El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó días atrás una ordenanza que dispone vedar todo tipo de acción que tenga por objeto la interrupción legal del embarazo, declarando además a la ciudad como “defensora y promotora de la vida, desde la concepción humana en el vientre materno hasta su muerte natural”.

Desde la fundación tucumana Mujeres por Mujeres, alertaron que dicha norma va en contra de la constitución y es por ello que FM De la Calle conversó con Noelia Aisama, abogada e integrante de la misma.

“Claramente (el Concejo), está exhortando a toda la comunidad de San Miguel desde el ámbito profesional, como también al poder de justicia, al Poder Ejecutivo que quien quiera implementar en el caso positivo de que se legalice el aborto en Argentina la obstaculización de que efectivamente este derecho se garantice para las mujeres”.

Consultada sobre cómo funciona dentro la interrupción del embarazo en los términos que plantea la legislación actual, comentó que “es importante destacar que somos la única provincia a nivel nacional que no está adherida a la ley 25.673 que es de Salud Sexual y Procreación Responsable, por lo tanto, tenemos un primer obstáculo para poder efectivizar la garantía al acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Por otro lado, también somos una provincia donde no se está aplicando la Ley de ESI, de Educación Sexual Integral. Por lo tanto, en términos de efectivización de derechos tenemos esos obstáculos”.

“Desde la fundación y con Católicas por el Derecho a Decidir hemos realizado un monitoreo social sobre el acceso a la salud de las mujeres donde, no solamente hay un nivel de desinformación de las usuarias de la salud en términos de derechos de los pacientes, sino también que tampoco hay desde el ámbito de los profesionales de salud en poder informarles y garantizarles todo lo que tenga en materia de derechos sexuales y reproductivos”, agregó.

Ordenanza 3Ordenanza 4

Miguel Caracciolo, titular de la Asociación para la Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (APRESUH), se refirió en FM De la Calle a los cambios en controles a frigoríficos y aseguró: “al mes de mayo tenemos la misma cantidad de casos de SUH que los registrados en todo el 2017, nos preocupa porque quiere decir que las cosas no andan bien”.

En relación a los controles a frigoríficos comentó que “viene afectando hace muchos años a los que dependen de la provincia y ahora se extiende a todo el país”. Así, dejaran de hacerse los “mínimos controles” que se realizaban sobre más de 250 enfermedades de transmisión alimentaria.

“Normalmente los frigoríficos nacionales tenían control a través de veterinarios de planta (pagados por el estado) que supervisaban e inspeccionaban cada frigorífico”. Caracciolo aseguró que no era el control que “uno pretendería que se llevara a cabo de acuerdo a cánones vigentes” pero se controlaba el manejo de cada frigorífico, si la manipulación era correcta y se hacían análisis de medias reses.

“El veterinario de planta no existe más, pasa a ser veterinario de registro y depende de cada frigorífico”, es decir que el dueño del lugar –que debería controlar, supervisar y fiscalizar– será responsable de pagarle el sueldo. “Un veterinario es empleado del frigorífico que le paga y llegado el caso tiene que sancionar o clausurar el lugar que le da de comer. Si alguien cree que eso puede pasar, vuelvo a creer en los reyes magos”, dijo Caracciolo.

Si bien esta situación sucede “hace años” en la provincia, sí es nuevo que “haya salido una medida a nivel nacional. Nos ponemos a trabajar para llegar a través de la Legislatura y que se tomen cartas en el asunto. […] Debería tomarse conciencia de la situación, y responsablemente se debería dar marcha atrás, ese es el pensamiento de APRESUH”.

Sobre los casos de SUH, garantizó que están llevando adelante una campaña de prevención y concientización junto a la Cooperativa Obrera y profesionales de APRESUH en Bahía Blanca, gran parte de la región y distintas provincias.

La sexta publicación de la colección de Cuadernos del Sur -que edita la UNS- se presenta el domingo a las 17 en FerroWhite. Emilce Heredia Chaz, licenciada en Historia y compiladora de la obra, pasó por el estudio de FM De la Calle.

La propuesta “se enmarca dentro de un proyecto de extensión universitaria donde se propone abordar la historia local y regional y que los conocimientos que se generan en la UNS sirvan de material para docentes de nivel secundario. Los cuadernos son trabajos colectivos y se organizan en dos partes: la primera es el núcleo principal problemático y la segunda propone actividades […] para despertar en el aula más sentidos”.

El núcleo duro de este sexto cuaderno es la cuestión neoliberal. “La ventaja de afrontar problemas complejos [de la historia argentina] desde lo local es que a los estudiantes les vuelve más cercano esos problemas y tiene el potencial de que se cuestionen el territorio donde viven, el cual tienen más posibilidades de transformar”.

“La perspectiva de la historia desde ese marco trata de deconstruir ciertos momentos fundacionales desde los cuales los sectores hegemónicos cuentan la historia de la ciudad. Siempre problematizando pasado, presente y futuro, entendiendo que la historia es todo eso al mismo tiempo”.

Sobre las distintas fundaciones mencionó que “la primera fue en 1828 con la instalación del fuerte en territorio indígena, la segunda habría acontecido a fines del siglo XIX (y principios del XX) a partir de inversiones inglesas con las que se construye el puerto y el ferrocarril”.

“Esta tercera de nuevo estaría en manos de inversiones extranjeras, que siempre aparecen sin sujeto, nunca se nombra a las corporaciones transnacionales. […] A mediados de los ‘90 desde el municipio hablaron del ‘Plan Estratégico Bahía Blanca’, a partir de ahí, generaron la promesa de un futuro de grandeza, de progreso y desarrollo para toda la ciudad, un discurso que silenciaba el momento que se vivía en la ciudad”.

“El ‘aluvión de inversiones’ estaba generando a partir –y a pesar– de todo lo que se estaba construyendo: la privatización de los ferrocarriles, el desguace de muchas empresas y entidades estatales con un saldo de desocupación enorme que generó alrededor de 4000 despidos”, explicó.

Heredia mencionó que recuperaron el trabajo de Valentina Riganti sobre la explotación sexual de Bahía Blanca en ese contexto, “entendiendo que así como la ciudad es un centro económico en términos del flujo de bienes comerciales también lo es en términos de circuitos de trata y prostitución de mujeres”.

En relación a los conflictos socioambientales, remarcó que el flujo de inversiones extranjeras “tuvo su punto más álgido cuando ocurrieron los escapes del año 2000 en el Polo Petroquímico, al ver las asambleas, piquetes y respuestas que se generaron por parte de la sociedad”.

Una de las características del ‘discurso de la globalización’, que se puede ver en discursos como los del Banco Mundial, es que son procesos de cambio sin agentes. “Parecen cambios inevitables, que se nos vienen encima. Sin embargo los actores aparecían en términos de quién debía responder ante estos cambios: nosotros tenemos que responder, adaptarnos”, explicó Heredia.

Jaime Linares, intendente en ese momento, dijo el 11 de abril de 1998: “La cuestión es aceptar estos cambios espectaculares que hoy se notan en el perfil urbano y de las costumbres. Lo peor que podemos hacer es quedarnos en la nostalgia trágica derivada de una etapa pasada que ya no volverá”.

la tercera fundacion

Sobre el consenso para el progreso de una ciudad, aseguró que una peculiaridad de los procesos de planeamiento estratégicos es que “se llama a lo participativo, pero ves la diversidad de actores –una corporación transnacional frente a una sociedad de fomento– y uno se pregunta hasta qué punto es posible (en términos de igualdad, de relaciones de poder y del conflicto que es parte de esa relación social).

