El intendente Héctor Gay designó al conductor Rubén García como director coordinador de Cultura en el Espacio Público. El flamante funcionario estuvo a cargo de las propuesta “Bahía Joven” y “Bahía Emergente”.

El concejal del Frente de Todos, Carlos Quiroga, presentó un pedido de informes solicitando al ejecutivo que exprese detalles de dos órdenes de compra cuyo proveedor figura a nombre de Rubén Eduardo García.

“Vimos que había órdenes de compra por contratación de servicios porque aludía a actividades culturales en los barrios y no encontramos dónde, cuándo y por qué se hicieron. Le preguntamos a qué obedecen, son casi 350 mil pesos, dinero con el que se podría haber monetizado una veintena de espectáculos de artistas locales como se propuso en su momento”, dijo el concejal a FM De la Calle.

Agregó que “la Municipalidad abrió una plataforma, dijo mandáme lo que tengas y demasiado que te lo paso. En cambio había recursos. Nos encontramos que la misma persona beneficiada con esa locación de servicios es nombrada funcionario político y durante dos meses va a tener una incompatibilidad manifiesta porque un funcionario político no puede ser proveedeor del Estado. El señor García va a cobrar las órdenes de compra pendientes por agosto y septiembre y va a cobrar el sueldo de funcionario”.

La iniciativa inquiere sobre “las charlas y talleres organizados bajo la orden de compra 466/2020, barrios en los que se desarrollaron dichas actividades, conocer cómo se adaptaron las acciones de este proveedor en los primeros meses de la pandemia, detalles de la plataforma web según orden de compra 466/2020, acciones realizadas en el mes de junio según orden 1792/2020, informe planificación de actividades para los meses de agosto y septiembre según orden 1792/2020, plataformas virtuales se utilizaron y que eventos culturales se generaron hasta la fecha según orden de compra 1792/2020 y protocolo de salud utilizado”.

Quiroga mencionó que “como el funcionario político es full time no sabemos en qué momento va a hacer el otro trabajo si es que verdaderamente existe. Esperamos que acompañe el proyecto el oficialismo y que respondan”.

Desde las 9 de la mañana continuará el debate oral y público del juicio a la Triple A de Bahía Blanca. También habrá audiencias miércoles y jueves. Transmite el canal de youtube Audiovisuales UNS.

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Fueron convocados trece testigos, entre los cuales figuran familiares y compañeros de las víctimas y empleados de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de la época en que los imputados actuaron en esa sede bajo las órdenes del rector interventor Remus Tetu. Cinco de las declaraciones se brindarán por videoconferencia.

Los imputados son Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno como integrantes de una asociación ilícita a la que se le atribuyen 24 homicidios agravados cometidos entre los años 1974 y 1975 en la zona de Bahía Blanca. Por su parte, Aceituno se encuentra sindicado como coautor del homicidio agravado del estudiante y militante estudiantil “Watu” Cilleruelo.

Esta semana comienza a desarrollarse la prueba de los casos de Salvador Julio Trujillo y José Manuel González. Trujillo, de 33 años, era obrero de la empresa textil “Lanera San Blas” de la ciudad y, como integrante de la Asociación Obrera Textil, había sido propuesto como delegado de los trabajadores de aquella empresa para las elecciones gremiales que se realizarían en los meses posteriores a su asesinato.

La noche del 20 de septiembre de 1975, la víctima fue secuestrada por un grupo de personas de civil que lo introdujo en un Fiat 125. Su cadáver fue abandonado junto a la ruta de acceso a Puerto Galván, con seis impactos de armas de fuego en la espalda.

José Manuel González integraba el grupo de Scout de la parroquia San Roque de Bahía Blanca, y trabajaba como ayudante de obra en la construcción del complejo petroquímico de la ciudad, para la empresa McKee Techint -la misma que había empleado a otra de las víctimas de la causa, Luis Jesús “Negrito” García-. Elegido delegado de obra e integrante de la comisión directiva de la UOCRA, renunció al cargo tras las reiteradas amenazas recibidas.

El secuestro de la víctima se produjo el 23 de abril de 1975, cuando se trasladaba desde la obra a la parroquia San Roque donde habitaba. El cuerpo de González fue hallado en el kilómetro 720 de la ruta 22, con doce impactos de bala en la cabeza y espalda.

También se escucharán nuevos testimonios sobre el caso de Alberto Mario Pojomovsky, militante del Partido Comunista atacado por un grupo armado el 29 de junio de 1975 mientras conducía su vehículo en compañía de su esposa. En ese contexto recibió varios impactos de armas de fuego calibre 22 y 45. Producto de aquellas heridas, la víctima falleció veinte días después del ataque, en un nosocomio local. De acuerdo a uno de los testimonios prestados en las jornadas anteriores, antes de morir Pojomovsky alcanzó a informar al padre de la testigo que el ataque había sido ejecutado por la gente de Rodolfo Ponce, por entonces diputado nacional y secretario de la CGT local, sindicado por la acusación como uno de los jefes de la organización criminal.

El Colectivo de Trabajo Social presentó una nota al intendente Héctor Gay para visibilizar las dificultades de las políticas sociales municipales en el marco de la pandemia por Covid 19.

“Es síntesis de diferentes reclamos y expresiones que nos vemos obligades a colectivizar porque son transversales a todas las instituciones de las que formamos parte como así también porque no han sido tomados en cuenta para la confección de políticas sociales acordes a las necesidades y demandas de la ciudadanía bahiense”, afirmaron.

Agregaron que “la presencia de distintas instituciones aquí representadas denota el peregrinaje que realizan las personas para acceder a derechos básicos, como así también la fragmentación de la política social en programas que no han podido articularse”.

“La carta tiene como objetivo visibilizar lo que está sucediendo a pesar de las medidas tomadas y hacer una historicidad de lo que venimos viendo y haciendo desde la disciplina de Trabajo Social de los distintos sectores, educación, salud, servicio social”, dijo a FM De la Calle, Ana Biera desde el Hospital Penna.

Firman también sus colegas de las Unidades Sanitarias dependientes de la Secretaría de Salud, del Servicio Social comunal, el CPA y los Equipos de Orientación Escolar.

Biera manifestó que “estamos atendiendo reclamos de personas que nos dicen ‘no nos llega el bolsón, no nos llega la garrafa’. Hace frío, la gente necesita abrigarse, necesita colchones, no podemos no decir absolutamente nada de esto. Los recursos parecieran no poder superponerse. Existe un banco de nombres, no para ver quién recibe sino para ver si alguien recibe otra cosa y no dársela. Es excluyente”.

En el escrito mencionan que “no se han articulado otras estrategias, a pesar de las diferentes manifestaciones de diversos sectores, y se sigue insistiendo con prácticas re-burocratizadas que alargan los tiempos de espera o directamente disuelven intentos de pedidos/demandas”.

En este sentido, Biera dijo que les “comunicaron que tenían que mandar a otro mail los pedidos de bolsones, colchones y nos piden una reseña de la situación familiar. Es alargar los tiempos, presentar informes sobre una familia que necesita una garrafa por ejemplo”.

Desde el ámbito educativo destacaron “lo indigno que es que las personas tengan que hacer cola para recibir comida o un bolsón, casi no se ven alimentos frescos. Esto de que la gente tenga que ir a pedir por la comida y que en ningún momento se piense en algún tipo de propuesta que tenga que ver con aumentar la tarjeta que la mayoría de la gente tiene y no tenés que ocuparte de la logística”.

Por último, mencionó que no han sido convocadas a participar de ninguna instancia de articulación frente a la presentación de diferentes notas en el Municipio “las respuestas son indirectas o se hacen informes, pero no nos llaman ni a nosotros en salud ni a otros espacios profesionales”.

Con foto de la secretaria de Políticas Sociales, Vanina González, cargando bolsones, el Municipio informó la semana pasada que desde “la Red de Colaboración Social, hasta el 31 de julio fueron entregados más de 76 mil bolsones de mercadería y se aportaron alimentos secos para la elaboración de más de 60 mil viandas calientes”.

“Asimismo, se armaron 8 mil bolsones con artículos para la limpieza, 1500 kits con productos de higiene y se brindó asistencia a 120 comedores e instituciones que destinaron espacio y contención a vecinos en esta pandemia”.

Progresistas en Red elaboró una propuesta para regular la pauta oficial local con la intención de nutrirla con opiniones de otras organizaciones y transformarla en un proyecto de ordenanza. “Queremos llegar bien armados y con un consenso”, dijo Elias Ferán a FM De la Calle.

“Analizamos en un contexto igualitario para que se los evalúe de la misma manera a distintos municipios de la provincia. Tomamos La Matanza y Mar del Plata, son dos extremos muy significativos en cuanto la cantidad de habitantes y a la masa de lo que es el presupuesto del 2019, sobre lo presupuestado, no por lo ejecutado”.

