El arte “como medio de catarsis, como conciencia de la realidad” y “como medio transformador de la sociedad” son las consignas que impulsan la convocatoria al Encuentro Nacional de Artistas y Agrupaciones por la No Violencia hacia Mujeres y Niñxs en la Plaza Rivadavia de Bahía Blanca. En esta nota podés escuchar algunas de las voces que se expresarán en la sexta edición, cuyas actividades centrales serán este sábado desde las 14.

“Estos encuentros se realizan con el fundamento de concientizar sobre las distintas situaciones de violencia hacia las mujeres y niñxs poniendo al arte como protagonista y reflejo de la violencia machista y patriarcal que estamos viviendo las mujeres y por la que estamos siendo asesinadas y secuestradas de manera impune”, afirman desde la organización.

“Todas las expresiones artísticas simultáneas que suceden en la plaza ese día hacen posible llevar a una reflexión sobre la violencia simbólica, la violencia mediática, abuso callejero, violencia en el noviazgo, violencia institucional, parto humanizado, elecciones de reinas, aborto legal, desmitificar lo que se entiende sobre feminismo, el micromachismo y otros temas como los femicidios ocurridos en Bahía Blanca y alrededores”.

Además, el encuentro “es un reflejo del compromiso social de más de 150 artistas que participan presentando sus trabajos en pinturas, dibujos, esculturas, grabado, collage, fotografías, danza, teatro, músicas, poesía visual, relatos, murgas, performance, formando así una de las muestras multidisciplinares más grandes de la provincia”.

El encuentro enlazará a Bahía con Medellín -Colombia- donde otrxs artistas estarán llevando a cabo una actividad similar que permitirá el “intercambio cultural y hablar sobre las situaciones de violencia hacia las mujeres en ambos países”.

FM De la Calle realizará una transmisión especial desde la plaza -de 17 a 19- donde se reflejarán las expresiones que ya se escuchan en el aire de la 87.9Mhz.

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En el micro de Acciones Feministas de este miércoles, Olga Corrales recordó los inicios del Encuentro y repasó el cronograma de actividades:

Griselda y Andrea, de Socorristas en Red, estuvieron en la radio contándonos sobre su trabajo en la ciudad y Dahiana Delfiori adelantó la presentación del libro “Código Rosa”, la cual se realizará este viernes a las 19 en el 8º pido de 12 de octubre y San Juan (UNS) junto a Ruth Zurbriggen de La Revuelta y Silvia Scheider de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito:

Helen Turpaud días después de la Marcha del Orgullo y de cara al Encuentro se refirió a las disidencias sexuales:

Fer y Flor, integrantes de la Biblioteca Fija y Ambulante, comentaron las propuestas que se desarrollaron el domingo en Sixto Laspiur 456:

En el marco del micro de Acciones Feministas, Verónica Bajo recibió a la artista textil Romina Berdinelli, a Nadia Guzmán de Puño y Letra y la Colectiva Feministas y a la cantante Griselda Ortiz:

Olga Corrales, impulsora de la iniciativa, nos visitó junto a la pintora y dibujante Jules, la fotógrafa Magalí Agnello y el artista plástico Horacio Fernández:

Helen Turpaud, Griselda Cifuentes y Agus López abrieron la difusión a principios de mes comentando la idea del Encuentro de Artistas y Agrupaciones por la No Violencia hacia las Mujeres, Niñas y Niños:

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Javier Barrera, vecino de Villa Nocito, denunció el inicio de la instalación de una antena de telefonía celular de la empresa Telecom. “Llegaron unos hombres a trabajar ahí nomas de mi casa. Estaban poniendo unos postes, cuando les pregunté para qué eran, me contestaron que era para iluminar”, dijo a FM De la Calle y agregó que “fue todo instantáneo, comenzamos a preguntar, convocamos a los vecinos en el lugar donde estaban trabajando y realizamos la primera asamblea”.

Poco tiempo después se apoyaron en la ordenanza N°17.130 que impide la colocación de este tipo de antenas: “Nadie controla nada de nada. Esto está prohibido por la justicia, desde el municipio y el Concejo Deliberante no pasa nada. No podemos vivir corriendo a la gente que hace estas cosas, no es nuestra función”. “No me siento en democracia porque nos están imponiendo algo que nos perjudica mucho, nadie consulta nada de nada. (…) Hablé con vecinos de Bahía Blanca y con personas de la provincia. Nos tenemos que reeducar y concientizar a la gente”, sostuvo.

Horas después de conversar con FM De la Calle, Javier informó en las redes sociales: “Primer batalla ganada, se llevaron el mono poste para el emplazamiento de la antena de telefonía y se suspendió el armado, todavía no sabemos cuál fue la razón, ni quién ordenó la suspensión. Ahora vamos por los responsables directos, seguimos con la denuncia, queremos saber quién dejó que esto ocurriera y cómo es que se saltean etapas legales con tanta impunidad y que encima, siga ocurriendo en otros barrios. Felicitaciones a mis vecinos por la decisión de seguir la lucha hasta el final, gracias a Gladys Girotti por estar cuando la convocamos, vamos a ir por la Banca 25 para Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca y por todos lo demas barrios y otro agradecimiento a Leandro Aparicio, por representarnos ante la justicia. Esta lucha sigue, estamos atentos”.


Texto: Diego García.

La Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén. FALLO COMPLETO.

La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y Chevron en las áreas mencionadas.

La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, del 4 de diciembre de 2013 y del 26 de marzo de 2014, el fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Con base en estos principios, la sentencia examina la particular situación de YPF SA. En especial, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio.

Por ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades.

El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.

Por otra parte, la decisión aclara que YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento alas funciones públicas.

La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, remarcó que las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos.

Por todas estas razones, consideró que no existían motivos que justificaran la decisión de YPF SA de rechazar el pedido de información efectuado por Giustiniani.

Finalmente, el Tribunal aclaró que por ser YPF SA la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation.

La ministra Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia en el que se remitió al dictamen de la Procuración General y declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que correspondía dar intervención a Chevron Corporation en la presente causa.