Al consultársele si considera que el proceso de la tercera fundación continúa o terminó, aseguró que “no tiene una respuesta unívoca, no está bueno decir que ‘es todo lo mismo’ o ‘es todo diferente’ sino preguntarse por los movimientos de cambios y continuidades. Cuando se analiza ese espacio productivo donde se radicó todo ese cúmulo de inversiones extranjeras en los ‘90, Bahía Blanca fue la ciudad de la provincia que más inversiones recibió en ese momento y, aún con un Estado que redistribuyó más, esas empresas siguieron creciendo”.

Según Heredia, lo único que cambia en relación a la renta que sale de actividades extractivas es “que en un momento se reparte un poquito más o un poquito menos, pero eso no afecta el cúmulo de ganancia de esas empresas”.

Días atrás, el intendente Héctor Gay brindó un discurso muy similar al de Linares en el marco del aniversario de la ciudad. La historiadora comentó que “es muy fuerte ver esa continuidad a lo largo de las sucesivas fundaciones […], que ciertas características de ese discurso siguen vivas: la ideología del desarrollo, la cuestión que siempre está pateada a futuro, que la respuesta siempre va a venir de afuera”.

Parecería ser que “Bahía Blanca es una ciudad que se tiene que entregar a los mercados globales para lograr ese progreso, y eso lo va a posibilitar el puerto o el polo. Esa ideología del progreso en desarrollo es algo muy fuerte en esos relatos históricos forjados en sectores hegemónicos”.

*El Cuaderno Nº6 va a estar disponible en formato digital a partir de la semana que viene en la página web del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur.

La experta en Derecho de Familia, Nelly Minyersky, fue una de las expositoras en la apertura del debate sobre la despenalización del aborto en el Congreso. Esta mañana, mientras escuchaba a las oradoras de la segunda jornada, dialogó con FM De la Calle sobre esta demanda histórica del movimiento de mujeres.

“Por fin en este país nos están tomando en serio a las mujeres, están comprendiendo nuestra lucha. Se han dado cuenta que somos la mitad o más de la mitad de la población y esta es una expresión de que las mujeres teníamos, desde el punto de vista legislativo, una asignatura pendiente”, explicó.

Minyersky afirmó que “la mujer que acude al hospital porque tiene una complicación, antes de entrar al hospital está eligiendo entre la muerte y la cárcel, porque si no va al hospital esta complicación que generalmente puede devenir en infecciones, septicemias y acarrearle la muerte, si entra al hospital es denunciada”.

“Los que dicen defender la vida, que yo los llamo anti-derechos, nos hablan de que somos asesinos de fetos: eso es compararlo a usted, a mí, a cualquier persona nacida de cualquier edad a un embrión en una probeta o inclusive que ya está implantado en el seno materno. Son entes dignos de respeto y de dignidad pero no nos podemos comparar”.

Respecto al proyecto que se está debatiendo en el Congreso manifestó que “hay un proceso que va desde la embriogénesis, que nos habla de un proceso que va desde que se unen los gametos hasta que avanza el embarazo, disminuyen los derechos de la gestante y aumentan los del embrión. Por eso, después de determinados meses, ya no se habla de aborto sino de parto o parto prematuro, eso está contemplado en los proyectos de ley”.

“La ley no puede forzar a que yo tenga un hijo cuando en mi perspectiva de vida para mí no es mi hijo, es una circunstancia ajena a mi voluntad. Entonces creo es un camino a una sociedad mejor”, concluyó.

El Municipio ofreció en la última reunión paritaria un aumento del 15% en tres cuotas y la propuesta fue rechazada por el Sindicato y la Asociación de Profesionales de la Salud. El vicepresidente de la APSM, Pablo Fernández Keller, comentó a FM De la Calle el estado de las negociaciones respecto a puntos pendientes de 2017 y los pedidos para este año.

“De todos los puntos que pedimos no pudimos cerrar ninguno. Uno específicamente para todos los profesionales de las unidades sanitarias, desde hace dos años se pagaba un bono de doscientos pesos aproximadamente; nosotros queremos que se pase un porcentaje y lo que ofreció el Ejecutivo fue pasarlo de 200 pesos a 280 pesos, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo”, manifestó.

“Obviamente estamos dialogando, se quedó de volver la semana que viene a reiniciar el diálogo y en la semana hacer las reuniones para ver si podemos avanzar pero por ahora estamos bastante lejos”, consideró.

Consultado sobre como viene planteado el acuerdo paritario para este año, Fernández Keller comentó que “lo que pedimos fue un 22% con la cláusula gatillo, lo que ofreció el municipio es: un 15% en tres tramos, 5 en marzo, 5 en junio y 5 en octubre con una revisión en noviembre pero no retroactivo. Nosotros a eso lo tenemos que charlar en la asamblea que vamos a hacer la semana que viene pero mi impresión es que no se va a aceptar”.

“Siempre son permeables a dialogar”, mencionó respecto de la relación con el Municipio aunque agregó que “hasta ahora desde el 2017 no tuvimos ninguna respuesta aceptable. Hemos tenido respuestas, pero es complicada la respuesta que nos han dado”.

Fueron las palabras de Natalia Acosta, abogada del matrimonio igualitario que consiguió mediante un fallo sin precedente que la obra social se haga cargo del tratamiento de fertilización asistida al que no querían acceder.

En el año 2013 se dictó una ley nacional para todas las obras sociales que incluye el tratamiento de fertilización asistida en el programa médico obligatorio y, según la abogada, “hasta el momento no había ningún caso en que se hubieran negado a cumplir con esto”. En este caso, el matrimonió se presentó en el estudio “con el deseo de poder formar una familia y se encontraron con el obstáculo de la obra social. Iniciaron los pasos procesales correspondientes, y ante la negativa tuvimos que recurrir al procedimiento de amparo”.

No trascendió de qué obra social se trata ya que es un fallo de primera instancia, en caso de que haya una apelación “esperamos que la Cámara confirme el fallo pero sí sienta jurisprudencia en primera instancia”. Acosta aseguró que el fallo habla de “la inclusión, la evolución de la sociedad, el hecho de la mujer de poder disponer de su cuerpo y elegir cómo formar una familia”.

Los argumentos de la obra social para negar la cobertura del tratamiento se refieren a “que es una obra social chica, cuestiones económicas, cuestiones en relación al ámbito familiar, que la cónyuge tiene otra obra social. Cuestiones que no hacían que fuera un impedimento […]. Entonces, si la ley no establece limitaciones la obra social tampoco tiene por que hacerlo”, explicó la abogada.

El gobierno anunció que tomaría medidas para bajar el precio de mil drogas requeridas por afiliadxs de PAMI a partir de abril. Desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, la presidenta María Isabel Reinoso, aseguró que esta decisión será a costa de las farmacias y que beneficiaría a Farmacity.

