Para el secretario general de la Federación Judicial Argentina “el sistema judicial está en crisis” en su conjunto. Durante uno de los plenarios que llevó adelante el senado, en los realizaron intervenciones diferentes especialistas e integrantes del poder judicial, “una ex jueza, docente universitaria, mencionó un dato de la Universidad Católica que señala que el noventa por ciento de la población descree de la justicia. No hace falta ser sociólogo ni hacer ninguna encuesta. De una justicia que es una estructura del estado que tiene características alarmantes, ninguna virtuosa: es jerárquica, profundamente antidemocrática, patriarcal.

El dirigente gremial recordó una caracterización del ex fiscal Hugo Cañón: ”hay un grupo reducido de jueves que son excelentes. Hay otro grupo mucho más reducido que son mala gente, que no tendría que estar en el poder judicial. Y hay una enorme mayoría de mediocres que lo único que esperan es llegar a fin de mes para cobrar el sueldo. Una enorme cantidad de personas que son presionables. Que van de un lado para otro”.

En la Argentina, “se caracteriza la Justicia por lo que pasa en Comodoro Py. Y el sistema judicial es muchísimo más que eso. Esta reforma se ocupa de una parte muy chiquita del poder judicial que es la parte del fuero penal”.

Para la federación “lo que se busca políticamente es diluir el poder de un grupo reducido de magistrados y de magistradas que han venido haciendo de las suyas, no solamente en los últimos cuatro años”.

¿Qué plantean los trabajadores y las trabajadoras? En primera medida, que “la Justicia no puede ser considerada una mera mercancía. La Justicia es un valor, un concepto que hay que darle toda la trascendencia que tiene. Por lo tanto, para nosotros los poderes judiciales están para restaurar o para instalar derechos de las personas y de los colectivos. En ese sentido es muy importante el rol de la Justicia para restaurar derechos”.

En la provincia de Buenos Aires se realizaron reformas y “en su gran mayoría han sido en el fuero penal para perseguir perejiles. Porque al final nunca se logra nada con el crimen organizado, con los pesos pesados no pasa nada”.

“¿Qué pasa con la justicia laboral? ¿Con la Justicia de familia? ¿Con la Justicia de Niños, niñas y adolescente? Vemos que no crece. El poder judicial de la provincia de Buenos Aires ha crecido en los últimos diez o quince años pero los que menos han crecido han sido los fueros que tienen que ver con el común de la gente. Lo que más crece es el aparato represivo. Porque la Justicia es guardiana del orden instituido”.

De esta forma, Blasco señala que “está bien que se pueda reformar” el fuero penal nacional pero “va a haber que elegir gente. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quiénes los van a seleccionar y designar?  ¿Los mismos que están ahora, para repetir vicios? Nosotros reclamamos participación popular en los organismos que seleccionen postulante. Hay que cambiar la estructura del Consejo de la Magistratura”.

En el fondo, “nadie sabe por qué a una persona la eligen jueza o juez. ¿Dónde está escrito? Yo te doy un caso gravísimo. En enero de 2016 Macri designa por DNU a Rosenkrantz y Rosatti, jueces de la Corte. Ese DNU contrariaba la legalidad. Estos dos candidatos aceptaron ser designados por esta forma. El presidente de la Corte aceptó tomarles juramente. El resto, no dijo que no. Ahora bien, el gobierno dio marcha atrás. Los manda a ponerse en consideración del Senado de la Nación. Nosotros como Federación dijimos, en ese momento, que eran dos personas inhibidas éticamente para ser jueces. Porque habían aceptado, en primera instancia, ser designados por un método absolutamente irregular, contrario a la legalidad. Ahora, los que le pusieron la estampa y la firma fueron los senadores”.

Aprovechar la oportunidad

El planteo que realizó el sector se basa en la lectura de que “habría aprovechar la oportunidad, todo este contexto de cuestionamiento a la Justicia, como para encarar una verdadera reforma de la Justicia, integralmente. Desde quiénes y cómo designan y cuáles son los requisitos para designar un juez o una jueza. Y todo lo demás”.

Por otra parte, Blasco agregó que “tiene que haber control sobre los jueves y las juezas. Hay que preservar determinado tipo de reserva (sobre las causas). En algunos medios, trasciende el resultado de una pericia que nunca se hizo. Y después se confirma lo que dijo el periodista”.

“Hay que reformar el foro penal, absolutamente de acuerdo. Pero nos parece que hay aprovechar para poner la Justicia en el medio de la agenda política. Si no se ponen los temas a la luz y no se debaten, tenemos el poder judicial que tenemos. Es calamitoso lo que pasa en muchas provincias”.

Además, debería ser parte de la discusión el conjunto dela comunidad. No deben “discutir solamente los operadores, los tecnócratas, los expertos porque ellos son responsables de la justicia que tenemos”.

Se reanudó esta mañana el debate por el juicio a la Triple A en Bahía Blanca. Continuará mañana y el miércoles desde las 9 con transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y por juiciobahiablanca.wordpress.com

Fueron convocados ocho testigos, a través de cuyos relatos comenzó a darse tratamiento a los homicidios de Víctor Eduardo Oliva Troncoso, Carlos Alberto Davit, José Alberto Surace, Julio Alberto García y Gabriel Raymundo Ganuza.

Hoy declararon el pastor de la Iglesia Metodista, Aníbal Sicardi, Cayetano Ursino y Rodolfo García.

Davit era un joven de Guatraché, de 26 años, que cursaba la carrera de contador público en la UNS y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. El 19 de noviembre de 1975 fue secuestrado por un grupo de civil y fuertemente armado, al acompañar a un amigo a la pensión estudiantil en la que él había vivido y que había dejado de habitar tiempo atrás por las amenazas y la persecución. Su cuerpo sin vida fue hallado horas más tarde, acribillado y colgando del puente que actualmente lleva su nombre, en el kilómetro 679 de la Ruta Nacional N° 3, a la salida de Bahía Blanca.

Según reseña el requerimiento fiscal de elevación a juicio, distintos testimonios dieron cuenta de que Davit había visto rondar en varias ocasiones a la “fiambrera”, -el automotor que usaba el grupo paraestatal para operar-, e incluso en una oportunidad había sido introducido allí.

García, Surace y Ganuza eran tres estudiantes de Geología. Los dos primeros eran oriundos de Viedma y militaban en la Juventud Peronista. Todos compartían la pensión de Zapiola 659 de Bahía Blanca, lugar en donde fueron secuestrados en la madrugada del 6 de diciembre de 1975 por un grupo armado. Sus restos fueron hallados horas más tarde, a un costado de la ruta 35 al kilómetro 102. Los cuerpos estaban en ropa interior y presentaban numerosos impactos de armas de fuego.

Víctor Oliva Troncoso pertenecía a la colectividad de refugiados chilenos que se había exiliado de su país tras el golpe de Estado de 1973. En Chile había militado en el Movimiento de Izquierda Revolucionario. Radicado en Bahía Blanca, estudiaba filosofía y letras en la UNS. El 2 de julio de 1975 fue secuestrado en la vía pública y a plena luz del día por un grupo armado y de civil que lo introdujo en una camioneta blanca, mientras a pocos metros un operativo policial detenía el tránsito vehicular. Su cuerpo sin vida apareció el mismo día, con 33 impactos de armas de fuego, en el paraje el Pibe de Oro cerca de la ciudad.

La causa -en la que intervienen el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento- tiene como imputados a Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, a quienes se acusa de haber pertenecido a la Triple A y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo. También participan del juicio como querellantes Hijos Bahía Blanca, la familia de la víctima Luis Jesús “Negrito” García y la Universidad Nacional del Sur.

Fuente: fiscales.gob.ar

El 26 de diciembre de 2007 se derramaron aproximadamente 300 m³ de petróleo que se extendieron unos siete kilómetros por la costa de Caleta, Córdova, cercana a Comodoro Rivadavia.

Trece años después comenzó el juicio a los responsables por el daño ambiental generado.

“Que en la capital nacional del petróleo se pueda llegar a un juicio por la responsabilidad penal de quienes dañan el ambiente es un hecho histórico. Que el paso del tiempo no haya sido garantía de impunidad es importante”, dijo a FM De la Calle Hernán Scandizzo, del Observatorio Petrolero Sur..

“Lo que se plantea es que durante la carga del crudo, desde la monoboya, también se iba dejando salir el agua de lastre para balancear lo que ingresaba como carga y lo que se iba sacando para mantener nivelado el buque. En esa circunstancia se habría también descargado el crudo junto con el agua de lastre”, comentó.

Agregó que “lo que se objeta es que no se dio aviso de ese derrame. Esto era algo recurrente dicen los vecinos, cada vez que había algún derrame quienes estaban a cargo de la carga y descarga de agua de lastre esperaban que el propio mar se llevara la mancha hacia alta mar y diluyera el derrame. Lo que pasó es que el agua llevó la mancha de crudo hacia la costa y se impregnaron 7 km de la costa”.

“Las familias querellantes llegan sin poder ser parte de la causa porque el abogado que patrocinaba no pidió la elevación a juicio, están participando como víctimas. La querella está sostenida por el Ministerio Público Fiscal. Hay un conjunto de abogados defensores que pedían la postergación del debate por una semana porque no se había tenido acceso por esta cuestión de la pandemia”.

