Ayer se presentó por sexta vez el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso de la Nación. Impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cuenta con el aval de 350 organizaciones y las firmas de 38 diputadas y diputados de diversos bloques de izquierda a derecha. La iniciativa contó con puntos de difusión en varias ciudades del país.

En Bahía Blanca, integrantes de la Campaña y la Colectiva Feminista entregaron volantes frente a la Municipalidad con detalles sobre la norma que plantea que “la práctica se pueda garantizar en el sector público y privado, incluyendo a obras sociales, para que las mujeres o varones trans no sean sometidxs a maternidades forzadas”.

En diálogo con FM De la Calle, Selva Lamtzev explicó que esta vez el proyecto llega con “modificaciones sustanciales en relación a los anteriores y uno de los puntos importantes es que pide la IVE hasta las 14 semanas sin ninguna otra solicitud ni control ni requisito, y para los otros casos que ya estaban contemplados en la ley, de violación, de enfermedad materna o malformación severa, obviamente no tiene otro límite. Es superador del anterior que hablaba hasta las 12 semanas”.

1 aborto

“Creemos que va a requerir de mucha participación, que se sienta que hay una presión popular para que este proyecto salga, lo estamos motorizando desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y otros colectivos y organizaciones. Este contexto en particular, con los dichos de Macri -quien dijo defender la vida desde ‘la concepción’ en el Congreso Eucarístico-, es adverso pero es que lo ha sido siempre para este tema, vemos que el consenso social avanza mucho más que lo legal”, dijo la médica.

Lamtzev opinó que “los medios de comunicación en su mayoría tienen una posición bastante tomada o manejan el tema del aborto como tabú o con discursos falsos y malintencionados, por ejemplo de hablar de IVE y ponen en la tele una foto de una embarazada que está prácticamente a término, ese tipo de manipulación no habla de la realidad de las mujeres que día a día deciden interrumpir el embarazo de forma voluntaria. El tema es que en este momento lo tienen que hacer en la clandestinidad poniendo en riesgo su vida y si esto fuera legal podrían hacerlo en un centro de salud”.

Las cifras oficiales, mencionadas en los argumentos del proyecto, muestran que el Ministerio de Salud de la Nación informó el año pasado que “en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año” y en 2014 murieron por abortos inseguros 43 mujeres, un 30 por ciento más que en 2012.

“Las de mayores recursos lo hacen en una clínica privada y las que no, de una forma mucho más precaria que será la que tengan a mano poniendo en riesgo su salud y su vida. Es muy importante proteger los derechos de esas mujeres y está en el marco de la ley no solamente nacional -hay muchas cuestiones relacionadas con el aborto no punible que no se cumplen en la práctica- pero además, si vemos el mapa del aborto a nivel mundial, constatamos de qué tipo de políticas se trata, vemos que en los países llamados centrales o desarrollados en la mayoría el aborto es legal y en los llamados del tercer mundo no lo es y tienen fuertes políticas restrictivas”.

2 abortoLamtzev recordó que Macri “cuando fue jefe de gobierno de Buenos Aires vetó la ley del aborto no punible en CABA y desde que ha asumido como presidente hemos visto el vaciamiento de ciertos programas, la reducción de recursos tanto de programas de violencia como de salud sexual y procreación responsable que se encarga fundamentalmente de distribuir métodos anticonceptivos y educar”.

“Existe una disputa entre el kirchnerismo y el macrismo, lo vemos a Macri intentando congraciarse con Jorge Bergoglio y juega la carta de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Nos parecía muy preocupante. Hablamos del aborto pero también de que la ley de educación sexual se aplique correctamente y los métodos anticonceptivos existan en toda su disponibilidad para que las mujeres puedan deciidir”, dijo.

Finalmente, destacó que “puede haber una confusión porque la religión oficial es la católica pero nuestro Estado es laico y por lo tanto todas las medidas que deben tomar en cuestiones de derecho y de salud deberían basarse en el principio de beneficio para la mayor parte de la población y no de lo que opine o no la iglesia o si el presidente profesa determinada religión o no”.

Foto: Rolando Andrade.

El periodista Emilio Ruchansky presentará en Bahía Blanca su libro “Un mundo con drogas”. Será este viernes a las 18 en Sarmiento 54. Dos horas antes disertará sobre “actualidad legislativa y jurisprudencial en drogas” a instancias de la Defensoría local y el Departamento de Derecho de la UNS. Inscripciones en www.derechouns.com.ar

El integrante del staff de la Revista THC y columnista de la TV Pública investigó las experiencias alternativas a la prohibición en países como Suiza, España, Estados Unidos, Uruguay, Bolivia y Holanda y las contrastó con las políticas represivas de la prohibición que generaron “una multiplicidad de problemas graves que saltan a la vista: cebo transgresor para adolescentes, proliferación de mercaderías descontroladas, mafias clandestinas enquistadas en diversos estamentos del Estado, negocios multimillonarios para unos pocos y cadenas de crímenes cada vez más espantosos”. Aquí la charla con el autor durante el programa En Eso Estamos de FM De la Calle antes de su llegada a la ciudad.

-¿Qué es Un mundo con drogas?

Es un libro que empieza a gestarse en 2012 en un viaje a Holanda donde pude entrevistar a biólogos que hacen semillas feminizadas de cannabis, ir a los coffee shops y hablar con los dueños, conocer un poco el ambiente del activismo holandés que es bastante desconocido acá y juntar materiales de la política pública de ellos, por qué decidieron permitir los coffee shops, que tiene que ver con separar el mercado de heroína con el de cannabis, es decir, que la gente que quiere cannabis solamente tenga cannabis y no tenga contacto con los dealers.

A partir de que la puerta de entrada es el dealear y no el cannabis o el alcohol, ellos plantean esta política de separación que funciona. Yo ya conocía el caso de Suiza con las salas de consumo controlado que también tiene que ver con evitar el contagio de Hepatitis C y HIV en usuarios de heroína o cocaína inyectables en Europa, fui juntando los casos, también España con los clubes de cultivo, Estados Unidos con los dos estados que legalizaron, yo fui a Colorado para ver cómo se gestó, cómo se votó -eso fue un plebiscito-, y cómo es la legislación interna.

El libro tiene una preocupación y yo a veces lo encuentro hasta pesado de detalles de legislación, por eso también la invitación de los defensores del Departamento de Bahía Blanca, porque hay mucha letra fina sobre cómo se puede legislar en drogas y qué resultados tiene pensar y actuar de una manera distinta. Dejar de basarnos solamente en la represión y empezar a atender el problema respetando la voluntad de las personas, sin internación coactiva o judicial sino acercándose y aceptando que consumen y viendo cómo se puede mejorar eso y cuáles son los objetivos que se puede plantear esa persona.

También fui a Bolivia por el tema de la hoja de coca y a Uruguay que es hoy el país más avanzado en políticas de drogas en el mundo.

-¿Qué valoración hacés de estos primeros meses de esas políticas públicas en Uruguay?

Solamente con los clubes de cultivo cooperativo más el autocultivo, que no está todo registrado, hay cuatro mil personas registradas, ya tienen un 40 por ciento del cannabis circulante que es uruguayo. Es decir, cuarenta por ciento menos de ganancia para las mafias de cannabis paraguayo, esto involucra a las mafias locales más la plata que pagarán para entrar al país, etcétera. Es positivo en el sentido de que se logran los objetivos que es dejar de alimentar al mercado negro, dejar de financiar a la persona que supuestamente decís combatir.

Hay que ver que va a pasar con las farmacias, están hablando de agosto, creo que se va a retrasar pero hay dos empresas licitadas, una es argentina, ganaron la licitación y va a haber venta en farmacias, con lo cual ahí ya el sistema realmente va a tomar la dimensión que tiene que tomar porque no todo el mundo tiene tiempo de cultivar en su casa o un club cannabico cerca, ni es tan sibarita que es el estilo de los clubes. La venta en farmacia lo va a poner en el acceso a los consumidores a un nivel más masivo y ahí sí va a empezar a funcionar el mercado bajo la consigna uruguaya que también es la segmentación de mercados de marihuana y pasta base, el que quiera marihuana que no se le ofrezca pasta base, cocaína y otras drogas. Si funcionó en Holanda no tiene porque no funcionar en Uruguay.

-¿Cuando planteas la regulación lo haces para cualquier droga?

La regulación hasta lo que pude investigar para el libro se ha vuelto sobre el tema del cannabis. Son cosas distintas, hay otras drogas que por la peligrosidad uno tendría que evaluar cómo regularlas. Obviamente que la prohibición no sirve para ninguna sustancia, hay algunas que creo que son más regulables como el éxtasis. Más allá de que lo que pasó en Time Warp, que nos quieran llenar la cabeza con que a los chicos los mató una pastilla, todos sabemos que había el doble de gente y no había agua, había cuestiones básicas que cualquier persona que consume éxtasis sabe que tiene que tener.

