Una investigación impulsada por los metrodelegados dio cuenta de la existencia de asbesto en los trenes de la Línea B del subte de la Ciudad de Buenos Aires.

El titular del Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), Eduardo de Montmollin, reconoció que la presencia de este material cancerígeno estaba registrada en los manuales técnicos pero que no los leyeron completos al realizar la compra de los vagones a una empresa española.

Leticia Lescano, geóloga y docente de la UNS, participó de la investigación y comentó a FM De la Calle que “a principios del año pasado, me mandaron la primera tanda de 20 muestras. 10 dieron positivas en sectores de techos, recubrimiento de juntas, paneles eléctricos. Ahí comenzó la problemática, todo el 2018 fue la pelea por el reconocimiento de Metrovías de que los materiales tenían asbesto”.

“Cuando finalmente reconocen la presencia de amianto, comienza la parte médica, el análisis de las personas que trabajan en los subtes. Tenemos conocimiento de 11 personas con engrosamiento de pleura”.

“El asbesto es un grupo de minerales y el amianto es el nombre comercial.  Es un grupo de minerales que son fibras, son muy resistentes, tienen alta resistencia térmica, conductiva. Se utilizó antiguamente en muchos productos industriales, los revestimientos de techos, de recubrimientos de caños, en muchísimas autopartes. Hoy en día el amianto no se utiliza y se fabrica con fibra sintética”.

“Son fibras micrométricas, imperceptibles a la vista. Al ingresar al organismo puede quedar por una latencia superior a 20 años. Si trabajás en un ambiente con mucha densidad de amianto a los 20 años tal vez hasta los 40 años no pueda devenir en una enfermedad”, comentó Lescano.

La  prohibición total de amianto rige en Argentina desde el año 2000. “EE.UU. y Europa nos llevan unos cuantos años de adelanto. La mayoría de los países desarrollados tiene prohibición de amianto. Las personas que trabajan en subtes y en el recambio de autopartes están en contacto con  un material cancerígeno”.

“La situación de la discusión se centra en las personas que están trabajando con los materiales, donde trabajan con el material molido y desgastado, donde no hay ventilación. El pasajero no sería tan así porque no está con las fibras de amianto continuamente, pero tampoco se hicieron estudios del aire dentro de la cabina de los subtes. No puedo asegurarte que no pase nada con pasajeros porque todavía no hay estudios”.

En Bahía Blanca, uno de los edificios que tienen asbesto es la Usina de Ferrowhite. Lescano destacó que “recuperar la Usina cuesta muchísimo dinero, la movilización y limpieza de amianto es costosa porque se trata como un residuo peligroso, tiene que estar controlada, tapada, porque la fibra es tan chiquita que es muy difícil la sedimentación y se esparce enseguida”.

Vecinas y vecinos del Móvil de Salud “Mujeres Argentinas” llevaron al Concejo Deliberante su preocupación por el vertido de líquidos a la vía pública. Podría tratarse de residuos provenientes de equipamientos para diagnóstico por imágenes.

Desde el bloque PJ Cumplir mediante un proyecto de comunicación solicitaron que se informe acerca de la procedencia y características de los  desechos.

El edil Gustavo Mandará afirmó que al acercase al móvil instalado en la Terminal los empleados manifestaron no estar autorizados a brindar explicaciones.

“Fuimos con la concejala Ariente a constatar el tema, no vimos el momento en que se retiraban los residuos. Unos días después volvieron los vecinos con fotos donde se ve que hay líquidos, que claramente no son agua”, comentó a FM De la Calle.

“Podrían tratarse de los efluentes que quedan de los aparatos para hacer radiografías que utilizan líquidos de reveleado que necesitan un cambio cada determinado tiempo”.

Mandará señaló que “hay alguna queja con respecto a que los empleados que allí trabajan no están recibiendo las medidas de seguridad que corresponde para quienes operan móviles con esa tecnología. Para otros empleados que atienden situaciones similares el Municipio sí toma precauciones y los que están en el móvil han quedado a la buena de Dios”.

“El dr. Pablo Acrogliano (secretario de Salud) había arrancado con otra actitud y pareciera que con el paso de los meses terminó mimetizado con lo que había antes”.

“Las máquinas reveladoras utilizan líquidos bastante fuertes. Son productos a base de benceno y alcohol, cuando te acercás se percibe un olor químico, en el momento que se tomaron las fotografías hay un chorro de líquido que cae a la tierra si se percibe un olor químico”, finalizó.

En Argentina, la tasa de casos de sífilis en varones y mujeres se cuadruplicó entre 2013 y 2018, con un pico en el grupo de los jóvenes de 15 a 24 años. Esta tendencia acompaña un fenómeno mundial de estabilización o caída de los casos de VIH y aumento de esta enfermedad.

“Tiene que ver con la conciencia, tendría que haber difusión, prevención, hay mucha vergüenza, les da vergüenza o miedo preguntar. Y en cuanto al acceso a preservativos, están a disposición de salas médicas y centros de salud”, comentó a FM De la Calle la bioquímica de Lucía Boccatonda.

Hoy se realizó una jornada de testeo de carácter gratuito, confidencial y abierta a la comunidad organizada por la Secretaría General de Bienestar de la UNS, el Equipo de Salud del Hospital Penna y el Programa de VIH-ETS y Hepatitis Virales de la Región Sanitaria I.

