La Fundación Grupo Efecto Positivo denunció que peligra la entrega de medicación a más de 15 mil personas con VIH. “Por lo menos un 30% de los que son beneficiarios del sistema público podrían quedarse sin medicamentos”, señaló la directora ejecutiva Lorena Di Giano.

“El año pasado cuando se debatía el presupuesto luego de la conversión del Ministerio de Salud en Secretaría, vimos que hubo una reducción significativa. No alcanza, son medicamentos en dólares. La Dirección Nacional de Sida nos respondió con este informe que da cuenta que en el mes de junio y julio ya se terminó el stock de una combinación de tratamientos y de otra combinación de 3 drogas. En agosto y de acá a fin de años se sumarían 15 medicamento más que se quedaran sin stock”.

Di Giano señaló que lo tratamientos de VIH no se pueden interrumpir: “No se puede dejar de tomar ni un día salvo por indicación médica. Es una situación alarmante, por eso salimos a hacer esta denuncia. Esperando que las autoridades den una respuesta efectiva”.

“En las últimas 3 o 4 semanas recibimos denuncias de personas que van a hospitales y no les entregan los medicamentos que utilizan, en muchos casos los cambian de marca compulsivamente. Estos cambios no deberían ser por faltantes, Darunavir 800 falta,  también viene de 600, y como no hay de 800 a esta persona le están dando dos de 600. Con ese aumento de miligramos hay que ver cuál puede ser el efecto a mediano plazo para esas personas”, explicó.

La Secretaría de Salud afirmó que “tanto el presupuesto como los tratamientos están garantizados. Sólo en el caso de una combinación de drogas (Darunavir 800/Ritonavir 100 mg) se registró una disminución en el stock en algunas jurisdicciones. A partir del próximo lunes, se distribuirá esta combinación de drogas a todas las provincias”.

Di Giano comentó que “están contradiciéndose: el informe que publicamos es el informe que nos dieron ellos, cuando dicen que no hay faltantes, que se van a entregar medicamentos, me gustaría saber de qué manera lo van a hacer porque entonces que publiquen el número de expediente de compra para que veamos cuánto tiempo va a llevar. Queremos saber si hay una compulsa de precios o si están haciendo una compra a cualquier precio”.

El comunicado de la cartera que dirige Adolfo Rubinstein manifiesta que “el consumo de dichas drogas se ha incrementado considerablemente en estas últimas semanas en relación a nuevas recomendaciones nacionales e internacionales. Debido al aumento de la demanda, se registró una disminución del stock en algunas jurisdicciones”.

“Decir que aumentó en las últimas semana es vergonzoso. ¿Cómo no tuvieron la previsión de que iban a aumentar los casos? Da cuenta que la dirección está trabajando con poca previsión y diligencia. Está en peligro la vida y la salud de miles de personas en todo el país”, finalizó Di Giano.

En diálogo con FM De la Calle Federico Tucat se refirió a la explosión en la planta de Dow ocurrida el 28 de junio y a las causas judiciales que investigan la contaminación del estuario.

El 4 de julio el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad convocar a la subsecretaria de Gestión Ambiental, Sandra Pérez, al coordinador del Proceso APELL, Daniel Ayala y al titular del CTE, César Pérez. Por otra parte, avaló el llamado a una reunión extraordinaria de la Comisión Asesora Ambiental ante la inactividad a la cual la sometió el oficialismo durante el último año.

“No tenemos información acerca de las causas de la explosión”, manifestó Tucat y agregó que la reunión con los funcionarios mencionados se realizará “a la brevedad”. “Particularmente después de lo que se manifestó como necesario, la actualización del Proceso de Respuesta a la Emergencia Tecnológica también nos parecía interesante era aprovecharla para modificar la ordenanza a los cánones locales e internacionales que establece el Proceso APELL”.

En cuanto a la paralización de la Comisión Asesora Ambiental -que debe reunirse una vez al mes-  sostuvo que, “independientemente de eso, cuando la temática lo requiere se genera mayor volumen de convocatoria. El año pasado hubo temas importantes que requirieron reuniones asiduas: las antenas de celulares y la pista de speedway. El presidente de la comisión a mantenido diálogo con las personas que la integran”.

Conocida la pericia judicial de la Universidad de Buenos Aires que alertaba sobre el peligro de la contaminación de la ría, el Concejo aprobó -el 13 de septiembre de 2018, también por unanimidad-convocar a las autoridades del CTE y a quienes confeccionan el Plan Integral de Monitoreo para que informen -una vez más- sobre las conclusiones del monitoreo realizado sobre cuerpos receptores y control de los contaminantes del agua.

Las autoras de la iniciativa, Paola Ariente y Gisela Ghigliani, pretendían que la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión Asesora Ambiental escuchen las conclusiones del Instituto de Oceanografía (IADO-Conicet) “a fin de evaluar el real impacto que la actividad industrial y las actividades antrópicas del desarrollo humano tienen en el estuario”.

Nunca sucedió. “A veces quienes movilizan determinadas convocatorias, debido a la coyuntura o a algún otro tema se va llevando su interés y no se terminan de convocar. El mismo requerimiento, las urgencias o la agenda la van estableciendo los propios bloques”, dijo.

Finalmente fue la Cámara de Apelaciones la que dispuso la formulación de “un plan concreto” para “diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente”.

Tucat opinó al respecto que “lo que la justicia falla hay que acatarlo. Es un tema de larga data y Bahía merece un análisis serio y en el corto plazo porque hablamos de la salud de las personas. Sería interesante en los plenarios de la Comisión Asesora Ambiental tratar esto y que los especialistas vengan a plantear las diversas y posibles soluciones. Inclusive que las propias empresas puedan asistir y manifestar su visión y las posibles soluciones”.

Desde la Cannabis Medicinal advierten que la medida anunciada por el Colegio de Farmacéuticos para que familiares de pacientes con epilepsia refractaria puedan realizar el trámite en la farmacia para acceder al aceite de cannabis “es más de lo mismo, lo que ya tenemos”

Karina Romanelli, presidenta de la asociación primero mencionada, destacó en FM De la Calle que “lo que están ofreciendo es que las farmacias van a hacer el tramite que antes hacían los pacientes. Puede hacerse personalmente, luego eso se manda y hay que esperar que llegue el aceite por importación que la droguería lo traiga a Bahía”.

