“Históricamente hay una deuda social importante en torno al tema del hábitat en la ciudad, prácticamente no ha habido políticas, hay muchas familias que necesitan poder concretar el sueño de la casa propia, hay muchos barrios donde no hay infraestructura, caen dos gotas y se complica la vida, hay barrios que no tienen infraestructura recreativa, vinculada a la cultura”, afirmó Diego Fonseca, integrante de Ser Comunidad.

En el Día Mundial del Hábitat, más de 40 organizaciones elaboraron un documento para visibilizar reclamos unificados y propuestas para el acceso a una vivienda digna.

La iniciativa se entrelaza con el pedido de Emergencia Alimentaria y Laboral presentado días atrás.

“Por eso hablamos de generar condiciones para que las villas y asentamientos  se trasformen en barrios integrados a la ciudad. Hay muchas cosas que no se hicieron, esas son políticas reparatorias. Pero también hay que generar políticas anticipatorias, por ejemplo en las usurpaciones, muchas veces se mira el derecho a la propiedad privada pero no se mira el derecho de la vivienda digna. A veces se llegan a esas situaciones porque no hubo políticas anticipatorias, políticas para construir viviendas sociales. Se termina muchas veces en esos escenarios no deseados”, comentó Fonseca.

Como puntos principales destacó la necesidad de trabajar “frente a las violentas o confusas situaciones de desalojo, adherir al protocolo judicial que sacó la provincia, que proteje y garantiza derechos ante estas situaciones”.

“Además, la creación de una Secretaría de Hábitat Social. Si la política de hábitat social es importante tiene que estar reflejado en el organigrama municipal, tiene que haber presupuesto concreto”.

Reactivar el Consejo Local del Hábitat, según Fonseca, implica que se “tenga en cuenta la función social de la propiedad, la gestión democrática de la ciudad”.

“Se armó un Consejo de Hábitat para la ciudad pero distó mucho de lo que pretendía la ley. Le corresponde al órgano vinculado con el hábitat ponerlo en vigencia. Ese Consejo está suspendido, se intentó reactivar en el Concejo Deliberante,para que bajen fondos, es necesario que sea activo y responda y beneficie a los sectores populares”.

Por último, señaló que proponen “la creación de mesas interbarriales que sean consultivas y vinculantes. Hay que escuchar a la gente de los barrios que son los que sufren y tienen propuestas concretas desde el padecimiento cotidiano”.

En Bahía Blanca existe una histórica deuda de los gobiernos de turno, vinculada a la generación de políticas locales que promuevan el acceso justo al hábitat. Con solo recorrer los barrios de la periferia del ejido urbano municipal, se constata esta injusticia que va en aumento y su resolución debería ser prioritaria para las gestiones municipales venideras, ya que afecta a decenas de miles de vecinos que merecen condiciones de vida digna.

Pareciera que vivimos en una ciudad donde existen “ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”. Por este motivo solicitamos un proceso urbanístico, político y social para crear una Bahía más justa, equilibrada, más vivible para todos.

Entendemos que toda política que promueva el acceso justo al hábitat (social) en el ámbito local debe apuntar a generar un plan rector, de raíz participativa y profesional, que contemple políticas reparatorias (porque hay mucho para reivindicar con urgencia) y sobre todo, políticas anticipatorias (para evitar escenarios no deseados, donde la más afectada siempre es la población más vulnerable).

Entendemos por políticas reparatorias todas aquellas que tengan por objetivo “generar las condiciones para que las villas y asentamientos se vayan transformando en barrios integrados al resto de la ciudad, con condiciones habitacionales adecuadas, lo que es un obligación del Estado en sus distintos niveles y un derecho de la sociedad”.

En tanto, las políticas anticipatorias deben a apuntar a “generar planes, programas y proyectos que permitan el acceso temprano de los sectores populares a soluciones integrales para un hábitat digno”.

Para llevar adelante estas políticas de acceso justo al hábitat en el ámbito local, adherimos a los principios rectores señalados en la ley provincial 14.449 (Acceso justo al hábitat), que son:

– El derecho a la ciudad y la vivienda

– La función social de la propiedad

– La gestión democrática de la ciudad

– El reparto equitativo de cargas y beneficios en los procesos de desarrollo urbano

En base a lo expresado, presentamos diez puntos, para con los cuales solicitamos el compromiso en las futuras políticas de hábitat a implementar por parte del nuevo gobierno municipal que asumirá la intendencia el 10 de diciembre próximo.

1- Ante los violentos y confusos hechos de desalojo compulsivo que se vienen sucediendo, es urgente garantizar que se aplique correctamente y extensivamente el “Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad” de la Suprema Corte de Justicia Provincial (del 17/04/2019), que protege y garantiza derechos en estas situaciones.

2- Contemplar la creación de la subsecretaría de Hábitat Social, dentro de la secretaría de Infraestructura o afín, en estrecha vinculación con la secretaría de Desarrollo Social o afín, desde donde impulsar las políticas sociales de hábitat, a cargo de la gestión de un Fondo Municipal de Desarrollo Urbano, a crearse por ejemplo, a partir de una reorganización tributaria municipal con sentido social.

3- Reactivar inmediatamente el Consejo Local del Hábitat, que responda al espíritu de la ley 14.449 y de la ordenanza que lo creó. Este Consejo debe estar abierto a la discusión política y en su composición indispensablemente deben estar los agentes y organizaciones que trabajan en territorio y además, tener poder de decisión en cuanto a los presupuestos asignados (coordinando también con la subsecretaría de hábitat social el manejo del Fondo Municipal de Desarrollo Urbano), en tanto que otros organismos como colegios profesionales y universidades hagan su aporte desde lo técnico.

4- Crear mesas inter-barriales (consultivas y vinculantes) para la producción de las políticas de hábitat. La urbanización debe hacerse siempre con participación vecinal. Las complejidades del momento solo pueden ser resueltas desde la proximidad con los sectores vulnerados.

5- Elaborar un diagnóstico participativo de situación sobre la problemática del hábitat en la ciudad y los recursos potenciales o existentes para su resolución. Una herramienta básica para enriquecer dicho diagnóstico es la reapertura y actualización del Registro de demanda de tierra y vivienda para aquellos que no pueden resolver el acceso al suelo y/o la vivienda por cuenta propia o través del mercado.

