“El padre del dueño de La Nueva se quiso agarrar 33 hectáreas de lo que era la Villa Amaducci y lo perdió. Ese señor lo que hizo fue comprar boletos truchos”, dijo el abogado Leandro Aparicio en respuesta a quienes lo acusan de instigar la toma en Spurr.

El diario La Nueva Provincia, propiedad del empresario Gustavo Elías, y el jefe de la Policía, Claudio Petrizan, difundieron un audio privado entre el abogado y vecinos que participan en el reclamo de las tierras.

“Es un reclamo que tenemos que hacer, en los gobiernos anteriores le han regalado a los amigos del poder lo que han querido. ¿De dónde sale todo esto? De La Nueva, los dueños de La Nueva son familias que se han agarrado terrenos de aquí para allá”.

En diálogo en FM De la Calle agregó: “Lo que más me preocupa que como (el gobierno) no tienen sensibilidad, tal vez crean que reprimiendo puedan conseguir más votos”.

Aparicio recordó que “el lunes a la mañana iba caminando por la plaza y los vi. Me explicaron que varias personas habían sido detenidas, menores y mayores, la semana anterior y que querían continuar con la toma”.

“Lo que hice fue ver la causa al otro día. Cuatro personas se reunieron con Enrique Gandolfo y otra compañera y de esa charla es el extracto donde los aconsejé y les dije que la toma es una posesión pacífica, no era un delito. No lo digo yo, lo dice el Código. Y a partir de ahí se sucedieron todos estos episodios que tienen otro trasfondo y van para otro lugar”.

El abogado destacó que “la Resolución 707/19 de la Suprema Corte, en virtud de las tomas multifamiliares, le da un protocolo a los fiscales: antes de mandar a reprimir tienen que ir ahí, hacer un control y determinar si el desalojo va a ser más eficiente que dejar todo como está, tienen que hacer un relevamiento con trabajadoras sociales y toda una serie de medias previas”.

“Ahora bien, eso es jurisdicción provincial, no sé si sería aplicable en el caso que actúe la justicia federal”.

Integración Ciudadana manifestó que la respuesta del municipio ante la toma de terrenos en Spurr por parte de más de 400 familias “no hace más que desviar el problema sin hacerse cargo de la realidad bahiense”.

La abogada María de los Ángeles Rosón señaló que “tanto el secretario de Gobierno (Fernando Compagnoni) como (Héctor) Gay han referido que el fundamento de la actuación de vecinos es únicamente una cuestión política”.

“Esto es, una vez más, una demostración de no hacerse cargo de esta realidad acuciante de un sector de la población que es el que menos recursos tiene, que no tiene en empleo y que sufre los avatares de las políticas de este gobierno”.

Rosón dijo que “para este gobierno hacer valer la ley es aplicar la ley Penal, es dar intervención a la justicia de Faltas. Entendemos que hay una criminalización de la pobreza”.

“La actitud del Municipio es congruente con la seguida en todas las expulsiones desplegadas durante el actual gobierno. Es decir, una clara manipulación de la ley, ejercer un rol sancionador evitando hacerse cargo de la pobreza y de los vecinos que no tienen acceso a sus necesidades básicas”, reza el comunicado.

Para la dirigente, “no hay acciones anteriores a esta situación, esto es desencadenante, no siguen ningún protocolo”.

Respecto a las indicaciones de la Suprema Corte para casos como este, destacó que “se tiene que hacer un informe socioambiental, tomar contacto con las familias, quiénes son, ¿son 400 familias que nacieron de un día para el otro en un estado de vulnerabilidad? El Estado tiene que intervenir previamente. Desde luego que debe ser dificultoso. Ahora, mucho más dificultoso es afrontar el problema”.

Unas 400 familias permanecen desde el lunes en una toma de terrenos en el barrio Spurr. Ayer, efectivos de la Policía Federal y la Bonaerense concurrieron al lugar con intenciones de realizar un censo.

Esta mañana se reúnen en asamblea para definir cómo seguirán con su reclamo de acceso a la vivienda.

