El TOC 1 de Quilmes ordenó la libertad de Reina Maraz Bejarano: mujer boliviana, quechua parlante, enjuiciada por la muerte de su marido y condenada a reclusión perpetua en 2014. El tribunal decidió otorgarle el beneficio de la excarcelación mientras espera la decisión de la sala VI del Tribunal de Casación Penal, ante la cual el defensor oficial ha pedido un cambio de carátula que podría modificar la situación de Reina y dejarla efectivamente en libertad.

Reina es de nacionalidad boliviana, quechua-parlante y pasó más de un año encerrada sin comprender cabalmente el proceso penal por el cual estaba detenida. En el año 2012, en una de las inspecciones que la Comisión Provincial por la Memoria realiza regularmente en los lugares de encierro, Reina fue entrevistada y a partir de ese momento, el organismo comenzó a intervenir en el caso.

Fue un camino largo que, entre otras cuestiones, logró que la Suprema Corte le asigne una intérprete de lenguas originarias para que ella pudiera comunicarse con mayor fluidez y comprender con claridad el proceso judicial al que debía someterse.

A su vez, la CPM realizó una veeduría del proceso judicial, el registro audiovisual de todo el juicio y se promovió el caso y la voz de Reina para que sea escuchada, garantizando la mayor amplitud probatoria que permitiera impartir justicia.

En 2014 Reina fue sentenciada a cadena perpetua por el Tribunal Oral Nro.1 de Quilmes, que la encontró culpable del asesinato de su marido Límber Santos, ocurrido en noviembre de 2010. Durante las audiencias judiciales en 2014 estuvieron presentes el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, el en ese momento vicepresidente, Aldo Etchegoyen (hoy fallecido) y representantes de la embajada boliviana y otras organizaciones que desarrollan su trabajo en el campo de los derechos de migrantes y pueblos originarios y de género.

Para la CPM el caso Reina Maraz ha visibilizado la situación de extrema vulnerabilidad en tanto víctima de las múltiples violencias que promueve y sostiene el sistema judicial. Reina es mujer, pobre, migrante, indígena, y víctima de situaciones de violencia género, algo que la justicia en primera instancia no quiso ver ni oír. Si lo hubiera hecho Reina no habría padecido todos los sufrimientos de los que fue víctima durante estos seis años.

Desde la CPM celebramos su libertad esperando que pronto Casación se expida en un sentido favorable para que puedan comenzar a repararse los daños producidos por una condena injusta, arbitraria y discriminadora del mismo tribunal que hoy la libera.

Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina, repudiamos enérgicamente la amenaza sufrida por FM Alas en el marco de un debate social entorno a la propiedad, el uso y la funcionalidad de la tierra, donde la radio cumple un rol fundamental en la información, la visibilidad y el análisis del conflicto.

El día 2 de diciembre la emisora del Bolsón, provincia de Río Negro, cubrió una extensa jornada de una Audiencia Pública que el municipio realizó para legitimar un megaproyecto inmobiliario impulsado por el magnate Joe Lewis y sus testaferros. Este proyecto prevee la construcción de un barrio turístico en la zona y el loteo de tierras en la Pampa de Ludden, un lugar de divisora de aguas en donde viven muchas familias productivas.

Durante la jornada, FM Alas hizo público un video en donde jóvenes declaran la promesa de recibir dinero a cambio de participar de una concentración en favor del intendente en la puerta de la Audiencia. Durante los últimos días, Alas desnudó una gran cantidad de irregularidades, ilegalidades y el negocio multimillonario que se pretende realizar con los bienes comunes.

Consideramos que esta amenaza no es un hecho aislado, y es parte de una cadena de intimidaciones que se vienen incrementando y agravando. Es momento que entre todas y todos pongamos freno a estas formas directas de amenaza.

Asimismo, solicitamos que el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, se rectifique en sus declaraciones, en las que calificó a la emisora de ilegal. Esto no sólo es falso, sino que es insólito que la máxima autoridad del pueblo desconozca la historia de una de las emisoras pioneras en la comunicación comunitaria latinoamericana que lleva más de 29 años emitiendo en la provincia.

Esperamos que se garantice el derecho libre a la comunicación, que este episodio en particular no pase a mayores y que ningún medio comunitario ni organización social vuelva a sea amenazada.

Sin medios comunitarios no hay democracia.

Un grupo de organizaciones repudiaron ayer la utilización de la versión original del himno de Bahía Blanca que fue modificada por una ordenanza en 1999 por el carácter racista y ofensivo de algunas de sus estrofas. “Avanzada de luz, blanca aurora, fue tu antiguo, tu heroico fortín; tú quebraste la flecha del indio, humillando su hirsuta cerviz”, cantaron días atrás quienes participaron de la inauguración del 33º Salón Anual de Arte de la Bolsa de Comercio.

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“Es de destacar que diversas autoridades municipales allí presentes no dijeron nada, ni siquiera el director del Instituto Cultural, Ricardo Margo, uno de los pretendidos impulsores de la eliminación de la estrofa”, afirmaron las agrupaciones mencionadas abajo.

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Agregaron que “no se trata de un descuido ni de una casualidad, sino que forma parte de un cuerpo de políticas públicas destinadas a seguir sosteniendo las ideas del colonizador, del conquistador, del genocida. Las mismas que observamos en toda una serie de discursos y reseñas históricas presentes en nuestro tránsito cotidiano por la ciudad y que inunda nuestros sentidos. Es por esto que hacemos un llamamiento a empezar a cuestionar quiénes somos como sociedad y a repudiar la historia que nos han inculcado”.

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“Y es que no hay ‘indios’ ni ‘descendientes’, lo que existen son Pueblos Originarios. Y no es únicamente de ellas y ellos la pelea. No se trata que el resto simplemente apoye. Al fin y al cabo, la sangre corre igual para todas y todos por las venas”.

La protesta incluyó una conferencia de prensa en el hall del palacio comunal y una manifestación frente a la sede de la Bolsa de Comercio en Colón y Chiclana. “Consideramos fundamental la participación de las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y a todas las individualidades que sientan que es importante adherir, comprometerse y participar. Lo visualizamos apenas como una acción tendiente a luchar sostenidamente por la descolonización y por nuestra verdadera historia”, sostuvieron.

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De la iniciativa participaron: Mujeres Originarias por el Buen Vivir / Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Artes Visuales / Centro de Estudiantes de la Escuela de Danza / CTA Bahía Blanca-Dorrego / SUTEBA / Asociación Argentina de Actores / Bahiensas Feministas/ Artistas por la No Violencia / FM De la Calle / Acciones Feministas / Centro Cultural La Panadería/ Socorro Rosa / Campaña por el Aborto Seguro Legal y Gratuito / Cardumen / Corriente Comunista Watu – Corriente Política de Izquierda / Colectivo Pueblo en Lucha / Comunismo Revolucionario – PMLM / Grupo 83 Solidaridad + Igualdad e individualmente María Mónica Vollpelier, Luis Pinilla, Juan Valenzuela, Ester Meier, Irene Abreu Barceló, Gabriel Rana, Miriam Pergher, Rosa B. Lopez, Aldana Tellechera, Martín Álvarez, Laura García Vázquez, Mariela Pérez Palma, Aluz de Luna, Beatriz Márquez, Nora Marfil, Pablo Justiniano.

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(Por Confederación Mapuche de Neuquén) El Estado Nacional Argentino intenta reparar uno de los actos más profundos de profanación contra el Pueblo Originario Mapuce. Exhibieron en una vitrina como trofeo de guerra la calavera del TOKI (jefe militar) más trascendente de nuestra historia mapuche.

Una guerra que no fue consentida por nosotros, el Pueblo Nación mapuce, ya que consideramos la campaña militar (de una Argentina aún en construcción) como una INVASIÓN GENOCIDA. Una guerra debe tener dos partes dispuestas a resolver un litigio por el uso de la fuerza de las armas. No fue este el caso. En ese brutal momento surgió la figura más prestigiosa en esa etapa de resistencia y de confrontación contra el poder invasor de Argentina, la figura del Toki Kajfvkura.

Ahora el mismo Estado que pretendió exterminarnos anunció que devolverá los “restos” de Kajfvkura a “sus legítimos descendientes”. A partir de esa decisión, comenzamos un debate en el interior del pueblo mapuche de Puelmapu, territorio mapuche superpuesto en la región que hoy se llama Argentina. El Toki KAJFVKURA trasciende cualquier límite geográfico, familiar o afectivo y es patrimonio de todos quienes resistimos la opresión, represión, negación y discriminación. Su prestigio e influencia hacia nuestro pueblo ha superado a todos los cronistas y escribas militares y civiles que durante 130 años han intentado (con todos los medios de comunicación y educativos a su favor), denigrar, mansillar, descalificar su vida y lucha por la unidad nacional mapuche.

El regreso a su MAPU, a su universo mapuche, debe hacerse con todas las condiciones que su figura exige. Será un acto de restitución y reparación o ¿sólo pretenden borrar las huellas del genocidio? Es el debate importante que nos debemos con las autoridades estatales.

En el último Parlamento de las Naciones Originarias de la Patagonia realizado en Fvrilofce y en relación al anuncio de su restitución y a las experiencias de los restos devueltos de otras personalidades mapuche y tehuelche, se realizó un pronunciamiento claro al respecto, y quedó afirmado en el Documento Final: la devolución de nuestro toki debe implementarse con políticas de Retorno, Restitución y Reparación. Eso implica, según las autoridades originarias presentes:

RETORNO de la familia completa del Toki, presa de la supuesta ciencia. La entrega inconsulta de un cráneo como acto de restitución degrada la historia y la cosmovisión de la comunidad, familia y Pueblo-Nación involucrados. El cuerpo obtenido mediante la profanación de ELTUWE (cementerio) era una tumba colectiva donde descansaba su familia. Junto a ello, se depositaron elementos personales, apreciados en vida por el Toki y bienes materiales que el profanador encontró como un conjunto, intocables para la familia y el pueblo afectados.