Scandizzo destacó que en el lugar estaba naturalizado la presencia de crudo en el agua. “La gente se bañaba y salía con alguna macha y se la sacaba con aceite de cocina. Ese derrame desnaturalizó el hecho de que el petróleo en el mar era parte de paisaje de Comodoro”.

Respecto de los pescadores artesanales mencionó que “no se atendió su necesidad, habían pedido en 2012 que se realice un estudio epidemiológico en niños y niñas por una cantidad de enfermedades que se registraban. Eso no se realizó, la Municipalidad dijo está todo bien, no hay problema”.

Respecto al impacto del juicio destacó “todo lo que se habilita en términos de condena social, pensando en lo que se propone como alternativas para la post pandemia. Estamos en Neuquén con Vaca Muerta y la explotación de yacimientos no convencionales a través del fracking como alternativa. Se propone el avance de la explotación de hidrocarburos en aguas profundas. Para estas alternativas para reactivar la economía con más extractivismo este juicio también es una señal”.

“Mas naides se crea ofendido, pues a ninguno incomodo, 

y si canto de este modo por encontrarlo oportuno

no es para mal de ninguno sino para bien de todos”.

José Hernández. Martín Fierro.

(Por Ricardo Vicente López) En enero del 2015, Noam Chomsky (1928), Profesor Emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), a sus 87 años, en la plenitud de su lucidez y de su penetrante inteligencia, fue galardonado con un premio que puede sorprender por su título: La lucha contra la Estupidez. Está instituido por la revista Philosophy Now, cuyo objetivo es atraer hacia la filosofía al público en general, así como a estudiantes y profesores. Comenta los merecimientos del Profesor por su particular e insistente trabajo investigando y denunciando la estructura de los medios concentrados. Agrega a ello su constante prédica en la necesidad de incorporar a la educación un pensamiento crítico independiente para el logro de un ciudadano maduro y responsable. La revista hizo una referencia especial a su libro Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media [[1]], escrito en coautoría con Edward S. Herman (1925-2017), Profesor Emérito de la Universidad de Pensilvania. El título completo de la edición castellana es “Los guardianes de la libertad – Fabricando el consenso”. En el libro se introduce un tema respecto del Modelo de Propaganda con el cual trabajan los medios de comunicación para lograr un consenso artificioso.

Invitado por el diario La Jornada de México (medio periodístico que pertenece a la Universidad Autónoma de ese país) publicó un extenso artículo al que tituló La estupidez institucional – Amenaza a la humanidad (18-5-2015). Le voy a proponer, amigo lector, algunos comentarios sobre este texto. Comienza explicando los antecedentes en que se inspiró:

Como era predecible, uno de los primeros investigadores fue George Orwell [[2]]. Él escribió un ensayo no muy conocido, que es la introducción a su famoso libro Rebelión en la granja. No es muy conocido porque no fue publicado: fue encontrado décadas después de su fallecimiento entre sus documentos inéditos. En ese ensayo señala que Rebelión en la granja  es obviamente una sátira sobre el enemigo totalitario, pero insta al pueblo inglés a no creerse demasiado libre… Una razón es que la prensa es propiedad de hombres acaudalados que tienen todo el interés de que ciertas ideas no se expresen. La segunda tiene un aspecto interesante: una buena educación, en las mejores escuelas, inculca a sus alumnos que hay ciertas cosas que no estaría bien decir.

Lo que Chomsky nos plantea es que el tema de la información, es un problema serio por cómo lo manejan los grandes medios. Pero, nos advierte que no debe ocultársenos la existencia de uno mucho más grave, para el cual no tenemos anticuerpos para defendernos: una idea clara sobre la educación. Gran parte de Occidente trabaja con mucha prolijidad para que no lo descubramos: es la educación institucional que recibimos desde la escuela hasta los niveles más altos de la enseñanza. Esto puede parecer una herejía, ¡y lo es! dado que atenta contra una de las instituciones más sagradas de las democracias liberales [[3]].Volvamos a Chomsky:

La estupidez viene en varias formas. Me gustaría decir unas palabras sobre una forma en particular que me parece la más problemática de todas. Podríamos llamarla estupidez institucional. Es una especie de estupidez que es del todo racional dentro del marco en el que opera; pero es el marco mismo el que va de lo grotesco a la virtual demencia. Hace 30 años, a principios de la década de 1980 –los primeros años de la era Reagan–, escribí un artículo llamado La racionalidad del suicidio colectivo. Se trataba de la estrategia nuclear, y se refería a cómo personas perfectamente inteligentes diseñaban un curso de suicidio colectivo en formas que eran razonables dentro de su marco de análisis geoestratégico. Por ejemplo, la revista Boletín de Científicos Atómicos presenta un estudio sobre las falsas alarmas del sistemas automático de detección de ataques de misiles… El estudio (1977-1983), afirma que hubo más de 50 falsas alarmas que fueron abortadas por intervención humana, lo que evitó un desastre por cuestión de minutos [[4]].

Comenta Chomsky que en 1983 había un gran temor a la guerra. Esto se debía en parte a lo que George Kennan [[5]], sostenía: la indefectible marcha hacia la guerra como un proceso indetenible ¡nada menos! Le interesaba poner a prueba las defensas rusas, así que simuló ataques navales y aéreos a Rusia. Continúa Chomsky:

Tengo la certeza de que los líderes internacionales no son nada tontos en lo individual. Sin embargo, en su función institucional su estupidez puede ser letal por sus implicaciones. Al observar el registro desde el primer supuesto ataque atómico hasta la fecha es un milagro que nos hayamos salvado. La destrucción nuclear es una de las dos mayores amenazas a la supervivencia, y ¡es muy real! La segunda es la catástrofe ambiental. Existe un conocido grupo de servicios de auditorías en PricewaterhouseCoopers que acaba de publicar su estudio anual sobre las prioridades de los altos directivos de los consorcios privados. En primer lugar de la lista está el exceso de regulaciones. El informe indica que el cambio climático no figuró entre las primeras 19. Una vez más, es seguro que los directivos no son tontos como individuos. Es de suponer que dirigen sus negocios con inteligencia. Pero la estupidez institucional es colosal, y amenaza literalmente la vida de la especie.

La conclusión del Profesor es llamativa, de una importancia extrema. Él asegura, aunque muchos lo dudan, que la estupidez individual tiene remedio, pero afirma que la estupidez institucional es mucho más resistente al cambio. Esto debe hacernos pensar en este tema, puesto que es de esa estupidez que dependen nuestras vidas. «Por eso –sostiene– creo que la estupidez institucional debería ser una preocupación primordial».

¿Cómo podemos superar este estado de cosas que nos amenaza desde la propaganda de los medios y la estupidez institucional que abarca un importante abanico de temas graves? Por ejemplo: ¿qué nos pasa en este mundo que pueden llegar hasta los primeros niveles del poder algunos verdaderos estúpidos? Es imposible no señalar a Donald Trump (EEUU), a Mauricio Macri (Argentina), a Boris  Johnson (Reino Unido), a Jair Bolsonaro (Brasil), y a algunos varios más. Dice el Profesor que un caso que está ligado a ello es el del periodismo:  

Ese es un viejo debate que ha registrado decadencias. En Estados Unidos se ha debatido por más de un siglo, en el contexto de la Primera Enmienda de la Constitución, que prohíbe al gobierno actuar para impedir una publicación. Noten que no protege la libertad de expresión, ni bloquea el castigo por expresarse. Antes del siglo XX la prensa del país gozaba de mucha libertad, y había una amplia variedad de publicaciones de todo tipo: diarios, revistas, panfletos. Los Padres Fundadores creían en la libertad de información, y se hicieron muchos esfuerzos por estimular la más amplia variedad posible de medios independientes. Sin embargo, la libertad de expresión nunca se protegió con fuerza.

Chomsky subraya un aspecto muy importante para resguardar la libertad de expresión:

Estados Unidos es poco lo que hace en este aspecto. En este país no hay nada como la BBC de Londres. La mayoría de los países tienen algún medio nacional que es tan libre como la sociedad. Los medios son entregados básicamente al poder privado para que ejerza sus capacidades como le plazca. Esa es una interpretación de la libertad de expresión en términos de libertad negativa: el Estado no puede intervenir para afectar lo que los propietarios privados deciden hacer. Existen algunas restricciones, pero no muchas. Las consecuencias son en gran medida un control de las ideas como el que describe Orwell, y que Edward Herman y yo examinamos con gran detalle.

Acá reaparece el tema de la educación, que generalmente es lo primero que se menciona cuando está en juego el mejoramiento social. Sin embargo, cuando el Profesor cita a Orwell lo hace recordando la advertencia que éste le hacía al pueblo inglés, por los medios en manos de los poderosos. Pero si retomamos la perseverancia de Chomsky en la formación de un ciudadano crítico, ¿Cuál es la diferencia con nuestra enseñanza escolar, tanto pública como privada? ¿No impera una especie de sentido común que impone un respeto por las universidades y las academias? ¿No son ellas las portadoras de una cultura noratlántica creada dentro del modelo del capitalismo burgués? Me atrevo a decir, siguiendo al Maestro, y dentro de su análisis: nosotros también estamos sumergidos en un mundo de estúpidos. Tal vez, en un tiempo no muy lejano, podamos llegar a liberarnos.


[1] En varias notas de esta columna he citado partes de esa obra.

[2] Fue un escritor y periodista británico (1903-1950), famoso por sus novelas Rebelión en la granja y 1984.