Primero te diría, un milagro a la vez. Hay que probar cómo funciona con el cannabis, qué nuevos problemas genera, porque acá no hay soluciones mágicas, la regulación lo que trae aparejado son nuevos problemas comerciales, controlar a las empresas, que no haya publicidad. Fijate que mal nos fue con el tabaco que nunca se aclaró que causaba cáncer abiertamente, solamente se decía que era perjudicial para la salud, y fijate que mal nos está yendo con el alcohol que tiene publicidad en televisión, esponsorea partidos siendo hoy el principal problema de consumo de la Argentina y de la región.

-Y muchas veces no lo consideramos como una droga…

Me ha pasado de dar charlas y personas indignadas me decían que no es una droga, ‘cómo me vas a decir que es una droga’.

MMM2014-1-Emilio, ¿qué opinás respecto del discurso de algunos curas de villas de Capital que suelen plantear que todo bien despenalizar para cierto sector de la sociedad pero que en los barrios sería una catástrofe?

Creo que no todos los curas opinan lo mismo en las villas, los Curas de Opción por los Pobres no creo, existe un cura en particular que es el padre Pepe que se viene oponiendo sistemáticamente a la despenalización bajo criterios inentendibles. Porque él está de acuerdo en no criminalizar a las personas que padecen una adicción y cuando le decís que es necesario despenalizar para no criminalizar te dice ‘no, despenalizar es una mala señal’. Y así al infinito, es irresponsable.

Y ya la Organización de los Estados Americanos está planteando que sin despenalización no hay estrategia de salud. No podés esperar que la gente se acerque a los servicios médicos si la estás criminalizando, si pueden ir presos por tener sustancia. Esto de defender con el garrote no sirve. Portugal lo demostró, cuando se despenalizó no aumentó el consumo, aumentaron las consultas médicas porque la gente se sintió más segura.

Siempre nos van a decir que no estamos preparados, no lo entiendo, ¿no estamos preparados para qué? Estamos preparados para seguir metiendo gente presa, consumidores, persiguiéndolos, para que la policía siga recaudando con las mafias de venta de sustancias, para seguir encerrando chicos con órdenes judiciales sin respetar su voluntad, creo que es muy inhumano lo que está pasando pese a tener una gran Ley de Salud Mental en la Argentina.

-Me tocó estar en Uruguay en un momento en que se llevaban detenidas a un grupo de personas que cultivaban pero que no estaban inscriptas en un registro del Estado. Hay quienes se oponen a este tipo de registros por la información que le dan a un Estado que en última instancia conserva características represivas, ¿cuáles son los riesgos en ese sentido?

En el caso del registro, en el libro está explicado por la persona que armó la regulación que es Julio Calzada, era algo necesario para el momento y hay que ver si se sostiene en el futuro. A nadie le gusta registrarse, son cuestiones privadas, para comprar cerveza no tenés que estar registrado y estamos de acuerdo en que hasta es ridículo. Ahora, el gobierno uruguayo plantea que necesita saber el volumen del cannabis que se está cultivando al menos legalmente, sea autocultivo, sean clubes o farmacias, porque Uruguay también puede correr el riesgo de transformarse en un país productor de cannabis y exportador. Ahí solucionas el tema de las mafias pero generas tal vez nuevas. Es una primera regulación, no hay experiencias a nivel de estados nacionales, si en el caso de Estados Unidos, Holanda nunca completó la regulación del cannabis, permite la tenencia y la venta pero no la producción, es raro pero es así.

Es importante que los Estados se involucren, la consecuencia grande que puede tener, que está en Colorado y es para debatir, es que pueden encarecer el producto la cantidad de controles y si se encarece el cannabis el del mercado negro va a seguir estando. Si tu objetivo es sacar el mercado negro, es lo que dice Pepe Mujica, contra los bombazos de cien dólares no hay forma de ganar la guerra. Hay que copar el mercado, claro, pero si el Estado se burocratiza demasiado y eleva el precio del cannabis tenés un problema de nuevo.

Son cuestiones complicadas, hay que salir del fracaso de las drogas que ya lo reconoce (el presidente de Colombia, Juan Manuel) Santos, (el de México Enrique) Peña Nieto, hay presidentes que no son los ex sino en ejercicio diciéndolo, y de los países más afectados. Evidentemente la salida no va a ser fácil y va a haber complicaciones. Uruguay tuvo un camino valiente, es importante que el Estado intervenga porque hasta ahora la regulación la tenían los transas, los narcos, la policía.

cannabis-5-¿Qué fue el Proyecto Cocaína de la OMS?

Es una investigación, hecha en Cochabamba, San Pablo, Rio de Janeiro e Ibadán -en Nigeria-, es el estudio más importante que se hizo sobre cocaína y sobre hoja de coca. Incluye pasta base, crack, clorhidrato y formas inyectables también y fue realizado por la OMS pero nunca se pudo publicar porque Estados Unidos presionó con dejar de financiar al organismo de salud si lo hacían. Lo que dice es que el clorhidrato de cocaína no genera una epidemia sanitaria ni nada parecido. Y también que la hoja de coca tiene utilidades médicas. Según el psiquiatra que hizo el estudio, lo que más molestó a los delegados estadounidenses fue el tema de la hoja de coca y no la cocaína, aunque suene increíble.

El estudio es muy interesante, lo pude rescatar, está publicado por Wikileaks y el National Institute y lo que hice es reconstruir cómo se gestó, porque la OMS en un momento tuvo un área que se llamó Abuso de Sustancias que se cerró cuando terminó el Proyecto Cocaína y es una investigación comparativa que hizo un antropólogo barcelonés que ya había trabajado con investigaciones de cocaína pero en Europa, comparando Barcelona, Ámsterdam y Roma. Es un estudio en territorio donde hablan los pastabaseros, la gente que está más en el horno, y también gente que le va bien, de buenos ingresos económicos que toman cocaína los fines de semana, que no tienen un problema de consumo.

También publiqué unas cosas que no existen en un sitio que se llama unmundocondrogas.com, está el proyecto, algunas cosas más y las taquigráficas de Uruguay, algunas cosas sobre Suiza en inglés, siempre pido una mano a ver si me pueden ayudar a producir muchos de los materiales, mi idea no es vender libros sino acercar materiales a las personas que investigan, que hacen política con esto o tienen que ver con la tensión desde el lugar que les toque.

-Venimos de una marcha mundial muy concurrida como la de los últimos años y la posibilidad de avanzar en el cannabis medicinal, ¿que hay en concreto y en el marco del nuevo gobierno en cuanto a la posibilidad de despenalizar en el país?

El martes que viene tenemos una reunión en la comisión de Salud para ver el tema del cannabis medicinal y te diría que el avance va a ser ese por ahora. No hay todavía en el gobierno una postura muy clara sobre este tema, hay un ala más dura -Burzaco, Patricia Bullrich- y por otro lado, gente más liberal como Pinedo. Hay que ver cómo se da ese debate interno.

De todas formas la ministra planteó fijar cantidades mínimas, no es algo que a nosotros desde la Revista THC nos parezca ideal pero ayuda. Por lo que pude hablar con Pinedo hay toda una expectativa de lo que está haciendo Uruguay, yo creo que eso va a influenciar mucho. Uruguay fue pionero en algunas cosas como el divorcio como nosotros fuimos pioneros con matrimonio igualitario, Ley de Identidad de Género, es interesante que ellos tomaron el tema de la despenalización y la regulación al lado del aborto, del matrimonio igualitario, etcétera, dentro de ese paquete de derechos, cosa que acá no se hizo.

Nuevamente la empresa Central Piedra Buena S.A. fue infraccionada por el Comité Técnico Ejecutivo por la emisión de ruidos molestos. Se recibieron 17 denuncias. Así lo informó hoy la Secretaría de Gestión Ambiental. Otras dos sanciones por el mismo motivo se habían registrado la primera semana de abril.

El hecho más reciente se produjo el viernes 3 de junio a las 20:01 “como consecuencia de la salida de servicio de la unidad 29, provocando la apertura de las válvulas de seguridad de la caldera y emitiendo a la atmósfera vapor de agua”.

“La emisión fue registrada por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores. Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario de descanso”, afirmaron desde la oficina ambiental.

El acta de infracción será enviada, junto a un informe de lo sucedido, al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) donde deberían estar en análisis las labradas por Rosana Cappa y Matías Espósito los días 6 y 8 de abril.

