El Consejo Municipal de Hábitat realizó su segunda reunión presencial del año. Participaron diversas organizaciones, algunas de ellas integrantes del Colectivo #VillasEnAgenda, las cuales expusieron sobre las prioridades de los asentamientos de la periferia.

“Había un pre proyecto que presentaba Ser Comunidad y Cáritas por unos lotes con servicios en Talleres Sur y la Municipalidad presentó un plan de planeamiento para la generación de suelo, básicamente utilizando herramientas de la Ley de Hábitat”, afirmó a FM De la Calle Diego Dorcazberro.

El referente de Sureando agregó que “la idea era pasar suelo nacional y provincial al Municipio. Se abrió finalmente la cuenta de Hábitat, donde irían impuestos que se van a generar a las viviendas sin uso o a los terrenos que se usan para especular”.

Dorcazberro mencionó que “hasta ahora no existía la cuenta, hay una ordenanza del 2016 que adhiere a la ley provincial, la idea es que se generen esos fondos y se usen solo para proyectos de este Consejo”.

“Para generar suelo no se necesita plata sino decisión política. La ley lo que dice es que por la concentración de suelo hay pocos que tienen muchos terrenos. A medida que la ciudad fue avanzando, se fueron poblando las zonas, el Estado invirtió en infraestructura y el valor del terreno empezó a subir. Esa plusvalía se la queda solo el especulador si el Estado no interviene”, apuntó.

Por otro lado, el dirigente comentó que están intentando abrir el Registro Único de Postulantes: “El Estado lo que hace es generar suelo, por el lado de la demanda se necesita abrir el RUP, el gobierno no quiere abrirlo porque sabe que se va a desbordar. Con Sureando hicimos dos relevamientos en Talleres Sur y Evita, lo que saltó a la luz es que hay dos Bahías, la Bahía del centro y la Bahía de villas y asentamientos”.

“Acá se está armando la sociedad de fomento”, cuenta Silvano mientras lleva en su moto a la cronista de FM De la Calle en una recorrida por los terrenos de la toma de Don Bosco al 4100. A la izquierda, un cartel que dice “Nueva Esperanza” abre las puertas de un cuadrado de chapas y palets sin techo: “Ese es el merendero”.

El contraste es significativo. De un lado asfalto, supermercados mayoristas, ruta, camiones, obras. Detrás: 22 hectáreas, más de 300 familias, algunos ranchitos de chapa, un terraplén, ni un poco de sombra.

“Hay mucha gente precaria, que se quiere venir a vivir acá, gente que la pandemia la dejó en la calle, muchos compañeros vienen a pasar la noche acá, mucha gente con necesidades”, dice Silvano. Tiene tres hijos y trabajo pero con lo que gana no puede acceder a un crédito.

Carina tiene uno de 16 y el más chiquito de cuatro que llegó a la esquina de su mano y se puso a jugar con una rama. “Hay mucho apriete, han prendido fuego ranchitos, no sabemos quién. La Federal cayó hace cuatro meses intimando y yendo a la casa de la gente, cayendo en los trabajos. Hemos visto que la Unión Ferroviaria nos saca fotos, vienen, se paran con la camioneta cerca de nosotros, nos filman”.

Las tierras pertenecen a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). La Unión Ferroviaria las recibió en comodato hace años con el compromiso de construir un complejo de viviendas, sin embargo, solo instalaron algunas canchas y piletas. El contrato se vence a fin de año.

“Cuando la Unión Ferroviaria empezó a actuar puso vigas de cemento con arena para que no pase ningún vehículo, vino la policía, llevó a cuatro compañeros presos. Se logró de común acuerdo sacarlo”, dice Silvano frente al terraplén ubicado en el acceso por Don Bosco.

La causa pasó a la justicia federal, el fiscal Santiago Ulpiano Martínez no pidió el desalojo pero ordenó la intervención de la Policía Federal.

“Estamos movilizados para ayudar a la gente que está viviendo, gente que necesita, se han venido con lo puesto. Antes podíamos alquilar y ahora no, la mayoría estaba con changas, somos todos laburantes, no somos vagos que queremos algo de arriba, se propuso poder pagar y nadie dio respuesta”, cuenta Carina.