RESTITUCIÓN de los entornos territoriales donde están los ELTUWE. Se reclama como restitución todo lo que compone el cuerpo, sus bienes apreciados y el espacio geográfico donde descansaba en el momento de la profanación para que ese lugar vuelva a retomar su sentido y lógica ceremonial. Ese espacio territorial va a volver a recobrar la vida filosófica de un ELTUWE a través de un protocolo que van a recomponer las autoridades filosóficas y políticas mapuche (LOGKO, PIJAN KUSE, MACI).

REPARACIÓN de los agravios que la historia oficial generó sobre su figura, como signo de respeto a la memoria y honor de su familia, comunidad y Pueblo-Nación. Implica instalar a Kajfvkura en la historia, textos y bibliografía desde un enfoque de reparación histórica. Para realizar esta reparación de su figura degradada en décadas, el Estado Argentino debe reconocer lo que generó con su invasión militar: el genocidio de un pueblo preexistente.

Cumplidos estos pasos —como forma de simbolizar el reconocimiento y reivindicación de la figura de Kajfvkura— se debe construir un espacio público que represente su figura y su influencia en las actuales y futuras generaciones de mapuce que tienen como horizonte un Estado Plurinacional. Desde la lógica y el protocolo mapuche va a ser considerado ese espacio dedicado en honor del Toki el lugar ceremonial mapuche. Los lugares para este fin deben ser designados por las autoridades políticas y filosóficas mapuche convocadas por nosotros.

Esta dispuesto el Estado a que el acto denominado “de restitución” sea una verdadera reparación o solo pretende organizar una acto que anestesie una memoria histórica que ya no soporta más manipulación?

Con participación de integrantes de Concejos Deliberantes, de organizaciones ambientales y habitantes de varios partidos de la Cuenca de Claromecó, se realizó el viernes en Sierra de la Ventana un nuevo encuentro para definir estrategias de resistencia al fracking y otras prácticas contaminantes en la región. Bahía Blanca no tuvo representación legislativa.

Se concluyó reforzar la presencia de la asamblea en los municipios que aun no cuentan con ordenanzas antifracking y propiciar la actualización de las normas existentes en relación a la gasificación subterránea de carbón, impulsar una ley provincial con los mismos objetivos, propiciar el uso de energías renovables e insistir en el pedido de informes a la gobernadora sobre los proyectos en marcha.

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Hernán Scandizzo, integrante del Observatorio Petrolero Sur, destacó la necesidad de conocer las técnicas que pretenden utilizarse y los antecedentes internacionales de su aplicación para poder transmitir la preocupación a las comunidades de la cuenca.

Por ejemplo, los estados australianos de Victoria y Queensland prohibieron la gasificación subterránea de carbón y Escocia decidió este mes desalentar su uso. “Los estudios que la provincia de Buenos Aires financió para el aprovechamiento limpio de carbón ponen como referencia estos proyectos de Australia como que eran re seguros y ahora estamos viendo como los están tirando abajo y en una etapa piloto, no llegó a tener un desarrollo industrial”.

Más info sobre la Cuenca de Claromecó

“Hay gente haciendo lobby, recorriendo los campos, hablando con la gente, les dicen que la extracción de gas de carbón va a servir para generar urea para fertilizar los campos. Nos están usando como chanchitos de la India”, dijo el periodista y agregó que “en Australia decidieron que el desarrollo económico que plantea la agricultura no se puede poner en juego con estas promesas de bienestar del desarrollo de carbón”.

En cuanto a la explotación, Scandizzo explicó que se trata de “mantos de carbón que están entre 400 y 800 metros de profundidad, muy cerca de los acuíferos. No se va a sacar el carbón sino que va a permanecer en el subsuelo. Hay dos técnicas, una es que en el manto hay carbón, hay agua y hay gas metano. Una de las posibilidades es el aprovechamiento -como dicen las empresas- del gas intersticial”.

“Al perforar, al fracturar ese carbón para que libere el gas, se saca el agua porque está haciendo presión para que el gas no se mueva. A partir de ahí se extrae el gas. El problema además es que el agua es salobre y viene acompañada de una cantidad de químicos que participaron de la generación del carbón y que también tiene restos de metano, la disposición final es un problema muy grande”.

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En el aprovechamiento de gas asociado a carbón sucede que al fracturar, “si la presión es mayor a la presión hidrostática que tiene ese manto, se rompe la roca que está sirviendo como techo y deja migrar ese agua almacenada hacia los acuíferos de la superficie”.

Para la gasificación subterránea del carbón “se hace un pozo de entrada en el que se inyecta oxígeno, se genera la combustión del carbón que está en la veta y los gases que se generan son sacados por otro pozo productor. Ahí se separa el gas sintético, el metano y demás”. En los pozos de monitoreo australianos pasó que cuando llegó el rastro de contaminación “ya se habían mandado una macana muy grande”.

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“No tienen constancia de que la roca sello haya quedado en buen estado porque ha habido migraciones hacia la superficie y en la cavidad no pudieron controlar que la combustión se haga por segmento, que se queme una parte de carbón y no avance hacia otros costados. Eso genera el fenómeno de subsunción, que se hunda el suelo, que tal vez en la superficie no se nota pero sí en las formaciones geológicas y se altera el curso de las aguas subterráneas”, detalló Scandizzo.

Ana Colantonio, del Grupo Ambientalista Partido de Tres Arroyos, comentó a FM De la Calle que las exploraciones en la Cuenca de Claromecó existen “desde 1960 con la Ley de Hidrocarburos en la época de los militares” aunque las “dio a conocer el gobernador Scioli en 2010. No es algo improvisado que cae por sorpresa”.

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Aseguró que “en Tres Arroyos tuvimos un lobista antes de que comenzara esta discusión de la gasificación subterránea, convocó a pocas personas y nos vino a vender esto como producto limpio. No es limpio para nada, la diferencia que el lobista te va a decir es que el fracking usa agua que es por lo que la gente protestaba y en esto se va a usar aire, pero es mucho peor. (…) Es más silencioso pero hay que tener cuidado con lo que nos venden las corporaciones porque a ellos no les va a interesar la salud ni romper con la economía regional”.

María Saint Martín, asambleísta de Laprida, comentó que en su partido se movilizaron y fueron casa por casa para juntar tres mil firmas que les permitieran avalar proyectos de ordenanza antifracking y “para el cuidado del agua y que prohibiera el depósito de residuos peligrosos”.

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Las iniciativas fueron expuestas desde la Banca Ciudadana con el respaldo de un tercio de la población comunal aunque “no logramos nada porque el Frente para la Victoria era mayoría -y aun lo sigue siendo- y nunca decidieron tratar el tema”. “Incluso fue gente de YPF a querer convencernos de que los químicos que usaban eran los mismos que usaban en los chupetes de los bebés y en un montón de cosas que usábamos en la vida diaria. Nos reunieron a todos para decirnos eso y mucha gente se enojó y se fue de la exposición porque dijeron ‘nos están tomando el pelo'”.

El concejal de Pringles Osvaldo D’Annunzio (GEN) recordó que en su municipio la aprobación de la ordenanza contra el fracking “fue difícil porque había dos posiciones, a favor el oficialismo de ese momento, incluso vino gente de la provincia hablando de las bondades de este método, pero el Concejo Deliberante logró el consenso y se aprobó por unanimidad”. Además, valoró el interés del periodismo que “se ha comprometido más que la parte política”.

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Tras la audiencia, el ex edil de Guaminí Ignacio Zavaleta (UCR) dijo a FM De la Calle que “hemos tenido avances enormes tanto en la construcción de la conciencia institucional por medio de ordenanzas, se va sumando muy lentamente la conciencia ciudadana que es el trabajo al que falta darle un poco más de impulso”.

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“Los interesados en este tipo de explotación tratan por todos los medios que quede invisibilizado, eso les permite avanzar sin ningún tipo de contratiempo, por eso nuestro planteo resulta sumamente incómodo. Nos falta toda esa estructura y ese espacio en los medios para llegar a la gente, una política más incisiva en cuanto a la parte educativa, ir a los colegios, si bien ya lo estamos empezando a hacer”.

Finalmente, ante la falta de anuncios oficiales, Zavaleta afirmó que “el Estado nos brinda información cuando detecta que nosotros ya la tenemos, mientras tanto se hacen los sotas y miran para otro lado, pero cuando saben que vamos a buscar algo específico: ‘acá está’. La van demorando pero ya con lo que tenemos es suficiente para ir a fondo con este tema y pararlo de una vez por todas”.

Desde hoy y hasta el 31 de octubre en se realizan en Buenos Aires, Neuquén y Cipoletti una seria de charlas públicas y capacitaciones sobre salud, ambiente e hidrocarburos no convencionales organizadas por EJES, Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental. Participan profesionales nacionales y de Estados Unidos.

Las jornadas se enfocan desde el abordaje de salud socioambiental que trabaja los vínculos entre salud, ambiente y procesos sociales y productivos. Bajo este marco, pretenden abordar enfoques generales y conceptuales con casos concretos registrados por el desarrollo de hidrocarburos no convencionales y la implementación del fracking, paquete tecnológico central en la nueva frontera.

Tal objetivo se considera pertinente y prioritario debido al impulso y conflictividad asociados con el desarrollo a escala masiva formaciones antes no viables, como Vaca Muerta en la Cuenca neuquina. Entre los puntos debatidos por tal promoción uno central es la cuestión de ambiente y salud pública de poblaciones locales y trabajadores del sector, aspecto que cuenta con una creciente literatura científica a nivel internacional que amerita su debate y divulgación.