La titular de la Confederación de Farmacéuticos Argentinos aseguró que “al día de hoy no tenemos el listado de esas drogas y mucho menos de los medicamentos que va a cubrir PAMI. Tenemos que conocer para decirle a los abuelos cuáles van a tener cobertura y cuáles no”.

Según Reinoso hay dos cuestiones relacionadas al anuncio del gobierno, el 31 de marzo vence el convenio para la provisión de medicamentos y la negociación es entre la vicejefatura de gabinete y la industria farmacéutica.

Por otro lado está el aporte económico realizado por las farmacias: “Hoy el PAMI compra los medicamentos y paga la mitad de lo que sale; la diferencia la ponemos entre la industria farmacéutica y la farmacia. Estamos pidiendo que baje el aporte y que sea de manera escalonada”.

Este pedido se realizó ya que en varias provincias del país “a las farmacias le han duplicado los impuestos y no pueden seguir sosteniendo la prestación haciendo ese aporte, que se hizo cuando se cayó el país en el 2001 y que nunca se corrigió”.

Para Reinoso “el mayor beneficiario son los grupos económicos y la empresa Farmacity, que se ahorraría 12 millones de pesos por mes en detrimento de la farmacia pequeña y mediana. Si esa estructura no se cambia muchísimas farmacias quedarían fuera de poder dar la prestación de PAMI”.

Respecto a la posibilidad de que Farmacity se instale en la provincia, la autoridad del Colegio de Farmacéuticos dijo que “si quiere se puede instalar, pero cumpliendo la ley vigente que cumplimos todos. Este fondo de inversión quiere establecerse sin localización, donde es rentable. Y la ley dice que se tiene que establecer una farmacia cada tres mil habitantes y cada 300 metros para que se desparramen y haya una red capilar, una farmacia en cada barrio”.

“La ley tampoco permite fondos de inversión por una razón de salud pública”, agregó. En este caso, además, se presenta un conflicto de interés con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quién también fundó la firma Farmacity.

Ayer se presentó en el Congreso el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La iniciativa que legaliza el aborto durante las primeras 14 semanas de gestación, fue firmada por 71 legisladorxs de distintos bloques.

Vanina Biasi, asesora de la diputada por el FIT Romina Del Plá y redactora del proyecto dijo a FM De la Calle que el nuevo texto se diferencia del presentado en 2017 al elevar el límite de 12 a 14 semanas de gestación, al eliminar referencias a los objetores de conciencia en el ámbito de la salud, “porque no se le puede denegar a nadie un derecho por razones religiosas y nos parece importante avanzar en reflexionar sobre esto”.

Si bien la iniciativa contempla en uno de sus puntos la cobertura de la interrupción del embarazo en todas las obras sociales y prepagas del país ara las mujeres que no las tengan “estamos planteando que tienen que ser atendidas en el hospital público sin ningún tipo de restricción, para lo cual va a haber que modificar algunas resoluciones que en el pasado se han tomado de la comercialización de misoprostol. Tenemos que empezar por decir que el ANMAT, en este momento se maneja con criterios que no pueden seguir existiendo en la medida que avancemos en una legalización del aborto”.

“Lo que pasa es que la comercialización de misoprostol en la Argentina produce una situación de mucha escasez porque solo se provee al Ministerio de Salud para que lo distribuya en los hospitales y en los efectores de salud para los casos que tenga atender abortos no punibles”, afirmó Biasi.

En cuanto  al contraproyecto presentado por los sectores denominados “pro-vida” que cuenta con un total de 15 firmas -entre ellas la del ex intendente bahiense Gustavo Bevilacqua- opinó que “no estamos debatiendo aborto si o aborto no, porque en este país el aborto existe, se practica de forma masiva y lamentablemente en muchos casos, porque las mujeres van a abortar obligadas por las circunstancias y, por lo tanto, tenemos que esforzarnos para ver como eliminamos las circunstancias”.

“El estado no nos da los recursos para garantizar este derecho, entonces nos pone en un lugar en donde o tenemos que salir a buscarlo nosotros o conseguirlo de alguna manera, que alguien nos done, que nos preste” señaló Verónica Herrero, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de nuestra ciudad.

En el marco de la semana del Paro Internacional de Mujeres, se realizó la presentación oficial de este espacio. “Un grupo de profesionales de la salud, médicos, enfermeros, psicólogos, promotores de salud y trabajadores sociales. Somos trabajadores que pertenecemos al sistema público de la salud, trabajamos en el primer nivel de atención y nos venimos reuniendo desde el año pasado para poder trabajar el aborto no punible en bahía blanca” explicó.

Según un informe elaborado por el equipo Latinoamericano de Justicia y Genero, la Red de Acceso al Aborto Seguro en Argentina y CEDES, se estiman entre 370.000 y 520.000 abortos por año en nuestro país. Hay más de un aborto cada dos nacimientos. La única información sobre aborto disponible a nivel nacional de los servicios de salud proviene de las internaciones en hospitales públicos. Los abortos se reportan en una sola categoría que comprende desde mujeres que se internan en los hospitales públicos porque perdieron un embarazo espontáneamente hasta mujeres con abortos legales o mujeres que enfrentaron distintos tipos de complicaciones (más o menos graves) derivadas de un aborto realizado en condiciones inseguras. Quedan excluidas las mujeres que recibieron atención ambulatoria y las que accedieron a efectores privados o de obras sociales.

Herrero también destacó que elevaron “un informe en la Secretaria de Salud, que va a ser presentado al municipio en el HCD, donde cuenta y hay evidencia de todo un marco teórico, legislativo, jurídico tanto de Argentina como declaraciones internacionales donde avalan el pedido que nosotros estamos haciendo básicamente de los recursos para poder trabajar en el primer nivel de atención”
Por su parte Viviana Rodriguez, psicóloga, destacó que forma parte de esta red “que viene a abordar esta lucha histórica de muchos grupos feministas, con la intensión de poder visibilizar que también el aborto es un problema de salud y es un problema político, porque en realidad lo que se intenta cuando se coloca a la mujer solamente desde su dimensión biológica o su capacidad reproductiva es borrar la diferencia que hay entre la dimensión biológica y la dimensión política de la mujer”.

El aborto realizado en condiciones inseguras puede afectar la vida y la salud física, emocional y social de las mujeres y de su entorno cercano. Las muertes por abortos inseguros en Argentina representan el 17% del total de las muertes maternas entre 2014-2016. Contabilizan 47 las mujeres muertas por año por complicaciones relacionadas al aborto clandestino. “No parece cruel dejar a un grupo poblacional, la mayoría son mujeres menores de 25 años, a que vean cómo les sale un aborto inseguro, porque las mujeres abortan. Lo que está (en discusión) es el acceso al aborto no punible en un sistema de salud publico donde el aborto es seguro y no te compromete la vida” aclaró Herrero.

Y Viviana Rodríguez finalizó destacando que “la criminalización es selectiva porque las mujeres que han sido procesadas son mujeres pobres. La práctica del aborto es común en mujeres y en personas con capacidad para gestar, lo que pasa es que hay un sector que se encuentra en una inequidad y en una vulneración de derechos”.

Rubén Matoso, titular local de la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA) habló con FM De la Calle respecto a la deuda que IOMA mantiene en la actualidad, que generó problemas con las prestaciones en clínicas privadas de la ciudad.