Entre las 13:19 y las 13:32 del 8 de abril los ruidos fueron consecuencia de la salida de servicio de la unidad 30: “Se abrieron las válvulas de seguridad de la caldera y se emitió la atmósfera vapor de agua. El ruido fue constatado por los inspectores del CTE superando los límites legales para emisión sonora en horario diurno por lo cual se infraccionó a la empresa. Se recibieron 38 denuncias vecinales y, según informó el municipio, personal del CTE se comunicó con cada unx de lxs vecinxs para comunicarles las actuaciones que se estaban llevando a cabo”.

Según informamos oportunamente, el miércoles 6 de aquel mes, Central Piedra Buena S.A. violó la misma normativa cuando aproximadamente a las 15:09 salió de servicio de la unidad 29 motivando la apertura de las válvulas de seguridad de la caldera y emitiendo a la atmósfera vapor de agua. En dicha ocasión se recibió solo una denuncia.

El OPDS fue duramente cuestionado por el juez correccional José Luis Ares por el “sospechoso”, “sistemático” y “burdo accionar dilatorio” de sus funcionarios en causas de contaminación ambiental. Además dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes del organismo provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.

El intendente Héctor Gay se comprometió a gestionar el traslado de la delegación a dependencias de la Secretaría de Gestión Ambiental aunque, por el momento, fue solo otro anuncio.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud provincial, CICOP, alcanzó un acuerdo “integral” con el gobierno bonaerense tras varias semanas de paros y protestas que incluye la recomposición salarial, mejora en las condiciones laborales y avances en la situación previsional.

El presidente del gremio, Fernando Corsiglia, dijo a FM De la Calle que en cuanto a lo salarial se plantó “un esquema a ocho meses con un 25 por ciento de aumento promedio de bolsillo en agosto. En lo que hace a condiciones de trabajo tiene que ver con compromisos que realizó el Ministerio de Salud en relación a cargos, se compromete a 300 cargos y llevar a adelante el proceso de una alta por cada baja que se produzca. Se comprometió a realizar refacciones en 21 establecimientos por un valor de 450 millones de pesos y un aumento de 120 por ciento al presupuesto para insumos en relación al 2015”.

En el aspecto previsional se dará “continuidad a las jubilaciones que estaban en espera, acordamos que los que tienen 60 años de edad o más y 35 años de servicio o más puedan jubilarse, cosa que hasta ahora estaba detenida, sin pagar ningún cargo adicional. Se jubilarían por el viejo régimen. Tenemos 120 días de plazo para discutir acerca de la implementación del decreto actual en relación al cambio jubilatorio”.

En cuanto a la evaluación del prolongado conflicto con el gobierno, Corsiglia aseguró que lograron “instalar en la agenda mediática la cuestión de la salud pública y al mismo tiempo quedó abierta la discusión para todos los problemas que seguimos teniendo. Desde el punto de vista del gremio fue positivo y para la salud pública es un pasito para intentar mejorar”.

“Soy Mónica Cid, la mamá de Micaela Ortega. A Mica la mataron por su condición de ser mujer. A Mica la mataron porque no se pudo defender. Hoy no es la marcha de Mica, es la marcha de todas. Y vamos a pedir que se haga justicia por todas esas mujeres que son víctimas. Víctimas de la mano de un hombre o de la mano de un ser aberrante. Me conmueve mucho ver a muchos hombres acá porque esta lucha tiene que ser de todos”.

La mujer abrió la histórica jornada del segundo #NiUnaMenos bahiense, parada en una tarima frente a la Municipalidad, con frente alta y puño apretado. Mica sonreía en su remera que anunciaba “otro ángel” en el cielo y el recuerdo eterno. Atrás, acompañaban familiares de Ivonne Gallardo, de Leticia Cayuli, de Kathy.

“Como saben, el caso de Katherine Moscoso todavía sigue impune, hace un año y once días que venimos luchando, mi familia y compañeros de Justicia por Kathy seguimos reclamando justicia y verdad. Seguimos viviendo con asesinos en Monte Hermoso, seguimos con impunidad. Siguen mujeres asesinadas. Las matan por ser mujer. Queremos justicia por Micaela. Por ella. Pero a diferencia de Mica, que sabemos quién es su asesino y tiene que pagar por lo que hizo, por Katherine todavía no. Hay mucha mugre bajo la alfombra de Monte Hermoso”, dijo la prima Wanda Banegas.

wanda monica efemedelacalleCuatro mil. Cinco mil. Siete mil. Diez mil. Más que el año pasado. Menos. Las que sean que entren en más de cuatro cuadras hasta las manos. Así fue el reclamo por “ni una muerta más” y contra la violencia machista en Bahía Blanca con la consigna “El Estado es responsable”.

Daniela Epuñan, leyó un comunicado de las Mujeres Originarias por el Buen Vivir: “Mari mari pu peñi, mari mari pu lamgen. Con la Conquista del Desierto las mujeres originarias pasamos una situación de esclavitud que a lo largo de la historia de este país se fue sosteniendo y perpetuando. Esa conquista significó la esclavitud física, sexual y doméstica de las mujeres. Estas violaciones sistemáticas fueron impulsadas por el sistema colonizador y mantenida por el Estado argentino. En la actualidad los pueblos originarios vivimos un genocidio por omisión ya que se intenta invisibilizar la realidad que vivimos hoy en las ciudades y zonas rurales”.

“Utilizamos el término feminicidio porque entendemos que es una planificación intrínsecamente vinculada con las corporaciones, los asesinatos no han terminado”, dijo. Y habló de sus cuerpos-territorio enfermados y asesinados por las corporaciones el extractivismo. De Diana Itatí Piñeiro, guaraní de 17, en Puerto Esperanza, Misiones. De Juana Gómez, qom de 15, que no volvió de un festival: “Fue abusada sexualmente y brutalmente asesinada, dos días después la encontraron semidesnuda colgada de un árbol. Fueron dos hombres que creyeron como tantos otros que pueden dominar por su género”.

ni una menos efemedelacalle 2Las organizaciones que realizaron la convocatoria local destacaron el aumento de los femicidios desde el primer #NiUnaMenos. “Muchos de ellos continúan impunes, como es el caso del crimen de Katherine Moscoso. Hace pocos días, se cumplió un año de su asesinato y la principal línea de investigación en este caso toca a allegados al ex intendente K de Monte Hermoso, Marcos Fernández. En Pehuén Co, desapareció Andrea Esnaola, quien prácticamente dejó de ser buscada. Luciana Moretti fue descuartizada e incinerada, sin embargo la justicia decidió darle a Cuchán, su femicida, la libertad”.

“Se cumple una semana desde que se encontró el cuerpo de Micaela Ortega. Los gobiernos municipal y provincial fracasaron estrepitosamente en encontrarla y demostraron permanentemente que intervinieron sobre la base de responsabilizar a la propia Mica y su entorno familiar, reproduciendo e instalando prejuicios aberrantes, incluso en declaraciones a través de los medios, lo cual explica las enormes irregularidades de todo el proceso de investigación”, opinaron.

furh aborto efemedelacalleEn el documento consensuado plantearon que “en todos estos hechos, confluyen todo tipo de violencias hacia las mujeres y las niñas: institucional, simbólica, mediática. Las trabas y las desviaciones del foco de atención hacia la culpabilización de las víctimas y su entorno son moneda corriente, y las legitiman los propios funcionarios públicos, los medios de comunicación, y la sociedad en general. Son muestra más que suficiente de este sistema patriarcal que se pone de manifiesto y continúa instalado como reproductor de un régimen social que está putrefacto”.

Explicaron que el Estado es responsable porque “cuando hablamos de femicidios, no se trata de un conflicto privado entre dos personas, ni tampoco de un crimen pasional, está basado en una desigualdad sistemática en la que el Estado tiene responsabilidades, no sólo para penalizar al femicida, sino fundamentalmente para evitar los femicidios”. Y es poco lo que se hace para cambiar esta realidad: por ejemplo, los fondos del Consejo Nacional de las Mujeres, responsable de implementar la ley de protección integral contra la violencia de género, representa “tan sólo el 0,0055 por ciento del total del presupuesto nacional, lo que equivale a 4,50 pesos por mujer para prevenir la violencia machista”. En la ciudad “el presupuesto otorgado a política de género es nulo”.

moretti efemedelacalleEl texto fue firmado por: Suteba, CEHUM, Colectiva Feminista, CTA, Kumelen Newen Mapu, Comunismo Revolucionario PMLM, Acciones Feministas, Socorristas en Red, Desbandadas, ATE, Mujeres Originarias por el Buen Vivir, Plenario de Trabajadoras-PO, Partido Solidario, Cardumen, Puño y Letra UNS, Artistas por la no Violencia, Watu Corriente Comunista, Colectivo Pueblo en Lucha, FM De la Calle, Pan y Rosas- PTS- Tesis XI, Subcomisión de Mujeres del Sindicato Químico y Petroquímico, Asociación Judicial Bonaerense, G83 en solidaridad + igualdad, Biocentro, CEIA avanza.