Fuente: CIJ.

El fin de semana circuló por Facebook un comunicado de la empresa Profertil dando cuenta de “una falla en la turbina del compresor de aire de la planta de amoniaco” que provocó un “fuerte ruido”, el cual se agregaba que las autoridades estaban “debidamente informadas”. Sin embargo, vecinxs whitenses se quejaron por la falta de comunicaciones a la población.

El coordinador del Comité Técnico Ejecutivo, César Pérez, aseguró en FM De la Calle que “es normal que eso suceda en estas plantas de proceso” y que no ameritaba difundirse desde la comuna. Además, se refirió a la multa que finalmente le impondría el Municipio a la empresa Dow por no informar oportunamente sobre la explosión e incendio registrada en una de sus plantas la semana pasada.

“El único comunicado que hemos recibido de Profertil es de ayer a la tarde en el cual nos comunicaban que estaban poniendo en marcha sus unidades”, sostuvo Pérez. En las redes sociales, la empresa había dicho el sábado: “A las 19 horas del día de hoy se produjo una falla en la turbina del compresor de aire de la planta de amoniaco. A raíz de esto se pudo percibir un fuerte ruido. En el curso de las acciones que a continuación se sucederán por esta parada imprevista de la planta podrá observarse mayor luminosidad en las antorchas de proceso y, eventual y esporádicamente, un incremento del nivel sonoro habitual. Las autoridades municipales, provinciales y nacionales están debidamente informadas como es habitual en estas maniobras”.

“Son secuencias operativas y las mismas protecciones por proceso que por alguna causa han parado el equipo, el compresor, es normal que eso suceda en estas plantas de proceso”, afirmó el titular del CTE y agregó que “una falla puede determinarse que un instrumento detectó alguna variable fuera de lugar en el compresor, entonces, por seguridad automáticamente mandan a parar el compresor, eso es propio de todo lo que es el funcionamiento de esta máquina”.

En cuanto a la comunicación del episodio, que se limitó solo a la voluntad de la empresa en las redes sociales, Pérez comentó que “muchos de esos comunicados los recibimos nosotros vía el sistema de radio que tenemos con la empresa”. ¿No amerita que se lo comunique a la comunidad?, se le preguntó. “No, no”, respondió.

Luego de este mediodía, Profertil reportó a los medios por correo electrónico: “La compañía informa que, normalizada la situación que dio origen a la salida de servicio del Complejo, se han iniciado las maniobras de puesta en marcha de las unidades productivas de urea y amoniaco. Durante este proceso podrá observarse una mayor luminosidad en antorchas como así también, eventual y esporádicamente, un incremento del nivel sonoro. Las autoridades municipales, provinciales y nacionales están debidamente informadas según lo acostumbrado en estos casos”.

Multa a Dow

Si bien en principio la Agencia Ambiental y el CTE descartaron infraccionar a Dow PBB Polisur por la explosión e incendio en una de sus plantas (foto), el viernes resolvieron enviar al Tribunal de Faltas una denuncia por incumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas.

“A través de todo lo que es la legislación nacional y provincial no teníamos ningún elemento para poderla sancionar. Sí después corroborando los datos y la secuencia de llamados en el Proceso APELL del Plan de Respuestas a Emergencias Tecnológicas (PRET) observamos que la empresa no había hecho un comunicado dentro de los treinta minutos como lo dice el Plan. Se le está imputando una falta por la ordenanza municipal 17.087”, dijo Pérez.

La empresa debió dar explicaciones sobre lo que estaba sucediendo el martes 3 en Dow dentro de los treinta minutos posteriores a la explosión a través de Radio Nacional. El Juzgado de Faltas podrá aplicarle una multa de entre cincuenta y cien sueldos municipales.

Por otra parte, el coordinador del CTE sostuvo que el PRET depende de tres componentes: “Las empresas, la comunidad en la cual están incluidos los equipos de respuesta, llámese Bomberos o Defensa Civil y la Municipalidad. Hay un protocolo en el cual iniciado el evento, si no lo categoriza la empresa en función de lo que puede estar sucediendo, se hace una primera categorización de un Nivel 1 y después se va viendo si es necesario o no aumentar de nivel”.

“El Proceso APELL tiene un coordinador que desde hace un año no ha sido nombrado, estando a cargo del CTE y por tener cierta relación con el proceso y por tener la guardia que son los primeros que están en la emergencia, transitoriamente estoy yo como coordinador y llevando adelante el desarrollo y las actividades de las tres comisiones que tiene el proceso”, relató.

En la explosión de Dow la categorización fue de Nivel 1 aunque se registraron tres heridos. “No teníamos certeza si había o no heridos, con lo cual estábamos en un Nivel 1. Cuando ya estaba todo controlado el fuego, ahí recién nos avisan que había una persona un poco aturdida por el ruido, nada más. Teniendo en cuenta eso, se evaluó junto con el director de Defensa Civil que no era necesario subir al Nivel 2. Sí después finalizado y dado por concluido el PRET, que fue alrededor de las 16:10, sí hubo dos personas que tenían algún golpe en la mano pero el evento ya había finalizado”.

El Nivel 2 hubiese implicado la conformación de un “comité móvil” integrado por representantes de Defensa Civil, Policía, Dow y el municipio “para seguir cuál es el avance del incidente hasta tanto finalice”.

Que la empresa haya informado tarde la existencia de heridos, para el titular del CTE, estaría dentro de la misma infracción elevada al Tribunal de Faltas aunque todavía “la comisión de Respuesta a Emergencia del Plan APELL” debe “determinar si todos los protocolos también se siguieron con respecto a los avisos”.

Ayer a las 14 10 una explosión sacudió Ingeniero White y barrios lindantes. Tres trabajadores fueron hospitalizados. Según informó la empresa DOW, donde se produjo el hecho, la situación estuvo fuera de peligro hacia las 15 30.

Sin embargo, el Comité Técnico Ejecutivo emitió un comunicado recién a las 20 30, es decir, seis horas después del siniestro.