El dirigente explicó que la situación afecta por una lado a Bahía Blanca, donde han realizado un pago parcial de “entre 65 y 70%” correspondiente al mes de diciembre, y en los alrededores (Coronel Dorrego, Pigüé, Gonzáles Cháves, Coronel Suárez, Coronel Pringles) donde aun no se ha saldado la deuda.

A pesar de que ese pago desactivó la medida de fuerza que se había planteado para el día de ayer en nuestra ciudad, Matoso afirmó que están “en situación de alerta”  y que “el problema esta fundamentalmente en la zona. Por supuesto que tienen apoyo de Bahía Blanca, estamos esperando que haya un pago”.

Si bien en el distrito X, comprendido por los lugares previamente mencionados, IOMA le brinda cobertura a alrededor de 90.000 personas, solo 34.000 corresponden a Bahía Blanca; los 56.000 restantes “están prácticamente con atención de urgencia. No tienen otra manera de hacer frente a prestaciones que tienen una erogación importante, como insumos, medicamentos; y están debiendo cifras importantes a los proveedores”.

Matoso aseguró que “la atención de la gente de IOMA es excelente; el delegado es espectacular, cada vez que hablo con él trata de resolver el problema. Están trabados con un cambio en el sistema de pago, lo tienen que terminar de implementar. Suponemos que la semana que viene estará resuelto. La gente no puede ser cautiva de este problema”, aseveró.

Las fiestas no son una fecha fácil para las personas con autismo y sus familias, a pesar de ser un momento de celebración no la pasan bien cuando de pirotecnia se habla. FM De la Calle charló con Pamela Moya, integrante del Comité de Autismo Bahía Blanca, sobre la campaña #BahiaSinPirotecnia.

La campaña surge por “el desconocimiento general de asociar a la gente con autismo y el ruido de la pirotecnia, generalmente lo asocian con los animales. Nos parecía importante empezar a hablar y relacionarlo, entender que estamos afectando a una persona no solo a los animales”, explicó Moya.

La gente con autismo recibe de otra manera la estimulación sensorial del ambiente exterior, además de haber diferentes grados de sensibilidad y casos de una hipersensibilidad “muy marcada, que es como si la pirotecnia la estuviesen tirando dentro de su cabeza; es tal la desesperación que le agarra a la persona que muchas veces se lesionan, se golpean, porque no saben qué hacer con esto que les está pasando, con este estímulo que reciben”, manifestó.

La campaña tuvo una respuesta positiva por parte de la comunidad, se sumaron muchas personas, pero quizás la adhesión más significativa vino de la mano de los jugadores de Olimpo, quienes se sacaron fotos y las subieron a las redes. Moya comentó también que se han sumado desde empresas, vecinxs, y desde ONGs que protegen a los animales. “Hicimos una campaña global, tanto nosotros como ellos”.

campaña - fb comite autismo bahia blanca

La integrante del Comité de Autismo Bahía Blanca explicó que hay una ordenanza que prohíbe el uso de pirotecnia, que también rige en Punta Alta, sin embargo no se cumple. “La ordenanza está, lo que nosotros instamos es a que la gente tome conciencia y no vaya a comprar, porque si nadie va a comprar no harían falta estos controles”.

Si bien hay alternativas para celebrar sin hacer uso de pirotecnia –además de que puede resultar en un accidente para quien hace uso–, y brindan otra opción “hay distintas luces que se pueden implementar”, Moya consideró que desde el Comité intentan cambiar el concepto de “asociar las fiestas con la pirotecnia, (…) que la celebración sea por otro lugar”.

“Aquella persona que se quiera sumar, se saca una foto con un cartel que diga #BahiaSinPirotecnia, la sube a sus redes, para ayudarnos a difundir. Está bueno este mensaje de que la gente sepa que se está afectando a una persona que tiene todo el derecho de pasar las fiestas lo mejor posible con sus familias. (…) A veces las acciones que nosotros tenemos afectan a otros”, concluyó.

En el marco de la avanzada del gobierno nacional contra la Ley de Salud Mental y Derechos Humanos dialogamos con el periodista y escritor Pablo Galfré, autor de La Comunidad (Editorial Sudestada), investigación sobre las clínicas San Camilo y San Antonio.

En estas comunidades es frecuente el uso de la violencia, el maltrato y en algunos casos la muerte: “En mí libro hay tres muertos que son Felipe, Saulo y Matías; y ahora se suma un cuarto muerto que es Franco Ruíz Díaz. Saulo y Felipe mueren en San Camilo, Matías muere en San Antonio. Ahora me enteré de un muerto, que no está en mi libro, que murió en 2013, también en San Antonio”, dijo Galfré a FM De la Calle.

“Felipe es el único que no tiene causa judicial. Las otras tres causas, de las cuatro, las tiene el mismo juez de Garantías, Ceballos, y ninguna de las causas avanza salvo la de Saulo, que es el motor del libro. Es increíble como un juez de Garantías tiene tres muertos en dos lugares y no hace nada al respecto. Los jueces de Garantías tienen las manos un poquito más atadas que un juez de la Justicia Federal”.

Respecto a las causas de las muertes ocurridas en las comunidades, Galfré aseguró que “Saulo se suicida dentro de una celda; Saulo estaba privado de su libertad dentro de la comunidad y dentro de una celda de esa comunidad. No dio para más después de un año y pico de internación, con diabetes tipo 1, a su vez que sufría de depresión, y resolvió terminar con su vida por sus propios medios, pero aclaremos que eso es un homicidio culposo, porque Saulo estaba privado de su libertad dentro de una celda de 16 metros cuadrados con un colchón tirado en el piso”.

“En el caso de Matías, murió de un paro cardiorrespiratorio traumático porque era alérgico a la penicilina. Él estuvo toda la noche asfixiándose y termino muriendo asfixiado por un síndrome asfíctico y un edema pulmonar, sin nadie que lo atienda al cuidado de niños de quince años, que eran los responsables de la guardia de esa noche. Y Franco Ruíz Díaz, es la causa que todavía no me he metido del todo, si bien la he leído, aparentemente se suicida en su habitación, pero en la autopsia se describe que no tenía ningún rastro de droga en sangre, ni legales ni ilegales. Cuando era una persona que tenía que estar medicada porque aparentemente padecía de esquizofrenia”.

El modus operandi que tienen estas comunidades terapéuticas para con sus internos implican hasta patotas para ir a buscarlos a partir del acuerdo con las familias: “Axel (otro de los internos), para darte ejemplos prácticos, estaba en su casa de San Isidro durmiendo; de repente tres patovas grandotes entran, patean la puerta, se lo llevan y le dicen: ‘vení que nos vamos’. Axel piensa que es un secuestro extorsivo, ve a su madre llorando le dicen: ‘ahí está tu vecino, saludalo’, lo agarran como si nada y lo suben a un auto”.

“Si una persona se fugaba la iban a buscar, si esa persona iba a la comisaría a pedir ayuda, la comisaría avisaba a la comunidad o si esa persona llamaba a sus familiares y les decía: ‘papá te espero en el peaje’, el papá avisaba a la comunidad y Martín Iribarne, el dueño de la comunidad, iba con un empleado de seguridad o con algún paciente de la comunidad que iba ascendiendo de fase, entonces la comunidad como que lo ponderaba de alguna manera y le decían: ‘bueno, ahora vos sos un operador terapéutico encargado de seguridad’, y lo llevaban como mano de obra barata a secuestrar a sus propios compañeros” aseguró.