“Después es lo mismo que está en la ley. Es para gente con epilepsia refractaria. Para el resto de las patologías no esta habilitada esta importación”, explicó.

“Se supone que la obra social debería cubrirlo si lo tienen recetado.” El costo de cada frasco recetado “es de 400 dolares que es de 17 mil pesos”. Dependiendo de la dosis “puede durar un mes aproximadamente. El aceite que está autorizado es el aceite de Charlotte que se exporta desde Canadá”.

Romanelli destacó que “hay gente que está haciendo autocultivo para producirse su propio aceite. No nos olvidemos que hay mucha gente que lo utiliza para otras patologías. Los pacientes están accediendo a una sustancia poco segura en el mercado y estamos ante un problema de salud pública grave. Necesitamos el compromiso del Estado para comenzar la regulación de una medicina segura, nacional y accesible”.

“Esta medida soluciona alcanzar el aceite de Charlotte a la gente que contempla la ley. El resto de gente que la utiliza no esta amparada por esta medida”, finalizó.

 

Días atrás, se reconstituyó la Asamblea por el ambiente, la salud y la vida, tras la explosión de un sector de la planta de Dow el pasado 28 de junio. La misma difundió una convocatoria a manifestarse frente al Dow Center en el marco del su inauguración junto a la selección nacional de básquetbol. Durante la mañana, el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Héctor Gay hicieron una recorrida por el establecimiento.

En las afueras de las flamantes instalaciones, un grupo de personas se hicieron eco de la convocatoria. La investigadora Emilce Heredia Chaz dialogó in situ con FM De la Calle relatando que en esta oportunidad se sumaron “nuevas caras” y explicando que esta nueva instancia asamblearia es “algo muy incipiente pero nos estamos reuniendo de nuevo para pensar esta coyuntura. La inauguración de este Dow Center es una oportunidad que surgió para hacer visible nuestro reclamo y salir de nuevo a la calle”.

¿Por qué Dow Chemical construye Dow Center?

“Todas las empresas del polo petroquímico tienen sus políticas que ellos llaman de responsabilidad social empresaria. Lo particular es que son políticas que no existían cuando era de mayoría estatal. Llegaron cuando se privatizó y se trasnacionalizó, al mismo tiempo que se amplió, llevaron adelante estas políticas porque saben que sus actividades generan ciertos impactos sociales y ambientales que generar conflicto. Frente a ello tienen estas políticas como modo de gestionar la conflictividad”, argumentó la docente.

Emilce vive en Villa Bordeu, a más de diez kilómetros del polo petroquímico. La noche del 28 de junio “vibró la casa y éramos cinco vecinos en la calle diciendo: ¿qué pasó? Pusimos Radio Nacional, muy ingenuamente, porque ese proceso (por Apell) siempre se presentó como una solución pero cuando esto ocurre nunca aparece como respuesta”.

Como habitante de la comunidad bahiense le resulta impactante que “una sola empresa pueda hacer vibrar a una población de trescientos mil habitantes. Es muy impresionante. Eso del cuerpo no me lo puedo sacar”.

Sin embargo, como investigadora, no le sorprende ya que “si uno sigue las distintas auditorias uno puede ver que estas emanaciones tanto a la atmósfera como a la ría son algo constante. Los mismos registros oficiales dan cuenta de esa situación. Todo esto es parte de su modo de producir”.

Debates: ¿Hay posibilidad de convivencia?

“En la asamblea se volvió a debatir en términos de erradicación” de las empresas, como ocurrió en el contexto del escape del año 2000. La respuesta que dio el modelo fue “más controles” que luego no se evidencian como práctica real.

“La cuestión es generar debate y abrirlo. Pensarlo en términos de progreso y qué entendemos por eso. Muchas veces nos ponen en la dicotomía es el ambiente o el trabajo. Y cuando vamos a ver esos números de la riqueza que generan y qué nos quedamos los bahienses, tanto en términos de tributación de impuestos como en puesto de trabajo, no es tan así. Si además consideramos las economías regionales que han afectado destruyendo puestos de trabajo como es la pesca artesanal”.

Para culminar, Heredia Chaz sostuvo que “incluso con esos números con los que nos corren y nos exigen respuesta: ellos tampoco las tienen en términos de generar un desarrollo de nuestra economía local”.

Por su parte, el secretario general de la CTA Bahía Blanca – Coronel Dorrego, Enrique Gandolfo, se preguntó si el centro de alto rendimiento tiene que ver con “deducciones impositivas o con otro tipo de negocio lucrativo en rededor del deporte”.

Como docente de educación física, el profesor explicó que “el enfoque deportivo dirigido hacia el alto rendimiento es uno que está orientado a una pequeña franja de deportistas que por capacidad, por oportunidades y por talento consiguen ubicarse en esa pequeñísima franja de alta competencia”.

En la ciudad se practica “un deporte al que nosotros aspiramos que sea un derecho, una práctica socio cultural fuertemente arraigada en el país y en la ciudad. Quienes quieren acceder a esta práctica deben tener las posibilidades de hacerlo libre espontánea y gratuitamente, para que eso se constituya en un derecho”.

“Estos modelos de alto rendimiento, por más abierto que se pronuncie que va a ser, están dirigidos a una pequeñísima fracción de deportistas que tiene los niveles de alta competencia. Que circunstancialmente se abra a la sociedad no quita cuál es el sentido de esto. Y la alta competencia está ligada al negocio y al lucro. Sin que esto signifique ninguna desvalorización hacia aquellos deportistas notorios y notables de la ciudad que se han destacado a nivel nacional e internacional”.

Desde el punto de vista político, el dirigente reforzó la idea de cuestionar que el evento se lleve a cabo “a pocos días de una explosión que puso en riesgo la seguridad de buena parte de la seguridad de Bahía, sin que haya una explicación fehaciente de las razones”. El evento se hizo “bajo el nombre de Dow” que “está claramente identificada socialmente como una de las empresas del polo petroquímico que contribuyen a la contaminación de la ría, que han hecho de la precarización laboral  y de las tercerizaciones una razón de existencia laboral y que ha costado la vida de trabajadores”.