“Es la primera vez que vamos a hacer la detención de sífilis. Este año se le dio más importancia porque en los últimos se dispararon los números, se cuadruplicó entre 18 y 25 años”.

La profesional del Hospital Penna afirmó que “la sífilis es una infección que se transmite sexualmente o por contacto con la lesión. También la transmite la mamá embarazada al bebé. El tratamiento es simple, con penicilina, tres inyecciones por semana. Se cura. Si uno tuvo y se trató, se tiene que seguir cuidando, no es que tiene inmunidad de por vida”.

Boccatonda señaló que “la sífilis primaria se presenta con una lesión denominada chancro donde entra la bacteria. Esa lesión es indolora, por lo tanto, si está en un lugar que el paciente no lo ve, como puede ser la zona genital, uno no se da cuenta. Luego pasa a un estado secundario donde se trasmite a la mucosa y queda una fase latente y si llegara a la fase tardía tiene complicaciones multisistémicas”.

Consultada por el faltante de reactivos para los controles de carga viral de personas que viven con VIH comentó: “En el Penna tenemos un programa de Nación y provincia que nos proveen los reactivos y estuvieron mandando mails que estábamos escasos de reactivos, por ahí habrá que ver de hacer los controles más espaciados”.

Crece la preocupación entre personas que viven con VIH por la escasez de reactivos para el estudio que analiza la carga viral. El mes pasado fue denunciada la falta de drogas para tratamientos.

“Normalmente tenemos que hacer dos cargas virales por año, o al menos una, y como había faltante lo que estaban haciendo era restringirlo solamente a personas en embarazadas y diagnósticos recientes. Ahora la situación es tan crítica que restringieron las cargas para todo el mundo. Se comunicó desde Nación que no iba a haber por lo menos por lo 4 próximos meses”, comentó el presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo, José María Di Bello a FM De la Calle.

“La carga viral es el análisis que las personas que tenemos VIH nos hacemos para saber cómo está la cantidad de virus en sangre. El tratamiento lo que hace es disminuir la carga viral al mínimo, a punto tal que la carga es tan por debajo del umbral que no lo detecta. Es lo deseado para que el VIH se convierta en una dolencia crónica”.

El origen se debe a la falta de previsión en las compras por parte de la Secretaría de Salud de la Nación: “Había una previsión de un stock de un año y medio. Antes que se acabaran los medicamentos, los preservativos, los reactivos, la leche maternizada, ya estábamos comprado o iniciando los expedientes que llevan todo un tiempo de aprobación de publicación, entre tres y seis meses. La última licitación que intentaron sacar se les cayó. Sumado a la devaluación y la crecida del dólar, que significa que los laboratorios no fijen precios de lo que va a costar el reactivo para hacer la carga viral y por eso no se concretó la última compra”.

Lo recomendable para quienes viven con VIH es que se realicen los análisis entre dos y tres veces por año. Sin embargo, la excusa principal del gobierno ante el faltante es una sugerencia de la Organización Mundial de la Salud.

“Plantea que en los países con extrema pobreza y con mucha dificultad para tener los insumos que, en vez de dos veces por año, se realice una. Eso lo tomaron en Argentina para salvaguardar la situación que tenían de faltante de stock. Así tenían que usar la mitad de los recursos por año”.

Por último, Di Bello comentó que “no solo faltan medicamentos, reactivos y preservativos, sino que falta la leche de fórmula maternizada para darle a las personas con VIH que tienen bebés, la indicación es no darle el pecho porque es una vía de transmisión. Tuvieron que recurrir al programa de Ciudad de Buenos Aires para abastecer a Nación pero ya no está alcanzando tampoco”.

Trabajadoras/es estatales denunciaron el vaciamiento y la subejecución del presupuesto de la obra social IOMA. El titular de ATE, Oscar De Isasi, rechazó el convenio firmado entre la prestataria y Provincia NET, un holding del Banco Provincia.

“Este holding que, oh casualidad, es de Jorge Macri, realiza un convenio que gerencia la obra social, le permite que ingrese a los datos de dos millones seiscientos mil afilados, al proceso de autorizaciones, proceso de pagos a afiliados y proveedores y reintegros a los afiliados, se mete en el corazón de la obra social”, explicó.

Según informó, “termina siendo mucho más caro e ineficiente. Es un negocio de quienes se están yendo y, antes de apagar la luz, se quieren llevar la plata de los trabajadores. El IOMA está financiado por los aportes de los afiliados”.

La prestataria tiene un presupuesto equivalente al Ministerio de Salud de la provincia, alrededor de 63 millones de pesos. “Desde que asumió Vidal hubo un excedente financiero de tres mil millones de pesos a costa de que se bajaran las prestaciones a partir de trabas burocráticas para desalentar que el afiliado vaya. Esas subejecuciones no fueron ahorros para la obra social sino que fueron para otro lado, esto se los permitió la reforma a la ley de Ministerios en en 2018”.

De Isasi dijo que “plantearemos que cese con el vaciamiento y, en segundo lugar, se eleve un proyecto de ley donde se plantea que la mayoría del directorio tiene que estar ocupado por trabajadores dado que la financiamos nosotros”.

Este miércoles se presenta el segundo libro del Grupo Interdisciplinario para el Estudio de las Colisiones Viales “Colisiones Análisis, Problemas y perspectivas”. Publicado por EdiUNS fue editado por el decano de Ciencias de la Salud, Pedro Silberman.