Hoy a las 13 vecinxs de White llevarán a cabo una “sentada pacífica en la rotonda de PBB”. Una de las preocupaciones es cómo actuar en caso de emergencia. Durante la tarde de ayer fuimos a recorrer la vecina localidad. En general, lxs vecinxs manifestaron su preocupación por la falta de información y, en función de eso, la incertidumbre respecto de qué hacer ante una situación donde la desinformación y la incertidumbre van de la mano. “Si hay una situación de emergencia no tenemos vías de salida” de la localidad. Sostienen que “el proceso apell” no sirve.

“Ayer estaba tranquila en casa durmiendo a mi hijo. Más que la explosión sentí un temblor. Como estoy acostumbrada me quedé escuchando a ver si volvía a escuchar ruido. Automáticamente empezó a sonar la sirena de los bomberos. Ahí me empecé a preocupar y a averiguar. No salí, busqué en las redes sociales”, dijo Cintia, vecina de White, a FM De la Calle.

“Es la segunda vez que pasa en el mismo reactor. La primera vez pasó a mediados de octubre. El mismo reactor”, agregó.

“Lo que hice fue dirigirme al CTE. En ese momento (Cesar) Pérez (responsable del organismo) no estaba, obviamente. Me atendió uno de los chicos que está de controlador y me explicó más o menos la situación. Así me enteré. Pero realmente fue un caos porque después te vas enterando de todo. En ese momento no tenía a mi hijo en el jardín pero padres que tenían chicos en los jardines empezaron a llamar desesperados y tengo entendido que los propios maestros confinaron a los chicos después de escuchar el ruido. La onda expansiva se escuchó hasta Villa Nocito. Esto fue muy grave y no lo digo yo, me lo dijo gente del CTE”.

Preocupada por la participación vecinal en pos de la búsqueda de salidas a la problemática, Cintia remarcó que “esto sigue. No se sabe por qué explotó la primera vez ese reactor. Todavía están esperando las pericias. Por lo tanto, si pasó en octubre vamos a saber por qué pasó esto el año que viene”.

Escuchá la nota completa:

Por su parte, esta mañana la empresa DOW informó a través de REX Comunicaciones lo siguiente:

A menos de 9 horas de ocurrido el evento,  reportado el 3 de noviembre, en la planta de polietileno de baja densidad (LDPE), compartimos  información reunida, luego de un análisis aún preliminar del incidente, con la intención de aportar algunas aclaraciones, en la medida de nuestras posibilidades actuales:

–       A las 14.10 hs se produjo una pérdida de etileno seguida de incendio en la zona de reacción de la planta de Polietileno de Baja Densidad (LDPE) ubicada en la Av. 18 de julio.

–       Por el momento no estamos en condiciones de definir las causas, las que están siendo investigadas mediante un proceso que involucra a especialistas locales e internacionales.

–       A las 14.12 hs las autoridades del CTE recibieron el primer llamado de la empresa, reproduciendo la información que dentro de las plantas se estaba transmitiendo por radio a través del canal de emergencia.

–       La emergencia fue categorizada Nivel 1 dentro del marco del Proceso APELL. Esto significa que el evento estuvo confinado, acotado en todo momento dentro de los límites de la unidad operativa en cuestión y sin implicar riesgos para la comunidad cercana. Para este tipo de categorización, no está previsto que se active la sirena comunitaria, ubicada en Ing. White.

–       La situación fue controlada por la brigada de emergencia interna con apoyo de dos dotaciones de bomberos de Ing. White y una de Prefectura.

–       El final de la emergencia se declaró a las 15.30 hs. En total participaron unas 50 personas, utilizando equipos propios y de los cuerpos externos.

–       Los sistemas automáticos de parada de planta y de respuesta a emergencia se activaron inmediatamente y se conformó el equipo de crisis del complejo para dar soporte a la contención del evento.

–       Dentro del conjunto de empleados propios y contratistas, hubo 3 personas afectadas. Una de ellas, que se encontraba cerca del lugar del evento, fue atendida por aturdimiento y retirada en camilla para estudios más completos en el Hospital Privado del Sur. Las otras dos, que se encontraban en edificios linderos dentro del complejo, fueron asistidas por contusiones en sus manos. Los exámenes posteriores no revelaron lesión alguna. Los accidentes fueron catalogados como casos de primeros auxilios y ninguno de ellos se encuentra hospitalizado.

–       La planta se encuentra parada, en condición segura. El resto del complejo está en operación normal.

–       Se están evaluando los daños, comenzando las tareas de limpieza y remoción necesarias para proceder con la investigación del incidente.

–       Las autoridades de control fueron debidamente informadas y puestas en conocimiento de las acciones tomadas. Se hicieron presentes en la planta y realizaron las inspecciones visuales pertinentes.

–       Los medios de comunicación locales recibieron información a requerimiento.

–       En principio podemos reportar daños materiales localizados en la planta, laboratorio de control de calidad y sector de logística.

–       Queremos destacar y felicitar públicamente la capacidad de respuesta y  el profesionalismo del personal propio que participó en el control de la emergencia,  como así también a los grupos de Bomberos Voluntarios de Ing. White y de la Prefectura Naval Argentina.

–       Asimismo ponemos énfasis en que todas las barreras de protección y los sistemas de detección y respuesta se activaron de acuerdo con lo previsto con el objetivo de minimizar impactos a la seguridad de personas, instalaciones, medioambiente y comunidad cercana.

–       Entendemos que eventos de estas características generan preocupación en nuestra ciudad y seguimos a disposición para aportar y completar todas las aclaraciones que resulten necesarias.

–       Continuaremos compartiendo el estatus de la situación a medida que progresemos en la investigación y en las acciones necesarias hasta reanudar la operación normal de la planta.

El juez José Luis Ares ordenó desmantelar la antena de telefonía celular 4G instalada en Agustín Álvarez y Rizzo. Fue en el marco del amparo presentado por la Asociación Civil Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca contra Telefónica Móviles Argentina S.A., la Municipalidad y el Club de Equitación. Deberá ser en el plazo de tres meses bajo apercibimiento de una multa de cinco mil pesos por cada día de incumplimiento.