[3] «La educación en sí, los sistemas de educación, son “una forma política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos, con los saberes y los poderes que implican”. (M. Foucault, 1970: 45)  

[4] Es muy recomendable la película de Stanley Kubrick: Dr. Insólito o: Como aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba (1964) que ofrece una magnífica sátira sobre ese tema.

[5] Fue un diplomático (1904-2005), politólogo e historiador estadounidense y un eminente diplomático.

Tras el incendio de más de cuarenta y ocho mil hectáreas de monte en Córdoba, esta mañana se llevaron a cabo marchas en distintos puntos de la provincia para exigir, entre otras cosas, al gobierno de Schiaretti un “Plan de manejo del fuego con presupuesto acorde, sistema de alerta temprana y educación ambiental. Calidad de equipamiento, formación y retribución a los Cuerpos de Bomberos”

“Entendemos que los accidentes existen. Pero si estamos hablando de cuarenta mil hectáreas quemadas en lo que va del año, el accidente estaría pasando a otro plano. Nos parece que son intencionales porque hay intereses políticos y económicos muy grandes, que se está pasando por arriba el monte”, comentó Samanta Solaguren, integrante de la Asamblea de  Vecinxs Autoconvocadxs de Salsipuedes.

Agregó que “lo último que supimos que dijo Schiaretti fue que es un desastre ambiental. Desde el gobierno dicen que detuvieron a 3 o 4 personas pero no es suficiente. Necesitamos que se tomen medidas acordes a lo que está sucediendo”.

Solaguren destacaó que “lo que está pasando es que los pobladores que se ven afectados por el incendio rescatan y atajan lo más que puede, sus animales, por ejemplo, pero tienen que salir del lugar donde viven. Los animales están sufriendo, algunos están migrando. La flora autóctona que se está perdiendo nos va a llevar años. Hay más de 20 mil hectáreas que si el estado no se hace responsable de dar presupuesto no se van a recuperar”.

La población responsabiliza por los incendios, en gran parte, a la intencióin de desarrollar grandes negocios inmobiliarios. “Lo que necesitarían es un permiso. No se lo pueden porque es bosque nativo y zona protegida. Al prender fuego se pierde el bosque y se puede empezar a construir”.

“Tiene que seguir siendo zona protegida. “Es necesario que los gobiernos se hagan responsables para que el monte vuelva a vivir”.

Respecto del personal de bomberos, la vecina mencionó que “es terrible, una dotación tiene entre 4 y 7 bomberos. En una zona donde los incendios son frecuentes, no puede haber dotaciones de 7 bomberos que ni siquiera tienen lo necesario para trabajar. Los brigadistas son personas que se forma para ayudar en el territorio, pero no tienen presupuesto”.

“La mano tiene que venir del Estado, que respondan otras provincias, que responda el gobierno nacional, que manden aviones hidrantes”, finalizó Solaguren.

La Procuración General de la Nación designó hoy a dos fiscales para sumarse a la investigación por la desaparición de Facundo Astudillo Castro que lleva adelante el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, quien fue recusado en dos oportunidades por la familia del joven desaparecido desde el 30 de abril pasado.

En una resolución firmada hoy, el procurador Eduardo Casal designó al titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Andrés Heim, y al jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), Horacio Azzolín, para “intervenir en forma conjunta o alternada” con el fiscal Ulpiano Martínez en la causa por la desaparición de Facundo.

La decisión fue adoptada por Casal dos días después de mantener un encuentro con Cristina Castro, la madre de Facundo, quien le manifestó su descontento con la actuación que venía llevando adelante Ulpiano Martínez al frente de la investigación.

El miércoles último Cristina concurrió al despacho de Casal junto a sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio y denunció al fiscal federal de Bahía Blanca, de quien dijo que nunca la recibió ni tuvo “un trato humano” para con ella.

En el escrito de denuncia, al que tuvo acceso Télam, la madre de Facundo dijo que el fiscal Ulpiano Martínez “estaba filtrando información” y que “toda la información que a ella le negaba, se la daba finalmente a los medios de comunicación locales ‘La Brújula’ y ‘La Nueva'”.

“Tuve que llevar a su padre al hospital porque se descompuso al ver en los medios de comunicación información que solo estaba en la causa y que nadie conocía”, dijo Cristina Castro, quien agregó que “el fiscal es el mejor abogado de los policías” supuestamente involucrados en la causa.

En esa denuncia, la madre de Facundo le pidió a Casal que “en la medida de lo posible, pueda haber una actuación más coordinada de la Procuvin”, precisamente cuyo jefe fue designado hoy para trabajar en el marco de la investigación.

La querella ya había recusado en dos oportunidades al fiscal Ulpiano Martínez por distintos motivos, pero en ambas oportunidades (el 29 de julio y el 22 de agosto) el pedido fue rechazado por la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón.

En su pedido, los abogados plantearon el apartamiento del fiscal al considerar que la “lentitud”, la “incapacidad” y “la displicencia de la actividad desplegada por la fiscalía” ya “bordea la actitud dolosa”.

Sin embargo, la jueza Marrón lo rechazó por “improcedente” ya que entendió que, “al menos hasta ahora, los objetivos de eficiencia y eficacia para las investigaciones de delitos complejos se encontraban cumplidos”.

Fuente: Télam.

Antes de la aprobación del pliego de licitación de los carritos del Parque de Mayo por parte del Concejo Deliberante, el edil del Frente de Todos, Gustavo Mandará, comentó las gestiones para la recuperación de los locales gastronómicos y la tarea de reforestación del sector.

“Partimos de la premisa que hay que abordarlo de manera integral. Hay que valorar que se está trabajando, que el tema está en manos de personas que tienen criterio”, dijo a FM De la Calle.

Agregó que “el parque tal y como lo conocemos ha dejado de existir y es irrecuperable, hay que meter mano seria. Me refiero al arbolado. Hace un tiempo recorrimos con Pablo Bianco (Director de Espacios Públicos), con Norman Dicek (División Educación Ecológica Urbana) y vimos que lo que falla en el parque es el suelo”.

“El suelo está agotado, no da más. Hay que empezar por recuperarlo. A partir de allí todo lo que hay arriba tiene escasas o nulas posibilidades de desarrollarse. Desde el punto de vista forestal hay que pensarlo de nuevo. Los resultados se van a ver en 15 o 20 años tal vez”.

En relación a los espacios gastronómicos destacó que el Municipio “se ha manejado mal. Una manera de manejarlo es con transparencia y una de esas maneras es llamar a licitación. Hubo situaciones de maltrato innegables por parte del Municipio. Hay cosas que podrían haber sido más humanas. Muchos carritos son irrecuperables, hay que hacer una licitación transparente donde todos puedan participar”.

Por último, comentó que la intención es que el local de La Isla quede en manos del Ejecutivo y que las concesiones se realicen por diez años.

Mediante un DNU el gobierno nacional estableció esta semana que “los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”.

“Declara que son servicios prestados por empresas privadas. Lo que se califica de público es el servicio no la empresa, a diferencia de otros servicios que eran monopolio estatal y en la privatización de los noventas se generaron dos oligopolios y fueron marcando tendencia en cómo iba las comunicaciones”, dijo a FM De la Calle, el presidente de Internauta (Asociación Argentina de Usuarios de Internet) Sergio Salinas Porto.

Insistió en que “este decreto los ponen bien en su lugar, porque el servicio es público en sí mismo pero quien lo presta no lo es. Han intentado confundir a la gente, el grupo Clarín y Movistar”.

A partir de ahora las empresas “van a tener que presentarse ante el ENACOM y demostrar que el aumento que quieren tiene que ver con incrementos en los costos. Cuando amagás con irte del cable, los tipos te bajan hasta el 70%. Eso significa que hay un 70 que es choreo y un 30 que es el valor real. Esto tiene que ver con las privatizaciones. Se factura un 400% más de lo que vale”.

Respecto de la calidad del servicio, Salinas Porto agregó que “en la velocidad de Internet estamos muy por debajo de la media mundial. Cuando vemos los costos del paquete comunicación, te das cuenta que hay mala prestación con un excesivo costo en el servicio y la calidad es mala”.

“Tenemos todos los servicios puestos en el centro de nuestras ciudades, donde están los edificios altos. Te vas alejando a un barrio que tiene casas bajas, con terrenos baldíos y te empezás a dar cuenta que la empresa no prestó la telefonía fija en su momento y, por lo tanto, el proceso de internet Dial Up no llegó, tampoco la vía ancha, porque dependía del cobre por el cual venía el teléfono fijo, menos ahora el entramado de fibra óptica. Tenés ciudadanos de primera y de segunda en términos digitales: aquel que accedió y aquel que quedó varado. Lo que seguramente tenga es un celular con datos carísimos, cuando los costos que pagan (las empresas) son bajos”, comentó Salinas Porto.

El dirigente aclaró que “el decreto no habla de infraestructura”. Hace hincapié en el tema tarifario. La medida “habla de una conectividad que podríamos asimilarla como tarifa social, pero eso no alcanza cuando no hay infraestructura suficiente. Lo bueno de esto es que se instala un tema que tiene que ser parte de una agenda pública y ciudadana”, finalizó.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la concesión de los cinco carritos del Parque de Mayo para su explotación gastronómica, a cambio de un canon mensual a entidades de beneficencia determinadas por el Municipio.