A su vez “que esta empresa sea recibida con todos los honores por el presidente y la gobernadora y no se le haga ninguna pregunta ni la más mínima mención a la explosión de hace unos días significa que el poder político convalida estos negocios de estas grandes empresas que no les importa un comino la seguridad y la vida, como lo está denunciando esta asamblea”, concluyó.

El Colegio de Farmacéuticos anunció que pacientes con epilepsia refractaria podrán acceder al cannabis medicinal en las farmacias de la ciudad. La entidad firmó el convenio con una droguería y facilitará la importación de medicamento.

Silvia Godoy, titular del Colegio de Farmacéuticos, dijo a FM De la Calle que “a partir de reclamos de pacientes pudimos brindar una herramienta que permite solicitar el aceite de cannabis con uso medicinal”.

“Lo que hace la farmacia es trabajar en conjunto con el  Colegio de Farmacéuticos provincial y la Confederación Farmacéutica y con la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Lo que hacemos es recibir el apoderamiento de la persona (con su consentimiento y el de su médico) y nosotros nos encargamos de hacer los trámites necesarios”.

Debido a las complicaciones que conlleva ir hasta Buenos Aires, y retirarlo de la Aduana o tener que contratar a un comisionista cuyo costo es muy elevado, Godoy propuso “una red de farmacias” para que las y lo pacientes puedan elegir.

“Intentamos generar soluciones, no inconvenientes. Nosotros nos encargamos de todo lo que sería el trámite -debe esperar el tiempo de la autorización y el de la importación- y para que pueda obtener su medicamento en su casa. El primer caso entregado en Bahía Blanca fue a un papá con una niña con epilepsia refractaria en Droguería del Sud”.

Según Godoy, la farmacia lo que hace es facilitar la medicina: “El ANMAT autoriza el uso de cannabis medicinal solo para epilepsia refractaria. Le pedimos al ANMAT que lo distribuya por la cadena legal, donde se le puede hacer trazabilidad, donde sabemos qué concentración tiene”.

“De varias muestras que han llegado fueron estudiadas once y diez no dieron como debería. Se utiliza la semilla en lugar de utilizar la flor, que es lo que tiene el principio activo. O una cepa que no corresponde o mezclan. Y nosotros no sabemos qué es lo que tiene adentro, es un gotero que muchas veces está bien y otras no”.

Además, “la droguería no lo importa sino que solamente lo distribuye. Es un medicamento que se produce en Estados Unidos, el frasco (que no dura un mes) ronda los 400 dólares. No hay nada que certifique la calidad del producto”.

Farmacity: La problemática que acecha a las farmacias argentinas

Consultada por el reclamo de las farmacias contra el desembarco de Farmacity en la provincia, Godoy afirmó que el tema “no está en agenda de la Corte Suprema de Justicia. No lo vemos como una cuestión comercial sino como una red sanitaria: es como desmantelar ferrocarriles, a diferencia que en ese caso hay otros medios de transporte”.

“Solo quedaría Farmacity en los principales lugares.La cantidad de farmacias que se han cerrado en Capital Federal por su llegada es muy numerosa y rompe una red sanitaria que es muy necesaria. Debe haber una farmacia en cada barrio. El problema es que tres o cuatro tengan el 80% del mercado”.

La Asociación Cannabis Medicinal se presentó días atrás en la Banca 25 del Concejo Deliberante para pedir la implementación de un registro de usuarios, cultivadores y productores de cannabis utilizada para tratamientos de enfermedades.

“Es un fenómeno que crece desde las bases, es una lucha que viene de las madres, incluye ahora que las instituciones lo acompañan”, comentó Martín Palacios, vicepresidente de la organización.

La propuesta apunta a replicar lo que se realiza en otras localidades donde, a través de un registro, se les permite a quienes utilizan aceite de cannabis cultivar la planta para usos medicinales sin fines de lucro.

“Está en camino la investigación, ha sido asignado presupuesto al CONICET, se están haciendo mediciones porque en el mercado negro circula cualquier aceite. Están midiendo qué contenido tiene y si son efectivos. También están investigando el sistema endocannabinoide en procesos degenerativos relacionados con enfermedades como Alzheimer y Parkinson”, comentó Palacios.

Agregó que “en este momento planteamos que hay una ley incompleta que ha generado un montón de prensa y que no da protección a los usuarios. La demanda crece no solamente por la difusión de la ley sino por el boca en boca, esto le ha cambiado la vida a mucha gente. Apunta a separar a la marihuana del paquete de drogas duras, nadie tiene que asustarse por una planta. Los concejales se mostraron interesados y quieren ayudar”.

“Esto está vinculado a la salud y no a las fuerzas de seguridad, la gente que sufre un robo o un allanamiento se ve privada de su fuente de salud”.

El gobierno nacional aprobó una habilitación en la provincia de Jujuy para cultivar y exportar cannabis para uso medicinal. Al respecto, Palacios señaló que “es una porquería, no resuelve absolutamente nada, se dio permiso al INTA y CONICET pero nunca se especificó cómo y con qué presupuesto se iban a hacer las investigaciones. Está diseñado para las multinacionales”.

“En Jujuy hay una mano corrupta y negociados millonarios con un proyecto ostentoso. Que no dejen cultivar a la gente y vendan a una multinacional para exportar a otros países es tremendo”, concluyó.

La periodista Soledad Barruti presentará su libro “Mala leche” en Bahía Blanca. Será este jueves, a las 20, en la Biblioteca Rivadavia.

La investigación analiza al “supermercado como emboscada” y continúa la propuesta de “Malcomidos: cómo la industria alimentaria argentina nos está matando”.

“La comida para chicos es la peor de la góndola, la que uno no compraría en búsqueda de salud, estamos alimentando a las nuevas generaciones a base de azúcar, llenos de harinas blancas y aceites de la peor calidad. Como resultado aparece una sociedad más enferma, con niños que se enferman de cosas que nunca antes se habían enfermado”, afirmó la autora.