El magistrado remitió la causa a la Fiscalía para investigar al intendente Gustavo Bevilacqua y los titulares de la Agencia Urbana, Planificación y Desarrollo y la Agencia Ambiental por posibles delitos violación, omisión o retardo de los deberes de funcionario público.

“Hay certeza científica acerca de la peligrosidad que acarrea la antena en cuestión, por lo que el principio preventivo exige tomar las medidas necesarias para proteger el derecho a la salud de los potenciales afectados y el derecho a un ambiente sano. Pero a mayor abundamiento, destaco que incluso en caso que la apreciación o convicción respecto de ese peligro fuera dudosa, sería imprescindible tomar la misma decisión por aplicación del principio precautorio que rige en materia ambiental”, aseguró el juez correccional.

Ares dejó sin efecto el certificado de prefactibilidad y el permiso otorgado por la comuna para “instalar y hacer funcionar la antena en cuestión, y ordenar que se cumpla la Ordenanza Municipal 17130 y declarar la inhabilitación para la emisión de señal o radiación alguna a través de dicha antena en dicha ubicación, para lo cual se comunicará esta decisión al organismo controlador, OPDS”.

“Comenzamos con una fuerte convicción y mucha valentía. Se conformó la ONG Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca como una muestra de nuestra solidaridad, no queriendo que nuestro problema se traslade a otro barrio tal como nos propuso el intendente Bevilacqua, de sacarla de nuestro barrio e instalarla en otro. Quisimos en cambio trabajar para solucionar un problema que tiene solución, con compromiso político e inversión económica, colocando las antenas fuera del ejido urbano e instalando la tecnología adecuada para que la señal llegue a nuestros teléfonos en bajos niveles de emisión que no perjudiquen la salud y a los seres vivos”, dijeron lxs vecinxs denunciantes en Facebook.

La relocalización de la antena deberá realizarse tras una evaluación de impacto ambiental y el cumplimiento de la mencionada ordenanza en sector “fuera de la planta urbana y alejado de los centros de reunión”. El Club de Equitación deberá abstenerse “de colocar en su predio por sí o a través de terceros antenas de telefonía celular que emitan ondas electromagnéticas” en violación a la normativa local.

“La ordenanza fue sancionada por la presión de los organismos y de la gente, estuvo cajoneada en el Concejo Deliberante y no la quisieron aplicar. Cuando quisieron, le introdujeron modificaciones para tener ellos una parte del control y poder tener la cometa, lo único que les importa acá es el diezmo, el quince por ciento que manotean”, aseguró el abogado de la ONG Leandro Aparicio en relación a los funcionarios municipales.

Si bien el fallo es apelable, el letrado explicó que “la concesión del recurso es con efecto devolutivo” y no suspensivo, por lo tanto, la empresa deberá proceder a quitar la antena hasta tanto termine definitivamente la causa.

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Eduardo Mena, integrante de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca y denunciante de la contaminación del estuario por parte de las empresas del polo petroquímico y ABSA, aseguró a FM De la Calle que no hay novedades en la causa y que el juez Agustín López Coppola “no tiene tiempo para atendernos”.

“Hace ya cinco años y no hay novedades, no hay movimientos. Las empresas siguen contaminando. Hemos hecho pruebas tan simples como agarrar un vaso de agua de lo que sale de las empresas, meter una lombriz adentro y se muere”, afirmó.

El pescador insistió en que junto al resto de los denunciantes quieren “ver un cambio, por lo menos que dejen de contaminar, más allá de la fuente de trabajo que me la arrebataron”. “Que una causa no avance por ahí es entendible con los términos judiciales, pero que sigan contaminando me parece un asesinato. Y no solo es el tema pescadores, se contamina toda Bahía Blanca, Villalonga, Punta Alta, porque esto es por agua y por aire”, declaró.

En cuanto a la actividad ictícola Mena explicó que “está muy pobre, ya casi no hay pesca, la mayoría -incluyéndome a mí- hemos salido a buscar otros trabajos como lo que es limpiar patios, cartonear y, algunos, trabajos ilícitos”. A la pérdida de la fuente laboral tradicional se suman las dificultades que les genera pelear judicialmente por sus derechos porque “ya no te toman en ningún lado”.

Mena sostuvo que tampoco encontraron respuestas en ámbitos políticos: “Promesas hemos tenido del Municipio, de todos lados, pero la única respuesta que hemos tenido es cuando hemos hecho disturbios, hemos quemado gomas, hemos hecho cortes. Lo cual yo lo he hecho pero no es de mi agrado, a mí se me enseñó a trabajar no a ir por la justicia, por lo legal. Yo entiendo que hay mucho poder por delante pero la contaminación sigue, nosotros estamos a la deriva, nos cerraron las puertas de todos lados. Hoy por hoy hacemos peripecias para darle de comer a nuestras familias”.

En cuanto al manejo de fondos públicos destinados a la reconversión pesquera o la indemnización de trabajadores resignados ante el avance industrial, Mena comentó que “podemos tener veinte mil deducciones pero pruebas no tenemos ninguna. Pero que hubo un mal manejo lo sabemos todos”.

“Eso lo dictamina la justicia y, bueno, ellos tienen el poder para investigar a quien tienen que investigar (…) Hay gente que se le dijo que se le iba a dar sesenta mil y le dieron veinte mil. Yo entiendo que en la pesca hay mucha gente que no sabe leer ni escribir pero me parece muy deshonesto que se hayan abusado de tal forma de haberles mostrado un montón de plata y que no sepan lo que era. Y bueno, los robaron, en cierta forma les robaron”, dijo.

Por otra parte, el pescador informó que tras las denuncias judiciales referidas a los atentados e intimidaciones sufridas por su grupo y su abogado “el tema se calmó muchísimo” aunque “desvió la causa”.