Estefanía Escobar, vecina que participa en la toma, comentó a FM De la Calle la situación que atraviesan.

“Llegamos acá porque hay muchas personas que no tenemos un hogar, no queremos nada gratis, no nos negamos a pagar. Está muy difícil, es imposible alquilar. Estamos haciendo una toma pacífica. Vamos a seguir luchando pacíficamente hasta que nos den respuesta, no nos vamos a mover”, dijo.

“Fuimos a hablar a la Municipalidad, nos dijeron que nos querían ayudar con ayuda social y eso no paso en ningún momento. Nosotros estamos luchando por una tierra digna, no queremos nada gratis. Hay un basural en una parte, los de la Muni dicen que no hay tierras para dar pero hay tierras para tirar basura, mugre”.

El secretario de gobierno, Frenando Compagnoni aseguró que “no podemos permitir que después de las PASO determinados dirigentes llamen a voltear gobiernos y hacer cosas fuera de la ley. Hemos constatado declaraciones de dirigentes en este caso puntual porque esta la intervención de un letrado. Es lo que ha circulado en un audio, hay intervención de centrales de trabajadores, declaraciones de propios dirigentes que esperamos que tengan otros roles”.

Escobar también se refirió al audio del abogado Leandro Aparicio que difundió la policía y La Nueva Provincia señalando una posible incitación a la toma de tierras.

“El no nos incentivó a nosotros, nos orientó para que vayamos por lo bueno para que no nos metamos más en problemas porque ya había chicos que habían estado presos”.

“Yo vine con mi hija de 4 años, trabajo no hay, he tirado currículum y no consigo trabajo y nadie te ayuda. Así como yo hay muchas mamás”.

Por la tarde, Daiana contó que “al gobierno le pedimos una solución. Voy a difundir el audio de (el abogado comunal Gustavo) Avellaneda donde nos dice que no tienen soluciones para nosotros. Es mentira que nos brindaron ayudas no hicieron nada”.

Resaltó, además, la participación del abogado Leandro Aparicio: “Él no dijo nada, ni nos incitó a hacer nada. Esto ya estaba tomado y fuimos detenidos 20 personas, entre ellos dos menores y cuatro mujeres. Por ese tema fue que lo contactamos. Estamos luchando por un terreno para todos y necesitamos apoyo”.

“No habrá aumento para las familias con créditos UVA”, twiteó esta tarde el presidente Mauricio Macri. Afirmó que “para acompañar a quienes compraron su casa a través de un crédito hipotecario UVA, estamos manteniendo el valor de sus cuotas por cuatro meses. Hasta diciembre, la cuota que pagarán será igual a la que pagaron en agosto”.

Por la mañana, la bahiense Florencia Ruppel adelantó que una decisión de estas características les daría “un respiro” a las familias afectadas por las corridas del dólar.

“Estamos pidiendo que se revea el sistema, llamamos a la eliminación del UVA porque no hay revisión del capital ajustable que es lo que yo le debo al banco. Mi capital ajustable aumentó 2600 pesos en un día y medio. No hay visibilidad, realmente estamos esperando el anuncio oficial en los bancos. Mientras anuncian esto, mi capital ajustable sigue aumentando”, dijo a FM De la Calle.

Ruppel comentó que tienen “comunicación con los bancos y ni ellos saben, la medida anterior fue oficializada pero no había comunicación a los bancos. Muchos medios levantan la nota pero a nosotros no nos dijeron nada”.

Un anuncio similar realizado por la gobernadora María Eugenia Vidal en abril “fue tomada en cuenta en el Banco Provincia pero los anuncios de Macri no, estamos esperando”.

Señaló que ” La cuota estoy pagando es el doble de lo que saqué. Mi crédito fue el monto máximo que podía tener mi marido con su recibo de sueldo. Yo tomé el crédito en 2017, el año pasado hubo una corrida del dólar en julio o agosto, nosotros los sufrimos en septiembre y octubre. De 400 pesos que se venía incrementando pasó a incrementase 750. Representa el 28% del ingreso familiar. En caso de que pasara el 30%, que era lo que decía la medida de Vidal, con el Bapro íbamos a tener ese reajuste”.