Barruti sostiene que la mala alimentación parte de “una confluencia de libre mercado y no regulación absoluta, en donde la industria ha ido ganando más espacios producto de confundir la publicidad con información, de hacer acuerdos con sociedades científicas, con profesionales de la salud en los que confiamos, a los que los terminan instruyendo en base a lo que las marcas pueden ofrecer, tienen visitadores médicos en los consultorios de los pediatras, stands fijos en los congresos, son los que muchas veces sostienen las sociedades de nutrición y pediatría, y eso va moldeando una idea alimentaria de la que nos cuesta salir”.

A la confusión que esto genera la autora agregó que “la posibilidad y acceso a los alimentos frescos y buenos se volvió cada vez más complicada. Los productos comestibles y bebidas son sumamente adictivos, entonces entre que la comida de verdad no está, lo que nos llega como mensaje de que esos comestibles son buenos y que son adictivos, tenés la trampa perfecta“.

Barruti destacó que “la única manera de darle de comer bien al mundo es la agricultura a pequeña escala. No con las lógicas de sobreproducción, de tirar comida, de agrotóxicos. Las personas que más inseguridad alimentaria tienen son las que viven en zonas rurales, el sistema actual ha desplazado a trabajadores, personas que vivían en esos campos donde se producía alimento, es un tema complejo, sin embargo, las soluciones están ahí”.

La periodista afirmó que “estamos acostumbrados a pensarnos como consumidores, somos seres sociales alrededor de la comida, comemos en sociedad, ninguna persona come pescado y algas a la mañana como en Japón porque sencillamente comemos lo que come el resto. Eso habla que comer es un acto social y que nos vincula con la gente.  Lo que debería pasar es que se debería socializar la información, hacer cambios comunitarios en las escuelas, trabajos, etcétera”.

Que a esta nueva explosión en el polo petroquímico no se la lleve el viento.

Que sirva para pensar la ciudad que fuimos, la ciudad que somos y la ciudad que queremos ser.

Un aporte para este finde lluvioso.

“Ingeniero White, un pueblo que están matando”, de María Giovis.

Este documental es un grito de denuncia, de dolor y de lucha. White era un pueblo donde había vida, con miles de ferroviarios y portuarios en actividad y que empezó a morir con los despedidos de esos trabajadores y siguió con la instalación al lado del pueblo, de un Polo Petroquímico. La contaminación, las muertes abruptas, los cánceres raros y la precarización laboral, llegaron con ese Polo.

La película entera se puede descargar con fines educativos y de difusión desde el siguiente enlace (copiando y pegando este enlace en una pestaña y clickeando el botón debajo del video que dice descargar) link: https://vimeo.com/269130923

IDEA ORIGINAL, GUIÓN, DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN: MARIA GIOVIS

EQUIPO TÉCNICO:

MONTAJE: CYNTHIA GABRENJA

MÚSICA ORIGINAL: MARIANO PIRATO

RESTAURACIÓN DE SONIDO: MARCELA TURJANSKI

MÚSICA ORIGINAL : CHRISTIAN LASALLE “KRIS FUEGO”

ANIMACIÓN: RUBÉN LONGAS.

DISEÑO GRÁFICO: CYNTHIA GABRENJA

DURACIÓN: 01:47:10

COLOR

FORMATO ORIGINAL: HD

IDIOMA: ESPAÑOL

ASPECTO DE RATIO: 16:9

Carlos Ordiales denunció que se aprovecharon de la desesperación de su familia para cobrarle por tratamientos cubiertos por PAMI y advirtió que tras informar a la obra social, su padre fue maltratado hasta su fallecimiento.

“Estoy pidiendo auxilio”, afirmó en una publicación de Facebook en la cual difunde videos del cobro de 10 mil pesos por parte de integrantes del Hospital Italiano.

Ordiales detalló a FM De la Calle los padecimientos que sufrió su familia previo al fallecimiento de su padre: “El día 7 lo llevo de urgencia por guardia en el Hospital Italiano, mi padre sufría EPOC. Recién el domingo que lo llevo de urgencia y le dan la internación.  Mi papá tendría que haber quedado internado desde el día uno”.

Días después “lo llevan a terapia, lo entuban. Más tarde, el jefe de terapia nos dice que había que realizar unos estudios y que no eran cubiertos por el PAMI. Había que hacer tomografías computadas. Nosotros teníamos que pagar una de cinco mil pesos y el resto se hacía cargo el hospital”.

“Bajo a pagar, se me ocurrió grabar, la persona que me atendió me dijo que no me podía dar recibo, que PAMI no reintegraba la plata, que eso era un plus para ellos. Pasa el tiempo y mi papá seguía igual, llamo a PAMI  y me dicen que el martes, luego del feriado, me iban a atender”.


“Analía de PAMI me mete en un cuarto aparte con mi mamá, cuando le muestro los videos me dijo que me estaban estafando. A mi mamá le agarró una crisis. A partir de ahí  se desató una película de terror en el hospital”.

“Cuando llegamos al hospital a la noche vemos que a mi papá le habían cambiado el respirador por uno viejo, en eso se le desconecta el respirador, pido auxilio a las enfermeras, conectan las mangueras. A mi papá le hacen una traqueotomía y me dicen que tampoco lo cubría PAMI. Y me dijeron que tenía que pagar otros 5 mil pesos más. Pago, vuelvo a pedir un recibo, me dice que no tiene”.

“Los médicos me dijeron que tenían que hacerle la traqueotomía en quirófano y no fue así. Se la hicieron en terapia. Yo lo vi.  Me dijeron que había sido un éxito y no fue así. Mi papá empeoró. Hasta que empecé a rezarle a Dios para que se lo lleve y falleció”.

Ordiales comentó que “me han dejado muchos comentarios que le han matado a familiares. Está la denuncia radicada en Fiscalía, están todos los nombres de cirujanos y médicos que lo atendieron.
Espero que se haga justicia, no por mi papá sino por la gente. Hay videos y fotos que no mostré porque mi familia está destruida”.

“Sostener, armar una trama que permita pensarse, pensar a otros, discutir y armar proyectos es nuestra tarea primordial”. Así describió la tarea del Centro Provincial de Atención en Salud Mental y Adicciones el psicólogo Leonardo Salerno.