Se busca exponer y debatir el acumulado histórico que se viene produciendo en el país y el extranjero desde diversos planos para incrementar el conocimiento y participación social. En primer lugar, desde un abordaje general al relatar las experiencias de intervención territorial y conceptual de salud socioambiental. En segundo, cómo se traduce este abordaje en el caso concreto de los hidrocarburos no convencionales, tanto en el país como en los Estados Unidos, país pionero tanto en la generación y expansión de la industria como en el registro de sus impactos y costos asociados.

Además de quienes integran EJES, como el Taller Ecologista y el Observatorio Petrolero Sur, las jornadas contarán con la presencia de las dras. Sandra Steingraber y Kathleen Nolan, integrantes del Instituto de Salud Socioambiental, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario y de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Buenos Aires, Asamblea Fuera Basureros del Neuquén, representantes del Siprosaprune y del Equipo de Salud de la Confederación Mapuche del Neuquén, entre otros y otras.

Más información en www.opsur.org.ar – www.tallerecologista.org.ar

#FrackingySalud

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“Bullrich es muy coherente. Roca intentó exterminar al pueblo mapuche, no lo logró, y sin embargo la educación ha sido un arma fundamental para eliminar ideológica y culturalmente a los pueblos indígenas. La frase es de una sinceridad brutal absoluta. Decir: lo que no pudo Roca lo vamos a lograr con la escuela”, dijo el werken de la Confederación Mapuche de Neuquén Jorge Nawel tras la reivindicación del primer genocidio que hizo el ministro de Educación en Choele Choel.

Esteban Bullrich dijo en un acto oficial que la inauguración de un hospital escuela era parte de “la nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación” y agregó que “no estamos poblando este desierto, ustedes hacen que esto no esté desierto y eso es lo más lindo”.

Nawel afirmó a FM De la Calle que el ministro “muestra la coherencia que tiene el PRO, que tiene la derecha, que tienen todos estos sectores que hoy les toca gobernar el país” que “reivindican héroes como Roca, Mitre, Sarmiento, gobiernan para una clase muy específica, que es la suya, desprecian todo lo que es demanda o reivindicación popular, desprecian al interior. Saben muy bien lo que quieren y para qué están utilizando al Estado”.

“Sí me preocupa que la sociedad argentina, la sociedad criolla, todavía no dimensione lo que implicó la Conquista del Desierto, porque yo creo que un exabrupto como el que cometió en su momento el secretario de Cultura Lopérfido, cuando habló de que no eran 30 mil los desaparecidos, le costó la renuncia. Creo que ningún sector de la población hoy aceptaría que se reivindique el holocausto al pueblo judío y habría una condena y le costaría la cabeza a cualquier funcionario al que se le ocurriera”.

“Sin embargo lo de Bullrich va a quedar como una anécdota dentro de un par de días, nadie se va a acordar. Me preocupa que se vaya haciendo natural que de pronto sectores fachos o racistas como los que gobiernan hoy puedan decir semejante barbaridad y no le cueste la cabeza a ese ministro”, dijo.

Cuestionó el “doble discurso de los sectores progresistas o de derechos humanos todavía no llega a reivindicar lo que es la situación de los pueblos indígenas y eso me preocupa porque somos parte de esa gran mayoría que aceptamos pasivamente que un ministro racista como este venga a decir en nuestras propias narices que lo que no pudo Roca lo va a lograr la educación”.

Luego del discurso, Bullrich oscureció ante la prensa: “Me refiero a ese proceso histórico, del avance en un territorio que no estaba conquistado, ocupado. Ahora, a partir de una construcción distinta con la educación, los pueblos originarios tienen que ser reconocidos, hay que trabajar con ellos para que haya una cultura común y no la aniquilación para que (una cultura) predomine”.

El werken recordó que si bien Argentina se reivindica como “lo más blanquito de América” existen más de treinta pueblos indígenas en su interior. “Todos los días estamos luchando contra eso porque tenemos un sistema educativo totalmente discriminador y racista que sigue reivindicando a Sarmiento como el primer maestro, el padre del aula, y no noto que los maestros cuestionen esa celebración y cantan el himno y se toman el día de descanso en honor al gran maestro y siguen reivindicando a un racista, a un genocida”.

(Por Pablo Quintana) Ese es el canto que más se escuchó en los últimos días entre los integrantes de las comunidades. Emoción, lágrimas, gritos de pura rebeldía nomás. Así se vivió ayer el momento en el Juez Federal, Guido Otranto, dictaminó el archivo del expediente por carecer independencia en la investigación y estar viciada de nulidad, cerrando así el capítulo de extradición a Chile que pesaba sobre el lonko mapuche, Facundo Jones Huala.

“¡Silencio en la sala!”, debió ordenar el magistrado cuando daba lectura del segundo punto de su dictamen en el que disponía la libertad en el proceso judicial y la gente pareció estallar en gritos. Es que la angustia e incertidumbre había ganado los rincones del salón de Gendarmería pero también los aires que se inspiraban afuera, en medio del humo.

Pero la tarde del primer día de setiembre del 2016 tenía reservada más emociones. Horas después del histórico fallo de Otranto, la justicia provincial decidía también poner punto final a la medida cautelar, morigerada, que implicaba una prisión domiciliaria. Así, alrededor de las 18.30, el líder mapuche, esperado por su gente, se retiraba de la Unidad Penitenciaria Federal Nº 14 de Esquel. El júbilo fue total.

Lo que dejó la audiencia

Atrás quedaban mucho más que dos jornadas intensas por el debate judicial. Quedaba al desnudo una puesta en escena que no pudo hacer mella en el juez Otranto que falló conforme a derecho. La presión que se ejerció en torno al proceso fueron muchas y en la búsqueda de estigmatizar a Jones Huala y el resto de la comunidad mapuche, parecía un vale todo.

Quizás ese puede ser el punto de partida para entender parte de lo que se terminó por resolver en la tarde de ayer.

Porque además de haber declarado la nulidad del informe presentado el 10 de febrero del 2015 por parte de la División Policial de Investigaciones de Esquel de la Policía de Chubut, que dio origen al proceso judicial que culminó ayer, hubo otras trascendentes decisiones. Durante el proceso quedó sobre relieve que como consecuencia directa de esa acción policial el proceso era nulo de nulidad absoluta y ahora será la misma justicia la que tendrá que investigar los hechos allí exhibidos.

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Por ello, el juez ordenó la extracción del testimonio del joven de Gualjaina para que se investigue los tormentos a los que fue sometido en el momento que declaró ante los uniformados. El joven habló de golpes en la patrulla y luego en la comisaría. Más tarde el oficial principal Pablo Carrizo, que trabaja con la fiscalía que tiene asiento en El Hoyo, hablaría de una entrevista a la que sometió al joven sin la asistencia de un abogado.

El testimonio del muchacho de Gualjaina involucraba a Facundo Jones Huala en una campaña que se habría orquestado en su propia casa y lo vinculaba al incendio de un camión en la zona de Leleque. El joven, sin formación educativa, desocupado, dio una breve pero impactante declaración.

En su alegato, la abogada defensora Elizabeth Gómez Alcorta puso énfasis al responder la requisitoria de la fiscal Silvina Avila de impulsar la denuncia por falso testimonio contra el joven que recién en la audiencia denunció los golpes recibidos. “Esta defensa está perpleja, cualquiera que conoce la dinámica de la violencia institucional del que son víctimas nuestros jóvenes, pobres, indígenas, de los barrios periféricos a lo largo y ancho de este país, somos conscientes que en general tienen un amplio temor de decir lo que tienen que decir, porque fiscales como usted no les creen. Porque prefieren creerles a funcionarios policiales que golpean, que llevan adelante entrevistas que de por sí no está prevista en la ley, que no pueden entrevistar a un imputado sin la presencia de un abogado y sin embrago lo hacen. En este sentido, nuestros jóvenes van a seguir ocultando los golpes que reciben”, vociferó la abogada defensora. Y no dudó en señalar que la violencia institucional, con la actitud asumida por la fiscal se seguía cometiendo en la audiencia. El hecho, podría decirse, tuvo su punto final en el momento en que el juez ordenó, por medio de su fallo, que se investigue ese hecho puntualmente.

Pero el magistrado fue más allá, dictaminó también la extracción de testimonio para que se investigue el delito de acción pública que habrían cometido los efectivos policiales: el oficial principal Pablo Carrizo, integrante de la Brigada de Investigaciones del Chubut, y el comisario Víctor Velozo, que supo estar a cargo de la comisaría de El Maitén.

Gómez Alcorta había clamado en su alegato que se estaba ante la posibilidad de brindar una cuota de ética “frente a tanto funcionarios policiales y judiciales que han violado la ley, han vulnerado garantías constitucionales, que se han entrometido ilegalmente en la vida de Facundo, de su familia, de su comunidad”. Y el magistrado actuó en consecuencia.

¿Y todo el circo?

Sólo restaría conocer los costos en los que incurrió el Estado para este proceso. No sólo por lo que implicó la instancia judicial sino por el despliegue de efectivos de Gendarmería Nacional que llegaron desde distintos puntos del país en colectivos, camión hidrante, drones y tanta exhibición mediante.

En la búsqueda de esa estigmatización del mapuche violento no había alcanzado con las versiones periodísticas que vincularon a Jones Huala con el asesinato de carabineros o su autoría en los incendios forestales de la región. Tampoco había alcanzado con la mención del famoso RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, las maquinarias quemadas y los atentados terroristas; sino que en las horas previas al inicio del juicio corrió la bola acerca de la presencia de miembros de “Quebracho”.

Así lo replicaron por redes sociales quienes alentaban teorías de este tipo y quienes replicaban sin la menor idea del grado de veracidad que tenía esa especie. Pronto la fotografía del comercio ubicado en avenida Alvear casi esquina avenida Juan Domingo Perón, con sus vitrinas cubiertas con madera, corrió como reguero de pólvora por las redes sociales.