Entre el 9 de noviembre y el 18 de diciembre se recibirán las ofertas y se conocerán las propuestas. El pago mensual será de 40 mil pesos y lo recibirán durante los primeros tres años del contrato el Hogar del Anciano -presidido por la senadora provincial de JxC Nidia Moirano-, Ayuda Le, Cottolengo, Don Orione y El Nido. Luego se seleccionaran otras cinco entidades por el mismo período y, por último, otras cinco por cuatro años.

Se trata de los carritos conocidos actualmente como Resto Bar y Café Parque -ubicados dentro del playón de estacionamiento cercana la pista de ciclismo-, Tijuana y Negro el 11 -a la vera del arroyo Napostá- y el restobar La Revancha, el único que continúa abierto frente al monumento de “La Loba”.

El pliego habilita la refacción o la demolición de las construcciones existentes y la posterior construcción de nuevas unidades.

Al momento de analizar las propuestas se reconocerá la puesta en valor en relación al espacio público circundante y la utilización “en su cadena de elaboración o en la venta de productos finales a los consumidores, productos de la zona de Bahía Blanca y alrededores”.

El servicio deberá prestarse durante toda la semana, durante todo el año y con un horario mínimo desde las 8 hasta las 24. Los precios deberán responder a valores de mercado, “no pudiendo abusarse de la posición dominante de la que gozan” y estará prohibido cobrar estacionamiento en sus adyacencias.

El 27 de diciembre de 1990 la Municipalidad otorgó las cantinas del Parque de Mayo a instituciones de beneficencia “por un plazo de 120 días prorrogables por un máximo de un año, atento a que iba a llevar un tiempo prudencial tomar la decisión en cuanto al destino del Parque de Mayo”.

Desde entonces se sucedieron “innumerables renovaciones por los breves plazos antes mencionados, o como máximo por un año de duración” hasta el año pasado, cuando ordenó el desalojo de los carritos. En septiembre de 2012 la Subsecretaría de Planificación había advertido el carácter deficitario de las cantinas.

El martes se realizó un allanamiento dispuesto en la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca. En la medida participó personal de la PFA junto con efectivos de la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de esa fuerza y representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación con canes de búsqueda de la División Canes de Bomberos.

El procedimiento culminó con el secuestro del libro habilitado para el registro de novedades de la guardia; un cuaderno con novedades de un móvil; un cuaderno de registro de presentismo y horas cores; hojas sueltas con listado completo de personal de meses de mayo y junio de 2020; órdenes de servicios especiales; un móvil Toyota Etios; y tres teléfonos celulares pertenecientes a agentes policiales de la dependencia. Los canes “Aramis” y “Branca” efectuaron el registro del móvil policial y sobre el perímetro del predio, con resultado negativo.

Según informó la Fiscalía, la comisión del área de Ciberdelito de la PFA se constituyó de Bahía Blanca. A los representantes de esa repartición se le entregaron los tres teléfonos celulares secuestrados a los efectivos policiales de la UPPL mencionada, para que practicaran la extracción de datos de los dispositivos con la tecnología UFED y efectuaran una impresión de toda la información obtenida, para remitirla a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la PFA y a la DATIP, con el objeto de su análisis y verificación de posibles elementos que pudieran resultar de interés para la pesquisa.

Los libros incautados en la UPPL fueron remitidos al Gabinete Científico de la PFA, a fin de que practique un peritaje caligráfico y escopométrico, tendiente a verificar si se advierten adulteraciones o borrados sobre sus superficies. También se requirió que se efectuara un minucioso estudio pericial sobre el móvil policial Toyota Etios secuestrado, tendiente a constatar si se encuentran rastros biológicos, huellas dactiloscópicas u objetos dentro del vehículo que puedan pertenecer o vincularse a Facundo Astudillo Castro. Se indico que en la medida pueden participar los perros del Cuerpo de Bomberos de la PFA.

Se solicitó a la empresa de monitoreo Megatrans S.A. que designara personal para que se constituyera en la ciudad de Bahía Blanca, con el objeto de extraer el GPS o AVL del patrullero secuestrado y proceder al peritaje de rigor tendiente a determinar si el dispositivo ha sufrido modificaciones y/o desperfectos técnicos. Se requirió asimismo que explicara las anomalías advertidas en los registros, cómo es el funcionamiento del GPS incorporado al móvil, que indicara si el vehículo en cuestión posee cámara 360° y que aportara cualquier otra información que pudiera resultar de utilidad para la investigación.

En tanto, a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO) se le solicitó que aportara los registros de llamadas entrantes y salientes, entre el 30 de abril y el 30 de mayo pasados, de los números de teléfono de los celulares secuestrados.

Se solicitó a la División Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PFA que profundizara las averiguaciones sobre la supuesta presencia de un móvil policial el 8 de mayo en las coordenadas -38.74265 -62.40827, como también que verificara la situación denunciada por la querella particular a raíz de los dichos de un testigo que habría manifestado haber visto luces en el lugar indicado.

Información sobre medidas de prueba

Se requirió al Director de Defensa Civil de la Provincia de Chubut, José Mazzei, la elaboración de un informe explicando el método de búsqueda de rastro por olor de referencia que desarrollan los canes, y el acompañamiento de los protocolos nacionales e internacionales que rigen esos procedimientos. Asimismo, se solicitó cualquier otra conclusión al respecto con las observaciones y sugerencias que estimare pertinentes para el avance de la pesquisa y todo otro elemento que pudiere resultar de interés teórico/práctico.

El secretario de Legal y Técnica del Sistema de Prevención de Villarino (SIPREVI) puso en conocimiento que el personal dependiente del Centro de Monitoreo de Villarino (CeMoVi) se encontraba recopilando la información solicitada e informó que contaban con otra cámara ubicada en el acceso a Colonia La Merced, a escasos metros del límite entre los partidos de Bahía Blanca y Villarino, y que en ese sitio de control el Municipio tenía instalado un scanner facial.

La fiscalía le solicitó la remisión de las grabaciones de aquella cámara correspondientes al período comprendido entre el 10 y el 16 de agosto pasados y que informara pormenorizadamente respecto del funcionamiento del scanner facial, señalando desde qué fecha conservaba información ese soporte digital.

Se solicitó a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación que aportara las imágenes satelitales de alta definición que obraren en sus registros correspondientes a las coordenadas 38°45´11.1´´S – 62°26´54.8´´W en el período comprendido entre el 30 de abril y el 9 de mayo pasados y entre el 1° y el 15 de agosto pasados.

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del MPF informó que concluyeron la extracción forense mediante sistema UFED respecto del teléfono celular perteneciente a uno de los agentes policiales y que se procedió a la desintervención y copia de la información contenida en los 31 DVD’s remitidos oportunamente. Además puso en conocimiento que el Laboratorio de Análisis de Telecomunicaciones fijó fecha para la desintervención del teléfono celular que le fuera secuestrado al oficial Jorge Agustín Galarza y el copiado de la extracción ya realizada con el objetivo de de realizar su análisis. La medida está prevista para el próximo martes 1° de septiembre a las 10.00.

La Superintendencia de Policía Científica de la Policía Federal Argentina (PFA) remitió las actas de inspección de la zona del canal denominado “Cola de Ballena”, en las inmediaciones del área conocida como Villarino Viejo, donde se hallaron los restos esqueléticos.

Remitió también el acta de toma de muestras de ADN, relacionada con la medida practicada al señor José Luis Astudillo, padre de Facundo.

Asimismo, se enviaron las actas de relevamiento y barrido del terreno, referentes a las tareas realizadas en diferentes días en la zona indicada. Participaron de la medida personal del Gabinete Científico Bahía Blanca de la PFA, efectivos de la Superintendencia Federal de Policía Científica, personal del Laboratorio Científico Mar del Plata de la Agencia Federal Mar del Plata y personal de la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas.

Fuente: fiscales.gob.ar

Vecinos y vecinas que llevan adelante una toma de terrenos detrás del supermercado Jaguar se presentaron en el Municipio pero no les permitieron el ingreso ni fueron recibidos por ningún funcionario.

“Somos 150 familias, fuimos a ver si alguien nos podía atender y darnos una respuesta de algo, nos paró la Policía en la puerta y nos dijo que no podía ingresar nadie”, comentó a FM De la Calle Francisco Rodríguez.

Dijo que “las familias son vulnerables, generalmente numerosas, mujeres solas con chicos, que no tienen posibilidad de pagar un alquiler, al PRO.CRE.AR no pueden acceder porque no tienen recibo de sueldo y no te da el sueldo para pagar un alquiler. La única alternativa que tenemos es tomar un terreno”.

Rodríguez comentó que limpiaron los terrenos y comenzaron a aparecer más familias. Las tierras pertenecerían a Ferroexpreso Pampeano.

“Vamos a seguir insistiendo y nos vamos a quedar en los terrenos. Yo voy a a ser uno de los primeros que me voy a ir a vivir ahí. Estamos haciendo construcciones precarias porque todavía no hay luz, iba a empezar a hacerme algo de cerco recuperable, porque tengo dos hijos y mis señora y no tengo donde vivir”, señaló.

Aseguró que no quieren “conflictos con nadie, nos estuvieron ensuciando diciendo que vendíamos tierras, en redes sociales nos han tildado de chorros, no nos queremos meter en eso porque no queremos problemas, queremos soluciones”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presenta su Informe Anual 2020, un balance de la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, signada por las masacres de Pergamino, Esteban Echeverría y San Miguel del Monte.