“En principio es proseguir con el primer libro que tiene que ver con la estadística de 2015, 2016, 2017 y profundizar con algunas cuestiones que atraviesan de la problemática”.

“No hay ningún cambio, eso ya genera una perspectiva poco optimista porque los problemas siguen existiendo desde el 2012 a esta parte, mismos datos, mismas problemáticas. Cualquier cambio que uno quiera hace enseguida se van a modificar, evidentemente las lógicas de funcionamiento por los cuales se generan siniestros siguen estando”, comentó.

El alcohol tiene un capítulo especial: “Es una de las sustancias más adictivas, tiene una concepción moral muy aceptada por la población frente a otras sustancias menos nocivas o con una connotación personal como es el cannabis, por ejemplo”.

Respecto a la iniciativa de legislar por la Tolerancia Cero al volante, el decano comentó que “la problemática está desbordando, la justicia lo toma porque hay presión social pero no existen política públicas porque ahí hay poder de lobby”.

“La única sustancia que no tiene una política que controle o mitigue es el alcohol. Se plantea en términos de doble moral porque, por un lado, en el alcohol al volante se generan juicios y condenas pero, por otro, hay publicidad, hay una aceptación del alcohol sobre todo en jóvenes”.

“Según un estudio de la Municipalidad más del 50% de los menores de 14 años ya han tenido una experiencia de alcohol dura y en el 80% los padres no estaban presentes o no tenían conocimiento”, comentó.

El 1° Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, realizado en los establecimientos de internación en salud mental públicos y privados de todo el país durante 2018 y 2019, arrojó que 12.035 personas aún viven en hospitales psiquiátricos.

“Ya no quedan personas en la ciudad internadas en las condiciones sociales que dice el informe, hoy en el Penna se interna gente sin cobertura social y son muy distintas, no duran más de 30 días. Estos datos nos marcan el riesgo en el que podemos caer si no trabajamos la externación de pacientes”, comentó Jorge Moyano, director del Centro de Día del Hospital Penna.

En 2010 se sancionó la Ley de Salud Mental, la cual apunta fundamentalmente a humanizar a las personas con padecimientos que acuden a las instituciones. Si bien cambiaron algunas dinámicas se presentan otras problemáticas.

“Los usuarios van ganando derechos en muchos niveles pero a la vez se va poniendo a la luz otra falta de derechos que antes estaba tapada por la internación. Abunda la falta de empleo, la dificultad para el acceso a derechos como disfrutar de la cultura y de la vivienda que es el gran tema de hoy”.

Moyano señaló que “tenemos pacientes que viven en pequeñas instituciones, pequeños centros de alojamiento privados que constituyen una suerte de pequeños manicomios en la ciudad. Lugares de diez, veinte o treinta personas viviendo como se vivía antes en los manicomios, estamos trabajando en la Mesa de Salud Mental este tema. No tenemos mucho poder de control o trabajo sobre estos lugares privados. Hay una falta de política pública en relación a los sujetos con problemas de salud mental”.

En cuanto a la voluntad política de brindar presupuesto para instituciones como el Centro de Día, Moyano comentó que “esa es una gran dificultad con la falta de un Ministerio de Salud y de otras políticas que existieron en relación a programas de inclusión laboral o cultural que desaparecieron en los últimos años. No existe en la agenda política actual la inclusión de dispositivos como el Hospital de Día, aumentos de presupuestos para talleristas o considerar que propuestas como la nuestra es una propuesta de salud”.

“Todo los años tenemos que apelar a voluntades del ámbito privado pero no tenemos presupuesta para talleres ni para nuestro programa particular de salud. Todos los años es una batalla para ver de dónde sacamos el dinero. Pareciera que ha quedado muy reducida la salud únicamente a la internación. Es grave y nos toca seguir visibilizándolo”, afirmó.

Trabajadores de PAMI advierten que algunos médicos de cabecera “han comenzado a cobrar una suma determinada de dinero en concepto de la realización de recetas para comprar medicamentos”.

“Como gremio venimos hace bastante planteando el deterioro de las prestaciones, a lo largo de estos cuatro años vimos como han ido menguando”, señaló Stella Navarrete, delegada de ATE.

Dijo que “en un primer momento con un cambio en el pago de médicos de cabecera, teníamos casi 10 mil afiliados sin médicos, luego, con la quita de la cobertura de medicamentos al 100%. Y todo el tiempo nos encontramos con un gobierno que lo único que está haciendo es quitar derechos”.

Cobrar un “plus” por las recetas está prohibido: “Podemos entender que el PAMI hace bastante tiempo que no les está ajustando el pago, hace dos años que no tienen aumento. El jubilado no tienen la culpa, la culpa es de la obra social, a la obra social hay que reclamar no al pobre viejo que con 11 mil pesos tiene que afrontar todos estos gastos”.

Navarrete comentó que “hay aproximadamente 4 mil afiliados sin médico de cabecera. El director del PAMI salió diciendo que iban a echar a los médicos que cobraron plus, hay que hacer algo, hay que sancionar. Pero si echamos a esos médicos, nos quedamos sin médicos. Cada uno tiene una cápita de entre 700 y 1000 afiliados”.

“Esto amerita que PAMI, el Círculo y Asociación Médica hagan un acuerdo que los beneficie a ellos pero que no vapulee a los jubilados. Tenemos afiliados con medicamentos oncológicos, cardíacos. No es una pavada. Son cuestiones donde se les va la vida si ellos no ponen esos 100 o 200 pesos que les cobran”, finalizó.