Una decena de familias protestó en el barrio Spurr ante la falta de respuestas del municipio al déficit habitacional. Señalaron que el jueves “estábamos tomando los terrenos y sin ninguna orden nos llevaron a todos detenidos. Estamos reclamando en las vías porque nadie nos da respuesta”.

Ayer a la mañana fueron recibidos por el secretario de Gobierno, Fernando Compagnoni, quien les manifestó que “no puede hacer nada, que vayamos a buscar a otro lugar”.

Sebastián Molina, uno de los damnificados, comentó en FM De la Calle que “les plateamos que lo que queríamos era que nos dejen tomar las tierras con un plan a pagar”.

“Primero nos dijeron que eran de Ferroexpreso Pampeano, después del Club Villa Mitre y después del Estado. El lugar es muy amplio, la Municipalidad lo utiliza para depositar residuos, hacen acopio de material. Hay mucha mugre, el cruce es un peligro, de noche no se puede andar”.

“Vamos a seguir porque estamos exigiendo un derecho, el derecho a la vivienda. Quisimos hablar con el intendente, que supuestamente está a disposición de la gente y fue al revés. Pedimos una reunión y que nos escuchen, están deshabitados hace 60 años estos terrenos”.

Molina agregó: “No queremos nada gratis, trabajo en una leñera de lunes a sábados, tengo un nene, vivo en la casa de mi madre porque no me alcanza”.

Desde la organización Sureando destacan que la urbanización y acceso a la vivienda no es una problemática de agenda política y que tampoco se destina el presupuesto suficiente para garantizar un hábitat digno a cientos de familias.

Damian Funk dijo a FM De la Calle que “las villas y asentamientos son alrededor de 32, más del 10% de la ciudad vive en esas condiciones. No es prioridad para las políticas públicas que se avance en cuestiones de integrarlas urbanística y socialmente. Esto debe hacerse con participación vecinal, debe involucrar infraestructura, equipamiento, seguridad en la tenencia de la tierra, debe ser sustentable en el tiempo”.

“En los últimos años esto se ha profundizado. En términos concretos cuando vemos el presupuesto, cada vez es menos el  que se adjudica a política públicas relacionadas al hábitat y se subejecuta”.

Sureando tiene tres ejes principales de trabajo: “Acompañar las demandas de los vecinos, tratar de avanzar con proyectos que puedan mejorar el espacio -ya construimos una biblioteca, plantamos más de 300 frutales, hemos revocado espacios de fútbol- y el tercero es avanzar en el análisis de presupuestos y revelamientos, para tener números concretos. En el Barrio Evita hay más del 50% de la población que tiene necesidades básicas insatisfechas, el 46% vive en condiciones de hacinamiento. Ese número en la ciudad es del 6,2%”.

El Barrio Evita surgió entre 2006 y 2007 y es una de las zonas en la cual más creció la ocupación de tierras: “Son familias empujadas a esta situación. La zona sur tiene tierras anegadas, tierras inundables. En 2006 hicimos un revelamiento con el RENABAP, que arrojó que vivían 260 familias. En el 2018 el barrio se duplicó, hay más de 500 familias, desde calle Juncal hasta Harris. En los últimos cuatro años, en las últimas cuadras del barrio se observan las viviendas más precarias que es lo que veíamos cuando comenzó”, señaló Funk.

Por último, comentó que “el empleo alcanza para subsistir, de parte del Estado hay gran ausencia por responder a estas cuestiones estructurales y de fondo. Se van tapando cuestiones menores, parches, el delegado avanza en mejorar algunas calles, está muy bien, pero las cuestiones de fondo no se reparan. Con este gobierno, con el anterior, vemos que esas cuestiones se mantienen y siguen. No puede ser que muchas familias no tengan agua potable, no entra el camión de la basura, hay cuatro contenedores para 500 familias, pasan tres o cuatro días y están que explotan”.