La Matanza con un presupuesto de 15 mil millones destinó el 0,55% a gastos de publicidad y Mar del Plata con 600 mil habitantes y un presupuesto de 16 millones apenas destinó el 0,16%. “En Bahía fue 1,19% con una sobre ejecución del 100% porque habían presupuestado el 0,45. Ya están sobrejecutando, de los 45 millones destinados hasta este mes estamos llegando a los 50%”.

Evalúan que la mejor alternativa sería crear una comisión donde “estén representados el Ejecutivo, el Legislativo y también los que intervienen en la discusión de la pauta”.

“Una comisión en donde se tenga en cuenta, a la hora de destinar esos valores, que el porcentaje final de pauta tiene que estar en relación estrecha con lo que se va a gastar en salud, educación y obras. No puede estar superando esas tres partidas y tiene que haber una justificación de pauta ordenada, un objetivo definido, una descripción clara de la pauta oficial, perspectiva de género para entender y contextualizar la información que se difunde”, agregó.

Las iniciativa propone “dejar una reserva del 10% para que sobre los cierres de ejercicio no se sobrejecute y un fondo para medios universitarios, comunitarios y de organizaciones sociales. Es mucho más positivo pensar que podemos depositar en esos medios los dineros públicos que terminar financiando los medios periodísticos”.

Por último, Ferán señaló que “la pauta tiene que estar regida por la finalidad de informar objetivamente sobre la gestión de gobierno, de los funcionarios, comunicar las informaciones, apuntar preservar el medioambiente, el derecho al usuario, difundir programas y políticas de interés ciudadano. La finalidad no tiene que ser financiar los medios periodísticos sino satisfacer las necesidades de Municipio a la hora de informar”.

La Fiscalía General informó que la Justicia Federal remitió actuaciones a la justicia provincial a los fines de que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública respecto del accionar de policías de la Bonaerense, en el marco de la investigación por la desaparición de Facundo Castro.

En concreto, los hechos se circunscriben al trato dispensado a algunos integrantes de la familia de la ex novia del joven desaparecido en el marco de diligencias investigativas.

Ello dio origen a dos investigaciones que tramitarán por ante la UFIJ N° 8 a cargo del dr. Marcelo Romero Jardín y la UFIJ N° 12 de la dra. Leila Scavarda, de acuerdo al lugar donde se sucedieron los hechos que se denuncian.

Santiago Ulpiano Martínez había hecho referencia a los vejámenes este fin de semana al rechazar la detención de cuatro policías en relación al encubrimiento de la desaparición de Facundo denunciado por la querella

“El hostigamiento narrado” por la ex novia y su hermano, “claramente delictivo, que dio lugar al pertinente requerimiento de instrucción y por el cual -en su caso- habrán de responder penalmente los numerarios, pareció más bien un accionar tendiente a despejar el manto de sospecha con el que fueron cubiertos a raíz de la desaparición de Facundo”.

“Claramente expresó la ex novia que la pregunta insistente que le hacían era sobre el paradero de Astudillo; las presiones y vejámenes a las que fue sometida -junto con su hermano-, se orientaban más bien a encontrarlo. En todo caso coincidió en lo que expresó la querella respecto a que le exigían “que reconozcan la existencia de algún crimen para con Facundo”, pero en el sentido de si ellos -los testigos- le habían hecho algo, o si sabían qué le podría haber pasado”, agregó.

Finalmente, el comunicado de la Fiscalía Federal destacaba que “su hermano incluso ‘accedió’ –bajo una evidente coacción por parte de los agentes- a que ingresaran en su domicilio y registraran el inmueble en su búsqueda. Tal proceder se condijo más con la voluntad de hallarlo, antes que con la intención de ocultar su desaparición forzada. Al menos eso surgió a primera vista”.

(Por Mariela Dobal*) El debate de cómo, a quiénes y para qué se asigna y distribuye la pauta oficial no es nuevo. Desde hace dos décadas es motivo de discusión y reflexión de quienes entienden la comunicación como un derecho universal y una herramienta capaz de limar las profundas desigualdades de acceso a la información y participación de la ciudadanía.

Cómo contexto inicial recordemos que en 2004 cuando se acordaron los 21 puntos por una comunicación más democrática -que fueron terreno fértil para sembrar las bases de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009 – ya se pedía prohibir por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, más aún cuando ésta pueda oficiar como premio o castigo a opiniones editoriales sobre acciones de gobierno.

Ahora bien… ¿Qué derechos debe promover la asignación de recursos públicos, en la producción y circulación de mensajes e imágenes? Garantizar las expresiones plurales de realidades y opiniones, y el derecho de las audiencias de acceder libremente a la información, sin interpretaciones previas, ni atajos (publicitarios privados) de las plataformas. Crear y difundir datos de servicio comunitario, que igualen las posibilidades de participación ciudadana en las políticas públicas. Respetar la privacidad de las personas, y proteger a las infancias y adolescencias de los estereotipos existentes que vulneran su integridad. No auspiciar contenidos misóginos, discriminatorios y violentos sobre las diversas elecciones de vida en democracia.

Más acá…

Podríamos continuar con las enumeraciones, e incluso, hacerlas más descriptivas. Sin embargo creemos urgente y necesario enfocar en los actuales criterios y destinos de pauta oficial en Bahía Blanca, para visibilizar algunas contradicciones existentes. Por decisión política, en los primeros seis meses de este año (2020) se pagaron alrededor de 48 millones de pesos en publicidad oficial. Fiel a los criterios de masividad de audiencias y discrecionalidad, el gobierno local asignó ese dinero público a empresas periodísticas, producciones particulares y periodistas, con deliberada superposición de tareas y espacios mediáticos. Aquí (bahia.gob.ar/compras) puede consultarse el listado completo de proveedores hasta el momento, para comparar los rubros más esenciales (recolección de residuos, transporte público urbano, cooperativas de trabajo y vivienda, obra pública, etcétera,) con los medios que reciben publicidad del Estado.

Más allá de discusiones ideológicas sobre las prioridades de un gobierno de cara a las necesidades y derechos de la ciudadanía, entre los 50-60 primeros lugares aparecen medios y periodistas que recibieron mucho dinero del Estado para… ¿Para qué?

En principio para difundir las escasas producciones y piezas comunicacionales que emergen cómo política comunicacional de Héctor Gay, aunque en este caso esa precariedad es responsabilidad del gobierno local.  

Luego quedaría implícito que ese dinero de pauta oficial es para financiar medios comerciales, espacios periodísticos en estos, y/o directamente la tarea de prensa de muchos y muchas. Estas consideraciones surgen de las propias voces de algunes comunicadores y empresarios mediáticos que aseguran que sin ese dinero no podrían continuar su labor.

La duda entonces es ¿cómo funcionan los espacios de libertad de expresión y elección de temas, para que la  agenda periodística no esté formateada por los intereses del gobierno de turno? U ocultar datos precisos. O ampliar las voces y realidades de las comunidades. O no autocensurar preguntas y editoriales. Por eso, la pauta oficial nunca debe financiar periodistas. Los aportes en tal sentido, son para garantizar informaciones de servicio que de otra manera quedarían perdidas en el actual caos informativo. Observen, lean, escuchen… como audiencias tenemos derecho de revisar y denunciar.

Más allá…

En el plano nacional, las disputas sobre los criterios para asignar pauta oficial son explícitas, se multiplican y evidencian qué empresas mediáticas necesitan del Estado para ampliar sus ganancias (en contados casos, para subsistir). Aquí no parecería molestarles la intervención estatal para aliviar sus obligaciones.

El presidente Alberto Fernández, en la apertura de sesiones parlamentarias fue muy claro: “No queremos avisos pagos con dinero de todos para que elogien las virtudes del gobierno de todos. (…) Convocaremos a empresarios y especialistas para mejorar el manejo de la pauta y su uso”. Y agregó que el sistema de medios públicos estará alcanzando por esta medida, al igual que todas las jurisdicciones. Todo está por verse.

Actualmente se impulsaron conversaciones desde distintos ministerios y el propio secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, hizo públicas autocríticas sobre los mecanismos desiguales de distribución de contenidos oficiales. Cabe mencionar que fueron muy prolíferas las producciones de campañas, videos, spots, manuales, placas fijas, afiches, folletos, banners, etcétera,  tanto para gráfica, sitios digitales, vía pública o plataformas audiovisuales. Situación comunicacional muy distinta a la local. Por supuesto la pandemia por el COVID-19 concentró los esfuerzos para comunicar acciones de gobierno y políticas preventivas de cuidado comunitario.