En marzo llegaron las primeras familias y el lugar comenzó a poblarse. Palos, cordones, cintas y bolsitas hacen las veces de división entre lote y lote. Algunes ya empezar a hacer el pozo ciego para el baño. Hay quien puso puertas y ventanas. A lo lejos se ve un cordel de ropa.

Un grupo de madres comenzó a cocinar para todo el barrio. El fin de semana repartieron arroz con leche. En los merenderos todos los días se reparte algún plato de comida, para grandes y chicos. Con la llegada del calor incorporaron el reparto en carretilla de botellas con agua congelada.

No hay servicios, no hay agua para lavarse las manos y hay pandemia. Cecilia tuvo Covid: “Mis hermanas y yo nos contagiamos, los vecinos y familias cercanas nos dejaban cosas de higiene. De lo que es Municipio no apareció nada. En Tierras Argentinas también se contagió un montón de gente. Mi marido es de riesgo, no lo dejo salir”.

“La Municipalidad hace la vista gorda, somos ciudadanos, acá tiene que venir tanto el intendente como concejales a hablar con nosotros, somos personas que podemos hablar con cualquiera, queremos tener un lugar para hacer una casa y criar a nuestro hijos”, agrega Silvano.

Carina relata que para Gustavo Avellaneda, abogado de la comuna y flamante delegado de Ing. White, “tenemos que estar todos presos porque somos delincuentes”.

“Mucha gente piensa que somos oportunistas, que nos dedicamos a esto. Es toda gente laburante. Hay mucha gente que está esperando que se venza el contrato de alquiler para venir, comprar chapas sale caro, a la noche a veces al estar a oscuras, te vienen a robar”, comenta.

“Así andamos, peleándola para poder tener un techo para mis hijos”, se lamenta Cecilia.

Tras una reunión con Luciano Scatolini, subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, los concejales del Frente de Todos, Walter Larrea y Luis Calderaro, presentaron un proyecto de ordenanza para adherir al Plan Nacional de Suelo Urbano.

“Lo que busca es que el gobierno municipal adhiera e implemente la creación de bancos de suelo, un registro de suelos de dominio público ya sea municipal, provincial o nacional y que el Municipio vaya apropiándose de un número de lotes que están ociosos y abandonados y que en muchos casos tienen un fin especulativo”, comentó Larrea a FM De la Calle.

Agregó que “esto posibilitaría que el Municipio pueda desarrollar una política habitacional y que tiene que ser programada, planificada, contemplar que los lotes a urbanizar tienen que ser con servicios básicos, apuntando a construir una ciudad justa, inclusiva y para muchos sectores de la informalidad que no califican como sujetos de crédito para programas destinadas a otros sectores, planes PROCREAR u otras líneas comerciales”.

Larrea mencionó que “la toma de tierras no es la solución ni la respuesta más eficaz. Del mismo modo la penal no es la respuesta para la ocupación indebida de tierra. Tendríamos que discutir si la ocupación de lotes abandonados constituye un delito”.

“Para mí la ocupación de tierras ociosas no encuadran en el delito de usurpación calificado en el 181 del Código Penal e incluso las respuestas de desalojo o de expulsión de los ocupantes no estarían contemplando recursos y soluciones que tiene la justicia enmarcados en los propios códigos”, señaló.

Por último señaló que “la respuesta punitiva de aplicar el Código Penal y el desalojo como respuesta única lo único que hace es generar más conflictividad social”.

Las familias de la toma en Altos de Independencia no pudieron llegar a un acuerdo con los dueños de los terrenos porque es “impagable lo que están pidiendo”.

Se trata de 150 familias que permanecen en las tierras ubicadas en Fragata Sarmiento y Fournier . “Habíamos pedido contactarnos con los dueños, hablamos y resulta que lo que pasó fue una locura. Nos dijeron que nos iba a dar cuotas y precios accesibles y fue todo lo contrario”, señaló Yanina a FM De la Calle.

“La mayoría de acá depende del día a día, son jornaleros, albañiles, amas de casa, nos dijeron que la propuesta iba a ser accesible, nos pidieron una entrega de 120 mil pesos y 18 cuotas de 22 mil pesos y si no nos pedían lo que sea que tuviéramos a nuestro nombre en forma de pago”, comentó.

Agregó que “acá nos vamos a quedar hasta que tengamos una respuesta. Se nos rieron en la cara. Le dijimos el monto que podíamos pagar y se nos rieron en la cara. Nos bloquearon en WhastApp cuando le dijimos la propuesta”.