Estos hechos fueron el exponente más atroz de las graves violaciones a los derechos humanos que genera el punitivismo. El XIV informe, primero tras la designación de la CPM como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, es también un diagnóstico de una crisis arrastrada por décadas y que requiere cambios profundos en la política criminal; más aún en un contexto marcado por la pandemia del coronavirus que agravó la crisis humanitaria en los lugares de encierro, la sobrepoblación récord en comisarías, la violencia policial y la desaparición de Facundo Castro.

La presentación es este jueves 27 a las 18 horas y con transmisión en vivo por las páginas de youtube y facebook de la CPM.

La política criminal durante el 2019, último año de la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, mantuvo los lineamientos de años anteriores. A pesar de reconocer desde el principio la crisis del sistema penal, durante todo el período no se tomaron medidas para revertir la situación. Ocurrió todo lo contrario, año tras año, y en sintonía con el gobierno nacional, se profundizó el perfil punitivista de las políticas de seguridad y con ello las graves violaciones a los derechos humanos.

El incumplimiento sistemático de las órdenes judiciales y la negativa sostenida por todas las instancias gubernamentales a brindar información dan cuenta del nulo respeto a dos valores centrales de los principios republicanos de gobierno: el respeto a las órdenes judiciales -división de poderes- y el acceso a la información pública.

El informe anual Sistema de la crueldad XIV analiza las políticas de encierro (penitenciarias, de seguridad, de niñez y salud mental) y el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio.

Todos los indicadores empeoraron y se alcanzaron nuevos récords en los índices de prisionización, sobrepoblación, hacinamiento. También las muertes bajo custodia y los casos de torturas alcanzaron valores elevados. La cantidad de personas detenidas en la provincia de Buenos Aires creció a un promedio interanual de 9%. En diciembre de 2019, había 51.000 personas detenidas en cárceles, alcaldías, comisarías y con monitoreo electrónico. Esta cifra representa una tasa de prisionización de 294 detenidos cada 100.000 habitantes, la más alta del país. Una cifra que duplica la tasa del promedio mundial: 145 cada 100.000.

El correlato directo del creciente encarcelamiento fue el hacinamiento en condiciones inhumanas: la sobrepoblación en cárceles llegó al 118% y en comisarías al 217%. En este contexto, sumado a la falta de atención médica, el riesgo para la vida se naturalizó sin producir reacción alguna de la justicia ni el gobierno. Entre 2015 y 2019, murieron 550 personas bajo custodia del Estado; 11 muertes por mes. El 78% de esas muertes fueron por enfermedades no atendidas, es decir, muertes evitables.

Bajo la falta de reacción, complicidad o silencio judicial y político, también se extiende de manera generalizada y sistemática las torturas y/o malos tratos. En 2019 sólo la CPM registró y denunció 12.594 hechos, relatados por 6.713 víctimas en entrevistas realizadas en las inspecciones a los lugares de encierro y en comunicaciones de personas detenidas o de sus familiares. En todo el período se presentaron 4.448 habeas corpus o acciones judiciales individuales urgentes y 37 acciones o habeas corpus colectivos por situaciones estructurales de violaciones a los derechos humanos. El Registro Nacional de Casos de Torturas y Malos Tratos (RNCT) relevó en detalle 10.709 hechos, 2.358 de ellos el año pasado.

Las comisarías también están atravesadas por otra marca de la ilegalidad y desprecio a los valores jurídicos y humanos. De las 270 dependencias policiales que alojaban personas, 103 estaban clausuradas por orden judicial o resolución administrativa, es decir no podían hacerlo; no obstante, el 36 % de la población en comisarías fue alojado allí.

Durante la última gestión la sobrepoblación en comisarías pasó de 159% a 217% y hubo dos masacres en donde 17 personas bajo cuidado del estado, murieron quemadas: Pergamino y Esteban Echeverría. Una vez más, estas muertes no generaron ninguna conmoción en el poder político y judicial.

La comisaría 3ª de Esteban Echeverría tenía al momento de la masacre seis clausuras judiciales y una ministerial, todas desoídas. El Poder Judicial fue benevolente con los delitos cometidos por los funcionarios públicos que declamaban la defensa de las instituciones republicanas, pero desobedecían sistemáticamente sus órdenes. Cada día el gobierno provincial incumplió 136 sentencias: 33 que establecían cupos en cárceles, y 103 que clausuraban y prohibían alojar personas en comisarías.

En el territorio, la violencia y arbitrariedad de las fuerzas de seguridad también siguió escalando. Con la legitimación de la “Doctrina Chocobar”, el uso letal de la fuerza policial ocasionó en la Provincia 485 muertes en cuatro años; 1 muerte cada 3 días. De éstas, 21 fueron femicidios. Durante 2019 se registraron 134 muertes en territorio bonaerense, 14 más que en 2018.

Por la brutalidad, por la edad de las víctimas, la operación institucional de encubrimiento montada para proteger a los policías responsables, y el espionaje policial ilegal montado sobre sus familias, la masacre de San Miguel del Monte aparece como uno de los más impactantes del 2019.

A las niñeces y juventudes en peligro, la gestión saliente sólo le respondió con el brazo punitivo del Estado; los dispositivos de encierro para jóvenes en conflicto con la ley también tuvieron una sobrepoblación récord, llegando a 651 jóvenes, lo que implicó un 23 % de sobrepoblación. A la par, los sistemas de promoción y protección de derechos y de responsabilidad penal juvenil se deterioraron de manera crítica, sin financiamiento ni políticas dirigidas a fortalecerlos.

Las personas con padecimiento mental no corrieron mejor suerte entre 2016 y 2019. Las personas internadas tienen escasas posibilidades de insertarse en procesos sustentables de externación. Los datos lo confirman: en el 2019, el 68% de los ingresos a los cuatro hospitales monovalentes de la provincia fueron re-internaciones. En ese contexto, no se cumplió con la Ley de Salud Mental, que disponía el cierre de los manicomios para este año. Las muertes ascendieron a 150 en hospitales neuropsiquiátricos.

Nada de esto es nuevo en la provincia de Buenos Aires. Hace más de dos décadas los gobiernos de distintos signos políticos insistieron en la misma política criminal. Una política de seguridad y de persecución penal basada en el encarcelamiento y el punitivismo selectivo: la captación de los sectores pobres que forman parte de las cadenas más débiles del delito. La denominada “mano dura” ya ha demostrado de sobra la ineficacia para resolver los problemas de inseguridad, sólo provoca mayores violaciones a los derechos humanos, incrementa la violencia social y pone en riesgo a toda la población.

Presentación en vivo

Este jueves a las 18 horas, la CPM presentará públicamente el Informe Anual 2020—Sistema de la crueldad XIV; la transmisión se podrá seguir en vivo por el canal de youtube y la página de facebook.

De la presentación participarán Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, presidentes de la CPM, junto a otros integrantes como Nora Cortiñas, Yamila Zavala Rodríguez, Roberto Cipriano García y Víctor de Gennaro. La coordinación de la mesa estará a cargo de la directora general Sandra Raggio.

El acto contará también con la presencia de los miembros de la CPM el padre Jose «Pepe» Di Paola, Susana Méndez, Víctor Mendibil, Ernesto Alonso, Ana Barletta, Maria Sonderéguer y Carlos Sánchez Viamonte. Además, estará presente el presidente del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazábal.

Esta será la primera presentación del Informe Anual desde que la CPM fue designada el año pasado como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires, en reconocimiento a una tarea que el organismo realiza de hecho desde el 2002 cuando creó el Comité Contra la Tortura.

También se presenta con un nuevo gobierno provincial. En este sentido, si bien estos datos corresponden a la gestión anterior, el diagnóstico realizado en este informe persiste. Mucho más aún, la pandemia del coronavirus expuso como nunca antes la precariedad de la vida en los lugares de encierro, la violencia policial y la necesidad de reformas urgentes en el sistema penal.

Vale destacar que la presentación se da también en un contexto signado por la desaparición de Facundo Astudillo Castro. La causa que investiga la presunta desaparición forzada sigue reuniendo pruebas que vinculan cada vez más a la Policía bonaerense en el hecho.

La insistencia en presentar este diagnóstico cada año, y en reiterar las razones que provocan las violaciones a los derechos humanos que denunciamos, alberga la esperanza de que por fin los gobiernos tomen la decisión de encarar otra orientación de la política criminal. Sigue siendo una tarea pendiente para los gobiernos que se han distanciado del paradigma neoliberal abandonar la demagogia punitiva, propia de las derechas. Esta nueva gestión tiene la posibilidad y el deber de hacerlo.

El abogado de la madre de Facundo Castro, Luciano Peretto, aseguró a FM De la Calle que con los resultados preliminares de la autopsia a los restos encontrados en Villarino Viejo “sabemos que es un joven, masculino, cercano a los 22, 23 años”.

“Existe muchísima información -que debe ser procesada, cotejada y compartida por todos los especialistas- para hacer pensar que la muerte ha sido por una mecánica violenta en materia de participación de terceros, descartando de plano la hipótesis de un accidente y/o suicidio”, explicó.

Esta tarde, Cristina Castro declaró ante el Procurador General de la Nación sobre la desconfianza hacia el fiscal Santiago Ulpiano Martínez y la falta de acompañamiento por parte del Ministerio Público.

El querellante concluyó que, “con la información que tenemos, es la confirmación de un delito de desaparición forzada de personas que se realiza el 30 de abril, en circunstancias donde Facundo circulaba por Ruta 3 entre Buratovich y Origone, y que estos contactos no son declarados por la Policía Bonaerense y, a partir de ahí, comienza una serie de mecanismos de encubrimiento para dotar de impunidad la desaparición de Facundo”.