Sin embargo, al momento de convocar profesionales, organizaciones y colectivos que representan otras formas de comunicación popular, autogestiva y/o cooperativa, capaz de reflejar las innumerables realidades tan diversas de todo el país, aún se quedan a mitad de camino. Quienes ya han participado de algunos encuentros virtuales, expresaron con preocupación el alto nivel de desconocimiento que algunas/os funcionarias/os tienen sobre estas múltiples expresiones político comunicacionales. Habrá que seguir explicando y mostrando el trabajo que se hace todos los días. E invitar, por ejemplo, a que las producciones que los FOMECAS fomentan sean conocidas por quienes tienen la decisión de reinvertir fondos públicos por una comunicación más democrática.

Propuestas de “protocolo”

Solo dos, a modo de ejemplos prácticos. Una, nacional: la diputada Gabriela Estévez del Frente de Todos presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de Ley para que un porcentaje mínimo obligatorio del 15% de la pauta oficial se destine a medios comunitarios, cooperativas y pymes. Mezcla todas esas realidades y la medida es de carácter excepcional en el marco de la actual emergencia sanitaria por Covid-19, afectando los fondos previstos solo para el ejercicio del año 2020.

Otra del orden local. En la sesión del pasado jueves 16 de julio en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, la concejala Gabriela Schieda realizó un pedido de informe (Nº 323) al Ejecutivo Municipal. Solicitaba explicaciones acerca del gasto que el gobierno realiza en pautas publicitarias y sus criterios de distribución. Los concejales del bloque oficialista Cambiemos (mayoría en el recinto) no apoyaron ese proyecto y ni siquiera pudo discutirse.

Propuestas estructurales

Según el investigador Martín Becerra, experto en la materia, “se pueden realizar algunas recomendaciones u observaciones para contribuir a un control más democrático de la pauta oficial que moldea (con su mal uso y relevante peso dentro del mercado publicitario total) al sistema de medios“.

A saber: discutir la regulación en el Congreso de la Nación, establecer que el principal objetivo de la publicidad sea la comunicación de información de interés público y no el fomento a la imagen de gobierno o de funcionarios, no otorgar publicidad a aquellos medios que no paguen de manera regular las obligaciones patronales, los aportes jubilatorios, las obras sociales y los sueldos de sus trabajadores, ampliar el registro de proveedores de publicidad oficial y facilitar el ingreso de medios comunitarios, que no deben ser segregados en el reparto de fondos.

Otra definición política que exigimos y celebraremos es que los medios receptores de pauta oficial tengan paridad de género en sus equipos de trabajo, en los cuales estén representadas además todas las orientaciones sexuales.

Cómo Becerra nos enseñara, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos puede ser un faro para iluminar futuras transformaciones en este mar de incertidumbres y mejores rumbos por descubrir.

*Periodista, docente e integrante del colectivo de FM De la Calle.

La Fiscalía Federal a cargo de Santiago Ulpiano Martínez desarrolló las razones por las que, de momento, se pronunció en contra de los pedidos de detención de cuatro agentes policiales bonaerenses.

Se trata de Mario Gabriel Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González. La medida fue requerida la semana pasada por Cristina Castro, la madre del joven desaparecido el 30 de abril.

Se aguardan los resultados de nuevas medidas de prueba y se requirió colaboración al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Comunicado oficial

Sosa y Curuhinca

En relación a los pedidos de detención de los agentes de policía Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhinca, se sostuvo que debía estarse a lo resuelto por la jueza federal en su decisión del 4 de agosto, sin perjuicio de lo que resulte del avance de la investigación.

González

La fiscalía tampoco acompañó el pedido intentado por la querella particular, tendiente a procurar la detención de Sr. Alberto González, Oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por cuanto no se advirtieron -en este segmento inicial- elementos suficientes que hicieran suponer que formó parte de un accionar orientado a la desaparición de Facundo Astudillo Castro o, subsidiariamente, al encubrimiento de una conducta semejante.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE FACUNDO CASTRO ASTUDILLO

En ese sentido, se recordó que González fue citado a testimonial por primera vez respecto de los hechos que se intentaron dilucidar por la Ayudantía Fiscal de Villarino, que le recibió declaración el 15/06/2020, en el marco de la IPP nº PP02-00-009503-20/00. En esa causa, por entonces, se tendía a dar con el paradero de Facundo.

En aquella ocasión explicó que el día 30/04/2020 recibió un llamado telefónico del Sr. E.P., quien le informó que habría una persona desplazándose por la vera de la Ruta Nacional n° 3 y que, dadas las características físicas observadas, podría tratarse de un menor de edad.

Señaló que, a fin de verificar dicha circunstancia, se trasladó a bordo del móvil policial hasta la citada ruta donde, a cinco kilómetros del acceso a Teniente Origone, habría tomado contacto con Facundo Astudillo Castro. Luego de conversar con este último, pudo saber que se dirigía a Bahía Blanca. Más precisamente a la casa de su novia -de quien aportó su domicilio-.

Luego corroboró que, pese a las medidas de aislamiento dictadas por el PEN, no tenía el respectivo permiso para circular. Ante esta situación, consultó telefónicamente a la dependencia policial de Médanos sobre cómo debería proceder. Sostuvo que sus superiores le informaron que Astudillo ya había sido infraccionado ese día por infringir la cuarentena y le indicaron que lo dejara seguir su viaje. Cumplido ello, mientras se alejaba lo habría visto subir a un vehículo que identificó como un Renault Duster Oroch color gris oscuro.

Alberto González depuso nuevamente ante la aludida Ayudantía el día 02/07/2020 y, si bien brindó algunos nuevos detalles respecto a su encuentro con Astudillo, lo hizo en similares términos que en su anterior declaración.

Puntualmente, agregó el número del móvil en el que se trasladó durante el episodio reseñado (R.O. 22788), incorporó las fotos que tomó de la licencia de conducir de Facundo (datadas el día 30/04/2020 a las 15.43hs) y exhibió las anotaciones que al respecto realizó en su agenda personal, que son materia de investigación.

Se consideró que sus manifestaciones resultaban por el momento verosímiles, pues se veían corroboradas por los testimonios de M.M., M.B. y E.P. Los primeros dos son quienes originalmente habrían visto a Astudillo caminado por la ruta –mientras se trasladaban en su vehículo particular, aproximadamente a las 15.00 de la fecha señalada- y al creer que se trataba de un menor de edad, dieron aviso a P. para que este a su vez informara de la circunstancia a González.

Todas las declaraciones mencionadas fueron corroboradas por elementos técnicos, como son los informes de la empresa de telefonía móvil Movistar. De las planillas remitidas por la compañía surgen no sólo las llamadas realizadas por los testigos -entre sí-, sino que además, de los impactos de sus celulares en las antenas se puede verificar que se habrían encontrado en los lugares donde refirieron estar. Asimismo, el Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL) del móvil en el que González dice haberse trasladado arrojó geolocalizaciones y movimientos compatibles con sus declaraciones.

Es que, tal y como señala el informe incorporado por la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina “8) Aproximadamente a las 15:00 horas en el Km 755 Facundo es visto por los testigos M.M. y su esposa M.N.B., quienes divisan a Facundo sobre la ruta (los abonados de estos testigos son captados por la antena de Teniente ORIGONE entre las 14:00 y 15:30 horas. Entre las 15:14 y 15:22 hay registros de comunicaciones entre B. y el abonado registrado a nombre de E.P., captadas en la zona de Teniente Origone, las que tienen relación con el aviso de este matrimonio al nombrado P., y este a las 15:16 entabla comunicación con el Teniente Primero Alberto GONZALEZ”.

Más adelante refiere que “El AVL del móvil interno 22788 lo ubica en las coordenadas (…) entre las horas 15:27:27 a horas 15:41:57. Si calculamos la distancia desde la salida de Teniente Origone al punto de geolocalización del AVL del móvil de GONZALEZ la distancia es de 5,8 km desde la circunvalación hacia la posición en que el móvil estuvo detenido”. Luego “El AVL del móvil interno 22788 lo ubica entre las horas 15:51:18 hasta las horas 18:37:35 en las coordenadas (…), dentro de Teniente Origone”.

También se advirtió un impacto de la línea de Astudillo en una antena ubicada en Ingeniero White -denominada POLOPETROQUÍMICO UN- a las 16.06 del día 30/04/2020. De dicha circunstancia, informada por la empresa “Claro”, podría colegirse que el nombrado siguió su rumbo hacia Bahía Blanca, alejándose cada vez más de Origone.

Ello podría confirmar el testimonio de E.R., quien aseguró haber levantado a Facundo en una circunstancia que parecería ser la narrada por González. La testigo explicó que lo vio haciendo dedo cerca del camino de ingreso a Origone, próximo a un móvil policial.

Desde allí lo habría trasladado hasta las vías más cercanas a dicho pueblo, desde donde Facundo habría emprendido su camino hacia Bahía Blanca –lo que explicaría el impacto informado por la empresa “Claro”-.