El acuerdo que ofrecen los vecinos es pagar el terreno a 10 años. “Podemos pagar 5 mil pesos por mes. Estamos todos cuidando nuestro lugar porque lo queremos, lo necesitamos, hay chicos, hay personas con chicos con discapacidad que no pueden pagar el alquiler”.

Por último, destacó que “sabemos y tenemos en claro que esto está mal pero necesitamos. Esto está hace años acá, esto es un basural. Nos tomaron el pelo, se nos rieron en la cara y fue una locura. Queremos llegar a un acuerdo al que todos podamos acceder”.

Vecinos y vecinas de la toma de tierras detrás del supermercado Jaguar se reunieron con el abogado del Municipio, Gustavo Avellaneda. Dante Patrignani, secretario de Derechos Humanos de la CTA también participó de la reunión y comentó lo charlado en FM De la Calle.

Expusieron “la situación de necesidad que se agravó con la pandemia, que muchos están sin trabajo, que no es solo un problema local. Avellaneda plantea que la Municipalidad lo que puede hacer es entregar tierras si tiene posesión, lo ha hecho en la toma de Arias. En este momento no tienen y están avocados a conseguir tierras y que el mecanismo es que a propietarios que tengan deudas se las cobran a partir de la cesión de terrenos” .

Por otro lado Avellaneda expresó que “claramente que se esta cumpliendo un delito porque la Constitución garantiza el derecho a la propiedad, y que en este caso esta judicializado, que no vivimos en un país socialista, etc. La reunión termino abruptamente cuando dijo estoy con la postura de Berni el que usurpa tierras tiene que ir preso”.

Patrignani argumentó que “la Constitución de la Provincia dice que el Estado deber garantizar el acceso a la tierra y me dijo ‘reclámele a Kicillof’. No es menor cuando un gobierno en lugar de negociar alguna solución te plantea que la política es el que toma tierras tiene que ir preso, es todo una definición”.

Agregó que “la gente sigue ahí, nos comprometimos en iniciar una acción judicial. nuestro abogado es Aparicio y en estos días esta complicado. Primero hay que definir claramente de quién es la propiedad de la tierra, nos llama la atención que siendo propiedad de la Unión Ferroviaria actué la Justicia Federal”.

Ante la pregunta de Patrignani por ver cómo se resolvía, Avelleneda respondió que “cuando nos enteramos de una ocupación, denunciamos ante la fiscalía, el juzgado o le avisamos al propietario. No existe ninguna preocupación por resolver el problema”.

Luego del faltazo a la convocatoria del Consejo Local de Niñez para exponer sus medidas para un eventual segundo mandato, Héctor Gay tampoco concurrió a una reunión con organizaciones sociales a escuchar propuestas en torno a las emergencias alimentaria y laboral y la política de hábitat.

Rodolfo Viano,  integrante de Curas en Opción por los Pobres, dijo a FM De la Calle que “queremos tratar de que se instale en la agenda pública, en la agenda de la campaña, la situación de la periferia con políticas concretas de corto, mediano y largo plazo”.

“Nos dimos medianamente satisfechos porque vino la mayoría de los candidatos, participaron tres de cinco. En el caso de oficialismo no hubo ninguna explicación, del FIT hubo una comunicación informal de que justificaban una cuestión de horarios”.

El sacerdote comentó que “se dio una conversación interesante en la se expusieron sintéticamente los diez puntos del documento. Las posturas fueron muy favorables. Estamos en camino a una democracia participativa donde los que sí tienen voz tiene que tener la oportunidad de poder expresarla”.

Respecto al pedido de la Banca 25, Viano señaló que “no tenemos respuesta todavía. Hoy se acercaban a la presidencia, la semana pasada los convocaron desde la Comisión de Asuntos legales y se dieron las explicaciones del oficialismo que ponían algún reparo en otorgarla”.

“Sinceramente te digo cuando en las propagandas locales aparece la oportunidad de ocupar la banca me indigna un poco esta situación que se da, una cosa es la propaganda y otra es lo que en concreto se va dando. Desde el 19 de septiembre que se viene reclamando”.