Sobre el rol que cumplen las familias en este sistema, Galfré comentó que hay dos variables: “Está la variable del familiar que  no sabe absolutamente nada de nada y piensa que su hijo, por el mero hecho de fumar marihuana es adicto, entonces ponen en google ‘quiero internar a mi hijo’, y saltan estas páginas: San Camilo, San Antonio o Alejandro Merenzon. Y sino están los familiares de quienes, desde hace años desgraciadamente, tienen un consumo muy problemático (…) que pasaron por otros tratamientos ambulatorios y ninguno les funcionó, los familiares por la desesperación de ya haber internado a sus hijos en otras comunidades, y que se hallan escapado, terminan recalando en estas comunidades que funcionan de forma carcelaria”.

El rol del Estado

En relación las responsabilidades que el Estado tiene en estas comunidades, Galfré sostuvo que tiene que ver con “la ausencia total de políticas de drogas en este país desde siempre”. “Más allá de la implementación de la Ley de Salud Mental, que la aplaudimos, y ahora tenemos que salir a defenderla con mucha garra, creo que ya es absurdo que en nuestro país (…) rija el prohibicionismo por un lado y por otro, el abstencionismo. Y después sí, está obviamente, el no control de estas comunidades”.

“La Ley de Salud Mental yo la aplaudo, pero de 2010 a la fecha la verdad que el gobierno anterior, al que también por momentos aplaudí, a veces sentado y a veces de pie como digo en el libro, nunca se impulsó: las casas de medio camino, los tratamientos ambulatorios, los hospitales de día o las internaciones en los hospitales generales. Por eso, estas comunidades se hacen el caldo de cultivo y por eso el Estado no las controla, porque las necesita de alguna manera”.

Respecto de si estas comunidades recibían algún tipo de subsidio por parte del Estado, Galfré comentó que “San Camilo y San Antonio no. San Camilo hasta el año 2010, recibía subsidios y después no”.

“La Ley de Salud Mental de alguna manera le coartó los mecanismos. Lo que sí, la última vez que yo chequé, hace dos años, la SEDRONAR subvencionaba a 110 comunidades terapéuticas. Ya no importa tanto si son comunidades abiertas o cerradas, este sistema de comunidades terapéuticas en general no funciona”, finalizó.

El gobierno de Bahía Blanca propuso una nueva ordenanza para instalar antenas emisoras de radiofrecuencias denunciadas por especialistas de diferentes ámbitos por su riesgo para la salud. Desde la ONG Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca invitan a asistir a la audiencia pública el 13 de diciembre a las 9 en el Concejo Deliberante. Las inscripciones cierran el 5 de diciembre.

FM De la Calle habló con Gladys Girotti, integrante de la ONG, quién aseguró que leyeron el documento y pusieron “a disposición todos los profesionales que nos asisten permanentemente, a fin de sacar una ordenanza lo más protectora posible y al mismo tiempo que asegure las comunicaciones”.

Sin embargo reveló que no fueron consultadxs a la hora de redactar el documento. De todos modos, “desde el Ejecutivo dicen que este es un primer proyecto, que irá a debate y a comisión del Concejo Deliberante el año que viene” con los aportes que se realicen en la audiencia pública.

“Por eso pusieron el proyecto a consideración online donde las personas pueden entrar a la pagina, dar una opinión de cada uno de los artículos de la ordenanza, una opinión general y elevar una propuesta”, explicó.

Girotti manifestó que la propuesta del oficialismo “es paupérrima”, a pesar de que “la ordenanza anterior dice que no se podían instalar [antenas] en escuelas, centros de salud y demás, nunca se hizo cumplir”.

Además, “el tema es que no resolvemos nada con que te instalen una antena terreno por medio de una escuela si no bajamos la potencia a la que emite. También [la ordenanza] tiene en cuenta bajar la altura de las torres, quedarán bastante más lindas pero estamos acercando más la radiación a la cabeza de la gente”. El proyecto propone que los soportes sean compartidos por más de una empresa, por lo que “estamos sumando más cantidad de antenas en el mismo soporte”.

Girotti aseveró que el documento “no habla de principio precautorio, no habla de salud, no habla de medio ambiente, no habla de contaminación, no se hace cargo de lo que son las mediciones”. A modo de ejemplo mencionó el Polo Petroquímico que “se puede comparar en el sentido de que el municipio tiene que tener elementos de medición para luego reclamar ante los organismos que correspondan sobre la contaminación que está generando”.

Sin embargo, manifestó que “el municipio tiene que realizar mediciones”. La ordenanza anterior tenía prevista participación ciudadana porque las mediciones si están hechas en puntos fijos o en puntos donde no hay radiación –la radiación de una antena no es pareja alrededor de la antena, tiene puntos muertos donde no hay señal– la medición no va a dar un resultado acertado. “La radiación hay que medirla de acuerdo a un protocolo”, explicó Girotti.

Reiteró la importancia de opinar y participar sobre el proyecto: “Es muy importante que lo hagan, sabemos que las audiencias no son vinculantes y que tenemos un Concejo Deliberante formado de doce contra doce, […] pero es una batalla que tenemos que dar. […] Quisieron dar un primer paso de debate, y esta bueno que se arranque por algún lugar, pero hay mucho para construir encima de esta ordenanza”.

La inscripción y el debate online se puede realizar hasta el 5 de diciembre en: www.bahia.gob.ar/dialogos/antenas y la audiencia pública está programada para el miércoles 13 de diciembre a las 9 de la mañana en el Concejo Deliberante.

Ante la intención gubernamental de modificar la reglamentación de la Ley de Salud Mental, la licenciada Marcela Arzuaga, ex jefa del Hospital de Día de nuestra ciudad, dijo a FM De la Calle que “cualquier cuestión restrictiva a la hora de pensar las intervenciones en problemáticas de salud mental y de adicciones, que no tengan todo el abanico que es necesario para la inclusión de una persona en la sociedad, va a quedar resumida a una internación compulsiva”.

“La Ley de Salud Mental, es en realidad Ley de Salud Mental y Derechos humanos, este es un punto importante a tener en cuenta por lo que viene después. La ley nacional se promulga en el año 2010 y se reglamenta en el año 2013 y plantea que la salud mental ya no es solo un estado de bienestar psicosocial, dentro del marco de la salud, sino que se reconoce que hay condicionantes que son sociales, históricos, psicológicos, que trascienden el cuadro psicopatológico y, sobre todo, que la atención a las personas con padecimiento mental tiene que ser interdisciplinaria y mucho más abarcativa”, explicó.

Arzuaga agregó que “la ley nacional se promulga en 2013 teniendo en cuenta lo que fueron las 100 reglas de Brasilia, porque sabemos que en nuestros países no sólo tiene que estar la ley, sino que se garantice la accesibilidad. Porque sabemos que los grupos más vulnerados son los que no acceden a derechos (…) En el tema de la salud mental el estigma coarta todo tipo de derechos, porque uno lo tiene en lo cotidiano a esto. En la Ley Nacional de Salud Mental está abarcado en término de: el Poder Legislativo le dice al Ejecutivo que instrumente determinado tipo de políticas, más allá de las de salud, para garantizar la inclusión de estas personas.”