El taller de acompañamiento terapéutico del CPA “Pilares” tiene como objetivo “generar un espacio donde nos encontremos, debatamos, participemos, planifiquemos cuestiones que nos ayuden a organizarnos, a poder hablar, a poder decir lo que nos pasa y a compartir tiempo juntos en un momento de la vida de muchas personas que no la están pasando bien. No solo por la problemática sino por un contexto social que no da lugar ni tiende a amplificar derechos”, dijo a FM De la Calle.

Horacio tiene 64 años y desde hace cuatro meses, todos los viernes, se acerca a Pilares: “Yo vine con situación de calle, no por problemas de adicción. Me alejé hace mucho tiempo. Yo lo que hago es colaborar, ayudar, acompañar, protegerlos. Los chicos vienen con problemas graves, mentales, físicos, depresión”.

El CPA articula con “Lazos de Amor” una comunidad que pertenece a la iglesia cristiana. “En la comunidad en la que vivimos estamos todos juntos. Comemos, tenemos un comedor grande y nos ayudamos cotidianamente. Hay gente que está totalmente medicada, no tiene ningún tipo de desempeño y hay que acompañarlos. Y se van recuperando. Van saliendo y entran otros. Trabajamos mucho con el Hospital Penna porque nos derivan muchos casos”, comentó.

El Centro tiene sede en Necochea 945 donde solía funcionar el neuropsiquiátrico: “Es un edificio con una energía complicada al que junto con el equipo se le da vida. La idea es también darle vida desde los colores y palabras. También cocinamos, hacemos empanadas, juntamos algo de plata y con eso  hacemos un almuerzo todo juntos, algunas salidas, lo decidimos entre todos”.

“De lunes a viernes trabajamos de 8:30 a 16:30. Están las puertas abiertas a la comunidad. No solo queremos atender la patología sino promocionar espacios de participación ciudadana para ampliar derechos. La idea es que no solo se enfoque en la patología, en la sustancia, sino ir mas allá  generando espacios de participación. Trabajar promoción y prevención”, afirmó Salerno.

La gobernadora María Eugenia Vida anunció que la provincia tuvo en 2018 un índice de mortalidad infantil de 8,9 puntos por mil nacidos vivos, “el más bajo en la historia en el distrito”.

Sin embargo, la concejala Gisela Ghigliani (UC) expresó en la sesión de ayer que las mediciones son parciales y se deben comparar a largo plazo.

“La mortalidad infantil es una de las tasa que se utilizan para medir políticas públicas y son estándares internacionales. Va a ser la más baja porque es lógico, antes de la penicilina era otra la mortalidad, antes de la vacunas era otra. Hay que dejar en claro que, por supuesto nadie celebra que la mortalidad infantil ascienda, hay que ser honesto y decir que la medición de la mortalidad infantil tiene dos aspectos: la neonatal (de 0 a 28 días) y la post neonatal (de 28 días a un año)”, comentó.

Agregó que “esos datos todavía no están desagregados en las publicaciones del Ministerio. No es un tema menor porque, si realmente  hubo inversión, lo vamos a ver porque es la neonatal y, si tiene que ver con otros aspectos, lo vamos a ver porque es la post neonatal”.

“Ningún gobierno puede decir que la mortalidad baja por las acciones directas que hacemos en un año porque se mide en los años posteriores. Es un proceso, entonces, va reducirse. Pero decir que es por la política exclusiva del gobierno de la provincia, les diría, esperemos hasta 2021 o 2022 donde vamos a poder ver el impacto de no tener las vacunas hoy , por ejemplo, para la meningitis”.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Silvia Godoy, destacó que los descuentos en medicamentos anunciados por el gobierno “son una medida falaz”.

“Informamos que se estaban vendiendo 100 mil unidades menos por día entonces la industria farmacéutica implementó el bono de descuento para mover los productos que estaban estancados. Es un anuncio de algo que ya se venía implementando en lo que no hay aporte del gobierno”, comentó a FM De la Calle.

“¿Por qué no se ocuparon de los beneficiarios del Plan Salud?”, se preguntó la farmacéutica. “Es gente en pobreza extrema, es un plan que está abandonadísimo y muchos pacientes no pueden tomar los medicamentos. En Bahía quedamos tres o cuatro farmacias abasteciendo y no sabemos cuándo van a estar los pagos”.

Godoy agregó que “llama la atención la disminución en  medicamentos recetados por enfermedades crónicas. Son medicamentos que la gente no los toma porque quiere. (…) Hipertensión, diabetes, son los primeros rubros que cayeron”.

En otro orden, respecto al estudio de la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento y de los Productos Sanitarios (ANSM) de Francia que alertó que el consumo de ibuprofeno puede agravar cuadros de infecciones, Godoy explicó que “es un medicamento de uso demasiado masivo, tenemos pocas políticas de salud en cuanto a las publicidades de medicamentos. El medicamento no es una mercancía. No puedo decirte tomáte esto que te vas a sentir re bien. La gente cree que por estar en la tele es inofensivo”.

 

Profesionales del INTA y el Conicet identificaron 18 agroquímicos en el agua de tres barrios de Pergamino. La investigación fue avalada por peritos de la Corte Suprema de Justicia y ratifica la denuncia que desde hace años vienen planteando las Madres de Barrios Fumigados de la localidad.

Agustina Aller, colaboradora de la agrupación, comentó a FM De la Calle que “en Pergamino, en los barrios periféricos a los campos es directa la fumigación, es indiscriminada. Está el pensamiento retrógrado del matayuyo, que no pasa nada. La última difamación que se da es que las madres están haciendo política con esto, que no está mal porque no hacemos política partidaria sino para que se apliquen medidas a largo plazo”.

En los últimos días la Policía Federal realizó varios allanamientos para secuestrar elementos que son utilizados para fumigar a pesar de la prohibición establecida por una medida cautelar.

“Acá el agua viene de las napas, se sabe que la contaminación del suelo pasa a las napas, el agua se sigue tomando igual y siempre se supo que tenía arsénico”, comentó Aller.

Sabrina Ortiz, una de las madres de la organización y quien lleva adelante la denuncia por la presencia de agroquímicos en la sangre de sus hijos, recibió amenazas. Aller destacó que “desde que empezó a visibilizar esta problemática hay una campaña sucia a través de punteros políticos, ahora dicen que son mentiras las fotos de los niños, las cuales fueron publicadas con autorización de las madres”.