6- Elaborar un plan de integración socio-urbanística de villas y asentamientos (provisión de infraestructura, equipamiento, conectividad, cultura, educación, deporte, etc.)

7- Desarrollar nuevas áreas residenciales tales como:

  1. operatorias de lotes con servicios y equipamiento comunitario, con equipos técnicos socio-constructivos que acompañen activamente cada barrio naciente,
  2. construcción de viviendas, con asistencia técnica socio constructiva que acompañe activamente cada barrio.

Asimismo, las obras públicas a realizar en el marco de los procesos de urbanización deberán priorizar la contratación de trabajadores entre los vecinos y las vecinas con los que cuente el barrio, tanto para tareas de construcción como aquellas que involucren saberes técnicos y profesionales.

8- Mejorar las áreas residenciales existentes, a través de:

  1. líneas de microcréditos y subsidios para la mejora o ampliación de la vivienda, de manera articulada con los programas gubernamentales y no gubernamentales ya existentes,
  2. apoyo técnico durante los mejoramientos progresivos.
  3. Promover el desarrollo e implementación de tecnologías alternativas ecológicas, de bajo costo y alto impacto para la mejora de la calidad de vida, en colaboración con centros de formación profesional, escuelas técnicas y universidades.

9- Optimizar el funcionamiento y las prestaciones de la “asesoría de tierras y escrituras”

10- Actualizar el registro de suelo urbanizable para zonas de promoción del hábitat social, generando tanto un banco de tierras fiscales como también identificando posibles iniciativas privadas que se enmarquen en lo señalado por la ley 14.449.

Las organizaciones sociales impulsoras de la trascendental ley 14.449 de Acceso justo al hábitat de la provincia de Buenos Aires, afirman:

“A nadie le gusta tener que tomar tierra.

A nadie le gusta llegar a un lote con los hijos pequeños

para vivir en una casita de cartón, plástico o chapa.

A nadie le gusta la humedad ni el frío.

Tampoco la incertidumbre y las amenazas de desalojo.

El asentamiento es una estrategia de lucha del sector popular y trabajador

para defender el derecho a la tierra.

Un derecho largamente vulnerado en la historia de nuestro país.

Una injusticia reiterada en los que pocos acumularon mucha tierra.

Y los más pobres no tenían lugar donde vivir con dignidad.”

Esta dura descripción también ocurre en nuestra ciudad. Por ello, las organizaciones sociales firmantes presentamos a nuestra comunidad y sobre todo a quienes se postulan para gestionar la ciudad los próximos cuatro años, estas propuestas para que nuestros vecinos más postergados puedan alcanzar esa justicia social demasiado largamente esperada.

Bahía Blanca, 7 de octubre de 2019, Día mundial del hábitat.

Firman:

Acción Bahiense Comunitaria (ABC)

Agrupación “Lo Más Sueños”

Asociación Civil “Ser Comunidad”

Asociación Civil Bahiense de Adultos Mayores y Jubilados Independientes “La Norma Pla”

Asociación Civil Madre Tierra

Cáritas Arquidiocesana Bahía Blanca

CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales.

Centro Comunitario “San Ignacio de Loyola”

Centro Social y Comunitario “El Meren”

CGT Regional Bahía Blanca

Cooperativa Las Flores

Cooperativa La Poderosa

Corriente Clasista y Combativa

CTEP

Curas en Opción por los Pobres de Bahía Blanca

El Puente – Bahía Blanca.

Feria “El Fénix”

Grupo Productores Hortícolas del Sauce Chico

Iglesia Metodista de Bahía Blanca

Interbarrial Sur

Jupic

La René Salamanca, Corriente Clasista

Merendero “Corazones Solidarios”

Merendero “Gaucho San Pedro”

Merendero “Las Colonias”

Merendero “Los Principitos”

Merendero “Sueños de Esperanza”

Movimiento de Trabajadores Excluidos MTE- CTEP

Movimiento Evita – CTEP

Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados

Movimiento Territorial Liberación – MTL

Ni un pibe menos por las drogas

Programa Social de Acción Católica Giravda

Sindicato de Camioneros

Sindicato Unido Docente de la Universidad Nacional del Sur

Somos-Barrios de Pie

Sureando

Voluntariado Universitario (UNS) de Villa Caracol

Adhieren:

Asoc. Civil Casa de Betania en Bahia Blanca

Comisión de Pastoral Social del Arzobispado de Bahía Blanca

Universidad Salesiana UNISAL

El dirigente de la CTEP, Rodrigo Bahía, señaló que “la situación es cada vez más angustiante. Se hace imposible, habíamos plateado al Municipio hace más de un año que era una cuestión laboral y social. La respuesta fue unos bolsones de alimento. Si no hay una política que vaya a cuestiones de fondo se cae en el asistencialismo”.

“Nuestros compañeros están por debajo de la línea de indigencia, escasean las changas, tienen que regalar el trabajo. Es una pelea de pobres contra pobres, hay una parte de los sectores medios que se ve afectada hace mucho tiempo”, agregó.

El INDEC informó que en el primer semestre de 2019 más de 75 bahienses estaban en situación de pobreza. Casi 13 mil ya no alcanzaban a cubrir sus necesidades alimentarias mínimas.

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular trabaja en barrios de la periferia bahiense -como Noroeste, Nocito, Ing. White, Villa Muñiz, 5 de abril, Harding Green- y es uno de los movimientos que buscan poner a las #VillasEnAgenda.

“La idea es visibilizar, que todo el arco político tome cartas en el asunto, se hagan cargo como funcionarios políticos de la responsabilidad sobre la emergencia social y laboral. Esto no se termina si hay un cambio de gobierno, sea quien sea el que gane en octubre y asuma en diciembre, estos temas hay que tocarlos”.

Bahía señaló que “uno de los temas más importantes es la falta de acceso a la tierra y la vivienda. Si se gestionan terrenos fiscales que los maneja un organismo nacional, se gestiona para proyectos privados pero no para vivienda. Eso te marca la pauta de para quién gobiernan”.

El referente de CTEP comentó que “hay un comedor en Loma Paraguaya al que va gente desde Villa Muñiz con un tupper para buscar una porción de guiso. Es una locura que una familia tenga que cruzar media ciudad para buscar para comer”.