Las demandas: basta de violencia hacia las mujeres y de vaciamiento de políticas de protección a la mujer; por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito; basta de impunidad, que aparezcan con vida ya Andrea Esnaola, María Cash, Marita Verón y todas las mujeres víctimas de las redes de trata; por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios; por los derechos de las mujeres trabajadoras. Basta de femicidios. “Ni una menos! Ni una muerta más… Nos queremos vivas!”.

El documento completo y galería de imágenes de FM De la Calle AQUÍ.

desbandadas efemedelacalle

Numerosos gremios estatales se manifestarán este jueves en La Plata, frente a la legislatura provincial y la gobernación, para frenar la aprobación de leyes de ajuste estructural y en defensa del salario y el empleo.

Participarán trabajadoras y trabajadores organizados en ATE, SOEME y AEMOPBA, docentes afiliados a SUTEBA, FEB, AMEB, AMET, SADOP, UDOCBA y la FND, profesionales de la Salud enrolados en CICOP y AMRA, judiciales de la AJB, legislativos de APL, policías de SIPOBA, la comisión interna del Banco Provincia, estudiantes de la FULP y cooperativistas de la CCC, entre otros.

Mañana la Cámara de Diputados bonaerense podría convertir en ley el proyecto de emergencia administrativa y tecnológica. La iniciativa pretende declarar el estado de excepción por un año para “agilizar” los procesos de licitación y compra a través de una flexibilización en los mecanismos de control y del establecimiento de plazos más cortos para que los organismos del Estado se expidan sobre este tipo de trámites.

Además, en los artículos 25 y 26, plantea una mayor laxitud en los contratos laborales planteando, por ejemplo, que “la celebración del contrato no generará una expectativa o derecho a prorroga, ni creará una relación de dependencia” con el Estado provincial.

Para el secretario general de ATE y la CTA Autónoma bonaerenses, Oscar de Isasi, este último punto “significa lisa y llanamente pasar a la semi esclavitud porque se niega los derechos que la OIT, las leyes laborales y demás que se dan aún en los contratos más elementales, y por otra parte te dice que ni pienses pasar a planta permanente alguna vez, expresamente lo dice la ley”.

Por otra parte, De Isasi explicó a FM De la Calle que la ley de emergencia administrativa “es una herramienta para diluir, para minimizar los organismos de control ante las contrataciones del sector privado, esto es para limitar a la Asesoría General de Gobierno, a la Contaduría General de la provincia y a la misma Fiscalía de Estado porque para evaluar si una contratación está bien hecha, si no hay estafa, dolo o esas cuestiones, se le da diez días corridos a los organismos para que puedan expedirse”.

“No está mal si se les dan las herramientas para que lo haga. Lo que sí está mal es que si no se expiden se da como positiva y válida la contratación”, se quejó. El dirigente también criticó que el proyecto pretenda habilitar la contratación de proveedores que no estén inscriptos en el listado oficial que garantiza sus antecedentes para participar en licitaciones públicas.

En Bahía Blanca el acto central de la jornada de protesta será a las diez frente al Hospital Interzonal José Penna. Allí confluirán la Asociación de Profesionales del Hospital, ATE y docentes de SUTEBA que se concentrarán 9:30 en la Escuela 60 de Humboldt y Fournier.

Juli tiene 26 años y hace 23 padece epilepsia refractaria, secuela de la meningoencefalitis herpética que sufrió en su niñez. Recibió diversos tratamientos, combinaciones de antiepilépticos, hizo dieta cetogénica. A veces mejoraba pero “las caídas no se resolvieron”. Su familia descartó la alternativa terapéutica quirúrgica que podrían hacerle en Estados Unidos por las pocas chances de que resulte positiva. “Si podemos mejorarle en un porcentaje importante su epilepsia, la calidad de vida va a ser otra para ella y para el resto de la familia”, pensó su mamá Ana María.

A la mujer le llamó la atención el caso de Charlotte Figi que mostraba el documental en CNN. El Síndrome de Dravet le provocaba 300 ataques epilépticos por la semana. La nena consumió marihuana alta en cannabidiol y disminuyeron en un 99%. La cepa no psicoactiva de Colorado hoy lleva su nombre y es solicitada por familias de todo el mundo.

“Hace alrededor de veinte años el doctor Rafael Mechoulam descubrió que tenemos un sistema endocannabinoide con un sistema de cerradura llave, de receptores, y de una marihuana endógena que nosotros fabricamos. A partir de ahí comencé a andar un camino de búsqueda, no teníamos ya nada más para ofrecerle a Juli y esta era una posibilidad”, contó Ana María Nicora a FM De la Calle.

El primer impacto fue contra el desconocimiento académico, científico, jurídico y social en el país. “Cuando como mamá y como médica vi que el desconocimiento es total y los pacientes están solos, decidimos construir un canal de información que en su momento fue CAMEDA, pero vimos que no alcanzaba para encontrarnos con el paciente sino que tenía que ser para todos”.

Cannabis Medicinal Argentina es un grupo de pacientes, cannabicultores, madres, padres, profesionales de la salud, la biología y la química, quienes se unieron para conseguir la regulación del uso del cannabis para fines medicinales, terapéuticos y científicos. El 7 de mayo, junto a sus hijas e hijos, encabezaron la Marcha Mundial de la Marihuana en Buenos Aires. La Revista THC informó que este año fueron 170 mil personas en 19 ciudades las que salieron a gritar “¡No más presos por cultivar! – Regulación del cannabis ya”. Exigieron el cese urgente de la criminalización de quienes usan y cultivan cannabis y la urgente regulación del cannabis medicinal y el inicio de investigaciones para desarrollar su potencial terapéutico e industrial.

Las pibas y los pibes que marcharon tienen, como Juli, epilepsia refractaria. No responden a la medicación, tiene convulsiones diarias y diversas crisis que cortan su autonomía, se caen, se lastiman, se fracturan, se queman al intentar tomar mate. “La atención es de 24 horas”, dijo Ana María.

Recordó que “en 23 años hemos hecho de todo pero lo que uno sí termina dándose cuenta es que mientras siga desconectada todo el tiempo es como un prende y apaga, la epilepsia es muy difícil. Aparte porque con tanta medicación los chicos están muy abúlicos, sin ganas de nada, están tirados todo el tiempo y un poquito eso es lo que yo veía en mi hija, que era la nada ¿no?”.

El tratamiento con aceite de cannabis redujo a la mitad los anticonvulsivantes y las crisis bajaron. “Si bien tiene por ahí algunas mioclonías, algunas sacudidas en el día, la verdad que las recaídas se reducen notablemente, a veces una o dos por semana, venimos caminando en un ensayo desde hace más o menos un año y medio porque recién ahora los neurólogos empiezan a acompañar. Lo más llamativo es la conexión que ella ha tenido con los objetos, con el otro, está despierta todo el día, está inquieta, la verdad es que a veces parece que durante 23 años hemos sido en esta casa el espejo de ella y ahora ella nos está imitando en cómo se maneja y la autonomía que tiene, el orden, absolutamente todo, se despertó a la vida. Nada más ni nada menos que eso”.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados analiza varios proyectos. El bloque del FIT convocó a una audiencia pública este lunes. Participaron Nilda Garré el FPV y legisladores del Frente Renovador de La Plata. La diputada Soledad Sosa presentó un proyecto de ley que, entre otras cosas, propone que “el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación de semillas, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, distribución, uso y consumo de cannabis para fines medicinales y/o de investigación científica”.

“El dolor no puede esperar, CAMEDA somos todos los argentinos porque se conecta gente de toda la Argentina y estamos trabajando para todos. Esperamos construirlo rápido porque los chicos se mueren y los pacientes, más allá que no sea epilepsia, sufren dolor. Pacientes con cáncer, dolor neuropático, oncológico, no oncológico, Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, hay múltiples patologías con las cuales está la posibilidad de tratamiento”, comentó Ana María Nicora a FM De la Calle.

El jueves comenzará un nuevo ciclo de charlas en el marco de la Cátedra Abierta de Violencia de Género que organiza la Universidad Nacional del Sur con entrada libre y gratuita. En esta ocasión, se tratarán temas tales como las acciones en la promoción de la equidad de género en los medios audiovisuales, los delitos sexuales en las redes sociales y los derechos de las mujeres migrantes, entre otros.