La corvina de la foto fue capturada en los últimos días en la zona de Puerto Galván. Al parecer, el globo sanguinolento que se ve sobre uno de sus ojos sería un tumor. Profesionales consultados por FM De la Calle manifestaron la imposibilidad de detectar su origen sin realizar estudios histopatológicos.

¿Será producto de la contaminación?

En septiembre, profesionales de la UBA convocados por la justicia recomendaron la prohibición inmediata de la captura y consumo de especies del estuario bahiense y, en un corto o mediano plazo, la prohibición del vertido al estuario de cadmio, cromo, plomo y cobre.

Los altos niveles de metales pesados fueron relativizados por las autoridades municipales quienes descartaron tomar cualquier tipo de medidas. Es así que no falta quien tire una línea en la ría y se encuentre con estos peces dignos de Springfield.

En cuanto al estado de la causa judicial iniciada por la Asociación de Pescadores Artesanales en 2011, recordamos que el juez Agustín López Copola aceptó en febrero la realización de pericias sobre los procesos químicos de cada empresa como complemento de el informe elevado oportunamente por la Facultad de Agronomía de la UBA.

El 8 de marzo se aceptó a los peritos propuestos por las firmas denunciadas a partir de lo cual tendrían cinco días para aceptar el trabajo y 40 días hábiles judiciales para la presentación de las conclusiones sin posibilidad de prórrogas.

De esta manera, el próximo 27 de mayo quedaría despejado el camino para el desarrollo de los alegatos y la sentencia que el juez prometió para julio.

La Defensoría del Pueblo presentó un amparo colectivo para exigir que el Estado distribuya aceite de cannabis a los pacientes que necesitan la sustancia para el tratamiento de enfermedades.

José Luis Gil, delegado local de la Defensoría, comentó a FM De la Calle que “los amparos no son tan rápidos como se piensa, aunque ya está a la vista del fiscal y nos confirmaron la actuación del doctor Lorenzino. Será para todas las personas que acrediten que lo necesitan”.

Actualmente, las alternativas que quedan son el autocultivo penalizado o la importación. “Está mal decirlo pero si uno lo tiene que hacer lo hace. No podemos infringir la ley porque hay laboratorios públicos que deberían hacer este tipo de aceite, queremos que el Estado cumpla con la ley que debería cumplir”.

La Defensoría cuestionó que, además del incumplimiento de la ley por parte del gobierno nacional, los laboratorios de producción pública de medicamentos nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) no están produciendo ni comercializando actualmente cannabis para uso medicinal, terapéutico y/o de investigación, y tampoco el INTA ni el CONICET se encuentran realizando tareas de investigación para con fines médicos y científicos.

(Por Mauro Llaneza) La Facultad de Agronomía de la UBA respondió dudas e impugnaciones que las empresas y organismos denunciados presentaron contra la pericia conocida en septiembre en el marco de la causa que investiga la contaminación del estuario.

El informe ratifica que las especies no son aptas para consumo humano y la necesidad de revisar los controles sobre el vertido de metales pesados. Antes de dictar sentencia, el juez Agustín López Coppola convocó a las partes a una audiencia que se realizará el 13 de febrero.

Lucas Beier, abogado de los pescadores artesanales, dijo a FM De la Calle que “las empresas demandadas, siguiendo lo que hizo el IADO y la propia Municipalidad, desprestigiaron el informe. (…) La Facultad les contestó diciendo que es científico, que todas las opiniones tienen sus argumentos en documentos científicos y en estudios que hicieron ellos y ratifican todo repitiendo que los peces no son aptos para consumo humano, que el estuario está grave, contaminado, y que no es posible la preservación de la vida que habita hoy el estuario”.

“Tenemos la certeza científica que los peces, crustáceos y moluscos analizados por esta Facultad y recolectados en una zona habilitada para la pesca, en donde algunas lanchas de pesca artesanal desarrollan su actividad en la actualidad, arrojaron resultados altamente preocupantes”, concluye el documento.

Beier afirmó que “el Estado lamentablemente es parte demandada y ha tomado la postura de aliarse con las empresas cuando, en realidad, el Estado somos todos y el Estado tendría que buscar el beneficio para la sociedad y dentro de sus obligaciones está preservar el ambiente”.

“Los niveles de sulfuros, hidrocarburos, fenoles, hierro, cromo, zinc, plomo y mercurio registrados en la actualidad en el estuario de Bahía Blanca se pueden considerar peligrosos para los sistemas biológicos asociados, ya que muchos de los valores exceden los niveles permitidos por la normativa”, aseguran las dras. Alicia Fabrizio de Iorio y Alicia Rendina y el ing. agrónomo Gustavo Mozeris.

También destacan que “las especies de peces y moluscos que se tomaron en el muestreo, como por ejemplo el pez sapo, ostras y mejillones que no migran por fuera del estuario, son indicadores del nivel de bioacumulación de metales pesados directamente relacionados con el ambiente circundante y es por ello que se concluye que en la proximidades del puerto de Ing. White la fauna marina recolectada está expuesta a este tipo de elementos”.

Más adelante, subrayan que “existiendo un polo petroquímico que se encuentra habilitado a arrojar sustancias nocivas y lo realiza con una carga ‘declarada’ de 11.300m3 por día (según informa ABSA en la causa Meninato el polo petroquímico consume entre agua potable y cruda más de 36.000 m3 por día), más que evidente que las sustancias nocivas ingresan cuanto menos por los efluentes de las empresas“.

Ninguna duda

Sobre consultas por la “duda razonable” mencionada en la pericia, sus firmantes advirtieron que no refiere a sus conclusiones -fundamentadas científica y técnicamente- sino que está “centrada sobre los sistemas de tratamiento de efluentes y de control por parte de los organismos públicos provinciales, así como en los niveles guía planteados para el vuelco de efluentes a la ría”.

Dado los altos niveles de concentración de metales pesados en los peces recolectados en las proximidades del polo petroquímico, lleva a pensar que alguna de las dos cosas está fallando, o los controles no son los indicados o la reglamentación no es acorde para el ambiente estuarial. Los registros históricos del CTE indican que las empresas cumplen en la gran mayoría con los límites permitidos, pero atento los indicadores de bioacumulación en peces, moluscos y crustáceos para metales pesados podemos afirmar que al menos la zona interna del estuario se encuentra en un estado vulnerable”.