La Fundación Grupo Efecto Positivo denunció que peligra la entrega de medicación a más de 15 mil personas con VIH. “Por lo menos un 30% de los que son beneficiarios del sistema público podrían quedarse sin medicamentos”, señaló la directora ejecutiva Lorena Di Giano.

“El año pasado cuando se debatía el presupuesto luego de la conversión del Ministerio de Salud en Secretaría, vimos que hubo una reducción significativa. No alcanza, son medicamentos en dólares. La Dirección Nacional de Sida nos respondió con este informe que da cuenta que en el mes de junio y julio ya se terminó el stock de una combinación de tratamientos y de otra combinación de 3 drogas. En agosto y de acá a fin de años se sumarían 15 medicamento más que se quedaran sin stock”.

Di Giano señaló que lo tratamientos de VIH no se pueden interrumpir: “No se puede dejar de tomar ni un día salvo por indicación médica. Es una situación alarmante, por eso salimos a hacer esta denuncia. Esperando que las autoridades den una respuesta efectiva”.

“En las últimas 3 o 4 semanas recibimos denuncias de personas que van a hospitales y no les entregan los medicamentos que utilizan, en muchos casos los cambian de marca compulsivamente. Estos cambios no deberían ser por faltantes, Darunavir 800 falta,  también viene de 600, y como no hay de 800 a esta persona le están dando dos de 600. Con ese aumento de miligramos hay que ver cuál puede ser el efecto a mediano plazo para esas personas”, explicó.

La Secretaría de Salud afirmó que “tanto el presupuesto como los tratamientos están garantizados. Sólo en el caso de una combinación de drogas (Darunavir 800/Ritonavir 100 mg) se registró una disminución en el stock en algunas jurisdicciones. A partir del próximo lunes, se distribuirá esta combinación de drogas a todas las provincias”.

Di Giano comentó que “están contradiciéndose: el informe que publicamos es el informe que nos dieron ellos, cuando dicen que no hay faltantes, que se van a entregar medicamentos, me gustaría saber de qué manera lo van a hacer porque entonces que publiquen el número de expediente de compra para que veamos cuánto tiempo va a llevar. Queremos saber si hay una compulsa de precios o si están haciendo una compra a cualquier precio”.

El comunicado de la cartera que dirige Adolfo Rubinstein manifiesta que “el consumo de dichas drogas se ha incrementado considerablemente en estas últimas semanas en relación a nuevas recomendaciones nacionales e internacionales. Debido al aumento de la demanda, se registró una disminución del stock en algunas jurisdicciones”.

“Decir que aumentó en las últimas semana es vergonzoso. ¿Cómo no tuvieron la previsión de que iban a aumentar los casos? Da cuenta que la dirección está trabajando con poca previsión y diligencia. Está en peligro la vida y la salud de miles de personas en todo el país”, finalizó Di Giano.

En diálogo con FM De la Calle Federico Tucat se refirió a la explosión en la planta de Dow ocurrida el 28 de junio y a las causas judiciales que investigan la contaminación del estuario.

El 4 de julio el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad convocar a la subsecretaria de Gestión Ambiental, Sandra Pérez, al coordinador del Proceso APELL, Daniel Ayala y al titular del CTE, César Pérez. Por otra parte, avaló el llamado a una reunión extraordinaria de la Comisión Asesora Ambiental ante la inactividad a la cual la sometió el oficialismo durante el último año.

“No tenemos información acerca de las causas de la explosión”, manifestó Tucat y agregó que la reunión con los funcionarios mencionados se realizará “a la brevedad”. “Particularmente después de lo que se manifestó como necesario, la actualización del Proceso de Respuesta a la Emergencia Tecnológica también nos parecía interesante era aprovecharla para modificar la ordenanza a los cánones locales e internacionales que establece el Proceso APELL”.

En cuanto a la paralización de la Comisión Asesora Ambiental -que debe reunirse una vez al mes-  sostuvo que, “independientemente de eso, cuando la temática lo requiere se genera mayor volumen de convocatoria. El año pasado hubo temas importantes que requirieron reuniones asiduas: las antenas de celulares y la pista de speedway. El presidente de la comisión a mantenido diálogo con las personas que la integran”.

Conocida la pericia judicial de la Universidad de Buenos Aires que alertaba sobre el peligro de la contaminación de la ría, el Concejo aprobó -el 13 de septiembre de 2018, también por unanimidad-convocar a las autoridades del CTE y a quienes confeccionan el Plan Integral de Monitoreo para que informen -una vez más- sobre las conclusiones del monitoreo realizado sobre cuerpos receptores y control de los contaminantes del agua.

Las autoras de la iniciativa, Paola Ariente y Gisela Ghigliani, pretendían que la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión Asesora Ambiental escuchen las conclusiones del Instituto de Oceanografía (IADO-Conicet) “a fin de evaluar el real impacto que la actividad industrial y las actividades antrópicas del desarrollo humano tienen en el estuario”.

Nunca sucedió. “A veces quienes movilizan determinadas convocatorias, debido a la coyuntura o a algún otro tema se va llevando su interés y no se terminan de convocar. El mismo requerimiento, las urgencias o la agenda la van estableciendo los propios bloques”, dijo.