¿Cuál es el balance de la reunión con el presidente?

A la reunión que tuvo Cristina con el presidente hay que asignarle dos etapas. Una personal, que tiene que ver con una gestión institucional de recibir a la madre de un chico desaparecido. Me parece que es un gesto correcto, que predispone determinadas cosas, no solamente del Ejecutivo Nacional sino la interconexión entre poderes. Es muy importante para que destrabe algunas cuestiones, crea determinada predisposición para la investigación y para la celeridad y la exhaustividad que pide la ONU.

Lo que le planteamos al presidente es que el Estado argentino es responsable ante el mundo por el incumplimiento de la normativa internacional que prohíbe la aplicación de torturas y los convenios internacionales en materia de desaparición forzada de personas y que ha sido denunciado al Comité de los Derechos Humanos de la ONU y ha pedido celeridad y exhaustividad, dos cuestiones que no se vienen cumpliendo en el caso y que nos ha llevado a plantear dos recusaciones.

En este momento estamos en la Procuración General de la Nación, Cristina está declarando ante el procurador todas estas irregularidades que generan desconfianza, esta falta de acompañamiento por parte de quien es titular de la acción del Estado contra los desaparecedores y planteamos que no hay acompañamiento a la víctima. La querella está sustituyendo ese rol del Estado a tracción a sangre, sobre todo Cristina, que traviesa el momento más doloroso de su vida y está lidiando y empujando del carro del Estado para el esclarecimiento de la causa de su hijo.

La segunda parte tiene que ver con nosotros como abogados, haberle pedido que se dispongan todos los mecanismos que sean resortes de su organigrama, para traer tranquilidad a Cristina y a los testigos. Son testigos vulnerables, hay fuerzas de seguridad involucradas, son las causas más complicadas para que una persona sostenga su testimonio y declare.

En ese sentido, empezamos a ver un giro y un tono especial en los últimos días que tiene que ver con el momento crucial en la causa.

¿Qué se puede conocer de la autopsia?

Queremos ser respetuosos con los tiempos. Lo que nos ha permitido que la perito de parte esté en la autopsia es que pueda nutrirse de algunos datos en bruto, sin procesar, y que pueda informarle a Cristina. Al momento de la finalización sabemos que es un joven, masculino, cercano a los 22, 23 años. Existe muchísima información que debe ser procesada, cotejada y compartida por todos los especialistas para hacer pensar que la muerte ha sido por una mecánica violenta en materia de participación de terceros, descartando de plano la hipótesis de un accidente y/o suicidio.

Hay que trabajarlo, pero ha sido objetivo por parte de Virginia Creimer, de especialistas, ha sido indicado en el marco de la autopsia y compartido por el EAAF, que estaba en el lugar. Hoy a las 15 llegaron a Córdoba los elementos con cadena de custodia para la comparación genética, eso va a ser para los primeros días de septiembre. Pero los resultados conclusivos van a estar entre los 15 y 30 días a partir de ayer, hablamos quizás de finales de septiembre.

¿Qué valoración hacen del allanamiento de anoche en la sede de la Policía Local de Bahía Blanca?

 Ayer leía muchos titulares, decían ‘allanan una comisaría, se cae la hipótesis de la desaparición forzada’. La verdad que uno no entiende nada. Para allanar una comisaría tiene que haber indicios de la posible comisión de un delito.  Están allanando porque había un patrullero que estuvo el día 8 de mayo en el lugar donde se encuentra el cuerpo -presumiblemente de Facundo- fuera de su jurisdicción barrial, distrital, y estuvo 35 minutos detenidos ahí.

Esto quiere decir que tenemos la postura de que en delitos tan complejos interviene una conexión y comunicación entre fuerzas de seguridad. En esto interviene un entramado que vuelve a esta causa del tenor complejo que le conocemos.

En el marco de esa situación lo que puedo decir es que se ha cumplido un allanamiento con secuestro de libros y celulares, porque un patrullero se dispuso el 8 de mayo, 8 días después de la desaparición de Facundo, a una distancia de 800 metros de donde encontraron el cuerpo. Puede decirse que 800 metros es mucho, es mucho en Bahía, en la ciudad son ocho cuadras, 800 metros en un salitral, donde no debería haber nadie en tiempo de cuarentena y menos un patrullero fuera de su jurisdicción, no es mucho. Y 35 minutos detenido, es sugestivo.

Preliminarmente no tenemos información de lo que hay en los vehículos ni de lo que hay en los teléfonos ni en los libros. Son diligencias que se realizarán en las próximas horas y esperamos tener la mayor información posible.

¿Por qué cuestionan la incorporación de la Testigo H?

No cabe duda de que la testigo de identidad protegida no tiene vinculación con Facundo, no puede asegurar haber viajado el 30, dice que viajó a fines de abril, dice que lo hizo para atenderse en un centro médico y en ese centro médico no se atendió el día 30. Dice que llevó a un joven masculino desde la entrada Origone, mientras González que es el agente policial que trata de colocar a esa testigo, dice que lo levanta en el km 750, distante a 7 km de Origone. Dice que González estaba acompañado por un masculino, González dice que estaba solo. Dice que (el patrullero) estaba perpendicular a la ruta, González dice que estaba de manera paralela y que lo vio por el retrovisor.

Todas estas circunstancias desnutren la hipótesis de que la testigo haya levantado a Facundo en ese lugar y lo haya acercado hasta las vías. Sin lugar a duda forma parte de una trama siniestra de encubrimiento, no se descarta el hecho de colocar días posteriores un falso Facundo en la ruta para tratar de torcer estas circunstancia, es un mecanismo bastante usual cuando las fuerzas cometen este tipo de hechos y para nosotros ese testimonio se encuentra vacío de toda veracidad, de toda conexión con la causa.

¿Cómo es el acompañamiento de los organismos como la CPM o Amnistía Internacional?

El de la Comisión por la Memoria es permanente, y están como querellante institucional nuestro, de hecho estamos ahora trabajando juntos en Buenos Aires. Y el de Amnistía Internacional, si bien es reciente, ha colocado el caso en la agenda internacional para interpelar al Estado para que cumpla los mecanismos de garantías y obligaciones que Argentina ha consolidado a nivel internacional. Robustece la posición de la querella y su hipótesis porque no estamos ante un acompañamiento a un chico que se pudo haber patinado de un puente, para que exista este acompañamiento tiene que haber certezas de la hipótesis violatoria de los derechos humanos y en ese sentido, sobre todo Cristina se siente acompañada y respaldada por su postura.

El concejal del Frente de Todos, Gustavo Mandará, confirmó a FM De la Calle la intención del Ejecutivo Municipal de privatizar Bahía Ambiental Sapem.

“Ayer el presidente de Bahía Ambiental Sapem (BAS), Ernesto Aguirre, nos informó oficialmente al directorio de la empresa que hubo una comunicación con el intendente en la que le notificó la decisión de avanzar con la privatización de la empresa”, aseguró.

“Lo que pone de argumento para privatizar son supuestas objeciones del Tribunal de Cuentas, algo que ayer se habló en la reunión y se demostró que no hay ninguna objeción del Tribunal de Cuentas al funcionamiento de BAS. Sí las hay respecto de Bahía Transporte, pero Ambiental es una empresa que, mal o bien, viene cumpliendo el cometido para que fue creada hace 8 años”, explicó.

A su vez, el concejal destacó que “no hay ninguna explicación. Habrá que pedirla. Bahía Ambiental Sapem da pequeñas utilidades: no está perdiendo plata el Municipio con Bahía Ambiental. No es habitual que se requieran inyecciones de capital como sí pasa en Bahía Transporte”.

“¿Si es una empresa que no tiene afán de lucro y trabaja con costos, cómo va a hacer una empresa que no trabaja al costo y que si tiene afán de lucro?”, se preguntó.

Respecto de los trabajadores, el concejal mencionó que “tienen garantizada su fuente de trabajo. Se tienen que hacer cargo en las mismas condiciones, categorías y remuneraciones. Cuando se liquida una empresa hay que indemnizarlos. Tienen que ser tomados por la empresa que venga en las mismas condiciones”.

“Son unos 180 millones de pesos en carácter de indemnización. El activo de Sapem Ambiental asciende a 105 millones, o sea que, liquidando toda la empresa, no alcanzan a pagar indemnizaciones. Por mas que se haga cargo el privado, ponen en duda qué ventaja se puede obtener de todo esto”, finalizó.

En el marco de la investigación por la desaparición de Facundo Castro, hoy continúan las pericias al “material no biológico” encontrado el 15 de agosto junto a restos óseos en Villarino Viejo.

Los estudios se realizan en la sede de la Policía Científica de la Policía Federal de Parque Patricios. Ayer terminó la autopsia a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Se anunció que la jueza María Gabriela Marrón brindará información oficial a través del Centro de Información Judicial (CIJ).

Desde la querella se indicó que durante el martes se tomaron declaraciones testimoniales que refuerzan la hipótesis de desaparición forzada del joven de Pedro Luro.

La Fiscalía Federal emitió este martes un nuevo comunicado en el cual informó sobre el allanamiento a la sede de la Unidad Policial de Prevención Local de Bahía Blanca y otras medidas que aquí se detallan.