Militantes de la organización barrial La Poderosa convocan a una reunión informativa este sábado a las 15 en Santa Cruz 3431.

Rocío Soto, militante y vecina del barrio Tierras Argentinas, destacó a FM De la Calle que “es una asamblea informativa. No somos los únicos afectados por estar realidad social. Estamos queriendo reformar y poner en condiciones un vagón con la colaboración de vecinos, también queremos hacer una escuelita de fútbol para hacer deportes en la plaza”.

“Estamos queriendo traer el Plan Fines, para la gente que no puede llegar, se dan muy lejos del barrio. Hay gente que está muy interesada, pero al no tener movilidad o al complicarse con los chicos no acceden”.

Rocía comentó que con la llegada del invierno están “preocupados por la calefacción, muchos tienen estufa a leña, la luz no da para poner una estufa eléctrica. Hace rato estamos peleando con EDES para que pongan la luz, pusieron un solo cableado, faltan más, se estancó la obra. Juntamos firmas, dijeron que se iba a empezar a hacer por tramos y que hasta el año que viene no se van a hacer muchas obras”.

En Puertas del Sur un grupo de vecinas y vecinos necesita materiales para finalizar la construcción de un merendero y alimentos no perecederos para el acompañamiento de más de cien familias.

“Tenemos un merendero que funciona en un container de chapa de diez por diez. En verano hace muchísimo calor y ahora en invierno el frío pasa por todos lados, sumado a que está roto y se nos llueve, se nos estropean las cosas. Si queremos hacer un ropero para juntar ropa no podemos por que se nos moja”, comentó Roxana a FM De la Calle.

“Puertas” surgió como un asentamiento en la década del 90 cuando se instalaron las primeras viviendas de chapas. “Al lado del container estamos haciendo un merendero, llegamos hasta la capa aisladora. Nuestra única entrada de dinero es por venta de empanadas y pizzas”, dijo la vecina.

“Llevamos cartas, planos y el proyecto al Municipio y nos dicen que en este momento tienen prioridad las viviendas. Nos están dando la copa de leche para 60 familias pero tenemos anotadas 102 familias. Cuando no tenemos colaboración se da lo que se tiene por orden de llegada. Nos duele pero es lo que podemos”.

En el barrio continúan los problemas con la acumulación de basura. La situación se agravó ahora por el estado de abandono de las calles que impide que los camiones de Sapem Ambiental entren a retirar los contenedores.

En cuanto a la ayuda municipal, Roxana comentó que “si tenés casa de material te dicen que hay otros que viven en un rancho de chapa y que tienen prioridad. Si  justo tu marido consiguió trabajo en blanco te dicen que hay otra gente que está peor. Hay gente que tenía la tarjeta celeste del Plan Vida y se la sacaron. A varias familias ahora le dan la tarjeta azul que son 195 pesos por mes y no te alcanza para nada”.

En Tierras Argentinas, lindante a Puertas de Sur, “sufren con el tema de la luz, han hecho cartas pidiéndola  y nada. Edes no llegaba porque tenían los cables bajos, subieron las palmeras, y ahora Edes no va por el mal estado de las calles”.

Cualquier donación de materiales para la construcción del un nuevo merendero puede acercarse hasta Pacífico 4300. 

A mediados de junio se abrirá un período de reinscripción destinado exclusivamente a las 1124 familias que cumplimentaron oportunamente los requisitos para acceder al sorteo de lotes ubicados en el predio del Ejército del Programa de Crédito Argentino.

Beneficiarios destacan que “solo será para la compra del terreno y no para la construcción, como era originalmente”. Se sortearán 527 lotes con servicios.

Marcelo Zualet dijo a FM De la Calle que “fue sorpresiva la visita del coordinador de ProCreAr, Alejandro Sparacino. Se convocó a uno de los integrantes del grupo diez minutos antes de la reunión, no quedaron en claro muchos detalles de lo que anunciaron. Se va a hacer el empadronamiento en junio y el sorteo en julio o agosto que era lo que veníamos reclamando hace 4 años”.