Por ende, el informe plantea tres hipótesis: “a) los controles no son los adecuados, o b) los parámetros establecidos por la resolución administrativa no deberían aplicarse al estuario bahiense, o c) están ingresando al estuario metales pesados por ductos o canales no declarados o no controlados por los organismos”.

Estudios complementarios

Ante supuestas contradicciones entre la pericia y los informes del IADO, la FAUBA dice que “no es tan así”.

Describe que coinciden en la presencia de metales pesados en agua y sedimentos del estuario y en que el sistema está claramente influenciado por la acción antrópica. “La única aparente contradicción es en relación a los tejidos musculares de peces analizados por el IADO y las muestras de peces, crustáceos y moluscos analizados en el marco de este informe”.

Las diferencias entre los estudios del IADO y la pericia de la FAUBA “pueden ser complementarias ya que analizan especies y lugares diferentes y esto puede, lejos de ser contradictorio, plantear una complementación en la generación de información”.

Entre las explicaciones agregadas, la Facultad relató que “la totalidad de los ejemplares fueron formas juveniles por lo que es poco probable la migración desde una zona por fuera del estuario. Por lo tanto, de acuerdo a su ciclo biológico, los juveniles de las especies estudiadas permanecen más tiempo en el área de estudio lo cual aumenta el tiempo de exposición a posibles contaminantes de alcance local”.

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Destacan, además, que “se les consultó a los pescadores que indiquen donde ejercían habitualmente su actividad para la toma de muestras y pudimos observar que sobre el veril norte del estuario, en cercanía a la zona portuaria, existen clubes náuticos y accesos al público en donde la gente concurre a pescar desde los muelles (Club Náutico Bahía Blanca, Club de Pesca Almirante Brown y Club de Pesca General Daniel Cerri) en donde las especies obtenidas por pesca deportiva por lo general son consumidas por los pescadores”.

Finalmente, el documento afirma que “el constante dragado de mantenimiento de la profundidad del canal de navegación provoca mayor turbidez en el agua, remoción de metales pesados ocluidos y alteración de lecho marino” y, ante esto, concluye que “el dragado por sí mismo genera un daño ambiental: destruir el lecho marino, que es donde nace toda la vida marina, evidentemente genera un daño”.

“Las resistencias al neoextractivismo son todavía marginales, en el sentido de que toca zonas de pequeñas y medianas localidades lejanas a los grandes centros industriales. Hay ahí un gran desafío que es el de lograr un cambio cultural, una nueva narrativa y un diálogo con sectores sindicales, territoriales urbanos, sectores políticos de las grandes ciudades, que hoy en día son muy indiferentes a la problemática ambiental o que la desconocen en absoluto”, dijo Maristella Svampa.

La socióloga conversó con FM De la Calle a partir de su libro “Chacra 51: regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking”, un ensayo sobre el avance de la explotación de energías extremas entre las chacras productoras de peras y manzanas de Allen, Río Negro.

Svampa mezcla, a través de su historia familiar, la literatura, la sociología y la filosofía con la militancia socioambiental.

“Hay un grave problema en la Argentina donde a diferencia de otros países no se discute sobre la fractura hidráulica así como otras actividades extractivas altamente controversiales (…) de destrucción y sacrificio de los territorios”, manifestó la investigadora del CONICET y licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba.

Agregó que “en Argentina se sigue hablando de oportunidades, se sigue hablando de una visión eldoradista, como si la Argentina estuviera destinada a convertirse en una suerte de potencia energética a través de la explotación de estos yacimientos no convencionales. No se da una discusión completa o integral que incluiría precisamente diferentes aristas de los impactos socioterritoriales hasta, por ejemplo, el desplazamiento de otras actividades económicas, como es el caso de la actividad frutícola en el Alto Valle de Río Negro y en Neuquén. Hoy es Allen el que está más que amenazado y donde el avance de locaciones hidrocarburíferas es tal que hay un retroceso cada vez mayor de la actividad frutícola. Muy probablemente van a ser otras, también, las localidades impactadas por el fracking. Mientras tanto las autoridades hoy siguen negando que se haga fracking”, aseguró.

“Chacra 51” es también el reflejo de una vida dedicada al estudio de problemáticas socio-territoriales, tanto en clave nacional como latinoamericana, donde no sólo profundiza sobre las energías extremas y su impacto negativo sino también se evidencia que el proceso “es mucho más caro, tiene mucho menos rendimiento energético y produce más accidentes, no sólo de trabajadores sino también derrames. Y esto es lo que está sucediendo tanto en Vaca Muerta como en Allen”.

La socióloga desarrolla el concepto del páramo y del racismo ambiental para entender la complejidad de su enfoque.

“La imagen del páramo yo la traje a colación para dar cuenta precisamente de lo que estaba sucediendo con las chacras. El progresivo desmonte ante la crisis y la avanzada de las locaciones hidrocarburíferas. Es sabido de las transformaciones territoriales que genera la explotación petrolera ya que después la tierra no pueda utilizarse para nada y lo que deja es desierto de piedra o un páramo. Yo lo que señalo es que no hay capacidad de resiliencia alguna, no se puede recuperar, y esto es efectivamente el páramo: es una imagen muy asociada también a nuestros tiempos del antropoceno, esta nueva era geológica en la cual la crisis y la devastación ambiental amenaza la vida misma en nuestro planeta”.

Respecto al “racismo cultural” Svampa aseguró que “no hay conciencia ambiental y es muy complicado abrir esta discusión. Yo hablo de racismo ambiental también para el caso de Allen donde la indiferencia de la población e inclusive de muchos chacareros es muy flagrante. Tal es así que los impactos que están denunciando a través de distintas notas periodísticas es posible verlos ahora sobre la población rural, pobre e invisible. Por lo cual, creo que en la población hay una suerte de ‘racismo ambiental’ que hace que se minimicen los impactos porque esto todavía no ha tocado el corazón de la población más integrada y que sobre todo vive en los cascos urbanos”.