En cuanto al impacto de la pobreza en las y los menores de 14 años -más de uno de cada dos pibes la sufren- Bahía destacó que “es importante que puedan hacer un deporte para la construcción de valores y, por otro lado, la dieta que es mala. Ves muchos pibes gordos, están recontra mal nutridos porque se alimentan a base de harina y grasa”.

“Estamos trabajando para poder llevar una alimentación sana y nutritiva, tanto los chicos como los adultos mayores tienen que tener la posibilidad de comer carne, frutas, verduras”, finalizó.

El Departamento de Tierras de la Municipalidad informó que Bahía Blanca es la ciudad de la provincia con mayor cantidad de tierras ociosas del Estado nacional. A su vez, la concejala Paola Ariente manifestó que el déficit habitacional es de 20 mil viviendas.

Representantes de diversas comisiones del Concejo Deliberante se reunieron con integrantes de la comuna, la justicia de Faltas y la Defensoría del Pueblo para analizar los protocolos y “consensuar criterios de actuación” ante la toma de terrenos.

La concejala dijo a FM De la Calle que “hay una falta de gestión que no es específicamente de esta gobierno, sino que viene sucediéndose. También por parte del Estado nacional. Se le ha pedido a la ABE que pueda cedérselos al Municipio y la ABE no ha resuelto, o ha resuelto parcialmente, y se los ha dado a clubes. Es muy difícil para un Municipio establecer tierras cuando no son municipales. Te pueden dar la custodia para que se mantenga en condiciones”.

Comentó que “habíamos tenido conversaciones con el Juzgado de Faltas porque tenían casi armado un protocolo a raíz de lo que había ocurrido con el desalojo de Campaña del Desierto. Era un protocolo similar al de provincia. Veníamos trabajando con el juez Germani y organizaciones sociales para ver de qué manera ese protocolo podía ser ampliado a otros fueros”.

“Germani se puso a disposición para que todos pudiéramos trabajar con criterios consensuados porque no podía asegurar que con las denuncias penales se tome el mismo criterio”.

Respecto a la ocupación de terrenos en Spurr, Ariente opinó que “las tomas no es algo que uno comparta, no es la manera. La toma de posesión de terrenos que no son de uno me parece que hay que empezar a revisarla, si bien la justicia acepta el tema de posesión de terreno se olvida que es algo excepcional. El acceso a la tierra no podemos manejarlo ya sea por la fuerza o porque la justicia me lo otorga”.

“Lo que pasó en Spurr queda en manos de la Justicia Federal porque es su competencia. Me parece que el juez está esperando, está dándole tiempo al Municipio para ver cómo se pueden desalojar y acomodar de alguna forma pacífica y algunos instrumentos que se le pueden dar a las personas para que puedan irse de ese lugar. A nadie le gusta tener el peso sobre su cabeza de tener que desalojar a 500 familias”.

El secretario general de la CTA Regional Bahía Blanca sostuvo que la judicialización de la toma de viviendas en el barrio Spurr “marca una línea de intervención de parte del gobierno municipal y de la justicia”. Porque no hace “una lectura de la realidad que indique que los reclamos de vivienda y el déficit habitacional son evidentes y que esta toma de tierras está enmarcada dentro de ese reclamo que existe en otros sectores de la ciudad. A ese pedido ante las autoridades públicas se responde de esta manera”.

Respecto de la imputación del delito de usurpación, basados en la interpretación de que fue “violento”, el dirigente explicó a FM De la Calle que“retuerce lo que dice le código penal. Es público que el reclamo ha sido genuino, pacífico, ahora continuo y que tiene legitimidad”.

¿Qué motiva la toma? “Lo definía muy bien hace unos días un joven que frente a una pregunta de un periodista: ´cuando empezamos esto no lo conocíamos ni a Aparicio ni a nadie. ¿Sabe qué, don? Lo que nos empujó a esto es la necesidad´. Es una verdad innegable, cualquiera que se acerque al lugar verá que hay un reclamo genuino. Hay un estado de necesidad”.

Sobre las acusaciones que expresaron públicamente varios funcionarios de que la central obrera “instigó” al desarrollo de la toma, el dirigente sindical sostuvo que “hay un propósito avieso de quienes sobre estiman nuestra capacidad de organización. La CTA, lo decimos sencillamente, no tiene la capacidad de organizar a cuatrocientas familias en el barrio Spurr sencillamente porque no tenemos la inserción social en ese lugar como para producir ese grado de organización”.

Además, argumentó que “los funcionarios que hablan de esta manera desprecian la capacidad de organización de los y de las de abajo, como si no pudieran organizarse colectivamente por las suyas, tomar decisiones, reunirse en las asambleas, decidir qué van a hacer, por donde van a encaminar sus pasos”.

“Lo que nunca entenderán estos funcionarios y estos jueces es que sí hacemos un esfuerzo, pero de ahora, por ser coherentes entre lo que pensamos y lo que hacemos, y la CTA tiene escrito desde el primer programa una de nuestras acciones principales iba a ser la solidaridad con quienes reclaman por sus derechos. Eso fue lo que hemos hecho”.

Gandolfo repudió la decisión del gobierno de Héctor Gay de retirar asistencias sociales a quienes reclaman por vivienda. “Eso es tremendo. Se reconoce su estado de necesidad y por lo tanto se les da un plan y por otro lado cuando se disponen a reclamar por algunos de sus derechos se los quitamos si protestan”.

Por último, el titular de la central local exhortó a pronunciarse en torno a la situación de estas familias: “Frente a esta situación donde está puesta sobre el tapete la cuestión social es muy importante que todos y todas, organizaciones y personas, se hagan oír colectivamente y tomen posición con respecto a esto: que lo digan”.

El abogado Gustavo Avellaneda dialogó esta mañana con FM De la Calle sobre las denuncias judiciales impulsadas por la Municipalidad ante la toma de terrenos en el barrio Spurr por parte de más de 400 familias.

“No estamos judicializando una demanda de tierras, estamos judicializando una usurpación. Esto es un delito. La obligación que tiene el municipio es denunciarlo”, afirmó.

Ante el incumplimiento del derecho constitucional del acceso a una vivienda digna y reconociendo la inexistencia de políticas municipales que atiendan el déficit habitacional, aseguró que la disyuntiva se resuelve “como se está resolviendo: en las elecciones”.

