que había sido víctima de esto, el sábado a la noche quedó acreditado y todo lo que desde el poder político y desde determinados medios de comunicación se decía, una vez más lo que muestra es el prejuicio y el desconocimiento de la problemática que atañe a todas las mujeres y que no es casualidad que estemos de vuelta frente a la movilización del 3 de junio del #NiUnaMenos”, dijo.

Sobre la situación de la concubina de Luna, María Espinosa, la abogado aseguró que “podría haber tenido otro tipo de actitud” para colaborar con la investigación y por eso analizarán “las posibilidades de futuras imputaciones”. Por otra parte, adelantó que pedirán el juicio político al juez de Ejecución Penal Pablo Chirinos, quien autorizó la salida transitoria del acusado que posibilitó su fuga, porque “tal vez si esta persona no hubiera estado en libertad, Micaela hoy estaba con vida”.

(Por Francisco J Cantamutto) Se trataría el día de hoy en Diputados el proyecto de ley ómnibus del gobierno, mezclando un reclamo justo con una gigantesca estafa.

Cambiemos vuelve a mostrar que sabe hacer política, que no son unos improvisados. Recuperando la iniciativa, enviaron un proyecto de ley ómnibus que mezcla temas y problemas, opacando el debate y manejando la agenda de debate. Este punto es central, pues de esta forma oblitera el veto a la ley anti-despidos, del que nos separa menos de una semana. Modificando la agenda a altas velocidades, dificulta la constitución de una agenda sostenida que, en el debate, mostraría sus claros sesgos de clase.

El proyecto de ley busca tratar a un mismo tiempo varios asuntos diferentes, sintéticamente reunidos entre la Amnistía Fiscal y el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Al enredar un nuevo blanqueo de capitales con aumentos en haberes jubilatorios, genera falsas impresiones para lo que en rigor es una nueva estafa.

La ley de blanqueo

El estallido de los Papeles de Panamá ha puesto en el centro de atención las prácticas fraudulentas del capital, que se aprovecha de legislaciones laxas para evadir impuestos y regulaciones. Esto incluye el lavado de dinero de actividades ilícitas, como narcotráfico o trata de personas. Este escándalo involucra de lleno al presidente Mauricio Macri, del que se han detectado al menos 3 cuentas offshore no declaradas. Esto incluye a la ahora famosa Fled Trading, que el presidente no declaró, luego negó que haya tenido actividad, y ahora se supo que desarrolló el millonario negocio de Pago Fácil en Brasil. Macri además incorporó en su última declaración jurada, una cuenta en Bahamas –otra cueva fiscal- por 18 millones de dólares, que ofreció repatriar porque, según parece, tras medio año de su propio gobierno, empieza a confiar en sí mismo.

Resulta difícil de creer que gobiernos asociados a los propios capitalistas que practican estas maniobras vayan a alterar sustancialmente el mecanismo, pero sí pueden tomar algunas medidas que calmen al público indignado. Ha llegado la hora de una nueva ronda de lavado. La Ley de blanqueo de capitales, llamada de manera irónica Amnistía Fiscal, se propone habilitar el ingreso de dinero a la economía formal sin investigar ni preguntar nada por su origen. Se calcula que habría entre 270.000 y 440.000 millones de dólares fugados del sistema económico, disponibles para ingresar al blanqueo. Este dinero puede estar en cuentas o colocaciones en el exterior, pero también en cajas de seguridad dentro del país. Por presión del pan-radicalismo, la tratativa en el Congreso quitó la posibilidad de ingresar al blanqueo a funcionarios públicos con cargos activos en los últimos 5 años.

Como en cada ocasión que esto ocurre, el gobierno afirma que este será el último canje, y que al dar garantías –certidumbre- al capital será un éxito. En esto, no se distingue de los 9 blanqueos que hizo el kirchnerismo desde mediados de 2013, mediante los cuales habría logrado captar unos 2.370 millones de dólares colocados en títulos públicos (Cedin y Baade). Cambiemos es más ambicioso y busca captar casi diez veces esa cifra, unos 20.000 millones (aunque mencionaron también un objetivo superior de 60.000 millones). Para distinguirse de sus predecesores, impone una “multa” a los capitales blanqueados, que arrancan en el 5% para sumas de entre $305.000 a $800.000 y 10% por montos superiores, tasa que se incrementará el año entrante. Esta “multa” es una broma por permitir blanquear capitales y evadir impuestos por montos muy superiores (IVA, Ganancias, Bienes Personales, etc.). Se propone destinar esta recaudación directamente a ANSES.

La reparación jubilatoria

Los juicios a la ANSES por actualización de haberes constituyen una verdadera maquinaria perversa. Aprovechando las múltiples formas de la precarización y flexibilización laboral, los pagos de jubilaciones y pensiones comenzaron a atrasarse de manera sistemática durante la Convertibilidad. Esto da inicio a reclamos de los beneficiarios por recomposición de sus haberes, en juicios que cobran algunas veces tarde, y otras nunca llegan a ver. El reclamo por recomposición de las jubilaciones y pensiones es histórico y tiene múltiples ribetes. Las moratorias jubilatorias del kirchnerismo sirvieron para ampliar el universo de cobertura –que hoy llega al 97%- pero no atendieron a este problema de los montos cobrados. El fallo de la Corte Suprema por el caso Badaro tiene años sin surtir efecto en los pagos.