La verosimilitud de la declaración de E.R. se ve fortalecida –al momento- con el informe aportado por el Municipio de Villarino, del que surge que su vehículo fue captado a las 16.03hs por la lectora de patentes emplazadas en el kilómetro 714 de la Ruta N° 3.

Se destacó que del análisis del teléfono celular de González no se desprenden elementos que permitan albergar sospechas respecto de su conducta. Las conversaciones extraídas, relativas al hecho de marras, parecieran –al menos hasta el momento- encontrarse en armonía con sus testimonios, pues vuelve a nombrar a P. como la persona que lo alertó sobre la presencia de un supuesto menor en la Ruta.

Finalmente, en el reciente informe pericial remitido por la División Laboratorio Químico de la PFA, donde se cotejaron algunos de los rastros obtenidos del móvil conducido por el oficial bonaerense, no surgieron elementos que generasen alguna sospecha para esta parte.

Si bien se trata de un informe parcial, pues aún resta examinar otros elementos levantados en la inspección del rodado, lo cierto es que de momento no arrojó resultados incriminantes en su contra.

La querella, por su parte, advirtió contradicciones en las que habría incurrido González quien, durante el rastrillaje practicado sobre la Ruta 3, refirió que vio a Astudillo irse caminando. En dicha ocasión no sostuvo haberlo visto subir a ningún vehículo.

Al respecto la fiscalía entendió que debía darse prevalencia a las declaraciones practicadas en sede judicial, en un contexto en el cual se encontraba brindando todos los detalles que recordaba del encuentro con Facundo. La aparente contradicción señalada podría tratarse más bien de una omisión y, si bien es tenida en cuenta y valorada por el Ministerio Público Fiscal, no revestía entidad suficiente -confrontada con las restantes pruebas- como para desvirtuar el resto de las constancias en las que se sostienen sus manifestaciones precedentemente reseñadas.

Asimismo, sostuvo el fiscal federal que no le escapaba el hallazgo de un elemento que habría pertenecido a Facundo Astudillo, en las inmediaciones del Destacamento Policial de Teniente Origone que, en los términos de su madre, “sería un amuleto de la suerte que su abuela le regalara (al mismo momento uno a cada nieto, estando en mi domicilio el de mi hijo Alejandro y Lautaro –el cual era una frutilla-) y que siempre llevaba con él en su mochila.”

Agregó que dicha circunstancia, de corroborarse, constituiría un dato indiciario atendible pues ubicaría a Facundo –o al menos a sus pertenencias- en Teniente Origone, pero restan medidas pendientes de producción -análisis de datos biométricos, ADN y testimoniales- que refuercen dicha tesis. Hasta entonces, a su entender, seguía prevaleciendo el cúmulo de elementos precedentemente señalados por sobre el hallazgo aludido.

Flores

En relación a Siomara Flores, también se solicitó su detención. Sin embargo, al igual que sucede con González, el titular de la acción pública entendió que, de momento, no se habían reunido elementos suficientes como para sostener que participó de la desaparición de Facundo o, al menos, en el encubrimiento de una conducta de esas características.

Recordó que fue involucrada en esta investigación por la Ayudantía Fiscal de Villarino -en el marco de la IPP nº PP-02-00-009503-20/00- donde presta declaración testimonial el día 10/06/2020, ocasión en la que relató que el día 30/04/2020 salió temprano desde Origone hacia Pradere, a realizar algunas tareas personales. De regreso pasó por Mayor Buratovich y, cerca del ingreso a dicha localidad, indicó haber visto a Facundo Astudillo Castro a la vera de la Ruta Nacional n° 3, en “horas del mediodía”. Agregó que el joven estaba haciendo dedo en dirección a Bahía Blanca y Flores lo habría levantado y trasladado hasta el ingreso a Origone.

Flores indicó que durante el trayecto habrían mantenido una conversación, de la cual recordaba algunos detalles como: que se dirigía a Bahía Blanca a buscar trabajo, toda vez que había perdido su empleo –en una cervecería de Pedro Luro- por la situación de pandemia; que su madre trabaja en la estación de servicio Shell y que se había peleado con ella, por lo que no podía vivir en la misma casa; y que lo habían infraccionado en Mayor Buratovich por violar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. La nombrada le manifestó conocer a su madre por lo que, al descender de su vehículo, Astudillo le habría solicitado que no le contara que lo vio.

El 30/06/2020 la numeraria volvió a prestar declaración en el marco de la IPP referida. En su nuevo testimonio, si bien brindó algunos detalles específicos respecto a su encuentro con Astudillo, se manifestó en similares términos a su anterior deposición. Indicó haber recibido un llamado telefónico de su padre en la fecha señalada –quien se encontraba en Origone -a las 12.34hs-; arrojó precisiones sobre el lugar donde habría levantado a Facundo (“pasando el parque eólico que está sobre la ruta, antes de curva y contracurva”); sostuvo que el nombrado le manifestó que “estaba haciendo dedo desde las 6 de la mañana”; y que cree que llegaron a Origone a eso de las 13.00hs.

El relato de Flores, hasta el momento, también resultó verosímil para la fiscalía. En principio, aparecía respaldado por los listados de comunicaciones entrantes y salientes de su línea, que remitió la empresa “Claro”.

En ese sentido, se observó una llamada y una conexión de datos móviles que, alrededor de las 11.30, impactaron en la antena de Pedro Luro. Esto la geolocalizaría próxima a la localidad de Pradere por la mañana. Asimismo, se encuentra constatada la comunicación que mantuvo con su padre a las 12.34hs y se ve reflejada una conexión de datos móviles a las 15.53hs. –ambos impactaron en la antena de Mayor Buratovich-. Como puede observarse, estos datos -técnicos y objetivos- resultan compatibles con las manifestaciones vertidas por Flores en sus dos declaraciones testimoniales.

El celular de la mujer fue peritado y, si bien no pudo extraerse toda la información pretendida, se observaron numerosas conversaciones relacionadas con el hecho. Además, de los teléfonos de Sosa y de Curuhinca pudieron obtenerse gran cantidad de diálogos en los que participó como interlocutora, todos orientados en un mismo sentido.

En general son apreciaciones respecto a la investigación sobre la desaparición de Facundo, trascendidos periodísticos y expresiones de sus emociones al respecto. A criterio de la fiscalía no resultaban incriminantes y reflejaban, más bien, la preocupación de Flores por que apareciera y su fastidio ante las sospechas que recaían sobre el accionar policial.

Algunas de sus manifestaciones fueron: “No sabes lo mal que la pasé ayer por este pibe que está desaparecido Porque fui la última que lo vi y los perros se quedaron en origone hoy arrancaban ahí más los vigis, quiero que aparezca para no sentirme culpable”; “Bueno yaaaaau quiero que aparezca el chicoooo”; “espero que aparezca por que la última en verlo fui yo, por quererle hacer una gauchada y acercarlo”.

Finalmente, en el reciente informe pericial remitido por la División Laboratorio Químico de la PFA, donde se cotejaron algunos de los rastros obtenidos del vehículo Chevrolet Corsa conducido por Flores, no surgieron elementos que generasen alguna sospecha. Si bien se trata de un informe parcial, pues aún resta examinar otros elementos levantados en la inspección del rodado, lo cierto es que de momento no arrojó resultados incriminantes en su contra.

Ahora bien, para la querella resultó motivo de sospecha que “la agente Flores manifiesta haberlo levantado en cercanías “a la curva peligrosa” (entre Buratovich y Origone) aproximadamente a las 12:30” circunstancia que no sería compatible con el llamado que Facundo mantuvo con su madre 13.33hs toda vez que “es por todos conocida la circunstancia de que en el mencionado punto y por varios kilómetros más (específicamente hasta el Fitosanitario) la empresa CLARO no posee cobertura de red, motivo por el cual, la llamada de Facundo debió haber partido indefectiblemente aún desde Mayor Buratovich”.

Sin embargo, podría ocurrir que la agente haya errado en los horarios aproximados que indicó en sus declaraciones y en realidad trasladó luego de las 13.33hs a Facundo, lo que justificaría el pedido de este último de que no le contara a su madre que lo había trasladado. Dicha circunstancia será despejada a través la producción de elementos técnicos ordenados por la Fiscalía, cuya elaboración ya se encuentra en marcha.

También han advertido los querellantes cierta reticencia a aportar información por parte de Flores, toda vez que durante el rastrillaje habría eludido las preguntas que le efectuaran el Dr. Luciano Peretto y Cristina Castro.

Al respecto, de momento, el fiscal no observó una conducta elusiva por parte de la nombrada. Consideró que había brindado dos testimonios detallados bajo juramento respecto a su encuentro con Astudillo y había entregado voluntariamente su teléfono celular para que fuera pesquisado.