En relación al patrullero sospechoso

También se requirió a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que aportara las fotografías satelitales de alta definición que obraren en sus registros correspondientes al lugar ubicado entre las coordenadas Lat: -38.74265 Lon: -62.40827, correspondientes al 8 de mayo pasado.

Al área de Ciberdelito de la PFA se le solicitó que se constituyera en la ciudad de Bahía Blanca con el objeto de practicar las medidas que podrían surgir de esta línea de investigación.

Al Centro Único de Monitoreo de la Municipalidad de Bahía Blanca se le requirió que, en el término de 24 hs., presentara las grabaciones de las cámaras de seguridad que se encuentren en cercanías a la UPPL ubicada en el Barrio Noroeste de esta ciudad, correspondientes al 8 de mayo pasado.

Otras medidas

El Hospital General Juan A. Pradere de Pedro Luro informó que al igual que el Centro de Asistencia Primaria N° 1 de esa localidad, carecían de ficha odontológica de Facundo Astudillo Castro, por lo cual la fiscalía solicitó a la querella particular que, en caso de ser posible, indicara otro especialista o institución a la que pudiera serle solicitada esa ficha.

Luego de recibirse en la sede de Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) el teléfono celular que le fuera oportunamente secuestrado al oficial Jorge Agustín Galarza, junto con los datos extraídos de dicho aparato, se autorizó al referido organismo para que compulsara el dispositivo y toda la información obtenida, para su posterior análisis e incorporación al informe integral oportunamente encomendado.

Se fijaron nuevas audiencias testimoniales.

La Dirección de Acompañamiento, Orientación, y Protección a Víctimas del Ministerio Público Fiscal de la Nación (DOVIC) informó sobre las profesionales de esa dirección a cargo del acompañamiento de la señora Cristina Castro y remitió un informe interdisciplinario vinculado a las distintas entrevistas sostenidas con uno de los testigos.

La delegación local de Policía Federal Argentina (PFA) remitió actuaciones relacionadas con las tareas de cronometraje realizadas para verificar datos aportados por testigos.

La División Laboratorio Químico de la PFA informó la fecha de realización del peritaje en relación a los elementos encontrados el día 15 de agosto pasado en proximidades de los restos humanos levantados en Villarino Viejo.

El Gabinete Científico Bahía Blanca de la PFA remitió el acta de relevamiento y barrido efectuado sobre la zona donde se hallaran los restos esqueléticos que se encuentran siendo analizados. Durante toda la diligencia se mantuvo una interacción permanente con el director ejecutivo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Luis Fondebrider.

Se requirió a ese Gabinete que por su intermedio remitiera los objetos hallados a la División Laboratorio Químico de la PFA para que en conjunto con la División Rastros de esa fuerza efectuaran un peritaje sobre los mismos, tendiente a verificar si existen rastros biológicos o biométricos de Facundo Astudillo Castro de acuerdo a los registros obrantes en esa repartición.

En atención a la gran cantidad de medidas llevadas a cabo en este segmento inicial del proceso, el fiscal consideró que resultaba ilustrativo evaluar su estado de trámite y/o ejecución para con posterioridad reiterar o instar aquellas conducentes pendientes, reeditar las que fueren necesarias o impulsar nuevas, para lo cual dispuso que el actuario certificara al respecto.

A requerimiento de la querella institucional, se solicitó al Sistema de Prevención de Villarino (SIPREVI) que remitiera las grabaciones por el período comprendido entre el 10 y el 16 de agosto pasados de las cámaras de video dispuestas en el kilómetro 714 de la ruta Nacional Nº 3, a los fines de poder individualizar los vehículos que hubieran transitado por esa zona en ese espacio temporal y con dirección al lugar en el que fueron encontrados los restos humanos.

Asimismo, se requirió a la Planta de Repotenciación de Gas ubicada en esa zona que informara si poseía cámaras de seguridad y, en ese caso, que acompañara las grabaciones correspondientes al período de tiempo señalado.

En la misma línea, se solicitó al Comité Técnico Ejecutivo del Puerto de Bahía Blanca y al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca que aportaran los videos grabados por las cámaras que poseían en el domo de seguridad que monitorea la zona de Ingeniero White.

Además, se requirió a la Comisión Nacional Aeroespacial (CONAE) que acompañara las lecturas correspondientes a los satélites del 30 de abril pasado en la zona aledaña a las localidades de Mayor Buratovich y Teniente Origone.

En búsqueda de un patrullero que tuvo movimientos sospechosos en la zona donde aparecieron los restos óseos que hoy comenzaron a ser peritados por el EAAF, se realiza un allanamiento en la sede la Superintendencia de la Policía Local.

La Fiscalía solicitó la medida al Juzgado Federal a partir de un informe de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad sobre la geolocalización por AVL de la totalidad de los móviles que estuvieron en la zona de la desaparición de Facundo, “entre Teniente Origone y Gral. Cerri y adyacencias”.

“Del análisis perpetrado se detectó un movimiento inusual y sospechoso del móvil patrullero Toyota Etios, número interno 20610, con patente OMP782, asignado a la Unidad Policial de Prevención Local de Bahía Blanca sito en Pacífico 281”.

El documento agrega que “las señales de GPS emitidas por el patrullero referido, darían cuenta de un recorrido efectuado el 8 de mayo del corriente año varios kilómetros alejado de su rutina, más precisamente, en cercanías del lugar donde se produjo el hallazgo el 15 de agosto. En el punto más cercano a dicho lugar, a unos 800 metros aproximadamente, se habría detenido el móvil durante unos 35 minutos”.

“Se advirtieron anomalías en los registros, en cuanto a que la rutina que estaba cumpliendo el móvil la secuencia de georreferenciación da un ‘salto’ de más de 10 km en apenas 41 segundos para volver con otro ‘salto’ luego de 3 horas y 38 segundos al recorrido de rutina en apenas 28 segundos”.

El secuestro fue ordenado dado que “de momento no se han podido evacuar los cuestionamientos técnicos al respecto” por parte de la Dirección General de Asistencia Operacional. Para el fiscal “existen elementos suficientes atento la gravedad del caso y los indicadores recientemente aportados”. Además del vehículo cuyo GPS deberá ser peritado, se buscan los libros de guardia del destacamento para revisar los movimientos y agentes que prestaron servicio o tenían asignado el móvil el 8 de mayo y los teléfonos celulares de dichos policías, “dispositivos electrónicos del lugar, handys, anotaciones y cualquier otro elemento que pueda resultar de estricto interés para la investigación”.

Por otra parte, se solicitó al Ministerio de Seguridad que aporte las modulaciones de las comunicaciones del patrullero, individualice cuáles son los móviles asignados a la Policía Local bahiense y realice la geolocalización por AVL de todos los que hubieren estado en la zona de la desaparición de Facundo y aparición de los restos óseos.

Cristina Castro y sus abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, brindaron ayer una conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional. Fue horas antes de la autopsia que se realiza a los restos óseos encontrados en Villarino Viejo y luego del encuentro con el presidente Alberto Fernández.

“Estamos conformes con el acompañamiento institucional y con los mecanismos que el presidente ha dispuesto. Pedimos independencia y celeridad en la investigación, que son los dos imperativos que internacionalmente se le está pidiendo al Estado argentino en la causa y que para nosotros es donde radica la clave para poder llegar a la verdad material”, dijo Peretto.

La madre de Facundo afirmó que miró al jefe de Estado a los ojos “para saber si me estaba mintiendo, hablé con él, me ha dejado tranquila. Eso no quiere decir que no vaya a seguir detrás de que todo esto salga rápido a la luz y se sepa la verdad”.

Tras una primera charla entre Fernández y Castro se sumaron los representantes de la querella y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. En diálogo virtual con la prensa la querella repasó las pruebas de la desaparición forzada.

La testigo H

Aparicio afirmó que a la mujer que dice haber llevado a Facundo hasta el cruce entre la Ruta 3 y las vías, identificada como testigo H, “la metieron por la ventana de contrabando y falseando los datos Siomara Flores y Mario Sosa, que tendrían que estar presos”.

Peretto explicó que la testigo “no puede precisar que haya sido Facundo, ni que haya sido el día 30, habla de fines de abril, no se condice el lugar donde lo levanta, refiere que es el km 757 mientras González -el policía mal alumno que no se aprendió la lección y embarró la coartada- dice que lo levanta en el km 750, la testigo H dice que el patrullero estaba perpendicular a la ruta y con dos masculinos y González refiere -cuando se acuerda- que el patrullero estaba de culata a Facundo y estaba solo. Para nosotros es un plan para tratar de encubrir el hecho real que es que cuando llega al lugar González, Facundo está fuertemente golpeado y, para encubrir el hecho, lo traslada hasta el calabozo donde se encontró el objeto de Facundo en Origone”.

Para el letrado, el testimonio busca “derrumbar la hipótesis mayoritaria que, en palabras del juzgado que definió el fuero, es la única sustentable en pruebas hasta la fecha, aunque hacen esfuerzo para tratar de ubicar la hipótesis del accidente. Hay muchas situaciones que no dejan dormir a quienes están operando para que esta circunstancia sea archivada como un accidente como en tantos otros casos”.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE FACUNDO CASTRO ASTUDILLO

“Los teléfonos celulares hablan, los silencios dicen mucho más que las palabras; los diálogos que existen entre ellos; las actitudes que tomaron de manera informáticas como presenciales; la sandía en un calabozo de Origone; los AVL de los patrulleros; la falta de respaldo desde el punto de vista de los Motorola de los patrulleros – reconocido por el propio jefe seccional de la Policía, la frecuencia en que hablan milagrosamente se ha borrado-; las contradicciones enormes por parte de personal policial; sin dudas los testigos ubicados en Bahía Blanca, totalmente falaces, quienes tratan de desviar la investigación; y esta aparición dudosa de un cuerpo como una herramienta de desesperación para tratar de fortalecer una hipótesis que día a día se está cayendo por falta de pruebas”.