Las charlas serán los días 12, 19 y 26 de mayo; 2 de junio, 9, 16 y 23 de junio, a las 19.30. La mayor parte serán en el Aula Magna de Colón 80 y contará con la presencia de disertantes de Capital Federal, La Pampa y Bahía Blanca. Las inscripciones se reciben a través del formulario http://goo.gl/forms/FLd6xaqnej. Para consultas, al mail [email protected] o al 4595036.

Esta es la cuarta edición de la Cátedra, que se replicó además en Punta Alta. Se trata de una de las actividades de Extensión con mayor convocatoria que realiza anualmente la UNS.

Programa:

12 de mayo: “Deconstruir para construir desde un enfoque de Derechos; la promoción de la equidad de géneros en los medios audiovisuales”, a cargo de la Dirección de Capacitación y promoción de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

19 de mayo: “Diagnóstico de la Violencia de Género en la provincia de La Pama, a cargo de funcionarios del área de Familia de la citada provincia.

26 de mayo: “La defensa de los Derechos Humanos con perspectiva de género”, a cargo de los abogados Viviana Lozano, Leandro Aparicio y Fernanda Petersen.

2 de junio: “Los derechos de las mujeres migrantes y refugiadas”, a cargo de especialistas de la Asociación AMUNRA.

9 de junio: “Masculinidades plurales desde la perspectiva de Género”, conferencia de integrantes del Consejo Nacional de las Mujeres.

16 de junio: “Delitos sexuales y redes sociales”, exposición del fiscal Mauricio Del Cero.

23 de junio: La violencia de género en todas sus dimensiones”, por la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Fabiana Túñez.

La Corte Suprema resolvió que la justicia de San Juan es competente para investigar el derrame de cianuro en el río Potrerillos que se produjo desde la mina Veladero, operada por la empresa Barrick Gold en el Departamento de Iglesia. A raíz de este episodio, se originaron dos procesos penales, uno en la justicia provincial y otro en  la federal de la ciudad de Buenos Aires.

“Hace mucho tiempo que tanto los directivos de Barrick como las autoridades de San Juan estaban tratando de quitarle la causa al juez federal Casanello porque venía a investigarlos de manera impecable, avanzando sobre la verdad de las cosas, con medidas judiciales muy importantes”, dijo a FM De la Calle el abogado ambientalista Enrique Viale.

En San Juan se investiga a los directivos de la empresa y a funcionarios provinciales del Ministerio de Minería y del Ministerio de Salud y Ambiente, mientras que en la justicia federal de la Capital Federal se investiga el comportamiento de Sergio Lorusso y Jorge Mayoral ex secretarios de Ambiente y Minería de la Nación, así como el de funcionarios provinciales y directivos de la empresa.

El abogado explicó que las responsabilidades provinciales alcanzan al ex gobernador y flamante presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja: “No es casual que todo ocurra en las misma semana, son poderes muy grandes, me resulta extraño que los análisis políticos sobre la nueva conducción del PJ no pongan el acento y la lupa sobre esta relación que tiene el ex gobernador Gioja con la Barrick, una relación espuria de muchos años”.

La Corte Suprema decidió que la justicia provincial debe determinar la responsabilidad de los directivos de la empresa  Barrick Gold y de los funcionarios del gobierno provincial por la posible violación a la Ley de Residuos Peligrosos, y que el juez federal debe investigar la conducta de los ex secretarios de Minería y de Ambiente nacionales. Además, enfatizó la importancia de resguardar la jurisdicción de los jueces provinciales dado que la Constitución Nacional garantiza como principio fundacional del federalismo el reconocimiento de su autonomía.

En el marco de la causa que investiga el derrame, la Asociación de Abogados Ambientalista impulsa una medida cautelar para cerrar la mina mientras continúa el trámite judicial y por existir riesgo de nuevos derrames y de violación de la Ley de Glaciares. “Justamente quedaban pocos días para que el juez Casanello resuelva ese pedido” en base a un informe de un comité de expertos. “Fue muy oportuna para los intereses de Barrick la decisión de quitarle la causa a Casanello y ahora va a un juez más complaciente, un juez de San Juan y quedará en la impunidad una vez más un caso como este”.

“La Corte lamentablemente en los últimos fallos en materia socioambiental ha jugado de esta manera, una vez más jugando a favor de los poderosos. Vamos a seguir con mucha fuerza y también el pueblo de Jáchal, impulsando la causa ante el juez Casanello porque creemos que a pesar de haberle recortado la competencia hay muchas cosas por hacer”, afirmó Viale y mencionó entre ellas, insistir en el cumplimiento de la Ley de Glaciares “que prohíbe expresamente la actividad minera en el ambiente glaciar y periglaciar y Veladero está ahí”.

La Sala III de la Cámara Penal de Tucumán dio a conocer esta semana los argumentos de la condena a ocho años de prisión por un supuesto aborto transformado en “homicidio agravado por el vínculo y alevosía” sufrido por “Belén”, joven de 27 años detenida desde marzo de 2014.

Su nueva abogada, Soledad Deza, pidió el “inmediato cese de prisión” hasta que el fallo quede firme. A contramano de la defensa, el tribunal aseguró que “hay tantas pruebas que no hace falta ADN” para relacionar el feto con la mujer y que su anterior representante legal nunca planteó su inocencia sino su inimputabilidad. La lectura de los fundamentos fue acompañada por protestas del movimiento de mujeres en Tucumán y Buenos Aires que se sumaron al pedido de libertad.

Horas antes, Elsa Schvartzman, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito dijo a FM De la Calle que “lo que está en juego es la posibilidad de autonomía de los derechos de las mujeres como ciudadanas” y que “en este caso no hubo una condena legal sino una condena moral, hay un prejuzgamiento, una discriminación, Belén es una mujer pobre con poco acceso a los derechos porque no hay políticas de Estado que garanticen su difusión (…) el acceso a la justicia es tan restringido como el derecho a la salud en determinados lugares, aunque haya ya una inequidad de base”.

Belén es el nombre ficticio que protege la identidad de la mujer que a los 25 años concurrió al Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán con dolores abdominales. Allí fue revisada y el médico de guardia le diagnosticó un embarazo de veinte semanas con aborto en curso. “Se siente mal, pide ir al baño, vuelve, dice que parece ser que expulsó algo, no sabe exactamente qué pasó. Ante la hemorragia deciden hacerle un legrado, la internan en la sala de operaciones y cuando se despierta está rodeada de gendarmes, de policías, que entre otras cosas la revisan, la someten a malos tratos, a torturas”.

“Esta joven no había sido informada de nada de lo que estaba pasando, se acerca una enfermera con una caja que transportaba un feto -que después diagnostican de 36 semanas- y dicen que es hijo de ella, que fue lo que expulsó en el baño y acá es donde empezamos a marcar la vulneración de derechos y lo irregular de toda esta situación. Primero es la diferencia entre las semanas diagnosticadas en primer momento y el feto que traen, al que no se le hace ADN, por lo tanto no está probado que sea expulsado por Belén, también hay una violación de secreto profesional, del derecho a la intimidad, porque los médicos que la atienden ya internada hacen la denuncia policial y la obligan a declarar contra sí misma”, comentó Schvartzman.

Desde entonces Belén está presa. El 8 de abril fue condenada a ocho años, “una caratula que cambia de aborto a homicidio agravado por vínculo y alevosía, figuras que no se entiende la contradicción y la condena porque por esa carátula sería reclusión perpetua y por aborto son cuatro años, entonces estos ocho años tampoco se entiende en base a qué están dados”.

Las organizaciones que acompañan a Belén reclaman además de su libertad que la Corte Suprema de Tucumán revise la condena y deje sin efecto la sentencia por estar basada en la violación del secreto médico, que la ministra de Salud tucumana ordene un sumario administrativo para determinar la responsabilidad de los efectores de salud y la capacitación de derechos humanos en los hospitales y en el Poder Judicial.

Según publicó Notas.org tras la lectura de los fundamentos del fallo, la abogada Soledad Deza afirmó en el pedido de libertad, que la prisión preventiva “no ha residido en el fundamento de peligro de fuga o de que se obstaculice la averiguación de la verdad”, el único válido para una coerción. “La investigación contiene graves y serias irregularidades”, explicó Deza, “que además de violar el debido proceso, han consolidado un proceso sin garantías y han favorecido una condena sin pruebas”.