Finalmente fue la Cámara de Apelaciones la que dispuso la formulación de “un plan concreto” para “diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente”.

Tucat opinó al respecto que “lo que la justicia falla hay que acatarlo. Es un tema de larga data y Bahía merece un análisis serio y en el corto plazo porque hablamos de la salud de las personas. Sería interesante en los plenarios de la Comisión Asesora Ambiental tratar esto y que los especialistas vengan a plantear las diversas y posibles soluciones. Inclusive que las propias empresas puedan asistir y manifestar su visión y las posibles soluciones”.

Desde la Cannabis Medicinal advierten que la medida anunciada por el Colegio de Farmacéuticos para que familiares de pacientes con epilepsia refractaria puedan realizar el trámite en la farmacia para acceder al aceite de cannabis “es más de lo mismo, lo que ya tenemos”

Karina Romanelli, presidenta de la asociación primero mencionada, destacó en FM De la Calle que “lo que están ofreciendo es que las farmacias van a hacer el tramite que antes hacían los pacientes. Puede hacerse personalmente, luego eso se manda y hay que esperar que llegue el aceite por importación que la droguería lo traiga a Bahía”.

“Después es lo mismo que está en la ley. Es para gente con epilepsia refractaria. Para el resto de las patologías no esta habilitada esta importación”, explicó.

“Se supone que la obra social debería cubrirlo si lo tienen recetado.” El costo de cada frasco recetado “es de 400 dolares que es de 17 mil pesos”. Dependiendo de la dosis “puede durar un mes aproximadamente. El aceite que está autorizado es el aceite de Charlotte que se exporta desde Canadá”.

Romanelli destacó que “hay gente que está haciendo autocultivo para producirse su propio aceite. No nos olvidemos que hay mucha gente que lo utiliza para otras patologías. Los pacientes están accediendo a una sustancia poco segura en el mercado y estamos ante un problema de salud pública grave. Necesitamos el compromiso del Estado para comenzar la regulación de una medicina segura, nacional y accesible”.

“Esta medida soluciona alcanzar el aceite de Charlotte a la gente que contempla la ley. El resto de gente que la utiliza no esta amparada por esta medida”, finalizó.

 

Días atrás, se reconstituyó la Asamblea por el ambiente, la salud y la vida, tras la explosión de un sector de la planta de Dow el pasado 28 de junio. La misma difundió una convocatoria a manifestarse frente al Dow Center en el marco del su inauguración junto a la selección nacional de básquetbol. Durante la mañana, el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Héctor Gay hicieron una recorrida por el establecimiento.

En las afueras de las flamantes instalaciones, un grupo de personas se hicieron eco de la convocatoria. La investigadora Emilce Heredia Chaz dialogó in situ con FM De la Calle relatando que en esta oportunidad se sumaron “nuevas caras” y explicando que esta nueva instancia asamblearia es “algo muy incipiente pero nos estamos reuniendo de nuevo para pensar esta coyuntura. La inauguración de este Dow Center es una oportunidad que surgió para hacer visible nuestro reclamo y salir de nuevo a la calle”.

¿Por qué Dow Chemical construye Dow Center?

“Todas las empresas del polo petroquímico tienen sus políticas que ellos llaman de responsabilidad social empresaria. Lo particular es que son políticas que no existían cuando era de mayoría estatal. Llegaron cuando se privatizó y se trasnacionalizó, al mismo tiempo que se amplió, llevaron adelante estas políticas porque saben que sus actividades generan ciertos impactos sociales y ambientales que generar conflicto. Frente a ello tienen estas políticas como modo de gestionar la conflictividad”, argumentó la docente.

Emilce vive en Villa Bordeu, a más de diez kilómetros del polo petroquímico. La noche del 28 de junio “vibró la casa y éramos cinco vecinos en la calle diciendo: ¿qué pasó? Pusimos Radio Nacional, muy ingenuamente, porque ese proceso (por Apell) siempre se presentó como una solución pero cuando esto ocurre nunca aparece como respuesta”.

Como habitante de la comunidad bahiense le resulta impactante que “una sola empresa pueda hacer vibrar a una población de trescientos mil habitantes. Es muy impresionante. Eso del cuerpo no me lo puedo sacar”.

Sin embargo, como investigadora, no le sorprende ya que “si uno sigue las distintas auditorias uno puede ver que estas emanaciones tanto a la atmósfera como a la ría son algo constante. Los mismos registros oficiales dan cuenta de esa situación. Todo esto es parte de su modo de producir”.

Debates: ¿Hay posibilidad de convivencia?

“En la asamblea se volvió a debatir en términos de erradicación” de las empresas, como ocurrió en el contexto del escape del año 2000. La respuesta que dio el modelo fue “más controles” que luego no se evidencian como práctica real.

“La cuestión es generar debate y abrirlo. Pensarlo en términos de progreso y qué entendemos por eso. Muchas veces nos ponen en la dicotomía es el ambiente o el trabajo. Y cuando vamos a ver esos números de la riqueza que generan y qué nos quedamos los bahienses, tanto en términos de tributación de impuestos como en puesto de trabajo, no es tan así. Si además consideramos las economías regionales que han afectado destruyendo puestos de trabajo como es la pesca artesanal”.

Para culminar, Heredia Chaz sostuvo que “incluso con esos números con los que nos corren y nos exigen respuesta: ellos tampoco las tienen en términos de generar un desarrollo de nuestra economía local”.