“Más de uno de nosotros tiene la vida jugada porque se sabe que nos estamos metiendo con gente que no se va a quedar tranquila. Esto ya del momento en que lo iniciamos teníamos de idea de que nos podía pasar algo, pero la lucha es que dejen de contaminar, la lucha es salvar nuestra ciudad, salvar nuestros hijos y poder tener una fuente laboral”, concluyó.

Con el impulso de la Vía Campesina se celebra hoy el Día de la Soberanía Alimentaria de los pueblos. En Bahía Blanca el Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria -ETSA- realizará desde las 19 una charla en el Aula 9 del Departamento de Agronomía de la UNS (San Andrés 800). “Concepto e implicancias de la soberanía alimentaria en el modelo agropecuario y el sistema agroalimentario” será el punto de partida del lic. Matías Alamo.

Esta mañana el disertante comentó en FM De la Calle que se discutirá “cómo y cuándo un pueblo es soberano y cómo y cuándo puede aplicar sus políticas priorizando a la agricultura familiar, a los pequeños productores, a los campesinos y a las comunidades originarias”.

“Es decir, la soberanía alimentaria la pensamos como la manera diferente de producir a este agronegocios, a este agrobusiness, a esta agricultura industrial que aplasta con todo el modelo y todo el sistema y que es controlado por cinco o seis multinacionales en todo el mundo. Es pensar un objetivo social de los alimentos y no los alimentos como una mera mercancía”, sostuvo.

Alamo destacó que “el ETSA es un colectivo que lo formamos la mayoría profesionales graduados y estudiantes de la UNS con el ámbito de aplicación en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Estamos pensando en experiencias vinculadas con la feria, con la comercialización, con acercar a esos productores familiares a los potenciales consumidores que se encuentran en el espacio urbano”.

“Nuestra experiencia es incipiente porque venimos trabajando de 2013, pero la idea es nuclear a esos pequeños productores en ferias de la agricultura familiar, de las pequeñas producciones. Uno de los principios de la soberanía alimentaria es anclar a los sistemas agroalimentarios locales, revalorizar esas economías locales y regionales que van a permitir incrementar las producciones y además, que los consumidores accedan a alimentos mucho más sanos y más nutritivos”, agregó.

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Las ocho grandes refinerías del país se encuentran en zonas urbanas o próximas a ellas; y en no pocos casos, quienes viven en los alrededores aseguran que la cercanía deteriora gravemente su calidad de vida. La falta de información veraz y de acceso a la documentación oficial se convierte en un problema tan serio como los riesgos tóxicos a los que están expuestos. Como demuestran los trabajos reunidos en esta publicación, no existe una firme política de control, las instancias de fiscalización no son efectivas y no se han desarrollado programas permanentes de evaluación socio-sanitaria. Estas carencias impiden un conocimiento profundo de lo que sucede, dificultan la generación de demandas para revertir la situación, invisibilizan el problema, obturan los debates públicos -tanto sobre la necesidad de otra planificación territorial como de políticas de control industrial y también la búsqueda de alternativas a la matriz energética existente-, y restringen las discusiones, en el mejor de los casos, a las intervenciones de especialistas contratados por las plantas industriales.

El Colectivo Tinta Verde fue el responsable de analizar la situación de la refinería de YPF y el polo petroquímico ubicado en Ensenada y Berisso, en las afueras de la ciudad de La Plata, Buenos Aires. En segundo lugar, el Observatorio Petrolero Sur, desarrolla el caso del complejo industrial perteneciente a YPF en Plaza Huincul, Neuquén. El presidente de OIKOS Red Ambiental, Eduardo Sosa, tuvo a su cargo el tercer capítulo, en el que leyó minuciosamente los expedientes de los incidentes ambientales y sus remediaciones en la refinería de YPF en Luján de Cuyo, Mendoza. Seguido, Mariela Dobal, periodista de FM De la Calle, de Bahía Blanca, expone el caso del polo petroquímico ubicado en la localidad de Ingeniero White y la refinería de Petrobras de Loma Paraguaya. Por último, Cecilia Bianco, coordinadora del Área Tóxicos de Taller Ecologista, fue la encargada de analizar los impactos de la refinería y la planta fluvial del Grupo Indalo, ubicados en San Lorenzo, Santa Fe.

Polos: injusticias ambientales e industrialización petrolera en Argentina aspira a ser un aporte a ese movimiento de generación de información fidedigna, que pretende conmensurar la implicancia de estas instalaciones en la vida de su comunidad, barrio, ciudad. En ese sentido, busca ofrecer una mirada global de las problemáticas socioambientales vinculadas a la industrialización de los hidrocarburos en Argentina; lo hace desde el paradigma de justicia ambiental, en un intento de enunciar y explorar las preguntas que surgen de quienes viven en las cercanías de las plantas; las que son fruto de la lectura atenta de los informes de remediación ambiental, y, finalmente, las que resultan de la ausencia o vacíos de información.

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A principios de mes se reglamentó la Ley 25.929 de Parto Respetado y fue presentado oficialmente el Observatorio de Violencia Obstétrica, impulsado por Las Casildas con el apoyo del Consejo Nacional de las Mujeres. Al final de esta nota el enlace para ingresar a la encuesta.

“La escena del parto se ha tornado muy violenta y el tipo de violencia que invade la escena está completamente naturalizada e invisibilizada. Por eso la concreción de esta iniciativa del observatorio para cuantificar y visibilizar a todas las mujeres que a lo largo y a lo ancho del país son sistemáticamente violentadas en un momento tan fundante y tan revolucionario como es parir a nuestros hijos y nuestras hijas”, explicó a FM De la Calle Julieta Saulo, fundadora de la organización de mujeres.

Agregó que “si bien este tipo de violencia está especificado en la ley 26.485 no es muy conocido entre nosotras las mujeres. Es decir, yo tengo a mi hijo de manera violenta, la mujer que vive al lado de mi casa también, nos relatamos los partos y no hay nada que discrepe, los partos fueron absolutamente violentados los dos”.