En la presentación judicial, Deza se explaya: “Se intima primero, se imputa después y luego se enjuicia a mi defendida por un hecho sobre el cual no hay pruebas”. “De hecho”, continúa, “no solo no hay constancia de que el hecho sea imputable a mi defendida, sino que no hay constancias fehacientes ni siquiera de que el hecho ocurrió”.

La abogada, en el material presentado en el juzgado, se pregunta también: “¿Qué mala praxis estarán tratando de cubrir usando el cuadro clínico de una paciente que aborta? ¿Qué otros abusos de poder ejercerán sobre sus pacientes solamente porque tienen el poder de hacerlo? ¿Por qué el Poder Judicial los deja hacer?”

En paralelo, Deza reflexiona y cuestiona: “Lamentablemente la etiqueta de ‘asesina’ estaba moralmente puesta en la paciente por el equipo de salud y la Policía al inicio de la atención sanitaria, pero –agrega- mucho más lamentable es que el Poder Judicial consolide esta tríada criminalizadora sin ni si quiera interiorizarse acerca del contexto, el espacio y las probabilidades de certeza de las acusaciones, sobre todo en vista a las pobrísimas pruebas recolectadas”.

Además de la nulidad que genera en toda la causa la violación del secreto profesional (art. 156 Código Penal), lo cual será motivo del Recurso de Casación, según informó la abogada, hay muchos elementos en el proceso que evidencian “una maquinaria simbólica al servicio de criminalizar a quien arriba a un hospital con un aborto”.

¿Por qué es un caso de violencia institucional?

Desde la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW), de carácter constitucional, hasta las 100 Reglas de Brasilia, elaboradas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, la argumentación de Deza explica con precisión los motivos por los que la condena y encarcelación preventiva de “Belén” son tanto un ataque a los derechos de las mujeres como un caso de violencia institucional.

En ese sentido, propone: “Un poder Judicial con Jueces/zas y Fiscales/as especializados/as en la materia y avocados/as a la materia, es lo que permitirá incorporar la perspectiva de género en la resolución de conflictos e impartir justicia a la vida de las víctimas que denuncian”.

La abogada sintetiza:

– “Belén” está presa por ser mujer.

– Nunca contó con el principio de inocencia de su lado, por el contrario, fue culpable desde que abortó. Primero de abortar y luego presuntamente matar. Y luego finalmente de matar a su hijo, aún sin pruebas de que lo fuera. Su condena fue antes moral, luego sanitaria, luego policial y finalmente judicial.

– Fue identificada como “homicida” a los pocos minutos de que su médico ginecólogo constate el “aborto espontáneo incompleto sin complicaciones”.

– “Belén” con etiqueta de “asesina” tuvo custodia policial desde que despertó de su legrado.

– Fue imputada de matar a su hijo por la Fiscalía, incluso antes de que estuviera la autopsia confeccionada. Incluso llegó a ser requerida para declarar como imputada, estando internada convaleciente en el Hospital donde yacía con custodia policial en una Sala Comunitaria.

– Hasta la defensora oficial halló culpable a Belén, y jamás se atrevió a afirmar que no la imputada no había cometido ningún delito.

– Siempre vincularon moralmente a la joven a un “feto encontrado”, sin importar que hubiera sido encontrado antes de que ella ingrese al Hospital (3 am) y pese a que hay confusión en el expediente acerca de si ese famoso “feto encontrado” fue uno solo o más, si era femenino o masculino, si era de una mujer de 35 años o si es de alguien más. Esa vinculación moral se convirtió en sospecha médica primero, acusación policial después, vinculación forense a posteriori, luego registral y finalmente jurídica, todo sin ninguna prueba.

– “Belén” nunca contó con el principio “in dubio pro reo” de su lado. El Presidente del Tribunal al momento de decidir su condena dijo “que este había sido el caso más complejo que le tocó resolver al Tribunal, pero que valoraron la vida del NN hijo de la imputada” (sic del 19/04/2014).

– No tuvo un Poder Judicial que incorpore una perspectiva de género en la investigación de su causa, por ello, está privada de la libertad desde hace 25 meses. Está presa por abortar y por ser mujer.

Fue el título con el que FM De la Calle convocó a distintas referentes a debatir y compartir posiciones sobre la práctica del aborto. La iniciativa se da en el marco de construcción de una campaña sonora por la despenalización y legalización del aborto en nuestro país.

El sábado mujeres de los campos de la educación, de la salud, de los medios de comunicación, de organizaciones populares, políticas, feministas y sindicales participaron de un encuentro para conocer qué discursos nos rodean sobre el aborto, entendiendo a los discursos como constructores de prácticas sociales.

Conversar en esta ciudad muchas veces tildada de conservadora resulta  una herramienta necesaria para quitar el prejuicio a determinados temas; el aborto es uno de ellos. Entonces nos preguntamos ¿porqué no conversar sobre ello? Hacer de la voz un hecho político para construir nuevos sentidos.

radioTodas las invitadas hicieron hincapié en la necesidad de continuar dando el debate sobre un tema que debería ser de discusión no sólo entre quienes trabajan para ampliar los derechos de las mujeres, sino también para quienes tienen la responsabilidad de garantizar estos derechos, generando políticas sociales que hagan de la cuestión del aborto un tema de discusión de Estado.

Las invitadas fueron Selva Lamtzev, Valentina Riganti, Luciana Foulkes, Virginia Calzada Frache, Lucía Alende, Irene Abreu, Emilia Alende, Alejandro Arrarás y Viviana Schmitd.

Las conversaciones fueron incentivadas con fragmentos de opiniones que nos encontramos en la calle, en las escuelas, en el trabajo, en la justicia. Compartimos algunos disparadores con parte de las intervenciones que se dieron lugar.

 “Si abriste las patas, bancátela”

“De eso no se habla, prefiero callar”

“Digamos las cosas como son, las mujeres abortamos”

El resto del material recopilado será utilizado para iniciar una campaña por la legalización y despenalización del aborto de carácter nacional en conjunto con otras radios comunitarias nucleadas en AMARC (Asociación de Radios Comunitarias Argentinas).

texto aborto

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) informó que su presidente, Sergio Cassinotti, presentó en la UFI 8 de delitos complejos de La Plata, a cargo del fiscal Dr. Jorge Paolini, siete denuncias por irregularidades detectadas durante la anterior gestión que podrían alcanzar un perjuicio para el estado provincial de aproximadamente 380 millones de pesos anuales.

Una auditoría interna encarada por las nuevas autoridades encontró “ilícitos en el pago de sobreprecios por medicamentos, prótesis y ortesis, facturación por internación domiciliaria a pacientes fallecidos, compra de equipamiento electrónico nunca entregado y un manejo oportunista en el negocio de los Recursos de Amparos”.

El presidente de IOMA afirmó que se trata de “una mezcla de desidia y corrupción instalada, falta de gestión y ausencia de controles cruzados que sólo pudo ser posible con el paraguas de quienes gestionaban anteriormente el Estado provincial”.

IOMA es la obra social del personal del Estado provincial -maestrxs, policías, empleadxs estatales, etc.- y a través de convenios de afiliación también brinda salud a lxs trabajadorxs municipales, asociaciones y federaciones, entre otros organismos. Concentra actualmente a más de dos millones de afiliadxs, siendo la segunda en magnitud del país después de PAMI.

Las siete denuncias presentas son las siguientes:

1- Sobreprecios en medicamentos. Se pagaron más de 36 millones de pesos anuales por medicamentos comprados a través de amparos o por urgencia, en cuyos casos se abonó entre el 25% y el 30% más de su valor.

2- Internación Domiciliaria. Se detectaron casos de facturación por esta prestación a pacientes fallecidos. También a afiliados por los cuales se le facturaba al IOMA prestaciones que no eran brindadas. Un 20% de estos beneficiarios no recibían algunos de los servicios autorizados o bien su totalidad. Se identificaron casos de familiares de adherentes a los cuales ciertas empresas de internación domiciliaria les pagaban un monto determinado, pero sin darle prestación alguna, para luego facturarle a la obra social el monto total.

3- Prótesis. Se rescindió el convenio de prótesis y se retomó la compra directa, lo que representa un recupero para el Estado de 200 millones de pesos anuales. Antes el mencionado convenio estaba tercerizado en las Asociaciones Intermedias con manejos poco claros.

4- Ortopedia. Se encontraron casos de solicitud de compras fraguadas. También se hallaron ítems con sobreprecios -entre 2 y 3 veces más caros- en el listado de elementos ortopédicos aprobados. De esta manera, se recuperan alrededor de 37 millones de pesos anuales.

5- Se construyeron consensos para eliminar gastos administrativos correspondientes al segundo y tercer nivel de atención (clínicas y sanatorios) por 84 millones de pesos anuales que han sido recuperados para el Estado.