“Es un crédito UVA. Ellos ponen un valor de mercado de 400 mil pesos por terreno, no importa su dimensión. Originalmente el valor iba a salir de lo que cuesten las obras de servicios sumado al valor fiscal que tienen, eso no podía superar los 200 mil pesos. Eso no tiene una valoración de mercado porque fue expropiado, sí tienen valor fiscal.  No sabemos de dónde salen estos números”.

“Si bien la tasa es fija y baja, 3,5% para los sueldos que van de uno a cinco salarios mínimos y de 4,5% para aquellos que van de seis a ocho, los créditos UVA no hay que olvidarse que dependen de la inflación. Estaríamos pagando la cuota inicial de alrededor de seis mil pesos y terminaríamos en el año pagando una cuota de 8.500. Sumado al alquiler que hay que seguir pagando porque la cuota del crédito se empieza a pagar de inmediato”, comentó Zualet.

Explicó que las autoridades “dicen que no tienen dinero, que el crédito está destinado a la compra del terreno, no hay crédito para construcción, es a siete años. El crédito original era terreno más construcción, nos daban 600 mil pesos, podíamos acceder a un terreno de hasta 150 mil. Se financiaba el 100% del crédito y se comenzaba a pagar a partir del noveno mes que se suponía que ya tenías la casa construida o algo hecho como para no tener que pagar alquiler y crédito”.

Información para tener en cuenta:

La REINSCRIPCIÓN, está destinada EXCLUSIVAMENTE a los grupos familiares que YA se encuentran ANOTADOS en el listado original del predio.

Los lotes tendrá un VALOR aproximado de 350 mil / 400 mil pesos. Se deberá abonar una cuota inicial que oscilará entre 5200 y 6000 pesos.

Las CONDICIONES FINANCIERAS del mutuo dependerán del nivel de ingresos del grupo familiar. Hasta cinco salarios mínimos (hoy es de $12.500), la tasa de interés es de 3,5% más UVA, y entre cinco y ocho salarios mínimos, el interés sube a 4,5% más UVA.

El periodo de REINSCRIPCIÓN será de dos semanas, a partir de mediados del mes de JUNIO, a través de https://www.argentina.gob.ar/procrear/lotesconservicios

El SORTEO se realizará por Loteria de la Ciudad de Buenos Aires, y se transmitirá por FACEBOOK Live de PROCREAR.

Cabe destacar que TODOS LOS DATOS aportados por los interesados, serán sometidos a un proceso de cruces y validaciones, a los efectos de verificar que cada interesado cumpla con las condiciones para acceder al beneficio.

La diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo anular la indexación de los Créditos Uva. Pretende también despegar las cuotas de la inflación y cancelar cualquier posibilidad de desalojo para quienes no puedan pagar.

“Hay que convertirlos en un crédito normal, planteamos que el interés tiene que ser en base al 40% del índice salarial y que la cuota no puede exceder el 25%. Son criterios razonables para que no sea un negocio de los bancos. Se cancelan todas las posibilidades de desalojo y aquel que pierde el empleo tiene un período donde no se le puede exigir el pago de la cuota”, dijo a FM De la Calle.

Además, planteó que el proyecto de Ley de Emergencia tiene dificultades “porque el Gobierno se niega a tratarlo. Los que firman la Emergencia están tratando de presentar una salida transitoria a un mecanismo que ellos mismos generaron. Un mecanismo tan dependiente del proceso inflacionario en este país, con un crédito a 30 años, iba a entrar el crisis”.

Por último, Del Plá comentó que “el Gobierno niega que haya sido una estafa y planteó como única solución extender el plazo del pago, esto convierte a los afectados en inquilinos de los bancos, no alcanza con eso porque está la  situación de crecimiento de deuda. Lo que está en riesgo es que la gente pierda la propiedad, que hay varios casos, y que quede en deuda de por vida”.

Andrea Piangatelli es una de las “beneficiarias” de los créditos UVA y, junto con otras familias, denuncia que las cuotas mensuales se duplicaron con la suba del dólar.