No sólo que nunca pasó nada, sino que bastaba con ver los protagonistas en cuestión. Niños, ancianos y jóvenes jugando, cantando y bailando deberían haber sido los promotores de semejantes tormentos de miedo. El entorno estaba inundado del humo que desplegaba la fogata encendida en el medio de la plazoleta. Pero también estaba anegado por tanto “newen” que brotaba de la muchedumbre que bailaba en las afuera de Gendarmería.

Nadie quería irse de allí. En el purrun, ese baile comunitario en círculo al ritmo del latido del corazón, parecían palpitar esas almas al unísono. En el fondo, se podía ver a los policías y gendarmes armados hasta los dientes y los drones danzando por los aires.

Fotos: Leandro Antiman

Mañana la justicia federal de Esquel decidirá si extradita o no al lonko weichafe mapuche Facundo Jones Huala reclamado por Chile para ser juzgado por los delitos de incendio, tenencia ilegal de armas de fabricación artesanal, e ingreso clandestino al territorio chileno.

“Hay que profundizar el debate político y en la comprensión de ese debate o discusión política comprender que aquí se está juzgando un hecho político y que la extradición también es una decisión política. Hay que ver cuánto el Estado argentino y el Estado chileno quieren seguir reconociendo que tienen un conflicto político que no han sabido solucionar y que han sido los que lo han generado”, dijo Huala a FM De la Calle desde su celda patagónica.

Este martes se realiza un acampe en cercanías de la Unidad 14 del Servicio Penitenciario de Esquel para apoyar al líder indígena. Por estas horas, el gimnasio municipal desborda de efectivos de la agrupación XIV Chubut de Gendarmería Nacional con asiento en Rawson comandados por el ex jefe de Asuntos Internos de la Región V Bahía Blanca, Dardo Miguel Caballero.

En vísperas de la audiencia que comenzará el miércoles a las 10, el lonko aseguró que “la confrontación dialéctica de opresor y oprimido aquí toma las características de mapuche oprimido frente a un sistema opresor. Planteamos frente a esa contradicción un proceso de reconstrucción de nuestro mundo mediante la recuperación de tierras productivas y sagradas mediante la validación tanto de todas las formas de lucha como la revitalización de todas nuestras formas culturales y políticas como camino a un proceso de liberación nacional y eso tiene un marcado carácter -si bien es ancestral- anticapitalista, antiimperialista, antiligárquico”.

-¿Quién sos y por qué estás preso?

Yo soy un prisionero político perteneciente a la Nación Mapuche, me toca ser lonko de una serie de comunidades o de un grupo de peñi y lamgen de aquí de la zona de Cushamen. Se llama Cusha mapu el territorio donde le estamos disputando tierras a la multinacional Benetton y donde estamos haciendo ejercicio de nuestros derechos políticos y territoriales parte del movimiento mapuche de Puel Mapu. Y también me encuentro detenido en este momento por un pedido de extradición por el Estado chileno por haber sido partícipe de la defensa de un espacio sagrado que es Ngen Mapu Kintuante frente a la instalación de empresas hidroeléctricas que inundarían estos espacios sagrados. Yo estuve cerca de un año preso con la machi Millaray Huichulaf que es autoridad espiritual y vocera de esas comunidades en resistencia en la zona del Pilmaiquen, cerca de Osorno.

-¿Tu situación es la extradición y también la intención de la justicia de aplicarte la Ley Antiterrorista si bien hasta ahora no lo ha logrado?

Sí, en realidad la Ley Antiterrorista la quisieron aplicar en un principio hace más de un año aquí en el conflicto de tierras de Leleque y no se pudo aplicar porque la misma justicia federal dijo que acá nomás hay un conflicto social radicalizado. Entonces se tuvo que aplicar la legislación común. En el fondo se reconoce el conflicto político pero lo que sucede es que jurídicamente las herramientas técnicas no permiten reconocer ese conflicto político, que fue lo último que han manifestado las autoridades judiciales de la provincia.

Y en términos de la justicia federal en Chile si bien en un momento hace varios años se aplicó con bastante fuerza la Ley Antiterrorista contra las comunidades, contra los peñi presos y todo, en el último tiempo el Estado chileno no la aplicó porque eso tuvo mucha repercusión a nivel internacional y de alguna manera terminaba reconociendo el carácter político del conflicto mapuche. Entonces han aplicado parte de la legislación común en las sentencias, en toda la dinámica del juicio, pero con elementos que provienen de la Ley Antiterrorista, testigos protegidos, informes de inteligencia de lo que es en Chile la ANI la Agencia Nacional de Inteligencia como aquí es la AFI. Y en una parte el Estado argentino también ha copiado esa solución.

Recordemos que por este conflicto aquí saltó a la luz un escándalo con respecto al espionaje ilegal no solo de las comunidades mapuches sino también de vecinos y ambientalistas del No a la Mina, periodistas, maestros, ha habido mucho escándalo.

En Chile ese espionaje ilegal nunca ha sido investigado pero sí utilizado, incluso en el caso nuestro en lo que se denomina el Caso Pisu Pisué que fue el incendio de un fundo, de una estancia, a 50 kilómetros de donde estaba la machi. Pero en realidad fuimos detenidos, más que nada el objetivo político era la detención de la machi Millaray como vocera de esas comunidades y ahí en un momento se planteó la aplicación de la Ley Antiterrorista pero ya perdió fuerza. El tema es que el Estado quiere tratarlo como delitos comunes.

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-¿Políticamente han tenido en alguna instancia diálogo con los Estados argentino o chileno?

Hubo una situación interesante, un hecho político a destacar, el viernes. Se logró dialogar con representantes del Estado, con gente de La Trochita, por una causa que se desprende de la causa más grande que es la recuperación de tierras en la zona de Leleque, por una causa de obstrucción de las vías de La Trochita, recordemos que es monumento histórico nacional. El juzgado federal, el mismo que tiene que resolver mi extradición el 31, planteó una mesa de diálogo como forma de resolución alternativa de conflictos. Si bien es una cuestión menor es un hecho histórico que hayan entes jurídicos y políticos que se sienten a debatir en la cárcel con un prisionero y con gente de las comunidades que actúa dentro de la cárcel.

Me parece que lo último más parecido a eso fue un caso con militantes del ERP, específicamente con Santucho, pero el ERP tenía a un empresario secuestrado y gente del frigorífico creo que se acercó a conversar con Santucho en la cárcel y después fue trasladado. Aquí la situación se da en términos mucho más políticos porque nosotros no tenemos a nadie secuestrado y también es un conflicto mucho más profundo porque es político y cultural.

Aquí están conversando con lonko, con werken, con autoridades político filosóficas culturales del pueblo nación mapuche y entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. El hecho en sí, la causa en sí, el despliegue que se generó, el interés de tantos organismos de derechos humanos como del gobierno, organismos políticos, nos ha dado la razón en el sentido del reconocimiento político de este conflicto ancestral.

-Vos decís: pase lo que pase con la extradición seguiré siendo uno más en la confrontación dialéctica mapuche-capitalismo, ¿cómo es esa idea?

Porque nosotros aquí, el pueblo mapuche es víctima de un sistema global, que se instaura a través de los estados coloniales en la Conquista del Desierto y la Pacificación de la Araucanía a finales del Siglo XIX, se da una situación de ocupación militar y política y a partir de ahí somos producto de esa colonización brutal, salvaje, ese genocidio, esa persecución histórica.

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En un primer momento fuimos acampesinados, por decirlo de alguna manera, porque nuestra forma de vida no tiene esa concepción de campesino ni de obrero, de proletario. Y luego de eso fuimos proletarizados gran parte de nuestra población y obligados a vivir bajo los parámetros del mundo occidental que en este momento la máxima expresión del modelo capitalista es el modelo neoliberal.

En esa confrontación entendemos que el Estado no es más que un gerente más del capitalismo global, es una herramienta del sistema capitalista, no es el verdadero enemigo, más allá de que es el que administra las fuerzas policiales, el que genera institucionalidad, el verdadero enemigo es el sistema capitalista que es un sistema político y económico.

En esa confrontación del pueblo mapuche frente a empresas trasnacionales, frente a la oligarquía criolla, frente a todas estas distintas caras que tiene este sistema, nosotros somos en este sector los más pobres entre los pobres, somos el sector más oprimido de la sociedad en lo que hoy es Patagonia o el territorio ancestral mapuche y obviamente que somos la mano de obra de todas estas oligarquías y empresas trasnacionales que pretenden usurpar nuestro territorio.

Esa confrontación dialéctica de opresor y oprimido aquí toma las características de mapuche oprimido frente a un sistema opresor. Aquí planteamos frente a esa contradicción un proceso de reconstrucción de nuestro mundo mediante la recuperación de tierras productivas y sagradas mediante la validación tanto de todas las formas de lucha como la revitalización de todas nuestras formas culturales y políticas como camino a un proceso de liberación nacional y eso tiene un marcado carácter -si bien es ancestral- anticapitalista, antiimperialista, antioligárquico.

-¿Cómo han sido hasta aquí las condiciones de tu detención?

La verdad es que a pesar de todo, de que es muy duro estar encarcelado y que la represión del Estado argentino también ha sido brutal, las condiciones carcelarias argentinas son mucho menos indignas que las chilenas. A pesar de todo uno igual sigue manteniendo la moral alta porque el nivel de movilización de la gente no ha decaído, al contrario, se ha fortalecido.

No solamente el proceso de recuperación de tierras en la zona de Leleque, de Cushamen y de Vuelta del Río sino que también se ha fortalecido esa lucha en otros sectores del territorio mapuche donde los movimientos mapuches autónomos tienen presencia de diferentes maneras, tanto en el fortalecimiento de los procesos de recuperación que ya se mantenían sino también en acciones de sabotaje al sistema capitalista. Yo estaba aquí detenido y me enteré por las noticias pero un grupo de resistencia mapuche atacó maquinaria del magnate inglés Joe Lewis en la comarca andina y cabañas pertenecientes al sindicato petrolero donde incluso había una situación de trata de personas.