Por su parte, el secretario general de la CTA Bahía Blanca – Coronel Dorrego, Enrique Gandolfo, se preguntó si el centro de alto rendimiento tiene que ver con “deducciones impositivas o con otro tipo de negocio lucrativo en rededor del deporte”.

Como docente de educación física, el profesor explicó que “el enfoque deportivo dirigido hacia el alto rendimiento es uno que está orientado a una pequeña franja de deportistas que por capacidad, por oportunidades y por talento consiguen ubicarse en esa pequeñísima franja de alta competencia”.

En la ciudad se practica “un deporte al que nosotros aspiramos que sea un derecho, una práctica socio cultural fuertemente arraigada en el país y en la ciudad. Quienes quieren acceder a esta práctica deben tener las posibilidades de hacerlo libre espontánea y gratuitamente, para que eso se constituya en un derecho”.

“Estos modelos de alto rendimiento, por más abierto que se pronuncie que va a ser, están dirigidos a una pequeñísima fracción de deportistas que tiene los niveles de alta competencia. Que circunstancialmente se abra a la sociedad no quita cuál es el sentido de esto. Y la alta competencia está ligada al negocio y al lucro. Sin que esto signifique ninguna desvalorización hacia aquellos deportistas notorios y notables de la ciudad que se han destacado a nivel nacional e internacional”.

Desde el punto de vista político, el dirigente reforzó la idea de cuestionar que el evento se lleve a cabo “a pocos días de una explosión que puso en riesgo la seguridad de buena parte de la seguridad de Bahía, sin que haya una explicación fehaciente de las razones”. El evento se hizo “bajo el nombre de Dow” que “está claramente identificada socialmente como una de las empresas del polo petroquímico que contribuyen a la contaminación de la ría, que han hecho de la precarización laboral  y de las tercerizaciones una razón de existencia laboral y que ha costado la vida de trabajadores”.

A su vez “que esta empresa sea recibida con todos los honores por el presidente y la gobernadora y no se le haga ninguna pregunta ni la más mínima mención a la explosión de hace unos días significa que el poder político convalida estos negocios de estas grandes empresas que no les importa un comino la seguridad y la vida, como lo está denunciando esta asamblea”, concluyó.

El Colegio de Farmacéuticos anunció que pacientes con epilepsia refractaria podrán acceder al cannabis medicinal en las farmacias de la ciudad. La entidad firmó el convenio con una droguería y facilitará la importación de medicamento.

Silvia Godoy, titular del Colegio de Farmacéuticos, dijo a FM De la Calle que “a partir de reclamos de pacientes pudimos brindar una herramienta que permite solicitar el aceite de cannabis con uso medicinal”.

“Lo que hace la farmacia es trabajar en conjunto con el  Colegio de Farmacéuticos provincial y la Confederación Farmacéutica y con la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Lo que hacemos es recibir el apoderamiento de la persona (con su consentimiento y el de su médico) y nosotros nos encargamos de hacer los trámites necesarios”.

Debido a las complicaciones que conlleva ir hasta Buenos Aires, y retirarlo de la Aduana o tener que contratar a un comisionista cuyo costo es muy elevado, Godoy propuso “una red de farmacias” para que las y lo pacientes puedan elegir.

“Intentamos generar soluciones, no inconvenientes. Nosotros nos encargamos de todo lo que sería el trámite -debe esperar el tiempo de la autorización y el de la importación- y para que pueda obtener su medicamento en su casa. El primer caso entregado en Bahía Blanca fue a un papá con una niña con epilepsia refractaria en Droguería del Sud”.

Según Godoy, la farmacia lo que hace es facilitar la medicina: “El ANMAT autoriza el uso de cannabis medicinal solo para epilepsia refractaria. Le pedimos al ANMAT que lo distribuya por la cadena legal, donde se le puede hacer trazabilidad, donde sabemos qué concentración tiene”.

“De varias muestras que han llegado fueron estudiadas once y diez no dieron como debería. Se utiliza la semilla en lugar de utilizar la flor, que es lo que tiene el principio activo. O una cepa que no corresponde o mezclan. Y nosotros no sabemos qué es lo que tiene adentro, es un gotero que muchas veces está bien y otras no”.

Además, “la droguería no lo importa sino que solamente lo distribuye. Es un medicamento que se produce en Estados Unidos, el frasco (que no dura un mes) ronda los 400 dólares. No hay nada que certifique la calidad del producto”.

Farmacity: La problemática que acecha a las farmacias argentinas

Consultada por el reclamo de las farmacias contra el desembarco de Farmacity en la provincia, Godoy afirmó que el tema “no está en agenda de la Corte Suprema de Justicia. No lo vemos como una cuestión comercial sino como una red sanitaria: es como desmantelar ferrocarriles, a diferencia que en ese caso hay otros medios de transporte”.

“Solo quedaría Farmacity en los principales lugares.La cantidad de farmacias que se han cerrado en Capital Federal por su llegada es muy numerosa y rompe una red sanitaria que es muy necesaria. Debe haber una farmacia en cada barrio. El problema es que tres o cuatro tengan el 80% del mercado”.

La Asociación Cannabis Medicinal se presentó días atrás en la Banca 25 del Concejo Deliberante para pedir la implementación de un registro de usuarios, cultivadores y productores de cannabis utilizada para tratamientos de enfermedades.