“La expectativa era pagar una cuota como si fuera un alquiler, pero teníamos una proyección de inflación de un 20 o 25%, no un 48”, comentó a FM De la Calle.

Agregó que “si bien la cuota es alta, nos preocupa el capital que crece día a día, quien sacó un millón seiscientos ahora debe tres millones. Es un problema que padecen 140.000 familias argentinas”.

Las familias organizadas mantuvieron ayer una reunión con el presidente del HCD, Nicolas Vitalini, y el senador provincial Andrés De Leo.

“Quedaron en seguir trabajando” respecto a una reducción en las cuotas. Sin embargo, la propuesta vigente de reducir los montos no es suficiente, “ingresás al homebanking, te ponen la extensión del plazo y, en mi caso, la cuota se reduce mil pesos por mes y el crédito se extiende a 25 años”, finalizó Piangatelli.

Les pibes en la escuela. Hombres y mujeres martillan los restos de las viviendas de chapa que ayer destrozó la policía. Se organizan entre sí. Este rato ayudan a una mujer a levantar lo poco que le tiraron. Otro rato ayudan a otra vecina a colocar el techo. Trabajadores/as sin trabajo. Uno de ellos despedido recientemente de Servicios Integrados Bahía Blanca.

Esta mañana, presentaron un recurso de amparo. “Vinieron sin orden de desalojo”, dijo Juliana a FM De la Calle, y reprimieron “sabiendo que hay chicos menores”. “Se metieron a las casas”, agregó su vecina, en situación de calle con dos niños a cargo. “Hay menores con balas de goma”.

Ambas se acercaron a la municipalidad, en otras oportunidades, frente a la difícil situación económica que atraviesan. “En este caso vivieron con agresión y amenazas” sin mediar diálogo político.

“Por algo estamos acá” suma Luciano, quien recuerda que están anotados en “planes de vivienda desde el 2006. Son tierras que el municipio quiere negociar porque es mucha plata. Queremos un lugar donde poder vivir dignamente”.

“No queremos que nos lleven a un hogar donde hay más mugre que acá. Queremos una respuesta. Queremos que se haga cargo el intendente. Que se haga responsable. Que no se olvide que estamos en un rincón de Bahía Blanca. Que les dé una solución a la familia. No estamos usurpando. Estamos ocupando un lugar que nos pertenece como bahienses. No queremos que nos den materiales, lo vamos a levantar de cero”.

A su vez, denunciaron que durante la represión de ayer el municipio les “robó lo poco que teníamos. Se llevaron chapas, todo. Buscan que nos peleemos entre pobres y no lo van a lograr”.

Mientras tanto, el intendente Héctor Gay, junto a un puñado de dirigentes nacionales, lanzan la Unión Industrial de la Patagonia Argentina en el Teatro Municipal.

Rodrigo Bahía, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), dijo a FM De la Calle que en los sectores donde trabajan “la situación socioeconómica está cada vez más complicada, falta más el trabajo, los alimentos están cada vez más caros. […] Están sucediendo un montón de cosas que lamentablemente nos hace pensar que va a empeorar la situación”.

“Duele que muchas familias que hasta hace poco tenían una changa o empleo formal ahora nos estén pidiendo comida”, destacó.

El integrante de la CTEP contó que hace poco más de un año trabajan en Bahía: “Tratamos de interpelar y trabajar conjuntamente con trabajadores de la economía popular, tenemos sede en Villa Delfina (Neuquén 2400) y algunos merenderos en la zona; estamos trabajando en diversos sectores de la ciudad. […] Cada vez se acerca más gente a querer instalar un comedor en su casa para poder trabajar en su barrio”.

Comentó que la Municipalidad dio de baja las tarjetas sociales de beneficiarixs de varios sectores de la ciudad. “Ahí tiene que estar el municipio; podemos articular y ser un nexo pero estamos esperando a ver cuáles son las políticas”. Bahía dijo que “nos supera como organización, no nos dedicamos exclusivamente a la cuestión social sino a lo laboral”, aseguró, aunque aclaró que si tienen las herramientas en la organización “dan una mano”.