Sobre las consultas que se le hicieron durante el rastrillaje, advirtió que Flores interpretó la situación de manera diferente a como lo hacía la querella, toda vez que consideró haber contestado “normal” a los interrogantes que se le planteaban, explicando lo que sería su verdad sobre los sucesos investigados.

En sus propias palabras, tal como surge de los mensajes remitidos por ella al teléfono celular del oficial Sosa: “Me re hostigó el abogado y me creía hablar y hablar y yo conteste normal la verdad que solamente lo lleve hasta Origone, pero empezó a hacer más preguntas y me puso nerviosa y el jefe vino me agarró y me sacó de ahí, parecía un interrogatorio”.

Respecto de la agente Flores se señaló que restaba realizarse una nueva pericia sobre su teléfono celular, que podría arrojar elementos de cargo o bien corroborar este análisis preliminar.

El fiscal señaló que lo sostenido respecto de los oficiales, cuya detención a su criterio aún no encontraba suficiente sustento probatorio, se asentaba asimismo en la valoración disímil que efectuó de algunas de las constancias que obran en la investigación.

En ese sentido, advirtió que para la querella Facundo fue interceptado y desaparecido, conforme fuera sostenido por tres testigos de identidad reservada en forma “…certera, inequívoca y con sustento en pruebas objetivas…”, y luego se ejecutó un plan de encubrimiento que a los fines didácticos dividió en cinco etapas.

La lectura de las declaraciones de los aludidos testigos, como también la ratificación de sus dichos en las videoconferencias celebradas en la causa, no permiten aseverar en la forma que se ha efectuado, que Facundo fuera “ascendido”, “interceptado” y “desaparecido” (al menos por el momento).

Se destacó que las tres deposiciones fueron contestes en señalar que no habían visto subir a Astudillo a ningún patrullero, restando determinar si efectivamente se encontraba en el horario y lugar donde lo situaban. Ello por cuanto existen pruebas objetivas que, en principio, lo ubican en sector distinto al que refirieron.

Esta circunstancia es materia de una investigación profunda que se sigue realizando por estas horas y que procura arrojar luz sobre este aspecto.

En otro orden de ideas, advirtió el fiscal que la querella sustentaba una sospecha, en la manifestación de otro testigo de identidad reservada que indicó que Facundo no mandaba SMS.

Sin embargo, para la fiscalía dicha afirmación no encuentra correlato en las pruebas colectadas hasta el momento, por cuanto podía observarse en los registros remitidos por la empresa Claro que dicho medio de comunicación era habitualmente utilizado por el joven, circunstancia que, a su vez, fue confirmada en la declaración testimonial de quien fuera su ex pareja.

Asimismo, tampoco creyó que abonara la tesis sobre la desaparición forzada la conducta desplegada por los policías de la Provincia de Buenos Aires contra quien fuera la ex pareja de Astudillo y su hermano. El hostigamiento narrado por los testigos, claramente delictivo, que dio lugar al pertinente requerimiento de instrucción y por el cual -en su caso- habrán de responder penalmente los numerarios, pareció más bien un accionar tendiente a despejar el manto de sospecha con el que fueron cubiertos a raíz de la desaparición de Facundo.

Claramente expresó la ex novia que la pregunta insistente que le hacían era sobre el paradero de Astudillo; las presiones y vejámenes a las que fue sometida -junto con su hermano-, se orientaban más bien a encontrarlo. En todo caso coincidió en lo que expresó la querella respecto a que le exigían “que reconozcan la existencia de algún crimen para con Facundo”, pero en el sentido de si ellos -los testigos- le habían hecho algo, o si sabían qué le podría haber pasado. Su hermano incluso “accedió” –bajo una evidente coacción por parte de los agentes- a que ingresaran en su domicilio y registraran el inmueble en su búsqueda.

Tal proceder se condijo más con la voluntad de hallarlo, antes que con la intención de ocultar su desaparición forzada. Al menos eso surgió a primera vista.

A la luz de lo expuesto, considerando el informe técnico incorporado por la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina, que efectúa un desarrollo minucioso de muchos de los hechos vinculados al trayecto seguido por Facundo Astudillo el día 30/04/2020, constatados objetivamente con datos técnicos, no surgió para la fiscalía actuante –de momento- una sospecha suficiente respecto de Siomara Flores ni de Alberto González como para solicitar su detención –o cualquier otra de las medidas de coerción pedidas por la querella-.

Se consideró que los datos técnicos aportados y la valoración conjunta del plexo indiciario con el que contaba la fiscalía -más allá de los argumentos brindados por la Sra. Juez de Instrucción-, sin mayor esfuerzo importaban –además- una clara disminución de la sospecha que fundamentó su requisitoria del 30/07/2020.

Destacó asimismo que lo expuesto lógicamente no importaba un juicio definitivo, pues se advertía la existencia de un cúmulo de medidas de prueba pendientes de ejecución, y otras tantas que habrán de orientar la pesquisa, de las que podían derivar nuevos elementos para confrontar -o confirmar- lo que preliminarmente se sostenía.

Medidas probatorias

A raíz de los hallazgos del miércoles 5 de agosto y a solicitud de la querella particular, se ordenó un rastrillaje en la zona. Se llevó a cabo este viernes con participación de personal de Policía Federal Argentina, de Prefectura Naval Argentina, de los canes K9 de la Policía Federal Argentina y de los pertenecientes a la División de Cinotecnia del Ministerio de Seguridad de la Nación, como también del instructor Marcos Herrero y su ayudante Lucas Maciel.

La División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina remitió un informe preliminar sobre el estudio practicado sobre las muestras tomadas de los móviles policiales y vehículo secuestrados. De allí surge que no se comprobó la presencia de sangre en las muestras de tela sometidas a peritaje, mientras que en el resto del material no se efectuó ensayo orientativo debido a la escasa cantidad de muestra.

Se solicitó a la compañía Claro que designe un técnico idóneo para que se constituyera en la delegación de la Policía Federal Argentina, a fin de prestar colaboración al personal de la División Búsqueda de Personas de la PFA, a cargo de confeccionar el informe técnico integral ordenado en la causa.

Se efectuó un nuevo requerimiento de información a la Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE911), aportando mayores precisiones a tal fin.

En orden a lo informado por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de la Nación, si bien se requirió la medida a la Policía Federal Argentina, contando con recursos tecnológicos aptos al efecto, se encomendó a dicho organismo la confección de un mapeo con la geolocalización de todos los lugares en que se haya afirmado que se vio a Facundo Astudillo Castro, tendiente a sistematizar dicha información y, en su caso, remitirla a la fuerza de seguridad actuante para proseguir con las tareas investigativas dispuestas.

Igualmente, se solicitó a dicha repartición que por su intermedio se requiriera colaboración al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), especializado en casos de desapariciones complejas, para cooperar con los profesionales y recursos técnicos que pudieran ser de utilidad en la investigación.

Desde esta mañana se realizan rastrillajes en cercanías de Mayor Buratovich en búsqueda de rastros de Facundo Castro. Trabajan en el lugar los peritos de la querella Marcos Herrero y Lucas Maciel con los perros Yatel, Duke y Uma.

El abogado Luciano Peretto afirmó que se tratará de “agotar todo lo que Cristina indique que resultaría necesario”. El fiscal de la causa demoró la medida por un pedido de autorización a la jueza federal, quien le respondió que el propio Santiago Martínez tiene a su cargo la investigación por lo cual era innecesario el planteo.

“Estamos muy cerca del lugar donde Facundo fue ascendido”, dijo Peretto en relación a las declaraciones de los testigos que vieron al joven por última vez.

“Hubo una marcación de los tres perros” en un monte, “se encontraron algunos restos óseos, algunos grandes que no parecen ser de restos humanos, y un hueso quemado que se secuestró y se va a peritar”.

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Los canes se detuvieron ante un cactus. “Se presume que lo que puede haber creado alguna confusión es la sustancia putrefacta de la planta. Hay que ser prudentes y tomar la situación como lo que amerita, es un secuestro de restos óseos que no podemos identificar si corresponde o no a una persona”, insistió el letrado.

“Estamos en una geografía particular. La tierra es especialmente floja, no está asentado, (el hueso) estaba muy cerca de la superficie”.

Pasadas las 14:30, la delegación, compuesta además por efectivos de la Policía Federal, se dirigía hacia Mayor Buratovich. Rastrillarán un canal de drenaje cercano al acceso al pueblo. “La Fiscalía autorizó la diligencia hace minutos”. Martínez habilitó revisar “las zonas públicas de acceso irrestricto y lo que la dinámica de la diligencia vaya indicando. Si el perro marca algún rastro lo podemos continuar”.

Peretto agregó que “en diligencias anteriores se ha rastrillado zonas cercanas a Bahía Blanca y queremos agotar todas las instancias en la zona donde Facundo fue ascendido”.