Para la militante “la información es poder y no solo empodera a las mujeres sino a las familias en general” y  si bien la ley de Parto Humanizado está vigente desde 2004, contar con la reglamentación “ha sido un gran avance en torno a los derechos sexuales y reproductivos porque viene a traer la bajada al territorio”.

“Por ejemplo, la ley estipula desde 2004 que las mujeres tenemos derecho a estar acompañadas en el parto. Cuando se reglamenta, se baja al territorio que las mujeres tenemos derecho a estar acompañadas si lo deseamos y que puede ser tanto de una mujer o de un varón y no hace falta que se acredite filiación, que sean parientes. Aparte que las instituciones privadas no pueden cobrarle un extra a esas personas por acompañar a la mujer que es lo que habitualmente sucede”, comentó.

Saulo sostuvo que “en muchos casos las mujeres que tienen a sus hijos e hijas por cesáreas entran solas al quirófano porque se habla de la asepsia y demás y en realidad no hay documentación científica que así lo avale, se basan solamente en decisiones institucionales”.

Además, subrayó el desequilibrio de poder entre las pacientes y lxs médicxs partiendo de “la posición en la que parimos las mujeres, acostadas y atadas. Básicamente para comodidad del médico o la médica. El médico se sienta y se queda ahí mirando o interviniendo -porque lamentablemente no solo se quedan mirando sino que intervienen en el proceso-, mientras tanto las mujeres estamos con las piernas atadas, abiertas y recostadas, intentando parir. Las mujeres que así y todo pueden parir realmente es meritorio porque no tiene absolutamente nada que ver con la fisiología del proceso”.

El Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina propulsado por Las Casildas es una iniciativa ciudadana y nacional cuya finalidad es visibilizar y difundir esta problemática y los derechos que amparan a las mujeres. La encuesta a la que se puede acceder en este link es una de las herramientas de las que disponen y su función es generar estadísticas en torno a la atención del parto/cesárea. La información es confidencial, los datos personales (nombre, apellido, dni, etc) no serán difundidos en ningún medio, los piden para garantizar la legitimidad de la consulta y evitar posibles repeticiones en el registro de los datos.

Escuchá la entrevista completa:

Antonio Gustavo Gómez, Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, fue entrevistado por FM De la Calle para analizar las causas legales que pesan sobre la canadiense Barrick Gold. Entre el 13 y el 14 de septiembre pasados, en la mina Veladero, ubicada en el departamento Iglesia, la empresa provocó un derrame de 1 millón de litros de cianuro.

Hace más de diez años que La Barrick Gold practica la minería a cielo abierto en la provincia de San Juan y ya acumula tres denuncias penales por los daños que ocasiona en el ambienta natural y en la vida de lxs lugareñxs.

La empresa tiene tres causas penales en su contra. La primera la inició el fiscal de Estado de la Provincia en representación del gobernador ante al Juzgado Provincial del Jáchal por un artículo del Código Penal que es la contaminación dolosa del agua. La segunda, la inició un grupo de sanjuaninxs que se presentan como querellantes en el Juzgado Nacional de San Juan y pertenecen a una ONG que se llama ‘Ciudadanos independientes’ y la tercera, fue en Capital Federal, promovido por la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina. Sin embargo, “las dos últimas se hicieron con la ley 24.051 que condenó al empresario Julián Rooney del caso Minera La Alumbrera. Pero la primera, la del Juez de Jáchal, es sospechosa. La investigación está dirigida a algún empleado o gerente de medio pelo, a algún perejil”, aclaró Gómez.

“Hay que aplicar la ley 24.051, en la cual el artículo 57 dice claramente que el responsable es el directorio de la empresa. También se aplica a funcionarios públicos de alto nivel”, agregó.

“Permite condenas por negligencia. La diferencia entre delito doloso y el delito por negligencia o culposo es que éste último implica el incumplimiento de un reglamento, la inoperancia, la falta de arte en el oficio, lo que no significa que el Directorio no sea responsable. Pueden ser imputado los funcionarios públicos”.

Si se efectiviza esta ley, además, se obligaría a la Barrick a pagar indemnizaciones a lxs vecinxs y trabajadorxs por los daños ocasionados, tanto por este último derrame como por casos anteriores. La Minera no podría seguir funcionando hasta que no se termine la investigación y la acción penal.

Esta empresa practica la minería a cielo abierto generando graves consecuencias ambientales y de salud en lxs habitantes del lugar porque, luego de las explosiones que activa, los metales quedan desparramados por el suelo, el aire y el agua.

En simultáneo, el juez Gómez sigue de cerca las investigaciones por los delitos ambientales de la minera La Alumbrera de Catamarca. Se reanudó la actividad en la mina porque “el Fiscal Federal tendría que haber solicitado la suspensión hasta la finalización de la causa y no lo hizo”, aseguró Gómez.

“Están avanzando las 4 causas penales de La Alumbrera, más otra causa penal de contrabando y evasión tributaria de contenido económico, que involucra a autoridades mineras, de la provincia de Catamarca y de la Universidad Nacional de Tucumán que se benefician económicamente con la explotación minera. Los propios jueces no las hacen avanzar. Se han presentado muchas quejas en la Corte Suprema y se han hecho muchas pericias que muestran elementos de contaminación, pero el poder político y económico también están haciendo su juego”.

Las organizaciones sociales denuncian daños irreversibles como estos y sostienen que ponen en cuestión las promesas de progreso que enuncia la megaminería y los beneficios reales de esta actividad extractiva en el suelo que produce, ya que prioriza su vinculación con los puertos de exportación.

Para mayor información sobre la labor de Gómez en el área del derecho ambiental, hacé click en este enlace: http://www.fiscalgomez.com.ar/

(Por Matias Detrocchi & Cristian Jacobo) Utilizan el humor como medicina complementaria para lxs enfermxs de hospitales. Se los denomina “Payamédicos”.