Cambiemos toma así una demanda justa (el aumento de los haberes), pero para hacerlo nos extorsiona con su ley de blanqueo de capitales. Alegando que los recursos de ANSES son insuficientes para hacer estos pagos, proponen financiarlos con las penalidades cobradas a los blanqueadores. De acuerdo con los objetivos declarados de 20.000 millones de dólares que ingresen, esto significaría $300.000 millones, que con una tasa máxima del 10%, significarían $30.000 millones para la ANSES. Esta cifra no alcanza ni la mitad de lo que hoy rinde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que mediante diversas colocaciones genera unos $75.000 millones al año. Las penalidades del blanqueo, además, servirían por única vez, y no como un flujo de ingresos. A todas luces insuficientes, el titular de ANSES, Emilio Basavilbaso reconoció que podrían obtener más recursos vendiendo las participaciones que tiene el organismo que dirige en 45 empresas privadas.

He allí el meollo de este segundo asunto: el gobierno pretende deshacerse de las participaciones estatales en empresas privadas, legado de la estatización de las AFJP. Aunque sólo en pocos casos esta participación fue conflictiva, al gobierno le resulta ideológicamente indigerible, y bien podría tratarse a ésta como la primera privatización macrista. Los beneficios de esta venta para ANSES están por verse.

La ley de blanqueo y la venta de acciones serían ingresos por vez única, lo que no permite sostener pagos sistemáticos a jubilados y pensionados. A esto debe sumarse los despidos, que erosionan la base de aportantes, lo que da poca credibilidad al anuncio. Aún más, el proyecto de Primer Empleo enviado al Congreso propone, igual que hiciera Cavallo, reducir los aportes patronales para teóricamente fomentar la contratación en blanco. Esto no ha funcionado en Argentina ni en otros países del mundo: su efecto será menores aportes a ANSES. Todo esto contribuye al desfinanciamiento de la caja jubilatoria, que el gobierno deberá resolver en los años por venir. La toma de deuda o nuevas privatizaciones no deben descartarse.

La ley de blanqueo es un auténtico desfalco, pero también una demostración de habilidad política de Cambiemos y falta de compromiso popular real de la mayor parte de las otras fuerzas políticas en el Congreso –que juegan el juego del gobierno. No debe confundirse su profundo sesgo ideológico liberal con torpeza: esa subestimación facilitó que ganaran la elección de 2015. Analizar el carácter regresivo de la medida no debe hacernos perder nuestra agenda.

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires manifestó su oposición a los proyectos de ley 0007-PE-2016 de “Técnicas especiales de investigación” para delitos complejos y el 1345-D-2016 que incorpora la figura del “arrepentido”-, y manifestó su preocupación ante su tratamiento apresurado, sin consulta ni previa convocatoria al debate a juristas y organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. Ambos ayer obtuvieron media sanción en Diputados.

“Estos procedimientos resultan de dudosa constitucionalidad y atentan contra las garantías del debido proceso. Están inscriptos claramente en la doctrina de las ‘nuevas amenazas’ según las líneas de trabajo trazadas por las agencias internacionales especializadas de los Estados Unidos -con las que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, mantuvo numerosas reuniones durante estos meses- y se contraponen con el tratamiento de la problemática desde una perspectiva de derechos humanos”, advirtieron.

Los proyectos pretenden incorporar las figuras de “agente encubierto”, “agente revelador” , “entrega vigilada” que implican la intervención e infiltración de agentes de las fuerzas policiales y de seguridad en la trama delictual, en pos del esclarecimiento de delitos o redes delictivas. Se pretende también incorporar al “informante”, quien actuará en el proceso bajo reserva de identidad a cambio de una compensación económica o un beneficio procesal. Por otro lado, se pretende ampliar la figura ya existente del “arrepentido”, a quien se le podrá reducir o incluso eximir de pena a cambio de información que sirva para esclarecer otros delitos.

En reiteradas oportunidades la CPM se manifestó en contra de políticas y proyectos que, como éstos, proponen la eliminación de garantías fundamentales mediante regímenes de excepción. Tal fue el caso de la sanción de la denominada ley antiterrorista. También ha sido reiterada la denuncia de la militarización de los barrios pobres mediante fuerzas federales no previstas para la interacción con la población civil, en el marco de la proclamada guerra contra el crimen o el narcotráfico.

La llamada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado operan hoy legitimando un nuevo paradigma belicista de las políticas públicas en materia de seguridad en el que claramente se inscriben los proyectos, en procura de- según los objetivos difundidos- “dotar a la Justicia y a las fuerzas de seguridad y policiales de nuevas herramientas para la investigación de los delitos complejos”.

La CPM destacó que en nuestro país las fuerzas de seguridad y policiales actúan como reguladores de la expansión del narcotráfico y el crimen organizado. Los casos de las policías de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba así lo demuestran. En ese contexto, dotar a esas fuerzas de estas arbitrarias y cuasi ilegales herramientas investigativas solo ahondarán su involucramiento con estas modalidades delictivas.

“Particularmente preocupante resulta el intento tácito de incluir a estas figuras en los delitos de lesa humanidad, lo que encubre la posibilidad de aplicar una ‘obediencia debida’ o ‘indulto’ de carácter judicial. De acuerdo a los compromisos internacionales que tiene nuestro Estado y refrendados por leyes nacionales, estos crímenes no pueden ser pasibles de amnistía, indulto ni conmutación de penas”, opinaron.

El organismo mostró además su preocupación por “la reafirmación del sistema inquisitivo –en abierta contradicción con el nuevo Código Procesal Penal de la Nación que se encuentra a la espera de aplicación efectiva-, ya que la utilización y aplicación de estas técnicas de investigación en muchos casos quedan al arbitrio de los jueces de la Nación, en desmedro de los fiscales. Esta situación se agrava con la injerencia del Poder Ejecutivo en el proceso penal, a través del Ministerio de Seguridad”.