 _MG_5207-¿Qué sabes de tu comunidad después de tu detención, de la violencia que se ejerció sobre mujeres, niños y niñas?

Ellos también se encuentran fortalecidos a pesar del maltrato del Estado opresor y de las empresas. Fortalecidos política, filosóficamente, eso es lo que a uno de la da la moral para seguir aquí firme, con las convicciones, digno.

Por eso le digo que todo depende mucho de esa movilización política y social, de la profundización y la conciencia política e histórica de nosotros como pertenecientes a la Nación Mapuche, de la identificación del enemigo real, del cese ya paulatino, cada vez más grande de la violencia interna que nos ha heredado este sistema perverso, del despojo de vicios, por lo menos en una parte del sector del movimiento mapuche más combativo, más consciente y organizado.

En ese sentido la resistencia de Vuelta del Río, de recuperación de tierras, se encuentra más fortalecido que nunca, totalmente convencido y va a seguir plantándose como se ha plantado hasta el momento. Las últimas represiones los weichafe resistieron nuevamente con piedras a la brutalidad policial con balas de plomo y de balas de goma, pero sobre todo destacar que se enfrentaron a balas de plomo. Y los weichafe y los kona que se encontraban allí presentes pudieron echar a la policía con hondas y gomeras y eso es algo de destacar, la diferencia del poder de fuego y la dignidad de nuestros peñi, se pudo resistir la brutalidad de la represión.

-¿Para la audiencia de extradición qué expectativas hay?

En realidad lo que dice la ley de extradición es que los delitos políticos no son extraditables. Solo los delitos políticos y lo que pueda generar una suerte de conflicto social, por llamarlo de alguna manera, no es extraditable.

El tema es que el Estado chileno no quiere reconocer el conflicto político, tiene más de 40 prisioneros políticos mapuches, gente mayor de edad encarcelados, autoridades tradicionales, que una viejita, una machi, encarcelada dos veces y juzgada por la misma causa, rompiendo todos los estándares de derechos humanos internacionales, la misma legislación chilena, los fiscales reconocieron que tienen presos políticos mapuches sin prueba, pero siguen tratando todo como delitos comunes.

Aquí todo depende del grado de movilización de la gente, de la connivencia o no de la fiscalía federal a nivel local y por lo mismo le decía de la organización y de la conciencia que pueda adquirir no solo el pueblo mapuche sino el resto de la sociedad, de comprender el conflicto político histórico que atraviesa dos Estados que son hijos de la corona española, tenemos que recordar que los Estados criollos nacen a partir de una pelea entre los mismos hijos o nietos de los españoles, que plantean ese proceso que fue la Revolución de Mayo, todas esas situaciones, pero que recién en territorio mapuche pueden ingresar en 1881 y 1879 que fue la Conquista del Desierto y la Pacificación de la Araucanía, los antecesores del Plan Cóndor en los 70.

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Tenemos que hacer mucho hincapié en eso, estamos atravesados por dos Estados coloniales hace 130 años, ni siquiera vivimos el bicentenario porque es muy nueva toda esta situación jurisdiccional, tanto jurídica e incluso colonial para nosotros. Si bien vivimos muchos años de agachar la cabeza creo que el grado de concientización y de politización propia mapuche ha alcanzado niveles que nadie se esperaba, venimos a interpelar a la sociedad en general en términos constructivos y a los Estados en términos de reparación y al sistema capitalista en términos -ojalá- de expulsión de sus intereses de nuestro territorio. Y me parece que eso es lo que hay que comprender.

Hay que profundizar el debate político y en esa comprensión de ese debate o discusión política comprender que aquí se está juzgando un hecho político y que la extradición también es una decisión política. Hay que ver cuánto el Estado argentino quiere seguir reconociendo, y el Estado chileno, que tienen un conflicto político que no han sabido solucionar y que han sido los que lo han generado.

Fotos: Radio La Negra, Diario La Jornada, Pablo Quintana.

(Por ¿Quién Te Juna?*) Monsanto ha logrado consolidarse como una de las empresas más importantes del mercado de semillas a nivel mundial y, a su vez, la que más controversia ha generado por el peligro que representan sus productos, para la salud y el ambiente.

La compañía, que se dedica principalmente a la producción y comercialización de herbicidas y semillas transgénicas, llegó bajo la idea de la “Revolución Verde”. La cual impulsaba mejoras agrícolas para de esa forma, poder erradicar el hambre en el mundo, instando a los productores de países en vías de desarrollo, a adoptar las prácticas agrarias impulsadas por Monsanto.

En Argentina, la empresa tiene plantadas alrededor de 18 millones de hectáreas con soja transgénica. El uso de transgénicos, permite la instalación de la idea extractivista, es decir, que cada vez se produce más y en mayor cantidad. Esto significa que, se reemplazan los cultivos autóctonos por monocultivos creados en laboratorios.

Cuando el Estado mira para otro lado

En la actualidad los campos deben utilizar pesticidas como el Roundup, para el control de malezas, cuyo principal componente es el glifosato, siendo de éste uno de los químicos más contaminantes vertidos en las cosechas.

En 2007, Monsanto fue penalizada por falsa publicidad, dado que, anunciaban que el Roundup era biodegradable y no tóxico. Por lo tanto, la empresa tuvo que retirar la palabra Biodegradable de sus envases, para poder seguir comercializando su herbicida.

En nuestro país, existe una ley nacional y varias provinciales que, establecen la prohibición del uso plaguicidas y otros agroquímicos a distancias que rondan ente los 50 y los 1000 metros de distancia de zonas pobladas o escuelas rurales. Sin embargo, la norma nacional no se cumple, difiere de las provinciales, y los organismos de aplicación son los municipios. Esto genera, un sinfín de regulaciones que dejan a las personas expuestas a estos peligros.

Argentina, actualmente utiliza entre ocho y diez veces más glifosato por hectárea que Estados Unidos. La periodista marplatense especializada en medio ambiente, y miembro de la ONG Bios, Silvana Buján, comentó que hace unos años impulsaron la creación de informes en conjunto con el dr. Andrés Carrasco, para que los legisladores de esa ciudad se involucren en la problemática. Además sostuvo que: “Los legisladores marplatenses en ese momento, tuvieron manifestaciones muy fuertes por parte de los productores, pidiendo que no existan esos mil metros, porque decían que ahí no podían plantar nada. Finalmente a presión de ellos (los productores), con engaños y la connivencia de las autoridades locales, se levantó la medida”.

“Tiempo después, la gente de Paren de Fumigarnos se presentó en la justicia. Hoy el caso está en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, porque el municipio finalmente eliminó eso mil metros, puso un programa de ‘Reconversión Agroecológica’, con lo cual dio vía libre para que se fumigue hasta el borde las casas”, explica Buján, quien además desde la ONG que integra realizó una serie de estudios que demuestran los altos niveles de pesticidas que contienen los alimentos y lo perjudiciales que son para la salud.

Asimismo, Buján sostiene que en la actualidad el Estado, está volcado completamente a las corporaciones y agrega: “Desde el primer día vienen aprobando los transgénicos, porque facilitan a los productores que sigan usando éste sistemas y están ausentes en la universidades nacionales, y porque ahora le cambiaron el nombre al Ministerio de Agricultura por el de Agroindustria. Con lo cual, ya desde el nombre te están diciendo que el pequeño agricultor no existe más, no es parte de éste modelo que se está aplicando en Argentina”.

Por su parte, la licenciada de Geografía e integrante del Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria de la UNS (ETSA), María José Junquera sostiene que: “Deberían haber políticas públicas que ayudaran a éste tema, pero  si analizas desde los ’90 para acá, hay una continuidad en ésta línea de pensamiento. El Plan Estratégico Alimentario, plantea que hay que producir más porque la población está aumentando. El problema no está en que hay que producir más, sino en la distribución de los alimentos”.

Soluciones posibles

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Desde hace tiempo en diferentes puntos del país se viene llevando a cabo la lucha para poder tener una agricultura sustentable y libre de agrotóxicos. Junquera, explica que es la Soberanía Alimentaría al decir que: “Se puede definir como el derecho de los pueblos a decidir qué alimentos consumir y como producirlos”.

En este sentido, Silvana Buján considera que es posible cambiar el sistema de producción de alimentos, considerando que: “Para lograrlo es necesario enseñarle a todxs los que fueron capacitados de la mano de éstas corporaciones que sostienen cátedras. Falta romper esta dependencia con las corporaciones del agro, independizar a la ciencia de los sponsors que la formatean, y empezar de cero con una ciencia digna para mostrar que hay un camino posible, deseable, necesario e imprescindible”.

En paralelo la licenciada Junquera comentó que, en nuestra ciudad se están desarrollando medidas para generar una alimentación sustentable, una de ellas es el grupo de trabajo formado bajo la órbita de la Universidad Nacional del sur y agrega: “El ETSA surge como un espacio de reflexión que pudiera suplir las faltas del plan de estudios de agronomía. Actualmente somos estudiantes, profesores, también hay gente de distintos ámbitos, que lo que buscamos es generar este espacio de construcción del conocimiento entre todos y por eso organizamos talleres, o disertaciones. Todo abierto a la comunidad, pero lo hacemos en la universidad”.

En la actualidad, el ETSA tiene dos proyectos para poner en marcha: “Uno es el de formar una cátedra libre de Soberanía Alimentaria como hay en otras universidades del país, ese es un proyecto que tenemos en marcha. Y después tenemos hace unos meses, los chicos de biología sobre todo, dentro igual del ETSA, arrancaron con ayuda de Pro-Huerta del INTA Bordenave, en el predio de Agronomía de la UNS, una huerta agroecológica, que recién arranca, pero la idea es que se puedan producir alimentos, para consumo o  comercializarlos si nos va bien con la producción”, comenta Junquera.