“Es un fenómeno que crece desde las bases, es una lucha que viene de las madres, incluye ahora que las instituciones lo acompañan”, comentó Martín Palacios, vicepresidente de la organización.

La propuesta apunta a replicar lo que se realiza en otras localidades donde, a través de un registro, se les permite a quienes utilizan aceite de cannabis cultivar la planta para usos medicinales sin fines de lucro.

“Está en camino la investigación, ha sido asignado presupuesto al CONICET, se están haciendo mediciones porque en el mercado negro circula cualquier aceite. Están midiendo qué contenido tiene y si son efectivos. También están investigando el sistema endocannabinoide en procesos degenerativos relacionados con enfermedades como Alzheimer y Parkinson”, comentó Palacios.

Agregó que “en este momento planteamos que hay una ley incompleta que ha generado un montón de prensa y que no da protección a los usuarios. La demanda crece no solamente por la difusión de la ley sino por el boca en boca, esto le ha cambiado la vida a mucha gente. Apunta a separar a la marihuana del paquete de drogas duras, nadie tiene que asustarse por una planta. Los concejales se mostraron interesados y quieren ayudar”.

“Esto está vinculado a la salud y no a las fuerzas de seguridad, la gente que sufre un robo o un allanamiento se ve privada de su fuente de salud”.

El gobierno nacional aprobó una habilitación en la provincia de Jujuy para cultivar y exportar cannabis para uso medicinal. Al respecto, Palacios señaló que “es una porquería, no resuelve absolutamente nada, se dio permiso al INTA y CONICET pero nunca se especificó cómo y con qué presupuesto se iban a hacer las investigaciones. Está diseñado para las multinacionales”.

“En Jujuy hay una mano corrupta y negociados millonarios con un proyecto ostentoso. Que no dejen cultivar a la gente y vendan a una multinacional para exportar a otros países es tremendo”, concluyó.

La periodista Soledad Barruti presentará su libro “Mala leche” en Bahía Blanca. Será este jueves, a las 20, en la Biblioteca Rivadavia.

La investigación analiza al “supermercado como emboscada” y continúa la propuesta de “Malcomidos: cómo la industria alimentaria argentina nos está matando”.

“La comida para chicos es la peor de la góndola, la que uno no compraría en búsqueda de salud, estamos alimentando a las nuevas generaciones a base de azúcar, llenos de harinas blancas y aceites de la peor calidad. Como resultado aparece una sociedad más enferma, con niños que se enferman de cosas que nunca antes se habían enfermado”, afirmó la autora.

Barruti sostiene que la mala alimentación parte de “una confluencia de libre mercado y no regulación absoluta, en donde la industria ha ido ganando más espacios producto de confundir la publicidad con información, de hacer acuerdos con sociedades científicas, con profesionales de la salud en los que confiamos, a los que los terminan instruyendo en base a lo que las marcas pueden ofrecer, tienen visitadores médicos en los consultorios de los pediatras, stands fijos en los congresos, son los que muchas veces sostienen las sociedades de nutrición y pediatría, y eso va moldeando una idea alimentaria de la que nos cuesta salir”.

A la confusión que esto genera la autora agregó que “la posibilidad y acceso a los alimentos frescos y buenos se volvió cada vez más complicada. Los productos comestibles y bebidas son sumamente adictivos, entonces entre que la comida de verdad no está, lo que nos llega como mensaje de que esos comestibles son buenos y que son adictivos, tenés la trampa perfecta“.

Barruti destacó que “la única manera de darle de comer bien al mundo es la agricultura a pequeña escala. No con las lógicas de sobreproducción, de tirar comida, de agrotóxicos. Las personas que más inseguridad alimentaria tienen son las que viven en zonas rurales, el sistema actual ha desplazado a trabajadores, personas que vivían en esos campos donde se producía alimento, es un tema complejo, sin embargo, las soluciones están ahí”.

La periodista afirmó que “estamos acostumbrados a pensarnos como consumidores, somos seres sociales alrededor de la comida, comemos en sociedad, ninguna persona come pescado y algas a la mañana como en Japón porque sencillamente comemos lo que come el resto. Eso habla que comer es un acto social y que nos vincula con la gente.  Lo que debería pasar es que se debería socializar la información, hacer cambios comunitarios en las escuelas, trabajos, etcétera”.

Que a esta nueva explosión en el polo petroquímico no se la lleve el viento.

Que sirva para pensar la ciudad que fuimos, la ciudad que somos y la ciudad que queremos ser.

Un aporte para este finde lluvioso.

“Ingeniero White, un pueblo que están matando”, de María Giovis.

Este documental es un grito de denuncia, de dolor y de lucha. White era un pueblo donde había vida, con miles de ferroviarios y portuarios en actividad y que empezó a morir con los despedidos de esos trabajadores y siguió con la instalación al lado del pueblo, de un Polo Petroquímico. La contaminación, las muertes abruptas, los cánceres raros y la precarización laboral, llegaron con ese Polo.

La película entera se puede descargar con fines educativos y de difusión desde el siguiente enlace (copiando y pegando este enlace en una pestaña y clickeando el botón debajo del video que dice descargar) link: https://vimeo.com/269130923

IDEA ORIGINAL, GUIÓN, DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN: MARIA GIOVIS

EQUIPO TÉCNICO:

MONTAJE: CYNTHIA GABRENJA

MÚSICA ORIGINAL: MARIANO PIRATO

RESTAURACIÓN DE SONIDO: MARCELA TURJANSKI

MÚSICA ORIGINAL : CHRISTIAN LASALLE “KRIS FUEGO”

ANIMACIÓN: RUBÉN LONGAS.