El funcionario comentó que el 8 de agosto tomaron conocimiento del inicio de una toma en Spurr y actuaron “como siempre”: se acercaron al lugar con la policía y procedieron a “limpiar” el lugar.

El mismo día, por la tarde, un grupo más nutrido concretó la toma. La policía detuvo a 19 personas “porque hubo resistencia a la autoridad”. Por flagrancia, la causa se abrió en la justicia provincial.

El lunes 12, las y los manifestantes concurrieron a Alsina 65. Conversaron con el subsecretario de Gobierno, Francisco Fernández Solari, y el propio Avellaneda. “Fuimos claros que no podíamos disponer de las tierras que no son municipales. La Municipalidad no da tierras para la construcción de vivienda ni da tierras para que hagan ningún tipo de emprendimientos públicos o privados. Tenemos la custodia de la tierra pública”.

Según el funcionario “se le ofrecieron los paliativos que ofrece la Municipalidad para estos casos. La posibilidad de un alquiler y la posibilidad de que haya una mejora habitacional” mediante la construcción de una pieza en la vivienda en la que hacinan las familias demandantes.

Inconformes, afirmaron que volverían a ocupar los terrenos. “Y fue lo que terminaron haciendo el día lunes que tomamos conocimiento del audio. Aconteció tal cual se reprodujo el audio de la forma que había asesorado el abogado interviniente”, dijo Avellaneda sobre el audio difundido por el jefe de la policía y La Nueva Provincia en el cual el abogado Leandro Aparicio conversa con representantes de la toma.

El martes la comuna realizó una denuncia en el Juzgado Federal. “La Municipalidad no tiene intervención porque está en un trámite judicial y a resultas de lo que ordene el juez”.

-¿Para el municipio es solo una cuestión policial-judicial?

Se les dieron todas las posibilidades a las personas que querían ocupar, las facilidades y los programas que tiene el municipio en ejecución para que desistan de la usurpación.  Es muy difícil negociar con 300 personas, están en pie de exigencia. Si hay una orden judicial que indique que el municipio debe hacer un censo e intervenir Políticas Sociales, haremos lo que el  Juzgado diga. Pero la situación de ocupación tiene que ser debidamente judicializada porque es un delito.

-La Suprema Corte indicó que la provincia y los municipios deben establecer protocolos de actuación para estos casos. ¿Han trabajado en alguna consideración en este sentido que pueda aplicarse al caso puntual?

Hemos generado un protocolo propio en función de las experiencias de estos años. Es un protocolo que no se ciñe precisamente al de la Corte. El de la Corte es más específico cuando intervienen muchas familias. En este caso no se puede aplicar porque es justicia federal. En otras modalidades se ha aplicado el protocolo del municipio que ha sido la intervención en el sector, la posibilidad de darles alguna respuesta. Esto pasó en la toma de Miramar, a las personas que estaban ocupando allí se les otorgó terrenos para construir, salvo a una sola persona que negaba a salir. Yo soy uno de los que estuvo en la toma del otro día. Estuve viendo la modalidad de la toma, la cantidad de menores, cantidad de mujeres y entendimos que no era aplicable el protocolo y que teníamos que ir por vía judicial.

-¿La Municipalidad tiene política de vivienda?

No, te voy a dar un dato para que entiendas. Bahía es la única localidad de la provincia que más extensión de tierras estatales tiene -por ferrocarriles, Vialidad- y no podemos disponerla porque están en manos de la ABE, Administración de Bienes del Estado. Ese organismo dispone lo que se hace.

-Si ustedes tienen la custodia y están pensado en avanzar en un proyecto con el Club Villa Mitre, ¿no tienen capacidad de tramitar la disposición de esas tierras para la construcción de viviendas?

El Club Villa Mitre presenta un proyecto para ese sector, la Municipalidad no da el ok. Lo que hace es la gestión ante el ABE con la presentación del proyecto.

-¿Ustedes reconocen que hay una demanda legítima de necesidad de vivienda en la ciudad?

En la ciudad y el país.

-¿Desde el municipio tienen capacidad de acompañar la demanda de estas familias, de resolverlo de una manera que no sea a través de la justicia?

No, estas llevando esto a otro terreno. Nosotros no estamos resolviendo la parte de vivienda por parte de la justicia.

-¿Usted habló del pago de un alquiler o la ampliación de una pieza?

Sí, porque esos son los programas que tiene vigente el municipio.

-¿El alquiler cuánto dura?

Depende de cada circunstancia. No es mi área la que define cuánto dura un alquiler. Es la Secretaría de Políticas Sociales.

No estamos judicializando una demanda de tierras, estamos judicializando una usurpación. Esto es un delito. La obligación que tiene el municipio es, ante la existencia de un delito que afecta los bienes del Estado, denunciarlo.

-Pero ante la necesidad de una vivienda…

La necesidad de la vivienda es una cosa, el delito es otra. La necesidad de vivienda es innegable. Creo que no hay programas públicos que impulsen la construcción de viviendas desde el municipio de Bahía Blanca. Por una cuestión presupuestaria, por lo que sea. Lo que hizo mucho el municipio es regularizar situaciones irregulares, entrega de escrituras a vecinos que hacía muchos años que estaban.

-Esa es una muy buena política pero involucra a personas que ya tienen una casa, no atiende a la falta de vivienda…

No tengo conocimiento de que haya una política específica de construcción de viviendas del municipio. Eso no habilita a que la gente venga, cometa un delito y yo no lo pueda denunciar. Uno es una cuestión política y lo otro es una cuestión judicial.

No te voy a negar la necesidad de vivienda en Bahía, en la provincia y en el país. Se puede cuestionar al municipio la falta de política en ese sentido. Pero el Estado tiene la obligación de tomar cartas en el asunto.

-Lo que pasa es que el Estado tiene la obligación de brindar ese derecho, ¿cómo se resuelve?

Como se está resolviendo, en las elecciones.

(…)

-¿Por qué se habla de usurpación y no de posesión?