Además explica que como colectivo, se han contactado con agricultores agroecológicos de la ciudad: “Muchos comercializan sus productos por Facebook. También teníamos un proyecto de armar, como una feria en la web para que los productores agroecológicos se puedan anotar para que uno tenga contacto directo con el productor. Caritas también organiza, que nosotros participamos, en la Feria del Lago donde hay productores del cinturón hortícola de Bahía Blanca y de Cerri también que venden sus productos, que si bien no son todos agroecológicos, tiene muchos menos agroquímicos de lo que es habitual consumir”, y concluye: “Hay que buscar espacios alternativos, que los hay, pero uno tiene la costumbre de ir al supermercado”.

El camino por recorrer para la obtención de una Soberanía Alimentaría plena es largo, pero vale la pena seguir adelante. La idea, sin lugar a dudas, radica en ser conscientes de que existen formas de producir y consumir los mismos alimentos, pero sin agrotóxicos.

*¿Quién te juna? se emite los miércoles a las 21 por FM De la Calle 87.9

(Por Patricio Eleisegui) Monsanto puso fin a su proyecto en Córdoba y no levantará la planta que anunció Cristina. Fuentes vinculadas a la multinacional confirmaron a este periodista que negocian la venta del predio en Malvinas Argentinas. Monsanto comenzó a desmontar las estructuras que inició en 2012. Las escasa superficie de maíz y el reclamo ambientalista, las causas que precipitaron la decisión

Tras un sinfín de idas y vueltas, Monsanto ordenó desarticular la planta para procesamiento de maíz que desde hace casi cuatro años intentaba levantar en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas.

La iniciativa había partido de un anuncio entusiasta que la por entonces presidenta Cristina Fernández concretó desde Nueva York en junio de 2012. El monto prometido: $1.500 millones.

Pero, con el correr de los meses -luego años- la instalación de Monsanto se topó primero con la dura resistencia de buena parte de la población local. Y la frutilla del postre la aportó una política agropecuaria que directamente minó la expansión de, precisamente, el maíz que la multinacional pensaba tratar en Malvinas Argentinas.

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La imposición de un esquema de retenciones orientado a potenciar el monocultivo de soja poco a poco comenzó a romper la sintonía que la compañía logró fijar con el gobierno de Cristina Fernández.

La combinación de factores desembocó primero en el parate de las obras en las 30 hectáreas bajo control de la firma, para luego concluir con esta decisión oficial de abandonar los planes pautados para esa zona de Córdoba.

El fin de proyecto fue confirmado a este periodista por una fuente vinculada a la compañía, quien explicó que “la pauta de procesamiento de la planta estaba en el orden de los 3,5 millones de hectáreas de maíz y en los últimos año apenas si se pasó los 2,5 millones”.

“Una inversión así no tiene sentido desde el punto de vista del negocio. Con las instalaciones que hoy Monsanto posee en Rojas, en la provincia de Buenos Aires, la compañía puede operar con tranquilidad. Es más: como están las cosas, probablemente alcance sólo con esa planta de maíz por los próximos 5 años”, explicó.

La fuente consultada reconoció que el bloqueo llevado a cabo por vecinos y ambientalistas en general, que hasta el día de hoy acumula más de dos años de impuesto y frenó por completo la entrada de los materiales que requiere la construcción, también pesó a la hora de evaluar la continuidad de la inversión.

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“No se pudo avanzar con la planta y eso también influyó. Pero lo más trascendente fue que el negocio cambió y dejó de ser conveniente para Monsanto”, aseveró.

Según pudo confirmar quien aquí escribe, la multinacional ya mantiene negociaciones con potenciales interesados en el predio. “La idea es tratar de vender el terreno este año, pero como siempre dependemos de la real decisión de compra de quienes necesitan la superficie para otro proyecto”, sostuvo la fuente.

El plan que caducó

La planta de Malvinas Argentinas preveía una inversión de $1.500 millones y su inauguración fue pautada para diciembre de 2013. La estrategia de Monsanto contemplaba, además, un desembolso extra de $170 millones en concepto de investigación y desarrollo.

“Dicha inversión contempla la construcción de dos nuevas Estaciones Experimentales(una en la Provincia de Córdoba y la otra en la Provincia de Tucumán); el desarrollo de Programas de Investigación y Desarrollo de maíz y soja; Ensayos Experimentales a campo, investigación local en biotecnología y la expansión de laboratorios”, informó la multinacional en un comunicado de junio de 2012.

La firma prometía crear hasta 400 puestos de trabajo directos en esa área de la provincia mediterránea.

La movilización de gran parte de los vecinos de Malvinas Argentinas, en franca oposición a una planta de granos tratados con agroquímicos, a la par de un esquema orientado a inhibir la siembra de cultivos que no sean soja, culminó por enterrar otro anuncio kirchnerista que apenas si pasó de la promesa.

Artículo de difusión o reproducción libre siempre que se mencione la fuente
Patricio Eleisegui
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(Por Alicia Torre) En la realidad fue el principio pero por alguna razón que no puedo explicar lo conté al revés. Esta fue la primera nota levantada en Bogotá a sólo cuatro días de haber llegado. El 17 de marzo se anunciaba una importante marcha de protesta organizada por gremios de empleadas y empleados estatales: salud, educación, justicia, bancos, transportes, seguridad social. A la convocatoria se sumaron organizaciones ambientalistas,  mujeres organizadas, artistas independientes,  estudiantes de todos los niveles, jubilados, jubiladas y sobre todo los grupos que desde hace tanto tiempo están pidiendo por la paz con dignidad y justicia, destacándose Marcha Patriótica, el grupo más numeroso y comprometido donde milita Piedad Córdoba, ex senadora y militante por los derechos humanos.

Impresionante la cantidad de gente que participó, durante horas fueron llegando por la avenida 7ma, llenaron la Plaza Bolívar -que es inmensa- y  todavía seguían sumándose cuando ya no cabía nadie más.  Por la mañana ya había grupos aunque la marcha estaba citada para las 15. Aprovechando la relativa tranquilidad del momento me acerqué a un grupo de hombres que tenían una bandera que decía: “por una Colombia unida y en paz Usme ancestral étnica y cultural presente” ASOCAVEART. Me contaron que pertenecían a este grupo que reivindica al Pueblo Muisca, del cual descienden, y que Usme es una localidad del Gran Bogotá donde tienen su sede y desarrollan sus actividades  militantes y también se dedican a reproducir el arte muisca en piezas que venden en una feria del lugar.

ali2Grave, uno de sus integrantes, me contó cuál era el compromiso con la defensa del Medio Ambiente y me invitó a visitarlos en la feria. El viaje fue bastante largo, por momentos creía que me había pasado pero siempre está la amabilidad de los colombianos compañeros de bus que me explicaban que “faltaba un poquito”. Finalmente llegué, los localicé y pudimos mantener una entretenida charla.

Grave cuenta la realidad de Bogotá, de Colombia, y también de América Latina. Esta nueva apropiación de los recursos naturales, el asentamiento de las multinacionales a las que ningún Estado pone coto lleva a la situación de preocupación y por momentos angustia de quienes tienen claro que de seguir así el futuro es muy corto.

Coca Cola, Nestlé y algunas otras empresas han  puesto sus pies en Colombia hace ya mucho tiempo. La pureza del agua ha sido el gran atractivo, la complicidad de los gobiernos ayudó sobremanera sobre todo teniendo en cuenta que durante años los gremios de la alimentación denunciaron malos tratos llegando hasta a crímenes y desapariciones sin que se hayan aclarado nunca. Y las empresas siguen robando a manos llenas los recursos naturales pero no pueden contra la dignidad de algunas personas que siguen denunciando, recuperando saberes ancestrales y comprometiéndose en la búsqueda de un mundo mejor.

Es difícil dejar este hermoso país y esa hermosa gente, por hablar hoy de un tema netamente urbano, lo ilustraremos con música de rap, atendiendo a lo que dicen desde el grupo La Etnnia.

La Etnnia nació en el barrio Las Cruces del centro de Bogotá. Es considerado por algunos el primer grupo rapero de Colombia. Se iniciaron bailando break en las calles en 1984, en 1995 grabaron su primer CD: Ataque del metano. Cerraron el Festival “Al Parque” en Bogotá en 2008. Desde su inicio graban con el sello independiente 5-27 RECORDS.

Integrantes del espacio INTERREDES se manifestarán mañana frente al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para reclamar la millonaria deuda del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) que el organismo mantiene con decenas de medios comunitarios, populares y alternativos.

“Es una situación realmente sorprendente, no porque no esperásemos una política un tanto hostil del macrismo hacia el sector de medios comunitarios sino porque no esperábamos que se interrumpiera el Estado de alguna manera, por ejemplo, para lo que son los FOMECA”, dijo a FM De la Calle Lionel Martín, integrante de AMARC Argentina.

El FOMECA es un fondo creado mediante la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que, a pesar de las modificaciones impuestas por el gobierno, se mantiene vigente. Hubo convocatorias públicas, participaron jurados externos, seleccionaron proyectos ganadores y las organizaciones rindieron sus gastos de acuerdo a lo que esa ley determina. Sin embargo, hasta la fecha el Estado no sólo no ha transferido el dinero adeudado de los FOMECA 2015, sino que a siete meses del inicio de su gestión continúa sin ejecutar el presupuesto 2016.

Martín afirmó que “con la excusa de una auditoría nos vienen pateando hace meses, ya hubo varias reuniones con distintas autoridades de ENACOM y que el mes que viene que dentro de dos meses y así llegamos casi hasta agosto y no se está pagando buena parte de lo que se había concursado en 2015. Es un derecho que sigue vigente a pesar de las modificaciones de los decretos a la ley de comunicación audiovisual y que los funcionarios están incumpliendo”.