Son una Asociación Civil sin fines de lucro (ONG) constituida  en el año 2003 en la ciudad de Buenos Aires, fundada con el objetivo de “desdramatización del medio hospitalario”. Está formada por unas 3000 personas que, como payasxs, desarrollan su labor en hospitales de la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, Neuquén,  Salta,, Bariloche, Entre Ríos, Misiones, Puerto Madryn, Córdoba y Rosario.

En nuestra ciudad, desde enero de 2008, participan de forma voluntaria en distintos hospitales de la ciudad (Penna y Municipal). Estos locos de “narices rojas”, buscan incorporar el humor como medicina creativa.

Los payamédicos, trabajan (con pacientes, familiares y el medio hospitalario interno).

Antonella Camponi dijo al programa Un clásico de barrio en FM De la Calle que “hay que estar seguro que la risa cura”.

Por su parte, la payágrafa Natalia sostuvo que su “idea es desdramatizar el ambiente hospitalario. Los médicos nos ven coloridos, y le tienen miedo al ridículo”.

Surgían las preguntas ¿Por qué están  acá? ¿A que vienen?

Para la formadora Milagros Piro, “los médicos tienen esa carga hospitalaria, los hacemos reír (como ‘payasearlos’). Ellos necesitan hacer ese descargo personal”.

Damián Dorado, quien también se desempeña como formador, contó que “a veces nos dicen, no vayas a esa habitación porque no quieren hablar con nadie!! Pero muchas veces no quieren hablar con nadie, pero con un ´Paya´ si”.

La formación que ofrece la asociación brinda herramientas como psicología, música, técnicas de clown, juegos, magia y arte, entre otras. También forma en el espíritu de poder resolver con solvencia diferentes situaciones que pueden suceder en un hospital.

La tarea se realiza al lado de la cama del paciente, pidiendo siempre su consentimiento antes de la intervención. Dado que cada paciente es único, se genera un vínculo entre ambos que es especial. Con el objetivo de ofrecer momentos de distracción, recuperando los aspectos sanos de la persona que está hospitalizada, nos denominamos “traficantes de alegría”.

Escuchá la nota completa:

Fuente: Un Clásico de Barrio (Lunes de 21 a 22 hs)

Lucas Vaca integra la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, la cual desde hace dos años impide con un acampe la construcción de la planta de granos de Monsanto más grande de Latinoamérica. “Hay tantas Malvinas Argentinas que no sabíamos bien a cuál iba a ir, en qué ciudad se instalarían. Empezamos a buscar información y encontramos cosas positivas, como la oportunidad de empleos. Cuando empezamos a profundizar, las cosas empeoraron. Comenzaron los aprietes, las presiones, luego la represión. Desde el Municipio no saben nada, no nos dan respuestas”, dijo Vaca a FM De la Calle.

“Queríamos saber con profundidad, solo eso.  Desde Monsanto siempre fueron negativas y con respecto al municipio y al Concejo Deliberante, las respuestas solo fueron que los permisos estaban. Nosotros sabemos más que ellos”, afirmó Vaca.

El asambleísta comentó que “los inicios fueron de vecinos auto-convocados, se sumaron más de 300, ahí las presiones aumentaron. Tuvimos ocho represiones, una compañera casi pierde la vida”, sumó, “por suerte otras agrupaciones nos están acompañando”.

A modo de reflexión, Lucas Vaca se lamentó la segmentación que esto ocasionó en el pueblo a razón de la tentación económica que puso sobre la mesa la empresa. “Han generado una división, están tratando de comprar al pueblo. Nos miramos entre nosotros como si fuéramos enemigos”.

“Queremos evitar que siga el deterioro de la salud del pueblo. Mi hermana perdió un hijo por esta problemática, somos un pueblo fumigado con agrotóxicos, por eso le decimos NO a Monsanto”. Vaca manifestó la postura de los vecinos y añadió, “independientemente del partido político que esté o del que suba, esto es una cuestión de la salud y de la vida”.

Trabajadorxs de la salud de la provincia realizarán un paro este miércoles en los 78 hospitales bonaerenses. Desde la Asociación de Profesionales de la Salud Municipal informaron que acompañan los reclamos pero atenderán normalmente en el Municipal y las unidades sanitarias.

“Estamos pidiendo al gobierno que se produzca un nuevo diálogo en relación al tema de salarios, por lo tanto, estamos pidiendo la reapertura de paritarias. Además, el cumplimiento de unas cuantas cosas que se acordaron en principio en paritaria o fuera de ella y que no se han cumplimentado”, dijo esta mañana a FM De la Calle el presidente de CICOP Fernando Corsiglia.

El dirigente agregó que las demandas están “englobadas en una cuestión central que tiene que ver con el presupuesto para salud que se empezará a discutir en breve en la legislatura provincial”.

La medida de fuerza coincidirá con la que ya fue anunciada ATE, en el marco de un plan de lucha organizado a nivel nacional en rechazo a todo tipo de trabajo precarizado.

“Tenemos ingresos con un salario bastante bajo y eso implica que no sea atractivo para quienes van ingresando al sistema, tenemos muchas dificultades para conseguir profesionales para las guardias, inclusive para algunos sectores de planta. Las condiciones de nuestro trabajo en los hospitales no son  buenas y si a eso le sumamos los salarios y los episodios de violencia, resulta muy poco atractivo ingresar al sistema público de la provincia de Buenos Aires y eso es un problema que debe ser abordado y solucionado”, explicó Corsiglia.

Finalmente, el médico anunció que la próxima semana CICOP se plegará al paro general con movilización a la Casa de Gobierno bonaerense definido por la CTA provincial para el martes 29 de septiembre, en demanda de salarios dignos, estabilidad laboral, nombramiento de personal, más y mejores políticas sociales y mayor intervención del Estado para mejorar las condiciones laborales en el sector privado.

Las agrupaciones Cultura Ciclística y Quiero Ciclovías en Bahía se quejaron de que a un mes de celebrada la audiencia pública sobre el Proyecto Red de Ciclovías “nada más se ha dicho al respecto”.