Respecto a la puesta en práctica de la norma, la licenciada comentó que “se fue ejecutando parcialmente, deficientemente. Entonces, los que venimos en la lucha por una salud mental en el marco de los derechos humanos lo que pedimos es, la plena implementación de la ley, que sabemos es compleja y no está instrumentada, no sólo en salud sino desde otros ministerios que es imprescindibles que se comprometan a la ley”.

“El planteo es: pidamos, exijamos la plena implementación de la ley, o la ampliación de derechos que plantea la ley. Pero no restrinjamos la ley, porque esa implementación de derechos no está. Esto es lo que nosotros venimos a decir”.

En relación a las modificaciones que planea el gobierno, Arzuaga sostuvo que este decreto “deja traslucir” la vuelta a la internación compulsiva en manicomios. “Con otro nombre, porque no habla de manicomios, sino de clínicas especializadas pero a la letra sabemos que es lo otro y que no es una cuestión voluntaria, o porque la gente es mala y quiere hacer manicomios”.

“Es porque, quienes venimos estudiando esto, tenemos los fundamentos para poder decir que cualquier cuestión restrictiva a la hora de pensar las intervenciones en problemáticas de salud mental y de adicciones, que no tengan todo el abanico que es necesario para la inclusión de una persona en la sociedad, va a quedar resumida a una internación compulsiva”.

Arzuaga comentó que en Bahía Blanca están “trabajando desde distintas organizaciones sociales, se está planteando también en la mesa del Concejo Deliberante, que ahí nos reunimos distintos organismos estatales y organizaciones no gubernamentales y estamos intentando generar, creo que el Colegio de Psicólogos también está en asamblea, para sentar una posición y fundamentarla”.

El sábado 4 de noviembre se incendió una planta de acopio de granos y químicos de la empresa Glencore en la ciudad de América, al oeste de la provincia de Buenos Aires. Una nube negra, producto de la combustión de diferentes agrotóxicos permaneció en el aire varias horas y preocupó a la comunidad.

FM De la Calle habló con Adelmar Funk, vecino del lugar, quien aseguró que se preocuparon cuando una leve brisa “empezó a movilizar la nube tóxica hacia el casco urbano”. Eso generó que las autoridades municipales dimensionaran lo que sucedía y emitieran un comunicado para que la sociedad “tomara algunos recaudos que se hacían imprescindibles, más considerando que en este tipo de situaciones no están preparados los municipios, ni siquiera defensa civil”.

Las autoridades propusieron que “la población estuviera encerrada en sus casas, que no ventilaran nada, que bebiera agua segura (de bidones)”, hasta puso a disposición el centro integrador “en el caso de que la gente tuviera que abandonar sus hogares hubiera un lugar más seguro”.

“Que se queme una planta que tiene agroquímicos es realmente sorprendente. (…) Estás viendo la combustión de ciertas partículas que tienen carbón (había silos bolsa), pero también hay elementos que no son visibles: los otros gases, productos de la quema  de químicos; ni siquiera sabíamos qué tipo de químico había”.

El vecino de América explicó que a partir de otros casos el Concejo Deliberante “ha actuado en favor de las prohibiciones necesarias para asegurar de alguna manera la salud de la comunidad”. Y ratificó que es una situación complicada porque “uno no puede predecir qué tiene” la nube tóxica, y en su momento “la empresa tampoco supo explicar qué había, cuando quiso dar una explicación hizo un comunicado” y en vez de pedir disculpas relató lo que había pasado con los bomberos.

La limpieza del lugar donde se incendiaron los agroquímicos no es simple, de hecho Glencore tuvo que contratar a una empresa especializada para retirar los residuos e intentar recuperar las tierras donde se produjo la quema de dichos elementos.

Sin embargo, Funk cuestionó qué hacían esos agrotóxicos en ese galpón. “Los productos que estaban en ese depósito tenían un destino, ser volcados a la naturaleza; o sea que generamos un drama porque se quemaron (…). Solamente en el partido de Rivadavia, que tiene 370.000 hectáreas aproximadamente, se vuelcan entre 3 y 4 millones de litros todos los años. Equivaldría más o menos a la cantidad de material que transportan cien camiones de combustible”.

infobaires24 com ar

También manifestó que “estamos absolutamente rodeados de gases tóxicos en forma permanente. Lo demuestran no solamente patologías de nuestra comunidad sino que los propios organismos del Estado [INTA], plantan en el casco urbano de nuestras ciudades árboles testigo donde detectan la presencia de 2-4D, que es un arma de guerra”.

El hombre aseguró “en nuestro distrito, en su versión más volátil [2-4D] estaba prohibido y esta planta lo tenía. (…) el resto de los químicos estaba en otro galpón cruzando la ruta. (…) Si bien algunos químicos estaban autorizados, “el galpón no estaba autorizado, o sea que es clandestino”.

América se encuentra a menos de 3000 metros de la planta de Glencore, a la vera de la RN 33, y las viviendas más cercanas están a 1500 metros. Funk aseguró que se tranquilizaron cuando el viento viró al norte y la nube se disipó en dirección a General Villegas.

Respecto al comunicado que la empresa publicó cinco días después del suceso, concluyó que no agregó nada nuevo y “eso es lo que causa más indignación. Además se trata de empresas poderosísimas, multinacionales con grandes capitales (…) que realmente no se hayan ocupado de cumplir con las normas vigentes. Hacer las cosas bien para ellos sería un vuelto, no les costaría demasiado”.

Cabe destacar que la principal actividad de Glencore es la minería, y en la actualidad no sólo enfrenta la situación de tener agrotóxicos prohibidos en un galpón clandestino sino que está en el foco de los Paradise Papers por posible lavado de dinero en la mina de oro La Alumbrera. Esta investigación es llevada adelante por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que incluye a la periodista bahiense, Sandra Crucianelli.

(Por Mauro Llaneza) Durante la semana se realizaron ocho allanamientos en empresas radicadas en el polo petroquímico de Ing. White que vierten sus desechos en el estuario bahiense. Los operativos son parte de la causa judicial que investiga la contaminación denunciada por pescadores artesanales en 2011.

La búsqueda de vertidos líquidos y sólidos se centró en los canales utilizados por TGS, Petrobras, Dow, Mega, Unipar –ex Solvay Indupa-, Profertil, Oil Tanking y ABSA en el interior de sus plantas o sobre la ría. También se relevaron peces y crustáceos.

“Todo para poder hacer la pericia que determine si la tesis de la Fiscalía es correcta”, aseguró Alejandro Cantaro, quien sostiene “que las empresas del polo vierten residuos tóxicos peligrosos en la ría poniendo en riesgo la salud pública y, por tanto, cometen delito”.

Lucas Beier, abogado de los denunciantes, declaró que “fue un arduo trabajo en conjunto con la Fiscalía para poder coordinar la fuerza de seguridad, la universidad, conseguir que la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires pueda realizar los estudios de las muestras tomadas”.

“La pericia es importante (…) para dejar tranquila a la población sobre si puede ir al muelle de Cerri, pescar una corvina y comerla o, al contrario, es mejor no comerla y tenemos que ir a la pescadería a buscar cualquier pescado que no sea de este ambiente”.