“Imaginensé una escuela, un hospital o lo que sea que el Estado diga vamos a hacer una auditoría y entonces suspendemos todo. Para otras cosas han sido muy rápidos y muy veloces, en esto por lo menos muestran el desinterés en fomentar nuestro sector. (…) Tuvimos toda la paciencia y la voluntad de diálogo que podíamos tener pero ya dijimos que es preocupante la situación porque se pone en peligro la libertad de expresión de muchos medios, fuentes de trabajo en distintos punto del país, hay muchas radios que tenían como parte de sus presupuestos estos fondos que habíamos ganado en buena ley”, agregó.

Desde INTERREDES -espacio compuesto por AMARC, FARCO, RNMA, Red Colmena, Pares TV, Barricada TV, Urbana TeVe y Red PAC- sostienen que “el diálogo de Cambiemos” se traduce en “ahogo financiero y decomisos para los canales y las radios comunitarias, persecución de la justicia a trabajadores de la comunicación, mayor concentración para los actores dominantes del mercado”.

Por eso convocan a movilizar en Capital y otras ciudades para que el Gobierno Nacional: pague las cuotas FOMECA adeudadas por los concursos ganados en el año 2015, cumpla con la Ley 26.522 y ejecute el presupuesto destinado a nuestro sector para este 2016; habilite a los canales comunitarios que ganaron concursos públicos en televisión digital; cese la persecución legal y los decomisos a los medios comunitarios; y respete el 33 por ciento del espectro destinado a los medios sin fines de lucro. Además se rechazará la concentración de la comunicación en curso y se exigirá participar en la discusión de una nueva ley de medios.

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(Por Alicia Torre) A 2559 msnv se encuentra la ciudad de Sogamoso, centro oriente del Departamento de Boyacá, en la Región del Alto Chicamocha. La base económica de la ciudad es el comercio interregional, la industria siderúrgica, la explotación de calizas, carbón y mármol y la actividad agropecuaria que abastece sobre todo a la ciudad de Bogotá que está a 200 km.

Debe su nombre al del cacique Sugamuxi pero el origen mítico se remonta a la cosmogonía chibcha y fue un importante centro religioso del pueblo muisca. A la llegada de los conquistadores españoles este cacique se encontraba al frente de la ciudad sagrada, pretendió defenderla pero fuer fácilmente reducido por los invasores que saquearon el Templo del Sol llevándose las riquezas e incendiándolo después. Con el tiempo, Sugamuxi fue bautizado como cristiano y se le dio el nombre de Alonso.

En la actualidad tiene casi cien mil habitantes, es una ciudad tranquila, fácil de transitar a pie y que conserva su centro colonial en excelentes condiciones y que al caminarlo permite creer que por allí anduvo García Márquez  porque sus calles y su gente remiten a Macondo.

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Una referencia muy fuerte de esta ciudad es el Museo arqueológico Eliecer Silva Celis, uno de los más importantes e interesantes del país. En sus terrenos han replicado el Templo del Sol y algunas construcciones muiscas.

Allí pudimos conversar con Leonardo Bravo, antropólogo con una mirada muy interesante, no solo del pasado sino del presente colombiano relacionado con la pérdida de biodiversidad y de independencia.

Hablamos de la influencia negativa del tratado de libre comercio en los cultivos tradicionales, el empobrecimiento y sometimiento de los campesinos a esa nueva forma de economía que no le es propia y la proliferación de graves enfermedades.

Como contracara también está el pueblo que se organiza, son muchas las organizaciones que están trabajando para que esto no sea “el Apocalipsis” y defendiendo las semillas, los alimentos tradicionales y las formas de elaborarlos. Es una suma de voluntades: campesinos, organizaciones ciudadanas, universitarios, medios de comunicación y en general quienes quieren que este sistema económico no les siga cercenando la vida.

¿Qué es lo que se perdió para siempre? ¿Qué es lo que se conserva? En esta América biodiversa no es fácil hacer una evaluación, seguramente más allá de la importación de alimentos, del sometimiento de los campesinos, del cambio de costumbres y de roles hay algo más: Colombia se ha convertido en el paradigma o punta de lanza del despojo neocolonial, sus recursos naturales son el gran atractivo para las empresas multinacionales.

Para finalizar, tratándose de un antropólogo, la pregunta sobre los pueblos originarios.

Pude comprobar lo que decía Leonardo Bravo sobre los cultivos que no llegan a los mercados porque son de consumo familiar en los pequeños poblados de la sierra. En Tota, pueblito muy pequeño, bien arriba y cercano a la laguna del mismo nombre, la más grande de Colombia, pude degustar en un puestito de comida en la plaza el Cocido boyacano o boyacense con una increíble variedad de tubérculos regionales. Una comida que tiene su historia y ojalá la siga teniendo por mucho tiempo.

La carranga, música carranguera o música campesina es la música tradicional de la región andina colombiana, del Departamento de Boyacá. Se reconoce a Jorge Velosa y los carrangueros de Ráquira como sus creadores; en su ejecución se utiliza la guitarra, el tiple, la guacharaca y la voz. La carranga tiene una trama que identifica, una narrativa que divierte con ritmos básicos que se van consolidando como rumbas y merengues.

La música carranguera que escuchamos: Los fiesteros de Bogotá

“Soy Mónica Cid, la mamá de Micaela Ortega. A Mica la mataron por su condición de ser mujer. A Mica la mataron porque no se pudo defender. Hoy no es la marcha de Mica, es la marcha de todas. Y vamos a pedir que se haga justicia por todas esas mujeres que son víctimas. Víctimas de la mano de un hombre o de la mano de un ser aberrante. Me conmueve mucho ver a muchos hombres acá porque esta lucha tiene que ser de todos”.

La mujer abrió la histórica jornada del segundo #NiUnaMenos bahiense, parada en una tarima frente a la Municipalidad, con frente alta y puño apretado. Mica sonreía en su remera que anunciaba “otro ángel” en el cielo y el recuerdo eterno. Atrás, acompañaban familiares de Ivonne Gallardo, de Leticia Cayuli, de Kathy.

“Como saben, el caso de Katherine Moscoso todavía sigue impune, hace un año y once días que venimos luchando, mi familia y compañeros de Justicia por Kathy seguimos reclamando justicia y verdad. Seguimos viviendo con asesinos en Monte Hermoso, seguimos con impunidad. Siguen mujeres asesinadas. Las matan por ser mujer. Queremos justicia por Micaela. Por ella. Pero a diferencia de Mica, que sabemos quién es su asesino y tiene que pagar por lo que hizo, por Katherine todavía no. Hay mucha mugre bajo la alfombra de Monte Hermoso”, dijo la prima Wanda Banegas.

wanda monica efemedelacalleCuatro mil. Cinco mil. Siete mil. Diez mil. Más que el año pasado. Menos. Las que sean que entren en más de cuatro cuadras hasta las manos. Así fue el reclamo por “ni una muerta más” y contra la violencia machista en Bahía Blanca con la consigna “El Estado es responsable”.

Daniela Epuñan, leyó un comunicado de las Mujeres Originarias por el Buen Vivir: “Mari mari pu peñi, mari mari pu lamgen. Con la Conquista del Desierto las mujeres originarias pasamos una situación de esclavitud que a lo largo de la historia de este país se fue sosteniendo y perpetuando. Esa conquista significó la esclavitud física, sexual y doméstica de las mujeres. Estas violaciones sistemáticas fueron impulsadas por el sistema colonizador y mantenida por el Estado argentino. En la actualidad los pueblos originarios vivimos un genocidio por omisión ya que se intenta invisibilizar la realidad que vivimos hoy en las ciudades y zonas rurales”.

“Utilizamos el término feminicidio porque entendemos que es una planificación intrínsecamente vinculada con las corporaciones, los asesinatos no han terminado”, dijo. Y habló de sus cuerpos-territorio enfermados y asesinados por las corporaciones el extractivismo. De Diana Itatí Piñeiro, guaraní de 17, en Puerto Esperanza, Misiones. De Juana Gómez, qom de 15, que no volvió de un festival: “Fue abusada sexualmente y brutalmente asesinada, dos días después la encontraron semidesnuda colgada de un árbol. Fueron dos hombres que creyeron como tantos otros que pueden dominar por su género”.

ni una menos efemedelacalle 2Las organizaciones que realizaron la convocatoria local destacaron el aumento de los femicidios desde el primer #NiUnaMenos. “Muchos de ellos continúan impunes, como es el caso del crimen de Katherine Moscoso. Hace pocos días, se cumplió un año de su asesinato y la principal línea de investigación en este caso toca a allegados al ex intendente K de Monte Hermoso, Marcos Fernández. En Pehuén Co, desapareció Andrea Esnaola, quien prácticamente dejó de ser buscada. Luciana Moretti fue descuartizada e incinerada, sin embargo la justicia decidió darle a Cuchán, su femicida, la libertad”.

“Se cumple una semana desde que se encontró el cuerpo de Micaela Ortega. Los gobiernos municipal y provincial fracasaron estrepitosamente en encontrarla y demostraron permanentemente que intervinieron sobre la base de responsabilizar a la propia Mica y su entorno familiar, reproduciendo e instalando prejuicios aberrantes, incluso en declaraciones a través de los medios, lo cual explica las enormes irregularidades de todo el proceso de investigación”, opinaron.

furh aborto efemedelacalleEn el documento consensuado plantearon que “en todos estos hechos, confluyen todo tipo de violencias hacia las mujeres y las niñas: institucional, simbólica, mediática. Las trabas y las desviaciones del foco de atención hacia la culpabilización de las víctimas y su entorno son moneda corriente, y las legitiman los propios funcionarios públicos, los medios de comunicación, y la sociedad en general. Son muestra más que suficiente de este sistema patriarcal que se pone de manifiesto y continúa instalado como reproductor de un régimen social que está putrefacto”.