“Luego de la presentación de este proyecto serio y completo en el que participaron profesionales y funcionarios públicos, el cual asimismo recibió el aporte de ideas y alternativas por parte de vecinos interesados, nos preguntamos qué cuestiones están demorando la presentación de dicho Proyecto para que sea tratado por el órgano deliberativo de nuestra ciudad, atento la necesidad de pensar en su concreción a fin de que pueda ser incluído en el próximo presupuesto anual municipal”, dijeron en un comunicado y subrayaron que “si la condición del tránsito fuera más propicia a la seguridad de los ciclistas” se sumarían muchxs más a sus filas.

Para las agrupaciones “el cambio está al alcance de la mano” si se diagraman ciclovías “demarcadas con pintura llamativa (amarillo y verde claro por ejemplo) a lo largo y ancho de la ciudad (el total de las cuatro etapas de la red proyectada) tendría por efecto un masivo reconocimiento de la presencia de la bicicleta como medio de transporte, de la mano del ciclismo urbano como fenónemo social y cultural que viene siendo adoptado por quienes en primera persona experimentan la eficacia, practicidad y economicidad de tiempo y dinero que proporciona la bicicleta en la ciudad”.

“En el entendimiento de que los cambios significativos requieren el compromiso de quienes pueden generarlos, apelamos a la buena voluntad política de nuestros representantes locales, y solicitamos se expidan respecto al futuro próximo del Proyecto de Ciclovías”, concluyeron.

Historias de la bici

Las bicicletas fueron muy populares en las décadas de 1890, 1950 y 1970. Actualmente están experimentando un nuevo auge, creciendo notablemente su uso en Bahía Blanca y todo el mundo.

En este contexto, el historiador bahiense Francisco Daniel Panizoni presenta ‘Historias de la bicicleta’, una charla abierta sobre la bici, sus orígenes y presencia en la región. Será el próximo viernes 4 de septiembre a las 18 en la Sala Juvenil de la Biblioteca Rivadavia.

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Pablo Curino, vicepresidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal, expresó en el programa En Eso Estamos de FM De la calle que el nosocomio está falto de camas e insumos. También se pronunció sobre la nueva legislación bonaerense que beneficia a lxs trabajadorxs del área en materia de jubilación.

Hace tiempo que el personal de salud, nucleado en la asociación, viene exigiendo la implementación de un servicio integral. “Más que nada a esta altura del año, que hay un aumento de las enfermedades efectocontagiosas. Las dos salas principales que tenemos están completas casi al 100% y eso genera que no se puedan descargar pacientes de terapia, por lo tanto, las cirugías no se pueden realizar y, en la guardia tampoco se pueden recibir nuevas emergencias”.

El presupuesto en salud es escaso y esto se asocia con el desgaste laboral. “En América Latina, es la profesión que más vinculada está con los divorcios, con las enfermedades mentales, inclusive con los suicidios. CICOP logró esta normativa después de mucho tiempo. Acá vamos viendo personas que ingresaron para asumir un cargo pero terminan pidiendo otro, es un trabajo desgastante, no podemos tener errores y termina siendo un trabajo particular”.

“Lo del desgaste laboral salió ahora. Empezamos una ronda de charlas con la Secretaría de Salud, y la comisión de salud del HCD. Esperamos una reunión con el intendente, pero aún no hemos tenido novedades. Proponemos que los municipios adhieran a la normativa provincial de la jubilación a los 50 años, con 25 años de servicio, en forma progresiva”, informò.

“Antes existía un régimen jubilatorio especial sólo para quienes se desempeñan en áreas consideradas insalubres, como los laboratorios de rayos o aquellos donde se trabaja con sustancias químicas. Al modificarse el concepto de base de “insalubridad” por el de desgaste profesional o agotamiento prematuro, se contextualizan todas las tareas sanitarias con las actuales condiciones de asistencia a la población”, explicó, por su parte, Comisión Directiva de la asociación a través un comunicado.

Durante las campañas publicitarias de las PASO, fue evidente que la salud no fue ocupó para la mayoría de las fuerzas políticas una problemática relevante. “Puede ser que el sistema se ve compensado por el esfuerzo de todo el personal del salud, que pone mucho de sus propio empeño. Pero hay que tener en cuenta que esto propicia el error”.

El gremio escribió un documento destacando la rápida aprobación que los miembros del HCD local realizaron sobre el Decreto Provincial 598/2015, que lleva la firma Daniel Scioli, y establece que los profesionales y trabajadorxs del sector público de salud, puedan jubilarse a los 50 años de edad si cuentan con 25 años de servicio. Al mismo tiempo, valorizó la incansable lucha de CICOP para dar este histórico paso, convirtiendo a la provincia de Buenos Aires en pionera a nivel nacional.

En el Hospital Municipal se están realizando dos obras en simultáneo, en el sector de consultorios externos y el proyecto de terapia y quirófano: “estas nuevas construcciones implicarían un aumento de camas y sería necesario que vaya acompañado de un aumento de personal”.

Con respecto a la batería de leyes que recientemente aprobó la legislatura de la provincia de Buenos Aires, Curino se posicionó sobre el artículo que garantiza la presencia de payamédicos en las instituciones de la salud públicas, afirmando que “el rol que realizan es admirable. Además, fueron adecuando la sala de pediatría para lxs niñxs. El error sería que falten pediatras y se contraten payamédicos”.

La legislación provincial recientemente aprobada obliga a los servicios de terapia pediátrica de los hospitales públicos a contar con especialistas en el arte del clown o payasos hospitalarios. Buscan contribuir a la salud emocional del paciente hospitalizado. La normativa establece que no deben trabajar ad honorem.

El boletín oficial también incluyó una modificación del sistema de licencias de la administración pública bonaerense para incorporar un día destinado a hacer exámenes ginecológicos. La norma incorpora a la ley 10.430 el siguiente artículo: “El personal femenino gozará de licencia un día al año con goce íntegro de haberes a efectos de facilitar su concurrencia a realizarse el examen de papanicolau y/o radiografía o ecografía mamaria, presentando certificado médico”.