WhatsApp Image 2017-10-05 at 11.19.53

Se estima que en poco más de un mes el juez Walter López da Silva podría contar con anticipos informativos y luego incorporar los resultados definitivos. Los análisis, financiados por el Consejo de la Magistratura, estarán a cargo de la UBA y la Policía Federal colaborará en el estudio de “algunos sólidos” y de “la fauna ictícola” secuestrada.

“Determinado esto, se va a continuar con la causa y se van a atribuir las responsabilidades llamando a indagatoria y elevando a juicio la causa penal”, dijo Beier.

Cantaro agregó que secuestraron documentación relacionada “con las autorizaciones que las empresas tienen, las cantidades por las que están autorizadas para verter, si están dentro de los estándares correctos, si están vigentes, cómo es el circuito de autorizaciones entre provincia y Municipalidad”.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

“Esto es muy importante porque los expertos van a valorar no solamente si encuentran en agua, en el fango de la ría o en los peces y crustáceos, elementos, material tóxico, sino también cuáles son las autorizaciones que tengan”.

Según pudo saber FM De la Calle, las multinacionales presentaron una gran cantidad de permisos con al menos un año de vencimiento. Desde el sector empresarial responsabilizaron al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible por no realizar los controles necesarios para la renovación de la documentación.

WhatsApp Image 2017-10-05 at 11.19.47

Beier recordó que respecto a ABSA el juez Agustín López Cóppola dictó una medida cautelar en el expediente de la demanda civil a través de la cual ordenaba al gobierno provincial “prever la posición de las plantas de tratamiento de todos los efluentes que terminen en el estuario”.

Sobre la ría hay tres, cercanas a Cerri, Ing. White y Punta Alta. “Están haciendo la planta de tratamiento de la que está pasando Ing. White y con eso el juez dio la orden por cumplida y nosotros apelamos”, sostuvo el abogado.

Tras el allanamiento del jueves en ABSA, fuentes judiciales afirmaron a FM De la Calle que “no hay ningún tipo de tratamiento de los líquidos cloacales”. Por la Primera Cuenca evacúan todos los sumideros locales con un filtro que evita el paso de algunos objetos. “Eso cuando funciona la planta y ahora no está funcionando, sale todo”.

No fue pericia, fue allanamiento

Comunicado-1-881x374

El fiscal Cantaro destacó que el polo es “públicamente reivindicado como un sector de poder económico y privilegiado por las conducciones políticas. Sin que esto signifique que haya ninguna presión ni intervención, pero en todo delito complejo y donde quien se investiga tiene resorte de poder siempre es mucho más difícil”.

Luego del primer día de allanamientos, la Unión Industrial desinformó a través de los medios de su vicepresidente, Gustavo Elías, que “seis compañías miembros de la institución recibieron peritajes en sus instalaciones por una orden dictada por el Juzgado Federal Nº2 Secretaria Penal Nº6”.

“Se tomaron muestras en los sitios de vuelco de efluentes líquidos de las distintas plantas y se obtuvieron registros relacionados a las mismas. Entendemos que estos procedimientos son parte de un proceso judicial, sobre el cual no contamos con mayor información dado que el expediente se encuentra bajo secreto de sumario. De todos modos, las compañías y la institución brindarán su total colaboración y se encuentran a disposición de las autoridades competentes”, firmaron el director industrial Roberto Elissamburu y el director ejecutivo Ricardo Rabbione.

Macri-y-Vidal-en-Bahía-Blanca-03-10-2

El fiscal afirmó que “en algunas empresas hubo resistencia, llamaron inmediatamente a los responsables de las áreas que estaban involucradas, inclusive llegaron los abogados y cuestionaban la toma de las muestras o quiénes eran los testigos que estaban presentes. En algunos lugares hubo un clima más hostil, en otros no. Yo estuve en Indupar -donde era Solvay Indupa- y acompañaron en la toma de muestra, entregaron la documentación rápidamente”.

“A ese comunicado le faltan dos palabritas centrales”, dijo Cantaro, “no habla de allanamiento ni secuestro. Ayer no se perició nada, ayer se allanó. Y los hechos demuestran que fue oportuno que haya sido un allanamiento porque, insisto, hay alguna resistencia en la entrega de la documentación y en la posibilidad de tomar las muestras”.

Por otra parte, el mencionado “secreto de sumario” no existe en la causa sino en la línea editorial financiada por el “único equipo integrado por el sector público y privado” que saludó el presidente Mauricio Macri, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Héctor Gay, en la visita del martes a la planta de Dow.

*Las entrevistas a Alejandro Cantaro y Lucas Beier fueron realizadas por el autor de la nota en Radio Altos.

Esa es la propuesta del Comité de Autismo de Bahía Blanca. Dos de sus integrantes, Alejandra y Julieta, visitaron los estudios de FM De la Calle el miércoles para participar de ¿Quién te juna? Son madres que trabajan para que el Trastorno del Espectro de Autismo deje de ser un tema tabú y sus hijas tengan un futuro mejor y más inclusivo.

Si bien el momento del diagnóstico fue diferente, en el caso de Julieta, antes de los dos años ya veían que algo no estaba bien, el diagnóstico correcto no llegó hasta que su hija cumplió seis. “Desde que los padres se dan cuenta hasta que se llega al diagnóstico por ahí pasa bastante tiempo. Y en mi caso tampoco tuve mucha suerte con los profesionales”, contó.

En cambio, la hija de Alejandra fue diagnosticada a muy temprana edad: “A los dos años y medio ya empezábamos las primeras terapias. No sabíamos qué era exactamente, pero sabíamos que había un problema. Si bien la pediatra me decía ‘ya tendría que estar diciendo las primeras palabras’, la que me dijo ‘andá a ver a un neurólogo’ fue la dermatóloga. Me dijo ‘antes de ser dermatóloga, soy pediatra’, y me derivó”.

Algunas señales comunes pueden ser “no hablar o no mirar a los ojos. A veces parecen sordos porque le hablas y no te miran, ni siquiera se dan vuelta, no responden al nombre”, explicó Alejandra.

“Lo primero que descartas es si tienen problemas con la audición, si tiene esto, lo otro. Aparte, mi nena es hiperactiva, entonces tenía otros síntomas. Si bien todos tienen más o menos el mismo problema son todos diferentes y hay, desde los chicos que son muy tranquilos –e incluso no hablan nada– a chicos que hablan muchísimo y son hiperactivos”, mencionó sobre el Trastorno del Espectro Autista.

Respecto a si los profesionales están bien informados como para diagnosticar el TEA, Julieta dijo: “Hay, pero faltan más. Por lo general el pediatra, que es la cara visible, el primero al que va a ver, por ahí minimiza y dice ‘ya va a hablar’ o en el caso de los varones, ‘siempre son más lentos’. Falta información en todos los ámbitos. En la educación, en la salud. El pediatra tendría que darse cuenta de esto. Si no habla y tiene dos o tres años… veamos, hagamos una evaluación”.

unnamed (1)

En el ámbito educativo, Alejandra afirmó que “hacen falta más maestras que tengan ganas de trabajar. Este año estoy en una escuela en la que la dirección tiene la cabeza abierta y tiene ganas de trabajar con nosotros, entonces de ahí para abajo todo fluye. Si vos tenés una maestra que tiene un montón de ganas de trabajar pero arriba no te lo permiten, no podes hacer nada. Tiene que ser un equipo, que le abran la puerta a lxs terapistas y a los papás que saben lo que su hijo/a necesita”.