“En realidad si hubiera algún temor de que vamos a bajar línea, a armar alguna revuelta, es totalmente infundado. Lo que vamos a hacer es poner sintéticamente los puntos concretos de los reclamos. No estamos pretendiendo estigmatizar a nadie”, finalizó.

En Bahía Blanca existe una histórica deuda de los gobiernos de turno, vinculada a la generación de políticas locales que promuevan el acceso justo al hábitat. Con solo recorrer los barrios de la periferia del ejido urbano municipal, se constata esta injusticia que va en aumento y su resolución debería ser prioritaria para las gestiones municipales venideras, ya que afecta a decenas de miles de vecinos que merecen condiciones de vida digna.

Pareciera que vivimos en una ciudad donde existen “ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”. Por este motivo solicitamos un proceso urbanístico, político y social para crear una Bahía más justa, equilibrada, más vivible para todos.

Entendemos que toda política que promueva el acceso justo al hábitat (social) en el ámbito local debe apuntar a generar un plan rector, de raíz participativa y profesional, que contemple políticas reparatorias (porque hay mucho para reivindicar con urgencia) y sobre todo, políticas anticipatorias (para evitar escenarios no deseados, donde la más afectada siempre es la población más vulnerable).

Entendemos por políticas reparatorias todas aquellas que tengan por objetivo “generar las condiciones para que las villas y asentamientos se vayan transformando en barrios integrados al resto de la ciudad, con condiciones habitacionales adecuadas, lo que es un obligación del Estado en sus distintos niveles y un derecho de la sociedad”.

En tanto, las políticas anticipatorias deben a apuntar a “generar planes, programas y proyectos que permitan el acceso temprano de los sectores populares a soluciones integrales para un hábitat digno”.

Para llevar adelante estas políticas de acceso justo al hábitat en el ámbito local, adherimos a los principios rectores señalados en la ley provincial 14.449 (Acceso justo al hábitat), que son:

– El derecho a la ciudad y la vivienda

– La función social de la propiedad

– La gestión democrática de la ciudad

– El reparto equitativo de cargas y beneficios en los procesos de desarrollo urbano

En base a lo expresado, presentamos diez puntos, para con los cuales solicitamos el compromiso en las futuras políticas de hábitat a implementar por parte del nuevo gobierno municipal que asumirá la intendencia el 10 de diciembre próximo.

1- Ante los violentos y confusos hechos de desalojo compulsivo que se vienen sucediendo, es urgente garantizar que se aplique correctamente y extensivamente el “Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad” de la Suprema Corte de Justicia Provincial (del 17/04/2019), que protege y garantiza derechos en estas situaciones.

2- Contemplar la creación de la subsecretaría de Hábitat Social, dentro de la secretaría de Infraestructura o afín, en estrecha vinculación con la secretaría de Desarrollo Social o afín, desde donde impulsar las políticas sociales de hábitat, a cargo de la gestión de un Fondo Municipal de Desarrollo Urbano, a crearse por ejemplo, a partir de una reorganización tributaria municipal con sentido social.

3- Reactivar inmediatamente el Consejo Local del Hábitat, que responda al espíritu de la ley 14.449 y de la ordenanza que lo creó. Este Consejo debe estar abierto a la discusión política y en su composición indispensablemente deben estar los agentes y organizaciones que trabajan en territorio y además, tener poder de decisión en cuanto a los presupuestos asignados (coordinando también con la subsecretaría de hábitat social el manejo del Fondo Municipal de Desarrollo Urbano), en tanto que otros organismos como colegios profesionales y universidades hagan su aporte desde lo técnico.

4- Crear mesas inter-barriales (consultivas y vinculantes) para la producción de las políticas de hábitat. La urbanización debe hacerse siempre con participación vecinal. Las complejidades del momento solo pueden ser resueltas desde la proximidad con los sectores vulnerados.

5- Elaborar un diagnóstico participativo de situación sobre la problemática del hábitat en la ciudad y los recursos potenciales o existentes para su resolución. Una herramienta básica para enriquecer dicho diagnóstico es la reapertura y actualización del Registro de demanda de tierra y vivienda para aquellos que no pueden resolver el acceso al suelo y/o la vivienda por cuenta propia o través del mercado.

6- Elaborar un plan de integración socio-urbanística de villas y asentamientos (provisión de infraestructura, equipamiento, conectividad, cultura, educación, deporte, etc.)