Más temprano, “se secuestró una campera talle M, azul, que estaba en un desagüe, lo secuestró Prefectura, no ha sido reconocida a primera vista por Cristina. El talle correspondería a una persona de esas dimensiones pero va a ser peritada”.

A 141 días del comienzo del aislamiento “la gente está preocupada porque no hay laburo ni comida. Queremos que se vaya generando un contexto de trabajo. Vamos a tener que convivir con el Covid, de esto se sale con el trabajo a pequeña escala, con obra pública, con llevar los mejoramientos habitacionales”, dijo a FM De la Calle Rodrigo Bahía del Movimiento Evita.

La Corriente Clasista y Combativa, SOMOS Barrios de Pie, Movimiento Trabajadores Excluidos y el Movimiento Evita mantuvieron un encuentro en la Unidad Productiva del Evita en Villa Delfina.

Se cumplen cuatro años de la primera marcha de organizaciones sociales desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo que permitió impulsar la Ley de Emergencia Social.

Nucleadas bajo el lema “tierra, techo y trabajo”, realizaron hoy una jornada de lucha alentando la “organización comunitaria, protagonismo popular e inclusión real de la economía popular”.

“Esto nace desde la resistencia, a principios del gobierno de Macri, se organizó el 7 de agosto del 2016 la primera movilización, fuimos generando unidad y visibilizando las políticas nefastas del macrismo, reuniéndonos y proponiendo la Ley de Emergencia Social”, dijo Bahía.

Días atrás se presentó el Registro de Trabajadores de la Economía Popular. Su objetivo es “conocer en profundidad cuántos trabajadores de la economía popular hay, qué actividades realizan, en qué condiciones están llevando la tarea, qué estudios tienen. Conocer esta gran masa laborar para poder direccionar políticas. Queremos establecer el tema de aportes jubilatorios, a través de los monotributos sociales con costo cero”, contó.

Respecto del proyecto para pintar escuelas en el marco del programa Argentina Unida por la Educación, mencionó que “es una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Social. Una es el convenio que se hizo con provincia y los consejos escolares. La idea era continuar con el trabajo en otras instituciones como edificios de la provincia. Son políticas del Estado Nacional, se ha coordinado con el Consejo Escolar, lamentablemente desde el Municipio no se ve nada”.

“La posibilidad de juntar cientos de miles de cabezas de ganado en un solo lugar aumenta exponencialmente el peligro de que se generen nuevas pandemias”, dijo en su columna de Salud de FM De la Calle el médico Horacio Romano.

La advertencia parte de las negociaciones del gobierno nacional con China para la cría de cerdos a gran escala en nuestro país.

“La viruela, la varicela, el sarampión, la influenza o el coronavirus son enfermedades zoonóticas, es decir, que son de animales. En general, los gérmenes no atraviesan especies pero cada tantos millones una ‘copia’ adquiere una característica distinta y puede pasar”, comentó.

El médico señaló que esta posibilidad “es muy concreta en el caso de aves y cerdos, por lo menos en lo que es la gripe. Entre otras cosas porque el cerdo es bastante parecido a los humanos, compartimos muchas cuestiones y en este compartir uno de estos virus puede mutar y saltar fácilmente a los seres humanos”.

Para una mutación de este tipo son necesarias dos cuestiones, la primera es “que haya muchos animales, se infectan muchos y crece la posibilidad de mutación y que sea factible saltar de especie, sobre todo si juntas criaderos de aves y cerdos, lo que incluso está prohibido”.

La segunda es que “para que engorden más rápido se les dan antibióticos a los animales. Casi el 60% de la venta de antibióticos es para ganado. Con lo cual se presume que en 10 o 15 años vamos a tener una situación peligrosa que son las ‘super bacterias’, bacterias ultra resistentes”.

La propuesta china surge por la circulación de un virus gripal que obligó a sacrificar miles de cabezas de ganado porcino. Hoy busca nuevos horizontes para la cría.

“Acá caemos en la trampa de que como somos países pobres, necesitamos dar mano de obra y con eso justificamos lo que querrámos, desaparición de pueblos mapuches por el fracking, miles de hectáreas por la soja”, argumentó Romano.

Por último, resaltó que “es una falsa opción cambiar divisas rápidas por un poco de contaminación. Va a haber mucha contaminación y vamos a estar batallando con esto que va a terminar convirtiendo territorios en zonas de exclusión”.

El fiscal Marcelo Romero Jardín archivó la denuncia del bloque de concejales/as del Frente de Todos contra Fernando Compagnoni y Anabela Castillo por la sesión del 17 de enero.

El presidente del Concejo Deliberante y la concejala suplente habían sido denunciades por “abuso de autoridad” y “usurpación de cargo público”, respectivamente. En aquella sesión Juntos por el Cambio aprobó el aumento del boleto de transporte y el Presupuesto 2020.

Tanto el Frente de Todos como la ex oficialista Gabriela Schieda habían negado el quórum, por eso JxC convocó a Castillo, habilitó la sesión y votó en soledad.

“Los actos realizados tanto por Compagnoni como por Castillo el día 17 de enero de 2020 son actos administrativos, la declaración de validez o no de tales actos no corresponde al Fuero Penal, sino al Contencioso Administrativo”, afirma la resolución del fiscal Romero Jardín.

Previamente había citado el fallo de la Suprema Corte que en mayo había rechazado otro planteo opositor surgido de la misma sesión.

En el marco de la búsqueda de Facundo, el abogado de Cristina Castro, Leandro Aparicio, señaló a FM De la Calle que “a prima facie” descartan que los restos óseos que se encontraron ayer sean humanos y que la mochila y las zapatillas pertenezcan al joven desaparecido. Sin embargo, les llama la atención un buzo y un vaso de Boca.

“Facundo era de Boca. No queremos decir nada más que eso. Por ahora, más allá de la expectativa, estamos enfocándonos en averiguar qué pasó y para eso necesitamos un poco más de fluidez y rapidez de la Fiscalía y eso no se da”, destacó esta mañana el letrado.

Aparicio señaló que “estuvo toda la noche un móvil de consigna custodiando eso, hasta que el fiscal convoque a las fuerzas, a Prefectura, y autorice el rastrillaje y eventualmente el allanamiento en una casa de Vialidad que está abandonada pero que es una dependencia estatal y puede haber un rastro ahí”.

Destacó, además, que “en ese lugar habría que hacer una pasada de nuevo. Estamos esperando resultados de pruebas que ha solicitado la PROCUVIN que no se han efectuado. Es un sector que se supone que ya fue rastrillado, no nos avisaban cuando salían ni qué hacían, nos enterábamos por los medios”.

Desde la querella solicitaron la presencia de Marcos Herrero, sus perros y un colaborador para corroborar la procedencia de los objetos encontrados. Pidieron la intervención de Prefectura porque “es zona de riego, está lleno de canales, en ese sentido Prefectura tiene equipamiento para hacer la tarea con mayor precisión y comodidad”.

Respecto del trabajo sobre el WhatsApp de Facundo, Aparicio mencionó que “estamos esperando informes complementarios de los teléfonos. Entiendo que tal vez no arroje resultados relevantes porque no creo que haya tenido la posibilidad de mandar mensajes Facundo desde que lo agarraron, aunque sí podría haber mandado mensajes desde que lo detuvieron”.

“Sí me gustaría que algún genio instale el WhatsApp de Xiomara Flores ya que se borró y que se recuperen los mensajes entre Flores y Curruhinca”, agregó.

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En relación al trabajo del fiscal Ulpiano Martínez mencionó que “seguimos con una situación dilatoria de la Fiscalía Federal que por ahora podemos dejar constancia todos los días de la demora, y eventualmente reclamar ante el fiscal general, la jueza y el procurador”.

Consultado sobre la continuidad de las declaraciones testimoniales, el abogado afirmó: “Que el señor fiscal se dedique a tomarlas, la PROCUVIN hizo un trabajo loable, compartimos el procedimiento. Ahí estuvo el dr. Murillas que es el secretario, salvo en la primera audiencia el fiscal no estuvo, la PROCUVIN hizo el trabajo del fiscal, la PROCUVIN dice estos testigos tenés que tomarlos vos, el fiscal no se qué está haciendo”.

Por último, respecto al llamado que realizó ayer el presidente Alberto Fernández a Cristina Castro, Aparicio mencionó que “si el viernes fue al rastrillaje un equipo del Ministerio de Justicia o Seguridad y se comprometió a acompañar una máquina, una sonda porque hay movimientos de suelo y todavía no llegó, en vez de preocuparse tanto el presidente correspondería que mande y que esté disponible esa máquina. El Ministerio formalmente es un brazo del Poder Ejecutivo y si estaban ahí y dieron un compromiso, son seis días, es importante que se agilice”.

La Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca ordenó el análisis de restos óseos y elementos secuestrados durante una inspección ocular solicitada por la querella en cercanías del kilómetro 780 de la Ruta Nacional N°3, según refiere en un nuevo comunicado que actualiza las tareas de investigación en torno a la búsqueda del paradero de Facundo Astudillo Castro, de 22 años, desaparecido desde el 30 de abril pasado .

Entre otras medidas adoptadas, el nuevo comunicado de la fiscalía refiere que, con un nuevo chip con el número de teléfono del desaparecido, se obtuvieron nuevos datos para la pesquisa. Además, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) presentó un informe sobre los resultados arrojados por el Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL) de los móviles policiales investigados, que serán analizados por la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la Policía Federal Argentina (PFA).

Peritajes

La División Tecnologías Aplicadas de la PFA elaboró un informe de las tareas realizadas y conclusiones arribadas a partir de la introducción de la tarjeta SIM de la línea de Facundo Astudillo Castro en un teléfono celular, recuperando algunos datos, los cuales se resguardaron en un CD.
Por otro lado, se recibió el dispositivo secuestrado a Jorge Agustín Galarza y se remitió el mismo a la División de Apoyo Tecnológico de la PFA a fin de que extrajera la información allí registrada mediante la tecnología UFED (dispositivo forense de extracción de datos). La fiscalía ordenó que se remitieran los resultados a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la PFA, para que verifique si existen elementos que puedan resultar de interés para el avance de la causa y confeccione un informe con el análisis del contenido extraído.
Se recibieron los libros secuestrados en el Destacamento de Hilario Ascasubi y se solicitó al Gabinete Científico de la PFA que practicara un peritaje caligráfico sobre el libro con la inscripción “actas” —utilizado como libro de guardias y novedades— a efectos de determinar si en las anotaciones correspondientes al 30 de abril pasado existen enmiendas, raspaduras, borrones o faltantes de hojas, que permitan suponer que existió una adulteración de su contenido o, en la medida de lo posible, informe si existieron agregados posteriores a la fecha mencionada.

Solicitud de informes

A fin de verificar si existe la posibilidad de arbitrar la tecnología necesaria para extraer la totalidad de la información de uno de los teléfonos secuestrados, se solicitó colaboración a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), aportando la información pertinente el fiscal a cargo de esa oficina, Horacio Juan Azzolin.

Se remitió vía correo electrónico a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la PFA el informe confeccionado a modo de colaboración por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), con un análisis integral de información probatoria producida en el marco de investigación con específica referencia al Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL) de los móviles policiales que habrían circulado por la traza de la Ruta Nacional 3, entre los kilómetros 725 y 809, entre las 0 y las 23.59 horas de la jornada del 30 de abril.

Se solicitó a ese mismo organismo que verificara si se ha efectuado al momento la determinación del kilometraje y ubicación de la localidad exacta en la que cada uno de los móviles allí consignados hubieran detenido su marcha en las franjas horarias de interés, a los fines de determinar, del cruce de la eventual información procesada, si hubo coincidencia con la detención prevencional del joven Facundo Astudillo Castro la jornada del 30 de abril pasado alguna otra circunstancia de relevancia. También se le requirió que informara cuáles eran las cuentas asociadas a algunos de los teléfonos peritados.

Sin perjuicio de haberse encomendado oportunamente a la División de Tecnologías Aplicadas de la PFA la confección de un análisis técnico integral de toda la información que obra en la causa y de la medida encomendada a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la PFA en la misma línea, de conformidad con lo sugerido por la PROCUVIN, se le dio intervención a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación y se le remitió de manera electrónica la totalidad de los informes obrantes en la causa con el objeto de que elaborare un análisis pormenorizado en los mismos términos que el anterior.

Se solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DaJuDeco) más información en relación a otra línea telefónica de interés para la investigación.
También se solicitó a todas las empresas prestadoras de servicio de telefonía móvil que verificaran si alguna de sus antenas captó una comunicación (sea llamado o mensaje de texto) en la se encontrara involucrada la línea telefónica de Facundo Astudillo Castro.

Se reiteraron pedidos de información oportunamente requeridos a la PFA, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y al Ministerio de Transporte de la Nación.

Se le requirió a la empresa Claro que ampliara la información respecto de los alcances de la antena ubicada en Ingeniero White, denominada POLOPETROQUÍMICO UN.

Otras medidas

Ante un nuevo requerimiento de la Dirección de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, se contestó lo solicitado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto, se aportó información sobre la investigación desarrollada por la fiscalía con la colaboración de los distintos organismos del Ministerio Público Fiscal y las distintas fuerzas federales.

El Programa Especial de Atención a víctimas de Violencia Policial de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) remitió un informe acerca del abordaje que viene realizando respecto a testigos de identidad reservada, en el cual refiere las entrevistas mantenidas y sus seguimientos, y formula consideraciones profesionales.

Se ordenó efectuar una compulsa en los registros de la fiscalía del total de las prevenciones efectuadas en los controles policiales de Mayor Buratovich con motivo de la presunta violación al artículo 205 del Código Penal -que prevé sanciones a quien violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia-, con indicación de número de sumario, fiscalía, juzgado interviniente y número de causa, a los fines de poder establecer una comparación entre aquellos y las modalidades de intervención policial respecto de Facundo José Astudillo Castro, en un rango de 15 días antes y después al 30 de abril de 2020.

Al efectuarse un análisis del informe UFED presentado en relación a uno de los teléfonos secuestrados, surgieron interrogantes que la fiscalía entendió suficientes para formalizar un requerimiento de instrucción, para así permitir la formulación del pertinente descargo. En ese sentido, se requirió que se citara a declarar en los términos el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación (declaración indagatoria) a distintas personas conjuntamente con otras medidas. No obstante ello, la jueza federal rechazó la solicitud por considerarla prematura, al entender que no existía mérito suficiente y sin perjuicio de lo que surja del desarrollo de la pesquisa. Delegó la instrucción de la fiscalía federal de la causa en los términos del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.

Inspección ocular

La querella particular informó ayer que habrían tomado conocimiento que en cercanías a la ruta nacional nº 3, kilómetro aproximado 780, sobre un camino de tierra lindante, existirían restos óseos y algunos elementos, por lo que se comisionó a personal de la PFA para que se constituyera en el lugar. Una vez allí, la querella señaló un desagüe a escasos metros del camino de tierra y de la ruta nacional nº 3, donde se procedió a la remoción y secuestro de restos óseos. A unos cuatrocientos cincuenta (450) metros del inicio del perímetro constituido, se procedió al secuestro preventivo para un posible futuro análisis de distintas prendas de vestir, zapatillas, un recipiente de cerámica, los cuales, en principio no fueron reconocidos por Cristina Alaniz Castro, quien se encontraba en el lugar. Posteriormente, la nombrada, manifestó que el buzo hallado entre las prendas de vestir podría relacionarlo con aquel utilizado por Facundo al momento de su detención.

En relación a los objetos secuestrados, se ordenó la realización de los correspondientes peritajes.

Actualmente, la fiscalía se encuentra efectuando un análisis integral de los resultados de las medidas probatorias ordenadas y producidas hasta el momento, con el objeto de elaborar un informe sobre conclusiones preliminares en el marco de la investigación, sin perjuicio los resultados a los que se arriben con el devenir de la pesquisa en curso.

Fuente: fiscales.gob.ar

En diciembre de 2013, con su título de médico en mano, Matías Murano, partió desde el barrio Avellaneda en un viaje por Latinoamérica. Su objetivo, contactar colegas que trabajasen en lugares alejados de las grandes urbes y conocer las culturas originarias.

En el camino registró sus experiencias y aprendizajes en una bitácora inspirada en los diarios del Che. Hoy, esos textos pueden leerse en su libro “Notas Migrantes”.

Matías conoció a la dra. Mariana Mampaey en Misiones y aceptó su invitación para trabajar con comunidades guaraníes en la zona de San Pedro, cerca de Brasil.

“Esa búsqueda encontró un lugar donde me di cuenta de otras formas de ver la vida, de comprender la medicina. A partir de esa experiencia decidí formarme más en la utilización de plantas medicinales y elementos de la colmena. Me fui a Cuba a hacer unos posgrados de medicina tradicional China, acupuntura y ese tipo de tratamientos, y el uso de plantas medicinales dentro del sistema de salud”, contó Matías a FM De la Calle.

En Cuba, producto del bloqueo y la caída del bloque soviético, “se quedaron sin insumos ni recursos médicos y fueron formándose en la utilización de plantas medicinales y medicina china”.

Allí permaneció tres meses y luego migró a México, donde le propusieron trabajar como voluntario “en comunidades donde hacía años no llegaba un médico de universidad”.

“Esa primera experiencia me permitió acercarme a sus medicinas y eso se convirtió en una forma de vida durante un tiempo. Decidí regresar a Argentina, pero por tierra, en un viaje de más de un año de duración, fueron 12 países, trabajando de esta forma, con un intercambio como médico voluntario”.