Explicaron que el Estado es responsable porque “cuando hablamos de femicidios, no se trata de un conflicto privado entre dos personas, ni tampoco de un crimen pasional, está basado en una desigualdad sistemática en la que el Estado tiene responsabilidades, no sólo para penalizar al femicida, sino fundamentalmente para evitar los femicidios”. Y es poco lo que se hace para cambiar esta realidad: por ejemplo, los fondos del Consejo Nacional de las Mujeres, responsable de implementar la ley de protección integral contra la violencia de género, representa “tan sólo el 0,0055 por ciento del total del presupuesto nacional, lo que equivale a 4,50 pesos por mujer para prevenir la violencia machista”. En la ciudad “el presupuesto otorgado a política de género es nulo”.

moretti efemedelacalleEl texto fue firmado por: Suteba, CEHUM, Colectiva Feminista, CTA, Kumelen Newen Mapu, Comunismo Revolucionario PMLM, Acciones Feministas, Socorristas en Red, Desbandadas, ATE, Mujeres Originarias por el Buen Vivir, Plenario de Trabajadoras-PO, Partido Solidario, Cardumen, Puño y Letra UNS, Artistas por la no Violencia, Watu Corriente Comunista, Colectivo Pueblo en Lucha, FM De la Calle, Pan y Rosas- PTS- Tesis XI, Subcomisión de Mujeres del Sindicato Químico y Petroquímico, Asociación Judicial Bonaerense, G83 en solidaridad + igualdad, Biocentro, CEIA avanza.

Las demandas: basta de violencia hacia las mujeres y de vaciamiento de políticas de protección a la mujer; por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito; basta de impunidad, que aparezcan con vida ya Andrea Esnaola, María Cash, Marita Verón y todas las mujeres víctimas de las redes de trata; por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios; por los derechos de las mujeres trabajadoras. Basta de femicidios. “Ni una menos! Ni una muerta más… Nos queremos vivas!”.

El documento completo y galería de imágenes de FM De la Calle AQUÍ.

desbandadas efemedelacalle

Desde la Colectiva Feminista de Bahía Blanca convocaron a “encontrarnos para gritar y denunciar que no queremos Ni Una Menos”. Desde las 16:30 sonarán en la Plaza Rivadavia las cuerdas de candombe llamando a la movilización que comenzará a las 17.

“Un año pasó de la histórica jornada del 3 de Junio de 2015, donde centenares de miles, en todo el país, expresamos en las calles el grito profundo de #NiUnaMenos. Sin embargo los casos de femicidios no cesan y por el contrario, aumentan. En todos estos hechos, confluyen todo tipo de violencias hacia las mujeres y las niñas: institucional, simbólica, mediática. Las trabas y las desviaciones del foco de atención hacia la culpabilización de las víctimas y su entorno son moneda corriente, y las legitiman los propios funcionarios públicos, los medios de comunicación, y la sociedad en general”, aseguraron desde la Colectiva.

Agregaron que “son muestra más que suficiente de este sistema patriarcal que se pone de manifiesto y continúa instalado como reproductor de un régimen social que está putrefacto. El Estado tiene responsabilidades fundamentalmente para evitar la situación en la que miles de mujeres nos encontramos hoy; aún seguimos esperando que las promesas se materialicen”.

Por todo esto volvemos a decir:
Basta de violencia hacia las mujeres
Basta de vaciamiento de políticas de protección a la mujer
Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito
Basta de impunidad! Que aparezcan con vida ya Andrea Esnaola, Maria Cash, Marita Verón y todas las mujeres víctimas de las redes de trata
Por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios
Bastaa de feminicidios
Por los derechos de las mujeres trabajadoras
EL ESTADO ES RESPONSABLE
NI UNA MENOS, NI UNA MUERTA MAS, VIVAS NOS QUEREMOS

niunamenos

Desde este lunes se realizará por quinto año consecutivo el ciclo Bahía Originaria, organizado por FM De la Calle y la agrupación mapuche Kumelen Newen Mapu en el marco del aniversario de la masacre indígena ocurrida el 19 de mayo de 1859. La actividad cuenta con el apoyo de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNS.

“La madrugada del 19 de Mayo de 1859 por defender Nuestro Derecho, Nuestra Tierra y Nuestra Autonomía como pueblo fueron recapturados tras el enfrentamiento en el boliche Piu Iturra (actuales Zelarrayán y 19 de Mayo) alrededor de 200 hermanos mapuches, fueron masacrados y apilados en la plaza pública -hoy Plaza Rivadavia- donde se les prendió fuego bajo la orden del Comandante José Olegario Orquera, iniciando la ‘hoguera del escarmiento'”, afirmaron desde Kumelen y detacaron que “este inhumano y aberrante hecho no debe quedar en el olvido. Por Memoria, Justicia y Pluriculturalidad!”.

A partir del lunes 16 podrá recorrerse la muestra “Prisioneros de la Ciencia” del Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social de la Universidad de La Plata. En el Centro Histórico Cultural de la UNS (Rondeau 29) se expondrán hasta el 27 de mayo fotografías tomadas dentro del Museo de La Plata a prisioneros sobrevivientes de las expediciones militares a fines del siglo XIX, previo a su inminente y premeditada muerte en dicho museo en el marco del genocidio roquista.

El jueves 19 a las 7 en la plazoleta de Florencio Sánchez y 19 de Mayo Kumelen Newen Mapu desarrollará la habitual ceremonia mapuche en honor a los caídos durante el episodio que la historia oficial registró como “el último malón” aunque no fue el último pero sí el más cruento dado que culminó con una hoguera humana ardiendo durante días en la actual Plaza Rivadavia.

En tanto a las 17, los antropólogos de GUIAS Fernando Pepe y Miguel Añon Suarez brindarán el seminario “Genocidio, Museos y Pueblos Originarios”. Un espacio de debate y construcción de conocimiento crítico frente al tema de la apropiación de los cuerpos, la construcción social de los conceptos de “patrimonio”, “colecciones”, “objeto de estudio”, y las relaciones sociales involucradas en estos procesos y sus implicancias, aportando a la construcción de una memoria social e histórica sobre los Pueblos Originarios.

inacayalEl seminario constará de una clase expositiva, “Antropología del genocidio. Restituciones de restos humanos de los Pueblos Originarios en el Museo de La Plata” y pretende abordar y discutir la problemática de la formación de las “colecciones” del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata, analizar su rol geopolítico tanto en el contexto de la avanzada militar y sometimiento de los Pueblos Originarios por parte del estado roquista hacia fines del siglo XIX, como así también en la coyuntura actual en el marco de la conquista de derechos de los Pueblos Originarios y las políticas públicas estatales referente a esta temática.

Entendiendo que las prácticas científicas tienen necesariamente implicancias políticas y económicas, y que las mismas se desarrollan en determinado contexto socio-histórico, el abordaje del rol que esta tuvo en el proceso de conformación del estado nacional resulta de interés fundamental para analizar la conformación de las “colecciones” arqueológicas y de restos humanos del Museo de La Plata y otras instituciones, las construcciones simbólicas correspondientes a la noción de cuerpo en el marco de la antropología colonialista, su vinculación con la producción de identidades y los procesos de patrimonialización.

Centrándose en el caso del Museo de La Plata y del trabajo del Colectivo GUIAS (Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social) en la identificación y restitución de restos humanos de los Pueblos Originarios que forman parte de las ‘colecciones’ del mismo, se propone realizar un recorrido histórico sobre los casos emblemáticos de los prisioneros que mueren dentro del Museo de La Plata y cuyos cuerpos son convertidos en ‘objetos de estudio’.

bahia originaria

Mañana a las 10, el gobierno de Mauricio Macri deberá responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los decretos firmados durante el primer mes de su mandato, que significaron un avasallamiento contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, desconociendo los estándares elaborados por el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos. La audiencia se concedió tras un pedido del CELS y un grupo de organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD).

El debate será seguido en vivo desde el auditorio del anexo A del Congreso de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires y en varios puntos en todo el país. Para la audiencia que se realizará en Washignton, los peticionantes enviarán una comitiva encabezada por Horacio Verbitsky e integrada por representantes de los distintos sectores que integran la CCD: por los organismos de derechos humanos, Damián Loreti (AMARC-CELS); por los medios comunitarios, Néstor Busso (FARCO-ALER); por el sector universitario, Daniel Badenes (UNQ-REDCOM); por los medios pyme, Osvaldo Francés (ARBIA) y por el movimiento cooperativo, Oscar Nocetti (Cooperativa Popular Eléctrica de Santa Rosa, La Pampa-CCD). También acompañarán la rectora Ana Jaramillo (UNLa) y el investigador Martín Becerra (UNQ), especialista en temas de economía de los medios y ex asesor del Directorio del AFSCA por el radicalismo.

“Es una comitiva multisectorial y plural, que expresa que esta no es la lucha de un sector político sino de un amplio sector de la sociedad que entiende a la comunicación como un derecho humano y no como un negocio”, sostuvo Badenes, quien también es vicepresidente de AReCIA. “Llegamos a la CIDH por el avasallamiento de la ley audiovisual, que fue ejemplar, pero mucho de lo que vamos a decir también vale para el sector gráfico: para asegurar la libertad de expresión hay que poner límites a la concentración, a las posiciones dominantes, y tener un estado que fomente los medios populares y no sea garante de las corporaciones”.

Hace un mes, el auditorio del Congreso fue testigo del lanzamiento de los Nuevos 21 Puntos durante el Congreso de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), con más de 500 representantes de 16 provincias, legisladores y organizaciones políticas, sindicales y de la comunicación.

La audiencia podrá seguirse desde este sitio, el de la coalición -www.coalicion.org.ar- o a través del aire de FM De la Calle 87.9Mhz.

Si vos, tu organización o alguien cercano no firmó aún los Nuevos 21 Puntos, en este vínculo está el formulario:http://goo.gl/forms/tBjo6aChDX ¡Compartilo!

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