Porque entendemos que se ha hecho de forma organizada, instigada por parte de un profesional y con el soporte de un organismo sindical como la CTA, que ha estado presente en la reunión de la Municipalidad, estaba el señor Gandolfo. La conferencia de prensa del abogado la hace desde la CTA, por lo cual, hay un soporte para que digan vayan y ocupen. Sabiendo que pertenece a otro, se hace un hecho ilícito.

-Pero es pacífica, no es violenta…

No, nadie está hablando de violencia.

-El fiscal dijo que se puede interpretar que como es masiva es violenta.

Eso es una interpretación de la justicia y ahí no puedo intervenir.

-Lo escuché a usted diciendo lo mismo…

Entiendo que la modalidad de la ocupación, de la forma que ha sido instigada y llevada adelante, no es una ocupación pacífica.

(…)

-¿Cuándo habría posesión?

La posesión que estamos acostumbrados a ver, requiere de un elemento fundamental que es el tiempo. Estoy ocupando durante 20 años de forma pacífica e ininterrumpida, tengo derecho a presentarme ante un juez y decirle “tengo derecho a que esta tierra sea mía”. Eso es usucapión.

Si llevo 19 años y el dueño me quiere sacar, hasta el plazo de 20 años el poseedor sigue siendo poseedor. Acá no están poseyendo, están ocupando.

-¿Qué opina de la difusión ilegal del audio de Aparicio?

El audio se difundió, no sé si es legal o ilegal.

-¿Si a usted le pasa que en algún medio, o por la vía que sea, se difunde una conversación suya con un cliente cómo la califica?

Pasó en esta toma, los chicos que conversaron con nosotros nos grabaron, se difundió en varios lados y sabemos que puede pasar. Hoy no escapa a nadie, hay que estar seguro de lo que se conversa.

-¿Y qué pasa cuando esa información la difunde el jefe de la policía?

No me consta.

-A mí me consta, se lo puedo mostrar cuando quiera. En el chat de prensa de la policía el jefe Claudio Petrizán envió el audio de esta conversación.

Le sugiero que hable con el comisario Petrizán.

-¿Cuál es su opinión como profesional? ¿Cómo se califica?

Habría que ver la circunstancia en la que se hizo, no lo sé. Yo tomé conocimiento a través de un audio difundido en los medios públicos donde se dio cuenta de esta situación. Dicen que el día lunes va a haber una toma. Yo voy sobre los hechos, no voy sobre la legalidad e ilegalidad del audio.

“El padre del dueño de La Nueva se quiso agarrar 33 hectáreas de lo que era la Villa Amaducci y lo perdió. Ese señor lo que hizo fue comprar boletos truchos”, dijo el abogado Leandro Aparicio en respuesta a quienes lo acusan de instigar la toma en Spurr.

El diario La Nueva Provincia, propiedad del empresario Gustavo Elías, y el jefe de la Policía, Claudio Petrizan, difundieron un audio privado entre el abogado y vecinos que participan en el reclamo de las tierras.

“Es un reclamo que tenemos que hacer, en los gobiernos anteriores le han regalado a los amigos del poder lo que han querido. ¿De dónde sale todo esto? De La Nueva, los dueños de La Nueva son familias que se han agarrado terrenos de aquí para allá”.

En diálogo en FM De la Calle agregó: “Lo que más me preocupa que como (el gobierno) no tienen sensibilidad, tal vez crean que reprimiendo puedan conseguir más votos”.

Aparicio recordó que “el lunes a la mañana iba caminando por la plaza y los vi. Me explicaron que varias personas habían sido detenidas, menores y mayores, la semana anterior y que querían continuar con la toma”.

“Lo que hice fue ver la causa al otro día. Cuatro personas se reunieron con Enrique Gandolfo y otra compañera y de esa charla es el extracto donde los aconsejé y les dije que la toma es una posesión pacífica, no era un delito. No lo digo yo, lo dice el Código. Y a partir de ahí se sucedieron todos estos episodios que tienen otro trasfondo y van para otro lugar”.

El abogado destacó que “la Resolución 707/19 de la Suprema Corte, en virtud de las tomas multifamiliares, le da un protocolo a los fiscales: antes de mandar a reprimir tienen que ir ahí, hacer un control y determinar si el desalojo va a ser más eficiente que dejar todo como está, tienen que hacer un relevamiento con trabajadoras sociales y toda una serie de medias previas”.

“Ahora bien, eso es jurisdicción provincial, no sé si sería aplicable en el caso que actúe la justicia federal”.

Integración Ciudadana manifestó que la respuesta del municipio ante la toma de terrenos en Spurr por parte de más de 400 familias “no hace más que desviar el problema sin hacerse cargo de la realidad bahiense”.

La abogada María de los Ángeles Rosón señaló que “tanto el secretario de Gobierno (Fernando Compagnoni) como (Héctor) Gay han referido que el fundamento de la actuación de vecinos es únicamente una cuestión política”.

“Esto es, una vez más, una demostración de no hacerse cargo de esta realidad acuciante de un sector de la población que es el que menos recursos tiene, que no tiene en empleo y que sufre los avatares de las políticas de este gobierno”.

Rosón dijo que “para este gobierno hacer valer la ley es aplicar la ley Penal, es dar intervención a la justicia de Faltas. Entendemos que hay una criminalización de la pobreza”.

“La actitud del Municipio es congruente con la seguida en todas las expulsiones desplegadas durante el actual gobierno. Es decir, una clara manipulación de la ley, ejercer un rol sancionador evitando hacerse cargo de la pobreza y de los vecinos que no tienen acceso a sus necesidades básicas”, reza el comunicado.

Para la dirigente, “no hay acciones anteriores a esta situación, esto es desencadenante, no siguen ningún protocolo”.

Respecto a las indicaciones de la Suprema Corte para casos como este, destacó que “se tiene que hacer un informe socioambiental, tomar contacto con las familias, quiénes son, ¿son 400 familias que nacieron de un día para el otro en un estado de vulnerabilidad? El Estado tiene que intervenir previamente. Desde luego que debe ser dificultoso. Ahora, mucho más dificultoso es afrontar el problema”.

Unas 400 familias permanecen desde el lunes en una toma de terrenos en el barrio Spurr. Ayer, efectivos de la Policía Federal y la Bonaerense concurrieron al lugar con intenciones de realizar un censo.

Esta mañana se reúnen en asamblea para definir cómo seguirán con su reclamo de acceso a la vivienda.