Julieta agregó: “Tienen que trabajar en equipo, la escuela, las terapias y la familia. Las tres cosas son fundamentales. Si una de las tres no trabaja en equipo, no funciona. El chico queda boyando si, por ejemplo, en la escuela le dicen una cosa y en la terapia otra”.

Sobre la “Ley Integral de Trastornos del Espectro Autista (TEA)”, aprobada en el 2014, Alejandra hizo mención a un punto que “es bastante específico y hasta ahora no encontré a nadie que me haya dicho que lo logró sin un recurso de amparo. Para nuestrxs chicxs es fundamental tener un/a acompañante terapéuticx que lx asista en la escuela. Vos tenés el certificado de discapacidad donde dice que tu hijx tiene autismo –supuestamente ese certificado te avala para que tenga todas las terapias y la rehabilitación que necesite–, si vos expones que necesitas un/a acompañante terapéuticx, termina en recurso de amparo sí o sí, porque la obra social no te lo brinda”.

Y añadió: “Si no tenés obra social, te dan una pensión que no alcanza. Si vos no tenés obra social es muy probable que tu hijx no tenga todo lo que necesita. Entonces, yo creo que sí, que falta mucho”. A pesar de no verse afectadas por el recorte de pensiones de hace unos meses, aseveraron que tuvieron que presentar un recurso de amparo para tener acompañante terapéutico en el colegio.

Fausto y Atípico

 A pesar de que se encuentran en tratativas para recibir apoyo del municipio, sí han tenido buena recepción en el Centro Cultural de la Cooperativa (Zelarrayán 560), donde ya exhibieron dos veces –el 10 de octubre será la tercera oportunidad– el documental de Fausto También, que cuenta la experiencia de un joven con autismo que llegó a la universidad.

Sobre esta segunda proyección, Julieta manifestó que “está enfocado a personas del ámbito educativo: maestrxs, profesorxs, maestras jardineras, hasta fueron docentes de la universidad (la vez anterior); y también chicos que estudian algún profesorado. Más que nada fue ambientado para ese lado, esta vez, porque nos interesa que lxs docentes sepan más del tema”.

unnamed

Julieta contó que vio una de las series más nuevas de Netflix, Atípico (Atypical), y respecto a si está bien planteado el tema indicó que está bien “desde el punto de vista que no es como las películas de antes, que el chico con autismo no habla y se golpea contra la pared. Ahora es un chico que va a la escuela, que tiene 18 años y le empiezan a pasar cosas de la edad, quiere tener novia. También salió de esto de que ‘no tienen sentimientos’. Tienen sentimientos, pero por ahí no saben cómo manifestarlos. Además hay capítulos que hacen mención a la sensibilidad corporal que el personaje principal tiene, esta cosa sensorial que por ahí algunos tienen muy marcados”.

Comité de Autismo de Bahía Blanca

 “Actualmente está compuesto por tres profesionales y cuatro o cinco mamás. La idea es que se siga sumando gente y que cada vez seamos más para trabajar”, apuntó Alejandra.

“Una de las cosas en las que estamos bastante enfocadas es la detección temprana del autismo. Y otro punto es la educación y el autismo. Por lo menos acá en Bahía es complicado el asunto. Hay que sacar un poquito el tabú de lo que se supone que se sabe del autismo, y ver que lxs chicxs pueden tranquilamente cumplir todas las funciones, estudiar, aprender, igual que cualquier persona. Solamente hay que entender que procesan diferente”.

Después de conocerse que el Gobierno Nacional apeló el fallo judicial que dictaba restablecer las pensiones dadas de baja en el mes de junio, Mara Recondo –integrante de la fundación DISER (Discapacidad y Servicio) – habló con El Mejor Equipo sobre el trabajo que realizan en función de la decisión del oficialismo.

En primer lugar, Mara comentó cómo fue la situación en junio cuando “la gente que fue a cobrar el beneficio con el aguinaldo, se encontró que no tenían depositado el dinero. Después tomamos conocimiento de esta suspensión de la pensión no contributiva, y a raíz de una serie de reclamos que se hicieron a nivel nacional, trabajamos con la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados”.

A pesar de que en todos los casos en que intervino la fundación, se logró la restitución de la pensión, explicó que fue “muy angustiante y preocupante para muchas personas”.

En relación a algunas pensiones no restablecidas, Recondo afirmó que se debió a que los motivos de suspensión no estaban contemplados dentro de lo establecido por el Gobierno. “Por ejemplo, a los que se les había dado de baja porque tenían un cónyuge que cobraba jubilación, o a los que contaban con el beneficio de tener un vehículo para trasladar a la persona con discapacidad”.

Las situaciones más comunes por las que no se restauró el cobro son “porque [las personas] no alcanzan el porcentaje de incapacidad laborativa. Tuvieron que hacer todo el trámite de nuevo, y todavía están en espera”, aseguró.

Recondo aclaró que es muy engorroso realizar la documentación nuevamente, que en ciertos casos puede incluir hasta la visita a un médico legista que determine el nivel de incapacidad, ya que en el entreacto la persona pierde el beneficio. “En esos casos pedimos asistencia al Municipio o gestionamos ayudas económicas. Más allá de que se consigue y pueden percibir un ingreso hasta que se restablezca la pensión, sabemos que los tiempos de restitución son muy largos. A la persona le genera incertidumbre, temor de decir ‘¿qué voy a hacer si se me termina la ayuda económica? ¿De qué voy a vivir?’. Esa es la parte que más nos dolió de esta situación”.

En Bahía Blanca, DISER intervino directamente (en conjunto con la Defensoría Federal y la Defensoría del Pueblo) en veinte casos, a pesar de que en la ciudad hubo trescientas pensiones suspendidas. En relación a la quita de pensiones masiva de junio, que ya ocurría desde agosto de 2016, asegura que fue “sin criterio y sin sentido”.

Por otro lado, la semana pasada se creó la Agencia Nacional de Discapacidad, que absorbe a la Comisión Nacional de Discapacidad y a la Comisión Nacional de Pensiones, y que ya no dependería del Ministerio de Desarrollo Social. Lo que preocupa es “con qué criterios van a otorgar pensiones. Porque si usan los criterios en los que se están basando ahora, el decreto 432/97, estamos mal. Estamos hablando de los mismos criterios que utilizaron para quitarlas”.

Para contrarrestar esta nueva situación, a través de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, “se está trabajando en conjunto, para que expliquen cuáles van a ser esos criterios, cómo van a trabajar el otorgamiento de pensiones y cuál va a ser la función de la Agencia. Todavía falta información y falta saber cómo va a ser el procedimiento de aquí en adelante”, ratificó.

“El miedo está instalado, la preocupación está y, si bien la ministra de Desarrollo Social y la vicepresidenta Michetti, declararon públicamente que ‘el que tiene la pensión no la va a perder’, nosotros queremos algo más concreto”, concluyó.