6- Se detectó que un stock de 103 computadoras figuraba como recibido en el mes de noviembre de 2015, ingresado a patrimonio y enviado al pago sin haber ingresado a la obra social.

7- Se denunció el negocio de los Recursos de Amparos. Esta modalidad se estableció como un mecanismo generalizado para brindar prestaciones que en la gran mayoría de los casos correspondía otorgar al afiliado con cobertura del 100%. Generando importantes demoras en el circuito de cobertura en detrimento del beneficiario, con el objetivo de forzar la realización de las compras por circuitos fuera de la operatoria normal, a precios no convenidos y además abonando honorarios a los abogados. Esto era el “negocio” de unos pocos, en perjuicio de los beneficiarios a los que en vez de darles lo que corresponde por derecho se los sometía a burocráticos sistemas administrativos.

La Central Termoeléctrica Piedra Buena fue infraccionada por segunda vez en la semana por superar el nivel de ruidos permitidos para el horario diurno. El Comité Técnico Ejecutivo (CTE) constató la situación y elevó actas e informes al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible.

Entre las 13:19 y las 13:32 como consecuencia de la salida de servicio de la unidad 30 se abrieron las válvulas de seguridad de la caldera y se emitió la atmósfera vapor de agua. El ruido fue constatado por los inspectores del CTE superando los límites legales para emisión sonora en horario diurno por lo cual se infraccionó a la empresa. Se recibieron 38 denuncias vecinales y, según informó el municipio, personal del CTE se comunicó con cada unx de lxs vecinxs para comunicarles las actuaciones que se estaban llevando a cabo.

El miércoles pasado Central Piedra Buena S.A. violó la misma normativa cuando aproximadamente a las 15:09 salió de servicio de la unidad 29 motivando la apertura de las válvulas de seguridad de la caldera y emitiendo a la atmósfera vapor de agua. En dicha ocasión se recibió solo una denuncia.

Ambas actas de infracción fueron enviadas junto a los informes sobre lo sucedido al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), autoridad que tiene, en exclusividad, la facultad de resolver las sanciones correspondientes.

Un mes atrás, el OPDS fue duramente cuestinado por el juez correccional José Luis Ares por el “sospechoso”, “sistemático” y “burdo accionar dilatorio” de sus funcionarios en causas de contaminación ambiental. Además dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes del organismo provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.

Ayer, durante la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Héctor Gay aseguró: “Avanzamos en la gestión, diría que ya definimos en las últimas horas, para que la delegación local de la OPDS se traslade a dependencias de la Secretaría de Gestión Ambiental del municipio. No nos parece lógico que funcione dentro de la Unión Industrial, más allá de la buena relación que mantenemos con esa entidad”.

Las conducciones local y provincial del Suteba exigieron la renuncia de la vicepresidenta del Consejo Escolar, Adriana Perdriel, por los dichos discriminatorios y “lombrosianos” que esgrimió durante las últimas sesiones del cuerpo respecto a que hay niñxs que “la delincuencia la llevan en la sangre” o “que el que tiene hambre tiene que comer o tomar lo que hay”.

En el ámbito local, la Comisión Ejecutiva del Suteba Bahía Blanca reclamó “la inmediata renuncia al cargo para el que fue electa” la funcionaria dado que “es inaceptable que alguien que ocupe un cargo por el cual debe ocuparse de la educación pública crea que hay niños que ‘la delincuencia la llevan en la sangre’ o ‘que el que tiene hambre tiene que comer o tomar lo que hay’ y ‘si la leche no es de calidad tienen que tomarla igual’. Consideramos que el desprecio hacia quienes padecen situaciones de pobreza y marginación como producto de la injusticia estructural es incompatible con el desempeño en un cargo de consejera escolar”.

Las maestras y los maestros bahienses exigieron también que el intendente Héctor Gay y el bloque de concejalxs de Cambiemos “den respuesta en este sentido, ya que se trata de una representante del mismo partido”.

En tanto, la conducción provincial del gremio emitió un comunicado solicitando el “inicio de auditoría en Bahía Blanca para verificar las irregularidades mencionadas” y se sumó al pedido de renuncia de Perdriel “por incumplimiento de sus responsabilidades”.

“Desde nuestra organización históricamente demandamos el cumplimiento del derecho social a la educación y nuestras luchas fueron motorizadas por este reclamo. Compartir esta concepción implica el cumplimiento del Estado como garante del mismo desde las políticas públicas y su financiamiento. En todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, cada Consejo Escolar tiene esta responsabilidad principal e indelegable, siendo electos por el voto directo del pueblo a tal fin”, afirmaron.

Agregaron que “también están quienes entienden que un derecho debe convertirse en una dádiva, lo que es política socioeducativa en asistencialismo para los más vulnerados transformado en políticas de sometimiento y disciplinamiento social al aparato estatal y político”.

“Estas cuestiones se desprenden de los dichos de Adriana Perdriel, vicepresidente del Consejo Escolar de Bahía Blanca, que avala la corruptela de empresa privadas prestadoras del estado en los comedores escolares y justifica su propia inoperancia como supervisora del funcionamiento del SAE, además de considerar que nuestros alumnos no son sujetos de derecho, sino clientela que debe conformarse con lo que le dan, incluso alimentos vencidos. ¿Cómo puede ser que un funcionario que debe representar al Estado en su territorio tenga concepciones lombrosianas del Siglo XIX y concepciones discriminatorias respecto de aquellos a los que debe representar?”, finalizaron.

Más información:

Mala leche: “El que tiene hambre de verdad come cualquier cosa”

Mala leche: ahora “el que tiene hambre toma cualquiera”

La frase corresponde a la vicepresidenta del Consejo Escolar, Adriana Perdriel (PRO), y fue registrada en el acta de la sesión del miércoles a pedido del consejero Raúl López, en el marco de un debate sobre la calidad de la leche que el municipio entrega a las escuelas.

“Los chicos no la quieren tomar, tiene gusto feo, gusto raro, la han disfrazado con otras cuestiones como chocolate o mate cocido y sigue pasando lo mismo y ante eso nos llega una muestra de cada una de las marcas que está repartiendo la municipalidad (NdR: Quelech y Lechelista) y ayer en la sesión preparamos un vaso de leche para que cada uno determinara si era cierto o no lo que estaban denunciando. No lo puedo decir en mi caso particular porque hace años que no tomo leche, pero algunos consejeros que la probaron dijeron claramente que tenía un gusto distinto”, dijo López a FM De la Calle.

El maestro pidió “que le den a los chicos la misma leche que le darían a sus propios hijos, si son chicos que van a un comedor o tienen que tomar la leche en el establecimiento no tiene porqué ser de menor calidad que la de cualquier otro chico”.

Desde el Consejo se denunció semanas atrás el recorte de cupos por decisión unilateral del gobierno provincial aunque la situación fue negada por autoridades de Políticas Sociales. “Si nos dicen que no hay tal recorte y no hay ajuste y a su vez se proponen para hacer un refuerzo con leche y alimentos no perecederos es como que una cosa contradice la otra”, destacó López.

Respecto a los dichos de la vicepresidenta Perdriel, opinó que fue “una frase lamentable que marca un poquito el perfil ideológico de quien la dice, te podrás imaginar que eso causó un revuelo bastante importante dentro de la sesión, para que no quede como un dicho o un dime y direte dejé establecido que quería que quedara en actas textual lo que había dicho la consejera”.

“El hambre es un crimen”

leeche atePor su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado criticó “las prioridades de los funcionarios” que en el marco del conflicto gremial destinan “plata para contratar empresas privadas cercanas al gobierno, pero no para invertir en mejorar las condiciones de trabajos y tareas del auxiliar de limpieza en las escuelas. Salarios de hambre para los trabajadores provinciales, no quieren dar un aumento real y reducen la partida para los comedores escolares”.

Mencionaron que en el Jardín N°953 y en “muchas instituciones” que reciben la partida municipal de “Lechelista” dieron cuenta de su “aspecto intomable” y que “a los cinco minutos de hervirla se forma un engrudo de grasitud”.

“La desnutrición infantil y la mala alimentación sigue afectando a un gran porcentaje de nuestra infancia, por lo tanto el gobierno provincial, nacional y municipal no deben dejar de implementar políticas públicas para desterrar este flagelo”, advirtieron.

Uno en mil quinientos

lechelistaEl secretario de Políticas Sociales Fabio Pierdominici y su subsecretario Ignacio Caspe aseguraron que la comuna recibió sólo un reclamo sobre la calidad de la leche entregada a establecimientos escolares. “La realidad es que entregamos 1500 paquetes de leche a diferentes instituciones, no sólo educativas, y no tuvimos ningún otro reclamo formal. El único fue del jardín nº 953 de Ingeniero White”, explico Caspe.