Estefanía Escobar, vecina que participa en la toma, comentó a FM De la Calle la situación que atraviesan.

“Llegamos acá porque hay muchas personas que no tenemos un hogar, no queremos nada gratis, no nos negamos a pagar. Está muy difícil, es imposible alquilar. Estamos haciendo una toma pacífica. Vamos a seguir luchando pacíficamente hasta que nos den respuesta, no nos vamos a mover”, dijo.

“Fuimos a hablar a la Municipalidad, nos dijeron que nos querían ayudar con ayuda social y eso no paso en ningún momento. Nosotros estamos luchando por una tierra digna, no queremos nada gratis. Hay un basural en una parte, los de la Muni dicen que no hay tierras para dar pero hay tierras para tirar basura, mugre”.

El secretario de gobierno, Frenando Compagnoni aseguró que “no podemos permitir que después de las PASO determinados dirigentes llamen a voltear gobiernos y hacer cosas fuera de la ley. Hemos constatado declaraciones de dirigentes en este caso puntual porque esta la intervención de un letrado. Es lo que ha circulado en un audio, hay intervención de centrales de trabajadores, declaraciones de propios dirigentes que esperamos que tengan otros roles”.

Escobar también se refirió al audio del abogado Leandro Aparicio que difundió la policía y La Nueva Provincia señalando una posible incitación a la toma de tierras.

“El no nos incentivó a nosotros, nos orientó para que vayamos por lo bueno para que no nos metamos más en problemas porque ya había chicos que habían estado presos”.

“Yo vine con mi hija de 4 años, trabajo no hay, he tirado currículum y no consigo trabajo y nadie te ayuda. Así como yo hay muchas mamás”.

Por la tarde, Daiana contó que “al gobierno le pedimos una solución. Voy a difundir el audio de (el abogado comunal Gustavo) Avellaneda donde nos dice que no tienen soluciones para nosotros. Es mentira que nos brindaron ayudas no hicieron nada”.

Resaltó, además, la participación del abogado Leandro Aparicio: “Él no dijo nada, ni nos incitó a hacer nada. Esto ya estaba tomado y fuimos detenidos 20 personas, entre ellos dos menores y cuatro mujeres. Por ese tema fue que lo contactamos. Estamos luchando por un terreno para todos y necesitamos apoyo”.

“No habrá aumento para las familias con créditos UVA”, twiteó esta tarde el presidente Mauricio Macri. Afirmó que “para acompañar a quienes compraron su casa a través de un crédito hipotecario UVA, estamos manteniendo el valor de sus cuotas por cuatro meses. Hasta diciembre, la cuota que pagarán será igual a la que pagaron en agosto”.

Por la mañana, la bahiense Florencia Ruppel adelantó que una decisión de estas características les daría “un respiro” a las familias afectadas por las corridas del dólar.

“Estamos pidiendo que se revea el sistema, llamamos a la eliminación del UVA porque no hay revisión del capital ajustable que es lo que yo le debo al banco. Mi capital ajustable aumentó 2600 pesos en un día y medio. No hay visibilidad, realmente estamos esperando el anuncio oficial en los bancos. Mientras anuncian esto, mi capital ajustable sigue aumentando”, dijo a FM De la Calle.

Ruppel comentó que tienen “comunicación con los bancos y ni ellos saben, la medida anterior fue oficializada pero no había comunicación a los bancos. Muchos medios levantan la nota pero a nosotros no nos dijeron nada”.

Un anuncio similar realizado por la gobernadora María Eugenia Vidal en abril “fue tomada en cuenta en el Banco Provincia pero los anuncios de Macri no, estamos esperando”.

Señaló que ” La cuota estoy pagando es el doble de lo que saqué. Mi crédito fue el monto máximo que podía tener mi marido con su recibo de sueldo. Yo tomé el crédito en 2017, el año pasado hubo una corrida del dólar en julio o agosto, nosotros los sufrimos en septiembre y octubre. De 400 pesos que se venía incrementando pasó a incrementase 750. Representa el 28% del ingreso familiar. En caso de que pasara el 30%, que era lo que decía la medida de Vidal, con el Bapro íbamos a tener ese reajuste”.

Una decena de familias protestó en el barrio Spurr ante la falta de respuestas del municipio al déficit habitacional. Señalaron que el jueves “estábamos tomando los terrenos y sin ninguna orden nos llevaron a todos detenidos. Estamos reclamando en las vías porque nadie nos da respuesta”.

Ayer a la mañana fueron recibidos por el secretario de Gobierno, Fernando Compagnoni, quien les manifestó que “no puede hacer nada, que vayamos a buscar a otro lugar”.

Sebastián Molina, uno de los damnificados, comentó en FM De la Calle que “les plateamos que lo que queríamos era que nos dejen tomar las tierras con un plan a pagar”.

“Primero nos dijeron que eran de Ferroexpreso Pampeano, después del Club Villa Mitre y después del Estado. El lugar es muy amplio, la Municipalidad lo utiliza para depositar residuos, hacen acopio de material. Hay mucha mugre, el cruce es un peligro, de noche no se puede andar”.

“Vamos a seguir porque estamos exigiendo un derecho, el derecho a la vivienda. Quisimos hablar con el intendente, que supuestamente está a disposición de la gente y fue al revés. Pedimos una reunión y que nos escuchen, están deshabitados hace 60 años estos terrenos”.

Molina agregó: “No queremos nada gratis, trabajo en una leñera de lunes a sábados, tengo un nene, vivo en la casa de mi madre porque no me alcanza”.

Desde la organización Sureando destacan que la urbanización y acceso a la vivienda no es una problemática de agenda política y que tampoco se destina el presupuesto suficiente para garantizar un hábitat digno a cientos de familias.

Damian Funk dijo a FM De la Calle que “las villas y asentamientos son alrededor de 32, más del 10% de la ciudad vive en esas condiciones. No es prioridad para las políticas públicas que se avance en cuestiones de integrarlas urbanística y socialmente. Esto debe hacerse con participación vecinal, debe involucrar infraestructura, equipamiento, seguridad en la tenencia de la tierra, debe ser sustentable en el tiempo”.