DISEÑO GRÁFICO: CYNTHIA GABRENJA

DURACIÓN: 01:47:10

COLOR

FORMATO ORIGINAL: HD

IDIOMA: ESPAÑOL

ASPECTO DE RATIO: 16:9

Carlos Ordiales denunció que se aprovecharon de la desesperación de su familia para cobrarle por tratamientos cubiertos por PAMI y advirtió que tras informar a la obra social, su padre fue maltratado hasta su fallecimiento.

“Estoy pidiendo auxilio”, afirmó en una publicación de Facebook en la cual difunde videos del cobro de 10 mil pesos por parte de integrantes del Hospital Italiano.

Ordiales detalló a FM De la Calle los padecimientos que sufrió su familia previo al fallecimiento de su padre: “El día 7 lo llevo de urgencia por guardia en el Hospital Italiano, mi padre sufría EPOC. Recién el domingo que lo llevo de urgencia y le dan la internación.  Mi papá tendría que haber quedado internado desde el día uno”.

Días después “lo llevan a terapia, lo entuban. Más tarde, el jefe de terapia nos dice que había que realizar unos estudios y que no eran cubiertos por el PAMI. Había que hacer tomografías computadas. Nosotros teníamos que pagar una de cinco mil pesos y el resto se hacía cargo el hospital”.

“Bajo a pagar, se me ocurrió grabar, la persona que me atendió me dijo que no me podía dar recibo, que PAMI no reintegraba la plata, que eso era un plus para ellos. Pasa el tiempo y mi papá seguía igual, llamo a PAMI  y me dicen que el martes, luego del feriado, me iban a atender”.


“Analía de PAMI me mete en un cuarto aparte con mi mamá, cuando le muestro los videos me dijo que me estaban estafando. A mi mamá le agarró una crisis. A partir de ahí  se desató una película de terror en el hospital”.

“Cuando llegamos al hospital a la noche vemos que a mi papá le habían cambiado el respirador por uno viejo, en eso se le desconecta el respirador, pido auxilio a las enfermeras, conectan las mangueras. A mi papá le hacen una traqueotomía y me dicen que tampoco lo cubría PAMI. Y me dijeron que tenía que pagar otros 5 mil pesos más. Pago, vuelvo a pedir un recibo, me dice que no tiene”.

“Los médicos me dijeron que tenían que hacerle la traqueotomía en quirófano y no fue así. Se la hicieron en terapia. Yo lo vi.  Me dijeron que había sido un éxito y no fue así. Mi papá empeoró. Hasta que empecé a rezarle a Dios para que se lo lleve y falleció”.

Ordiales comentó que “me han dejado muchos comentarios que le han matado a familiares. Está la denuncia radicada en Fiscalía, están todos los nombres de cirujanos y médicos que lo atendieron.
Espero que se haga justicia, no por mi papá sino por la gente. Hay videos y fotos que no mostré porque mi familia está destruida”.

“Sostener, armar una trama que permita pensarse, pensar a otros, discutir y armar proyectos es nuestra tarea primordial”. Así describió la tarea del Centro Provincial de Atención en Salud Mental y Adicciones el psicólogo Leonardo Salerno.

El taller de acompañamiento terapéutico del CPA “Pilares” tiene como objetivo “generar un espacio donde nos encontremos, debatamos, participemos, planifiquemos cuestiones que nos ayuden a organizarnos, a poder hablar, a poder decir lo que nos pasa y a compartir tiempo juntos en un momento de la vida de muchas personas que no la están pasando bien. No solo por la problemática sino por un contexto social que no da lugar ni tiende a amplificar derechos”, dijo a FM De la Calle.

Horacio tiene 64 años y desde hace cuatro meses, todos los viernes, se acerca a Pilares: “Yo vine con situación de calle, no por problemas de adicción. Me alejé hace mucho tiempo. Yo lo que hago es colaborar, ayudar, acompañar, protegerlos. Los chicos vienen con problemas graves, mentales, físicos, depresión”.

El CPA articula con “Lazos de Amor” una comunidad que pertenece a la iglesia cristiana. “En la comunidad en la que vivimos estamos todos juntos. Comemos, tenemos un comedor grande y nos ayudamos cotidianamente. Hay gente que está totalmente medicada, no tiene ningún tipo de desempeño y hay que acompañarlos. Y se van recuperando. Van saliendo y entran otros. Trabajamos mucho con el Hospital Penna porque nos derivan muchos casos”, comentó.

El Centro tiene sede en Necochea 945 donde solía funcionar el neuropsiquiátrico: “Es un edificio con una energía complicada al que junto con el equipo se le da vida. La idea es también darle vida desde los colores y palabras. También cocinamos, hacemos empanadas, juntamos algo de plata y con eso  hacemos un almuerzo todo juntos, algunas salidas, lo decidimos entre todos”.

“De lunes a viernes trabajamos de 8:30 a 16:30. Están las puertas abiertas a la comunidad. No solo queremos atender la patología sino promocionar espacios de participación ciudadana para ampliar derechos. La idea es que no solo se enfoque en la patología, en la sustancia, sino ir mas allá  generando espacios de participación. Trabajar promoción y prevención”, afirmó Salerno.