7- Desarrollar nuevas áreas residenciales tales como:

1. operatorias de lotes con servicios y equipamiento comunitario, con equipos técnicos socio-constructivos que acompañen activamente cada barrio naciente,
2. construcción de viviendas, con asistencia técnica socio constructiva que acompañe activamente cada barrio.

Asimismo, las obras públicas a realizar en el marco de los procesos de urbanización deberán priorizar la contratación de trabajadores entre los vecinos y las vecinas con los que cuente el barrio, tanto para tareas de construcción como aquellas que involucren saberes técnicos y profesionales.

8- Mejorar las áreas residenciales existentes, a través de:

1. líneas de microcréditos y subsidios para la mejora o ampliación de la vivienda, de manera articulada con los programas gubernamentales y no gubernamentales ya existentes,
2. apoyo técnico durante los mejoramientos progresivos.
3. Promover el desarrollo e implementación de tecnologías alternativas ecológicas, de bajo costo y alto impacto para la mejora de la calidad de vida, en colaboración con centros de formación profesional, escuelas técnicas y universidades.

9- Optimizar el funcionamiento y las prestaciones de la “asesoría de tierras y escrituras”

10- Actualizar el registro de suelo urbanizable para zonas de promoción del hábitat social, generando tanto un banco de tierras fiscales como también identificando posibles iniciativas privadas que se enmarquen en lo señalado por la ley 14.449.

Las organizaciones sociales impulsoras de la trascendental ley 14.449 de Acceso justo al hábitat de la provincia de Buenos Aires, afirman:

“A nadie le gusta tener que tomar tierra.

A nadie le gusta llegar a un lote con los hijos pequeños

para vivir en una casita de cartón, plástico o chapa.

A nadie le gusta la humedad ni el frío.

Tampoco la incertidumbre y las amenazas de desalojo.

El asentamiento es una estrategia de lucha del sector popular y trabajador

para defender el derecho a la tierra.

Un derecho largamente vulnerado en la historia de nuestro país.

Una injusticia reiterada en los que pocos acumularon mucha tierra.

Y los más pobres no tenían lugar donde vivir con dignidad.”

Esta dura descripción también ocurre en nuestra ciudad. Por ello, las organizaciones sociales firmantes presentamos a nuestra comunidad y sobre todo a quienes se postulan para gestionar la ciudad los próximos cuatro años, estas propuestas para que nuestros vecinos más postergados puedan alcanzar esa justicia social demasiado largamente esperada.

Bahía Blanca, 7 de octubre de 2019, Día mundial del hábitat.

Firman:

Acción Bahiense Comunitaria (ABC)

Agrupación “Lo Más Sueños”

Asociación Civil “Ser Comunidad”

Asociación Civil Bahiense de Adultos Mayores y Jubilados Independientes “La Norma Pla”

Asociación Civil Madre Tierra

Cáritas Arquidiocesana Bahía Blanca

CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales.

Centro Comunitario “San Ignacio de Loyola”

Centro Social y Comunitario “El Meren”

CGT Regional Bahía Blanca

Cooperativa Las Flores

Cooperativa La Poderosa

Corriente Clasista y Combativa

CTEP

Curas en Opción por los Pobres de Bahía Blanca

El Puente – Bahía Blanca.

Feria “El Fénix”

Grupo Productores Hortícolas del Sauce Chico

Iglesia Metodista de Bahía Blanca

Interbarrial Sur

Jupic

La René Salamanca, Corriente Clasista

Merendero “Corazones Solidarios”

Merendero “Gaucho San Pedro”

Merendero “Las Colonias”

Merendero “Los Principitos”

Merendero “Sueños de Esperanza”

Movimiento de Trabajadores Excluidos MTE- CTEP

Movimiento Evita – CTEP

Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados

Movimiento Territorial Liberación – MTL

Ni un pibe menos por las drogas

Programa Social de Acción Católica Giravda

Sindicato de Camioneros

Sindicato Unido Docente de la Universidad Nacional del Sur

Somos-Barrios de Pie

Sureando

Voluntariado Universitario (UNS) de Villa Caracol

Adhieren:

Asoc. Civil Casa de Betania en Bahia Blanca

Comisión de Pastoral Social del Arzobispado de Bahía Blanca

Universidad Salesiana UNISAL