“En los últimos años esto se ha profundizado. En términos concretos cuando vemos el presupuesto, cada vez es menos el  que se adjudica a política públicas relacionadas al hábitat y se subejecuta”.

Sureando tiene tres ejes principales de trabajo: “Acompañar las demandas de los vecinos, tratar de avanzar con proyectos que puedan mejorar el espacio -ya construimos una biblioteca, plantamos más de 300 frutales, hemos revocado espacios de fútbol- y el tercero es avanzar en el análisis de presupuestos y revelamientos, para tener números concretos. En el Barrio Evita hay más del 50% de la población que tiene necesidades básicas insatisfechas, el 46% vive en condiciones de hacinamiento. Ese número en la ciudad es del 6,2%”.

El Barrio Evita surgió entre 2006 y 2007 y es una de las zonas en la cual más creció la ocupación de tierras: “Son familias empujadas a esta situación. La zona sur tiene tierras anegadas, tierras inundables. En 2006 hicimos un revelamiento con el RENABAP, que arrojó que vivían 260 familias. En el 2018 el barrio se duplicó, hay más de 500 familias, desde calle Juncal hasta Harris. En los últimos cuatro años, en las últimas cuadras del barrio se observan las viviendas más precarias que es lo que veíamos cuando comenzó”, señaló Funk.

Por último, comentó que “el empleo alcanza para subsistir, de parte del Estado hay gran ausencia por responder a estas cuestiones estructurales y de fondo. Se van tapando cuestiones menores, parches, el delegado avanza en mejorar algunas calles, está muy bien, pero las cuestiones de fondo no se reparan. Con este gobierno, con el anterior, vemos que esas cuestiones se mantienen y siguen. No puede ser que muchas familias no tengan agua potable, no entra el camión de la basura, hay cuatro contenedores para 500 familias, pasan tres o cuatro días y están que explotan”.

Militantes de la organización barrial La Poderosa convocan a una reunión informativa este sábado a las 15 en Santa Cruz 3431.

Rocío Soto, militante y vecina del barrio Tierras Argentinas, destacó a FM De la Calle que “es una asamblea informativa. No somos los únicos afectados por estar realidad social. Estamos queriendo reformar y poner en condiciones un vagón con la colaboración de vecinos, también queremos hacer una escuelita de fútbol para hacer deportes en la plaza”.

“Estamos queriendo traer el Plan Fines, para la gente que no puede llegar, se dan muy lejos del barrio. Hay gente que está muy interesada, pero al no tener movilidad o al complicarse con los chicos no acceden”.

Rocía comentó que con la llegada del invierno están “preocupados por la calefacción, muchos tienen estufa a leña, la luz no da para poner una estufa eléctrica. Hace rato estamos peleando con EDES para que pongan la luz, pusieron un solo cableado, faltan más, se estancó la obra. Juntamos firmas, dijeron que se iba a empezar a hacer por tramos y que hasta el año que viene no se van a hacer muchas obras”.

En Puertas del Sur un grupo de vecinas y vecinos necesita materiales para finalizar la construcción de un merendero y alimentos no perecederos para el acompañamiento de más de cien familias.

“Tenemos un merendero que funciona en un container de chapa de diez por diez. En verano hace muchísimo calor y ahora en invierno el frío pasa por todos lados, sumado a que está roto y se nos llueve, se nos estropean las cosas. Si queremos hacer un ropero para juntar ropa no podemos por que se nos moja”, comentó Roxana a FM De la Calle.

“Puertas” surgió como un asentamiento en la década del 90 cuando se instalaron las primeras viviendas de chapas. “Al lado del container estamos haciendo un merendero, llegamos hasta la capa aisladora. Nuestra única entrada de dinero es por venta de empanadas y pizzas”, dijo la vecina.

“Llevamos cartas, planos y el proyecto al Municipio y nos dicen que en este momento tienen prioridad las viviendas. Nos están dando la copa de leche para 60 familias pero tenemos anotadas 102 familias. Cuando no tenemos colaboración se da lo que se tiene por orden de llegada. Nos duele pero es lo que podemos”.

En el barrio continúan los problemas con la acumulación de basura. La situación se agravó ahora por el estado de abandono de las calles que impide que los camiones de Sapem Ambiental entren a retirar los contenedores.

En cuanto a la ayuda municipal, Roxana comentó que “si tenés casa de material te dicen que hay otros que viven en un rancho de chapa y que tienen prioridad. Si  justo tu marido consiguió trabajo en blanco te dicen que hay otra gente que está peor. Hay gente que tenía la tarjeta celeste del Plan Vida y se la sacaron. A varias familias ahora le dan la tarjeta azul que son 195 pesos por mes y no te alcanza para nada”.

En Tierras Argentinas, lindante a Puertas de Sur, “sufren con el tema de la luz, han hecho cartas pidiéndola  y nada. Edes no llegaba porque tenían los cables bajos, subieron las palmeras, y ahora Edes no va por el mal estado de las calles”.

Cualquier donación de materiales para la construcción del un nuevo merendero puede acercarse hasta Pacífico 4300. 

A mediados de junio se abrirá un período de reinscripción destinado exclusivamente a las 1124 familias que cumplimentaron oportunamente los requisitos para acceder al sorteo de lotes ubicados en el predio del Ejército del Programa de Crédito Argentino.

Beneficiarios destacan que “solo será para la compra del terreno y no para la construcción, como era originalmente”. Se sortearán 527 lotes con servicios.

Marcelo Zualet dijo a FM De la Calle que “fue sorpresiva la visita del coordinador de ProCreAr, Alejandro Sparacino. Se convocó a uno de los integrantes del grupo diez minutos antes de la reunión, no quedaron en claro muchos detalles de lo que anunciaron. Se va a hacer el empadronamiento en junio y el sorteo en julio o agosto que era lo que veníamos reclamando hace 4 años”.

“Es un crédito UVA. Ellos ponen un valor de mercado de 400 mil pesos por terreno, no importa su dimensión. Originalmente el valor iba a salir de lo que cuesten las obras de servicios sumado al valor fiscal que tienen, eso no podía superar los 200 mil pesos. Eso no tiene una valoración de mercado porque fue expropiado, sí tienen valor fiscal.  No sabemos de dónde salen estos números”.