La CTEP está haciendo un relevamiento habitacional para tener una idea clara de la situación. “La gente vive en ranchos de chapa, no puede pagar un alquiler, les queda armarse algo y tratar de subsistir ahí. Creemos que el Estado tiene que fijar una postura clara”.

Hace unas semanas la organización fue convocada a una reunión con autoridades municipales. “Dejamos en claro que la situación está muy dura en los barrios, pasa a ser una cuestión de hambre lamentablemente, la asistencia tiene que ser urgente. Nosotros lo enfocamos desde lo laboral porque el ordenador social principal es el trabajo pero duele que muchas familias que hasta hace poco tenían una changa o empleo formal ahora nos estén pidiendo comida”.

El hecho de “convocar a dialogar parecería como que se quiere hacer algo pero la realidad es que no se está haciendo. Hay que ir más allá de la palabra, hay que demostrar con hechos la política que uno quiere llevar a cabo”. En este caso “es la falta de políticas con respecto al trabajo y a la situación habitacional que muestra el municipio”.

Respecto a los desalojos en el barrio Miramar, dijo que “lo que hizo el municipio de pretender decir que va a ser un espacio verde lo tomamos de la peor manera, la cantidad de familias que fueron desalojadas demuestra la falta de política habitacional en Bahía Blanca. No hay una política clara de apoyo”.

La organización adherirá al paro de la CGT planteado para el 25 de septiembre, así como la semana pasada acompañaron la marcha por la Universidad Pública y Gratuita. “Vamos a estar en todas las del país”.

Más de treinta familias del barrio Miramar fueron desalojadas esta semana por funcionarios municipales y policiales, quienes supervisaron la destrucción de ranchos y viviendas en el Parque Campaña del Desierto.

Horas después, las personas sin techo cortaron la intersección de las calles Charcas y Lejarraga para denunciar que el operativo se realizó sin orden judicial y para exigir una solución a la problemática habitacional.

Según informaron el secretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte, y el secretario de Gobierno, Fernando Compagnoli, la “limpieza profunda” fue ordenada por el intendente Héctor Gay luego que los terrenos pasaran del dominio provincial al municipal.

“Éste es un pozo de mugre y gracias a los vecinos está como está. Y ahora que está limpio, que la gente se puso a hacer algo, el municipio nos quiere sacar”, comentó a FM De la Calle Jesica, una de las vecinas desalojadas.

Informó que  el gobierno local están llamando una por una a las familias expulsadas para ofrecerles un mes en una pensión como alternativa al desalojo. “Una pensión donde llevaron a una familia con una nena, que antes era una prostíbulo, donde había una persona desnuda, los baños estaban tapados, una mugre. Es una tomada de pelo”, dijo Olga, otra de las vecinas afectadas.

Jesica argumentó que el municipio no se ocupó de esos terrenos: “Hace dos años vinieron, censaron.  Teníamos los ranchos levantados, tiraron todo. Nos tuvimos que ir. Dejamos todo como estaba para ver que iba a hacer el municipio. Supuestamente iban a hacer un espacio verde. En dos años no hicieron nada”.

“Nos están privando a un derecho básico que es la vivienda digna. Éste es un lugar que fue un basurero y aún hoy siguen viniendo a dejar basura los camiones de la Municipalidad”, destacó Olga.

También comentaron que “si hay algún concejal o concejala que esté interesado en apoyar al barrio y dar una respuesta, pueden ir  a hacer una denuncia contra la Municipalidad porque hicieron un desalojo sin ningún papel legal. Desalojaron con las máquinas, hay una familia muy trabajadora. La policía vino con armas, le tiraron las chapas, las ventanas, las puertas. El chico quería sacar sus cosas de adentro y lo golpearon. Eso es lo que vivimos las personas que somos pobres”.

 

Por último, fue suspendido hasta nuevo aviso el “Encuentro de lucha y resistencia” previsto para este domingo en la cancha de fútbol ubicada en Charcas y Lejarraga.

Foto: captura BVC.