El funcionario exclamó que “las condiciones de la leche que entregamos están aprobadas. La compra fue hecha por licitación, no es una leche exclusiva, ni fue una compra hecha para abaratar costos”, y continuó: “la leche se encuentra en las góndolas de los supermercados, la firma tiene más de 10 años de presencia en el país. Los valores nutricionales son los óptimos y no está vencida”.

Pierdominici, resaltó que “asumimos el compromiso de abastecer a los colegios mientras dure la coyuntura y la diferencia de cupos. Además, ya iniciamos un nuevo proceso de compra, de llamado a licitación, por un monto que pueda cubrir durante los próximos períodos la cantidad de establecimientos a los que les brindamos asistencia”.

El libro “Colisiones viales en Bahía Blanca: descripción y análisis del impacto urbanístico, sanitario y económico 2012 – 2014” realizado por el Grupo Interdisciplinario para el Estudio de la Colisión Vial (GIECOV) fue presentado por autoridades municipales y de la Universidad del Sur.

El informe compila los resultados de la investigación realizada en el campo de la accidentología vial en la ciudad, sintetizando los temas abordados y esquematizando la situación del tránsito desde una perspectiva de las colisiones.

El decano de Medicina de la UNS, Pedro Silberman, expresó que “es una gran satisfacción haber concluido este trabajo, creemos que es un instrumento importante para el análisis y desarrollo de políticas públicas y también para el rol de la universidad y la investigación como soporte y herramienta”.

El texto cuenta con informes semestrales, análisis geográficos y urbanísticos, estudios económicos, datos asociados al concepto del Error Humano (EH), hipótesis y tendencias sobre la base de indicadores específicos. Además, ofrece información y datos relevantes, tales como el total de las colisiones viales según día y franja horaria, la cantidad de vehículos intervinientes, y las intersecciones con mayor número de colisiones, entre otros:

*Total de colisiones viales
Durante el período enero-diciembre, se produjeron 3.302 colisiones viales para el año 2012, 3.643 para el año 2013, y 2.938 para el año 2014. Es decir, en 2013 hubo un incremento del 10,30% respecto del año 2012, mientras que en el año 2014 se observó una disminución del 11% con respecto al 2012 y de un 19,35% con respecto al 2013.

*Cantidad de vehículos intervinientes
El análisis de participación de los distintos vehículos en las colisiones viales mostró que los automóviles y las motocicletas son los modos de transporte con mayor aportación a los accidentes. No se observaron diferencias interanuales considerables.

*Colisiones viales según día de la semana
El análisis de las colisiones viales según día de la semana mostró en los años 2012 y 2013 un crecimiento entre los días lunes y viernes, observándose un máximo para este último. En el 2014 se registra un crecimiento de martes a sábado, siendo el sábado el día con mayor número de colisiones.

*Colisiones viales según franja horaria
En todos los años se observó una distribución trimodal. El primer pico del día, entre las 7 y 9 de la mañana. El segundo pico al mediodía y el último entre las 18 y 20 horas. En el horario comprendido entre la 1 y las 5 de la madrugada se registró el menor número de colisiones viales. A partir de las 5 de la mañana el número comienza a ascender.

*Intersecciones con mayor número de colisiones del año 2014
Av. Alem y Cuyo: 12
Av. Alem y Córdoba: 11
Chiclana y Donado/Belgrano: 10
Av. Colón y Brown/Vieytes: 10
Cuyo y Zelarrayán: 9
12 de Octubre y Córdoba: 8
17 de Mayo y Sixto Laspiur: 8
17 de Mayo y Vieytes: 8
Almafuerte y Juan Molina: 8
Cnel. Charlone y Líbano: 8

Cristina Espina, titular de la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal, se refirió en FM De la Calle al paro de 48 horas que culmina este miércoles. “Si no somos convocados seguiremos en lucha, solo atenderemos las emergencias locales y de la zona como hacemos siempre. (…) Lo lamentable es que además de convocarnos tarde, no tuvimos ninguna oferta. Los agentes de la salud no estamos tenidos en cuenta, ni recomposición salarial obtuvimos”, afirmó.

Espina sostuvo que “queremos un 40% de aumento retroactivo a enero, que esté reajustado a la canasta familiar o a lo sumo que tengamos paritarias abiertas”. Además aclaró que “es difícil conseguir gente para guardias, estamos un 25% menos de sueldo con respecto al hospital municipal”.

Respecto a las condiciones laborales sostuvo que “pedimos mayor recurso humano y por supuesto que se haga frente a los problemas edilicios, por suerte no tenemos grandes problemas con los insumos. Aparentemente vendría el dinero para reparaciones de cañerías y demás, estos fondos se renovarían cada tres meses. Esta idea es buena, debe ser así, es de la única manera que sirva lo que se hace”.

Texto: Diego García. 

El Concejo Deliberante aprobó en su sesión extraordinaria del 9 de marzo una prórroga en los plazos para que las empresas de telefonía celular declaren la infraestructura que tienen instalada y ajusten su tecnología a lo establecido en la ordenanza 17.130 que regula las torres antenas y el desarrollo de la plataforma de comunicaciones móviles.

La norma sancionada en 2013 fija “un plazo máximo de 90 días posterior a la promulgación” para la presentación de la “Plataforma de Comunicaciones Móviles e Infraestructuras” y “un plazo máximo de dieciocho meses” para la adaptación o incorporación de la tecnología necesaria en las instalaciones existentes. Si no se cumplía el primer requisito el plazo de adecuación se reduciría a la mitad. Ahora, con la aprobación exprés de su modificación en el deliberativo, las telefónicas tendrán 36 meses para anunciar sus “plataformas” y dos años para invertir en tecnología.

El presidente de la comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante, Leandro Santomassimo, dijo a FM De la Calle que “la verdad no estaban muchas de las empresas muy regularizadas, entonces se le extendió nuevamente el plazo” a partir de “un consenso en que se ha llegado entre los distintos actores que intervenían en la ordenanza, el Departamento Ejecutivo, las empresas, algunos grupos de vecinos y demás”. Un día antes, la titular de Salud Ambiental en Acción, Gladys Girotti, se había mostrado “sorprendida” por el aplazamiento del cumplimiento de la ordenanza y porque “llegue a la mañana algo para votar al mediodía” por concejales que en muchos casos “ni siquiera saben lo que es una torre antena”.

“Seguramente acá tenemos dos problemáticas y tenemos que empezar a plantearnos como sociedad en dónde estamos y hacia dónde vamos con esta cuestión de la tecnología”, manifestó Santomassimo y agregó que “obviamente que todos queremos estar comunicados y tener la mejor comunicación posible, de ahí derivan distintos problemas que hasta a veces terminan en la OMIC. Pero también teníamos que ser conscientes que todo tipo de adelanto tecnológico va a tener un impacto ambiental y ese impacto a veces lo relacionamos con que solamente el medio ambiente es donde vivimos, y el medio ambiente también somos nosotros. Estas cuestiones de las antenas, que se habla mucho de la contaminación de la radiofrecuencia y demás, es un tema que nos vamos a tener que empezar a ocupar seriamente”.

Para el edil de Cambiemos “la ordenanza 17.130 está buena” aunque opinó que lo fundamental no es “solamente crear ordenanzas sino que después obviamente se lleven adelante y se cumplan. Presentar un proyecto por presentar y tener equis cantidad de proyectos presentados a fin de año si no se cumplieron no sirve para nada. Tal vez las gestiones que mejor le llegan a la gente son las que se llevan adelante y muchas veces se pueden solucionar en reuniones, hasta a veces medio informales, llamados telefónicos, entre situaciones formales pero no necesariamente a través de una ordenanza que después son difíciles de cumplir y esta es una de ellas”.

Al ser consultado por los problemas que a su entender obstaculizan su cumplimiento, Santomassimo apuntó al “tema del contralor, del control, en todas esas cosas siempre se tienen parámetros y números aceptados por distintas ONG, distintos organismos de control de otros países y demás; lo importante es que tiene que haber un compromiso por parte de las empresas a invertir en tecnología, que sirva a las muy buenas comunicaciones y al no impacto en la sociedad y desde el Poder Ejecutivo, las comisiones asesoras y los grupos de vecinos”.

Un caso emblemático. Antenas a metros de la sede de Ayuda Le, centro de atención de pacientes con leucemia.

Un caso emblemático. Antenas a metros de la sede de Ayuda Le, centro de atención de pacientes con leucemia.