En el camino conoció los territorios que dan nombre a cada capítulo del libro. Indagó en la utilización de plantas enteógenas: son especies que “trabajan en el sistema nervioso central, son psicoactivas, producen una distorsión de la realidad, no la trasforman sino que nos la hacen ver distinta. El acercamiento a este tipo de plantas es una forma de emprender un camino hacia el interior de uno mismo”.

“Por ejemplo, la utilización de la ayahuasca en Colombia, cerca de la selva amazónica, te lleva a una introspección donde uno empieza a cuestionarse muchas de sus seguridades, pensarse cómo vive y, en mi caso, cómo ejercer la medicina”, agregó.

Matías destacó que “están emparentadas con otras formas de sanar, no únicamente desde lo biológico como muchas veces hace la medicina occidental y hospitalaria”.

En términos de interculturalidad, teniendo en cuenta la plurinacionalidad existente en nuestro territorio, opinó que es necesario compatibilizar la medicina tradicional con la ancestral.

“Es un objetivo y una lucha que hay que dar. No es únicamente la cultura blanca, cristiana y europea, que llegó a América y se impuso durante tantos años, la que está dominando en el mundo. Hay otras formas de vivir que muchas veces están representadas por los pueblos originarios. La lucha es política y los intereses son muy fuertes”.

En cuanto a las patologías que atendió en los pueblos y ciudades que visitó, Matías comentó que “en Misiones y en varias comunidades indígenas de América, más alejadas del consumo de alimentos industrializados, observaba que no había personas con diabetes, con obesidad, hipertensión, enfermedades del siglo XXI, que están emparentadas con la alimentación a las que estamos sometidos”.

“Desde la medicina se piensa que hay que decirle al paciente que salga a correr tres veces por semana, cosa que está bien, pero también hay que actuar a nivel global y con políticas alimenticias donde no tengamos únicamente la opción de comer este tipo de alimentos”, afirmó.

En la actualidad, el médico bahiense pasa sus días en Carolina del Norte (EE.UU.) junto a su pareja, María, a quien conoció en el viaje. Allí espera que le otorguen una visa de trabajo.

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Docentes de los cursos que dicta PAMI en centros de jubilados reclaman el pago de sus haberes, los cuales no son depositados desde marzo. Por otro lado, una normativa de la obra social pretende una fuerte ajuste.

A partir del confinamiento, los talleres que se dictaban presencialmente pasaron modalidad virtual.

El tallerista Alejandro Méndez, dijo a FM De la Calle que desde el ASPO “adaptamos la modalidad para darle continuidad y, a partir de ahí, entramos en un limbo porque no sabemos cuándo vamos a cobrar los exiguos montos que paga PAMI. Hicimos una nota, fuimos recibidos por la vicedirectora, Manuela Salas, y nos atendió bastante mal diciendo que somos empleados de los centros jubilados porque tercerizan ahí”.

“La respuesta es que hay que modificar el protocolo, tenemos que esperar a que todos los presidentes de todos los centros de jubilados de toda la región firmen de manera presencial para poder mandar los papeles a Buenos Aires. Pusieron una fecha tentativa en septiembre y venimos desde marzo”, comentó.

Agregó que “los insumos son nuestros, los bienes de producción son de los trabajadores tercerizados, tu teléfono, tu computadora, tu internet. Pagan 2500 pesos por taller, ya es una actividad muy mal paga de marzo a noviembre y ahora ni siquiera está llegando esto”.

Méndez destacó que realizaron una presentación formal ante PAMI: “Hicimos un reclamo administrativo y presentamos un pedido de audiencia, pero a este punto tendremos que hacer un pedido más formal”.

“Ahora pagan $2500 por taller. Proyectaron pagar $2500 pesos por agente. Si tenes dos talleres cobraá 2500, si tenes seis también vas a cobrar 2500. Proyectan que van a reducir lo que pagan en un 50 o 70%, lo que pretenden es que la gente deje de trabajar”.

El tallerista argumentó: “Cumplimos con la tarea y quien no está cumpliendo es PAMI. Valora el proyecto porque a los adultos mayores la actividad recreativa y lúdica les da calidad de vida -con el confinamiento tengo más alumnos que antes-, hemos podido sortear la dificultad y funciona la modalidad. Es muy mala leche que ni siquiera nos quieran recibir”.

Cristina Castro solicitó a la jueza federal, Gabriela Marrón, un allanamiento y un rastrillaje con canes en cercanías de Mayor Buratovich, tras la aparición de “huesos, prendas de vestir y una mochila semienterrada”.

“Advirtiendo la irregularidad y la complejidad, solicitamos se convoque a todas las fuerzas disponibles, a fin de rastrillar lugares públicos y otros canales de drenaje, si la dinámica de la diligencia así lo amerita”, dice el escrito presentado por los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto.

La querella pretende que el rastrillaje se realice en la extensión de un camino hasta las vías con la participación del perito Marcos Herrero y su ayudante Lucas Maciel.

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Por otro lado, pidieron que se “convoque a Prefectura Argentina para rastrillar un canal de drenaje que bordea la calle, en las que se han identificado algunas prendas, lo que tornan urgente el carácter de la medida”.

Foto: Emmanuel Fernández.

El Servicio Penitenciario informó que se registraron 25 casos positivos de Covid 19 dentro de la Unidad 4 de Villa Floresta. Se aislaron dos pabellones, uno con contactos estrechos y otro con los casos confirmados.

El defensor departamental general, Pablo Radivoy, dijo a FM De la Calle que “era obvio que el virus iba a ingresar en el penal, más aún teniendo en cuenta la sobrepoblación de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Hay 25 casos positivos de 45 hisopados”.

“Entendemos y advertimos a través de distintas presentaciones que no están dadas las condiciones para tener a estas personas allí, por eso se pidieron arrestos domiciliarios y la mayoría no se otorgaron”.

Radivoy recordó que “hubo un primer informe del 23 de julio respecto de 22 personas que habían dado positivo, entre los cuales había cinco del Servicio Penitenciario que fueron los primeros en ser detectados”.

Agregó que “hubo que aislar a un montón de gente más. Dentro del penal es prácticamente imposible mantener el distanciamiento, estamos a la espera de ver qué ocurre con esta gente que está aislada y que todavía no tiene síntomas”.

El defensor desmintió la existencia de “liberaciones masivas”: “No ocurrió jamás. A nivel provincial había cerca de 2300 personas y se otorgaron 600 arrestos domiciliarios. En Bahía de 120 o 130 presentaciones que se hicieron, a vuelo de pájaro, le diría que no se concedieron mucho más de veinte, veintipico”.

Radivoy detalló que se presentó un nuevo habeas corpus mediante el cual “se hizo lugar parcialmente a lo que planteamos. Está en instancia de apelación. Estamos pidiendo que organismos extramuros controlen cuál es la situación adentro. Si bien los informes dentro del penal son positivos, diciendo que pueden manejar la situación, tenemos noticias de nuestros defendidos que no coinciden”.

“Acompañamos el habeas corpus con filmaciones del hospital de campaña, donde no hay baño, no hay calefacción y en algún momento no hubo luz”, finalizó.

El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que ofrece una recompensa de 500 mil pesos a quienes aporten datos útiles que permitan lograr la captura del ex teniente Roberto Carlos Brunello, con documento nacional de identidad número 7.699.908, imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca durante la última dictadura cívico militar, en la causa donde se investiga el accionar del V Cuerpo del Ejército.

Prófugo desde el 22 de noviembre del 2013, a Roberto Carlos Brunello se le imputan los siguientes delitos:

  • Violación de domicilio, secuestro y aplicación de torturas a once víctimas;
  • Secuestro y aplicación de torturas, en relación a treinta víctimas;
  • Violación de domicilio, secuestro, aplicación de torturas y ejercicio de violencia sexual en perjuicio de dos víctimas;
  • Secuestro, aplicación de torturas y ejercicio de violencia sexual, en relación a tres víctimas;
  • Secuestro, aplicación de torturas y homicidio en un caso, bajo la modalidad de desaparición forzada de persona.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca informó que Brunello prestó servicios en la Compañía Combate “My Keller”, perteneciente al Batallón de Comunicaciones 181, de la que varios de sus miembros y autoridades ya fueron condenados.

El Batallón era la unidad encargada del Área 511 y para la época de los hechos que se investigan estaba orientada específicamente a la concreción de los secuestros, el sometimiento a cautiverio y la aplicación de torturas, que se cometían en las instalaciones del predio militar. Allí funcionaba el centro clandestino de detención y tortura (CCDyT) “La Escuelita”.

La causa por la que se busca a Brunello centra su investigación en integrantes del Ejército, agentes de las policías Federal y de la provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario Bonaerense por delitos cometidos contra 174 víctimas.

Fuente: fiscales.gob.ar