Aparicio aclaró que falta realizar pericias complementarias a las pruebas técnicas de los teléfonos. “No estamos conformes con las realizadas por la Policía Federal. Siguiendo los lineamientos de la PROCUVIN entendemos que hay que hacer un seguimiento integral. Hay mensajes borrados, una aplicación como Whatsapp desinstalada. Todo lo que podemos decir en ese contexto es parcial y aun así tenemos muchos elementos”.

¿Carta blanca para la policía?

Por estas horas, la querella investiga un nuevo componente del “protocolo de encubrimiento”. Explicaron que es “una especie de carta blanca que tenía la Policía para determinar si comunicaba a la señora jueza federal respecto a si habían o no detenido a una persona. Advertimos que esto fue delegado por la justicia federal a la Policía Bonaerense por una cuestión de comodidad de trabajo”.

“Creyéndoles a los policías, que no le creemos, hay una irregularidad en que a Facundo lo paren y lo dejen seguir. Es otra irregularidad que la hermanastra (de Curuhinca) lo pare y lo lleve a dedo. Es otra que después lo lleven hasta Origone y desde allí llamen a Médanos y le indiquen que lo dejen seguir. Eso en cuanto a lo que la policía dice que fue. Que no fue así”, dijo Aparicio.

Agregó que “tenemos teléfonos secuestrados, casualmente cuando viene Berni a Bahía Blanca y dice que los entregan voluntariamente. Debería saber que Flores desintaló el Whatsapp el 8 de mayo, ocho días después de la desaparición de Facundo, tendría que saber que Sosa y Curuhinca borraron entre veinte y treinta mensajes de texto y omitieron borrar otros. En ese contexto se entendería porqué el fiscal pidió la detención, aunque de manera incorrecta”.

Los testigos que vieron a Facundo y las amenazas de Berni

Aparicio se refirió a “las mentiras de Berni”. Respecto a que la querella “mete testigos porque les conviene” el abogado comentó respecto a quienes vieron a Facundo subirse a un patrullero el 30 de abril que “si (Berni) tiene acceso al expediente provincial habrá sabido que llamaron a la Comisaría de Pedro Luro el 19 de junio y desde ahí les dijeron que ya lo habían visto al chico en Bahía Blanca”. Después se comunicaron con Cristina Castro y luego fueron a declarar ante el fiscal federal.

En cuanto a que “no pasaron hacia Bahía Blanca”, Aparicio explicó que “hay un informe de lectura de patentes del 30 de abril presentado por la Municipalidad de Villarino donde consta la fecha de regreso cerca de las seis de la tarde, totalmente razonable y se puede corroborar con otros medios que ese día fueron a Bahía a hacer una mudanza y retornaron. En ese primer informe, que es incompleto y, por lo tanto, entiendo que es falso, no está la ida de ese coche. Como no se quedaron contentos con eso en el segundo informe no está el auto de los testigos ni yendo ni viniendo. Por eso denunciamos al secretario de Seguridad Ciudadana, Pacheco, y al intendente Bevilacqua”.

Las afirmaciones del ministro son parte de un raid mediático en el cual amenaza a los abogados de la familia de Facundo y acusa a la querella de montar un “show”. Cristina Castro aseguró que “le diría al señor Sergio Berni que como me está tratando a mí está tratando a cientos de papás cuyos hijos han entrado a las comisarías y aparecieron suicidados”.

“Berni se ha encarnizado con nosotros, no le tengo miedo, en vez de andar haciendo un show en televisión debería ponerse a trabajar”, dijo y agregó que “el gobernador (Axel Kicillof) me ha llamado varias veces, me gustaría hablar con él, mirarlo a la cara. Me parece que debería abrir los ojos y fijarse lo que está diciendo su ministro”.

¿Quién encontró el cuerpo?

Sobre el hallazgo de los restos que hoy son peritados por el EAAF, Peretto informó que “a la querella nos han notificado de un pescador que encontró el cuerpo y atemorizado concurrió a la Policía Federal directamente. Pero tomamos conocimiento informal que también hubo otros dos pescadores que podrían haber visto el cuerpo y habrían concurrido a una comisaría de la provincia de Buenos Aires”.

“Es un punto que se tiene que aclarar y va de la mano con el testigo que apareció de manera voluntaria en el marco del proceso y pide garantías para poder testimoniar, garantías que este fiscal sabemos no puede asegurarlas”. Se trata de un trabajador portuario que “habla de algunos movimientos y luces el día martes anterior, en la costa de la Cola de la Ballena. Esto es muy llamativo máxime en invierno, en un lugar absolutamente hostil, en cuarentena y de noche. Ningún pescador elegiría esa oportunidad para poder hacerlo”.

La periodista Sandra Crucianelli analizó los patrones que se repiten en los comunicados oficiales del fiscal Santiago Ulpiano Martínez sobre el desarrollo de la investigación por la desaparición de Facundo Castro.

“Me llama la atención su rol, me parece que la querella actúa como fiscalía y el fiscal actúa como defensor de los sospechados”, señaló a FM De la Calle.

Este ejercicio la periodista lo había realizado con anterioridad cuando, junto a su par Mariel Fitz Patrick, localizaron más de 9 mil decretos secretos de la dictadura. “Se pone ese texto en una base de datos y se empieza a analizar por palabras clave y uso de tiempos de verbos”.

La marcación del perro del perito Herrero

“Una de las primeras cosas que me llamó la atención el 27 de julio es cuando la Fiscalía se refiere a una pericia con perros pedida por la querella sobre los coches de la policía. Participaron los perros de la Federal y el perro del perito de parte Marcos Herrero. Cuando se refiere al hallazgo de Herrero el fiscal dice ‘habría marcado algunos’, este uso potencial tiende un manto de duda sobre la marcación. Esto es un hecho que quedó registrado con cámaras: el perro no ‘habría marcado’, el perro marcó”, apuntó Crucianelli.

Agregó que “después la interpretación es otra cosa, distorsionar una prueba tan contundente como la marcación efectiva por parte del perito de la querella me pareció extraño”.

Testigos y antenas: “Llama la atención que valide estas declaraciones sobre pruebas tan parciales”

“Más extrañó todavía me pareció el comunicado del 7 de agosto en el cual da por cierto todo lo que dicen los testigos sospechados. Por ejemplo, en relación a (Alberto) González, ‘se consideró que sus manifestaciones resultaban verosímiles. Por el momento, pero verosímiles’. Acá dice yo a González le creo, se basa en el dato del AVL”.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE FACUNDO CASTRO ASTUDILLO

Crucianelli destacó “la forma en la que Martínez ‘defiende’ a los sospechados. Cuando la querella dice que hay contradicciones en la declaración de González, el fiscal dice ‘podría tratarse de una omisión y no es suficiente para desvirtuar su testimonio'”.

Respecto al testimonio de Siomara Flores dijo: “Declaró que lo levantó 12:30 cuando estaba en Buratovich y el fiscal dice ‘podría ocurrir que la agente haya errado en los horarios aproximados y en realidad lo trasladó más tarde’. Justifica las contradicciones diciendo ‘no es tan grave, nada de eso pone en duda lo que dijeron'”.

Crucianelli subrayó que “lo mismo pasa con la testigo que presentan los policías que dice que lo dejó antes del fitosanitario. ¿En qué se basa para decir que le cree? En la lectora de patentes. Estas pruebas -la lectora de patentes, AVL, antenas- son indicadores de lo que pasa con los autos y teléfonos, no con las personas”.

En relación al impacto de la línea de Facundo en una antena en Ing. White, la periodista afirmó que el fiscal “hace una valoración, dice ‘se podría intuir que Facundo siguió rumbo a Bahía alejándose cada vez más de Origone’. En realidad se refiere a un teléfono y no a una persona, con lo cual esta valoración es una comunicación sesgada. Llama la atención que valide estas declaraciones sobre pruebas tan parciales”.

Aprietes y persecución policial a testigos

Lo que más llamó la atención de Crucianelli es que “en el hostigamiento que narran los testigos, el fiscal dice ‘pareció más bien un accionar tendiente a despejar el manto de sospecha. Tal proceder se condijo más con la voluntad de hallarlo antes de ocultar la desparición forzada’. ¿De dónde saca la interpretación el fiscal? Eso es de un defensor no de un fiscal”.

“Si es Facundo el cuerpo que se encontró, creo que va hablar, va a ser la única palabra calificada y nadie va a poder poner en duda lo que ese cuerpo dice. Me da tranquilidad que el Equipo de Antropología Forense va a poder ir más allá, hay muchas cosas que el cuerpo va a decir”, sostuvo.

Filtraciones a los medios

“Los periodistas no tenemos acceso a las causas, podemos contar con filtraciones. Podés tener el expediente, escuchas, videos, pero cualquier documento puede decir la verdad o no. No podés cubrir un crimen si no hacés el trabajo de campo, la filtración no te cubre para hacer todo el trabajo. Ese es el punto de partida”, concluyó en referencia a la cobertura mediática del caso.