“Si bien la tasa es fija y baja, 3,5% para los sueldos que van de uno a cinco salarios mínimos y de 4,5% para aquellos que van de seis a ocho, los créditos UVA no hay que olvidarse que dependen de la inflación. Estaríamos pagando la cuota inicial de alrededor de seis mil pesos y terminaríamos en el año pagando una cuota de 8.500. Sumado al alquiler que hay que seguir pagando porque la cuota del crédito se empieza a pagar de inmediato”, comentó Zualet.

Explicó que las autoridades “dicen que no tienen dinero, que el crédito está destinado a la compra del terreno, no hay crédito para construcción, es a siete años. El crédito original era terreno más construcción, nos daban 600 mil pesos, podíamos acceder a un terreno de hasta 150 mil. Se financiaba el 100% del crédito y se comenzaba a pagar a partir del noveno mes que se suponía que ya tenías la casa construida o algo hecho como para no tener que pagar alquiler y crédito”.

Información para tener en cuenta:

La REINSCRIPCIÓN, está destinada EXCLUSIVAMENTE a los grupos familiares que YA se encuentran ANOTADOS en el listado original del predio.

Los lotes tendrá un VALOR aproximado de 350 mil / 400 mil pesos. Se deberá abonar una cuota inicial que oscilará entre 5200 y 6000 pesos.

Las CONDICIONES FINANCIERAS del mutuo dependerán del nivel de ingresos del grupo familiar. Hasta cinco salarios mínimos (hoy es de $12.500), la tasa de interés es de 3,5% más UVA, y entre cinco y ocho salarios mínimos, el interés sube a 4,5% más UVA.

El periodo de REINSCRIPCIÓN será de dos semanas, a partir de mediados del mes de JUNIO, a través de https://www.argentina.gob.ar/procrear/lotesconservicios

El SORTEO se realizará por Loteria de la Ciudad de Buenos Aires, y se transmitirá por FACEBOOK Live de PROCREAR.

Cabe destacar que TODOS LOS DATOS aportados por los interesados, serán sometidos a un proceso de cruces y validaciones, a los efectos de verificar que cada interesado cumpla con las condiciones para acceder al beneficio.

La diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo anular la indexación de los Créditos Uva. Pretende también despegar las cuotas de la inflación y cancelar cualquier posibilidad de desalojo para quienes no puedan pagar.

“Hay que convertirlos en un crédito normal, planteamos que el interés tiene que ser en base al 40% del índice salarial y que la cuota no puede exceder el 25%. Son criterios razonables para que no sea un negocio de los bancos. Se cancelan todas las posibilidades de desalojo y aquel que pierde el empleo tiene un período donde no se le puede exigir el pago de la cuota”, dijo a FM De la Calle.

Además, planteó que el proyecto de Ley de Emergencia tiene dificultades “porque el Gobierno se niega a tratarlo. Los que firman la Emergencia están tratando de presentar una salida transitoria a un mecanismo que ellos mismos generaron. Un mecanismo tan dependiente del proceso inflacionario en este país, con un crédito a 30 años, iba a entrar el crisis”.

Por último, Del Plá comentó que “el Gobierno niega que haya sido una estafa y planteó como única solución extender el plazo del pago, esto convierte a los afectados en inquilinos de los bancos, no alcanza con eso porque está la  situación de crecimiento de deuda. Lo que está en riesgo es que la gente pierda la propiedad, que hay varios casos, y que quede en deuda de por vida”.

Andrea Piangatelli es una de las “beneficiarias” de los créditos UVA y, junto con otras familias, denuncia que las cuotas mensuales se duplicaron con la suba del dólar.

“La expectativa era pagar una cuota como si fuera un alquiler, pero teníamos una proyección de inflación de un 20 o 25%, no un 48”, comentó a FM De la Calle.

Agregó que “si bien la cuota es alta, nos preocupa el capital que crece día a día, quien sacó un millón seiscientos ahora debe tres millones. Es un problema que padecen 140.000 familias argentinas”.

Las familias organizadas mantuvieron ayer una reunión con el presidente del HCD, Nicolas Vitalini, y el senador provincial Andrés De Leo.

“Quedaron en seguir trabajando” respecto a una reducción en las cuotas. Sin embargo, la propuesta vigente de reducir los montos no es suficiente, “ingresás al homebanking, te ponen la extensión del plazo y, en mi caso, la cuota se reduce mil pesos por mes y el crédito se extiende a 25 años”, finalizó Piangatelli.

Les pibes en la escuela. Hombres y mujeres martillan los restos de las viviendas de chapa que ayer destrozó la policía. Se organizan entre sí. Este rato ayudan a una mujer a levantar lo poco que le tiraron. Otro rato ayudan a otra vecina a colocar el techo. Trabajadores/as sin trabajo. Uno de ellos despedido recientemente de Servicios Integrados Bahía Blanca.

Esta mañana, presentaron un recurso de amparo. “Vinieron sin orden de desalojo”, dijo Juliana a FM De la Calle, y reprimieron “sabiendo que hay chicos menores”. “Se metieron a las casas”, agregó su vecina, en situación de calle con dos niños a cargo. “Hay menores con balas de goma”.

Ambas se acercaron a la municipalidad, en otras oportunidades, frente a la difícil situación económica que atraviesan. “En este caso vivieron con agresión y amenazas” sin mediar diálogo político.

“Por algo estamos acá” suma Luciano, quien recuerda que están anotados en “planes de vivienda desde el 2006. Son tierras que el municipio quiere negociar porque es mucha plata. Queremos un lugar donde poder vivir dignamente”.

“No queremos que nos lleven a un hogar donde hay más mugre que acá. Queremos una respuesta. Queremos que se haga cargo el intendente. Que se haga responsable. Que no se olvide que estamos en un rincón de Bahía Blanca. Que les dé una solución a la familia. No estamos usurpando. Estamos ocupando un lugar que nos pertenece como bahienses. No queremos que nos den materiales, lo vamos a levantar de cero”.

A su vez, denunciaron que durante la represión de ayer el municipio les “robó lo poco que teníamos. Se llevaron chapas, todo. Buscan que nos peleemos entre pobres y no lo van a lograr”.

Mientras tanto, el intendente Héctor Gay, junto a un puñado de dirigentes nacionales, lanzan la Unión Industrial de la Patagonia Argentina en el Teatro Municipal.