“Mientras esto perjudique a las poblaciones pobres y marginales, la gente no se va a preocupar en demasía y esto me parece tremendo, terrible y da cuenta de un cinismo o de mala fe porque la gente sabe en el fondo, le hace ruido esto del avance del fracking entre peras y manzanas. Por más que YPF sea el sponsor de la Fiesta de la Pera o que todas las pequeñas radios locales reciban la pauta publicitaria de los servicios petroleros, lo cual atenta contra la posibilidad de discutir”.

Svampa destacó que “hay que recordar que el kirchnerismo efectivamente no promovió el desarrollo de energías renovables, hizo una apuesta a fondo en los combustibles fósiles. Ahora este gobierno tiene un doble discurso, porque si bien tiene un presupuesto limitado para el desarrollo de las energías renovables, tiene un presupuesto ilimitado a favor de los combustibles fósiles, sobre todo de los no convencionales con Vaca Muerta. Así que no nos engañemos: la matriz económica argentina no va a cambiar gran cosa, porque el gobierno hace la apuesta sobre todo en Vaca Muerta y de eso son conscientes los funcionarios”.

Sobre los antecedentes de gobiernos progresistas en la región y su política socio-territorial, la escritora opinó que “implicaron una gran expectativa política en términos de nueva izquierda pero que, hacia el final del ciclo, derivaron hacia modelos de dominación más tradicional que conllevaron un fuerte proceso de concentración en los líderes o lideresas, como también en procesos que han derivado en algunos casos en gobiernos autoritarios como el caso de Venezuela. He sido muy crítica no solo de lo que tiene que ver con la matriz productiva, la economía, sino también con las dimensiones políticas de este proceso.  (…) Ha habido una suerte de solidaridad automática y acrítica en relación a estos gobiernos, diciendo que si uno le hace una crítica le está haciendo el juego a la derecha, al imperialismo, etcétera. Yo no soy de esta idea, creo que efectivamente hay que hacer ejercicio del pensamiento crítico”.

“Igualmente soy consciente de que las resistencias al neoextractivismo son todavía marginales, en el sentido de que toca esas zonas de pequeñas y medianas localidades lejanas a los grandes centros industriales, con lo cual hay ahí un gran desafío que es el de lograr un cambio cultural, una nueva narrativa y un diálogo con sectores sindicales, territoriales urbanos, sectores políticos de las grandes ciudades, que hoy en día son muy indiferentes a la problemática ambiental o que la desconocen en absoluto”, finalizó.

Sandra Crucianelli, periodista bahiense e Integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) conversó con FM De la Calle sobre la investigación global denominada Implant Files, la cual reveló el peligroso negocio de los dispositivos médicos como implantes y aparatología para diagnósticos y tratamientos de salud.

“Descubrimos que había una lista de elementos observados con riesgo de muerte o de causar daños severos a los pacientes en la FDA de Estados Unidos, organismo regulador, y que cuando ese alerta estaba vigente estos equipos ingresaron al país”, comentó.

¿Por qué se permitió el ingreso de dispositivos con alerta de peligrosidad? Crucianelli aseguró que “hay dos mecanismos que están fallando. El primero tiene que ver con la falta de controles que hay en el Estado. El ANMAT, que si bien es un organismo descentralizado depende en línea directa del Ministerio de Salud de la Nación. Identificamos varios vacíos legales, por ejemplo que el ANMAT no está obligado a hacer públicos aquellos casos donde se reportan fallas en otros países. No hay ningún motivo para que mientras por un lado se escracha a la compañía o empresa que produce aceite de oliva y lo prohíben por alguna razón, no escrachan a las grandes multinacionales que facturan millones”.

Respecto al segundo mecanismo dijo que, “por un lado, está el tremendo lobby que (las multinacionales) hacen para conseguir beneficios legales como por ejemplo, para mantener estos vacíos en la legislación; el lobby que hacen en los Congresos, en los Senados…Y por el otro, estas compañías son las mismas que sobornan a médicos. Nosotros encontramos tres casos en las cortes de EE.UU perfectamente documentados, de compañías multinacionales que admitieron ante los organismos reguladores norteamericanos y ante la justicia de EE.UU.  haber pagado coimas a médicos argentinos para que indicaran ésas prótesis”.

Según pudo relevar Implant Files, por ejemplo, existen causas de prótesis mamarias que resultaron perjudiciales para mujeres a lo largo de todo el mundo.

Sobre rol de los médicos, Sandra Crucianelli opinó que tienen la obligación de contar a sus pacientes los efectos adversos o secundarios en la mayoría de los casos pero que, por el contrario, en situaciones de colocación o utilización de dispositivos eso no sucede. “Lo que aplicaría sería el código deontológico, de ética, de buenas prácticas; que deberían utilizar los médicos, pero sin embargo no siempre sucede (…). Lo que vimos en la investigación es que es información que se oculta”.

“Nos parece importante alertar a la gente para que cuando se le indique este tipo de estudios o se les coloque un implante se interiorice bien (…) y le pueda pedir a su médico lo que se le llama la ‘caja negra’ del producto, la caja con todas las especificaciones, porque le está faltando entonces información al paciente”.

En cuanto a las responsabilidades, la periodista explicó que “en el 2012 hubo una disposición de la ANMAT mediante la cual se creó el listado oficial de dispositivos implantables, es decir en vez de crear una lista de dispositivos con problemas en otros países, ellos decidieron crear una lista con los que estaban ok, digamos con los que no tenían ningún reporte de eventos adversos. En la disposición dice claramente que este listado tiene que hacerse público, pero buscamos por todos lados y no lo encontramos. Fuimos a la ANMAT, hicimos entrevista y nos dijeron que era información confidencial. Así que ahí tenés otro problema; que es también la confidencialidad con la que se manejan estas cosas que son de salud pública”.

Por último, Crucianelli aseguró que ninguna de las importadoras de dispositivos presentes en Implant Files reside en Bahía Blanca, sin embargo, expresó que “en algunos casos es probable que hayan sido puesto en venta en la ciudad. Es imposible saberlo, porque esa cadena de distribución no queda registrada en ninguna base de datos que podamos consultar. Yo creo que son los médicos los que saben qué pusieron, qué usaron y de dónde lo sacaron”.